INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL. EL APOYO Y COLABORACIÓN DE LOS ÓRGANOS EJECUTIVOS Y TÉCNICOS DEL INSTITUTO A LAS COMISIONES DEL CONSEJO GENERAL QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO SEGUNDO, DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA ENTIDAD, NO VIOLA LA AUTONOMÍA DE LA UNIDAD TÉCNICA ESPECIALIZADA DE FISCALIZACIÓN. INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL. EL ARTÍCULO 35, FRACCIONES IX Y XXXVIII, DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA ENTIDAD, AL ESTABLECER COMO ATRIBUCIONES DEL CONSEJO GENERAL LAS DE REALIZAR AUDITORÍAS A LOS ÓRGANOS DEL INSTITUTO Y APROBAR EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA, NO AFECTA LA AUTONOMÍA TÉCNICA Y DE GESTIÓN DE SU CONTRALORÍA GENERAL. INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL. EL ARTÍCULO 43, FRACCIONES V Y VI, DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA ENTIDAD, AL PREVER LA EXISTENCIA DE LAS COMISIONES DE FISCALIZACIÓN Y DE NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA, NO VIOLA LA AUTONOMÍA DE LA UNIDAD TÉCNICA ESPECIALIZADA DE FISCALIZACIÓN. INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL. EL ARTÍCULO 44, FRACCIÓN VIII, DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA ENTIDAD, AL CONFERIR A LA COMISIÓN DE ASOCIACIONES POLÍTICAS LA FACULTAD DE COADYUVAR CON LA AUTORIDAD FEDERAL ELECTORAL EN EL MONITOREO DE MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN, NO TRANSGREDE EL NUMERAL 41, APARTADO A, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL. LA INTERVENCIÓN QUE CONFIERE A LA JUNTA ADMINISTRATIVA Y AL CONSEJO GENERAL EL ARTÍCULO 90, FRACCIONES I Y X, DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA ENTIDAD, EN EL EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE OTORGA A LA UNIDAD TÉCNICA ESPECIALIZADA DE FISCALIZACIÓN, NO VIOLA SU AUTONOMÍA. INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL. LA OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN AL DICTAMEN Y PROYECTO DE RESOLUCIÓN EN MATERIA DE INFORMES DE ASOCIACIONES POLÍTICAS Y SU ULTERIOR REMISIÓN AL CONSEJO GENERAL QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 268, FRACCIÓN VI, INCISO G), PÁRRAFO ÚLTIMO, DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA ENTIDAD, NO VIOLA LA AUTONOMÍA DE LA UNIDAD TÉCNICA ESPECIALIZADA DE FISCALIZACIÓN. INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL. LAS ATRIBUCIONES QUE CONFIEREN A LA CONTRALORÍA GENERAL LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 86 DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA ENTIDAD, EN ORDEN A ELABORAR Y REMITIR A LA JUNTA ADMINISTRATIVA EL PROGRAMA INTERNO DE AUDITORÍA Y APLICARLO EN LOS TÉRMINOS APROBADOS POR EL CONSEJO GENERAL, NO ATENTAN CONTRA SU AUTONOMÍA TÉCNICA Y DE GESTIÓN. INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL. LAS ATRIBUCIONES QUE EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LAS ASOCIACIONES POLÍTICAS CONFIERE A LA UNIDAD TÉCNICA ESPECIALIZADA DE FISCALIZACIÓN EL ARTÍCULO 90, FRACCIÓN XV, DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA ENTIDAD, NO IMPLICAN SU EJERCICIO DIRECTO. PRECAMPAÑA. LA RESTRICCIÓN QUE IMPONE A LOS PRECANDIDATOS A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR EL ARTÍCULO 231, FRACCIÓN X, DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL DISTRITO FEDERAL, RELATIVA A UTILIZAR EXPRESIONES VERBALES O ESCRITOS CONTRARIOS A LA MORAL, QUE INJURIEN A LAS AUTORIDADES, A LOS DEMÁS PARTIDOS POLÍTICOS O PRECANDIDATOS, O QUE TIENDAN A INCITAR A LA VIOLENCIA Y AL DESORDEN PÚBLICO, NO VIOLA LOS NUMERALES 6o. Y 41, FRACCIÓN III, APARTADO C, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.
INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL. EL ARTÍCULO 35, FRACCIONES IX Y XXXVIII, DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA ENTIDAD, NO AFECTA LA AUTONOMÍA TÉCNICA Y DE GESTIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL, AL ATRIBUIR AL CONSEJO GENERAL FACULTADES PARA ORDENAR LAS AUDITORÍAS QUE CONSIDERE NECESARIAS A LOS ÓRGANOS DEL INSTITUTO, Y APROBAR EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA (Razones aprobadas por unanimidad de once votos).
INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL. EL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO SEGUNDO, DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA ENTIDAD, NO VIOLA LA AUTONOMÍA DE LA UNIDAD TÉCNICA ESPECIALIZADA DE FISCALIZACIÓN AL PREVER QUE LAS COMISIONES DEL CONSEJO GENERAL CONTARÁN CON UN SECRETARIO TÉCNICO SÓLO CON DERECHO A VOZ, DESIGNADO POR LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN A PROPUESTA DE SU PRESIDENTE, Y QUE TENDRÁN EL APOYO Y COLABORACIÓN DE LOS ÓRGANOS EJECUTIVOS Y TÉCNICOS DE DICHO INSTITUTO (Razones aprobadas por unanimidad de once votos).
INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL. EL ARTÍCULO 43, FRACCIONES V Y VI, DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA ENTIDAD, NO VIOLA LA AUTONOMÍA DE LA UNIDAD TÉCNICA ESPECIALIZADA DE FISCALIZACIÓN AL CONTEMPLAR COMO COMISIONES PERMANENTES DEL CONSEJO GENERAL LAS DE FISCALIZACIÓN Y DE NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA (Razones aprobadas por unanimidad de once votos).
INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL. EL ARTÍCULO 44, FRACCIÓN VIII, DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA ENTIDAD, AL ATRIBUIR A LA COMISIÓN DE ASOCIACIONES POLÍTICAS DE SU CONSEJO GENERAL LA FACULTAD DE COADYUVAR CON LA AUTORIDAD FEDERAL ELECTORAL, A SOLICITUD DE ÉSTA, EN EL MONITOREO DE TODOS LOS MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN CON COBERTURA EN EL DISTRITO FEDERAL DURANTE LOS PROCESOS ELECTORALES, NO ES CONTRARIO AL DIVERSO 41, APARTADO A, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL (Razones aprobadas por mayoría de nueve votos, con el voto en contra de los señores Ministros Margarita Beatriz Luna Ramos y Sergio A. Valls Hernández).
INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL. EL ARTÍCULO 86, FRACCIONES I Y II, DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA ENTIDAD, NO ATENTA CONTRA LA AUTONOMÍA TÉCNICA Y DE GESTIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL, AL ESTABLECER QUE LE CORRESPONDE ELABORAR Y REMITIR A LA JUNTA ADMINISTRATIVA EL PROGRAMA INTERNO DE AUDITORÍA, ASÍ COMO APLICARLO EN LOS TÉRMINOS APROBADOS POR EL CONSEJO GENERAL (Razones aprobadas por unanimidad de once votos).
INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL. EL ARTÍCULO 90, FRACCIÓN XV, DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA ENTIDAD, NO INVADE LA COMPETENCIA DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL AL ATRIBUIR A LA UNIDAD TÉCNICA ESPECIALIZADA DE FISCALIZACIÓN DE AQUÉL, LA FACULTAD DE "REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS EN LOS CASOS EN QUE SOLICITE EL LEVANTAMIENTO DEL SECRETO BANCARIO, FIDUCIARIO Y FISCAL" (Razones aprobadas por unanimidad de once votos).
INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL. EL ARTÍCULO 90, FRACCIONES I Y X, DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA ENTIDAD, NO VIOLA LA AUTONOMÍA DE LA UNIDAD TÉCNICA ESPECIALIZADA DE FISCALIZACIÓN AL ESTABLECER QUE LE CORRESPONDE ELABORAR Y REMITIR A LA JUNTA ADMINISTRATIVA, PREVIA OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN, EL PROYECTO DE PROGRAMA DE FISCALIZACIÓN, PARA LOS EFECTOS DE PLANEACIÓN GENERAL, ASÍ COMO INSTRUMENTAR LAS AUDITORÍAS A LAS FINANZAS DE LAS ASOCIACIONES POLÍTICAS QUE ACUERDE EL CONSEJO GENERAL (Razones aprobadas por unanimidad de once votos).
INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL. EL ARTÍCULO 268, FRACCIÓN VI, INCISO G), ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA ENTIDAD, NO VIOLA LA AUTONOMÍA DE LA UNIDAD TÉCNICA ESPECIALIZADA DE FISCALIZACIÓN AL ESTABLECER QUE EL DICTAMEN Y EL PROYECTO DE RESOLUCIÓN QUE ÉSTA ELABORE, SERÁN REMITIDOS A LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN PARA SU OPINIÓN Y POSTERIOR CONSIDERACIÓN ANTE EL CONSEJO GENERAL (Razones aprobadas por unanimidad de once votos).
PARTIDOS POLÍTICOS. EL ARTÍCULO 214, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL DISTRITO FEDERAL, VIGENTE HASTA EL 1o. DE JULIO DE 2011, AL CONDICIONAR LA POSIBILIDAD DE CONSTITUIRLOS A QUE SE TENGA EL CARÁCTER DE AGRUPACIÓN POLÍTICA, NO TRANSGREDE LA GARANTÍA DE LIBRE ASOCIACIÓN EN LA MATERIA (Razones aprobadas por unanimidad de once votos).
PARTIDOS POLÍTICOS. EL ARTÍCULO 214, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL DISTRITO FEDERAL, VIGENTE HASTA EL 1o. DE JULIO DE 2011, AL EXIGIR PARA CONSTITUIRLOS QUE LAS AGRUPACIONES POLÍTICAS CUENTEN CON UN NÚMERO DE AFILIADOS NO MENOR AL 2% DE LA LISTA NOMINAL EN CADA UNA DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DE ESA ENTIDAD, TRANSGREDE EL DIVERSO 41, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL (Razones aprobadas por mayoría de diez votos; el señor Ministro José Fernando Franco González Salas votó a favor del sentido de la resolución pero por razones distintas).
PARTIDOS POLÍTICOS. EL ARTÍCULO 214, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL DISTRITO FEDERAL, VIGENTE HASTA EL 1o. DE JULIO DE 2011, AL EXIGIR PARA SU CONSTITUCIÓN UN NÚMERO DE AFILIADOS MAYOR AL DE LOS VOTOS REQUERIDOS PARA CONSERVAR EL REGISTRO, ES CONSTITUCIONAL (Razones aprobadas por unanimidad de once votos).
PARTIDOS POLÍTICOS. EL ARTÍCULO 214, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL DISTRITO FEDERAL, VIGENTE HASTA EL 1o. DE JULIO DE 2011, AL NO PREVER LA FECHA DE CORTE DE LA LISTA NOMINAL QUE HABRÁ DE TOMARSE EN CUENTA PARA DETERMINAR EL NÚMERO TOTAL DE AFILIADOS EXIGIBLE PARA CONSTITUIRLOS, NO ES VIOLATORIO DE LA NORMA FUNDAMENTAL (Razones aprobadas por mayoría de diez votos, con el voto en contra del señor Ministro José Fernando Franco González Salas).
PRECAMPAÑA ELECTORAL. EL ARTÍCULO 224, PÁRRAFO SEGUNDO, DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL DISTRITO FEDERAL, VIGENTE HASTA EL 1o. DE JULIO DE 2011, AL ESTABLECER UN PLAZO PARA SU DURACIÓN EN EL CASO DE LA ELECCIÓN DEL JEFE DE GOBIERNO QUE EXCEDE DE LAS DOS TERCERAS PARTES DEL PREVISTO PARA LA CAMPAÑA RESPECTIVA, VIOLA EL DIVERSO 116, FRACCIÓN IV, INCISO J), DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL (Razones aprobadas por unanimidad de once votos).
PUBLICIDAD ELECTORAL. EL ARTÍCULO 231, FRACCIÓN X, DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL DISTRITO FEDERAL, AL ESTABLECER COMO RESTRICCIÓN A LOS PARTIDOS EN LOS PROCESOS DE PRECAMPAÑA LA DE UTILIZAR EXPRESIONES VERBALES O ESCRITOS CONTRARIOS A LA MORAL, QUE INJURIEN A LAS AUTORIDADES, A LOS DEMÁS PARTIDOS POLÍTICOS O PRECANDIDATOS, O QUE TIENDAN A INCITAR A LA VIOLENCIA Y AL DESORDEN PÚBLICO, NO ES VIOLATORIO DE LOS DIVERSOS 6 Y 41, FRACCIÓN III, APARTADO C, PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL (Razones aprobadas por mayoría de ocho votos, con el voto en contra de los señores Ministros José Ramón Cossío Díaz, Sergio A. Valls Hernández y Presidente Juan N. Silva Meza).
PUBLICIDAD ELECTORAL. EL ARTÍCULO 231, FRACCIÓN VII, DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL DISTRITO FEDERAL, AL RESTRINGIR SU USO Y CONTRATACIÓN EN PRECAMPAÑA RESPECTO DE LA PRENSA, TELÉFONO E INTERNET, VIOLA LOS DIVERSOS 6 Y 41, APARTADOS A Y B, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL (Razones aprobadas por unanimidad de once votos).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 2/2011. PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 7 DE JUNIO DE 2011. PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO. SECRETARIA: GUADALUPE DE LA PAZ VARELA DOMÍNGUEZ.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día siete de junio de dos mil once.
VISTOS; y,
RESULTANDO:
PRIMERO.-Demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el diecinueve de enero de dos mil once, Beatriz Elena Paredes Rangel en su calidad de presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, promovió acción de inconstitucionalidad en contra de los artículos 35, fracciones IX y XXXVIII; 37, segundo párrafo; 43, fracciones V y VI; 44, fracción VIII; 64, fracción III; 86, fracciones I y II; 88, párrafo segundo; 90, fracciones I, X y XV; 214, fracción I; 224, segundo párrafo; 231 fracciones VII y X; y 268 fracción VI, inciso g), último párrafo, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el veinte de diciembre de dos mil diez; así como señaló como autoridades demandadas a la Asamblea Legislativa y al jefe de Gobierno del Distrito Federal.
SEGUNDO.-Conceptos de invalidez. El partido político promovente señaló que las normas cuya invalidez demanda son violatorias de los artículos 9, primer párrafo; 35, fracción III; 41, fracciones I y V, párrafos segundo y décimo; 116, fracción IV, incisos b), c) y j) y 122, base primera, punto C, fracción V, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y expresó los conceptos de invalidez que a continuación se resumen:
Primer concepto de invalidez
El segundo párrafo del artículo 224 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal, establece que para la elección de jefe de Gobierno las precampañas tendrán una duración máxima de cincuenta días, lo que viola la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en específico el artículo 116, fracción IV, inciso j), que dispone que las precampañas no podrán durar más de las dos terceras partes de las respectivas campañas electorales; esto es, si de acuerdo con el diverso 312 de ese código electoral la duración de las campañas para jefe de Gobierno es de un máximo de sesenta días, ello demuestra la inconstitucionalidad que se plantea, pues el artículo 224 no guarda la proporción de las dos terceras partes que dispone la Constitución.
Indica que la violación aducida se advierte de una simple relación aritmética, pues cincuenta días no es el equivalente a las dos terceras partes de sesenta días, es así que las precampañas deben durar como máximo las dos terceras partes del término de las respectivas campañas, consecuentemente, son cuarenta días y no cincuenta el número de días que, como máximo, deben durar las precampañas electorales para jefe de Gobierno del Distrito Federal; por tanto, debe declararse la invalidez de la norma impugnada.
Segundo concepto de invalidez
En el segundo concepto señala que el artículo 214, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal, establece los requisitos y el procedimiento por virtud de los cuales las agrupaciones políticas locales pueden aspirar a conformarse y obtener registro legal como partidos políticos locales, y concretamente su fracción I prevé que para ello se deberá contar con un número de afiliados no menor al dos por ciento de la lista nominal en cada una de las dieciséis demarcaciones territoriales del Distrito Federal, lo que aduce, es inconstitucional por desproporcionado y hace nugatorio el derecho de asociación política consagrado en el artículo 9o. de la Constitución Federal, así como también infringe los principios enunciados en el inciso f) fracción V de la base primera punto C del artículo 122 y el correspondiente inciso b) de la fracción IV del diverso 116 y la fracción III del artículo 35 de la misma Carta Magna, esto es, de la lectura a la disposición impugnada se derivan dos violaciones, la primera que tiene que ver con el número de afiliados para conformar un partido político, en cuanto ordena que no sea menor al dos por ciento de la lista nominal; y la segunda consistente en que ese porcentaje sea observado en cada una de las dieciséis demarcaciones territoriales del Distrito Federal.
A) Por lo que hace al problema del dos por ciento de la lista nominal propone que el análisis de inconstitucionalidad se elabore tomando en cuenta tres factores, a saber los siguientes: a) que la restricción reglamentada por el legislador debe estar prevista en la Constitución; b) que la medida legislativa debe ser necesaria para asegurar la obtención de los fines que fundamentan la restricción constitucional; y c) la restricción debe ser proporcional. En el caso de que la restricción reglamentada por el legislador debe estar prevista en la Constitución se observa que el porcentaje de dos por ciento de la lista nominal como requisito mínimo de afiliación para que las agrupaciones políticas se constituyan en partidos políticos locales, no existe en la Carta Magna, pues lo deja a la voluntad del legislador ordinario, el cual al fijarlo debe atender a los principios generales de derecho y a la no restricción de los derechos fundamentales y que en el caso, el propio legislador en los dictámenes del proceso legislativo afirma que el requisito del número de afiliados se encuentra (dentro del rango) que existe en otras entidades federativas y, al respecto, el partido político afirma que eso es falso, pues si se analiza la legislación de otras entidades federativas se advertirá que sólo cuatro Estados prevén un porcentaje de afiliados del dos por ciento o mayor a ese porcentaje.
Agrega, que la norma anterior a la reforma establecía como requisito para la creación y registro de nuevos partidos, un número de afiliados equivalente al cero punto cinco por ciento del padrón electoral de la entidad, además de que fijaba una condicionante para el número de afiliados en cada delegación territorial en un número menor de doscientos; sin embargo, la norma impugnada amplía los números de manera desproporcionada, pues no corresponde con el crecimiento de ninguna otra variable o parámetro electoral en el Distrito Federal, pues el padrón de la entidad y la lista nominal de electores no ha tenido un crecimiento semejante, lo que demuestra la inconstitucionalidad que se aduce.
En relación con el requisito de que la medida legislativa debe ser necesaria para asegurar la obtención de los fines que fundamentan la restricción constitucional, indica que tampoco se cumple, pues el legislador en el proceso de reforma expuso tres ejes fundamentales para sustentarla, consistentes en que la democracia tenga una real y efectiva representatividad; que los partidos políticos no se constituyan en negocio o actividad lucrativa, además de que aporten a la participación democrática de los habitantes de la entidad, ejes que en opinión del partido político actor no se logran con la reforma combatida, ya que mientras que el número de afiliados para obtener registro es del dos por ciento de la lista nominal de electores, para conservar el registro se requiere el dos por ciento de la votación efectiva, por lo que si se toma en cuenta la participación electoral en los últimos cuatro procesos locales de la entidad, se podrá advertir que la norma combatida provocará que a las agrupaciones políticas locales se les exija más de ciento cincuenta mil afiliados para convertirse en partidos políticos locales y conseguir ese fin, y poco más de setenta y tres mil votos para conservar el registro, lo que es desproporcionado e injustificado.
Y que la razón en el sentido de que los partidos no se constituyan en negocio o actividad lucrativa parece ser un argumento dirigido a la capacidad de fiscalización de la autoridad; además de que el legislador local expone un prejuicio al asumir que todas las organizaciones pretenden lucrar con la actividad política; y que la última razón que expone el legislador tampoco justifica la reforma porque la participación democrática sólo puede existir si se dan las condiciones adecuadas para la participación de los ciudadanos en las actividades partidistas; por lo que reitera, el porcentaje fijado en la norma combatida es violatorio de las disposiciones constitucionales ya indicadas.
B) Por lo que hace al segundo de los vicios, esto es, que el dos por ciento se establezca para cada una de las demarcaciones territoriales electorales que componen el Distrito Federal, su inconstitucionalidad radica en que exige una uniformidad en el cumplimiento de ese porcentaje en las dieciséis delegaciones en que se divide la entidad, lo que insiste, no es correcto porque cada delegación guarda una diversidad que influye en la distribución de la población de cada una de las dieciséis delegaciones, por razones económicas, demográficas y sociales, lo que condiciona no sólo las preferencias políticas de los ciudadanos, sino también la voluntad o interés de los afiliados a un partido político; en otras palabras, existe una diferencia en cuanto al número de habitantes de cada delegación, pues es claro que la población puede ser mucho mayor en otras delegaciones; y que la redacción de la norma es confusa pues no queda claro si el número de afiliados en cada una de las dieciséis delegaciones debe ser igual al número de asistentes de las asambleas o si los asistentes a éstas no tienen número mínimo requerido, ya que el artículo que se analiza dispone: "Una asamblea cuyo número de ciudadanos residentes de la misma demarcación no será inferior a 1000 afiliados".
También indica que la norma impugnada viola el principio de certeza en materia electoral, pues no especifica la fecha de corte que habrá de tomarse en cuenta por lo que respecta a la lista nominal, para determinar el número total de afiliados exigible.
Finalmente, el partido político actor aduce que la norma combatida vulnera el derecho de asociación política consagrado en el artículo noveno constitucional, toda vez que condiciona la posibilidad de constituir nuevos partidos políticos a la previa existencia y registro legal de una o varias agrupaciones políticas locales, lo que constituye una restricción todavía mayor al derecho de asociación e, incluso, tal restricción que fue incorporada al Código Electoral Federal en dos mil tres, fue suprimida en dos mil siete porque el legislador federal consideró que esa restricción no era compatible con el derecho previsto en el 9o. constitucional, pues el derecho de asociación tiene en la afiliación a partidos políticos una de las expresiones más importantes en toda democracia contemporánea, de ahí la inconstitucionalidad de la disposición.
Tercer concepto de invalidez
Argumenta que diversos artículos del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal vulneran la autonomía técnica y de gestión de la Contraloría General y de la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización, lo que implica una violación a los principios de certeza, independencia y autonomía que protegen los artículos 41, 116 fracción IV incisos b) y c) y 122, punto C, base primera, fracción V, inciso f), de la Constitución Federal, pues se trata de disposiciones que limitan la actuación de esos órganos y los subordinan a otros, y que de la lectura a los preceptos constitucionales que se estiman violados se desprende que la naturaleza constitucional de los órganos de fiscalización y contraloría es de autoridades electorales, y que sus calidades en el ámbito local se ven vulneradas por atribuciones de otros órganos como la Comisión de Fiscalización del Consejo General o mediante disposiciones que limitan a la Contraloría General.
Por lo que hace a la Contraloría General las violaciones denunciadas se desprenden en primer término, del artículo 35 del código combatido que en sus fracciones IX y XXXVIII disponen que es atribución del consejo general ordenar la realización de auditorías que se consideren necesarias a los órganos del Instituto Electoral, lo que contraviene la autonomía de la Contraloría General, a la que además, la norma sujeta en su programa anual de auditoría a la autorización que de éste haga el propio consejo.
Que los artículos 64 y 86 del código violan el principio de autonomía de la autoridad electoral al disponer que el programa de auditoría deba ser remitido a la junta administrativa y aplicado en los términos aprobados por el consejo general, lo que se aprecia de la lectura a esas disposiciones.
En relación con la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización argumenta que es un órgano técnico sujeto a lo dispuesto en el artículo 37 del código materia de análisis, empero, el diverso 43 del mismo ordenamiento junto con el 37, vulneran la certeza, legalidad y autonomía de dicha unidad, toda vez que es susceptible que se convierta en coadyuvante de la comisión de fiscalización que en principio no debería de existir, pues cabe mencionar que no existe un organismo similar a nivel federal.
Que dentro de las atribuciones de la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización se observa abiertamente en el artículo 90, fracciones I y X y en lo referido en el último párrafo del inciso g) de la fracción VI del artículo 268, el propósito de subordinación de ésta a la comisión de fiscalización que reitera, no debería existir.
Finalmente, indica que en la fracción XV del artículo 90 del código combatido se atribuyen facultades a la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización que no son de su competencia sino de la autoridad federal, pues esa disposición le permite realizar las acciones para solicitar el levantamiento del secreto bancario, fiduciario y fiscal, lo que es inconstitucional por violar el artículo 41 de la Carta Magna.
Cuarto concepto de invalidez
En el cuarto concepto de invalidez argumenta que el artículo 231, fracciones VII y X, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal, viola el artículo 41 apartados A y B de la Constitución Federal en lo relativo a las restricciones constitucionales que se imponen a los partidos políticos para contratar publicidad, problemática que ya ha sido estudiada por la Suprema Corte, por lo que solicita se tengan por invocados los criterios, sentencias y jurisprudencia que apoyen la inconstitucionalidad que aduce; lo que no le impide señalar que la norma impugnada excede a todas luces lo dispuesto por la Carta Magna y el Código Electoral Federal, que resulta aplicable por mandato constitucional para las autoridades de las entidades federativas, en materia de radio y televisión, pues incluye entre los medios sujetos a restricción de uso y contratación de publicidad por parte de los partidos políticos y precandidatos a cargos de elección popular, a la "prensa, teléfono e Internet", lo que a todas luces es inconstitucional e incurre en invasión de atribuciones.
Y que lo mismo ocurre con la fracción X, en cuanto establece restricciones a la libertad de expresión de partidos y precandidatos, que solamente están sometidas a las impuestas en el primer párrafo del apartado C del artículo 41 y a las que deriven de lo dispuesto en el artículo 6o. de la propia Constitución, lo que demuestra la inconstitucionalidad de la disposición al permitir que las autoridades electorales locales intervengan en el derecho a la libertad de expresión de los partidos políticos; además de que la restricción establecida en el artículo 41 constitucional solamente contempla dos hipótesis, es decir, la denigración en contra de las instituciones (que no es necesariamente sinónimo de autoridades) o a los propios partidos políticos, o la calumnia en contra de las personas.
Asimismo, indica que la Suprema Corte cuando resolvió la acción de inconstitucionalidad 14/2010 y sus acumuladas invalidó el derecho exclusivo de los partidos políticos a contratar espacios propagandísticos en medios de comunicación impresos en el Estado de Coahuila y eliminó la prohibición para que los ciudadanos ajenos a dichos institutos políticos puedan hacer lo mismo, pues la Corte consideró que ello vulneraba las libertades de expresión y de imprenta.
Quinto concepto de invalidez
Que la fracción VIII del artículo 44, del código impugnado transgrede el primer párrafo del apartado A del artículo 41 de la Constitución Federal, toda vez que establece como atribución de la Comisión de Asociaciones Políticas del Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal, la de coadyuvar con la autoridad federal electoral en el monitoreo de todos los medios masivos de comunicación durante los procesos electorales, a pesar de que la Constitución otorga al Instituto Federal Electoral la calidad de autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al Estado en materia de radio y televisión; y que en ejercicio de esa facultad única, el Instituto Federal Electoral cuenta con un sistema nacional de monitoreo permanente de estaciones de radio y canales de televisión, que le permite verificar el cumplimiento de las normas legales y de los acuerdos que ha emitido, de ahí que sea inconstitucional que el legislador demandado pretenda establecer desde el código combatido una atribución reservada a la autoridad federal, es decir, otorgar a la autoridad electoral local una atribución que no le es propia, así sea con el carácter de "coadyuvante" de la autoridad federal, pues reitera, se trata de una materia que la Constitución Federal reservó sólo para el Instituto Federal Electoral.
Sexto concepto de invalidez
En el último concepto de invalidez argumenta que el segundo párrafo del artículo 88 del código combatido viola lo dispuesto en el inciso c) de la fracción IV del artículo 116 de la Constitución Federal aplicable en correlación con el diverso 122, pues establece la intervención del contador mayor de hacienda de la Asamblea Legislativa en la designación del funcionario electoral que a nivel local tiene conferidas las mayores facultades y responsabilidades en las tareas de vigilancia y fiscalización de los recursos de los partidos políticos; esto es, el contador mayor depende jerárquica y orgánicamente de la asamblea, que a su vez está conformada por diputados afiliados a partidos políticos, que son los entes sujetos a vigilancia y fiscalización del titular de la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización a que alude el artículo 88, lo que vulnera la autonomía de dicha unidad, que exige la Constitución Federal.
Agrega, que la norma impugnada no puede ser justificada o equiparada con la que a nivel federal establece la participación de la Cámara de Diputados en la designación del contralor interno del Instituto Federal Electoral, ya que dicho funcionario no tiene atribuciones respecto de asuntos propiamente electorales, mientras que el titular de la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización actúa de manera directa y permanente en asuntos que son de naturaleza estrictamente electoral, pues su principal tarea no consiste en vigilar que la autoridad electoral entregue a los partidos el financiamiento que les corresponde, sino vigilar, fiscalizar y auditar el legal y adecuado manejo de los recursos que constituyan su financiamiento, de ahí la violación al principio de autonomía técnica y de gestión que la propia ley confiere a la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización.
TERCERO.-Registro del expediente y turno. Por acuerdo de diecinueve de enero de dos mil once, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad promovida por la presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, con el número 2/2011 y, por razón de turno, designó al Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano para que instruyera el procedimiento y formulara el proyecto de resolución respectivo.
CUARTO.-Admisión. Posteriormente, el Ministro instructor dictó acuerdo de fecha veinte de enero de dos mil once en el que tuvo por presentada a la promovente de la acción con la personalidad que ostenta, admitiéndola a trámite y ordenó dar vista a la Asamblea Legislativa que emitió las normas combatidas y al jefe de Gobierno que las promulgó, ambos del Distrito Federal para que rindieran sus respectivos informes y, además, para que la asamblea remitiera copia certificada de todos los antecedentes legislativos de los artículos cuestionados; así como al procurador general de la República para que antes del cierre de la instrucción formulara el pedimento que le corresponde; asimismo, requirió al presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal, para que dentro del plazo de tres días naturales, informara a esta Suprema Corte la fecha en que inicia el próximo proceso electoral en el Distrito Federal; de igual forma, requirió al presidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral, para que en el plazo de tres días naturales, enviara copia certificada de los estatutos del Partido Revolucionario Institucional, así como la certificación de su registro vigente, precisando quiénes son los integrantes de su Comité Ejecutivo Nacional; y, por último, solicitó a la presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para que dentro del plazo de seis días, dicha Sala expresara su opinión con relación al presente asunto.
QUINTO.-Desahogo de requerimiento. Por acuerdo de veinticuatro de enero de dos mil once, el Ministro instructor tuvo por desahogado el requerimiento formulado por el consejero presidente del Instituto Electoral del Distrito Federal, quien informó que el próximo proceso electoral ordinario del Distrito Federal iniciará en la primera semana de octubre del año en curso.
SEXTO.-Desahogo de requerimientos. Por acuerdo de uno de febrero de dos mil once, se tuvo por recibido el oficio y anexos del secretario del Consejo General del Instituto Federal Electoral, mediante el cual remite copia certificada de las documentales solicitadas por el Ministro instructor; por reconocida al procurador general de la República la personalidad con la cual se ostentó, señalando domicilio y autorizados para oír y recibir notificaciones; por rendido el informe solicitado al jefe de Gobierno del Distrito Federal; por formulada la opinión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; así como determinó que no ha lugar a tener por presentado a quien
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23344-dafb9837/instituto-electoral-del-distrito-federal-el-apoyo-y · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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