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Modo: Corpus Pro

I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LAS VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DEL CUAL DERIVARON LAS NORMAS IMPUGNADAS DEBEN EXAMINARSE PREVIAMENTE A LAS VIOLACIONES DE FONDO PORQUE PUEDEN TENER UN EFECTO DE INVALIDACIÓN TOTAL SOBRE LA NORMA IMPUGNADA, QUE HAGA INNECESARIO EL ESTUDIO DE ÉSTAS (DECRETO 366 POR EL CUAL SE REFORMAN, DEROGAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA EL PRIMERO DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE). II. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. PRINCIPIOS QUE RIGEN EL EJERCICIO DE LA EVALUACIÓN DEL POTENCIAL INVALIDATORIO DE LAS IRREGULARIDADES ACONTECIDAS EN AQUÉL (PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO POR EL QUE SE REFORMAN, DEROGAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, MEDIANTE DECRETO 366, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA EL PRIMERO DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE). III. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. CONTEXTO NORMATIVO QUE LO RIGE. IV. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. ASPECTOS RELEVANTES DEL QUE DIO LUGAR AL DECRETO 366 POR EL CUAL SE REFORMAN, DEROGAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA EL PRIMERO DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE (DECRETO 366 POR EL CUAL SE REFORMAN, DEROGAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA EL PRIMERO DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE). V. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. AUSENCIA DE POTENCIAL INVALIDANTE DEL ENVÍO EXTEMPORÁNEO DEL PROYECTO DEL ORDEN DEL DÍA DE LA CONVOCATORIA A SESIÓN Y DE LA FALTA DE CIRCULACIÓN DEL DICTAMEN CON VEINTICUATRO HORAS DE ANTICIPACIÓN (DECRETO 366 POR EL CUAL SE REFORMAN, DEROGAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA EL PRIMERO DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE). VI. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. EL QUE DIO ORIGEN A LA NORMA IMPUGNADA NO VULNERA LOS PRINCIPIOS DE DEBIDO PROCESO, LEGALIDAD, SEGURIDAD JURÍDICA, DEMOCRACIA REPRESENTATIVA Y DELIBERACIÓN PARLAMENTARIA. VII. SISTEMA ELECTORAL MIXTO DE MAYORÍA RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN II, PÁRRAFO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS UNIDOS MEXICANOS OBLIGA A LOS ESTADOS A INTEGRAR SUS LEGISLATURAS CON DIPUTADOS ELECTOS POR AMBOS PRINCIPIOS, AUNQUE NO A REGLAMENTAR DE UNA FORMA ESPECÍFICA DICHOS PRINCIPIOS, SIEMPRE QUE ATIENDAN RAZONABLEMENTE A LOS PARÁMETROS DEL SISTEMA INTEGRAL PREVISTO Y A SU FINALIDAD (ARTÍCULO 175 DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO). VIII. REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. ELIMINACIÓN DE LA ASIGNACIÓN AUTOMÁTICA DE UN DIPUTADO POR ESTE PRINCIPIO A TODOS LOS PARTIDOS POLÍTICOS QUE ALCANCEN EL UMBRAL DEL TRES POR CIENTO DE LA VOTACIÓN VÁLIDA EMITIDA, INDEPENDIENTEMENTE DE LOS TRIUNFOS DE MAYORÍA QUE HUBIESEN OBTENIDO (ARTÍCULO 175 DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO). IX. REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. EL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS NO ES APLICABLE A LAS NORMAS QUE RIGEN LA CONFORMACIÓN DE LOS CONGRESOS LOCALES NI A LOS TÉRMINOS EN QUE ÉSTAS REGULAN AQUEL PRINCIPIO ELECTORAL. X. REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. LA DEFINICIÓN DE "VOTACIÓN ESTATAL EFECTIVA", QUE EL LEGISLADOR UTILIZA COMO PASO PREVIO AL DESARROLLO DE LA FÓRMULA DE ASIGNACIÓN DE DIPUTADOS POR AQUEL PRINCIPIO, NO SUPONE UN DOBLE CÓMPUTO DE VOTOS. XI. REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. AL MARGEN DE LA DENOMINACIÓN QUE LOS CONGRESOS LOCALES UTILICEN RESPECTO DE LOS PARÁMETROS DE VOTACIÓN QUE SEAN UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS ETAPAS QUE INTEGRAN EL MECANISMO DE DISTRIBUCIÓN DE DIPUTADOS POR AQUEL PRINCIPIO, LO TRASCENDENTE ES QUE EN CADA ETAPA SE UTILICE LA BASE QUE CORRESPONDA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 116 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. XII. ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES ELECTORALES. LA EXISTENCIA Y REGULACIÓN DE SU ÓRGANO INTERNO DE CONTROL POR PARTE DE LOS CONGRESOS LOCALES DEBE SER CON APEGO A LAS BASES CONTENIDAS TANTO EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS COMO EN LAS LEYES GENERALES, DE MANERA QUE NO RESULTEN CONTRARIAS A LOS PRINCIPIOS DE AUTONOMÍA EN SU FUNCIONAMIENTO E INDEPENDENCIA EN SUS DECISIONES (ARTÍCULO 46, PÁRRAFO SEGUNDO, DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN). XIII. ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES ELECTORALES. LA DESIGNACIÓN DEL TITULAR DE SU ÓRGANO INTERNO DE CONTROL POR PARTE DE LOS CONGRESOS LOCALES (ARTÍCULO 46, PÁRRAFO SEGUNDO, DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO). XIV. ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES ELECTORALES. LAS FALTAS ADMINISTRATIVAS GRAVES DEL TITULAR DE SU ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, INCLUIDA SU REMOCIÓN, SERÁN INVESTIGADAS Y SUSTANCIADAS POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN Y LOS ÓRGANOS

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 53/2017 Y SU ACUMULADA 57/2017. · Registro digital (IUS): 27711
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2018-03-23
Promovente: PARTIDOS DEL TRABAJO Y MORENA.
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 52, Marzo de 2018, Tomo I, Pág. 31.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 53/2017 Y SU ACUMULADA 57/2017. PARTIDOS DEL TRABAJO Y MORENA. 29 DE AGOSTO DE 2017. PONENTE: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. SECRETARIA: FABIANA ESTRADA TENA.

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veintinueve de agosto de dos mil diecisiete.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO.-Presentación de escritos iniciales, norma impugnada y autoridades emisora y promulgadora de la norma. Por escritos presentados en las fechas y por los partidos políticos precisados a continuación, se promovieron las siguientes acciones de inconstitucionalidad en contra del Decreto 366, por el cual se reforman derogan y adicionan diversos artículos del Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo, publicado en el Periódico Oficial de esa entidad federativa el primero de junio de dos mil diecisiete:

Ver acciones de inconstitucionalidad promovidas

Se precisaron como autoridades emisoras y promulgadoras de las normas impugnadas a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Michoacán de Ocampo.

Adicionalmente, el Partido del Trabajo señaló, como autoridades demandadas, al secretario general de Gobierno y al director del Periódico Oficial del Estado de Michoacán; sin embargo, mediante auto de cuatro de julio de dos mil diecisiete, se consideró innecesario requerir el informe correspondiente, pues de conformidad con los artículos 61, fracción II, y 64, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sólo están obligados a rendir informe los órganos legislativo y ejecutivo que hayan emitido y promulgado las normas impugnadas.

SEGUNDO.-Preceptos que se estiman vulnerados. Los accionantes señalan como violados los artículos siguientes:

Ver artículos violados

TERCERO.-Conceptos de invalidez. Los promoventes hicieron valer los conceptos de invalidez que a continuación se sintetizan:

I. En la acción de inconstitucionalidad 53/2017, el Partido del Trabajo señaló que:

1) El procedimiento legislativo que dio origen al Decreto 366, no respetó las reglas contenidas en la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo.

No se cumplió con el artículo 226 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso Local, que prevé los requisitos de las convocatorias para sesión del Pleno del Congreso, toda vez que la sesión celebrada el veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, en la que se dio lectura, discusión y votación del dictamen con proyecto de reforma a diversas disposiciones del Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo, fue convocada por citatorio el veinticinco de mayo de dos (sic), sin que el orden del día fuera anexado, el cual no se envió sino hasta el veintiocho de mayo, de forma electrónica, sin contener la clave electrónica del presidente de la Mesa Directiva del Congreso Local para dar validez al documento.

De igual forma, se violó el artículo 247 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso Local, en virtud de que no se circuló a los diputados el dictamen con proyecto de reforma al Código Electoral del Estado de Michoacán con veinticuatro horas de anticipación, ni fue publicado en la Gaceta Parlamentaria, sino que al momento de iniciar la sesión plenaria de veintinueve de mayo se repartió vía impresa el documento, por lo que los integrantes del grupo parlamentario del Partido del Trabajo votaron en contra del dictamen.

Estos vicios al procedimiento legislativo violan el artículo 42, párrafo segundo, de la Constitución de Michoacán de Ocampo.

2) El artículo 175 del Código Electoral del Estado de Michoacán vulnera el contenido del artículo 54 de la Constitución General, el cual garantiza a todo partido político que alcance el tres por ciento del total de la votación válida emitida para las listas regionales de las circunscripciones plurinominales, que tendrá el derecho a que le sean atribuidos diputados según el principio de representación proporcional.

El artículo 175 del Código Electoral del Estado de Michoacán fomenta la sobrerrepresentación de los partidos políticos mayoritarios y permite la subrepresentación de los partidos políticos minoritarios, violando así los principios de pluralidad política y de representación de las minorías, así como el derecho de asociación política, pues con anterioridad a la reforma que se impugna, ese precepto garantizaba que cualquier partido político que obtuviera en la elección de gobernador y diputados el tres por ciento de la votación válida emitida, se les asignaría una curul por el principio de representación proporcional, independientemente de los triunfos de mayoría que hubiese obtenido.

En cambio, al modificar la fórmula para la asignación de diputados por el principio de representación proporcional bajo el concepto de proporcionalidad pura, lejos de garantizar la integración plural de las fuerzas políticas, lo que pretende es eliminar a las minorías, pues la determinación del número de diputados que se le asignarán a cada partido político será conforme al número de veces que contenga su votación el cociente natural, regla que privilegia a los partidos políticos mayoritarios y coloca en desigualdad a los partidos minoritarios.

El partido aduce que si bien las reglas contenidas en el artículo 54 de la Constitución General corresponden a la elección de diputados a nivel federal, lo cierto es que este dispositivo también resulta aplicable por extensión a los Congresos Locales, ya que lo que se pretende proteger es una mayor y efectiva representatividad de las minorías para que participen en las decisiones del Poder Legislativo.

Asimismo, el artículo 175 del Código Electoral Local vulnera el principio de progresividad que comporta una prohibición a que las normas no sufran un retroceso o tiendan a generar un menor disfrute del derecho protegido, ya que la fórmula que describe la forma de asignar diputados por el principio de representación proporcional obstaculiza la representatividad de los partidos minoritarios.

II. En la acción de inconstitucionalidad 57/2017, el Movimiento de Regeneración Nacional señaló que:

1) El artículo 46, párrafos segundo y cuarto, del Código Electoral del Estado de Michoacán transgrede los artículos 1o., 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, 109, párrafo primero, fracción III, 114, párrafo cuarto, 116, fracción IV, incisos b) y c), 124 y 133 de la Constitución General.

Ello, porque el precepto atribuye al Congreso Local la facultad de nombrar al contralor interno del Instituto Electoral Local, así como la atribución de resolver sobre la aplicación de sanciones a dicho funcionario por causas graves de responsabilidad administrativa; medidas que son regresivas por lesionar la autonomía en el funcionamiento e independencia en las decisiones del organismo público local electoral, toda vez que esas facultades le correspondían al Consejo General del Instituto Electoral Local con anterioridad a la reforma.

Al respecto, el promovente aduce que la eventual sanción por una falta administrativa grave, en su caso, debería ser resuelta por el Tribunal de Justicia Administrativa Local, de acuerdo con el artículo 109, fracción III, de la Constitución General, en relación con los transitorios segundo y quinto de la reforma constitucional de veintisiete de mayo de dos mil quince en materia de combate a la corrupción.

En este sentido, el Congreso del Estado excede sus atribuciones al atribuirse la facultad de nombrar y sancionar al contralor interno, en términos de los artículos 116, fracción IV, inciso c), y 109, fracción III, párrafos segundo y último, de la Constitución General.

Lo anterior resulta relevante en virtud de que el órgano interno de control es la instancia que fiscaliza los ingresos y egresos, conoce de las responsabilidades administrativas y resguarda las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos del órgano público local electoral, por lo que la facultad del Congreso Local de nombrar y sancionar al contralor interno constituye una intromisión en las funciones del Instituto Electoral Local, que viola el principio de división de poderes.

Adicionalmente a la falta de competencia del Congreso del Estado de Michoacán, así como la violación del principio de legalidad; el promovente señala que al resolver acción de inconstitucionalidad 94/2016 y su acumulada 96/2016, la Suprema Corte invalidó la facultad del Congreso del Estado de Nayarit de nombrar al contralor interno del Tribunal Electoral Local por afectar la autonomía e independencia del órgano jurisdiccional, por lo que este criterio resulta aplicable respecto a la designación del órgano interno de control de los organismos públicos locales electorales.

La forma de preservar la independencia y autonomía de la autoridad administrativa electoral debe consistir en que el propio órgano superior del Instituto Electoral Local sea el encargado de nombrar y sancionar al contralor interno, máxime que la Constitución General y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales no facultan a los Congresos Locales sobre esta temática.

El hecho de que el presupuesto del Instituto Electoral Local y el financiamiento público de los partidos políticos y candidatos independientes provengan del Estado no impide que los recursos sean fiscalizados por el Instituto Nacional Electoral. Si bien los recursos económicos del Instituto Electoral Local son revisados por la unidad técnica de fiscalización del Congreso de Michoacán, lo cierto es que esto no faculta al legislador a nombrar y remover al titular del órgano interno de control del organismo público local electoral.

2) El artículo 163, párrafo tercero, del Código Electoral del Estado de Michoacán transgrede los artículos 1o., 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, 17, párrafo segundo, 41, base VI, 116, fracción IV, incisos b) y l) y 133, de la Constitución General, así como los numerales 1, 2, 23.1., inciso b), y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al ser una medida excesiva y desproporcional que vulnera el derecho a ser votado, las garantías judiciales para la protección de ese derecho, y el principio de presunción de inocencia.

Lo anterior, porque el precepto impugnado señala que los precandidatos a los que se les niegue el registro o se les revoque la candidatura por rebasar el tope de gastos de campaña, no podrán realizar campaña aun cuando se haya impugnado la decisión correspondiente; y que los partidos políticos pueden sustituir al candidato dentro del plazo de cinco días posteriores a la negativa de registro o pérdida de la candidatura, según sea el caso; medidas que resultan deficientes e irrazonables.

El promovente señala que el legislador de Michoacán soslaya el hecho de que, si bien el artículo 41, base VI, constitucional establece que en materia electoral la interposición de medios de defensa no suspende los efectos de la resolución o el acto combatido, esta regla hace referencia al sistema de nulidades de las elecciones federales o locales.

Además, de la lectura del artículo impugnado se interpreta que cualquier rebase de tope de gastos de precampaña da lugar a la negativa o revocación del registro del precandidato, consecuencias que no siempre se materializarían porque el afectado puede recurrir la determinación, obteniendo una resolución a su favor y en un tiempo perentorio, por ende, se vulnera el derecho a ser votado, incluyendo el derecho a hacer campaña.

Al respecto, se destaca que el artículo impugnado tiene similitud con el artículo 41, base VI, de la Constitución General -que regula el sistema de nulidades de las elecciones federales y locales-, en cuanto a los efectos por impedir la participación en la contienda electoral de la persona sancionada, así como en contemplar la conducta de exceder el gasto de campaña.

Sin embargo, la disposición que se impugna únicamente exige el rebase del tope de gastos de precampaña para no poder continuar en la campaña; en cambio, en el sistema de nulidades de la elección, además del tope de gastos de campaña, éste debe ser un cinco por ciento sobre el monto total autorizado, lo que en sí comporta una desigualdad al aplicarse la norma restrictiva impugnada.

Aunado a ello, resulta inadecuado el plazo concedido al partido postulante del candidato sancionado, pues se le ordena sustituirlo en un plazo de cinco días posteriores a la negativa o pérdida de la candidatura, aun cuando el partido no esté dispuesto a efectuar la sustitución sin previamente agotar los medios de impugnación, derecho que también le corresponde al directamente afectado por la determinación.

En estas condiciones, la prohibición de continuar en la campaña electoral por parte de los precandidatos sancionados vulnera el principio de presunción de inocencia, así como el derecho de participación política, por no permitir la suspensión de la determinación que se encuentra sub júdice, la cual, si bien puede ser revocada para el efecto de ordenar nuevamente su registro, lo cierto es que el precandidato se encontraría en notoria desventaja frente a los demás candidatos en cuanto al periodo de la campaña electoral. Esta deficiente regulación trata como infractor a un precandidato sin haber probado en última instancia y por resolución inatacable su responsabilidad.

Por otra parte, el promovente señala que si bien el artículo 163, tercer párrafo, del Código Electoral del Estado de Michoacán reenvía a las disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para el caso de que los precandidatos rebasen el tope de gastos de precampaña, y que el artículo 229, numeral 4, de la ley general contempla las sanciones de cancelación de registro y la pérdida de la candidatura; lo cierto es que esta disposición sólo es aplicable a los precandidatos registrados en los procesos electorales federales, en términos del artículo 224, numeral 1, de la ley general aludida, por lo que se vulnera el principio de legalidad, toda vez que las sanciones no son exactamente aplicables a los precandidatos que concurran en una elección local.

En este sentido, el promovente sostiene que el precepto impugnado sería idóneo si ordenara al operador jurídico esperar la decisión del Juez competente, cuando se haya controvertido la negativa o la cancelación del registro, así como permitir que el precandidato continúe en la campaña para respetar el principio de presunción de inocencia, pero al no estar regulado así, el legislador michoacano incidió en el derecho a un recurso judicial efectivo y en el derecho de acceso a la justicia electoral.

Por último, se aduce que el derecho a ser votado y los principios de presunción de inocencia e igualdad deben ponderarse frente a la prohibición de suspender los actos y resoluciones electorales cuando se trata de la negativa o la revocación de candidaturas, máxime que la prohibición interpretada de forma aislada puede vulnerar el principio de no suspensión de los derechos políticos, así como la eficacia de las garantías establecidas para su protección.

3) El artículo 175, párrafo primero, del Código Electoral del Estado de Michoacán vulnera los artículos 1o., 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, 116, fracción IV, inciso b), y 133 de la Constitución General, y 1, 2, 23.1., inciso b), y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Ello es así, en virtud de que la definición de votación estatal efectiva, para efectos de asignación de diputados por el principio de proporcionalidad, se traduce en una doble contabilidad de una parte de los sufragios, que únicamente beneficia a los partidos políticos y candidatos que obtengan constancias de mayoría relativa en los distritos electorales uninominales.

Esto es, la definición de votación estatal efectiva no considera como deducibles, los votos utilizados para la obtención de constancias de mayoría relativa en cada uno de los distritos uninominales electorales, por lo que el vicio de inconstitucionalidad consiste en que se le asigna doble valor a estos sufragios.

Lo anterior vulnera los principios de representación proporcional, e igualdad de los ciudadanos, dado que incluso cierto sector de la población no contará con representación en el Congreso Local, si el partido político por el cual votaron obtuvo menos del tres por ciento de la votación estatal valida emitida.

Al no contar buena parte de los ciudadanos con una efectiva representación política en el Congreso, también se vulnera el derecho humano de participar en los asuntos públicos mediante sus representantes electos en las urnas.

El promovente señala que la definición de votación estatal efectiva debe ser aquella que resulta de deducir: i) los votos de los partidos políticos que no hayan obtenido el tres por ciento de dicha votación; y, ii) los previamente utilizados para el otorgamiento de cada una de las constancias de mayoría en los distritos electorales uninominales.

La deficiente definición incide en el desarrollo de la fórmula de asignación de diputados de representación proporcional, particularmente en el cociente natural -que es el resultado de dividir la votación estatal efectiva entre los dieciséis diputados de representación proporcional-, por lo que no se logra compensar la distorsión del voto que genera el principio de mayoría relativa.

Lo anterior, porque en el cociente natural se incluyen los votos de los candidatos por mayoría relativa de los veinticuatro distritos uninominales junto con los de las minorías no inferiores al tres por ciento, mezclando así los sufragios traducidos en escaños obtenidos por el principio de mayoría relativa, por lo que si esos votos se encuentran ya representados no hay justificación para su reutilización para efectos de la asignación de diputados por el principio de representación proporcional.

En consecuencia, el precepto controvertido resulta, además, contrario al principio de autenticidad de las elecciones, así como al principio de soberanía popular puesto que la fórmula toma en cuenta los votos utilizados para los diputados elegidos por mayoría relativa.

4) El artículo 196, párrafos primero y cuarto, del Código Electoral del Estado de Michoacán transgrede los artículos 1o., 6o., 16, párrafo primero, 116, fracción IV, inciso b), y 133 de la Constitución General, así como 1, 2 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por contravenir los principios de certeza, legalidad, máxima publicidad, objetividad electoral, legalidad, seguridad jurídica, fundamentación y motivación.

El precepto en estudio establece: i) que los consejos electorales de comités municipales harán entrega del material electoral a cada presidente de las mesas directivas de casillas por conducto del personal autorizado; ii) que el Instituto Electoral Local podrá convenir con el Instituto Nacional Electoral plazos y formas distintas para la entrega del material electoral; y, iii) que en su caso, el consejo general encargará a una institución académica o técnica la certificación de las características y la calidad del líquido indeleble que ha de ser usado en la jornada electoral.

Así, el precepto impugnado omite precisar quién será el personal autorizado encargado de hacer la entrega del material y la documentación electoral, ni prevé disposición en caso de renuncia o incumplimiento de sus funciones. Asimismo, omite señalar qué integrantes de los consejos electorales participarán en la entrega del material o la forma en que lo harán, y tampoco incluye a los representantes de los partidos políticos y de los candidatos independientes al participar en este proceso, todo lo cual transgrede los principios de legalidad y seguridad jurídica que rigen la materia electoral.

Aumenta la incertidumbre el hecho de que el precepto contemple la posibilidad de que el Instituto Electoral Local pueda convenir con el Instituto Nacional Electoral plazos y formas distintas para la entrega del material electoral, pues de actualizarse cualquiera de ambos supuestos, ello no garantiza un manejo correcto del material electoral, situación que contraviene los principios de objetividad y certeza.

Lo anterior contraviene los principios de objetividad y certeza, en la medida en que no evitan situaciones conflictivas en la etapa previa de la elección sino que se provocan, porque no se conoce con seguridad cómo la norma incidirá en los derechos de los partidos y precandidatos al establecer, vía convenio, plazos y formas distintas para la entrega del material.

Por último, el precepto transgrede el principio de seguridad jurídica, al mencionar que el Consejo General del Instituto Electoral Local, en su caso, encargará a una institución académica prestigiosa la certificación de las características y la calidad del líquido indeleble que será usado en la jornada electoral, puesto que no existe seguridad de que se realice la certificación. Tampoco el precepto hace alusión a las condiciones de cuidado del líquido indeleble, el responsable de resguardar los envases que lo contengan, en qué momento sería la certificación o cuáles son los parámetros de selección de la institución académica encargada de realizar la certificación.

CUARTO.-Admisiones y trámite. Por acuerdo de tres de julio de dos mil diecisiete, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar los expedientes y decretó su acumulación; por razón de turno, designó al Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea como instructor del procedimiento.

Por acuerdo de cuatro de julio de dos mil diecisiete, el Ministro instructor admitió a trámite las acciones, dio vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo de Michoacán de Ocampo para que rindieran el informe correspondiente, solicitó al presidente del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán que informara sobre la fecha de inicio del proceso electoral respectivo y solicitó a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y al procurador general de la República sus opiniones.

QUINTO.-Informe sobre el inicio de los procesos electorales. El presidente del Instituto Electoral de Michoacán, en su carácter de representante legal de dicho instituto, informó que el proceso electoral ordinario correspondiente al periodo 2017-2018, dará inicio la primera semana de septiembre de dos mil diecisiete.(1)

SEXTO.-Informes de las autoridades emisora y promulgadora de la norma impugnada.

I. El Congreso del Estado de Michoacán señaló en su informe lo siguiente:

1) Respecto a la acción de inconstitucionalidad 53/2017:

- El Partido del Trabajo carece de interés legítimo para comparecer a juicio por no reunir los requisitos que contempla el artículo 105, fracción II, inciso f), de la Constitución General. Aunado a ello, el hecho de que el artículo 105 constitucional reconozca la legitimación a los partidos políticos para promover controversia constitucional no se traduce en que la Suprema Corte pueda realizar un análisis de constitucionalidad de las normas y actos impugnados, desvinculándolos del ámbito competencial del promovente, por ende, si el Partido del Trabajo promueve controversia constitucional en contra de una norma que resulta ajena a su ámbito competencial, es dable concluir que no tiene interés legítimo para inconformarse.

- En cuanto al concepto de invalidez relativo a la violación en el procedimiento legislativo, el Congreso Local señala que debe sobreseerse en la acción de inconstitucionalidad, por controvertir normas que rigen el quehacer legislativo; los artículos 226 y 247 impugnados de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Michoacán son ajenos a la esfera de atribuciones del partido promovente, por lo que carece de interés legítimo.

- La violación referente a que la sesión de veintinueve de mayo de dos mil diecisiete fue convocada sin anexar el orden del día, el cual no fue enviado sino hasta el día veintiocho de mayo vía electrónica sin la clave electrónica del presidente de la Mesa Directiva del Congreso, resulta improcedente, puesto que el Decreto 366, que reformó diversas disposiciones del Código Electoral del Estado de Michoacán se apegó al procedimiento que señala la Ley Orgánica de Procedimientos del Congreso Local.

El veintisiete de mayo de dos mil diecisiete, vía correo electrónico, la Secretaría de Servicios Parlamentarios distribuyó a los integrantes de la actual Legislatura el proyecto del acta número 73 y el dictamen que contenía el proyecto de Decreto que reforma el Código Electoral de Michoacán, asuntos que fueron tratados en la sesión del veintinueve de mayo.

Por lo que hace a la violación consistente en que no se circuló el dictamen con proyecto de decreto ni se publicó en la Gaceta Parlamentaria sino hasta el momento de iniciar la sesión, también resulta improcedente porque todos los diputados, en particular, los integrantes del Partido del Trabajo, tuvieron conocimiento del contenido de los asuntos a tratar en dicha sesión, con treinta y seis horas de anticipación, e incluso participaron en el debate, según consta en el Diario de Debates de veintinueve de mayo.

- En relación con el segundo concepto de invalidez, resulta improcedente, toda vez que los artículos 174 y 175 del Código Electoral Local, no son contrarios a la Constitución ni vulneran derecho humano alguno, sino que están armonizados al Texto Constitucional y a la Ley General de Procedimientos e Instituciones Electorales, puesto que garantizan la proporcionalidad de todos los participantes en la contienda electoral para que quede debidamente integrado el Congreso del Estado. En consecuencia, se garantiza el derecho de votar y ser votado de los ciudadanos.

Las normas impugnadas se traducen en la proporción real de la parte de los sufragios, previsión que beneficia a todos los partidos políticos y candidatos que obtengan constancias de mayoría relativa, por lo que si bien esos sufragios son votación válida, forman parte de la votación efectiva para efectos de la fórmula de asignación por el principio de proporcionalidad, por lo que con ello existe una debida protección a los ciudadanos.

2) Respecto a la acción de inconstitucionalidad 57/2017:

- El primer concepto de invalidez que cuestiona el artículo 46, párrafos segundo y cuarto, del Código Electoral Local, resulta improcedente.

De acuerdo con el artículo 16 constitucional, para que una autoridad pueda ser competente debe haber sido creada por quien constitucionalmente tenga facultades para ello, por lo que, en primer lugar, debe estar prevista en la Constitución Federal y, de forma particular, en la Constitución del Estado de Michoacán, la cual establece las facultades de esas autoridades o Poderes.

En este sentido, el artículo 44, fracción XXIII, inciso c), de la Constitución Local establece que el Congreso del Estado tiene la atribución de elegir y destituir del encargo al titular de los órganos de control de los organismos autónomos previstos en el capítulo I del título tercero de este ordenamiento, entre los que se encuentra el Instituto Electoral de Michoacán, previsto en el artículo 98.

Por tales razones, resultan improcedentes los planteamientos del accionante, puesto que el artículo 46 del Código Electoral Local, se encuentra armonizado con la propia Constitución, y en particular con el artículo 487 de la Ley General de Procedimientos e Instituciones Electorales, que prevé que la Cámara de Diputados designe al titular del órgano interno de control del Instituto Nacional Electoral.

Asimismo, la Constitución General, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como diversas disposiciones reglamentarias garantizan la autonomía técnica y de gestión del titular del órgano de control, por lo que no se estaría afectando la autonomía del Instituto Electoral de Michoacán.

- Por lo que hace al segundo concepto de invalidez que controvierte el artículo 163, párrafo tercero, del Código Electoral del Estado de Michoacán, también resulta improcedente, porque dicho precepto se encuentra armonizado con la Constitución General y con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, aunado a que tal precepto da certeza, legalidad e igualdad, y no vulnera derecho humano alguno.

- En cuanto al tercer concepto de invalidez en el que se impugna el artículo 175, párrafo primero, del Código Electoral del Estado de Michoacán, resulta improcedente, pues si bien tal precepto señala que la votación estatal válida es aquella que resulta de deducir de la totalidad de los votos depositados en la urna, los votos nulos y de los candidatos no registrados e independientes, tal fórmula no adquiere la connotación que pretende el accionante, ni transgrede la Constitución.

Además, el artículo 54 constitucional garantiza que todo partido político que alcance por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida por las listas regionales de las listas regionales (sic) de las circunscripciones plurinominales tendrá derecho a la asignación de diputados por el principio de representación proporcional, debiéndose observar los parámetros previstos a nivel federal, para garantizar así que los partidos políticos cuenten con un grado de representatividad que debe ser acorde con su presencia y fuerza electoral.

- Por último, el cuarto concepto de invalidez que cuestiona la constitucionalidad del artículo 196, párrafos primero y cuarto, del Código Electoral del Estado de Michoacán, es improcedente, porque está armonizado de acuerdo con lo señalado por la Constitución y la Ley General de Procedimientos e Instituciones Electorales.

II. El gobernador del Estado de Michoacán sostuvo lo siguiente:

- Es cierto que promulgó y publicó el decreto que se impugna, por acatamiento del artículo 61, fracción I, de la Constitución Local.

- Los preceptos que se controvierten en las acciones promovidas por los partidos políticos no son inconstitucionales. Los artículos 174 y 175 del Código Electoral Local está

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27711-9792aefe/i-accion-de-inconstitucionalidad-en-materia-electoral-las · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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