I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LOS PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES Y NACIONALES CON REGISTRO TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA LEYES DE CARÁCTER GENERAL (LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL). II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL EQUIVALENTE AL TREINTA Y TRES POR CIENTO DE LOS INTEGRANTES DE LA CÁMARA DE SENADORES TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO B), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL). III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEFINICIÓN DE LA MATERIA ELECTORAL PARA EFECTOS DE SU PROCEDENCIA (LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL). IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE (LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL). V. PRINCIPIO PRO ACTIONE. EN SU APLICACIÓN A CASOS EN LOS QUE NO EXISTA CLARIDAD RESPECTO A SI UN ASUNTO ES O NO JUSTICIABLE, DEBERÁ PREFERIRSE LA PROTECCIÓN DEL DERECHO DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN (LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL). VI. TUTELA JUDICIAL EFECTIVA, EN SU DIMENSIÓN DE ACCESO A LOS RECURSOS. MARCO NORMATIVO (LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL). VII. TUTELA JUDICIAL EFECTIVA Y ACCESO A LA JURISDICCIÓN. LA POTESTAD QUE OTORGA AL LEGISLADOR EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL PARA FIJAR LOS REQUISITOS PROCESALES NO ES ILIMITADA, DEBE TENER SUSTENTO CONSTITUCIONAL (LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL). VIII. DERECHO A SER VOTADO, EN SU DIMENSIÓN DE ACCESO Y DESEMPEÑO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. MARCO NORMATIVO (LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL). IX. DERECHOS DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA. EL ARTÍCULO 35 CONSTITUCIONAL GARANTIZA EL ACCESO EN CONDICIONES DE IGUALDAD A LOS CARGOS PÚBLICOS Y GARANTIZA EL MANTENIMIENTO EN AQUÉLLOS SIN PERTURBACIONES ILEGÍTIMAS (LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL). X. TUTELA JUDICIAL DEL DERECHO DE ACCESO Y DESEMPEÑO DE LA FUNCIÓN PARLAMENTARIA (IUS IN OFFICIUM). LOS ACTOS PARLAMENTARIOS INTRALEGISLATIVOS SUSCEPTIBLES DE LESIONAR ALGÚN DERECHO FUNDAMENTAL PUEDEN SER SOMETIDOS A CONTROL JURISDICCIONAL EN LOS CASOS QUE NO SE EJERZA UNA FACULTAD DISCRECIONAL DE CARÁCTER EMINENTEMENTE POLÍTICO (LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL). XI. TUTELA JUDICIAL DEL DERECHO DE ACCESO Y DESEMPEÑO DE LA FUNCIÓN PARLAMENTARIA (IUS IN OFFICIUM). LA IMPROCEDENCIA ABSOLUTA DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN CONTRA DE CUALQUIER ACTO PARLAMENTARIO DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, SU COMISIÓN PERMANENTE O CUALQUIERA DE SUS CÁMARAS, EMITIDO POR SUS ÓRGANOS DE GOBIERNO, COMO LOS CONCERNIENTES A LA INTEGRACIÓN, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO INTERNO DE SUS ÓRGANOS Y COMISIONES LEGISLATIVAS, VULNERA LOS DERECHOS DE AUDIENCIA, DEBIDA DEFENSA, PROTECCIÓN JUDICIAL, TUTELA JUDICIAL EFECTIVA, ACCESO A LA JUSTICIA Y A UN RECURSO EFECTIVO DE LAS PERSONAS PARLAMENTARIAS [INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 10, PÁRRAFO 1, INCISO H), DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL]. XII. TUTELA JUDICIAL DEL DERECHO DE ACCESO Y DESEMPEÑO DE LA FUNCIÓN PARLAMENTARIA (IUS IN OFFICIUM). LOS ACTOS INTRAPARLAMENTARIOS PUEDEN O NO SER RECURRIBLES EN SEDE JUDICIAL EN ATENCIÓN A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LOS DERECHOS VULNERADOS [INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 10, PÁRRAFO 1, INCISO H), DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL]. XIII. FUNCIÓN PARLAMENTARIA. REQUISITOS PARA SU TUTELA JUDICIAL [INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 10, PÁRRAFO 1, INCISO H), DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL]. XIV. TUTELA JUDICIAL DEL DERECHO DE ACCESO Y DESEMPEÑO DE LA FUNCIÓN PARLAMENTARIA (IUS IN OFFICIUM). LA IMPROCEDENCIA ABSOLUTA DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN CONTRA DE CUALQUIER ACTO PARLAMENTARIO DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, SU COMISIÓN PERMANENTE O CUALQUIERA DE SUS CÁMARAS, EMITIDO POR SUS ÓRGANOS DE GOBIERNO, COMO LOS CONCERNIENTES A LA INTEGRACIÓN, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO INTERNO DE SUS ÓRGANOS Y COMISIONES LEGISLATIVAS, CONSTITUYE UNA BARRERA SOBREINCLUSIVA QUE LIMITA LA PROCEDENCIA DE DICHOS MEDIOS SOBRE CUALQUIER ACTO INTERNO DEL CONGRESO DE LA UNIÓN [INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 10, PÁRRAFO 1, INCISO H), DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL]. XV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS [INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 10, PÁRRAFO 1, INCISO H), DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL].
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 62/2022 Y SU ACUMULADA 77/2022. PARTIDO POLÍTICO MOVIMIENTO CIUDADANO Y DIVERSOS INTEGRANTES DE LA SEXAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA DE LA CÁMARA DE SENADORES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN. 22 DE AGOSTO DE 2022. PONENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIO: LUIS ALBERTO TREJO OSORNIO.
ÍNDICE TEMÁTICO
Ver índice temático
Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintidós de agosto de dos mil veintidós, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 62/2022 y su acumulada 77/2022, promovidas en contra del artículo 10, numeral 1, inciso h), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, adicionado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de abril de dos mil veintidós. Con dicho precepto se agregó una causal de improcedencia a los medios de impugnación de la competencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en los siguientes términos:
"Artículo 10.
"1. Los medios de impugnación previstos en esta ley serán improcedentes en los siguientes casos:
"...
"h) Cuando se pretenda impugnar cualquier acto parlamentario del Congreso de la Unión, su Comisión Permanente o cualquiera de sus Cámaras, emitido por sus órganos de gobierno, como los concernientes a la integración, organización y funcionamiento internos de sus órganos y comisiones legislativas."
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Presentación de la acción de inconstitucionalidad 62/2022, promovida por el partido político Movimiento Ciudadano. Mediante escrito depositado el veintiséis de abril de dos mil veintidós en el buzón judicial automatizado del edificio sede de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Dante Alfonso Delgado Rannauro, Benjamín Alamillo González, Ana Lucía Baduy Valles, Rubén Isaac Barrios Ochoa, Jacobo David Cheja Alfaro, Priscilla Franco Barba, Martha Patricia Herrera González, Tabita Ortiz Hernández, Lucía Alejandra Puente García y Juan Ignacio Zavala Gutiérrez, ostentándose como coordinador, integrantes y secretario general de Acuerdos, respetivamente, de la Comisión Operativa Nacional del Partido Político Movimiento Ciudadano, promovieron acción de inconstitucionalidad, solicitando la invalidez del artículo 10, numeral 1, inciso h), de la Ley General del Sistemas de Medios de Impugnación en Materia Electoral, adicionado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de abril de dos mil veintidós.
2. Conceptos de invalidez del partido político Movimiento Ciudadano. En su escrito inicial, los accionantes alegaron vulnerados los artículos 1o., 14, 16, 17, 35, 41, 72, 99 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los diversos 8, 23 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Al respecto, expusieron los conceptos de invalidez siguientes:
a. Primero. Violaciones al principio de legalidad. El decreto impugnado viola el principio de legalidad, por contravenir directamente la interpretación que realizó la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre los artículos 1o., 17, 41, base VI, y 116, fracción IV, inciso l), de la Constitución General, así como de los diversos 8, 23 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en la jurisprudencia 2/2022, de rubro: "ACTOS PARLAMENTARIOS. SON REVISABLES EN SEDE JURISDICCIONAL ELECTORAL, CUANDO VULNERAN EL DERECHO HUMANO DE ÍNDOLE POLÍTICO-ELECTORAL DE SER VOTADO, EN SU VERTIENTE DE EJERCICIO EFECTIVO DEL CARGO Y DE REPRESENTACIÓN DE LA CIUDADANÍA."
El partido político Movimiento Ciudadano sostiene que el decreto impugnado vulnera el principio de legalidad, al impedir en términos absolutos el ejercicio de todo medio de impugnación en materia electoral en contra de actos parlamentarios, esto es, que la limitación total de revisar la constitucionalidad de los actos internos del Congreso rompe con el texto del artículo 99 constitucional, ya que la prohibición absoluta en ese tema remueve la facultad del Tribunal Electoral como la máxima autoridad jurisdiccional en la materia (con excepción de lo dispuesto en el precepto 105, fracción II, de la Ley Fundamental).
b. Segundo. Violaciones al principio de independencia judicial. La adición a la Ley General del Sistemas de Medios de Impugnación en Materia Electoral viola el principio de independencia judicial, pues configura una intromisión del Poder Legislativo hacia el Poder Judicial, específicamente, en la forma en cómo ejerce sus atribuciones jurisdiccionales en materia electoral.
De igual forma, se recuerda que es criterio de este Alto Tribunal que el artículo 116, fracción III, constitucional, instituye el deber del legislador de establecer y garantizar la autonomía e independencia judicial, lo que se traduce en el mandato constitucional de garantizar esos contenidos que, a su vez, significa para el legislador ordinario un principio general que presume la necesaria permanencia de los elementos y las previsiones existentes, bajo una exigencia razonable de no regresividad; criterio que incumple el decreto impugnado, al evitar el ejercicio de la jurisdicción de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre los actos parlamentarios, aun cuando su procedencia se encontraba establecida en su jurisprudencia.
c. Tercero. Violaciones al principio de división de poderes. El partido Movimiento Ciudadano sostiene que la reforma impugnada atenta contra el principio de división de poderes previsto en el artículo 49 de la Constitución General, pues limita las facultades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
d. Cuarto. Afectaciones al orden democrático. La norma impugnada vulnera el orden democrático mexicano (integrado por la obligación del Estado Mexicano de proteger la participación de la ciudadanía en la vida pública y en la democracia del país).
Así, sostiene que el decreto impugnado viola los derechos de votar y de ser votado, así como el de acceso y ejercicio al cargo público en condiciones de igualdad, pues existen múltiples actos parlamentarios emanados del Congreso de la Unión o de sus Cámaras, emitidos por sus órganos de gobierno, concernientes a la integración, organización y funcionamiento internos de sus órganos y comisiones legislativas, que pueden afectar derechos político-electorales de la ciudadanía o el sistema democrático en sí mismo; por tanto, no existe justificación para que esos actos, cuando se constituyan como decisiones eminentemente jurídicas que puedan tener una incidencia en los derechos político-electorales, no puedan protegerse vía jurisdiccional.
Lo anterior, porque la norma impugnada hace una limitación indebida del artículo 99 constitucional que prevé las atribuciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como máxima autoridad jurisdiccional de la materia para tutelar los derechos político-electorales en casos concretos. Además, ese límite también veda el derecho de las personas a ser debidamente representadas por sus representantes electos democráticamente.
e. Quinto. Violación al derecho a la justicia. La adición normativa impugnada incumple con la obligación del Estado Mexicano de prever un recurso judicial efectivo en contra de actos parlamentarios que resulten violatorios de los derechos político-electorales (particularmente de las minorías). En consecuencia, también considera vulnerados los derechos de audiencia, debida defensa, protección judicial, tutela judicial efectiva, acceso a la justicia y a un recurso efectivo.
De este modo, Movimiento Ciudadano arguye que la reforma impugnada impide de forma total el ejercicio de los recursos judiciales en asuntos parlamentarios con implicaciones eminentemente constitucionales y electorales, lo cual es contrario a la Constitución General y a la Convención Americana de Derechos Humanos.
En este sentido, apoyándose en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (particularmente en el Caso Castañeda Gutman Vs. México), considera que el Estado Mexicano se encuentra obligado a contemplar un recurso efectivo que permita a las personas impugnar los actos que consideren violatorios de sus derechos humanos.
Por tanto, la reforma impugnada impide la tutela de los actos parlamentarios con implicaciones electorales y, por el contrario, declara improcedente la judicialización de estos actos en forma genérica y abstracta, lo cual restringe el derecho a un recurso judicial efectivo.
f. Sexto. Violaciones al principio de progresividad. Finalmente, considera que existe una violación al principio de progresividad, con motivo de la regresión del estándar de garantía de derechos político-electorales establecido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia 2/2022, de rubro: "ACTOS PARLAMENTARIOS. SON REVISABLES EN SEDE JURISDICCIONAL ELECTORAL, CUANDO VULNERAN EL DERECHO HUMANO DE ÍNDOLE POLÍTICO-ELECTORAL DE SER VOTADO, EN SU VERTIENTE DE EJERCICIO EFECTIVO DEL CARGO Y DE REPRESENTACIÓN DE LA CIUDADANÍA.", sin que la autoridad legislativa haya justificado plenamente esa decisión.
3. Admisión y trámite de la acción de inconstitucionalidad 62/2022. Por acuerdo de veintinueve de abril de dos mil veintidós, el Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo por recibido el escrito de demanda y sus anexos; ordenó formar el expediente físico y electrónico de la presente acción de inconstitucionalidad bajo el número 62/2022, y lo turnó al Ministro Luis María Aguilar Morales, para que fungiera como instructor del procedimiento.
4. Posteriormente, ante la ausencia justificada del Ministro instructor, mediante acuerdo de once de mayo de dos mil veintidós el Ministro presidente envió los autos al Ministro Javier Laynez Potisek, a efecto de que continuara con la tramitación hasta en tanto el Ministro instructor se reincorporara a sus actividades.
5. El once de mayo de dos mil veintidós, el Ministro Javier Laynez Potisek, en suplencia del Ministro instructor Luis María Aguilar Morales, reconoció personalidad a los promoventes y admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad; asimismo, ordenó dar vista al Poder Ejecutivo Federal, así como a las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, a efecto de que rindieran su informe y remitieran copia certificada de los antecedentes legislativos de la norma general impugnada.
6. De igual forma, ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República para que formulara el pedimento que a su representación correspondiera; asimismo, solicitó al presidente del Instituto Nacional Electoral, copia certificada de los estatutos vigentes del partido político accionante, una certificación de su registro vigente y que precisara la integración del órgano de dirección nacional a la fecha de presentación de la demanda; finalmente, solicitó a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación expresara su opinión en relación con este medio de control constitucional.
7. Comienzo del próximo proceso electoral. Mediante oficio número INE/DJ/5889/2022, recibido el dieciséis de mayo de dos mil veintidós, el director jurídico del Instituto Nacional Electoral desahogó el requerimiento formulado en autos, al remitir copia certificada de los estatutos y del registro vigente, así como una certificación de la integración de la Comisión Operativa Nacional, todas referentes al partido político nacional Movimiento Ciudadano.
8. Mediante proveído de dieciséis de mayo de dos mil veintidós, el Ministro presidente devolvió los autos al Ministro instructor para que continuara con el trámite correspondiente y, por auto de dieciséis de mayo siguiente, el Ministro instructor tuvo al Instituto Nacional Electoral desahogando el requerimiento formulado en autos; asimismo, lo requirió a efecto de que informara la fecha en que comenzará el próximo proceso electoral.
9. Mediante oficio número INE/DJ/6234/2022, recibido el veintitrés de mayo de dos mil veintidós, el director jurídico del Instituto Nacional Electoral desahogó el requerimiento formulado en autos, al informar que el proceso electoral federal ordinario comenzará en septiembre del año previo de la elección, esto es, en septiembre de dos mil veintitrés, refiriendo que, para el siguiente año, también se realizarán dos procesos electorales locales en los Estados de México y Coahuila, los que comenzarán en el mes de enero de dos mil veintitrés, de conformidad con sus respectivas legislaciones locales.
10. Presentación de la acción de inconstitucionalidad 77/2022, promovida por diversos integrantes de la Sexagésima Quinta Legislatura de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. Mediante escrito depositado el diecinueve de mayo de dos mil veintidós en el buzón judicial automatizado del edificio sede de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, diversos integrantes de la Sexagésima Quinta Legislatura de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión promovieron acción de inconstitucionalidad, solicitando la invalidez del inciso h) del numeral 1 del artículo 10 de la Ley General del Sistemas de Medios de Impugnación en Materia Electoral, adicionado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de abril de dos mil veintidós.
11. Conceptos de invalidez de los integrantes de la Sexagésima Quinta Legislatura de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. En su escrito inicial, los senadores accionantes alegaron vulnerados los artículos 1o., 14, 16, 17, 35, 41, 72, 99 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los diversos 8, 23 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Al respecto, expusieron los conceptos de invalidez siguientes:
a. Primero. La norma general impugnada es violatoria del principio de acceso a la justicia en su vertiente de disponibilidad de un recurso efectivo. Sostienen que la norma impugnada es inconstitucional por ser contraria a la obligación del Estado Mexicano de contemplar un recurso judicial efectivo disponible para cualquier legisladora o legislador en funciones con la finalidad de que accedan a la protección judicial frente a actos u omisiones de autoridad intraparlamentarios, que resulten violatorios de sus derechos político-electorales, entre ellos, el derecho a ser votado en su vertiente del desempeño del cargo, conforme a las atribuciones y las prerrogativas que le corresponden.
La norma general impugnada intenta, de forma genérica y abstracta, anular que las personas integrantes del Poder Legislativo Federal accedan a un recurso para controvertir en sede judicial aquellos actos u omisiones intralegislativas que consideren violan sus derechos político-electorales, lo que transgrede en automático los derechos de acceso a la justicia, protección judicial, tutela judicial efectiva, debido proceso y garantía de audiencia, protegidos en el artículo 17 de la Constitución General, así como en los diversos 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
b. Segundo. La norma general impugnada es violatoria de los principios de legalidad e independencia judicial. El decreto impugnado es violatorio de los principios de legalidad e independencia judicial, pues pretende desconocer la interpretación directa que los tribunales constitucionales le han dado a la Norma Fundamental y atenta contra la doctrina jurisprudencial que ha sido desarrollada por el Poder Judicial de la Federación.
Esto último se sostiene porque la jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación número 2/2022, de rubro: "ACTOS PARLAMENTARIOS. SON REVISABLES EN SEDE JURISDICCIONAL ELECTORAL, CUANDO VULNERAN EL DERECHO HUMANO DE ÍNDOLE POLÍTICO-ELECTORAL DE SER VOTADO, EN SU VERTIENTE DE EJERCICIO EFECTIVO DEL CARGO Y DE REPRESENTACIÓN DE LA CIUDADANÍA.", surge de una interpretación constitucional directa de los artículos 1o., 17, 41, base VI, y 116, fracción IV, inciso l), de la Constitución General y de los numerales 8, 23 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por lo que se debe de considerar una extensión de la Constitución.
Lo anterior es un atentado a la independencia personal de los Magistrados de la Sala Superior y a la independencia colectiva del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, toda vez que se actualiza un interés extraño, en términos de la tesis de este Alto Tribunal P. XIII/2006, de rubro: "INDEPENDENCIA JUDICIAL. LOS DERECHOS QUE ASISTEN AL TITULAR DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL TIENDEN A GARANTIZAR QUE RESUELVA SIEMPRE CONFORME A DERECHO, SIN INFLUENCIAS AJENAS."
Asimismo, existe una violación del principio de legalidad al momento en que la reforma impugnada impide el ejercicio de todo medio de impugnación en materia electoral en contra de actos parlamentarios, pues el Tribunal Electoral es la máxima autoridad en la materia. Es decir, la norma impugnada genera una modificación unilateral de la Constitución.
c. Tercero. La norma general impugnada es violatoria del principio de división de poderes. Si bien el principio de división de poderes no opera de manera rígida sino flexible, tal flexibilidad no puede llegar al extremo de que uno de los Poderes interfiera, a través del ejercicio de sus facultades, haciendo nugatoria la función de otro. En relación con el caso concreto, el Poder Legislativo articuló, a través de la reforma impugnada, un mecanismo para anular la atribución constitucional exclusiva del Tribunal Electoral, consistente en revisar los actos intralegislativos que se sometan a control judicial por los legisladores que consideren vulnerados sus derechos político-electorales.
Al incluir la causal de improcedencia impugnada, el legislador atenta de manera directa en contra del principio de división de poderes en virtud de que se trata de la anulación de las atribuciones del Tribunal Electoral a través del ejercicio competencial de otro Poder (Legislativo).
d. Cuarto. La norma general impugnada es violatoria del principio de no regresividad en la protección de los derechos humanos. Lo anterior, en tanto busca limitar la competencia del Tribunal Electoral, sin acreditar los requisitos para poder hacer una regresión de derechos, toda vez que, no sólo estamos frente a una regresión en el caso en que se prohíbe un derecho o en el caso en que una autoridad deja de realizar una medida que los haga efectivos, sino también cuando se remueve la posibilidad de que se puedan garantizar.
Así, de la exposición de motivos de la iniciativa de la reforma que se impugna, únicamente se aduce como justificante una supuesta vulneración al principio de división de poderes por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sin que se señale algún argumento relacionado con la protección o la maximización de los derechos político-electorales.
De igual forma, mediante la aplicación de una protección constitucional más amplia y progresiva de los derechos humanos, se ha vislumbrado la necesidad de que algunos actos parlamentarios intralegislativos deben ser judicializados para proteger de mejor forma los derechos, es claro entonces que una reforma posterior no puede acotarlos o limitarlos injustificadamente.
e. Quinto. La norma general impugnada impacta de manera directa en el orden democrático plasmado en la Constitución Federal. La minoría parlamentaria accionante sostiene que la reforma impugnada afecta al orden democrático, en la medida en que ésta implica la participación política directa e indirecta y, en general, el derecho de la ciudadanía a participar en la cosa pública.
En primer lugar, se afecta el derecho a ser votado, pues la reforma impugnada es una limitación indebida al artículo 99 constitucional, ya que el Tribunal Electoral es la máxima autoridad electoral junto con la Suprema Corte, de manera que la norma impugnada violenta su facultad de tutelar los derechos políticos, lo cual impacta en el orden democrático que protege la Norma Fundamental. Se trata de una limitación absoluta de revisar la constitucionalidad de los actos internos del Congreso que vulnera el derecho a ser votado y a acceder y ejercer el cargo público en condiciones de igualdad. Asimismo, en segundo lugar, el derecho a ser votado no se agota con el proceso electivo, sino que comprende el derecho a permanecer en el cargo y ejercer las funciones que le son inherentes. De la misma forma, el derecho a votar de la ciudadanía no se limita al ejercicio del voto el día de la jornada electoral, sino que comprende el derecho a que su voluntad se vea verdaderamente reflejada en las personas que eligieron, a fin de que sean debidamente representadas por la fuerza política que eligieron al interior de los órganos legislativos.
Existen múltiples actos parlamentarios, emanados del Congreso de la Unión o sus Cámaras, emitidos por sus órganos de gobierno, concernientes a la integración, la organización y el funcionamiento internos de sus órganos y Comisiones Legislativas, que pueden afectar derechos político-electorales de la ciudadanía, o el sistema democrático en sí, y limitar su protección mediante un recurso efectivo, transgrede los derechos político-electorales de la ciudadanía.
Finalmente, la norma general también afecta los derechos político-electorales de las minorías parlamentarias, dado que tiene como efecto el someter a un trato desigual respecto al ejercicio de sus derechos político-electorales a dichas minorías, como el participar efectivamente en órganos de representación como la Comisión Permanente, en la que, como agrupación de legisladores con una diversidad en cuanto a la pluralidad ideológica que los caracteriza, puedan hacer valer el ejercicio de su derecho a la representación parlamentaria, con lo cual desempeñen eficaz y efectivamente el cargo legislativo, así como que hagan valer sus derechos de libre expresión y de asociación política, sin temor a que sean discriminados o señalados por no pertenecer a alguna agrupación partidista.
En consecuencia, las minorías parlamentarias se verían afectadas en el ejercicio efectivo de sus derechos político-electorales, toda vez que los órganos de gobierno del Congreso de la Unión, gobernado normalmente por las mayorías, tendrían una facultad discrecional para limitar la participación de sus integrantes en la Comisión Permanente u otros órganos del Congreso, no obstante que muchos de éstos, como la Comisión Permanente, son órganos de representación y no de gobierno, teniendo un efecto discriminatorio frente a las minorías parlamentarias quienes con dicha norma, estarían siendo impedidas de defenderse de violaciones a sus derechos político-electorales (como el de asociación, libertad de expresión o, incluso, el de desempeño de sus funciones parlamentarias en igualdad de condiciones).
12. Admisión y trámite de la acción de inconstitucionalidad 77/2022. Por acuerdo de veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, el Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo por recibido el escrito de demanda y los anexos presentados por la minoría parlamentaria; ordenó formar el expediente físico y electrónico de la acción de inconstitucionalidad bajo el número 77/2022 y, dado que existe identidad respecto del decreto controvertido entre la demanda promovida por los senadores y la diversa acción de inconstitucionalidad 62/2022, presentada por el partido político Movimiento Ciudadano, decretó la acumulación entre ambos medios de control constitucional; y, consecuentemente, turnó el asunto al Ministro Luis María Aguilar Morales, designado como instructor en el primero de los asuntos.
13. El veinticinco de mayo de dos mil veintidós, el Ministro instructor reconoció personalidad a los senadores promoventes y admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad; asimismo, ordenó dar vista al Poder Ejecutivo Federal, así como a las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, a efecto de que rindieran su informe.
14. De igual forma, ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República para que formulara el pedimento que a su representación correspondiera.
15. Informes de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. Mediante escritos depositados el dieciocho de mayo y el seis de junio de dos mil veintidós en el buzón judicial automatizado del edificio sede de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión rindió los informes correspondientes en representación de la citada autoridad legislativa. Esencialmente, sostuvo que:
a. En términos de los artículos 41, base VI, párrafo primero, y 99 de la Constitución General, el sistema de medios de impugnación en materia electoral tiene un escrutinio acotado, sin que en ninguna de las disposiciones referidas se ubique la facultad para revisar la constitucionalidad y la legalidad de los actos parlamentarios emitidos por el Congreso de la Unión.
b. Los actos parlamentarios no trascienden más allá de la organización interna del órgano legislativo y, por ende, no afectan de manera directa e inmediata el derecho político-electoral a ser votado, en las modalidades de acceso y ejercicio inherente del cargo o de participación en la vida política del país. De esta manera, los actos parlamentarios corresponden exclusivamente al Poder Legislativo en ejercicio de su soberanía y autonomía, los cuales no pueden ser revisables en sede judicial, para preservar el equilibrio entre los Poderes de la Unión.
c. El decreto combatido no transgrede el principio de independencia judicial, en virtud de que no afecta, restringe o menoscaba las garantías que tiene el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para resolver de forma independiente los asuntos que tiene a su cargo. Tampoco el derecho de contar con un recurso sencillo y rápido, puesto que el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales no constituye en sí mismo una violación a tal derecho humano.
d. Finalmente, la alegada inconstitucionalidad por vulneración del principio de progresividad se hace depender del criterio jurisprudencial 2/2022, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; sin embargo, la inconstitucionalidad de una norma general surge de su contradicción con algún precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no de su oposición a un criterio jurisprudencial.
16. Informes de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Mediante escritos depositados el diecinueve de mayo y el nueve de junio de dos mil veintidós en el buzón judicial automatizado del edificio sede de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, rindió informes en representación de la citada autoridad legislativa, en los términos siguientes:
a. De conformidad con los artículos 19, fracción IX, y 62, último párrafo, de la ley reglamentaria, en relación con el diverso 105, fracción II, inciso f), de la Constitución General, la acción de inconstitucional promovida por Movimiento Ciudadano resulta improcedente porque el decreto impugnado no reviste naturaleza electoral.
b. El decreto impugnado no viola el principio de legalidad, pues los artículos 41, base VI, 73, fracción XXXI, y 99, fracción V, de la Constitución General, otorgan al Congreso de la Unión la facultad de expedir la ley que regule el sistema de medios de impugnación. Tampoco se vulnera el principio de independencia judicial, puesto que la norma impugnada no tuvo por objeto regular el nombramiento, duración en el cargo, remuneraciones y demás aspectos relevantes de los derechos y las obligaciones de los titulares de los órganos jurisdiccionales.
c. El legislador democrático, en ejercicio de sus facultades de configuración normativa puede establecer las condiciones procesales de acceso a esos medios, pues incluso dicha estructura procesal permite proteger otros bienes constitucionales, como la seguridad jurídica y la igualdad procesal de las partes. Del mismo modo, el principio de progresividad no tiene el alcance de que un determinado órgano jurisdiccional se otorgue a sí mismo, una competencia que la Constitución Federal no le reconoce. Aunado a esto, tal principio no resulta aplicable, pues el decreto modifica aspectos adjetivos y no algún derecho subjetivo.
17. Informes del Poder Ejecutivo Federal. Mediante escritos depositados el diecinueve de mayo y el siete de junio de dos mil veintidós en el buzón judicial automatizado del edificio sede de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, rindió informes en representación de ese poder, en los términos siguientes:
a. La modificación normativa impugnada no controvierte el principio de legalidad, ya que deriva de la facultad exclusiva conferida en la Constitución General al Congreso de la Unión para expedir la ley que regula su estructura y funcionamiento internos; asimismo, la propia Norma Fundamental, en sus artículos 41, base VI, y 99, limita las facultades del Tribunal Electoral para conocer únicamente de conflictos en materia electoral y no respecto de actos que deriven del derecho parlamentario.
b. Tampoco se vulnera el principio de independencia del Poder Judicial pues no es posible ampliar su competencia de forma discrecional a través de interpretaciones que no encuentran asidero constitucional ni legal, ya que ello produciría inseguridad jurídica a los justiciables. Mucho menos se restringe el ejercicio de los derechos político-electorales de las personas, pues no se trastocan las garantías para ejercer de manera efectiva un puesto de elección popular.
c. La adición impugnada no constituye una restricción injustificada al derecho de acceso a la justicia, sino el establecimiento de
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31541-e948ebca/i-accion-de-inconstitucionalidad-en-materia-electoral-los · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LOS PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES Y NACIONALES CON REGISTRO TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA LEYES DE CARÁCTER GENERA (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
- I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LOS PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES Y NACIONALES CON REGISTRO TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA LEYES DE CARÁCTER GENERA (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
- I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LOS PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES Y NACIONALES CON REGISTRO TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA LEYES DE CARÁCTER GENERA (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
- I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LOS PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES Y NACIONALES CON REGISTRO TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA LEYES DE CARÁCTER ESTATA (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LOS PLAZOS BREVES PREVISTOS PARA LA SUSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO RIGEN EN AQUELLOS ASUNTOS QUE DEBAN RESOLVERSE DENTRO DE LO (4)
- ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LOS PLAZOS BREVES PREVISTOS PARA LA SUSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO RIGEN EN AQUELLOS ASUNTOS QUE DEBAN RESOLVERSE DENTRO DE LO (25)
- ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LOS PLAZOS BREVES PREVISTOS PARA LA SUSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO RIGEN EN AQUELLOS ASUNTOS QUE DEBAN RESOLVERSE DENTRO DE LO (P./J. 6/2002 )
- LEYES ELECTORALES. LA ÚNICA VÍA PARA IMPUGNARLAS ES LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD.- (61)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis