I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LOS PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES Y NACIONALES CON REGISTRO TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA LEYES DE CARÁCTER GENERAL [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO F), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ (ARTÍCULOS 278, FRACCIÓN VI, 374, 390, 416, FRACCIÓN I, Y 533, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE CAMPECHE). III. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE CAMPECHE. EL HECHO DE QUE NO SE HAYAN ESTABLECIDO ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN ABIERTA PREVIO A LA EMISIÓN DEL DECRETO IMPUGNADO, NO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A DICHO PROCEDIMIENTO (DECRETO NÚMERO 236, MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE CAMPECHE, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL PRIMERO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS). IV. CONSULTA INDÍGENA Y AFROMEXICANA. CUANDO SE TRATE DE MEDIDAS LEGISLATIVAS SUSCEPTIBLES DE AFECTAR LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS Y LAS COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFROMEXICANAS, LOS CONGRESOS LOCALES TIENEN EL DEBER DE ESTABLECER UNA FASE PREVIA PARA CONSULTAR A LOS REPRESENTANTES DE AQUÉLLOS. V. CONSULTA INDÍGENA Y AFROMEXICANA. DEBE CUMPLIR, COMO MÍNIMO, LAS FASES PRECONSULTIVA, INFORMATIVA, DE DELIBERACIÓN INTERNA, DE DIÁLOGO Y DE DECISIÓN. VI. CONSULTA INDÍGENA Y AFROMEXICANA. DEBE CUMPLIR LOS PRINCIPIOS RECTORES DE SER PREVIA, CULTURALMENTE ADECUADA, INFORMADA Y DE BUENA FE CON METODOLOGÍAS, PROTOCOLOS O PLANES BASADOS EN ELLOS. VII. CONSULTA INDÍGENA Y AFROMEXICANA. LAS NORMAS LOCALES QUE MODIFICAN LAS FECHAS RELATIVAS A DIVERSOS ASPECTOS DEL PROCESO ELECTORAL, REDUCEN EL NÚMERO DE INTEGRANTES DE LOS CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPALES Y MODIFICAN LA VOTACIÓN REQUERIDA PARA LA DESIGNACIÓN DE LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DICHOS CONSEJOS, ASÍ COMO ALGUNAS REGLAS PARA SESIONAR, EN PARTICULAR, PARA LOS CASOS DE AUSENCIA DE LAS PERSONAS TITULARES DE LA PRESIDENCIA Y DE LA SECRETARÍA, NO SON SUSCEPTIBLES DE AFECTAR DIRECTAMENTE SUS DERECHOS, POR LO QUE NO DEBIERON CONTAR CON UNA CONSULTA PREVIA (DECRETO NÚMERO 236, MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE CAMPECHE, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL PRIMERO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS). VIII. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. PRINCIPIOS QUE RIGEN EL EJERCICIO DE LA EVALUACIÓN DEL POTENCIAL INVALIDATORIO DE LAS IRREGULARIDADES ACONTECIDAS EN AQUÉL. IX. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE CAMPECHE. CONTEXTO NORMATIVO QUE LO RIGE. X. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE CAMPECHE. ASPECTOS RELEVANTES DEL QUE DIO LUGAR AL DECRETO IMPUGNADO (DECRETO NÚMERO 236, MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE CAMPECHE, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL PRIMERO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS). XI. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE CAMPECHE. EL HECHO DE QUE DEL DIARIO DE DEBATES Y DEL ACTA DE LA SESIÓN SE ADVIERTA QUE LA PRESIDENCIA DEL ÓRGANO LEGISLATIVO DIERA INSTRUCCIONES PARA LA LECTURA DE LA INICIATIVA Y NO ÚNICAMENTE DE LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS RESPECTIVA, NO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A DICHO PROCEDIMIENTO (DECRETO NÚMERO 236, MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE CAMPECHE, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL PRIMERO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS). XII. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE CAMPECHE. EL HECHO DE QUE LA INICIATIVA NO HAYA SIDO TURNADA A LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y CONTROL INTERNO DE LA CONVENCIONALIDAD, NO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A DICHO PROCEDIMIENTO (DECRETO NÚMERO 236, MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE CAMPECHE, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL PRIMERO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS). XIII. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE CAMPECHE. EL HECHO DE QUE EL PROCESO DE DICTAMINACIÓN SE HAYA LLEVADO CON RAPIDEZ, SIN LA DISPONIBILIDAD DEL EXPEDIENTE Y SIN LA OPINIÓN DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL, NO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A DICHO PROCEDIMIENTO (DECRETO NÚMERO 236, MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE CAMPECHE, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL PRIMERO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS). XIV. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE CAMPECHE. EL HECHO DE QUE LOS CAMBIOS A ALGUNOS PRECEPTOS SE HAYAN INDICADO EN EL DICTAMEN SOMETIDO A CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA, NO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A DICHO PROCED
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 146/2023 Y SUS ACUMULADAS 148/2023, 149/2023 Y 150/2023. PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y MOVIMIENTO CIUDADANO. 10 DE OCTUBRE DE 2023. PONENTE: MINISTRO ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. SECRETARIAS: SUSANA ITZEL HERNÁNDEZ GUERRERO Y MARIANA MERINO COLLADO.
ÍNDICE TEMÁTICO
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1. Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al diez de octubre de dos mil veintitrés, emite la siguiente:
SENTENCIA
2. Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 146/2023 y sus acumuladas 148/2023, 149/2023 y 150/2023, promovidas por el Partido de la Revolución Democrática, Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional y Partido Movimiento Ciudadano, en contra el Decreto 236 por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, publicado el uno de junio de dos mil veintitrés en el Periódico Oficial de la entidad.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA.
3. Presentación de los escritos iniciales. Por escritos presentados en las fechas y por los partidos políticos que a continuación se precisan, se promovieron las siguientes acciones de inconstitucionalidad en contra del Decreto 236 por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, publicado en el periódico oficial de esa entidad federativa el uno de junio de dos mil veintitrés:
Ver acciones de inconstitucionalidad promovidas
4. Los partidos políticos promoventes señalaron como autoridades emisoras y promulgadoras del Decreto impugnado a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Campeche. No pasa inadvertido que el Partido Revolucionario Institucional también señaló a la Directora del Periódico Oficial del Estado de Campeche; sin embargo, de conformidad con los artículos 61, fracción II(1) y 64, párrafo primero(2) de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solo están obligados a rendir informe los órganos legislativo y ejecutivo que hayan emitido y promulgado las normas impugnadas.
5. Asimismo, se precisaron como preceptos constitucionales vulnerados, los siguientes:
Ver preceptos constitucionales vulnerados
6. Conceptos de invalidez. Los promoventes hicieron valer los conceptos de invalidez que a continuación se sintetizan:
a. Acción de inconstitucionalidad 146/2023, promovida por el Partido de la Revolución Democrática
En su único concepto de invalidez, el partido promovente impugna el artículo 267, en relación con los diversos 300 y 316 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, mediante cuya reforma se postergó la fecha de la Sesión Solemne del Consejo General, en la cual se prepara el proceso electoral. Esto, al estimar que la reforma se realizó sin cumplir el proceso legislativo respectivo, por lo cual vulnera los derechos de la ciudadanía campechana, de los partidos políticos y de la democracia. En particular, refirió que:
• La reforma señalada se realizó, de forma arbitraria y sin previo aviso, el mismo día de la sesión en la que se aprobó la reforma electoral local, por lo que no se conocían previamente los puntos de debate y no se contaba con información suficiente para participar. Con lo anterior, se generó una contravención al debido procedimiento legislativo y se vulneraron los derechos de la ciudadanía campechana, de los partidos políticos y la propia democracia. Adicionalmente, no se cumplió con los plazos establecidos en la ley, por lo que se vulneraron los artículos 47 de la Constitución local y 73 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche.
• No existió una consulta previa a los grupos estudiosos de la materia (académicos, asociaciones civiles, partidos políticos, instituciones gubernamentales especializadas como el Instituto Electoral del Estado de Campeche o el propio Tribunal Electoral local), por lo que el Congreso local actuó de forma arbitraria sin tener en consideración el principio constitucional de una deliberación informada.
• El texto anterior del artículo establecía el inicio del proceso electoral en el mes de septiembre del año previo al inicio del proceso electoral, toda vez que en procesos anteriores se había observado que los plazos y términos cortos imposibilitaban el desarrollo pleno del proceso electoral, generando descontentos e impugnaciones. En este sentido, es incorrecta la justificación de la reforma contenida en la exposición de motivos, pues se basa en el año dos mil veintiuno en el cual se vivieron circunstancias excepcionales por la contingencia ocasionada por el virus covid-19, mientras que actualmente es posible salir a visitar a los electores y realizar actividades. Asimismo, no tuvo en cuenta que dicho plazo se había establecido para generar certeza, legalidad y oportunidad de acceso a la justicia, sino que únicamente tomó en cuenta los posibles beneficios económicos.
Por otra parte, el partido accionante impugnó la reforma a los artículos 292 y 308 de la norma electoral señalada, la cual redujo a tres el número de consejerías electorales que integran los Consejos Distritales y los Consejos Municipales, respectivamente. Al respecto, sostuvo que:
• La reducción de integrantes transgrede la organización democrática y la funcionabilidad del ente electoral organizador de los comicios, al no tomar en cuenta que el número anterior de consejerías se estableció para el desahogo pronto y eficaz de los temas de su competencia. Esto, pues no se consideró la complejidad de su función, sino que únicamente se basó en un ahorro presupuestal.
Finalmente, se solicitó la invalidez de las normas impugnadas y todas aquellas relacionadas, o bien, la emisión de la interpretación conforme respectiva.
b. Acción de inconstitucionalidad 148/2023, promovida por el Partido Acción Nacional
En su primer concepto de invalidez, el partido accionante hizo valer violaciones al proceso legislativo. Específicamente, argumentó que:
• No hubo una deliberación efectiva lo que conlleva a una transgresión a los principios de legalidad, debido proceso legislativo y el respeto a los derechos de las minorías parlamentarias en cuanto a la existencia de un debate real, abierto e informado.
• Se hizo nugatoria la consulta a pueblos y comunidades indígenas, así como a los grupos minoritarios y tradicionalmente excluidos de las decisiones políticas y legales.
• No se acreditó la urgencia notoria que justificara que la iniciativa y su indispensable dictaminación prescindiera de los pasos ordinarios del proceso, impidiendo la participación de las fuerzas políticas con representación legislativa en condiciones de libertad e igualdad.
• Se cometió un fraude al proceso legislativo, pues todo el trámite se realizó en cinco días naturales y la iniciativa fue presentada por el diputado Alejandro Gómez Cazarín, quien es diputado del partido político mayoritario y es Presidente de la Junta de Gobierno y Administración del órgano legislativo.
• La iniciativa de reformas únicamente fue turnada a la Comisión de Gobernación y Protección Civil, la cual es presidida por un diputado de MORENA y tres de sus cinco integrantes pertenecen al mismo partido, mientras que dolosamente se omitió turnarla a la Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad, dada la materia, ello debido a que la presidencia de dicho órgano recae en una diputada del Partido Revolucionario Institucional.
• Si bien, aparentemente, se cumplió con todos los trámites legislativos en forma, no basta con un cumplimiento formal, pues no se escuchó y discutió efectivamente la postura minoritaria, lo que afecta la calidad democrática de la decisión final. En el caso, la iniciativa puesta a discusión y aprobación requería un estudio técnico y detallado, con mayor tiempo de deliberación, con la participación de la sociedad civil, expertos académicos e, incluso, del propio Organismo Público Local Electoral.
• No se cumplió con la consulta en materia indígena y el parlamento abierto, lo cual era obligatorio derivado de la importancia de los temas aprobados.
• Se afectó la democracia deliberativa al no respetar los derechos de las minorías parlamentarias, la libertad de expresión de los legisladores y su derecho al voto.
En su segundo concepto de invalidez sostiene que se violó el derecho a la consulta de los pueblos y comunidades indígenas, por las siguientes razones:
• En primer lugar, la norma electoral referida incide específicamente en sus derechos al regular la relación de las comunidades con las autoridades electorales, las reglas de participación política de las comunidades, los medios de defensa y disposiciones que contemplan derechos político-electorales, como el poder ser votado.
• La modificación a los tiempos del proceso electoral estatal incide en cualquier comunidad indígena y se refleja en la disminución de su participación política.
• La reforma impugnada pretende, entre otras cuestiones, cambiar el funcionamiento y la estructura municipal y distrital del Organismo Público Local Electoral, siendo que estos órganos han servido para garantizar a los pueblos y comunidades indígenas sus derechos a la autodeterminación, autogobierno y consulta previa. La eliminación de los órganos locales y distritales termina con el vínculo de coordinación especializado y técnico que permitía una relación respetuosa y de apoyo entre las autoridades administrativas y las comunidades indígenas.
• El legislador no tomó en cuenta el impacto de las modificaciones realizadas, por lo que se afecta la autonomía del Instituto Electoral local y también los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, al no haberse observado el deber de consulta previa.
• El legislador debió consultar los métodos tradicionales de los diferentes pueblos o comunidades para su toma de decisiones y, a partir de ello, fijar en la legislación los elementos mínimos de carácter cualitativo y cuantitativos necesarios para la emisión de la normatividad en materia de comunicación gubernamental y ejercicio del gasto de los recursos públicos. Ello se encuentra comprendido en el derecho de autogobierno.
• La falta de consulta vulnera su derecho a lo no asimilación cultural
Por otra parte, en su tercer concepto de invalidez sostuvo que el decreto impugnado viola directamente los derechos humanos de expresión, transparencia, acceso a la información pública y rendición de cuentas al no actuar como un parlamento abierto. Ello, pues no se dieron espacios reales para la participación plena de la ciudadanía en la discusión de las normas, por lo que no se les permitió ejercer su derecho a defender la democracia constitucional, ni opinar sobre los cambios estructurales al modelo electoral y al ejercicio de derechos humanos como el derecho a la identidad y a la protección de datos personales.
Asimismo, en su cuarto concepto de invalidez, sostuvo que los artículos 292 y 308 del decreto impugnado violan los principios de certeza y objetividad que rigen en materia electoral, al modificar el número de consejeros que integran los consejos distritales y municipales del IEEC. Expuso los siguientes argumentos:
• Si bien la legislatura estatal tiene libertad configurativa para establecer la integración y el plazo para la conformación y entrada en funciones de los Consejos distritales y municipales, es necesario verificar que se cumpla con los principios de certeza y objetividad establecidos en el artículo 116, fracción IV, inciso b), de la Constitución General. Al respecto, la SCJN ha considerado que en el ejercicio de la función electoral deben garantizarse los principios de certeza, imparcialidad, legalidad y objetividad.
• De los artículos 242, 252, 291, 303, 307, 319 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche se desprende que la organización de las elecciones corresponde al Instituto Electoral Estatal, a través de sus órganos. Entre dichos órganos se encuentran los consejos electorales distritales y municipales, que son órganos transitorios y cuyas funciones pueden dividirse en tres rubros: i) actividades ordinarias; ii) atribuciones durante la etapa de preparación de la jornada; y, iii) atribuciones después de la jornada electoral, las cuales inciden directamente en el buen desarrollo de todo proceso electoral.
• La reducción del número de consejerías tiene como efecto una carga de trabajo excesiva para los 21 Consejos Electorales Distritales de Estado. Ello, pues sólo 3 municipios, de los 13 con los que cuenta esa entidad federativa, reúnen el requisito de contar con más de un distrito en su demarcación territorial. En consecuencia, conforme al artículo 303, fracción XI, de la ley controvertida, los Consejos Electorales Distritales deben asumir las funciones de esos 10 Consejos Electorales Municipales después de la jornada electoral, como lo sería el cómputo de todas las elecciones (Gobernador, Diputados locales e integrantes de Ayuntamientos y Juntas Municipales).
• El exceso de carga laboral vulnera los principios de independencia, certeza, objetividad y profesionalismo, ya que el cómputo de las elecciones sería en detrimento del sufragio universal, libre, secreto y directo.
• Se vulnera la autonomía e independencia de la autoridad electoral, prevista en el artículo 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución General, al no garantizar una estructura sólida y profesional del Instituto Electoral local. La reducción del número de consejeros electorales se traduce en prescindir de un órgano de deliberación colegiada, con profesionales especialistas en cada una de las áreas y programas sustantivos de la institución, el cual tiene como finalidad evitar la improvisación y la corrupción coyuntural.
• La reforma a los artículos 292 y 308 también violan los principios de especialización y trabajo técnico, al no contar con una motivación reforzada y una debida justificación para actuar en contra del principio de progresividad y no regresión, al basarse únicamente en el principio de austeridad.
Adicionalmente, en su quinto concepto de invalidez sostiene que el decreto 236, en la porción normativa que se combate, se contrapone a los principios de representatividad, federalismo, equidad y supremacía constitucional. Esto, pues se vulnera la autonomía e independencia de los Organismos Públicos Locales Electorales, así como las garantías de legalidad y seguridad jurídica. Por tanto, solicita que se declare la inconstitucionalidad de dicho artículo, para quedar en el estado en que se encontraban antes de la emisión del decreto.
Finalmente, a manera de conclusión, señala que la reforma vulnera la autonomía del organismo público electoral local al no haber sido tomada en cuenta su opinión técnica como organismo autónomo estatal. Por tanto, solicita la invalidez de las normas impugnadas y cualquier otra subsumida en los parámetros constitucionales de autonomía.
c. Acción de inconstitucionalidad 149/2023, promovida por el Partido Revolucionario Institucional
• En el primer concepto de invalidez, el partido accionante señala que el Decreto 236 impugnado es inconstitucional porque su aprobación no cumplió con el principio de deliberación democrática, elemento que debe regir en todos los procesos de formación y reforma de leyes, decretos y acuerdos, reconocidos en los artículos 71 y 72 de la Constitución General, en relación con los diversos 16, fracciones II y IV de la misma y 46, 47 y 48 de la Constitución de Campeche.
• Se señala que existieron diversas violaciones al procedimiento legislativo que dio lugar al decreto impugnado, las cuales se dividen en tres bloques:
I. Aprobación
• Temporalidad. Al respecto, se indica que el proceso de aprobación del Decreto impugnado inició el veinticuatro de mayo con la presentación de la iniciativa y concluyó el treinta y uno de mayo con su aprobación, esto es, en siete días; asimismo, la Comisión de Gobernación y Protección Civil también formuló el dictamen el veintinueve de mayo, esto es, cinco días naturales después de su presentación y tres días naturales después de que se le diera lectura y se turnara a la Comisión.
• Además, la primera lectura de la iniciativa se realizó en la Séptima Sesión Ordinaria del Tercer Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Legislativo de veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, en la que se advierte que únicamente se dio lectura a la Exposición de Motivos. Si bien de conformidad con el artículo 73, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche, puede omitirse la lectura cuando a los integrantes de la legislatura se les entregue copia de ella, lo cierto es que en el caso, la Gaceta Parlamentaria se remitió vía correo electrónico a los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en el Congreso del Estado de Campeche a las 20:39 horas del veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, siendo que la sesión dio inicio a las 12:23 horas del día siguiente.
• Esto es, entre la remisión de la Gaceta Parlamentaria y el inicio de la sesión mediaron únicamente aproximadamente 15 horas y si bien no existe normatividad que señale el tiempo de antelación con el que se debe circular la Gaceta a las Diputadas y los Diputados, este Máximo Tribunal ha sostenido que la regla general es que dichos documentos deben circular de manera oportuna, cuando menos con 24 horas de anticipación, situación que en el caso no acontece, lo que transgrede el principio de deliberación democrática que implica que los integrantes del órgano legislativo hayan tenido la posibilidad real de deliberar la iniciativa sometida a discusión y que no solo se trata de la verificación del cumplimiento de normas internas relativas al trámite de los asuntos, sino también al análisis de elementos fácticos.
• Por otra parte, el veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, la Comisión de Gobernación y Protección Civil emitió el Dictamen de Procedencia sobre la iniciativa que dio origen al Decreto impugnado, es decir, en sólo dos días; además de que no se tuvo acceso al expediente respectivo en el portal del Congreso del Estado de Campeche.
• Posteriormente, en sesión de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés se dio lectura al referido Dictamen de Procedencia y en esa misma sesión fue aprobado por la mayoría conformada por las personas diputadas de los Partidos de Morena, Acción Nacional y el grupo de Diputados Independientes, sin que existiera consenso de todas y cada una de las fuerzas políticas representadas en el Congreso local.
• Aunado a lo anterior, la Secretaría General del Congreso del Estado de Campeche, por conducto de la Dirección de Apoyo Parlamentario remitió la Gaceta Parlamentaria de la sesión de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés a las 09:23 horas de ese mismo día de manera que, al no haberla remitido con la debida anticipación, se vulneró el principio de deliberación democrática.
• En este sentido, se argumenta que, dados los plazos en que se desarrolló el procedimiento legislativo, el bloque mayoritario buscaba evadir el plazo de los 90 previos al inicio del proceso electoral ordinario que establece el párrafo cuarto de la fracción II del artículo 105 de la Constitución General, en relación con el artículo 345 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales. Al respecto, se citan las siguientes jurisprudencias: "LEYES ELECTORALES. EL PLAZO EN QUE DEBEN PROMULGARSE Y PUBLICARSE, Y DURANTE EL CUAL NO PODRÁ HABER MODIFICACIONES SUSTANCIALES A LAS MISMAS, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, NO JUSTIFICA LA URGENCIA EN SU APROBACIÓN POR EL ÓRGANO LEGISLATIVO QUE ELUDA EL PROCEDIMIENTO QUE DEBA CUMPLIRSE."; "LEY DE INSTITUCIONES Y PROCESOS ELECTORALES Y CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. EL DECRETO POR EL QUE SE REFORMARON DICHOS CUERPOS LEGALES FUE EMITIDO VIOLANDO LOS VALORES DE LA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA (DECRETO 253 PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 16 DE OCTUBRE DE 2006)."; "PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO, CONDICIONES PARA QUE PUEDA ACTUALIZARSE LA URGENCIA EN LA APROBACIÓN DE LEYES Y DECRETOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA)."; "DISPENSA DE TRÁMITES LEGISLATIVOS POR URGENCIA. LA MOTIVACIÓN DE LA INICIATIVA DE REFORMA AL ARTÍCULO 75 BIS B DE LA LEY DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA JUSTIFICA SU ACTUALIZACIÓN (REFORMA PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 8 DE AGOSTO DE 2008)."; "DISPENSA DE TRÁMITES LEGISLATIVOS EN ESTADO DE COLIMA. PARA SU PROCEDENCIA DEBEN MOTIVARSE LAS RAZONES QUE LLEVAN A CALIFICAR UN ASUNTO COMO URGENTE." • Si bien en el caso concreto no medió una dispensa por urgencia por el tiempo transcurrido entre la presentación, la aprobación, promulgación y publicación del Decreto impugnado, de facto sí hubo ese tratamiento, por lo que dichos criterios jurisprudenciales también pueden ser aplicables al caso concreto porque el proceso legislativo tuvo una duración de tan solo siete días naturales; y, si bien es cierto que medió un dictamen emitido por la Comisión de Gobernación y Protección Civil tres días después de que le fue turnada la iniciativa, lo cierto es que no se realizó una deliberación democrática informada y con consciencia sobre la iniciativa en comento; no hubo consenso de todas las fuerzas políticas; el tiempo que medió entre la presentación de la iniciativa y su publicación fue solo de ocho días naturales; y se le dio celeridad por el inminente inicio del periodo restrictivo de reformas a la legislación local.
• Dictamen. El proceso relacionado con la emisión del dictamen de la iniciativa que dio origen al Decreto impugnado se realizó en un periodo de tres días, en donde medió un fin de semana, contados a partir del momento en que se turnó la iniciativa a la Comisión de Gobernación y Protección Civil.
• En la sesión ordinaria de Pleno de veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, una vez desahogados los puntos previos marcados en el Orden del Día, incluyendo la lectura y remisión del Decreto impugnado a la Comisión de Gobernación y Protección Civil, la Diputada Presidenta de dicha Comisión, Landy María May, al hacer uso de la voz realizó manifestaciones respecto de la iniciativa en cuestión, de lo que se advierte su intención de emitir la procedencia de la iniciativa sin que hubiera un análisis a profundidad.
• Adicionalmente, se señala que, al incidir en aspectos relacionados con el funcionamiento del Instituto Electoral del Estado de Campeche, la iniciativa debió ser remitida también a la Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de la Convencionalidad, ya que el Decreto incidió en el funcionamiento del referido Instituto que tiene autonomía de conformidad con la Constitución de Campeche. Al no contar con una Comisión de Reforma Política-Electoral como la tiene la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el dictamen debió ser analizado por ambas comisiones de conformidad con el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche.
II. Promulgación. Respecto a la promulgación se advierte que fue signado y refrendado por la Gobernadora y el Secretario de Gobierno el treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, a pesar de las violaciones al proceso legislativo señaladas previamente.
III. Publicación e inicio de vigencia. Si bien el Decreto impugnado fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Campeche el primero de junio de dos mil veintitrés, es solo una fecha plasmada en dicho instrumento, pues ese día no se encontraba publicada dicha iniciativa que, de conformidad con los artículos 13 de la Ley del Periódico Oficial del Estado de Campeche, debía ser publicada de forma electrónica. Esto es, no coincide la fecha de publicación plasmada con la fecha de disponibilidad del mismo, lo que se comprueba con el acta notarial de seis de junio de dos mil veintitrés, en la que consta la fe de hechos que hace constar que se verificó la página de internet del periódico oficial de la entidad en esa fecha y que la última edición que apareció publicada en dicho portal de internet correspondía al veintidós de mayo de dos mil veintitrés, lo que actualiza una violación grave al proceso legislativo. Además, lo anterior provoca la actualización del párrafo cuarto de la fracción II del Artículo 105 de la Constitución General, ya que se habría rebasado la restricción en cuanto a la publicación de leyes electorales dentro de los noventa días previos al inicio del proceso electoral en que vayan a aplicarse.
• En su segundo concepto de invalidez, el partido accionante estima que el Decreto impugnado es inconstitucional porque no se garantizó el derecho a la consulta previa e informada de los pueblos y comunidades indígenas reconocido en los artículos 2, apartado A, fracción III de la Constitución General; 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo; y 7, párrafo décimo, fracción IX, de la Constitución del Estado de Campeche.
• Al respecto, el artículo 7 de la Constitución local reconoce la composición multicultural de la Entidad Federativa y el diverso 8 bis de la Ley de Derechos, Cultura y Organización de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Campeche reconoce de forma enunciativa a las comunidades indígenas de la Entidad.
• En este sentido, se considera que en el proceso legislativo debió ser sometida a un proceso de consulta a los pueblos y comunidades indígenas del Estado de Campeche porque sí afecta de manera directa sus derechos, en particular de acceder y desempeñar cargos públicos, ya que el texto reformado y aprobado de los artículos 292 y 308, al recortar el número de Consejeros Distritales y Municipales (Consejerías según el texto aprobado) de tres a cinco en ambos casos se restringe aún más la posibilidad de que sean las personas que habitan en los pueblos y comunidades indígenas accedan a dichos cargos públicos.
• Muchas comunidades indígenas se encuentran en las cabeceras municipales en donde suelen tener su sede varios de los citados órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de Campeche, por lo que sí existe afectación directa a los pueblos indígenas en tanto que mediante el Decreto impugnado se les restringe las oportunidades para acceder a un cargo público, máxime que está directamente relacionado con el integrar un consejo de gran importancia para la elección de las autoridades que los van a representar.
• Lo anterior no se trata de restringirlo al mero otorgamiento de una cuota sino que precisamente se trata de que se les garanticen mayores oportunidades a las personas habitantes de las comunidades indígenas para ser parte del proceso decisorio y tener una participación activa como autoridades electorales.
• Finalmente, en su tercer concepto de invalidez, el partido accionante señala que el Decreto impugnado vulnera los principios de imparcialidad, legalidad y certeza que rigen la función electoral, establecidos en los artículos 41, base V, apartado A, de la Constitución General y 24, base VII, de la Constitución Política del Estado de Campeche.
• A partir de los conceptos de invalidez planteados previamente, se considera que el actuar del Congreso del Estado de Campeche vulneró los principios antes referidos por las siguientes razones:
1. El proceso legislativo del Decreto impugnado duró únicamente ocho días desde la presentación de la iniciativa hasta su publicación en el Periódico Oficial local, tomando en cuenta que se realizó el primero de junio de dos mil veintitrés, es decir, dos días previos al inicio del período restrictivo señalado en el párrafo cuarto, de la fracción II del artículo 105 de la Constitución General, por lo que hay una vulneración al principio de certeza en la función electoral.
2. El dictamen de procedencia de la iniciativa de la que derivó el Decreto impugnado adoleció de falta de consensos entre las fuerzas políticas, ya que fue aprobado en un periodo de 3 días por la Comisión de Gobernación y Protección civil, lo que también viola el principio de certeza.
3. El Dictamen debió ser formulado junto con la Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de la Convencionalidad al afectar las funciones e integración de un organismo desconcentrado, lo que viola el principio de legalidad.
4. Las manifestaciones de la Presidenta de la Comisión de Gobernación y Protección Civil son violatorias del principio de imparcialidad, ya que denotaban su intención de dar un sentido positivo y procedente a la iniciativa.
5. La falta de consulta previa a los pueblos y comunidades indígenas de Campeche vulnera el principio de legalidad.
6. La falta de publicación del Decreto impugnado en tiempo y forma por el medio electrónico marcado por la propia legislación vulnera los principios de legalidad y certeza.
d. Acción de inconstitucionalidad 150/2023, promovida por el Partido Movimiento Ciudadano
• El Decreto 236 impugnado vulnera los principios de legalidad y debido proceso, representatividad y de democracia deliberativa establecidos en la Constitución General y en la Constitución Política del Estado de Campeche, toda vez que se actualizan violaciones sustanciales al procedimiento legislativo.
• Lo anterior, pues en sesión del veintiséis de mayo de dos mil veintitrés del Congreso de Campeche se dio lectura a la iniciativa para reformar diversas disposiciones a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado y, durante esa misma sesión, se turnó la iniciativa a la Comisión de Gobernación y Protección Civil.
• Posteriormente, el veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, la referida Comisión elaboró el Dictamen correspondiente y el tr
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32721-a792b381/i-accion-de-inconstitucionalidad-en-materia-electoral-los · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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