I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DE MANERA EXCEPCIONAL AUNQUE SE TRATE DE NORMAS CUYA NATURALEZA ES ELECTORAL, CUANDO SE PLANTEA ÚNICAMENTE UNA INVASIÓN DE AUTONOMÍA Y NO SE CUENTA CON UN MEDIO PARA COMBATIR DE FORMA IDÓNEA ESA VULNERACIÓN [DECRETO NÚMERO 262, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 109, PRIMER PÁRRAFO, 125, PRIMER PÁRRAFO, Y 273, PRIMERO Y SEGUNDO PÁRRAFOS, Y SE DEROGAN LOS ARTÍCULOS 109, SEGUNDO PÁRRAFO, Y 125, INCISOS A) Y B), ASÍ COMO EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD EL DIECISÉIS DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS]. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DE LA NORMA IMPUGNADA, AL HABER CONCLUIDO SU VIGENCIA (ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO, FRACCIONES I Y III, DEL DECRETO 262, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA, QUE CONTIENE AJUSTES APLICABLES AL EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTITRÉS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD EL DIECISÉIS DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS). III. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE COLIMA. EL HECHO DE QUE ENTRE LA PUBLICACIÓN EN LA GACETA PARLAMENTARIA DEL DICTAMEN DEL DECRETO IMPUGNADO Y LA SESIÓN EN QUE FUE DISCUTIDO, NO SE HAYA DEMOSTRADO QUE TRANSCURRIERAN MENOS DE VEINTICUATRO HORAS, NO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN AL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 137 DEL REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO LOCAL [PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO QUE DERIVÓ EN EL DECRETO NÚMERO 262, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 109, PRIMER PÁRRAFO, 125, PRIMER PÁRRAFO, Y 273, PRIMERO Y SEGUNDO PÁRRAFOS, Y SE DEROGAN LOS ARTÍCULOS 109, SEGUNDO PÁRRAFO, Y 125, INCISOS A) Y B), ASÍ COMO EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD EL DIECISÉIS DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS]. IV. MOTIVACIÓN LEGISLATIVA ORDINARIA. SE EXIGE EN AQUELLOS CASOS EN QUE NO SUBYACE UNA AFECTACIÓN DE ALGÚN DERECHO FUNDAMENTAL O ALGÚN BIEN CONSTITUCIONALMENTE ANÁLOGO. V. MOTIVACIÓN LEGISLATIVA REFORZADA. SE EXIGE ANTE LA EMISIÓN DE CIERTOS ACTOS O NORMAS QUE PUEDEN LLEGAR A AFECTAR ALGÚN DERECHO FUNDAMENTAL U OTRO BIEN RELEVANTE DESDE EL PUNTO DE VISTA CONSTITUCIONAL. VI. MOTIVACIÓN LEGISLATIVA REFORZADA. IMPLICA LA EXISTENCIA DE LOS ANTECEDENTES FÁCTICOS O CIRCUNSTANCIAS DE HECHO PARA LA CREACIÓN Y APLICACIÓN DE LAS NORMAS CORRESPONDIENTES, ASÍ COMO LA JUSTIFICACIÓN SUSTANTIVA, EXPRESA, OBJETIVA Y RAZONABLE DE LOS MOTIVOS POR LOS QUE EL LEGISLADOR DETERMINÓ LA EMISIÓN DEL ACTO LEGISLATIVO DE QUE SE TRATE. VII. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE COLIMA. LAS REFORMAS AL CÓDIGO ELECTORAL DE LA ENTIDAD QUE INCIDEN EN LAS REMUNERACIONES DE SUS SERVIDORES PÚBLICOS SATISFACEN EL REQUISITO DE MOTIVACIÓN REFORZADA, TODA VEZ QUE EL CONGRESO LOCAL JUSTIFICÓ SU EMISIÓN MEDIANTE EL ANÁLISIS DE DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES Y LEGALES, CRITERIOS JURISDICCIONALES Y EJERCICIOS DE DERECHO COMPARADO [DECRETO NÚMERO 262, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 109, PRIMER PÁRRAFO, 125, PRIMER PÁRRAFO, Y 273, PRIMERO Y SEGUNDO PÁRRAFOS, Y SE DEROGAN LOS ARTÍCULOS 109, SEGUNDO PÁRRAFO, Y 125, INCISOS A) Y B), ASÍ COMO EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD EL DIECISÉIS DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS]. VIII. DECRETO DE REFORMAS AL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA. LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS QUE CONTIENEN DISPOSICIONES DE CARÁCTER SUSTANTIVO NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD, EN TANTO SU VALIDEZ DEPENDE DE SU FUNCIÓN MATERIAL Y NO DE SU DENOMINACIÓN O UBICACIÓN FORMAL [DECRETO NÚMERO 262, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 109, PRIMER PÁRRAFO, 125, PRIMER PÁRRAFO, Y 273, PRIMERO Y SEGUNDO PÁRRAFOS, Y SE DEROGAN LOS ARTÍCULOS 109, SEGUNDO PÁRRAFO, Y 125, INCISOS A) Y B), ASÍ COMO EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD EL DIECISÉIS DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS]. IX. TRIBUNALES ELECTORALES LOCALES. EL PARÁMETRO DE REGULARIDAD EN SU INTEGRACIÓN SE COMPONE CON LO ESTABLECIDO EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS E, INCLUSO, EN LAS LEYES GENERALES RESPECTIVAS, TALES COMO LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES O LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS. X. AUTONOMÍA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL DE LOS ENTES AUTÓNOMOS. LA CAPACIDAD DE DECIDIR LA REMUNERACIÓN DE SUS SERVIDORES PÚBLICOS RESPONDE A LA NECESIDAD DE GARANTIZAR EL PRINCIPIO DE INDEPENDENCIA DE SU FUNCIONAMIENTO INTERNO PARA CUMPLIR SUS FUNCIONES TÉCNICAS ESPECIALIZADAS Y TIENE FUNDAMENTO TANTO CONSTITUCIONAL COMO CONVENCIONAL. XI. AUTONOMÍA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA. LA PREVISIÓN LEGAL QUE ESTABLECE QUE LAS REMUNERACIONES DE SUS SERVIDORES PÚBLICOS SE DETERMINARÁN CONFORME AL PRESUPUESTO AUTORIZADO, NO VULNERA DICHA AUTONOMÍA, EN TANTO QUE NO FIJA CANTIDADES ESPECÍFICAS, NI LÍMITES ARBITRARIOS Y RESPETA SU FACULTAD DE PROPONER LOS TABULADORES CORRESPONDIENTES (ARTÍCULO 273 DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA, REFORMADO MEDIANTE DECRETO 262, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD EL DIECISÉIS DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS). XII. REMUNERACIÓN DE LAS PERSONAS MAGISTRADAS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA. LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS QUE PREVÉN QUE, A LA ENTRADA EN VIGOR DEL DECRETO IMPUGNADO, LAS PERSONAS MAGISTRADAS EN FUNCIONES CONTINÚEN PERCIBIENDO LA REMUNERACIÓN FIJADA EN EL PRESUPUESTO DEL TRIBUNAL PARA ESE EJERCICIO FISCAL, NO VULNERAN EL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES, AL RESPETAR LA GARANTÍA DE IRREDUCTIBILIDAD SALARIAL COMO ELEMENTO DE LA INDEPENDENCIA JUDICIAL (ARTÍCULOS TRANSITORIOS SEGUNDO Y TERCERO DEL DECRETO 262, POR EL QUE SE REFORMÓ EL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD EL DIECISÉIS DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS). XIII. REMUNERACIÓN DE LAS PERSONAS MAGISTRADAS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA. ANÁLISIS DE LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO DE REFORMAS AL CÓDIGO ELECTORAL DE LA ENTIDAD QUE PREVÉN LA REDUCCIÓN SALARIAL DE LOS MAGISTRADOS NUMERARIOS Y SUPERNUMERARIOS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN DE LOS TABULADORES DE LAS REMUNERACIONES DE DIVERSOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL TRIBUNAL Y DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA ENTIDAD (DESESTIMACIÓN RESPECTO DE LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS SEGUNDO Y TERCERO, EN SUS PORCIONES NORMATIVAS "PARA ESTE AÑO 2023, DEBIENDO AJUSTARSE SU REMUNERACIÓN HASTA EN TANTO LA MISMA SE ENCUENTRE DENTRO DEL LÍMITE CONTEMPLADO EN EL PRESENTE DECRETO O, EN SU CASO, HASTA QUE CONCLUYAN SU ENCARGO", Y SEXTO, DEL DECRETO 262, POR EL QUE SE REFORMÓ EL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD EL DIECISÉIS DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS). XIV. DECRETO DE REFORMAS AL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA. LA CLÁUSULA DEROGATORIA GENERAL DE TODA NORMATIVIDAD QUE SE OPONGA A SU CONTENIDO, NO VULNERA EL PRINCIPIO DE SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL, AL LIMITARSE A ORDENAMIENTOS DE IGUAL JERARQUÍA (ARTÍCULO TRANSITORIO SÉPTIMO DEL DECRETO 262, POR EL QUE SE REFORMÓ EL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD EL DIECISÉIS DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 312/2023. TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA. 5 DE ENERO DE 2026. PONENTE: MINISTRO GIOVANNI AZAEL FIGUEROA MEJÍA. SECRETARIO: OMAR CRUZ CAMACHO.
ÍNDICE TEMÁTICO
Normas combatidas: El Decreto número 262, por el que se reforman el primer párrafo del artículo 109; primer párrafo del artículo 125; primero y segundo párrafo del 273; se derogan el segundo párrafo del artículo 109; la totalidad de los incisos a) y b); y el último párrafo del artículo 125 del Código Electoral del Estado de Colima publicado el 16 de marzo de 2023 en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”.
Ver índice temático
Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al cinco de enero de dos mil veintiséis, emite la siguiente:
S E N T E N C I A
Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 312/2023, promovida por el Tribunal Electoral del Estado de Colima, contra el Decreto número 262, por el que se reforman el primer párrafo del artículo 109; primer párrafo del artículo 125; primero y segundo párrafo del 273; se derogan el segundo párrafo del artículo 109; la totalidad de los incisos a) y b); y el último párrafo del artículo 125 del Código Electoral del Estado de Colima, publicado el dieciséis de marzo de dos mil veintitrés en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. El 16 de marzo de 2023 se publicó en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el Decreto número 262, por el que se reforman el primer párrafo del artículo 109; primer párrafo del artículo 125; primero y segundo párrafo del 273; se derogan el segundo párrafo del artículo 109; la totalidad de los incisos a) y b); y el último párrafo del artículo 125 del Código Electoral del Estado de Colima, (en adelante “el Decreto 262” o “el Decreto impugnado”). El artículo 273 reformado y los artículos transitorios Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, fracciones I, III, Sexto y Séptimo adicionados mediante el Decreto determinan las percepciones de las personas Magistradas y demás servidores públicos del Tribunal Electoral del Estado de Colima, así como los ingresos que percibirán las personas titulares de las Magistraturas Numerarias y Supernumerarias y de la Secretaría General de Acuerdos.
2. Presentación de la demanda por el Tribunal Electoral del Estado de Colima. El ocho de mayo de dos mil veintitrés, María Elena Díaz Rivera, en su carácter de Magistrada Presidenta y representante legal del Tribunal Electoral del Estado de Colima,(1) promovió la presente controversia constitucional en contra de los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Colima por la emisión del Decreto combatido.
3. Conceptos de invalidez. En su demanda, el Tribunal Electoral del Estado de Colima expuso los siguientes conceptos de invalidez:
PRIMERO. Los poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Colima incurrieron en violaciones al proceso legislativo durante la aprobación y promulgación del Decreto impugnado. El Decreto resultó de un proceso sumario que impidió que las distintas fuerzas políticas del Congreso del Estado de Colima tuvieran la oportunidad de conocer, analizar y discutir la Iniciativa de Ley que resultó en el Decreto impugnado.
Lo anterior, afirma el accionante, toda vez que el proceso de aprobación del Decreto impugnado, en general, tuvo plazos breves y ágiles (sin que hubiera urgencia acreditada para ello). En particular, la iniciativa en cuestión se dictaminó por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y se aprobó por el Pleno del Congreso local en un lapso menor a 24 horas. Así pues, el Tribunal actor refiere que las fuerzas políticas se encontraron impedidas de conocer concienzudamente la iniciativa que se les planteó y que se discutió, lo que produjo la imposibilidad de que se llevara a cabo el debate democrático requerido respecto del contenido, calidad, implicaciones y alcances de tal iniciativa que debe existir en todo órgano legislativo.
Adicionalmente, considera el demandante que la emisión de actos o normas en los que pueda llegar a afectarse un bien relevante desde el punto de vista constitucional, como la autonomía de un órgano autónomo, como lo es el Tribunal Electoral local, exige de una motivación reforzada. Sin embargo, el Congreso local fue omiso en fundar y motivar reforzadamente la emisión del Decreto impugnado. Por lo tanto, se violenta el principio de legalidad, protegido en el artículo 16 constitucional.
Finalmente, argumenta que el Decreto impugnado viola el principio de legalidad porque la legislatura demandada dotó a los artículos transitorios de un contenido desvinculado al precepto 273, lo que resulta contrario a derecho, pues los artículos transitorios deben ser disposiciones normativas de carácter temporal y restringido, que no pueden establecer prescripciones genéricas con carácter vinculante a los particulares. Sin embargo, los artículos transitorios del Decreto ordenan el ajuste de las remuneraciones de las personas Magistradas y de la persona titular de la Secretaría General de Acuerdos, así como de los proyectos de presupuesto del Tribunal Electoral, y omitieron su vinculación con el artículo 273, que debería ser el que originariamente estuviera dotado de un mandato normativo y régimen jurídico que se relaciona de forma directa con las proposiciones objeto de regulación.
SEGUNDO. Afirma el actor que el artículo 273 reformado, en relación con los diversos transitorios Primero, Segundo, Tercero, Cuarto fracciones I y III, Sexto y Séptimo del Decreto impugnado, vulneran la autonomía del Tribunal Electoral y transgreden su competencia constitucional. Esto, pues los Poderes Ejecutivo y Legislativo de Colima pretenden determinar las remuneraciones de determinados servidores públicos del Tribunal Electoral local, establecer los porcentajes de aquellas remuneraciones y ordenar al Tribunal la modificación y adecuación de su presupuesto actual y posteriores a las remuneraciones establecidas en los artículos transitorios del Decreto. Por tanto, destaca el accionante, los dispositivos referidos del Decreto vulneran la autonomía presupuestaria y de gestión del Tribunal Electoral del Estado de Colima y su competencia constitucional, afectando el principio de división de poderes e implicando su subordinación al Poder Legislativo local. En particular se contraviene lo dispuesto en los artículos 49 de la Constitución Federal; 22 y 78 de la Constitución, y 269, 271, 277, 279 y 281 del Código Electoral del Estado de Colima.
4. Admisión y trámite. Por acuerdo de doce de mayo de dos mil veintitrés, la entonces presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó formar y registrar el asunto bajo el consecutivo 312/2023 y, por razón de turno, el asunto correspondió al ministro Luis María Aguilar Morales, ahora en retiro, para que fungiera como instructor del procedimiento.
5. Mediante acuerdo de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, el ministro instructor admitió la demanda a trámite y requirió a los poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Colima, para que presentaran su contestación de demanda e indicaran el domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad. Además, requirió al Poder Legislativo de la entidad para que remitiera original o copia certificada de los antecedentes legislativos que dieron origen al Decreto impugnado; y al Poder Ejecutivo local para que enviara original o copia certificada del Periódico Oficial de la entidad en que constare la publicación del Decreto controvertido. Asimismo, ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal.
6. Contestación del Poder Ejecutivo de la entidad. El treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, el Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo del Estado de Colima, en nombre y representación de la Titular del Poder Ejecutivo, dio contestación a la demanda en los términos siguientes:
Causas de improcedencia
a. Estimó que la materia del Decreto impugnado es electoral, por lo que procede el sobreseimiento de la controversia constitucional. Lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 105, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 19, fracción II de la Ley Reglamentaria en la materia, que señalan que las controversias constitucionales resultan improcedentes contra normas generales o actos en materia electoral. Precisó también que la materia electoral no solo comprende las bases generales de los procesos electorales, sino también otros aspectos vinculados directa o indirectamente con dichos procesos, como lo son las cuestiones organizativas, administrativas o de otra índole, para fundamentar esta postura citó las tesis de jurisprudencia 25/99(2) y la tesis aislada 1a. C/2010.(3)
Respuesta a conceptos de invalidez.
b. Respecto a los conceptos planteados por la parte accionante, el Poder Ejecutivo demandado señaló que la validez del Decreto impugnado se funda en lo dispuesto en los artículos 41 fracción V, Apartado B y 127 de la Constitución Federal, 33 y 142 de su Constitución local, de los que se desprende que el Poder Legislativo de esa entidad federativa cuenta con plena competencia para legislar en materia electoral, así como sobre la remuneración de las servidoras y servidores públicos, misma que será determinada anual y equitativamente en los presupuestos de egresos del Estado.
c. Respecto del primer concepto de invalidez, manifestó que, el proceso legislativo del cual emanó el Decreto impugnado se efectuó conforme a derecho, respetando lo establecido en la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Colima y su Reglamento. Sobre la rapidez del proceso legislativo que dio lugar al Decreto en comento, argumentó básicamente que la parte actora no sustenta con precepto legal alguno que establezca un término mínimo que cumplir para legislar. Agregó que todas las fuerzas políticas tuvieron oportunidad de expresarse en torno a la iniciativa, y que el hecho de que la comisión dictaminadora resolviera expeditamente sobre la iniciativa obedeció a que en el caso no se ameritaba un análisis tan exhaustivo, pues se trataba solamente de adecuar las disposiciones locales a lo establecido en la Constitución.
d. Sobre el segundo concepto de invalidez afirmó la entidad demandada que el Decreto impugnado no vulnera la autonomía, competencia constitucional, ni el principio de división de poderes, pues este se llevó a cabo en uso de las facultades que posee la titular del Poder Ejecutivo Estatal de conformidad con el artículo 58 fracción II de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Colima(4) y de las facultades conferidas al Constituyente local en las fracciones I, VIII y XVI del precepto 33 y V del diverso 34 de la Constitución local.
e. Para sustentar su argumento citó lo establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la teoría respecto del principio de división de poderes, así como a lo dispuesto en la norma local respecto de las funciones de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, y del Tribunal Electoral, todos del Estado de Colima. Insistió en que el Decreto impugnado es constitucional y congruente con el principio de supremacía constitucional. Enfatizó que la autonomía presupuestaria y financiera de los Órganos Estatales Constitucionales Autónomos, como lo es el Tribunal Electoral, es derivada, lo que significa que existen límites y formas de control sobre estos. Así pues, destacó que en sentido contrario a lo propuesto por el instituto actor, el Poder Legislativo, a diferencia de otros poderes, no se encuentra vinculado por el contenido del presupuesto presentado por el órgano constitucional autónomo, pues cuenta con amplias y exclusivas facultades en materia de aprobación del presupuesto y está en aptitud de aprobarlo en los términos presentados, o de realizarle modificaciones de conformidad con los requerimientos generales del Estado.
f. Asimismo, precisó que, la reforma realizada se hizo en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 142 de la Constitución local que establece la prohibición para que las personas servidores públicas reciban mayor remuneración o retribución que la persona titular del Poder Ejecutivo Federal. Agregó que, con anterioridad a la reforma, las remuneraciones establecidas en el Código Electoral local para las y los Magistrados Numerarios del Tribunal Electoral estaban indexadas al salario mínimo, lo que implicaba que habían aumentado conforme a los incrementos al salario mínimo, lo que resultaba excesivo y derivó en la necesidad de reajustar el monto para que no fuera desproporcionado. Además, resultaba en un incumplimiento al principio de legalidad, porque los incrementos no obedecían a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, en materia de servicios profesionales, ni a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima, entre otras.
g. En abundamiento, señaló el poder ejecutivo demandado, no existe una violación al principio de seguridad jurídica sobre derechos adquiridos, pues la función de Magistrado Electoral no es permanente y/o vitalicia, sino que tiene una duración de siete años, máxime que en este respecto no pueden aplicarse los principios del Derecho Laboral, pues las retribuciones no comparten la naturaleza jurídica del salario. Aduce que no se violentó el principio de irretroactividad de la ley, pues el derecho a recibir la remuneración no es un derecho adquirido de los Magistrados Electorales, sino una simple expectativa de derechos, ya que la norma producto de la reforma salvaguarda un interés de orden público, como lo es el respecto a la supremacía constitucional, sobre un interés particular, como lo es la remuneración de un Magistrado.
7. Contestación del Poder Legislativo de la entidad. El siete de agosto de dos mil veinticuatro, fuera del plazo legal establecido, la Diputada Presidenta de la Mesa Directiva del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones correspondiente al Tercer Año del Ejercicio Constitucional de la LX Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, dio contestación a la demanda en los términos siguientes:
Causas de improcedencia
a. Consideró que la demanda de controversia constitucional es improcedente de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 105, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 19, fracción II de la Ley Reglamentaria en la materia, que versan sobre la improcedencia de las controversias constitucionales que impugnan normas generales o actos en materia electoral.(5)
Respuesta a conceptos de invalidez.
b. Respecto a los conceptos planteados por la parte accionante, la legislatura demandada señaló que la reforma impugnada es válida de conformidad con lo dispuesto en los artículos 41 fracción V, Apartado B y 127 de la Constitución Federal, 33 y 142 de su Constitución local, de los que se desprende que el Poder Legislativo local cuenta con plena competencia para legislar en materia electoral, así como sobre la remuneración de las servidoras y servidores públicos, misma que será determinada anual y equitativamente en los presupuestos de egresos del Estado.
c. En relación al primer concepto de invalidez, el Poder Legislativo demandado refirió que, el proceso legislativo del cual emanó el Decreto impugnado se efectuó conforme a derecho, respetando lo establecido en la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Colima y su reglamento. Sobre la prontitud del proceso legislativo que dio lugar al Decreto en comento, argumentó que la parte actora no sustentó su argumentación en precepto legal alguno que establezca un término mínimo para legislar.
d. Precisó que los legisladores en su conjunto tuvieron la oportunidad de conocer la iniciativa de ley pues esta fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de la entidad desde el 06 de marzo de 2023. Asimismo, señaló que la parte actora no exhibe prueba alguna que acredite que el proceso legislativo que dio lugar al Decreto impugnado estuvo viciado.
e. Sobre el segundo concepto de invalidez alega el poder demandado que, el Decreto impugnado no vulnera la autonomía, competencia constitucional, ni el principio de división de poderes, pues este se llevó a cabo en uso de las facultades que posee la titular del Poder Ejecutivo Estatal de conformidad con el artículo 58 fracción II de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Colima(6) y de las facultades conferidas al Constituyente local en las fracciones I, VIII y XVI del diverso 33 y V del numeral 34 de la Constitución local.
f. Para sustentar su argumento citó lo establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la división de poderes y lo dispuesto en la constitución local respecto de las funciones de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, y del Tribunal Electoral, todos del Estado de Colima.
g. También afirmó que la reforma realizada se hizo en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 116, fracción II de la Constitución Federal, y 142 de la Constitución local, de los que deriva la prohibición para que las personas servidores públicas reciban mayor remuneración o retribución que la persona titular del Poder Ejecutivo Federal. Finalmente, esgrime en su defensa que el Decreto impugnado salvaguarda un interés de orden público, como lo es la supremacía constitucional(7) derivada de la reforma al artículo 127 constitucional.
8. El nueve de julio de dos mil veinticuatro, el entonces Ministro instructor, tuvo al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Colima, dando contestación a la demanda de controversia constitucional; señaló la omisión del Poder Legislativo local de dar contestación a la demanda durante el plazo otorgado y le ordenó remitir en un plazo de tres días hábiles copias certificadas de los antecedentes legislativos que dieron origen al Decreto impugnado; ordenó notificar electrónicamente a la Fiscalía General de la República y señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos.
9. Opinión del Fiscal General de la República. Se abstuvo de emitir su opinión respecto de la presente controversia constitucional.
10. Audiencia y alegatos. Se celebró el cuatro de septiembre de dos mil veinticuatro, en donde se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas, se hizo constar que las partes no formularon alegatos y que, al momento de la celebración de la audiencia, no se contaba con alguna constancia de que hubiesen formulado.
11. Cierre de la instrucción. El diecisiete de septiembre de dos mil veinticuatro, el Ministro instructor ordenó agregar al expediente el acta de audiencia de desahogo de pruebas y alegatos; tuvo por desahogadas, por su propia y especial naturaleza, las pruebas documentales relacionadas y, al advertir que las partes no exhibieron alegatos, ordenó cerrar instrucción a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.
12. Returno. El once de diciembre de dos mil veinticuatro, se determinó returnar el expediente del presente asunto al Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá para que continuara actuando como instructor en la controversia constitucional 312/2023.
13. Returno. Mediante acuerdo de cuatro de septiembre de dos mil veinticinco, el Ministro Presidente, Hugo Aguilar Ortiz, ordenó turnar el presente asunto al Ministro Giovanni Azael Figueroa Mejía, para que funja como instructor del procedimiento, en atención a lo dispuesto en el artículo Sexto Transitorio del Acuerdo General 1/2025 (12a.) del Pleno de este Alto Tribunal, en el cual se establece que dicho Ministro conocerá de los asuntos turnados a la ponencia del Ministro en retiro Juan Luis González Alcántara Carrancá.
I. COMPETENCIA
14. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente controversia constitucional, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso k),(8) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos; y 16, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, porque se trata de un conflicto entre el Tribunal Electoral y los poderes Ejecutivo y Legislativo, todos del Estado de Colima.
II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS RECLAMADAS
15. En términos del numeral 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos,(9) deben fijarse los actos, normas generales u omisiones combatidos objeto de la controversia. A partir de un análisis integral de la demanda, se advierte que los conceptos de invalidez cuestionan tanto el DECRETO NÚMERO 262, POR EL QUE SE REFORMAN EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 109; PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 125; PRIMERO Y SEGUNDO PÁRRAFO DEL 273; SE DEROGAN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 109; LA TOTALIDAD DE LOS INCISOS A) Y B); Y EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 125 DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA, en lo general, por vicios al procedimiento legislativo, como, en específico, el primer párrafo del artículo 273 reformado, en relación con los artículos transitorios PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, fracciones I y III, SEXTO y SÉPTIMO.
III. OPORTUNIDAD
16. Conforme al artículo 21, fracción II, de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Federal,(10) el plazo para promover controversia constitucional es de treinta días, tratándose de normas generales, contados a partir del día siguiente a la fecha de su publicación.
17. El Decreto número 262, mediante el cual se reforman el primer párrafo del artículo 109; primer párrafo del 125; primero y segundo párrafo del 273; se derogan el segundo párrafo del 109; la totalidad de los incisos a) y b); y el último párrafo del 125 del Código Electoral del Estado de Colima, fue publicado el dieciséis de marzo de dos mil veintitrés. El plazo de treinta días para promover la controversia constitucional transcurrió del diecisiete de marzo al ocho de mayo de dos mil veintitrés.(11)
18. La demanda se presentó en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el ocho de mayo de dos mil veintitrés, por lo que debe concluirse que fue presentada de forma oportuna.
IV. LEGITIMACIÓN ACTIVA
19. En términos del artículo 105, fracción I, inciso k), de la Constitución Federal,(12) los órganos constitucionales autónomos de las entidades federativas tienen legitimación para promover este medio de control constitucional.
20. Conforme al artículo 22, párrafo séptimo, fracción IV(13) y 78, apartado A, párrafo primero(14) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, así como el numeral 7 del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado de Colima,(15) el Tribunal Electoral de dicha entidad es un órgano constitucionalmente autónomo para efectos de la promoción de la presente controversia constitucional.
21. De acuerdo con el dispositivo 11 de la Ley Reglamentaria de la materia(16) el actor debe comparecer a juicio por conducto de las personas funcionarias facultadas para representarlo en términos de las normas rigen su actuación. Así, en representación del Tribunal Electoral local compareció María Elena Díaz Rivera, en su carácter de Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Colima y representante legal del mismo, personalidad que acredita con la copia certificada del nombramiento como Magistrada Numeraria otorgada a su favor por el Senado de la República, así como la copia certificada del Acta de Sesión Extraordinaria de veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, por la cual se le designó como Presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Colima.
22. Por lo anterior se concluye que, la demanda fue presentada por parte legitimada.
V. LEGITIMACIÓN PASIVA
23. Los poderes demandados tienen legitimación pasiva.
24. De conformidad con la fracción II del artículo 10 de la Ley Reglamentaria de la materia,(17) en las controversias constitucionales tienen el carácter de parte demandada la entidad, poder u órgano que hubiere emitido y promulgado la norma general que sea objeto de la controversia constitucional.
25. En auto de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, el entonces ministro instructor reconoció el carácter de demandados a los poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Colima, toda vez que el primero emitió el Decreto que contiene el artículo combatido, mientras que el segundo lo promulgó. A continuación, se analiza si las personas que comparecen en su representación gozan de facultades legales para actuar en la presente controversia constitucional.
a) Legitimación pasiva del Poder Legislativo
26. En representación del Poder Legislativo del Estado de Colima comparece la Diputada Isamar Ramírez Rodríguez, Presidenta de la Mesa Directiva del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones correspondiente al Tercer Año del Ejercicio Constitucional de la LX Legislatura del Congreso local, personalidad que acreditó con la copia certificada del Acta de la Sesión Pública Ordinaria número 11 del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones de la LX Legislatura del Congreso de Colima, celebrada el veintisiete de junio de dos mil veinticuatro.
27. El artículo 42, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Colima(18) establece que es atribución del diputado o diputada que preside la Mesa Directiva representar jurídicamente al Poder Legislativo del Estado, por lo que dicha diputada, al desempeñar este cargo, se encuentra legitimada para comparecer en la presente controversia constitucional en representación de dicho Poder.
28. Por consiguiente, el Poder Legislativo del Estado de Colima cuenta con legitimación pasiva en el presente juicio, pues se le atribuye la emisión del Decreto impugnado y la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado que signó la contestación de demanda está facultada para representarlo.
b) Legitimación pasiva del Poder Ejecutivo
29. En representación del Poder Ejecutivo del Estado de Colima comparece Roberto Rubio Torres, quien se ostentó como Consejero Jurídico de la Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Colima, personalidad que acreditó con copias certificadas de su nombramiento, expedido por la Gobernadora del Estado de Colima, de fecha uno de noviembre de dos mil veintiuno.
30. Los artículos 65 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima(19) y 41, fracción XII(20) de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública del Estado de Colima establecen que la persona titular de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado cuenta con la atribución de representar jurídicamente a la persona titular del Poder Ejecutivo en cualquier juicio o asunto, así como en las acciones y controversias a que se refiere el numeral 105 de la Constitución Federal.
31. Por lo tanto, el Poder Ejecutivo del Estado cuenta con legitimación pasiva en el presente juicio, pues se le atribuye la promulgación del Decreto combatido y el servidor público que signó la contestación de demanda cuenta con las facultades para representarlo en la presente controversia constitucional.
VI. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO
32. Los poderes Ejecutivo y Legislativo demandados señalaron que la presente controversia constitucional es improcedente en términos de los artículos 105, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 19, fracción II de la Ley Reglamentaria en la materia, que establece que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no podrá conocer de las controversias constitucionales que combaten normas generales en materia electoral.(21) Con base en dicha excepción, los poderes demandados argumentaron que el presente asunto debe declararse improcedente porque se interpuso en contra del Decreto 262, que, a su juicio, consiste en una norma general en materia electoral.
33. Este planteamiento se estudió en el recurso de reclamación 303/2023-CA(22) derivado de la presente controversia constitucional. A través de dicho recurso, el Poder Ejecutivo del Estado de Colima, combatió el acuerdo de admisión de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, dictado por el entonces ministro instructor. Contrario a lo solicitado por el recurrente, la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó el acuerdo de admisión impugnado. En la ejecutoria emitida, se retomó la línea jurisprudencial desarrollada por este Alto Tribunal para delimitar lo que debe entenderse por “materia electoral” para efectos de la procedencia en controversias constitucionales, y se concluyó que no se actualiza la causal de improcedencia y que la demanda de controversia constitucional es procedente.
34. Incluso, aunque se considere que estemos ante normas de naturaleza electoral, conforme a la diversa controversia constitucional 73/2020, este medio de regularidad es procedente, porque se cumplen dos condiciones, a saber: 1) el Tribunal Electoral de Colima plantea únicamente invasión a una autonomía que claramente tiene reconocida y, 2) además, no cuenta con un medio para combatir de forma idónea remediar esa vulneración.
35. Por otra parte, este Tribunal Pleno advierte de oficio que se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 19, fracción V y 20, fracción II, de la Ley Reglamentaria de la materia, en relación con el contenido del artículo cuarto transitorio, fracciones I y III del Decreto impugnado en esta controversia constitucional, debido a que dichos preceptos han cesado en sus efectos, conforme a las razones que se exponen a continuación.
36. Los preceptos legales citados prevén como causa de improcedencia en una controversia constitucional la cesación de los efectos de la norma general o acto impugnado, en los siguientes términos:
Artículo 19. Las c
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34204-f1c4d21a/i-controversia-constitucional-procede-de-manera-excepcional-aunque · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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