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PARTIDOS POLÍTICOS. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN II, INCISO D), DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA QUE REGULA EL ACCESO DE DICHOS INSTITUTOS A LA RADIO Y TELEVISIÓN PRIVADAS, NO CONTRAVIENE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, INCISO G), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. CUANDO SE IMPUGNAN NORMAS GENERALES EN MATERIA ELECTORAL LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN DEBE SUPLIR LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ, PERO NO PUEDE FUNDAR LA DECLARATORIA DE INCONSTITUCIONALIDAD EN LA VIOLACIÓN A CUALQUIER PRECEPTO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 71 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 CONSTITUCIONAL). ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. FORMA EN QUE OPERA LA SUPLENCIA DEL ERROR. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LA SUPLENCIA DE LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ OPERA RESPECTO DE TODOS LOS SUJETOS LEGITIMADOS PARA INTERPONER AQUÉLLA. FINANCIAMIENTO PÚBLICO Y TOPE DE LOS GASTOS DE CAMPAÑA. EL ARTÍCULO 63 BIS-5 DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA, AL PREVER QUE SE OTORGARÁ SU ADMINISTRACIÓN AL PARTIDO DE MAYOR FUERZA DE LOS QUE FORMEN UN FRENTE, CONTRAVIENE LOS ARTÍCULOS 41, FRACCIÓN I, Y 116, FRACCIÓN IV, INCISOS F) Y H), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. INSTANCIAS IMPUGNATIVAS EN MATERIA ELECTORAL. EL PLAZO DE UN MES PARA AGOTARLAS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 25, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA, CONTRAVIENE EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, INCISO E), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. INSTANCIAS IMPUGNATIVAS EN MATERIA ELECTORAL. LAS LEYES ESTATALES DEBEN CONSIDERAR EL LAPSO QUE PODRÍA REQUERIR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN PARA RESOLVERLAS. MATERIA ELECTORAL. PARA EL ANÁLISIS DE LAS LEYES RELATIVAS ES PERTINENTE ACUDIR A LOS PRINCIPIOS RECTORES Y VALORES DEMOCRÁTICOS PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 41 Y 116, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. LA ADICIÓN AL CUARTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 301 DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA, AL ESTABLECER UNA EXCEPCIÓN AL SISTEMA DE ASIGNACIÓN DE DIPUTADOS, TRANSGREDE UNA DE LAS BASES GENERALES DE AQUEL PRINCIPIO. REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. LA ADICIÓN AL CUARTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 301 DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA, QUE PREVÉ UNA EXCEPCIÓN AL SISTEMA DE ASIGNACIÓN DE DIPUTADOS, TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD EN MATERIA ELECTORAL.

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 30/2005. · Registro digital (IUS): 19498
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Mayo de 2006, , Pág. 1016.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 30/2005. PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día catorce de noviembre de dos mil cinco.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por oficio presentado el treinta de septiembre de dos mil cinco, en el domicilio particular del secretario autorizado para recibir las promociones, a que se refiere el artículo 7o. de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Leonel Cota Montaño, presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática, promovió acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez de las reformas al Código Electoral del Estado de Colima y a la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de los Decretos Números 245 y 246, publicados en el Periódico Oficial "El Estado de Colima", de fecha treinta y uno de agosto de dos mil cinco, emitidos y promulgados por el gobernador y el Congreso del Estado de esa entidad federativa, respectivamente.

SEGUNDO. El promovente estimó que las disposiciones legales impugnadas son violatorias de los artículos 1o., 9o., 14, 16, 17, 35, 36, 39, 40, 41, 85, 86, 115, 116 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y relató los siguientes antecedentes:

"1. El 20 de agosto del año 2005, se llevó a cabo la sesión extraordinaria número cuatro de la Quincuagésima Cuarta Legislatura del Estado Libre y Soberano de Colima, donde en el punto IV del orden del día, se incluyó la lectura, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen relativo a las reformas al Código Electoral para el Estado de Colima, del Código Penal para el Estado de Colima, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como de su reglamento.

"2. Que una vez leído y discutido el dictamen de referencia, el presidente de la mesa directiva la puso a la consideración del Pleno siendo aprobada por mayoría de votos, habiendo votado en contra los diputados del partido político al que represento en este escrito de inconstitucionalidad.

"3. El decreto de reforma, en la parte considerativa omite referirse al sentido, alcance y necesidad de regular y establecer plazos para los procesos internos de los partidos políticos en la selección de sus candidatos a cargos de elección popular y establece normas que el partido que represento considera inconstitucionales y que por esta vía combate.

"La presente denuncia de inconstitucionalidad de las normas generales emitidas y promulgadas por la LIV Legislatura del Congreso y por el gobernador del Estado de Colima, se fundamenta en los siguientes:

"...

"4. Finalmente, la reforma es publicada bajo los Decretos Números 245 y 246 en el Periódico Oficial ‘El Estado de Colima’, órgano del Gobierno del Estado de Colima, el día 31 de agosto de 2005.

"5. En esas condiciones, la reforma publicada señaló: Se deroga la fracción III y se reforma la fracción VII del artículo 1o.; se reforman los incisos j), k) y l), del artículo 2o.; se reforman las fracciones I y II del artículo 9o.; se reforma la fracción II y se adiciona un inciso g) a la fracción IV del artículo 10; se reforma el tercer párrafo del artículo 18; se adiciona un segundo párrafo al artículo 25; se reforma y adiciona el artículo 27; se reforman las fracciones XII y XIII y se adiciona una nueva fracción XIV al artículo 49; se reforma el último párrafo del artículo 54; se reforman las fracciones VI y VIII y se deroga la fracción VII del artículo 55; se adiciona el artículo 60 Bis; se reforma y adiciona el artículo 61; se reforma la denominación del capítulo VII del título segundo del libro segundo y se adiciona una sección primera al capítulo VII del título segundo del libro segundo, compuesta por los artículos 62 y 63; se reforma la fracción I del artículo 62; se adiciona una sección segunda del capítulo VII del título segundo del libro segundo, compuesta por los artículos 63 Bis-1, 63 Bis-2, 63 Bis-3, 63 Bis-4, 63 Bis-5; se reforman las fracciones V y VI del artículo 65; se deroga el libro tercero, compuesto por seis títulos y los artículos del 74 al 144; se reforma y adiciona el primer párrafo del artículo 145; se reforman el inciso b), se deroga el inciso c) y se reforma el último párrafo del artículo 149; se reforma el artículo 153; se reforman las fracciones XIV, XVII, XXXVI, XLIV y XLV, se derogan las fracciones XVI, XXXII y XXXIII, y se adiciona una nueva fracción XLVI, al artículo 163; se reforma y adiciona la fracción VI del artículo 165; se reforma el artículo 172; se adiciona un segundo párrafo al artículo 190; se reforma y adiciona la fracción VIII del artículo 192; se reforman los párrafos segundo y último del artículo 196; se reforma el segundo párrafo del artículo 197; se reforman las fracciones I y II, se suprimen las fracciones III y IV, se adicionan un segundo y tercer párrafo al artículo 198; se reforman las fracciones VI y VII, y se adiciona una nueva fracción VIII y un nuevo inciso d) al artículo 200; se reforma la fracción II del artículo 201; se reforma el párrafo segundo del artículo 202; se reforma el artículo 205; se adiciona un nuevo capítulo I bis al título segundo del libro quinto, que se integra de tres secciones de los artículos 205 Bis-1, 205 Bis-2 205 Bis-3, 205 Bis-4, 205 Bis-5, 205 Bis-6, 205 Bis-7, 205 Bis-8, 205 Bis-9, 205 Bis-10, 205 Bis-11, 205 Bis-12, 205 Bis-13, 205 Bis-14, 205 Bis-15, 205 Bis-16; se reforma el cuarto párrafo del artículo 210; se adiciona un segundo párrafo al artículo 211; se reforma la fracción IV, se adiciona un segundo párrafo a la fracción V, y se reforma y adiciona la fracción VI del artículo 212; se reforma el párrafo primero del artículo 214; se reforma el segundo párrafo del artículo 215; se reforman las fracciones I, II y III del artículo 219; se reforma y adiciona el primer párrafo del artículo 221; se reforma la fracción IV del artículo 227; se reforma el primer párrafo del artículo 228; se reforman el primero, tercero y cuarto párrafos del artículo 229; se reforma la fracción II del artículo 233; se reforma la fracción I, se reforma y adiciona un segundo párrafo a la fracción III y se reforma la fracción V del artículo 239; se reforma y adiciona el segundo párrafo del artículo 271; se reforma la fracción I y se adiciona un segundo párrafo a la fracción II del artículo 274; se adiciona una nueva fracción II y se recorren en lo subsecuente las actuales fracciones II, III, IV, V y VI, para pasar a ser III, IV, V, VI y VII, respectivamente, del artículo 276; se reforma el párrafo primero del artículo 299; se reforma el cuarto párrafo del artículo 301; se reforma el primer párrafo del artículo 304; se reforma el primer párrafo del artículo 313; se reforma la denominación del libro séptimo; se derogan los títulos primero y segundo del libro séptimo y se adiciona un título único, compuesto por dos capítulos que los integran los artículos del 326 al 341; y se derogan los artículos del 342 al 391, todos del Código Electoral del Estado de Colima.

"6. De igual forma, el día 31 de agosto de 2005, el gobernador del Estado de Colima publicó un decreto emitido por la LIV Legislatura del Congreso del Estado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado; igualmente ese día aprobó la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral."

TERCERO. El promovente expone en sus conceptos de invalidez lo siguiente:

"Primero.

"Concepto de invalidez. Son inconstitucionales las reformas planteadas por el legislador colimense, en el decreto que se combate, por violar lo dispuesto en los artículos 14, 16, 17, 41 y 116, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que evade la obligación del Estado de establecer un proceso electoral apegado a los principios rectores, que derive en elecciones auténticas y válidas, en el que se atienda a la cadena impugnativa de cada uno de los actos que se emitan con motivo de la preparación y desarrollo de la elección, así como el sistema de nulidad, como se demuestra a continuación.

"1. El proceso electoral comprende tres etapas: la de preparación, la de jornada electoral y la de resultados. En cada una de esas etapas se generan los actos atinentes para su realización, los que adquirirán firmeza y definitividad en dos momentos: el primero, cuando al ser revisados por la autoridad jurisdiccional, se determine su juridicidad; el segundo, cuando se haya agotado la oportunidad de esa etapa, por haberse iniciado la siguiente:

"Asimismo, debe tenerse presente que todos y cada uno de los actos generados en cada una de las etapas en estudio, deben necesariamente ceñirse a los postulados derivados de la estricta observancia de los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, independencia y certeza, por cuanto a la autoridad electoral; al principio de equidad, por cuanto a la contienda entre pares (partidos y candidatos); universalidad, libertad y secrecía, respecto de los derechos fundamentales a garantizar para el elector.

"De manera que la revisión jurisdiccional de los actos generados en cada etapa del proceso electoral, coadyuva, desde luego, a que se respeten las garantías de legalidad, seguridad jurídica y acceso a la justicia, que son derechos fundamentales garantizados por la Carta Fundamental; además de ello, el control jurisdiccional de los actos emitidos en cada una de las etapas del proceso electoral genera el acatamiento de los principios, también constitucionales, que rigen la actuación de la autoridad, la contienda y el ejercicio de los derechos ciudadanos.

"Es decir que concatenando las ideas esbozadas en los párrafos antecedentes, de poca o nula certeza, por ejemplo, puede dotarse a un acto que por cuestiones de tiempo no puede ser puesto al dictamen de un jurisperito, situación que se agrava cuando, al término de la etapa del proceso en que fue creado, adquiere definitividad y, por tanto, no puede ser estudiado desde la óptica de su legalidad intrínseca, sino como apenas una entre otras muchas anomalías.

"Ese es el gran problema que genera la definitividad de los actos electorales, que si bien no se consideran como actos consentidos tácitamente al haber precluido el derecho para impugnarlos, por haberse transitado a otra instancia del proceso, entonces ya no puede ser cuestionado respecto de sus propios vicios, sino que deberá verse desde la perspectiva del conjunto de irregularidades; de modo tal que la sentencia que sobre su validez se dicte, ya no generaría efecto fáctico y jurídico alguno.

"Por esa razón, el Constituyente estableció como parte del cúmulo de garantías previstas para el desarrollo del proceso electoral, en estricto respeto de los principios rectores, la impugnación de los actos electorales, según se desprende del artículo 41, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra señala:

"‘Artículo 41.’ (se transcribe).

"Como esa juzgadora habrá notado, hasta ahora no se ha precisado el tipo de elección a que se hace referencia, y no se ha hecho precisamente, porque los fundamentos apuntados son aplicables tanto a las elecciones ordinarias como a las extraordinarias. En efecto, la extraordinariedad de las elecciones no es excluyente de la estricta aplicación de los principios rectores, ni de las garantías previstas en los Ordenamientos Supremos.

"Muy por el contrario, considerando que las elecciones extraordinarias se celebran por imperio de ley, en algunos casos podría considerarse que los fundamentos constitucionales aplicables a todas las elecciones, son de especial cuidado para las extraordinarias. Tal es el caso de las elecciones que se ordenan y celebran, después de la declaración de nulidad de las ordinarias, en sentencia del medio de impugnación correspondiente.

"Es cierto que las elecciones extraordinarias son eso y no otra cosa, extraordinarias, esto es, que son especiales, irregulares, insólitas, no ordinarias; y que merced de esa cualidad, no pueden recibir el tratamiento ni legal ni fáctico que las elecciones ordinarias, esto es, normales, regulares. Pero ese tratamiento diferenciado en atención a sus características sui géneris, no puede dar pie a vulnerar derechos fundamentales tutelados por la Carta Fundamental.

"En otro orden de ideas, el proceso electoral se puede traducir en el conjunto de actos encaminados al reemplazo de los titulares de los poderes públicos, a través del voto universal, libre y secreto. Los términos y plazos fijados legalmente para el desarrollo de las tres etapas precisadas en el número 1 antecedente, atienden a los actos que habrán de generarse, al universo de electores, al espacio territorial, considerando el cumplimiento de los principios rectores también apuntados arriba.

"Dentro de este cumplimiento se encuentran las disposiciones atinentes a la cadena impugnativa, esto es, las instancias de la revisión jurisdiccional de los actos generados en cada etapa, hasta la federal. En ese tenor, deben contemplarse los tiempos que se marcan en las leyes aplicables a los recursos electorales y que son: tres días en el caso de la recién aprobada Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Colima, y cuatro días para la revisión constitucional según la Ley Federal del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

"Para una mejor comprensión, a continuación se presenta un cuadro en el que se desarrollan los tiempos a que está sujeta la cadena impugnativa según los ordenamientos legales invocados, sin considerar la posibilidad del recurso administrativo.

Ver cuadro 1

"De manera que para procesos electorales ordinarios, nada más para que la impugnación llegue a la instancia electoral jurisdiccional federal, deben pasar veintiocho días, a los que habrán de sumarse los que requiera el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para sustanciar, estudiar y resolver el medio planteado.

"No debe soslayarse que, conforme se señaló arriba, las elecciones extraordinarias deben desarrollarse en cada una de sus etapas, respetando en todo tiempo los principios rectores considerados en el Pacto Federal y en la Carta Fundamental colimense. Al efecto, el legislador estatal considera, tanto en el Código Electoral como en la recién aprobada Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, ambos para el Estado de Colima, que las respectivas autoridades ajustarán los plazos previstos en cada una de esas leyes, a lo dispuesto en la convocatoria de elecciones extraordinarias, pero sí debe quedar bien claro que tal ajuste debe hacerse considerando, desde luego, el respeto a los mencionados principios: objetividad, imparcialidad, independencia, certeza y legalidad; equidad, universalidad, secrecía y libertad; definitividad de los actos.

"Ahora bien, el artículo 25 sufre las reformas que se consideran en el cuadro siguiente:

Ver cuadro 2

"De lo hasta aquí apuntado, resulta que es inconstitucional el decreto por el que se reforman diversos artículos del Código Electoral del Estado de Colima, habida cuenta que vulnera sensiblemente los principios rectores en materia electoral, al impedir que los actos de autoridad sean impugnados en términos de las leyes aplicables, hasta la última instancia de revisión jurisdiccional federal.

"En efecto y como se ha dicho en el número tres precedente, el tiempo necesario para que la impugnación de un acto respecto del que no proceda el recurso administrativo, requiere de veintiocho días para ser turnado al Magistrado ponente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, aparte corre el término para que dicha instancia resuelva.

"En tratándose de un acto impugnable emitido en un proceso electoral extraordinario, habida cuenta que para tres de ellos, según se hizo el razonamiento en el número 1 de este concepto, la elección debe realizarse en un mes, se tiene que cuando la instancia federal resuelve el asunto, la etapa en la que se emitió dicho acto ha concluido y, por tanto, adquiere definitividad.

"Así las cosas, resulta que la reforma aprobada por el Congreso del Estado de Colima a los artículos 55 y 57 constitucionales, deviene incompatible con el principio de preservación de la cadena impugnativa, haciendo nugatorio el derecho a la impugnación, sancionado en el Pacto Federal e incluso en la propia Constitución Local.

"No es obstáculo para arribar a la anterior conclusión, las disposiciones contenidas en la norma reglamentaria de la Constitución Local, relativa a las facultades de las autoridades electoral, administrativa y jurisdiccional, de ajustar los términos y plazos a la convocatoria de elección extraordinaria.

"Para acreditar este aserto, a continuación se plantea un ejercicio, a manera de ejemplo, de reducción de plazos, considerando la tabla presentada en el número 3 precedente:

Ver tabla 1

"Como se puede apreciar, la ubicación de las casillas resulta prácticamente imposible, puesto que en el ejemplo anterior, se tiene que el presidente del Consejo Municipal tiene que llevar a cabo recorridos y hablar con las personas adecuadas, para lograr ubicar las casillas en un plazo de un día. Asimismo, los partidos políticos tienen apenas un día para hacer las observaciones y ese mismo día resolverá el Consejo Municipal. Por si fuera poco, para cuando el asunto se resuelva en la instancia federal, es probable que la etapa de preparación de la elección haya terminado y cobrado definitividad el acto impugnado, dejando en estado de indefensión al instituto político que la hubiera iniciado.

"Y aun encontrando mecanismos tales como utilizar los mismos lugares de la elección que se declaró nula (situación que sólo ocurre en uno de los tres casos de elecciones extraordinarias), de cualquier forma se tienen que desplegar algunas actividades que llevan más de dos días, para asegurar que los lugares existan todavía y sigan siendo los adecuados para garantizar el voto universal, libre y secreto.

"En el mejor de los casos, el Magistrado ponente tendría apenas dos días para presentar el proyecto de resolución, respecto de la ubicación de casillas del acuerdo de registro de candidato ante el Pleno, dejando así el margen de un día para que la autoridad administrativa cumpla el fallo en sus términos y antes de que se termine la etapa preparatoria.

"Sirven de apoyo a las anteriores consideraciones, las siguientes tesis jurisprudenciales:

"‘INSTANCIAS IMPUGNATIVAS EN MATERIA ELECTORAL. LOS PLAZOS CONSTITUCIONALES PARA SU DESAHOGO, SON AQUELLOS QUE GARANTICEN UNA PRONTA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA.’ (se transcribe).

"‘INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. LOS ARTÍCULOS 30, FRACCIÓN III, Y 38 DE SU LEY ORGÁNICA, VIOLAN EL PRINCIPIO DE CERTEZA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, INCISO B), DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, PORQUE EL PRIMERO NO FIJA EL PLAZO ESPECÍFICO PARA LA DESIGNACIÓN DEL CONSEJERO PRESIDENTE SUSTITUTO DEL INSTITUTO RESPECTIVO, Y EL SEGUNDO TAMPOCO ESTABLECE EL PLAZO EN EL QUE EL DIRECTOR JURÍDICO PUEDA FUNGIR COMO SUSTITUTO DEL SECRETARIO GENERAL (DECRETO PUBLICADO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO.’ (se transcribe).

"‘INSTANCIAS IMPUGNATIVAS EN MATERIA ELECTORAL. EL ARTÍCULO 154 DE LA LEY ELECTORAL DE QUINTANA ROO, QUE ESTABLECE QUE LOS CONSEJOS DISTRITALES, A MÁS TARDAR 15 DÍAS ANTES DEL DÍA DE LA ELECCIÓN, PUBLICARÁN LAS LISTAS DE LOS LUGARES EN QUE HABRÁN DE UBICARSE LAS CASILLAS ELECTORALES, NO PERMITE EL DESAHOGO OPORTUNO DE LAS QUE PROCEDEN EN CONTRA DE ESE ACTO, CONTRAVINIENDO EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, INCISO E), CONSTITUCIONAL.’ (se transcribe).

"Las reformas a diversos artículos del Código Electoral del Estado de Colima, específicamente por cuanto hace al artículo 25, son violatorias de los artículos 14, 16, 17, 41 y 116, fracción IV, del Pacto Federal, por lo que deberá declararse su inconstitucionalidad para efectos de que tales normas desaparezcan del universo jurídico.

"Segundo.

"Artículo que se impugna: fracción VI del artículo 55 del Código Electoral.

"Pruebas: los acuerdos del órgano electoral por el que se aprueban los topes de gastos de campaña y se aprueba el financiamiento a los partidos políticos.

"Preceptos constitucionales violados: Los artículos 41, fracciones I y II, 116, fracción IV, inciso f) y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

"Conceptos de invalidez.

"II. La reforma aprobada al artículo 55 del Código Electoral establece lo siguiente:

"‘Artículo 55. ...

"‘...

"‘VI. En el año de la elección, cada partido recibirá una cantidad equivalente al 70% del monto del financiamiento público que le corresponda en ese año, de conformidad con las fracciones I y IV de este artículo, que será destinada para apoyar las actividades tendientes a la obtención del voto durante el proceso electoral de sus candidatos a diputados locales, Ayuntamientos y gobernador del Estado, en su caso; ...’

"Esta reforma contradice las disposiciones del artículo 41, fracciones I y II, y 116, fracción IV, inciso f), de la Carta Magna que señalan:

"‘Artículo 41.’ (se transcribe).

"‘Artículo 116.’ (se transcribe).

"En su conjunto, la reforma que se impugna no atiende lo dispuesto en los preceptos constitucionales por lo siguiente.

"El sentido de la reforma legal, es reducir el monto del financiamiento a que tienen derecho los partidos políticos para la obtención del voto en los procesos electorales, lo cual pone en riesgo la participación de los institutos políticos en la renovación de los poderes, pues al menguar sus finanzas se ancharía la brecha de la inequidad en los procesos, de tal manera que tendrían la opción de participar en esos términos con la certeza de que no podrán tener la capacidad de hacer una mediana campaña y de que no ganaran o sólo participar para la elección de diputados en algunos distritos electorales y en algunos Ayuntamientos, como ya ha ocurrido en algunos casos, incluso en el Estado de Colima para la elección extraordinaria derivado del fallecimiento del exgobernador, el partido al que represento no participó, en cierta medida por no tener los recursos suficientes para participar en una contienda corta, otros, la mayoría participaron en alianzas electorales con el PAN o con el PRI.

"La anterior circunstancia altera los principios de equidad en las contiendas, pues en los medios de comunicación y dentro del distrito electoral o Municipio, se podrá saber sólo de algunos candidatos y sus propuestas, en tanto que otros harán un despliegue por todo el Municipio, lo que será determinante para el resultado de la elección, en esto coinciden la inmensa mayoría de los analistas políticos y la gente en general.

"Los integrantes de la Suprema Corte notarán que el financiamiento que se recibe en la entidad es mínimo comparado con otras entidades, aun así fue reducido de tal manera que si se declara la validez de la reforma, el financiamiento público que se reciba para la obtención del voto en el año 2006, no será suficiente para impulsar a ciudadanos a ocupar los cargos públicos, por ejemplo, el PRD por financiamiento ordinario para este año 2005 recibe 1 millón 93 mil 563 pesos, por lo que derivado de la reforma, en vez de entregarnos el cien por ciento para la obtención del voto, nos será entregado el 70 por ciento que representa poquito más de los 700 mil pesos, cantidad que debe invertirse para las campañas de diputados en los diez distritos electorales y en los diez Ayuntamientos, 26 candidaturas en total, lo que representa para cada candidatura cerca de los 27 mil pesos, el cual será reducido aún más cuando se presente la elección de gobernador, esta cantidad está muy lejos de alcanzar los topes de gastos de campaña aprobados por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, pues para la elección de Ayuntamiento, el tope menor fue de 54 mil pesos en un Municipio de 5 mil electores, el mayor fue de 717 mil de un Municipio de cerca de los 90 (sic) electores, en tanto que para la elección de diputados, el distrito que se autorizó el menor gasto fue de 54 mil pesos, en tanto que el mayor fue 249 mil pesos.

"Lo anterior, muestra la inequidad con que se participará en los procesos electorales, no omitimos que los partidos pueden recibir financiamiento privado hasta por la misma cantidad que el que reciben del órgano electoral, aun así la inequidad persiste, pues suponiendo que se logre encontrar todo el financiamiento privado legalmente posible, tendríamos que cada candidatura podrá tener hasta 45 mil pesos, que sigue siendo una cantidad muy inferior; ahora bien, estamos hablando del PRD que es el tercer partido que recibe más financiamiento público, pues hay otros cuatro que reciben menor cantidad. En estas condiciones de participación es claro que no se cumple con el principio constitucional de equidad que debe caracterizar a toda elección democrática y que garantizan los artículos 41 y 116 constitucionales.

"Además, de aceptarse la validez de la reforma que se impugna, se corre el riesgo de que los partidos políticos, no puedan cumplir con uno de los fines constitucionales a que están obligados legal y moralmente hacer, como es el de hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público.

"La reforma al artículo 55 se aparta del contenido de la fracción II del artículo 41 de la Carta Magna y de la fracción II del artículo 86 Bis de la Constitución Local que garantiza que los partidos políticos cuenten de manera equitativa con elementos para poder llevar a cabo sus actividades incluso, esta última disposición señala:

"‘Artículo 86 Bis. La renovación de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado, así como los Ayuntamientos, se realizarán mediante elecciones libres, auténticas y periódicas conforme a las siguientes bases:

"‘...

"‘Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación estatal y municipal y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. En el Estado gozarán de las mismas prerrogativas que les confiere la Constitución General de la República. Los ciudadanos podrán afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos.

"‘II. Los partidos políticos tendrán derecho al uso en forma permanente e igualitaria de los medios de comunicación social propiedad del Gobierno del Estado, de acuerdo con las formas y procedimientos que establezcan la ley. En los procesos electorales estatal, distritales y municipales, los partidos políticos deberán contar, en forma equitativa, con un mínimo de elementos para sus actividades tendientes a la obtención del sufragio popular.’

"Lo que nos permite afirmar que lo que el legislador buscó es el de que los partidos políticos participen en un plano de equidad, que es un ingrediente de una elección democrática, incluso, con razón dejaron asentado que en el Estado los partidos políticos gozarán de las mismas prerrogativas que les confiere la Constitución Federal, lo cual constituye un derecho que pocas Constituciones Locales tienen.

"En ese sentido, lo correcto es que permanezca intacto el artículo impugnado, pues el inciso b) de la fracción II del artículo 41 de la Carta Magna, señala:

"‘Artículo 41.’ (se transcribe).

"Además, las fracciones I y II del artículo 41 constitucional establecen un sistema de normas en las que se instituyen lineamientos generales que rigen en nuestro sistema federal y que, por tanto, vincula a las autoridades federales y a las estatales en su respectivo ámbito de competencia, lo que refuerza la inconstitucionalidad de la reforma legal.

"Se puede argumentar que de acuerdo al inciso f) de la fracción IV del artículo 166, le corresponde a los Estados, de acuerdo con las disponibilidades presupuestales, garantizar que los partidos políticos reciban, en forma equitativa, financiamiento público para su sostenimiento y cuenten durante los procesos electorales con apoyos para sus actividades tendientes a la obtención del sufragio universal.

"Al respecto, he de mencionar que la exposición de motivos del decreto de reforma no hace ningún señalamiento, no argumenta falta de recursos, incluso contrariamente, en la fracción VIII del mismo artículo 55 eleva en un diez por ciento el monto que se entregará a los partidos políticos para apoyar actividades relativas a educación, capacitación e investigación, al no mencionar la suficiencia presupuestaria es de suponerse que se afectó pensando en otros motivos, cualquiera que sea, el resultado es que se afecta al principio de equidad y vulnera los artículos constitucionales ya señalados, en especial del artículo 116, pues si hay suficiencia presupuestaria, como lo es, no debieron afectar al financiamiento público de los partidos, que como ya se dijo es de los menores en toda la República.

"Decimos que sí hay suficiencia presupuestaria, porque desde que se aprobó otorgar financiamiento público, jamás se ha mencionado falta de recursos, siempre se han entregado los recursos en ministraciones mensuales y en año electoral ocurre lo mismo, incluso se actualiza año con año.

"Se podrá argumentar que la reforma afecta a todos, sin embargo, se afecta también a la democracia que cada día se fortalece en todos sus sentidos.

"Tercero.

"Conceptos de invalidez.

"Lo constituyen los artículos 63 Bis-3 y 63 Bis-5 que señalan:

"‘Artículo 63 Bis-3. Los partidos políticos que postulen candidato o candidatos comunes, conservarán cada uno sus obligaciones, prerrogativas y financiamiento público, con las limitantes que les señale el presente código.’

"‘Artículo 63 Bis-5. El financiamiento público correspondiente a la obtención del voto, el tope de los gastos de campaña y el acceso gratuito a los medios de comunicació

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19498-22293274/partidos-politicos-el-articulo-61-fraccion-ii-inciso · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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