Corpus
Modo: Corpus Pro

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EXTENSIÓN DE LOS EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE UNA NORMA GENERAL A OTRAS QUE, AUNQUE NO HAYAN SIDO IMPUGNADAS, SEAN DEPENDIENTES DE AQUÉLLA. ELECCIÓN EXTRAORDINARIA DE GOBERNADOR ESTATAL. EL ARTÍCULO 55, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, QUE ESTABLECE EL PLAZO DE TREINTA DÍAS PARA CELEBRARLA, VIOLA EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, INCISO E), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (TEXTO VIGENTE EN 2005). GOBERNADOR INTERINO. EL ARTÍCULO 57 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE COLIMA, QUE ESTABLECE EL LÍMITE MÁXIMO DE DOS MESES PARA QUE AQUÉL EJERZA EL CARGO, VIOLA EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, INCISO E), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (TEXTO VIGENTE EN 2005). GOBERNADOR INTERINO, PROVISIONAL, SUSTITUTO O ENCARGADO DEL DESPACHO. SU DESIGNACIÓN ES DE NATURALEZA ELECTORAL PORQUE SE RELACIONA CON ESTA MATERIA.

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 28/2005. · Registro digital (IUS): 19505
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Mayo de 2006, , Pág. 914.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 28/2005. PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

MINISTRA PONENTE: OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS.

SECRETARIA: LETICIA FLORES DÍAZ.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al quince de noviembre de dos mil cinco.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por oficio presentado el veintiocho de septiembre de dos mil cinco, en el domicilio de la persona autorizada por el secretario general de Acuerdos para recibir demandas y promociones de término fuera del horario de labores de esta Suprema Corte de Justicia la Nación, Leonel Cota Montaño, quien se ostentó con el carácter de presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática, promovió acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez de la normas que más adelante se señalan, emitidas y promulgadas por los órganos legislativo y ejecutivo, que a continuación se precisan:

I. Autoridades emisora y promulgadora de la norma impugnada:

El Congreso del Estado de Colima.

El gobernador del mismo Estado.

II. Normas generales cuya invalidez se demanda:

a) La reforma de los artículos 55 y 57 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima.

Las reformas anotadas fueron publicadas en el Periódico Oficial "El Estado de Colima", órgano del gobierno del Estado, el veintinueve de agosto de dos mil cinco.

SEGUNDO. Los antecedentes del caso narrados, son los siguientes:

"1. El 29 de julio del año 2005 se llevó a cabo la sesión extraordinaria número uno de la Quincuagésima Cuarta Legislatura del Estado Libre y Soberano de Colima donde, en el punto IV del orden del día, se incluyó la lectura, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen relativo a la iniciativa de reforma de los artículos 22, 28, 55, 57, 86 Bis y 141 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. 2. Que una vez leído y discutido el dictamen de referencia el presidente de la mesa directiva la puso a la consideración del Pleno siendo aprobada por 22 votos a favor y dos abstenciones que corresponden a los de los diputados del partido político al que represento en este escrito de inconstitucionalidad. 3. La reforma aprobada fue turnada a los Ayuntamientos para su discusión y aprobación, en su caso, en términos del artículo 130 de la Constitución Política del Estado de Colima. 4. En la sesión extraordinaria número tres de la citada legislatura, celebrada el 26 de agosto, al abordar el punto VII del orden del día aprobado, se hizo la formal declaratoria de que las reformas a los artículos 22, 28, 55, 57 y 86 Bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, contenidas en la minuta proyecto de decreto aprobada en la sesión extraordinaria número uno, celebrada el 29 de julio del presente año, forman parte del texto de la misma Constitución, al haberse aprobado por la mayoría de los diez Ayuntamientos que existen en el Estado. 5. Finalmente, la reforma es publicada, bajo el Decreto No. 246 en el Periódico Oficial ‘El Estado de Colima’ órgano del gobierno del Estado de Colima, el día -29 de agosto de 2005, planteándose la reforma en los siguientes términos: (se transcribe). La presente denuncia de inconstitucionalidad de las normas generales emitidas y promulgadas por la LIV Legislatura del Congreso y por el gobernador del Estado de Colima, se fundamenta en los siguientes." (fojas 3-6 del escrito de demanda).

TERCERO. El promovente de esta acción estima que las disposiciones legales impugnadas son violatorias de los artículos 1o., 39, 40, 41, 85, 86, 115, 116 y 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

CUARTO. En los conceptos de invalidez, se señala lo siguiente:

"Primer concepto de invalidez. Lo constituyen los artículos 55, segundo párrafo y 57, primer párrafo, de la Constitución Política del Estado de Colima, con la reforma que se impugna señalan: ‘Artículo 55.’ (se transcribe). ‘Artículo 57.’ (se transcribe). El artículo 55 faculta al Congreso para que ante la ausencia absoluta del gobernador ocurrida dentro de los dos primeros años del periodo constitucional, nombre un gobernador interino de una terna que proponga el grupo legislativo del partido del gobernante a sustituir, quien hará entrega del poder al ciudadano que hubiere resultado electo en la elección extraordinaria, en tanto que el numeral 57 de manera similar expresa que si para el día primero de noviembre la elección de gobernador no estuviera hecha y publicada o que el electo no estuviera en posibilidad de tomar posesión del cargo, el Congreso nombrará un interino de una terna propuesta por el grupo legislativo del partido político al que pertenezca el gobernador. Lo anterior contraría los principios constitucionales que establecen los artículos 1o., 39, 40, 41, 85, 86, 115, 116 y 133 de la Carta Magna que establecen lo siguiente: ‘Artículo 1o.’ (se transcribe). ‘Artículo 39.’ (se transcribe). ‘Artículo 40.’ (se transcribe). ‘Artículo 41.’ (se transcribe). ‘Artículo 85.’ (se transcribe). ‘Artículo 86.’ (se transcribe). ‘Artículo 115.’ (se transcribe). ‘Artículo 116.’ (se transcribe). ‘Artículo 133.’ (se transcribe). Por otra parte, también es dable citar las siguientes tesis de jurisprudencia aplicables al caso que nos ocupa: Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIII, marzo de 2001. Tesis P./J. 16/2001. Página 447. ‘ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ES PROCEDENTE PARA IMPUGNAR CONSTITUCIONES LOCALES, AL SER ÉSTAS, NORMAS DE CARÁCTER GENERAL Y ESTAR SUBORDINADAS A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.’ (se transcribe). Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIII, marzo de 2001. Tesis P./J. 17/2001. Página 471. ‘ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD. LAS RESOLUCIONES DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN QUE DECLARAN LA INVALIDEZ DE NORMAS GENERALES EMITIDAS POR LOS ÓRGANOS LEGISLATIVOS ESTATALES, NO VULNERAN NI RESTRINGEN LA SOBERANÍA DE LOS ESTADOS.’ (se transcribe). Continuando con los citados artículos, que en su conjunto expresan que los poderes públicos dimanan del pueblo y se instituyen para su beneficio, ejerciendo a través de éstos su soberanía conforme a su propia Constitución, que en el caso de los Estados no podrá contravenir estipulaciones del Pacto Federal, finalmente que los Poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos. En el caso específico de los artículos 39, 40, 41, 85, 86, 116, 115 y 133 de la Constitución, puede observarse que existen bases orgánicas en la Constitución Federal específicas respecto a la integración del Poder Ejecutivo en los Estados de la República. De tal suerte que de la lectura de los artículos 85 y 86 (que se refieren a presidente de la República) y los artículos 115, primer párrafo y 116, fracción I, se puede observar que el Estado mexicano se encuentra definido con una estructura de división de poderes, y que en el caso que nos ocupa, se establece que los Estados tendrán en su régimen interior republicano, representativo, popular y que para su ejercicio óptimo el poder se divide en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, sin posibilidad de unirse; y de igual forma sin posibilidad de atentar contra los principios República y representación popular. Estableciéndose claramente que la elección de gobernador es directa (párrafo segundo de la fracción I del artículo 116 de la Constitución Federal), esto es, debe ser directa, tanto cuando se elige gobernador en elecciones (ordinarias y/o extraordinarias) directas, secretas y universales, como cuando se elige gobernador sustituto, provisional, interino o el que supla las faltas, por parte de la legislatura. Esto porque como se observa, es la voluntad ciudadana y no otra la que en un régimen republicano y representativo popular debe actuar, sin ninguna otra limitación, más que la decisión que lleve a designar a la mejor persona para tomar un cargo, que por su importancia debe ser prontamente restituido para asegurar el correcto funcionamiento del gobierno, razón por la cual al nombrar un gobernador interno o sustituto, se busca restablecer el ejercicio del poder de inmediato y en forma legítima, lo que se logra con los depositarios de la soberanía popular que son los diputados, en tal orden de ideas, cualquier procedimiento, como el que se impugna, que disminuya, límite o modifique tal facultad, resulta ilegítimo y vulnera el principio de separación de poderes y el espíritu de elección democrática directa (en tanto los electores son los diputados) del gobernador. En tal orden de ideas, no es posible delegar o limitar, como se pretende con la reforma combatida, dicha facultad a una militancia o cartel político, pues esa decisión (la de nombrar otro poder del Estado) por su importancia y trascendencia (quizá es la mayor) debe ser tomada sin limitación alguna por los diputados representantes legitimados para ese efecto. Esto es así, porque el Legislativo por su propia naturaleza plural y representativa, es al poder que le corresponde en nuestro sistema llevar a cabo dicha tarea, de la mayor relevancia, que lógicamente no puede ser acotada o condicionada, como se pretende con la norma impugnada. Sirve de apoyo la siguiente tesis jurisprudencial: Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIII, marzo de 2001. Tesis P./J. 23/2001. Página 509. ‘GOBERNADOR INTERINO DEL ESTADO DE TABASCO. EL ARTÍCULO 47, PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN LOCAL, REFORMADO POR DECRETO NÚMERO 450, EN CUANTO ESTABLECE EN SU TERCER SUPUESTO QUE EL CONGRESO DEL ESTADO HAGA LA DESIGNACIÓN RESPECTIVA EN UNA TERCERA SESIÓN CELEBRADA CON LOS DIPUTADOS QUE A ELLA ACUDAN, VIOLA LOS ARTÍCULOS 49 Y 116 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.’ (se transcribe). Por lo que en el caso que nos ocupa, es claro que dicha designación directa no se da; por tanto, se vulneran las bases antes citadas, en especial lo dispuesto en el artículo 116, fracción I, párrafo segundo. Pues se pretende coartar, condicionar, enajenar, secuestrar y/o vincular el nombramiento del Poder Ejecutivo del Estado en Colima, a una fracción parlamentaria, estableciendo como parte del mecanismo de designación, sistema que resulta profundamente antidemocrático y que implica una filiación partidaria subjetiva no vigente y carente de importancia, al haber concluido el proceso de elección popular y estar ante un Legislativo pluralmente integrado. Con lo cual se vulnera el ejercicio libre y soberano del poder público (por parte de sus legítimos tenedores, entiéndase todos los integrantes de una legislatura) y el sistema de representación instituido en nuestro país, pues vulnera los principios de certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad e independencia, establecidos en el artículo 116, fracción IV, inciso b), de la Constitución. Tan es así que pretender condicionar el nombramiento del gobernador a una terna del grupo parlamentario del que surgió, lo cual implicaría querer tener efectos sobre el gobierno de naturaleza hereditaria y aún más allá de la representación popular y de la cosa pública implica una invasión, como ya se señaló, al sistema de división de poderes. En el caso que nos ocupa, se vulneran disposiciones ya establecidas en la Constitución en perjuicio de los legisladores y la función que se designó para el Congreso pues fue voluntad del pueblo de Colima, expresada en la fracción XXV del artículo 33 de la Constitución Política del Estado, facultar al Congreso del Estado para que nombre al gobernador interino cuando falte temporalmente a su cargo o de designar al sustituto cuando la falta fuere absoluta, precisándose que se hará mediante el procedimiento establecido en la misma Constitución. Textualmente el artículo mencionado establece lo siguiente: ‘Artículo 33.’ (se transcribe). Antes de la reforma el procedimiento estaba relativamente claro, pues los artículos 55 y 57 en concordancia con la facultad expresa de la fracción XXV del artículo 33, establecían que al gobernador interino lo nombraba el Congreso sin limitación alguna, no estaba sujeta a la propuesta de algún grupo parlamentario, cada legislador podría presentar una o más propuestas que debían ser analizadas. Por lo que se vulnera el principio de certeza contemplado en el inciso b) de la fracción IV del artículo 116 de la Constitución Federal. El procedimiento conforme al artículo 100 de la Ley Orgánica del Congreso y 208 del reglamento de la misma ley, establecían textualmente lo siguiente: ‘Artículo 100.’ (se transcribe). ‘Artículo 208.’ (se transcribe). Como se puede apreciar, la facultad de nombrar al interino nunca deja de ser del Congreso y aun cuando se señale que la Comisión de Gobernación y Poderes será la que presente el dictamen, en esta comisión confluyen diputados de diferentes fracciones parlamentarias, e incluso, puede suceder que el Pleno del Congreso no apruebe el dictamen, entonces la comisión deberá presentar una nueva propuesta. Esto es, la facultad de nombrar al interino permanece en el Congreso y no en una de sus comisiones como actualmente está redactado. Además, de conformidad con el 73 del reglamento de la Ley del Congreso, cualquier diputado puede participar con derecho a voz en el estudio y dictamen de un asunto que se turne a cualquier comisión, cuestión que en el caso que nos ocupa no acontece, pues se condiciona que sólo una fracción parlamentaria podrá realizar la propuesta de gobernador, vulnerando el principio de certeza y el sistema representativo adoptado en nuestro país y rescatado con las normas antes citadas por el legislador en el Estado de Colima. Por lo que en contra del principio de certeza también se vulnera lo establecido en los artículos 33, fracción XXV, 100 de la Ley Orgánica del Congreso y 208 del reglamento de la misma ley, lo que afecta el artículo 116, fracción IV, inciso b) y la constitucionalidad de la norma impugnada en cuanto a que existen normas que no se modificaron y se ven contrariadas por la reforma impugnada. Con la reforma aprobada y que consideramos es inconstitucional, la facultad del Congreso para nombrar al gobernador interino materialmente ya no existe, pues fue delegada a una fracción parlamentaria, la del partido político al que haya pertenecido el gobernador ausente, quien presentará una terna de candidatos de la que forzosamente deberá ser nombrado. El Congreso en su intento por modificar el procedimiento, lo que en realidad hizo fue modificar o lesionar dicha facultad, lo cual es violatoria de la fracción XXV del artículo 33 de la Constitución Local y de los numerales 39, 41 y 116 de la Constitución Federal, pues el Poder Legislativo actual no se sujetó a las estipulaciones de la Constitución Local, de tal manera que ahora una misma facultad como lo es la de nombrar al gobernador interino y al sustituto, deben sujetarse a dos distintos ‘procedimientos’. El artículo 41 de la Constitución establece los principios políticos que deben caracterizar la renovación de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, precisando que se hará mediante elecciones libres y auténticas, conforme a las bases que el propio dispositivo constitucional establece. Principios que debe acatar ineludiblemente el Congreso del Estado al momento de nombrar al gobernador interino, tal como sucede para el caso del nombramiento del gobernador provisional, en donde se contempla una elección libre y auténtica. Esto es, el legislador le otorgó al Congreso la facultad de nombrar al gobernador interino y si bien se establece que lo harán mediante el procedimiento establecido en la misma Constitución, éste no debe ser arbitrario, ni sujetarse a condiciones o modalidades que el legislador en turno apruebe, pues también debe hacerse conforme a la Carta Magna. Es claro que el legislador le otorgó al Congreso la facultad de nombrar al gobernador interino y sustituto ante la ausencia definitiva del electo o cuando la elección no se haya celebrado, para que éste continúe cumpliendo con las atribuciones conferidas al Ejecutivo y no se vean afectados o disminuidos los servicios y funciones que presta a la sociedad, sin embargo, no quiere decir que teniendo esa facultad y sobre todo la de poder reformar la Constitución pueda modificar el procedimiento al grado de delegar a una fracción de diputados agrupados en las siglas de un partido político, que puede estar constituido por una sola persona, convirtiéndolos en los grandes electores y aun cuando se menciona que sólo propondrán una terna, no restituye al Congreso la facultad de nombrarlo. Para cuando el Pleno del Congreso elija de entre la terna al gobernador, su facultad ya le ha sido arrebatada. Esto es, se acota la facultad del Poder Legislativo del Estado de Colima para realizar tal nombramiento. Evidentemente dicha facultad se ejercía a plenitud pues cualquier diputado podría hacer una o varias propuestas a la Comisión de Gobierno y Poderes para que se tomaran en cuenta, se ejercía la libertad para votar a favor o no del dictamen que la citada comisión legislativa presentaba al Pleno del Congreso; con la reforma estos principios constitucionales y garantías procedimentales desaparecieron y ahora sólo podrán votar por una persona de entre la terna que les proponga (o imponga) el grupo parlamentario del partido político al que pertenecía el gobernador. Acotando la libertad del legislador de elegir al gobernador y con esto vulnerando los principios de certeza, objetividad, imparcialidad e independencia, que deben regir no sólo en materia electoral, sino en toda decisión vinculada a un acto de gobierno como es el caso. Esto es así, porque el acotar la designación a una terna, condiciona el nombramiento de uno de los poderes del Estado e impide verificar que se cumplan los principios rectores para: A) Se acredite que se cumplen con los requisitos de elegibilidad (pues puede suceder que las propuestas sean todas inelegibles y se encierre la posibilidad de una elección). B) Se evite que una decisión soberana sea tomada con plena libertad (el nombrar gobernador) dada la gran investidura del cargo y el grado de responsabilidad que debe ejercerse al ser gobernador. C) Se limita una dedición (sic) de una soberanía delegada (del voto del pueblo) que en síntesis es la de la naturaleza de una legislatura, y se acota para dirigir, dicha decisión, a elegir o prefigurar la elección hacia un candidato con una inclinación política (partidista o afiliación) que incluso puede no representar a la mayoría de la soberanía representada en la legislatura. D) Vulnera el sistema de división de poderes y trastoca el sistema republicano al buscar limitar la capacidad del pueblo de darse su propio gobierno limitando, al prefigurar el nombramiento del gobernador, a favor de una facción partido y no del pueblo. Favoreciendo así un poder fáctico que puede no tener la mayoría legislativa o incluso coyunturalmente no gozar de ningún respaldo o representación real (como el hecho de que el partido de donde haya surgido el gobernador, incluso no exista por haber perdido su registro). Violentado en los artículo 39 y 40 de la Constitución Federal. E) Se puede llegar al supuesto de dejar la propuesta en manos de una sola persona (en términos o el mínimo exigido por la Ley Orgánica del Congreso del Estado), que se abrogue la representación del grupo parlamentario de donde surge el gobernador, que incluso (puede ya no existir porque el partido haya perdido su registro) o no contar con dicha calidad. F) Se puede llegar al supuesto de que es imposible se establezca una terna al no existir grupo parlamentario por haberse extinguido y tomado la decisión los diputados que anteriormente lo integraban. Debiendo señalarse que tanto la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (expedientes SUP-JRC-311/2000 y SUP-JRC-312/2000 acumulados) como este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado en diferentes ejecutorias y sentencias que la integración de las fracciones parlamentarias una vez electos los diputados, son en sí un acto volitivo de los legisladores desvinculado del programa partidario y de los partidos, por así exigirlo la autonomía parlamentaria y la voluntad popular, lo que no garantiza que los legisladores se integren al grupo parlamentario del cual fueron electos. En conclusión, no es posible pretender vincular el nombramiento de un gobernador al grupo parlamentario o fracción del que supuestamente emanó el gobernador saliente o sujeto a sustitución, pues este vínculo no tiene una explicación o sustento lógico jurídico, ni teórico, pues en la integración del poder público y en especial en el Ejecutivo del Estado el proceso de elección y funciones del mismo, no tiene relación alguna (por así disponerlo el sistema de división de poderes) con el Poder Legislativo y sus grupos parlamentarios, por lo que no hay razón alguna para vincular un nuevo nombramiento a la decisión de un grupo parlamentario o fuerza, que en su función de gobierno no representan el interés de un partido, como se pretende hacer y refrendar con la reforma que se combate, sino que representan al pueblo y en tal virtud, debe ser el órgano legislativo y su plural integración (como en múltiples ocasiones lo ha señalado este Tribunal Pleno de la Suprema Corte en sus criterios sobre la representación proporcional, verbigracia: Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VIII, noviembre de 1998. Tesis P./J. 69/98. Página 189. ‘MATERIA ELECTORAL. BASES GENERALES DEL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL.’), la que determine su nombramiento y no sujetarse a otro supuesto, como el que se pretende con la norma que se impugna. El cual claramente violenta las normas y bases constitucionales señaladas. En tal orden de ideas se vulnera lo dispuesto en los artículos 39, 40, 41, 85, 86, 115 y 116 de la Constitución Federal. Ahora bien, se podrá argumentar que el Congreso cumplió con el proceso legislativo de reforma constitucional y que en uso de sus facultades modificó el procedimiento para nombrar al gobernador interino, otorgándole a una fracción parlamentaria el derecho de proponer una terna para que de ésta se nombre al gobernador y que, por tanto, en ningún momento dicha fracción lo nombra por sí mismo, pues es el Pleno del Congreso el que finalmente lo nombra, atendiendo a la terna propuesta. Lo anterior, por supuesto que no se puede concebir, ni aceptar dentro del marco de la Constitución Federal, ni Local como ya se acreditó, pues el Congreso Local confunde el hecho de normar un procedimiento para ejercer una facultad, con la de anular, lesionar o amputar dicha facultad, pues como ya se dijo materialmente quien elige al gobernador (estableciendo tres posibilidades a escoger pero secuestrando dicha decisión), es la fracción parlamentaria quien será la responsable de convocar o llamar a quienes consideren aptos y armar los expedientes para proponérselos al Pleno del Congreso quien formalmente lo nombrará, se trata pues de lo que se conoce como un fraude a la ley, un artificio para que un partido político, al que pertenezca el gobernador, asuma también la gubernatura, se trata pues de un gobernador de partido, similar a la figura del diputado de partido que esta Suprema Corte declaró inconstitucional, supuesto que atenta contra la división de poderes y el sistema republicano. Afirmamos que la reforma que se impugna no sólo le restó la facultad al Congreso de nombrar al gobernador interino, sino además desatendió a los principios constitucionales de que toda elección debe ser libre y democrática, principios que sostienen el sistema electoral y de gobierno de este país. Se debe ser democrático y libre a nivel federal y en lo local (y la democracia y la libertad se ven acotadas con esta reforma). La elección deja de ser libre porque los integrantes del Congreso deben elegir al interino de una terna que les presenta un grupo parlamentario, sin que les sea posible hacer propuesta alguna, aun cuando propongan al ciudadano con el mejor perfil para desempeñar el cargo, no le es aceptado siquiera modificar la integración de la terna, debe sujetarse a ésta y nada más. Deja de ser democrática porque materialmente la elección recae en la fracción parlamentaria, que puede ser integrada por varios o por un solo diputado, éstos o este diputado hará la propuesta, sabedor que uno de los tres necesariamente será nombrado gobernador, el Pleno del Congreso la única facultad que podrá ejercer es la de dar formalidad a la elección que ya hizo una fracción de diputados, la que integran el partido político al que perteneció el gobernador electo. 2. La reforma incluso adolece de lagunas importantes pues, para el caso de que no esté hecha la elección, aplican el mismo procedimiento (pues se señala en el artículo 57 que: Si por cualquier motivo la elección de gobernador no estuviere hecha) es decir, le corresponderá a la fracción parlamentaria al que pertenezca el gobernador hacer la propuesta, cuando ni siquiera se han llevado a cabo las elecciones, por tanto, se desconoce la militancia del mismo, en tal orden de ideas la reforma combatida plantea un supuesto hipotético de imposible realización pues: A) Establece que en caso de no realizarse la elección. B) El gobernador que se nombre, deberá pertenecer al grupo parlamentario del que se hubiere originado (cuando no hay un gobernador originado) pues no hubo elección. C) Y el anterior gobernador dejó su cargo por completo; lo que inexorablemente lleva a la conclusión de que el supuesto no puede colmarse, dejando en el vacío el gobierno. Pues al no existir un gobernador (inicial) no se puede determinar a qué fracción parlamentaria otorgarle la facultad de propuesta, procedimiento sin el que el Congreso por la limitación legal que se combate no podrá realizar la votación al no tener propuestas, dejando acéfalo y vulnerable el proceso de sucesión del poder, elemento que siempre requiere certeza. En este orden de ideas y como se observa, la norma no sólo atenta contra el sistema de división de poderes y la elección libre de un poder del Estado, sino que también genera incongruencias como la arriba apuntada, que generan incertidumbre sobre el procedimiento a seguir, dejando de observar un supuesto, real, inmediato y posible, como es el hecho de no celebrarse una elección. Cuestión que por su falta de certeza e incongruencia estructural es en sí inconstitucional, lo que vulnera el principio de certeza del inciso b) de la fracción IV del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Otra deficiencia se presenta para el caso de que no exista fracción parlamentaria del partido al que pertenezca el gobernador ausente, por eso estamos convencidos que el procedimiento modificado no atiende a la facultad del Congreso de nombrarlo como ya se ha venido subrayando, lo que la vuelve infuncional y profundamente incongruente, respecto al resto de sistema de normas, como ya se ha señalado. La reforma además de inconstitucional retrocede el poco avance democrático en la entidad, pues los legisladores que aprobaron la reforma renegaron de ejercer una facultad que el artículo 33 de la Constitución Local les concede, una de las más importantes en materia política, arrebatada o mutilada dicha facultad la delegan a una fracción parlamentaria, que como ya se dijo materialmente sustituye la voluntad del Congreso y claro la popular, quien le dice al Pleno del Congreso: ¡Saben qué, ustedes deben elegir al gobernador de entre estas tres personas que cumplen con ser propuesta de esta facción política!. En la exposición de motivos no se explica la razón o necesidad de la reforma, menos aún se expone el porqué decidieron delegar la facultad a una fracción de proponer al Pleno del Congreso los nombres de los cuales deberá salir el interino, simplemente vinculan la militancia partidista, sin tomar en cuenta que pudiera ser que esta fracción haya recibido el menor número de votos en las urnas o como ya se dijo no tener más que un representante o no tenerlo incluso, supuestos que no tienen solución a la luz de la reforma y que vulneran la continua renovación de cada uno de los poderes del Estado, que es el Ejecutivo. Aceptar esta reforma, es aceptar de inicio la posibilidad de vincular dos poderes a uno solo, prohibición de las bases constitucionales de los artículos 115 y 116 de la Constitución Federal, y establece la base para que de origen el dicho puesto de elección se desvincule del originario y/o dador del poder, que es el pueblo y se forme un nuevo vínculo; que privilegie verbigracia al partido que tenga más antigüedad en el Congreso, a la fracción parlamentaria que haya obtenido el mayor número de votos o al diputado de mayor edad o cualquier otro supuesto, menos el que el Congreso haga dicho nombramiento en representación de la soberanía, para luego conservar la división de poderes (entendida ésta en una división para el mejor y sano ejercicio del poder), y que éste se limite únicamente a revisar si se cumplen los requisitos y elegir a uno de los que le hayan propuesto. No es correcto partidizar las facultades del Congreso, no se puede vincular esta facultad del Congreso con la militancia del gobernador ausente, se suplantaría la voluntad popular que habiendo votado por el candidato de un partido político, el Congreso nombre a uno de otro partido (fracción incluso), sólo porque se les ocurrió delegar dicha facultad a una fracción de legisladores y no al soberano integrado por toda la legislatura y vulnerando el derecho de los diputados a realizar propuestas y participar en la labor de gobierno. Debe señalarse que esto puede incluso considerarse como un golpe de Estado fáctico o una suma de poder gratuita a una facción partidaria, sin ninguna legitimidad democrática. Y es sin lugar dudas un sólido cimiento para dar cabida a la pérdida de la democracia, como forma de gobierno

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19505-f22603e9/accion-de-inconstitucionalidad-extension-de-los-efectos-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.