I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DEL PODER LEGISLATIVO DE ESA ENTIDAD (ARTÍCULOS 42, FRACCIÓN II, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO Y 29, FRACCIÓN VI, DEL REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO, AMBOS DEL ESTADO DE COLIMA). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA REPRESENTACIÓN DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA RECAE EN LA PERSONA MAGISTRADA QUE LO PRESIDA (ARTÍCULO 281, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES INFUNDADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA RELATIVA A LA FALTA DE DEFINITIVIDAD DE LA SENTENCIA DICTADA EN EL JUICIO ELECTORAL, EN TANTO QUE EL ACTO IMPUGNADO ES EL ACUERDO DE CUMPLIMIENTO PARCIAL DE LA SENTENCIA Y NO ÉSTA (ACUERDO PLENARIO EMITIDO POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA EN EL JUICIO ELECTORAL JE-03/2022 EL VEINTIDÓS DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES INFUNDADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA RELATIVA A LA EXTEMPORANEIDAD DE LA DEMANDA, AL HABERSE IMPUGNADO EL ACTO RECLAMADO DENTRO DEL PLAZO PREVISTO PARA TAL EFECTO (ACUERDO PLENARIO EMITIDO POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA EN EL JUICIO ELECTORAL JE-03/2022 EL VEINTIDÓS DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SU TUTELA JURÍDICA ES LA PROTECCIÓN DEL ÁMBITO DE ATRIBUCIONES QUE LA LEY SUPREMA PREVÉ PARA LOS ÓRGANOS ORIGINARIOS DEL ESTADO. VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PRINCIPIO DE AGRAVIO PARA SU PROCEDENCIA PUEDE DERIVAR DE LA AFECTACIÓN A CUALQUIER ÁMBITO DE LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DE LA PARTE ACTORA REGULADA POR LA CONSTITUCIÓN GENERAL O LA VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS VINCULADOS CON ÉSTA. VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SON INATENDIBLES LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ CUANDO NO SE PLANTEA UNA VIOLACIÓN A LAS ATRIBUCIONES DE LA PARTE ACTORA REGULADAS EN LA CONSTITUCIÓN GENERAL, NI A DERECHOS HUMANOS VINCULADOS CON ÉSTAS (ACUERDO PLENARIO EMITIDO POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA EN EL JUICIO ELECTORAL JE-03/2022 EL VEINTIDÓS DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS). VIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SON INOPERANTES LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ ESGRIMIDOS CONTRA LAS CONSIDERACIONES VERTIDAS EN LA SENTENCIA DE ORIGEN Y NO RESPECTO DEL ACUERDO IMPUGNADO (ACUERDO PLENARIO EMITIDO POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA EN EL JUICIO ELECTORAL JE-03/2022 EL VEINTIDÓS DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS). IX. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA EFECTOS DE SU IMPROCEDENCIA POR "MATERIA ELECTORAL" DEBE ENTENDERSE A LAS "LEYES ELECTORALES" Y ACTOS O RESOLUCIONES CUYO CONOCIMIENTO ES COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES DE JUSTICIA ELECTORAL. X. TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA. ES INCOMPETENTE PARA ESTABLECER CUALQUIER OBLIGACIÓN AL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MODIFICAR Y/O ALTERAR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA ENTIDAD, TODA VEZ QUE VULNERA LA ESFERA COMPETENCIAL DEL CONGRESO LOCAL (INVALIDEZ DEL ACUERDO PLENARIO EMITIDO POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA EN EL JUICIO ELECTORAL JE-03/2022 EL VEINTIDÓS DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS). XI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE VINCULA AL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA PARA QUE EN EL ACUERDO QUE SE DICTE, COMO EFECTO DE ESTA SENTENCIA, RECONOZCA QUE LA SENTENCIA DE ORIGEN DICTADA EN EL JUICIO ELECTORAL JE-03/2022, ASÍ COMO SUS CONSECUENCIAS, SON INEJECUTABLES (INVALIDEZ DEL ACUERDO PLENARIO EMITIDO POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA EN EL JUICIO ELECTORAL JE-03/2022 EL VEINTIDÓS DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS). XII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTIRÁ EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS AL TRIBUNAL ELECTORAL LOCAL (INVALIDEZ DEL ACUERDO PLENARIO EMITIDO POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA EN EL JUICIO ELECTORAL JE-03/2022 EL VEINTIDÓS DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 370/2023. PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE COLIMA. 28 DE AGOSTO DE 2024. PONENTE: MINISTRO ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIA: JEANNETTE VELÁZQUEZ DE LA PAZ.
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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintiocho de agosto de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 370/2023, promovida por el Poder Legislativo del Estado de Colima, contra el Acuerdo Plenario, de fecha de veintidós de mayo de dos mil veintitrés, mediante el cual se declaró parcialmente cumplida la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Colima, el veintiuno de febrero del mismo año dentro del expediente JE-03/2022.
El problema jurídico a resolver por esta Primera Sala consiste en analizar si, con motivo de la emisión del acuerdo reclamado, se vulneraron las esferas competenciales del órgano legislativo local.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el treinta de junio de dos mil veintitrés, el Diputado David Lorenzo Grajales Pérez, en calidad de Diputado Presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado de Colima, en representación del Poder Legislativo del Estado de Colima, promovió controversia constitucional en la que demandó la invalidez del Acuerdo Plenario, de fecha de veintidós de mayo de dos mil veintitrés, mediante el cual se declaró parcialmente cumplida la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Colima, el veintiuno de febrero del mismo año dentro del expediente JE-03/2022, por considerar que vulnera la atribución exclusiva del Congreso local respecto de examinar, discutir, modificar y aprobar el presupuesto.
2. Antecedentes. En la demanda se señalaron como antecedentes los siguientes:
1) El siete de diciembre de dos mil veintidós fue publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el Decreto número 215, por el que se aprobó el Presupuesto de Egresos del Estado de Colima para el Ejercicio Fiscal 2023, y en el que el Congreso local asignó al Instituto Electoral Local, el monto de $55,031,938.00 (Cincuenta y Cinco Millones Treinta y Un Mil Novecientos Treinta y Ocho pesos 00/100 MN.)
2) El trece de diciembre del mismo año, la Lic. María Elena Adriana Ruiz Visfocri, en su carácter de Consejera Presidenta y Representante Legal del Instituto Electoral Local, presentó ante el Tribunal Electoral del Estado, escrito por el que promovió un Juicio Electoral para convertir el Decreto número 215, específicamente en el apartado relativo al monto aprobado para el Instituto Electoral.
3) El veintiuno de diciembre de dicho año, el Pleno del Tribunal Electoral local, admitió el juicio Electoral radicado con clave y número JE-03/2022.
4) El nueve de enero de dos mil veintitrés, se ordenó turnar a la ponencia del Magistrado Supernumerario en funciones de Numerario Ángel Durán Pérez, para completar la debida integración del expediente y la presentación del proyecto.
5) El diez de enero del referido año, el Congreso local presentó su informe circunstanciado.
6) El veintiuno de febrero siguiente, el Tribunal Electoral dictó sentencia definitiva, generando el oficio TEE-SGA-OA-008/2023, notificado al Congreso el veintidós de febrero para efectos de su cumplimiento y generación del Dictamen correspondiente conforme al artículo 74 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo local, en relación al artículo 52 de su Reglamento.
En dicha sentencia se dejó insubsistente el Decreto número 215 en lo relativo a la aprobación del Presupuesto de Egresos del Estado de Colima, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023, por lo que respecta a la partida destinada al presupuesto del Instituto Electoral del Estado de Colima. Esto para efectos de: 1) que el Congreso local debe hacer un análisis integral del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos y en plena observancia de la normativa constitucional y legal aplicable, debe dotar del presupuesto suficiente y necesario a dicha institución electoral para el cumplimiento de sus fines; 2) deberá tomar en consideración una ampliación del presupuesto; 3) analizar si es procedente una ampliación presupuestal; y 4) dar respuesta puntual a la parte actora a cada uno de los rubros del anteproyecto de presupuesto, en el entendido de que de no hacerlo, se presumirá la aceptación tácita de su autorización en dicho rubro.
Así, se ordenó al Congreso local a dar puntual respuesta a cada uno de los rubros del anteproyecto de presupuesto, en el entendido de no hacerlo, se presumiría la aprobación tácita de su autorización de dicho rubro.
La sentencia en su Consideración OCTAVA y Resolutivos a la letra establece lo siguiente:
“OCTAVA. Efectos.
(99) Por lo anterior y tomando en cuenta la falta de una fundamentación y motivación por parte del Congreso del Estado al haber emitido el decreto impugnado, respecto del presupuesto solicitado por la parte actora y no haber dado respuesta puntualmente a cada uno de los razonamientos que utilizó el Instituto Electoral del Estado en su anteproyecto de presupuesto, es que, debe el H. Congreso de Colima hacer el análisis integral del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos y en plena observancia a la normativa Constitucional y legal aplicable, debe dotar del presupuesto suficiente y necesario a dicha institución electoral, para el cumplimiento de sus fines, debiendo superar el único argumento de que, no puede otorgarse por el tope del porcentaje mayor al 3% según la ley de disciplina financiera.
(110) En relación con lo anterior, el H. Congreso del Estado deberá tomar en consideración, además del presupuesto otorgado al Instituto Electoral del Estado, para el ejercicio 2022, el cual ascendió a $50,773,580.00 (cincuenta millones setecientos setenta y tres mil quinientos ochenta pesos 00/100 M.N); el monto total del recurso aprobado y transferido a la cuenta institucional del actor, vía ampliación presupuestal por el total de $10,500,000.00 (Diez millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.).
(101) Ello, porque la autoridad responsable, analizó el incremento del 3% del presupuesto solamente tomando en cuenta lo aprobado mediante Decreto Número 26 publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el sábado 25 de diciembre de 2021, pero perdió de vista que dicho monto no fue el realmente ejercido por el Instituto Electoral del Estado. Prueba de ello, tenemos las documentaciones públicas, con valor probatorio pleno; de las que se advierte la transferencia de $10,500,000.00 (Diez millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.), vía ampliación.
(102) Luego entonces la cantidad con que contó fácticamente el Instituto Electoral del Estado para ejercer durante el año 2022, fue $61,273,580.00 (sesenta y un millones, doscientos setenta y tres mil, quinientos ochenta pesos 00/100 M.N.) y en todo caso, es ese monto sobre el que se debió de analizar y cuantificar el aumento del 3% (tres por ciento), que fue realmente el que ejerció el Instituto, con la concesión del ejecutivo, al haber aprobado las ampliaciones presupuestales y transferirse por conducto de la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración del Gobierno del Estado.
(103) Así como también, el H. Congreso del Estado, deberá analizar conforme a la normatividad jurídica y determinar si eventualmente es procedente la ampliación presupuestal restante de $6,000,000 (seis millones de pesos 00/100 M.N.). A todo esto, deberá de dar cabal respuesta la parte demandada, fundando y motivando su determinación, en un término de 20 días hábiles a partir de la notificación de la presente resolución.
(104) Por lo que, en plenitud de jurisdicción, pero apegados a los principios de suficiencia presupuestaria, el Congreso del Estado de Colima, deberá dar puntual respuesta a la parte actora a cada uno de los rubros del anteproyecto de presupuesto, en el entendido de no hacerlo, se presumirá la aceptación tácita de su autorización en dicho rubro. Debiendo informar a este Tribunal Electoral dentro de las 24 horas siguientes a que haya dado cumplimiento a lo ordenado anteriormente.
(105) Se apercibe a la autoridad demandada al cumplimiento de la presente resolución para que atiendan en tiempo y forma lo ordenado por este Tribunal Electoral, pues, de inobservar, se les impondrá alguna de las medidas de apremio dispuestas en la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
RESUELVE:
PRIMERO. Es parcialmente procedente el Juicio Electoral expediente JE-03/2022, promovido por el Instituto Electoral del Estado de Colima.
SEGUNDO. Se deja insubsistente el Decreto número 215, relativo a la aprobación del Presupuesto de Egresos del Estado de Colima, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023, por lo que respecta a la partida destinada al presupuesto del Instituto Electoral del Estado de Colima, por los razonamientos expuestos en el considerando Séptimo fracción IV de la presente resolución.
TERCERO. Como consecuencia de lo argumentado en esta ejecutoria se ordena el Congreso del Estado de Colima, realice lo conducente para dar cumplimiento a los efectos precisados en la Consideración Octava de la presente sentencia.
CUARTO. A efecto de garantizar el cumplimiento de la presente resolución, se vincula al Titular de la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Colima y a la Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para dar cabal y exacto cumplimiento a esta resolución.”
7) El veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, los Secretarios de la Mesa Directiva del Congreso turnaron y remitieron mediante Oficio No. DLP/1262/2023 a la Comisión Legislativa de Presupuesto y Disciplina Financiera el Oficio TEE-SGA-OA-008/2022 promovido por el Instituto Electoral local dentro del expediente JE-03/2022, mediante el cual se notificó la resolución definitiva, con relación a su presupuesto para el ejercicio fiscal 2023.
8) El ocho de marzo siguiente, la presidencia de la Comisión referida extendió una invitación a una reunión de trabajo a los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral local, a efecto de que expusieran su Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023.
En la misma fecha, la Comisión convocó a sus integrantes, así como a lxs legisladorxs locales a la reunión de trabajo a celebrarse el nueve de marzo del mismo año a las 10 horas.
9) El mismo día la presidencia de la Comisión signó el oficio ELyPC/41/2023 por el cual se solicitó a la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración del Gobierno local para que emitiera su criterio técnico e impacto presupuestario correspondiente.
10) El nueve de marzo de dos mil veintitrés se llevó a cabo la multicitada reunión de trabajo.
11) El veintiuno de marzo, mediante oficio SPFYA-0387-2023 la Secretaría remitió al Congreso local su criterio técnico e impacto presupuestario respecto de la sentencia JE-03/2022.
12) La presidencia de la Comisión convocó a todos los legisladores locales a una reunión de trabajo a celebrarse el veintitrés de marzo de ese año a las 10:30 horas, a efecto de analizar, discutir y en su caso, dictaminar lo mandatado por la sentencia definitiva, aprobando el Dictamen 06 en el que se da cumplimiento a la resolución multicitada.
13) El veinticuatro de marzo, el Pleno del Congreso aprobó el Dictamen 06, emitiendo el Decreto 263 por el cual se da cumplimiento a la Sentencia.
14) El veintiocho de marzo se recibió en la Oficialía de partes del Tribunal Electoral del Estado de Colima escrito mediante el cual el Congreso local informó el cumplimiento de la Sentencia, mediante el Decreto número 263, en el que se confirma en todos sus términos el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023, particularmente la partida correspondiente al Instituto Electoral.
15) El veintidós de mayo de dos mil veintitrés, el Tribunal Electoral local aprobó el Acuerdo Plenario mediante el cual declaró parcialmente cumplida la sentencia de veintiuno de febrero de ese año. Del acuerdo se destaca lo siguiente:
“El Tribunal resuelve.
A este respecto, el tribunal Considera que la autoridad responsable, al dar cumplimiento con la ejecutoria, no cumplió a pesar de analizar detalladamente el anteproyecto de presupuesto, no se ajusta estrictamente a lo establecido en la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional.
Se le indicó que, siguiendo el principio de suficiencia presupuestaria, debía fundamentar y motivar sus decisiones con respecto al anteproyecto presentado por la parte actora, sin anteponer el límite del 3% establecido por la Ley de Disciplina Financiera.
En el cumplimiento de dicha ejecutoria, el congreso del Estado, ofrece un argumento genérico para cubrir la mayoría de las solicitudes del Instituto Electoral Local, indicando que muchas de las prestaciones solicitadas para sus actividades cotidianas dependen y están a cargo del Instituto Nacional Electoral. Además menciona que muy pocas de estas prestaciones corresponden a este organismo local.
Sin embargo, no se mencionan en absoluto las directrices para otorgar el presupuesto basándose en el principio de suficiencia presupuestaria, imponiendo otra vez el límite del 3% de aumento, como lo establece la Ley de Disciplina Financiera, cuando se le había dicho que no lo hiciera.
Por el contrario, en el cuerpo del decreto que cumple con dicha sentencia, se sigue mencionando que no se asigna el presupuesto solicitado por la parte actora, debido a un límite financiero que se le ha impuesto del referido 3% que señala la Ley de Disciplina Financiera y que otorgarlo, causaría un desequilibrio en las finanzas públicas del Estado.
Esto lleva a la conclusión de que dicha autoridad responsable incumple con lo resuelto por este Tribunal en cuanto a este aspecto se refiere.
[...]
Aunque es cierto que el Congreso del Estado es el único responsable de fijar el presupuesto, sin embargo, dicho Congreso, parte de una premisa errónea al afirmar que el anteproyecto de presupuesto presentado por la parte actora, es provisional y está sujeto a lo que determine el propio Congreso del Estado.
Sin embargo, pierde de vista que esa provisionalidad es mientras el Congreso del Estado analice minuciosamente las pruebas que ofertó el Instituto Electoral del Estado donde aprueba su anteproyecto de presupuesto, si de ellas, se desprende que el presupuesto solicitado es suficiente para el cumplimiento de sus fines, el Congreso tiene que aprobarlo y hacerlo definitivo, sin anteponer la discrecionalidad de hacerlo tomando como referencia el presupuesto global del Estado como lo refiere el Congreso.
[...]
Es responsabilidad del Congreso del Estado otorgar ese presupuesto suficiente al citado órgano electoral, ya que, de no hacerlo, el Instituto Electoral no podría llevar a cabo su función constitucional de organizar procesos electorales de acuerdo con la Constitución federal y local.
Esto, a su vez, resultaría en una violación masiva de los derechos políticos electorales de los ciudadanos colimenses, lo cual es contrario al sistema electoral mexicano. Por lo tanto, el rechazo por parte del Congreso del Estado al presupuesto del Instituto Electoral del Estado de Colima carece de fundamentos válidos.
[...]
Esto es, el H. Congreso del Estado debió de realizar el comparativo de los montos solicitados en el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2022, respecto del concepto de “SERVICIOS PERSONALES”, con los montos solicitados bajo el mismo rubro en el Anteproyecto de Presupuesto aprobado para el ejercicio 2023, que resultan ser en sí, las cantidades reales que el Instituto asentó y justificó como necesarios para su funcionalidad y operatividad; sin embargo, no lo hizo de esta manera, lo que limitó los montos aprobados bajo el argumento del aumento desproporcional y desfasado del 3% que la Ley indica.
[...]
TERCERA. Efectos del Acuerdo Plenario
Por lo expuesto, este Tribual Electoral considera que la sentencia fue cumplida parcialmente, ya que la responsable sí revisó detalladamente la solicitud de presupuesto del Instituto Electoral del Estado en su anteproyecto. Sin embargo, incumplió al no otorgar el presupuesto para el ejercicio 2023 conforme a los lineamientos establecidos en la sentencia que debía cumplir.
[...]
Este Tribunal Electoral también previene al H. Congreso del Estado de Colima para que en el futuro se otorgue al Instituto Electoral del Estado un presupuesto suficiente que le permita cumplir con sus fines constitucionales, siempre y cuando se demuestre fehacientemente y de manera detallada en su ante proyecto presupuestario, las necesidades justificadas para dicho fin, dentro de los límites normativos y legales establecidos.
El Congreso del Estado de Colima deberá cubrir el adeudo de $6,000,000 (seis millones de pesos 00/100 M.N.) al Instituto Electoral del Estado. Este último cumplirá con la obligación de pago y recabará la documentación comprobatoria necesaria para que, en caso de ser necesario, la autoridad competente pueda verificarlo. Queda entendido que ninguna cantidad asignada por este concepto podrá ser utilizada para ningún otro fin.
El presupuesto total asignado al Instituto Electoral del Estado para el ejercicio 2023 deberá de ser por la cantidad de $69,291,787.40 (sesenta y nueve millones doscientos noventa y un mil setecientos ochenta y siete pesos 40/100 M.N.), esto como resultado del presupuesto fácticamente ejercido por el Instituto en el [...] millones de pesos 00/100 M.N.) de lo adeudado en el ejercicio fiscal 2022, lo cual nos da una cantidad total de $75,291,787.40 (sesenta y cinco millones doscientos noventa y un mil setecientos ochenta y siete pesos 40/100 M.N).
Se deja sin efectos en lo que fue materia de este Acuerdo, el “DECRETO NÚM. 263.- POR EL QUE, EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEFINITIVA DE FECHA 21 DE FEBRERO DE 2023, DICTADA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO EN EL JUICIO ELECTORAL IDENTIFICADO CON LA CLAVE Y NÚMERO JE-03/2022, PROMOVIDO POR EL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA EN CONTRA DEL DECRETO 215, RELATIVO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE COLIMA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL ‘EL ESTADO DE COLIMA’ EL 07 DE DICIEMBRE DE 2022, SE CONFIRMA EN TODOS SUS TÉRMINOS EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE COLIMA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, PARTICULARMENTE, LA PARTIDA NÚMERO 41403, QUE CORRESPONDE AL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA” y se ordena al Congreso del Estado que emita otro en cumplimiento al presente Acuerdo.
Se apercibe a la autoridad responsable el cumplimiento del presente Acuerdo Plenario para que atiendan en tiempo y forma lo ordenado por este tribunal Electoral, pues, de inobservar, se les impondrá alguna de las medidas de apremio dispuestas en la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se:
ACUERDA
PRIMERO. Se declara parcialmente cumplida la sentencia de fecha 21 de febrero de dos mil veintitrés dictada dentro del expediente JE-03/2023.
SEGUNDO. Como consecuencia de lo argumentado en este acuerdo se ordena al Congreso del Estado de Colima, realice lo conducente para dar cumplimiento a los efectos precisados en la Consideración TERCERA del presente acuerdo.
TERCERO. A efecto de garantizar el cumplimiento del presente acuerdo, se vincula al Titular de la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Colima y a la Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para dar cabal y exacto cumplimiento a esta resolución.”
3. Conceptos de invalidez. En su demanda, el Congreso local expuso los siguientes conceptos de invalidez:
• PRIMERO. El Acuerdo impugnado se encuentra indebidamente fundado y motivado, puesto que en la sentencia que se consideró cumplida no se cita de manera enunciativa ningún precepto legal o constitucional que faculte al Tribunal Electoral para resolver sobre el presupuesto que se debe otorgar al Instituto Electoral local. Por lo que en el caso concreto los efectos del Acuerdo Plenario fueron establecidos de manera infundada e inmotivada, específicamente en cuanto a la consideración de que se incumplió la sentencia al no otorgar el presupuesto para el ejercicio 2023 conforme a los lineamientos establecidos en la sentencia que debía cumplir. • SEGUNDO. El Acuerdo impugnado, a su juicio invade la esfera de competencias de la Cámara de Diputados local, esto pues, de conformidad con lo establecido en la Constitución Federal, la Constitución Local y la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima establecen que el Poder Legislativo local tiene la facultad exclusiva de examinar, discutir, modificar y aprobar el presupuesto, facultad que es soberana o discrecional.
• Destaca que corresponde a la legislatura local, como autoridad única reconocida por la Constitución Federal y la local, la aprobación del Presupuesto del Estado para cada Ejercicio Fiscal y en su caso el ajuste del mismo que estime pertinentes de acuerdo a elementos objetivos, como lo son las condiciones de las finanzas públicas y no así al Tribunal Electoral local.
• Así mismo, considera que se inobserva lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y sus Municipios, así como la Ley de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de Colima, pues su objetivo principal es regular la programación, presupuestación, aprobación, ejercicio, control y evaluación de los ingresos y egresos del Estado y sus Entes Públicos, en aras de contar con un Balance Presupuestario Sostenible, de ahí el sustento del Criterio Técnico e Impacto Financiero emitido por la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración Pública. Por lo tanto, al no existir un balance de presupuesto que permita incrementar de recursos no resulta factible hacerlo.
• TERCERO. Con el Acuerdo impugnado, el Tribunal Electoral vulnera el principio de congruencia interna y externa. Esto pues al resolver que el Congreso local debía dar puntual respuesta al anteproyecto del presupuesto del Instituto local, pues esto fue realizado en el Decreto 263. Considera que el Tribunal Electoral debió apegarse y respetar su propia determinación y dejar en libertad de jurisdicción al Congreso local para determinar su respuesta al Anteproyecto del Presupuesto del tribunal local.
• Con base en lo anterior, solicita que se revoque la determinación emitida por el Tribunal Electoral local mediante el Acuerdo Plenario de veintidós de mayo de dos mil veintitrés.
• Solicitud de la suspensión de los efectos y consecuencias del Acuerdo impugnado. En virtud de la visible y acreditada invasión y aplicación por parte del Tribunal Electoral local, de la atribución del Poder Legislativo local, en la que pretende asignar presupuesto de manera arbitraria y sin análisis ni fundamento legal, se solicita la suspensión de sus efectos. Esto pues el Acuerdo atenta contra todo el presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2023.
• Esto con el objetivo de proteger a las dependencias de la administración pública estatal, así como de los poderes legislativo y judicial, y de los órganos autónomos del Estado.
4. Artículos constitucionales vulnerados. El Congreso local considera que el Acuerdo Plenario vulnera lo dispuesto en los artículos 16, 17, 41 y fracción II del artículo 116 de la Constitución Federal y los diversos 35, fracción II y 58, fracción XIX, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, así como los artículos 15, 16 y 36 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima.
5. Radicación y turno. Por acuerdo de cinco de julio de dos mil veintitrés, la Ministra Presidenta ordenó la formación y registro del expediente así como el turno del mismo al Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.
6. Admisión y trámite. Mediante proveído de catorce de julio de dos mil veintitrés se admitió a trámite la demanda; se tuvo como demandado al Tribunal Electoral del Estado de Colima; se ordenó emplazarlo para que presente su contestación; se le requirió la remisión de copias certificadas de las documentales que integran el expediente del que deriva el acuerdo impugnado; ordenó que se diera vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal, para que manifestaran lo que a su representación correspondiera; y, finalmente, se ordenó la formación del acuerdo incidental relativo a la solicitud de suspensión.
7. Certificación del plazo. Mediante proveído de dieciséis de agosto de dos mil veintitrés por acuerdo del Ministro Instructor, la Secretaría de la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad certificó que el plazo de treinta días hábiles concedido al Tribunal Electoral del Estado de Colima, a efecto de que presente su contestación, transcurriría del jueves diecisiete de agosto al viernes veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés.
8. Acuerdo de trámite. Mediante proveído de seis de septiembre de dos mil veintitrés se tuvo como tercero interesado en esta controversia constitucional al Instituto Electoral del Estado de Colima, por considerar que de conformidad con el artículo 10, fracción III. de la Ley reglamentaria en la materia en relación con el diverso 105, fracción I. de la Constitución Federal puede resultar afectado por la sentencia que llegue a dictarse, debido a la estrecha relación que guarda con el acto impugnado.
9. Lo anterior, puesto que el Instituto Electoral local fue el promovente en el procedimiento JE-03/2022, mediante el cual impugnó el Decreto 215 por el que se expidió el Presupuesto de Egresos del Estado de Colima para el Ejercicio Fiscal 2023, y porque la sentencia que se consideró parcialmente cumplida ordenó al Legislativo local adecuar el presupuesto considerado para el Instituto. En consecuencia, se ordenó que se diera vista con copia simple del escrito de demanda, así como del acuerdo de catorce de julio de dos mil veintitrés en la presente controversia, al Instituto Electoral del Estado de Colima, en su carácter de tercero interesado, para que en el plazo de treinta días hábiles manifieste lo que a su derecho convenga.
10. Certificación del plazo. Mediante proveído de trece de septiembre de dos mil veintitrés por acuerdo del Ministro Instructor, la Secretaría de la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad certificó que el plazo de treinta días hábiles concedido al Instituto Electoral del Estado de Colima, a efecto de que manifieste lo que a su derecho convenga, transcurriría del martes diecinueve de septiembre al martes treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés.
11. Contestación del Tribunal Electoral del Estado de Colima. Mediante escrito recibido el cinco de octubre de dos mil veintitrés la Licenciada Ma. Elena Díaz Rivera, Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Colima, en su calidad de representante legal del mismo, dio contestación a la demanda de controversia constitucional en los siguientes términos:
• Sostiene que se actualizan las causales de improcedencia previstas en el artículo 19, fracciones VI y VII de la ley reglamentaria, pues la demandante no agotó la vía legalmente prevista para la solución del conflicto y, presentó la demanda fuera del plazo legal, ya que omitió combatir a tiempo y en forma, la resolución definitiva que dio origen y sustento al Acuerdo Plenario del cual se duele, la cual fue dictada el veintiuno de febrero de 2023 y notificada el día veintidós siguiente.
• Por lo tanto, sostiene que resulta inadmisible que el actor pretenda revivir el cómputo del plazo para la interposición de la demanda de controversia constitucional, combatiendo un Acuerdo, cuando lo que debió controvertir fue la sentencia dictada en su contra, en la cual se formularon los argumentos y se vertieron los fundamentos y precedentes jurídicos que sirvieron de base para dejar insubsistente el Decreto número 215, relativo a la aprobación del Presupuesto de Egresos de Colima, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023 y mediante la cual, se le ordenó a la demandante dotar del presupuesto suficiente y necesario al Instituto Electoral local.
• Debido a que el principal concepto de invalidez del Poder Legislativo local resulta ser la supuesta invasión a su esfera competencial, por parte del Tribunal, al haberle ordenado dotar al Instituto Electoral del Estado, de un presupuesto suficiente para la consecución de sus fines, se advierte que no fue el Acuerdo Plenario el que causó la supuesta invasión, sino la resolución definitiva dictada en el Juicio Electoral JE-03/2022, con la que resolvió el litigio puesto a consideración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
• Respecto de los hechos narrados por la parte actora, el Tribunal electoral declara que los hechos marcados con los numerales 1 al 6, así como el 14 y 15 son ciertos, respecto a los hechos 7 al 13, ni los afirma ni los niega, por no ser propios.
• En lo que refiere al concepto de invalidez primero, señala que no existe claridad sobre si el actor se queja de indebida fundamentación o de carencia de la misma y no es posible desprenderlo de todo el concepto de invalidez, pues resulta ser muy escueto y genérico, omitiendo argumentar detalladamente qué es lo que considera que esta indebidamente fundado y motivado y cuáles fueron los preceptos legales que el Tribunal debió obedecer. Además, solamente cita fragmentos sesgados del Acuerdo combatido, en donde no se advierte el marco jurídico invocado por el Tribunal Electoral, por lo que es infundado.
• Respecto del segundo concepto de invalidez, insiste que del artículo 86, fracción f), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, así como de las constancias que integran el expediente de mérito, se d
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33033-7a703fb3/i-controversia-constitucional-la-persona-titular-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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