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Modo: Corpus Pro

LEYES. SU INTERPRETACIÓN NO SÓLO COMPETE AL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN A TRAVÉS DE SUS RESOLUCIONES, SINO TAMBIÉN AL ÓRGANO LEGISLATIVO CORRESPONDIENTE, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA LOS MISMOS REQUISITOS QUE DEBEN OBSERVARSE PARA SU FORMACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN).

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 13/2001. · Registro digital (IUS): 7535
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA SEXAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Diciembre de 2001, , Pág. 1379.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 13/2001. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA SEXAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.

MINISTRO PONENTE: JUAN DÍAZ ROMERO.

SECRETARIO: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día ocho de noviembre de dos mil uno.

VISTOS; Y

RESULTANDO:

PRIMERO. Por oficio presentado el dos de marzo de dos mil uno en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, Pedro Morales Somohano, Ramiro Moreno Ortega, Antonio Perales Elizondo, Ramón Salas López, Miguel Ángel Sánchez Obregón, Ernesto Tijerina Cantú, Eloy Treviño Rodríguez, Adrián Villagómez García, José Ismael Flores Cantú, Raymundo Flores Elizondo, Juventino González Ramos, Óscar González Vallejo, Marcela Guerra Castillo, José Francisco Hernández Sánchez y Gloria Mendiola Ochoa, ostentándose como diputados locales integrantes de la Sexagésima Novena (LXIX) Legislatura al Congreso del Estado de Nuevo León, promovieron acción de inconstitucionalidad demandando de las autoridades que más adelante se mencionan, la invalidez de la norma general que a continuación se precisa:

"Órganos que emitieron y promulgaron la norma general impugnada: a) Congreso del Estado Libre y Soberano de Nuevo León. b) Gobernador del Estado Libre y Soberano de Nuevo León. c) Secretario general de Gobierno del Estado Libre y Soberano de Nuevo León. Dichas autoridades tienen domicilio en su recinto oficial en la ciudad de Monterrey, capital del Estado de Nuevo León. Norma general cuya invalidez se demanda: La norma contenida en el Decreto Número 36 de observancia general, emitida el 24 de enero de 2001 por el Congreso del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León el día 31 de enero de 2001 (anexo 15), decreto mediante el cual indebidamente el Congreso interpretó el término o vocablo 'interés' a que se refiere el artículo 45 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, como causa para que un diputado se excuse de intervenir en los asuntos competencia de las comisiones y del Pleno: En el decreto de referencia se señaló que el mismo entraría en vigor 'al momento de su aprobación', no obstante que según lo disponen los artículos 3o. y 4o. del Código Civil del Estado de Nuevo León, las disposiciones de carácter general obligan y surten sus efectos tres días después de su publicación en el Periódico Oficial, a menos que en las mismas se fije el día en que debe comenzar a regir, en cuyo caso obliga desde se (sic) día, con tal de que su publicación haya sido anterior; asimismo, el artículo 78 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León toda ley obliga desde el día de su publicación."

SEGUNDO. En la demanda se señalaron como antecedentes del caso los siguientes:

"A. El Congreso del Estado de Nuevo León se encuentra conformado por 42 diputados, por consecuencia los 16 diputados que suscribimos esta promoción constituimos el 38.5% de la legislatura, por consecuencia cumplimos la hipótesis legal que establece el inciso d) de la fracción II del artículo 105 de la Constitución Federal para interponer esta acción de inconstitucionalidad. B. En fecha 2 (sic) julio del 2000 se realizaron elecciones para renovar el Poder Legislativo del Estado de Nuevo León, por lo que el día 14 de julio del 2000 se publicó en el Periódico Oficial del Estado el acta correspondiente a la declaratoria de validez de la elección mencionada, de una parte, y de la asignación de las diputaciones integrantes de la LXIX Legislatura al Congreso del Estado de Nuevo León, de la cual somos integrantes, lo que acreditamos con la copia certificada del ejemplar del Periódico Oficial de referencia (anexo 1). Asimismo, el 15 de septiembre de 2000 se publicó en el Periódico Oficial del Estado la resolución de la Comisión Estatal Electoral, correspondiente a la cumplimentación de la determinación del Tribunal Estatal Electoral por la que se realizó el ajuste correspondiente a los porcentajes de votación obtenidos por los partidos políticos para la asignación de las diputaciones por el principio de representación proporcional a los integrantes de la LXIX Legislatura al Congreso del Estado de Nuevo León, por la que se declaró la validez de la elección de diputados celebrada el 2 de julio del 2000 y se otorgó la constancia de mayoría relativa a la fórmula correspondiente a los distritos locales segundo, sexto y décimo séptimo, como se acredita con la copia certificada que se anexa del ejemplar del Periódico Oficial de referencia (anexo 2). C. El 11 de octubre del 2000 se publicó en el Periódico Oficial del Estado la resolución del Congreso del Estado mediante la cual se declararon los legítimos diputados propietarios y suplentes integrantes de la LXIX Legislatura al Congreso del Estado de Nuevo León, por el periodo del 15 de octubre del 2000 al 19 de septiembre del 2003, de la cual somos integrantes, lo que acreditamos con la copia certificada que se anexa del ejemplar del precitado Periódico Oficial (anexo 3). D. La composición de la LXIX Legislatura al Congreso del Estado es la siguiente: Diputados por mayoría relativa (se transcribe). Diputados de representación proporcional (minoría) (se transcribe). E. En fecha 14 de octubre del 2000, los integrantes de la LXIX Legislatura al Congreso del Estado rendimos protesta de ley y el día 15 de octubre del mismo año tomamos posesión del cargo, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 30 y 31 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León, lo cual acreditamos con las copias certificadas de los Diarios de Debates de las sesiones celebradas en ambas fechas que se acompañan (anexos 4 y 5). F. En fecha 15 de enero de 2001, los diputados Abraham Colunga Flores, Pedro Vázquez González y Héctor H. Gutiérrez de la Garza, presentaron iniciativa de reforma a diversos artículos de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, para adecuar su contenido al texto del artículo 115 de la Constitución Federal. Dicha iniciativa fue turnada por la presidencia del Congreso en la misma fecha para su estudio y dictamen, a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. Lo anterior se acredita con las copias certificadas de la iniciativa de mérito y del Diario de Debates de la sesión del 15 de enero de 2001 que se acompañan (anexos 6 y 7). G. Ahora bien, el día 19 de enero de 2001 los coordinadores de los grupos legislativos de los Partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Revolucionario Institucional, los diputados Abraham Colunga Flores, Pedro Vázquez González y Héctor H. Gutiérrez de la Garza, respectivamente, presentaron a la presidencia de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, en la reunión celebrada en la misma fecha, la excusa para participar en la discusión y resolución del dictamen de la iniciativa descrita en el punto anterior, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 45 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León. Lo anterior se acredita con la copia certificada de la excusa referida que se acompaña (anexo 8). H. En sesión de fecha 22 de enero de 2001, el presidente de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, en el punto del orden del día relativo al informe de comisiones, informó al Pleno del resultado de la junta celebrada por esa comisión el día 19 de enero de ese mismo año, en la que los diputados Abraham Colunga Flores, Pedro Vázquez González y Héctor Gutiérrez de la Garza presentaron escrito mediante el cual formularon excusa para discutir y aprobar el dictamen que la comisión debe rendir sobre las iniciativas de reforma constitucional en materia municipal, fundando su ocurso en lo dispuesto por el artículo 45 del Reglamento para el Gobierno Interior de este Congreso, argumentando que al haber presentando una iniciativa de la materia referida, tienen interés en su aprobación. Dicha postura ocasionó opiniones encontradas entre los integrantes de la Comisión de Dictamen Legislativo, por lo que el presidente de la comisión mencionó en el seno de ese órgano de trabajo legislativo 'conforme a lo dispuesto por el artículo 63, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Nuevo León y el artículo 2o. del Reglamento para su Gobierno Interior' (sic) que de acuerdo a la opinión del diputado presidente de la comisión 'otorgan a este Pleno (el del Congreso del Estado de Nuevo León) la atribución para interpretar la Constitución y las leyes que de ella emanan, se tomó el acuerdo de someter al conocimiento del mismo este asunto.'. La mencionada intervención del presidente de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales derivó en la participación de los diputados Miguel Ángel Sánchez Obregón y Pedro Vázquez González, ambos integrantes del referido órgano de trabajo legislativo, para manifestarse en contra de la propuesta descrita. En el punto del orden del día relativo a asuntos generales de la misma sesión ordinaria, se le concedió el uso de la palabra al Dip. José Humberto Sánchez Gutiérrez, presidente de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, en la que hizo referencia a la excusa que había sido informada en la propia sesión durante el punto del orden del día relativo al informe de comisiones, mencionando que en el seno del órgano de trabajo legislativo que preside: 'se acordó por unanimidad someter al Pleno para su interpretación el texto del citado artículo 45, a fin de que establezca el contenido y extensión del concepto que el término «interés» que se utiliza en dicho precepto encierra. Es decir, si se refiere a un interés personal, individual o a un interés general. La motivación de la solicitud que formulo se encuentra en la excusa que los señores diputados Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, Abraham Colunga y Pedro Vázquez González formularon ante la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, para dejar de intervenir en el estudio y dictamen de las iniciativas de reforma a la Constitución del Estado que fueron turnadas a la misma ... El fundamento de mi solicitud se encuentra en lo dispuesto por el artículo 63, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, y en el artículo 2o. del Reglamento para el Gobierno Interior de este Congreso. Por lo expuesto y con fundamento, además, en lo señalado por el artículo 80 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León; 70, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León; 39, fracción II, inciso c) y 22 del Reglamento para el Gobierno Interior de este Congreso, solicito: Primero. Se emita decreto cuya materia consista en la interpretación del contenido y extensión del concepto que el término «interés» utilizado en el artículo 45 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León, encierra. Es decir, si se refiere a un interés personal o individual o a un interés general, y si constituye fundamento legal para que los legisladores que siendo integrantes de una comisión de dictamen legislativo, se excusen de intervenir en la votación de dictámenes relativos a iniciativas de ley por ellos mismos presentadas. Segundo. Se someta inmediatamente a la aprobación del Pleno el turno de este asunto con el carácter de urgente a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen'. A esta solicitud, el presidente del Congreso indebidamente ordenó lo siguiente: 'Se turna la presente propuesta presentada por el diputado José Humberto Sánchez Gutiérrez a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales'. Lo anterior se acredita con la copia certificada del Diario de Debates de la sesión celebrada en esa fecha que se acompaña (anexo 9). I. El mismo lunes 22 de enero, una vez terminada la sesión del Pleno, la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales se reunió para emitir un dictamen sobre la interpretación de la palabra interés, en el contexto del artículo 45 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. El dictamen expresó: '... Decreto. Artículo único: El término «interés» a que se refiere el artículo 45 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León, como causa para que un diputado se excuse de intervenir en los asuntos competencia de las comisiones y del Pleno, debe entenderse sólo en los casos en que represente o pueda representar un beneficio personal, individual o directo, para sí mismo o para algún grupo de personas consideradas individualmente. Transitorios ...' (se transcribe). Lo anterior se acredita con la copia certificada del dictamen aprobado por el voto de los seis diputados de extracción panista que integran la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado de Nuevo León, que contiene el proyecto de decreto que indebidamente interpreta el sentido de la palabra 'interés' que se menciona en el artículo 45 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, mismo que se acompaña (anexo 10). J. En sesión ordinaria de fecha 24 de enero de 2001, en el punto del orden del día correspondiente al informe de comisiones, se presentó para aprobación del Pleno el proyecto de decreto contenido en el dictamen descrito en el punto anterior, para interpretar el sentido de la palabra 'interés' que menciona el artículo 45 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, mismo que fue aprobado en sus términos por el voto mayoritario de los integrantes del Congreso del Estado de Nuevo León, con los 21 votos de los diputados del grupo legislativo del PAN a favor y los 15 votos de los diputados de los grupos legislativos del PRD, PT y PRI en contra, como se acredita con la copia certificada del Diario de Debates de la sesión celebrada en esta fecha y que se acompaña (anexo 11). K. En fecha 24 de enero de 2001, el Congreso del Estado, a través de los secretarios de su directiva, los diputados Ramiro Moreno Ortega y Ángel Eliseo Cano Garza, remiten al C. Gobernador Constitucional del Estado oficio número 052-LXIX-2001 que se acompaña (anexo 12), y que a la letra dice (se transcribe). Por medio del referido escrito se envía para su publicación el Decreto 36 que contiene la indebida interpretación del término 'interés' a que se refiere el artículo 45 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León, como causa para que un diputado se excuse de intervenir en los asuntos competencia de las comisiones y del Pleno. L. En fecha 26 de enero de 2001, los diputados Abraham Colunga Flores, Pedro Vázquez González y Héctor H. Gutiérrez de la Garza, presentaron ante el H. Congreso excusa para participar en el estudio del dictamen de la iniciativa de reforma constitucional en materia municipal, que fuera presentada por ellos mismos al Pleno en fecha 15 de enero de 2001, tal como se acredita con la copia certificada del documento que contiene la excusa referida y que se acompaña (anexo 13). En esta virtud, en la sesión ordinaria de fecha 29 de enero de 2001, en el punto del orden del día correspondiente a asuntos en cartera, el presidente del Congreso recibió, para conocimiento del Pleno, el escrito presentado por los diputados Héctor H. Gutiérrez de la Garza, Pedro Vázquez González y Abraham Colunga Flores, mediante el cual se excusan de participar en el estudio y dictamen de la iniciativa de reforma constitucional en materia municipal que fuera presentada al Pleno en fecha 15 de enero de 2001. Sobre este asunto, la presidencia resolvió antes de que se publicara el Decreto 36 en el Periódico Oficial del Estado: 'De enterado, y en virtud de que esta legislatura mediante Decreto Número 36 de fecha 24 de enero del año en curso estableció que la presentación de una iniciativa de ley por un legislador no es causa de excusa para que participe en las deliberaciones y votación sobre la misma: Se ordena archivar la solicitud como asunto concluido'. Lo anterior se acredita con la copia certificada del Diario de Debates de la sesión celebrada en esa fecha, y que se acompaña (anexo 14). De esta manera, el presidente de la directiva utilizó el decreto que fuera indebidamente aprobado por el voto de la fracción mayoritaria de la LXIX Legislatura, aun antes de que se encontrase publicado el 31 de enero de 2001, para desechar la excusa que le fuera presentada por los diputados Héctor H. Gutiérrez de la Garza, Abraham Colunga Flores y Pedro Vázquez González. M. El 31 de enero de 2001 se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, el siguiente decreto que contiene la norma que establece la interpretación del término 'interés' a que se refiere el artículo 45 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso: 'El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, LXIX Legislatura, en uso de las facultades que le concede el artículo 63 de la Constitución Política Local, expide el siguiente: Decreto Núm. 36. Artículo único: El término «interés» a que se refiere el artículo 45 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León, como causa para que un diputado se excuse de intervenir en los asuntos competencia de las comisiones y del Pleno, debe entenderse sólo en los casos en que represente o pueda representar un beneficio personal, individual o directo, para sí mismo o para algún grupo de personas consideradas individualmente. Transitorio: Único: El presente decreto entrará en vigor al momento de su aprobación. ...'. Se acompaña copia certificada del Periódico Oficial de 31 de enero de 2001 (anexo 15). Factibilidad de la acción de inconstitucionalidad y naturaleza jurídica de la norma impugnada: El artículo 105, fracción II, de la Constitución Federal, establece que la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción de una norma de carácter general y la Constitución Federal. La norma emitida mediante el Decreto No. 36 del Congreso del Estado de Nuevo León, que establece la interpretación del término 'interés' a que se refiere el artículo 45 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León el día 31 de enero de 2001, es una norma de carácter general cuya contradicción con la Constitución Federal se plantea en esta acción. a) Se hace ver que en fecha 24 de enero de 2001, el Congreso del Estado a través de los secretarios de su directiva, los diputados Ramiro Moreno Ortega y Ángel Eliseo Cano Garza, remiten al C. Gobernador Constitucional del Estado oficio número 052-LXIX-2001 que se acompaña (anexo 12), y que a la letra dice (se transcribe). Por medio del referido escrito se envía para su publicación el Decreto 36 que contiene la indebida interpretación del término 'interés' a que se refiere el artículo 45 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León, como causa para que un diputado se excuse de intervenir en los asuntos competencia de las comisiones y del Pleno. De acuerdo con lo mencionado por el oficio referido, signado por los secretarios de la directiva del Congreso, la publicación que se solicita al Ejecutivo deberá ser de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 10 y 11 de la Ley del Periódico Oficial del Estado, que a la letra dicen: 'Artículo 10. Serán materia de publicación en el Periódico Oficial: I. Las leyes y decretos expedidos por el Congreso del Estado, sancionados y promulgados por el titular del Poder Ejecutivo del Estado. ...'. 'Artículo 11. El gobernador del Estado, ordenará al responsable del Periódico Oficial, la publicación de los documentos a que se refieren las fracciones I y III del artículo anterior.'. Por ello, el Decreto 36 que fuera publicado el 31 de enero de 2001 deberá entenderse sancionado y promulgado por el Ejecutivo, según determinan los numerales arriba transcritos, ya que de otra manera no serían materia de publicación en el Periódico Oficial del Estado. A este respecto, la Constitución Política del Estado de Nuevo León precisa, al determinar el procedimiento para la publicación de los decretos, que: 'Artículo 71. Aprobada la ley o decreto se enviará al gobernador para su publicación. Si éste lo devolviere con observaciones dentro de diez días volverá a ser examinado, y si fuere aprobado el nuevo por dos tercios de los diputados presentes pasará al gobernador, quien lo publicará sin demora. Transcurrido aquel término sin que el Ejecutivo haga observaciones se tendrá por sancionada la ley o decreto.'. De esta manera se establece claramente que todos los decretos que no sean objeto de observaciones por el gobernador del Estado deberán ser publicados por éste, y que la falta de esas observaciones puede ser considerada como la sanción del decreto. Por su parte, el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, consigna sobre la materia lo siguiente: 'Artículo 124. Los decretos, leyes y acuerdos invariablemente se publicarán en el Periódico Oficial del Estado para que surtan sus efectos. Los acuerdos administrativos se comunicarán solamente por oficio a los interesados, pero si la asamblea lo juzga pertinente, el presidente ordenará que también se publiquen en dicho órgano.'. 'Artículo 125. Las resoluciones del Congreso que tengan carácter de decreto, ley o acuerdo, serán expedidas bajo la siguiente fórmula «El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nuevo León (número) legislatura, en uso de las facultades que le concede el artículo 63 de la Constitución Política Local, expide el siguiente decreto (acuerdo o ley) núm. Por lo tanto envíese al Ejecutivo para su promulgación y publicación en el Periódico Oficial del Estado».'. Por lo que estos preceptos determinan, a mayor abundamiento, que la publicación de los decretos implica que éstos podrán surtir sus efectos, y que todos los decretos deberán ser promulgados por el Ejecutivo de acuerdo a la fórmula que debe utilizarse para su expedición. En este último punto, cabe aclarar que la fórmula que se utilizó para la expedición del decreto que nos ocupa no es exacta a la que previene el diverso 125 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, toda vez que en su parte final menciona que: 'Por lo tanto envíese al Ejecutivo del Estado, para su publicación en el Periódico Oficial del Estado'. Sin embargo, si se entiende que sólo los decretos expedidos por el Congreso del Estado, sancionados y promulgados por el titular del Poder Ejecutivo del Estado, serán materia de publicación en el Periódico Oficial del Estado, debe entenderse que aun cuando la autoridad legislativa no solicitó su promulgación, el gobernador, en uso de sus facultades, debió haber promulgado el Decreto 36 para su publicación. Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: V, marzo de 1997. Tesis: 2a. XXVII/97. Página: 490. 'PROMULGAR, PUBLICAR Y CIRCULAR LAS LEYES SON VOCABLOS SINÓNIMOS.' (se transcribe). 'Amparo en revisión 3142/96. Sandro Robledo Álvarez y otro. 26 de febrero de 1997. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: María Guadalupe Saucedo Zavala.'. b) La Constitución Política Local señala en su artículo 80 que ninguna resolución de la legislatura tendrá otro carácter que el de ley, decreto o acuerdo. Por su parte, los artículos 122, 123, 124 y 125 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado señalan, por su naturaleza general o particular, la forma que deben tomar las resoluciones del Congreso, y expresamente el artículo 125 establece la fórmula por la que las resoluciones del Congreso deberán ser expedidas para su promulgación y publicación en el Periódico Oficial del Estado. Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado: 'Artículo 122. Bajo forma de decreto, el Congreso expedirá las resoluciones que tengan carácter de ley y aquellas que sin reunir esa calidad contengan disposiciones de observancia general. Igual carácter tendrán las resoluciones para el cambio de directiva del Pleno y para la designación de la Diputación Permanente.'. 'Artículo 123. Bajo la denominación de acuerdo, el Congreso dictará resolución sobre cualquier asunto concreto y específico que sea sometido a su consideración y que no sea decreto o ley. Los acuerdos administrativos son las resoluciones del Pleno de la Comisión de Coordinación y Régimen Interno sobre asuntos concretos específicos que sólo se comunicarán a los interesados.'. 'Artículo 124. Los decretos, leyes y acuerdos invariablemente se publicarán en el Periódico Oficial del Estado para que surtan sus efectos. Los acuerdos administrativos se comunicarán solamente por oficio a los interesados, pero si la asamblea lo juzga pertinente, el presidente ordenará que también se publiquen en dicho órgano.'. 'Artículo 125. Las resoluciones del Congreso que tengan carácter de decreto, ley o acuerdo, serán expedidas bajo la siguiente fórmula «El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nuevo León (número) legislatura, en uso de las facultades que le concede el artículo 63 de la Constitución Política Local, expide el siguiente decreto (acuerdo o ley) núm. Por lo tanto envíese al Ejecutivo para su promulgación y publicación en el Periódico Oficial del Estado».'. Para mayor claridad, se hace ver que si bien la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé en su artículo 70 que: 'Toda resolución del Congreso tendrá el carácter de ley o decreto', la naturaleza de la figura jurídica del decreto no es idéntica a la que se prevé en el artículo 80 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, que precisa que: 'Ninguna resolución de la legislatura tendrá otro carácter que el de ley, decreto o acuerdo'. Bajo la forma de decreto, el Congreso del Estado de Nuevo León expedirá tanto las resoluciones que tengan carácter de ley, como aquellas que sin serlo contienen disposiciones de observancia general. De esta manera, existen múltiples disposiciones que reúnen los requisitos de generalidad, abstracción, impersonalidad y permanencia en el tiempo y que se contienen en un decreto aprobado por la Legislatura del Estado de Nuevo León y que no son leyes. En el caso que nos ocupa, la indebida interpretación que se contiene en el Decreto 36 que se impugna, puede ser calificada como una norma de carácter general, toda vez que no está prevista para un caso concreto, sino que plantea una hipótesis jurídica; puede ser aplicada a todos los sujetos que se sitúen en el supuesto jurídico que se regula; no se refiere a persona alguna en lo individual y aun después de su aplicación no se extingue y sigue su vigencia. Su aplicación o vigencia únicamente puede ser combatida mediante un acto de autoridad que ordene su derogación o dejada sin efecto por un acto de la autoridad que lo emitió, en este caso el Congreso que, mediante un acto de naturaleza análoga, lo deje sin efecto. Los artículos mencionados demuestran con meridiana claridad que la resolución que indebidamente establece la interpretación del término 'interés' a que se refiere el artículo 45 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso es de observancia general, pues así lo disponen los artículos 122 y 123, ya que si la resolución versara sobre cualquier asunto concreto y específico que sea sometido a su consideración y que no sea decreto o ley, se expediría bajo la forma de acuerdo; por su parte, si la resolución que contiene la interpretación del término 'interés' fuera emitida por el Pleno o por la Comisión de Coordinación y Régimen Interno sobre algún asunto concreto específico, sólo sería un acuerdo administrativo y se comunicaría solamente por oficio a los interesados, a menos que la asamblea juzgue conveniente la publicación en el Periódico Oficial. Por ello, al establecer el artículo 122 que las resoluciones contenidas en los decretos son las que tienen el carácter de ley, así como aquellas que sin reunir esa calidad contengan disposiciones de observancia general, se surte en la especie el presupuesto de factibilidad para acudir ante esta instancia solicitando la invalidez del decreto impugnado y se colige la factibilidad de la presente acción de inconstitucionalidad, por plantearse la posible contradicción entre una norma de carácter general y la Constitución."

TERCERO. Los conceptos de invalidez que adujo la parte promovente, son los siguientes:

"Primero. Violación de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Invalidación del Decreto Número 36 que establece la interpretación del término 'interés' a que se refiere el artículo 45 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, por contravenir lo dispuesto en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, y sus correlativos artículos 14 y 15 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, en relación a la exorbitante facultad interpretativa desplegada por el Congreso Local. En primer término, se hace ver que el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, cuyo artículo 45 fue indebidamente interpretado por el Congreso, fue expedido con todas las formalidades de una ley, ya que el mismo fue emitido por el Congreso Local y promulgado por el Ejecutivo del Estado, quien además ordenó su publicación, por lo que debe entenderse que tiene carácter de 'ley' tanto desde el punto de vista formal como material, pues además de ser un ordenamiento general, abstracto e impersonal, en su confección interviene el órgano encargado de la elaboración de las leyes y se sigue el procedimiento exigido para su validez. Séptima Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volúmenes: 205-216, Primera Parte. Página: 113. 'REGLAMENTOS. TIENEN CARÁCTER DE LEY SI LOS EXPIDE UN CONGRESO LOCAL Y LOS PROMULGA EL EJECUTIVO ORDENANDO SU PUBLICACIÓN.' (se transcribe). 'Amparo en revisión 3627/85.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/7535-a0ba722c/leyes-su-interpretacion-no-solo-compete-al-poder · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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