PROCEDIMIENTO SUMARIO. OBLIGACIÓN DEL JUEZ DE DISTRITO DE DECLARAR AGOTADA LA INSTRUCCIÓN, PREVIO AL CIERRE DE ÉSTA (CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES).
AMPARO DIRECTO 42/2002.
CONSIDERANDO:
II. Resulta innecesario transcribir y analizar, tanto las consideraciones que apoyan el fallo recurrido, como los conceptos de violación hechos valer en su contra, en virtud de que este Tribunal Colegiado, en suplencia de los referidos motivos de inconformidad, en términos de lo dispuesto en la fracción II del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, advierte que en el juicio natural se violaron las leyes del procedimiento de manera tal que esas infracciones afectaron a las defensas del quejoso ... y pueden trascender al resultado del fallo; motivo que resulta suficiente para conceder el amparo solicitado en la medida que más adelante se ha de indicar.
Lo anterior se afirma, en virtud de que el Juez del proceso, en determinado momento y sin un aviso previo que colmara las exigencias que previene la legislación adjetiva aplicable, decretó el cierre de instrucción en el procedimiento de origen, privando con ello al ahora quejoso de la última oportunidad que la ley le concede para promover las pruebas convenientes a sus intereses y de que éstas fueran desahogadas; con lo que se estima que el juzgador optó por un camino incorrecto en la integración del sumario, ya que en aras de dar celeridad al proceso, se propició la citada transgresión a la garantía de defensa con un evidente quebranto a la norma procesal penal federal.
Para la mejor comprensión del asunto, se debe indicar que el artículo 147 del Código Federal de Procedimientos Penales, en lo que aquí interesa, dispone:
"Artículo 147. La instrucción deberá terminarse en el menor tiempo posible. Cuando exista auto de formal prisión y el delito tenga señalada una pena máxima que exceda de dos años de prisión, se terminará dentro de diez meses; si la pena máxima es de dos años de prisión o menor, o se hubiere dictado auto de sujeción a proceso, la instrucción deberá terminarse dentro de tres meses. Los plazos a que se refiere este artículo se contarán a partir de la fecha del auto de formal prisión o del de sujeción a proceso, en su caso. ..."
Por su parte, el artículo 150 del ordenamiento legal antes invocado, establece lo siguiente:
"Artículo 150. Transcurridos los plazos que señala el artículo 147 de este código o cuando el tribunal considere agotada la instrucción lo determinará así mediante resolución que se notificará personalmente a las partes, y mandará poner el proceso a la vista de éstas por diez días comunes, para que promuevan las pruebas que estimen pertinentes y que puedan practicarse dentro de los quince días siguientes al en que se notifique el auto que recaiga a la solicitud de la prueba. ... Al día siguiente de haber transcurrido los plazos establecidos en este artículo, el tribunal, de oficio y previa la certificación que haga el secretario, dictará auto en el que se determinen los cómputos de dichos plazos. Se declarará cerrada la instrucción cuando, habiéndose resuelto que tal procedimiento quedó agotado, conforme a lo previsto en el párrafo anterior, hubiesen transcurrido los plazos que se citan en este artículo o las partes hubieran renunciado a ellos."
Ahora bien, de autos se aprecia que el veintiséis de abril del año dos mil uno, el Juez Séptimo de Distrito en Materia Penal en este Estado decretó, entre otros, auto de formal prisión en contra de ... por su probable responsabilidad en la comisión del delito contra la salud, en la modalidad de posesión de cocaína, previsto y sancionado por el artículo 195, primer párrafo, del Código Penal Federal; y, por considerar que en el caso había mediado flagrancia en la detención del implicado, de oficio declaró la apertura del procedimiento sumario, pues al efecto expuso en el considerando sexto del auto de plazo en cita, lo siguiente:
"SEXTO. Con fundamento en el artículo 152, inciso b), fracción I, del Código Federal de Procedimientos Penales, se ordena de oficio la apertura del procedimiento sumario, por haberse detenido a los ahora procesados en flagrancia del delito." (foja 86).
Y en el resolutivo sexto de dicho auto, se ordenó:
"SEXTO. Notifíquese personalmente a las partes el contenido de la presente resolución, haciéndoles saber el derecho y término de tres días que la ley les concede para apelar en caso de inconformidad; así como a los procesados que cuentan con el término de tres días para optar por el procedimiento ordinario."
Luego, el veinte de junio del año dos mil uno, el Juez de la causa dictó un acuerdo en el que dijo:
"Vistos los autos de cuenta se advierte que en el considerando sexto de la resolución de término constitucional de fecha veintiséis de abril del año en curso, se ordenó la apertura del procedimiento sumario y se requirió, entre otros, al procesado ... para que dentro del término de tres días, siguientes a su notificación, decidiera si optaba por la tramitación del juicio en forma ordinaria, sin manifestación alguna al respecto, de acuerdo con la constancia de notificación elaborada por el actuario judicial adscrito; además, como en autos obran agregados los informes de prisiones, la media filiación, la ficha signalética y el dictamen de personalidad del procesado y no se encuentran pendientes pruebas por desahogar, entonces, con fundamento en el artículo 150, último párrafo, del Código Federal de Procedimientos Penales, se declara cerrada la instrucción y se señalan las once horas del día veinticinco de junio del presente año, para que tenga verificativo la audiencia de vista que prevé el artículo 307 del citado ordenamiento legal." (foja 295).
De lo anterior se aprecia que el Juez natural cerró la instrucción en el proceso de origen, sin haber colmado las exigencias que previene la legislación adjetiva aplicable, quebrantando con ello la garantía de legalidad y debido proceso a que se refiere el artículo 14 de la Constitución Federal, ya que el agotamiento de la instrucción que previene el numeral 150 del Código Federal de Procedimientos Penales no se hizo, pues para ello basta analizar las constancias del sumario para advertir que no se otorgaron a las partes los diez días a que se refiere el ordinal citado en último término, pues ni siquiera se declaró agotada la instrucción, y sin fundamento legal se determinó en el proveído de veinte de junio del año dos mil uno cerrar la instrucción, con lo cual evidentemente se coartó el derecho de defensa del peticionario de garantías, pues el precepto constitucional mencionado exige que los procedimientos tengan apego a las normas adjetivas específicas previamente establecidas y, en la especie, según lo narrado, es claro que no se acataron esas reglas del procedimiento, lo que generó, además, la imposibilidad de que el órgano jurisdiccional de segundo grado, y ahora este tribunal de amparo, conocieran todas las expectativas defensivas que el agraviado pudo presentar en la primera instancia de habérsele respetado sus derechos defensivos, mismas que podrían serle favorables; de ahí la necesidad e interés de este órgano colegiado de que con corrección se desarrolle el procedimiento por sus diversos estadios.
Por otro lado, cierto es que el artículo 152, inciso b), del código adjetivo penal federal, dispone que en casos como el que nos ocupa (que se trate de delito flagrante), la instrucción se procurará cerrar dentro del plazo de treinta días; empero, ello no faculta de manera alguna al Juez instructor para que pase por alto el último llamado a las partes para que ofrezcan las pruebas que estimen pertinentes a sus intereses, pues es de explorado conocimiento que tal disposición secundaria no puede anteponerse a la trascendente garantía de defensa, en principio, porque se trata de una garantía menor (frente a la de defensa), que solamente trata de preservar la celeridad del procedimiento y, por otra parte, porque el legislador no lo impone como una obligación ineludible, sino que habla de procurar hacerlo, condicionándolo, desde luego, a que se observen primeramente las formalidades esenciales del procedimiento, lo que en la especie, se insiste, no sucedió.
Encuentra apoyo lo considerado, en lo conducente, en la tesis aislada de este mismo tribunal, publicada en la página doscientos treinta y uno del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo I, Segunda Parte-1, cuyos rubro y texto son del tenor siguiente:
"DEFENSA, GARANTÍA DE, TIENE PREFERENCIA SOBRE OTRAS GARANTÍAS DEL REO. Si bien es cierto que la fracción VIII del artículo 20 constitucional señala que los acusados de algún delito serán juzgados antes de cuatro meses si se trata de delitos cuya pena máxima no excede de dos años de prisión; y antes de un año si la pena máxima excediera de ese tiempo; también lo es que si la defensa de un procesado ofrece en favor de éste diversas pruebas cuyo periodo de desahogo hace imposible que se dicte sentencia en el plazo que señala la mencionada fracción, es claro que deberán desahogarse las probanzas ofrecidas y admitidas, aun cuando se rebase el término ya señalado, dado que al estar frente a dos garantías consagradas por la Constitución en favor del gobernado, como son las establecidas en las fracciones V y VIII del ya mencionado artículo 20 de la Carta Magna, y debiendo anteponer unas a las otras, lógicamente que deberán prevalecer las que favorezcan más a dicho gobernado, es decir las de audiencia y defensa sobre la de pronta impartición de justicia, pues lo contrario acarrearía graves perjuicios en contra de éste, al verse compelido a ajustar su defensa al corto tiempo de que dispondría para ello de acuerdo con la mencionada fracción VIII del artículo constitucional aludido, lo que implicaría una verdadera denegación de justicia."
A la anterior conclusión arriba este Tribunal Colegiado, porque el capítulo I, título cuarto, del Código Federal de Procedimientos Penales, denominado "Instrucción", establece las reglas generales para esa etapa procesal y prevé dos tipos de procedimiento: ordinario y sumario; este último para los casos en que se actualice alguna de las hipótesis previstas en el artículo 152 del ordenamiento legal invocado, con notas características propias que no excluyen la aplicación de las reglas generales para la instrucción, contenidas en el referido capítulo, como lo es, entre otras cosas, la obligación prevista en el artículo 150 para que el Juez de Distrito declare agotada la instrucción.
Ciertamente, al hacer una interpretación tanto sistemática e integral del capítulo relativo a la instrucción del Código Federal de Procedimientos Penales, como histórico-legislativa de los artículos 150 y 152 del mismo código, se llega a la convicción de que en el trámite de los juicios sumarios el juzgador de primera instancia está obligado legalmente a actuar en los términos a que se refieren la primera y la última parte del invocado artículo 150, esto es, mandar poner el proceso a la vista de las partes por diez días comunes para que promuevan las pruebas que estimen pertinentes y que puedan practicarse dentro de los quince días siguientes al en que se notifique el auto que recaiga a la solicitud de la prueba, lo que constituye una declaratoria de agotamiento de la instrucción y la última llamada para que las partes puedan ofrecer pruebas; y además, está obligado el Juez de la instancia a decretar cerrada la instrucción, cuando habiéndose resuelto que tal procedimiento quedó agotado conforme a lo anterior, o hayan transcurrido tales plazos o las partes renuncien a ellos.
Al respecto, debe destacarse que mediante decreto publicado el veinticuatro de diciembre de 1984 en el Diario Oficial de la Federación se reformaron, entre otros, los artículos 150 y 152 del código adjetivo en estudio, y se introdujo por primera vez en el procedimiento mexicano el juicio sumario. Para entender cuál fue la pretensión del legislador ordinario al establecer en nuestro país este tipo de procedimientos, resulta pertinente y conveniente acudir a las razones esgrimidas, tanto en la exposición de motivos de la iniciativa de reformas por parte del Ejecutivo Federal, como en los argumentos que se expusieron en las Cámaras en el Congreso de la Unión.
Así, en la iniciativa del presidente de la República, por principio se establecieron los fines de las reformas propuestas al código procesal, y al respecto se dijo:
"... En síntesis, estas reformas y adiciones sirven a los siguientes propósitos sustanciales: favorecer razonablemente la prontitud y expedición en la impartición de justicia, ampliar los derechos del ofendido; extender debidamente el alcance de las garantías constitucionales del inculpado; y consolidar al amparo de la Constitución las funciones propias de las autoridades que intervienen en el procedimiento penal. ..."
Por cuanto a las razones que se dieron en la referida exposición de motivos para el establecimiento de los juicios sumarios, el Ejecutivo Federal expresó lo siguiente:
"... La expedición en la justicia requiere favorecer, hasta donde sea razonable y posible, la abreviación de procedimientos, sin prescindir en ningún caso de garantías esenciales, a través de juicios sumarios en los que dominen los principios de concentración procesal y oralidad. Sobre este particular, son especialmente importantes las propuestas contenidas en los artículos 152 y 152 bis del (sic) proyecto de la iniciativa pone a la consideración del honorable Congreso de la Unión.-El artículo 152, en los términos de la modificación que se postula, introduce en el Código Federal de Procedimientos Penales el juicio sumario, tomando en cuenta para ello diversas experiencias nacionales y extranjeras y algunos desarrollos, más o menos avanzados, que ya se han producido en este ámbito. Se plantea el juzgamiento de la vía sumaria, siempre sin menoscabo de las debidas garantías procesales de audiencia y defensa, preocupación que es preciso subrayar, cuando se esté en cualquiera de las siguientes hipótesis: que se trate de flagrante delito; que exista confesión judicial o ratificación ante esta autoridad de la confesión legalmente rendida con anterioridad; o que la pena aplicable no exceda, en su término medio aritmético, de cinco años de prisión, o sea alternativa o no privativa de libertad. ..."
Por su parte, en los dictámenes de ambas Cámaras se participó de los criterios que sustentaron la iniciativa, pues en la Cámara de Diputados se dijo que:
"... En los artículos 152 y 152 bis se introduce el juicio sumario tomando en cuenta la buena experiencia nacional y extranjera que ya se han producido en ese ámbito. ..."
Incluso, en la discusión de origen, al hacer uso de la voz el diputado Daniel Sánchez Pérez, expresó lo siguiente:
"... Hay otras medidas, por ejemplo, como el proceso sumario que se establece por primera ocasión en la legislación procesal mexicana, eso ya tiene antecedentes en otras legislaciones y ha dado buenos resultados dentro de la legislación mexicana por lo que es en el fuero civil ¿Por qué digo que es conveniente el proceso sumario? Es que en ocasiones, señores, no tiene razón de ser que se sujete a una persona a proceso de uno, dos o tres años, cuando existan ciertas condiciones procesales o ciertas condiciones objetivas que hacen innecesario el que esté detenido por tanto tiempo. Aquí por ejemplo, se habló ya de los delitos que en su penalidad tienen un término medio aritmético de cinco años, está correcto; aquellos, aquellos que merecen penas menores de esos cinco años, aquellos que tienen penas alternativas, aquellos que no tienen penas de la privación de libertad, no tienen razón de ser que una persona, por ejemplo, tenga que estar sujeta a un proceso de seis o siete meses, cuando la pena que pudiera venirle era de un mes a un año o simplemente una sanción económica y, sin embargo, permanecen este tipo de procesos. Yo en eso estoy de acuerdo, el proceso sumario viene precisamente a beneficiar al que está procesado ..."
En cuanto hace a la Cámara de Senadores, en el dictamen de la revisora, se dijo lo siguiente:
"... Dado que en la consulta nacional sobre administración de justicia y seguridad pública dispuesta por el Ejecutivo Federal, se recogió la exigencia de la ciudadanía para lograr una impartición de justicia penal pronta y expedita, se considera plausible la iniciativa del Ejecutivo y el proyecto de la colegisladora, por cuanto a que, con eficaz tutela de los derechos de los imputados, sujetos a un procedimiento penal y con garantía de los legítimos derechos de los ofendidos por conductas o hechos ilícitos, se actualiza el ordenamiento procedimental, con el propósito central de favorecer la pronta y expedita impartición de la justicia penal, que como categóricamente se afirma en la exposición de motivos de la iniciativa, implica expresiones particularmente delicadas, entre el poder público y los gobernados.-En efecto, la paz y el orden social, exigen que las normas procedimentales de naturaleza penal preserven las garantías de los imputados, a quienes en un régimen democrático como el nuestro, deben presumírseles inocentes en tanto no exista sentencia firme que los repute culpables, pero al propio tiempo exige que se tutele el interés social con la eficaz intervención del Estado, para evitar la impunidad y para que pueda llevarse a cabo con eficacia y oportunidad el debido aseguramiento de los derechos del ofendido ... También se considera que la reforma del artículo 152 y la adición del número 152 bis, cumple cabalmente con el propósito toral de hacer pronta la impartición de justicia al establecer el juicio sumario en hipótesis claramente determinadas. ..."
Como se puede advertir, la pretensión del legislador al instaurar los juicios sumarios fue favorecer razonablemente la prontitud y expedición en la impartición de la justicia, ampliar los derechos del ofendido, extender debidamente el alcance de las garantías del inculpado y consolidar al amparo de la Constitución las funciones propias de las autoridades que intervienen en el procedimiento penal, ya que la expedición en la justicia requiere favorecer, hasta donde sea razonable y posible, la abreviación de procedimientos, sin prescindir en ningún caso de garantías esenciales, y siempre sin menoscabo de las garantías procesales de audiencia y de defensa.
Atendiendo a las consideraciones vertidas por ambas Cámaras del Congreso de la Unión, y al hacer un estudio integral y en conjunto de los artículos que del capítulo I del título cuarto del Código Federal de Procedimientos Penales, que abarca de los artículos 142 a 152, se llega a la conclusión que al introducir el legislador ordinario en la reforma de 1984 el juicio sumario, no estableció reglas que fueran específicas y únicas para el juicio ordinario que ya existía, y reglas específicas y únicas para el juicio sumario que se introdujo al código (salvo las hipótesis legales que determinaban los casos para la procedencia de esta clase de juicios, los términos para cerrar la instrucción y la forma en que había de desahogarse la audiencia final). Por el contrario, por tratarse del capítulo referido a las reglas generales de la instrucción, es claro que el Congreso de la Unión consideró que esas mismas reglas generales habrían de observarse para uno y otro juicios pues, se insiste, no estableció reglas diversas a las generales para el juicio sumario, por lo que, desde luego, éste debe participar en lo conducente y en lo que no choque con las reglas específicas, con aquéllas ya preexistentes para el juicio que hoy conocemos como ordinario. Lo anterior resulta jurídicamente lógico al hacer un estudio de los artículos que integran el capítulo en cuestión, haciendo exclusión del artículo 147 (el cual señala los términos en que debe cerrarse la instrucción en el juicio ordinario); preceptos legales que son del tenor literal siguiente:
"Artículo 142. Tratándose de consignaciones sin detenido, el tribunal ante el cual se ejercite la acción penal radicará el asunto dentro del término de dos días, salvo lo previsto en el párrafo tercero, abriendo expediente en el que resolverá lo que legalmente corresponda y practicará sin demora alguna todas las diligencias que promuevan las partes.
"El Juez ordenará o negará la aprehensión, reaprehensión, comparecencia o cateo solicitados por el Ministerio Público dentro de los diez días contados a partir del día en que se haya acordado la radicación.
"Tratándose de los delitos que el artículo 194 señala como graves, la radicación se hará de inmediato y el Juez ordenará o negará la aprehensión o cateo solicitados por el Ministerio Público, dentro de las veinticuatro horas contadas a partir del momento en que se haya acordado la radicación.
"Si dentro de los plazos antes indicados el Juez no dicta auto de radicación o no resuelve sobre los pedimentos de aprehensión, reaprehensión, comparecencia o cateo, el Ministerio Público podrá ocurrir en queja ante el Tribunal Unitario de Circuito que corresponda.
"Si el Juez niega la aprehensión, reaprehensión, comparecencia o cateo, por considerar que no están reunidos los requisitos de los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 195 de este código, se regresará el expediente al Ministerio Público para el trámite correspondiente."
"Artículo 143. Siempre que un tribunal del orden común inicie diligencias en auxilio de la Justicia Federal, deberá dar aviso inmediato al federal competente y, éste a su vez, lo hará saber al agente del Ministerio Público de su adscripción."
"Artículo 144. El tribunal, con vista del aviso a que se refiere el artículo anterior, podrá dar a la autoridad que practique las diligencias, las instrucciones que juzgue necesarias; trasladarse al lugar para practicarlas personalmente, o bien pedir su envío desde luego o en su oportunidad, según lo estime conveniente.
"De no existir instrucciones expedidas por el tribunal federal, en tratándose de consignaciones con detenidos, el Juez del orden común, dará la participación que conforme a esta ley corresponda al Ministerio Público Federal, si en el lugar del juicio hay agente de esta autoridad, tomará la declaración preparatoria al inculpado, proveerá lo que legalmente proceda, resolverá lo conducente respecto a la libertad caucional y la situación jurídica de acuerdo a los artículos 161, 162 y 167 de este código. Cumplidas estas diligencias, el Juez del orden común remitirá de inmediato, por conducto del Ministerio Público Federal, el expediente y el detenido al tribunal federal competente, a efecto de que éste continúe el proceso."
"Artículo 145. Las diligencias de Policía Judicial y las practicadas por los tribunales del orden común que pasen al conocimiento de los federales, no se repetirán por éstos para que tengan validez, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 440.
"La nulidad y los recursos planteados contra las resoluciones de los tribunales comunes a que se refiere este artículo, cuando actúen en los términos de la fracción VI del artículo 1o. de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, serán resueltos conforme a lo establecido en este código, por el tribunal federal que corresponda."
"Artículo 146. Durante la instrucción, el tribunal que conozca del proceso deberá tomar en cuenta las circunstancias peculiares del inculpado, allegándose datos para conocer su edad, educación e ilustración; sus costumbres y conductas anteriores; los motivos que lo impulsaron a delinquir; sus condiciones económicas y las especiales en que se encontraba en el momento de la comisión del delito; la pertenencia del inculpado, en su caso, a un grupo étnico indígena y las prácticas y características que como miembro de dicho grupo pueda tener; los demás antecedentes personales que puedan comprobarse; así como sus vínculos de parentesco, amistad o nacidos de otras relaciones sociales, la calidad de las personas ofendidas y las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión, que en su conjunto demuestren la gravedad del ilícito y el grado de culpabilidad del agente.
"El tribunal deberá tomar conocimiento directo del sujeto, de la víctima y de las circunstancias del hecho en la medida requerida para cada caso, teniendo amplias facultades para allegarse los datos a que se refiere este artículo, pudiendo obrar de oficio para ese objeto.
"La misma obligación señalada en los párrafos precedentes tiene el Ministerio Público durante la averiguación previa y en el curso de la instrucción, para el efecto de hacer, fundadamente, los señalamientos y peticiones que correspondan al ejercitar la acción penal o al formular conclusiones."
"Artículo 148. El perdón que otorgue el querellante surtirá sus efectos en los términos que previene el Código Penal."
"Artículo 149. El Ministerio Público, el ofendido o sus legítimos representantes solicitarán al Juez, y éste dispondrá, con audiencia del inculpado, salvo que éste se haya sustraído a la acción de la justicia, el embargo precautorio de los bienes en que pueda hacerse efectiva la reparación de daños y perjuicios. Tomando en cuenta la probable cuantía de éstos, según los datos que arrojen las constancias procesales, se negará el embargo o se levantará el efectuado, cuando el inculpado u otra persona en su nombre otorguen caución bastante, a juicio del órgano jurisdiccional, para asegurar la satisfacción de la responsabilidad de los daños y perjuicios causados.
"Para los efectos de este artículo, se resolverá y diligenciará el embargo, notificando de inmediato al inculpado sobre la medida precautoria dictada, para desahogar la audiencia prevista en el párrafo anterior.
"Se entiende que el inculpado se encuentra sustraído a la acción de la justicia a partir del momento en que se dicta en su contra orden de aprehensión, reaprehensión o comparecencia, y hasta en tanto se ejecuta ésta."
"Artículo 150. Transcurridos los plazos que señala el artículo 147 de este código o cuando el tribunal considere agotada la instrucción lo determinará así mediante resolución que se notificará personalmente a las partes, y mandará poner el proceso a la vista de éstas por diez días comunes, para que promuevan las pruebas que estimen pertinentes y que puedan practicarse dentro de los quince días siguientes al en que se notifique el auto que recaiga a la solicitud de la prueba. Según las circunstancias que aprecie el Juez en la instancia podrá de oficio ordenar el desahogo de las pruebas que a su juicio considere necesarias para mejor proveer o bien ampliar el plazo de desahogo de pruebas hasta por diez días más. Al día siguiente de haber transcurrido los plazos establecidos en este artículo, el tribunal, de oficio y previa la certificación que haga el secretario, dictará auto en el que se determinen los cómputos de dichos plazos.
"Se declarará cerrada la instrucción cuando, habiéndose resuelto que tal procedimiento quedó agotado, conforme a lo previsto en el párrafo anterior, hubiesen transcurrido los plazos que se citan en este artículo o las partes hubieran renunciado a ellos."
"Artículo 151. Cuando en un asunto penal sea necesario comprobar un derecho civil, se hará esto por cualquier medio de prueba en el curso de la instrucción. La resolución dictada en el procedimiento penal no servirá de base para el ejercicio de las acciones civiles que del derecho expresado puedan originarse."
"Artículo 152. El proceso se tramitará en forma sumaria en los siguientes casos:
"a) En los casos de delitos cuya pena no exceda de dos años de prisión, sea o no alternativa, o la aplicable no sea privativa de libertad, al dictar el auto de formal prisión o de sujeción a proceso, de oficio resolverá la apertura del procedimiento sumario, en el cual se procurará cerrar la instrucción dentro de quince días. Una vez que el tribunal la declare cerrada, citará a la audiencia a que se refiere el artículo 307;
"b) Cuando la pena exceda de dos años de prisión sea o no alternativa, al dictar el auto de formal prisión o de sujeción a proceso, el Juez de oficio resolverá la apertura del procedimiento sumario en el cual se procurará cerrar la instrucción dentro del plazo de treinta días, cuando se esté en cualquiera de los siguientes casos:
"I. Que se trate de delito flagrante;
"II. Que exista confesión rendida precisamente ante la autoridad judicial o ratificación ante ésta de la rendida ante el Ministerio Público; o
"III. Que no exceda de cinco años el término medio aritmético de la pena de prisión aplicable, o que excediendo sea alternativa.
"Una vez que el juzgador acuerde cerrar la instrucción, citará para la audiencia a que se refiere el artículo 307, la que deberá celebrarse dentro de los diez días siguientes; y
"c) En cualquier caso en que se haya dictado auto de formal prisión o de sujeción a proceso y las partes manifiesten al notificarse de ese auto o dentro de los tres días siguientes a la notificación, que se conforman con él y que no tienen más pruebas que ofrecer salvo las conducentes sólo a la individualización de la pena o medida de seguridad y el Juez no estime necesario practicar otras diligencias, citará a la audiencia a que se refiere el artículo 307.
"El inculpado podrá optar por el procedimiento ordinario dentro de los tres días siguientes al que se le notifique la instauración del juicio sumario."
Luego, si analizamos en su integridad y en forma conjunta el contenido de los anteriores artículos, resulta claro que no es posible llevar a cabo por el Juez de Distrito el procedimiento sumario con el solo contenido del artículo 152, sino que se hace necesario para el debido trámite del juicio sumario, tener en cuenta lo dispuesto por los restantes artículos del capítulo referido a las reglas generales de la instrucción, pues no es concebible jurídicamente, ni posible prácticamente, que pueda tramitarse un juicio sumario sin reglas generales, como lo son las hipótesis en los casos de consignación sin detenido; los supuestos en los que haya conocido una autoridad del orden común; las diligencias practicadas por la Policía Judicial y los tribunales del orden común; lo relativo al
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17094-705617cd/procedimiento-sumario-obligacion-del-juez-de-distrito-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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