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Modo: Corpus Pro

ROBO. ANTE LA INSUFICIENCIA DE PRUEBAS PARA DETERMINAR EL VALOR DE LO ROBADO ES APLICABLE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 289 DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE MÉXICO.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 422/2002. · Registro digital (IUS): 17821
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: —
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, Noviembre de 2003, , Pág. 847.

AMPARO DIRECTO 422/2002.

CONSIDERANDO:

SEXTO. Con la salvedad que se verá más adelante, son inoperantes por una parte e infundados en lo demás los conceptos de violación formulados por el quejoso, sin que este Tribunal Colegiado advierta deficiencia de la queja que suplir, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo.

Son inoperantes, por inatendibles, los conceptos de violación en que el quejoso impugna las violaciones al procedimiento en la integración de la averiguación previa, el auto de formal prisión y la valoración u omisión de las pruebas que hizo el Juez de la causa en la sentencia de primera instancia, encaminados a establecer que no se reunieron los requisitos exigidos por la ley para la emisión de esos actos, toda vez que las posibles violaciones alegadas, respecto de la averiguación previa y al auto de término constitucional, quedaron consumadas de modo irreparable con el dictado de la sentencia de primera instancia, y ésta con la emisión de la ejecutoria de la Sala, ya que en el amparo no se debe resolver si el fallo de primer grado estuvo bien o mal dictado, sino la legalidad y constitucionalidad de los fundamentos de la sentencia reclamada que se ocuparon de los agravios de la apelación expresados en su oportunidad.

Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sostenido por el otrora Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, que este órgano jurisdiccional comparte y hace suyo, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, agosto de 1995, página 484, que es del tenor literal siguiente:

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. SI LOS MOTIVOS DE INCONFORMIDAD GIRAN EN TORNO AL JUEZ A QUO, SON. Son inoperantes los conceptos de violación, si en ellos se inconforman en contra del proceder del Juez a quo, en razón de que no es procedente impugnar una sentencia de segunda instancia a través de alegadas violaciones atribuidas a la primera, sino que directamente deben controvertirse las consideraciones de la sentencia reclamada."

Respecto de los conceptos de violación que devienen infundados, este Tribunal Colegiado por cuestión de técnica en el juicio de amparo analizará en primer término las violaciones formales apuntadas por el peticionario de amparo en su demanda, en la que aduce que se viola en su perjuicio lo dispuesto en el artículo 14 de la Constitución General de la República; sin embargo, contrariamente a lo que estima, debe puntualizarse que la resolución emitida por la Sala responsable es legal sin que infrinja alguna garantía constitucional, pues en lo referente al artículo 14 constitucional se cumplió con las formalidades esenciales del procedimiento, en razón de que durante la instrucción, al rendir el inculpado su declaración preparatoria, la autoridad judicial ante la cual se vertió, le comunicó la naturaleza de la acusación que obra en su contra, como el derecho de nombrar defensor; se le dio la oportunidad de ofrecer las pruebas que estimara pertinentes para desvirtuar la imputación; fue sometido a proceso una vez dictado el auto de formal prisión; se siguió la secuela procedimental en la que acorde con las normas procesales se admitieron y desahogaron las pruebas ofrecidas en su defensa, hasta que las partes formularon sus respectivas conclusiones, en su oportunidad, se emitió la sentencia de condena en donde el juzgador expuso las razones particulares del caso; se dio a conocer al quejoso el derecho de inconformarse con tal sentencia, lo que en efecto hizo y ante el Tribunal de Alzada tuvo la oportunidad de expresar agravios.

Además, con el dictado de la sentencia definitiva no se aprecia que exista violación alguna a las reglas del procedimiento, ya que el fallo aludido se emitió conforme a las leyes existentes con antelación al hecho que dio motivo al juicio, tan es así, que son los artículos 287, 289, fracción VI y 290, fracción III, en relación con los diversos 10 y 59, todos ellos del Código Penal para el Estado de México, los que tipifican y sancionan el delito de robo agravado en grado de tentativa.

Por su aplicación es de citarse la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 133 del Tomo II, diciembre de 1995, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:

"FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que ‘se siga se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento’. Éstas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado."

Luego, resulta equivocado el argumento genérico de la parte quejosa respecto de que la determinación pronunciada por la autoridad responsable trastoque en su perjuicio el contenido del artículo 14 de la Constitución Federal, que tutela la garantía de seguridad jurídica, dado que en ningún momento quedó en estado de indefensión o incertidumbre jurídica.

Y, por lo que hace al diverso artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este Tribunal Colegiado tampoco advierte que se hubiera transgredido, precisamente porque las diversas prerrogativas de carácter procesal que dicho numeral contempla se cumplieron cabalmente, toda vez que el proceso que se instauró en contra de ... se llevó a cabo acatando cada una de las formalidades establecidas para el trámite legal del procedimiento y, en específico, se le recibieron los testigos y demás pruebas que oportunamente ofreció para su defensa y se le auxilió para obtener su desahogo.

Tampoco se viola la garantía individual consagrada en el segundo párrafo del artículo 19 constitucional, pues el proceso penal se siguió por el delito básico de robo porque se decretó el auto de formal prisión y la sentencia condenatoria se dictó por el mismo delito, variando sólo el grado de responsabilidad, pero sin alterar los hechos que se ventilaron durante el procedimiento.

Por lo que hace al diverso artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este Tribunal Colegiado tampoco advierte que se hubiera transgredido, precisamente porque las diversas prerrogativas de carácter procesal que dicho numeral contempla se cumplieron cabalmente, toda vez que el proceso que se instauró en contra de ... se llevó a cabo acatando cada una de las formalidades establecidas para el trámite legal del procedimiento y, en específico, se le recibieron los testigos y demás pruebas que oportunamente ofreció para su defensa y se le auxilió para obtener su desahogo.

Y en cuanto a la diversa violación al artículo 22 constitucional que invoca, es menester decir que, como se verá en apartado subsecuente, las penas que le fueron impuestas no son de las que estén prohibidas por el precepto constitucional mencionado, puesto que no se trata de penas que estén en desuso o sean excepcionales, y tampoco trascienden más allá de la esfera jurídica de la persona del acusado.

Por otra parte, argumenta el impetrante de garantías que la Sala responsable no efectuó una valoración integral de las causas, cauces y efectos que dieron lugar a que se le sujetara a proceso, sin que estuvieran debidamente integrados los elementos constitutivos del delito y de haber tenido la certeza jurídica de una incuestionable responsabilidad.

No le asiste la razón.

Efectivamente, en principio es conveniente dejar precisado que la Sala del conocimiento consideró correctos los razonamientos y fundamentos estimados por el Juez de primer grado para tener por demostrados los elementos del delito de robo agravado en grado de tentativa, así como la plena responsabilidad del quejoso y otro en su comisión, dado que advirtió que no había agravio que suplir a favor de éste, ya que se encontraba plena y legalmente acreditado al tenor de las pruebas y razonamientos efectuados por el Juez en la parte considerativa de la sentencia de primer grado que la Sala hizo suyos y los tuvo por reproducidos.

Ello se considera correcto, cuando como en el caso y en los aspectos anotados no existe agravio que suplir, conforme a la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo II, Materia Penal, con el número 370, páginas 269 y 270, que dice:

"SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN LA APELACIÓN EN MATERIA PENAL. De conformidad con lo dispuesto en los Códigos de Procedimientos Penales de las diversas entidades federativas que contengan similar disposición, ante la falta total o parcial de agravios en la apelación, cuando el recurrente sea el reo o su defensor, o siéndolo también en ese supuesto el Ministerio Público, hubieren resultado infundados los agravios alegados por este último, el tribunal revisor cumple con la obligación de suplir la deficiencia de la queja, al hacer suyas y remitir a las consideraciones, razonamientos y fundamentos de la sentencia de primer grado, al no advertir irregularidad alguna en aquella, que amerite ser suplida, lo que significa que la misma se encuentra ajustada a derecho, sin que sea necesario plasmar en su resolución el análisis reiterativo de dichos fundamentos que lo llevaron a la misma conclusión."

De la ejecutoria que se combate se advierte que la Sala, sustentándose en los razonamientos vertidos por el Juez instructor, arribó a la determinación apuntada apoyándose en el hecho demostrado de que aproximadamente a las ocho horas con diez minutos del tres de octubre de dos mil ... y otro penetraron a la casa habitación ubicada en la calle ... manzana ... lote ... colonia ... del poblado de ... Municipio de ... Estado de México, propinándole varios golpes en la cabeza, cara y cuerpo a la señora ... causándole diversas lesiones, exigiéndole que les entregara el dinero que tuviera, pero como varios vecinos de la ofendida se dieron cuenta de lo que sucedía, dichos sujetos se dieron a la fuga, siendo detenidos más tarde por los propios vecinos de la víctima, es decir, que el aquí quejoso ... y otro se introdujeron a una casa habitación y mediante la violencia física pretendían apoderarse de un bien ajeno mueble, sin derecho y sin consentimiento de la persona que legalmente podía disponer de ellos, lo cual no lograron debido a que fueron descubiertos y detenidos por los vecinos del lugar; evento que está demostrado al tenor de las pruebas y razonamientos valorados por el Juez natural, entre las que destacan: a) La confesión rendida por ... ante el agente del Ministerio Público; b) La confesión que el coacusado ... vertiera ante el representante social; c) La declaración de la ofendida ... rendida ante el órgano investigador y reiterada ante el Juez de la causa en ampliación; d) El testimonio de ... e) La diligencia practicada por el agente del Ministerio Público en la que dio fe del estado psicofísico de ... f) Los certificados médicos expedidos a nombre del quejoso y coacusado; g) Los certificados médicos expedidos a nombre de ... y h) Los testimonios rendidos por ...

Con base en las anteriores constancias probatorias se tuvieron por comprobados los elementos del delito de robo agravado en grado de tentativa, previsto y sancionado por los artículos 287 y 290, fracción III, en relación con los diversos 10 y 59, todos ellos del Código Penal para el Estado de México, así como la plena responsabilidad penal de ... y otro en su comisión, por lo que debe establecerse la constitucionalidad de la ejecutoria pronunciada por la Sala del conocimiento que confirma en los aspectos anotados a la sentencia de primer grado, puesto que de lo actuado aparecen datos suficientes que acreditan esos extremos, ya que están dirigidos a señalar al ahora quejoso y a otra persona como los mismos que se introdujeron a una casa habitación y ejerciendo violencia física en la persona de ... puesto que le propinaron varios golpes que le causaron las lesiones de que diera fe el Ministerio Público y certificara el médico legista, pretendían apoderarse de un bien ajeno mueble, sin derecho y sin consentimiento de la persona que legalmente podía disponer de él, lo cual no lograron debido a que fueron descubiertos y detenidos por vecinos de la ofendida.

En otro motivo de inconformidad, aduce el impetrante de garantías que la Sala responsable no se introdujo al estudio formal y razonado de todas y cada una de las partes que contiene la causa penal. Lo cual es infundado, pues no obstante que la ad quem hizo suyos los razonamientos vertidos por el Juez de primer grado, analizó nuevamente las pruebas que militan en el sumario, hasta considerar que eran aptas y suficientes para tener por acreditados los elementos del delito de robo en interior de casa habitación con violencia en grado de tentativa, como la plena responsabilidad penal del quejoso en su comisión.

Ahora bien, el alegato producido por el impetrante de garantías, que hace consistir en el hecho de que el auto de formal prisión se le haya dictado por el delito de robo agravado y al emitir sentencia definitiva se le haya condenado por la comisión del mismo delito en grado de tentativa no le perjudica, pues se trata de los mismos hechos.

En efecto, de la interpretación armónica del artículo 297, fracción IX, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, con la fracción XVI del artículo 160 de la Ley de Amparo, se desprende que cuando la sentencia se dicta por un delito diverso al establecido en el auto de formal prisión, constituye una violación de garantías que amerita la reposición del procedimiento para que se subsane esa irregularidad; sin embargo, se establecen expresamente dos casos en los cuales no se considerará que el delito es diverso, a saber: 1) Cuando el que se exprese en la sentencia sólo difiera en grado del que haya sido materia del proceso; y, 2) Cuando la sentencia se refiera a los mismos hechos materiales que fueron objeto de la averiguación, siempre que en este último caso el Ministerio Público haya formulado conclusiones acusatorias cambiando la clasificación del delito hecha en el auto de formal prisión o de sujeción a proceso, y el quejoso hubiese sido oído en defensa sobre la nueva clasificación durante el juicio propiamente tal. De lo anterior se deduce en forma lógica y jurídica que es una facultad del juzgador de instancia establecer en la sentencia cuál es el grado de responsabilidad que en la comisión del delito quedó actualizado durante el procedimiento, y que ello de manera alguna queda comprendido como una anormalidad en el proceso. Ahora, cuando se concluye -como en el caso-, en beneficio del quejoso, que no se acreditó que éste consumara el delito de robo con violencia en interior de casa habitación, según lo exige la fracción III del artículo 290 del Código Penal Estatal, ilícito por el que se siguió el proceso, sino que dicho delito quedó en grado de tentativa, sólo difiere en grado del previsto en la fracción III, ya que el primero sanciona la conducta cuando se ha ejecutado en todas y cada una de sus partes, es decir, cuando el sujeto activo penetró en una casa habitación y mediante la violencia física o moral que haya ejercido sobre sus moradores se apodera de un bien ajeno mueble sin derecho y sin consentimiento de la persona que podía disponer de él con arreglo a la ley, mientras que el ilícito tentado sólo sanciona esa intención, cuando se exterioriza de tal modo que no hay duda de que la actividad desarrollada por el agente debería haber producido ese apoderamiento, pero que por causas ajenas a su voluntad no se acabó de consumar o terminar, por lo que no se trata de delitos diferentes, sino de uno mismo que guarda su unidad y sólo difiere en grado y, en esa tesitura, el cambio en la clasificación del delito no perjudica al quejoso, sino que lo beneficia, puesto que el artículo 59 del Código Penal para el Estado de México establece que al inculpado del delito en grado de tentativa se le aplicará de uno a tres tercios de la pena prevista para el delito consumado.

En diverso apartado de sus conceptos de violación refiere que no están plenamente acreditados los elementos objetivos, subjetivos ni normativos del delito por el cual fue procesado y menos por el que fue condenado, ya que para que exista la tentativa de robo es necesario e indispensable, como uno de los elementos del tipo, el que materialmente exista la cosa y que se den actos encaminados al apoderamiento, pero que por una causa externa a la voluntad del sujeto activo no sea posible tal apoderamiento. Luego entonces, dice, si jamás se acreditó en forma indubitable el bien ajeno mueble -refiriéndose al dinero que dijo tener la ofendida en su casa-, sino que fue sustentada la presencia de dicho bien con testigos de capacidad económica, es obvio que se le debe absolver.

Es inexacto que al no haberse demostrado directamente la existencia de la cosa ajena mueble sobre la que recaería el apoderamiento, no pueda tenerse por acreditado uno de los elementos materiales del tipo penal de robo agravado en grado de tentativa, pues si la conducta desplegada por el sujeto activo tiende a cometer un robo en agravio de una persona determinada, y como lo dijeron los acusados en su confesión ministerial, no tenían definido qué objeto u objetos robarían de la casa de ... (persona determinada), resulta irrelevante para el caso que se cite o no el objeto sobre el cual pudiera haber recaído la actividad criminosa del inculpado y su coacusado, pues aun cuando no existiera dicho objeto, la conducta del activo estuvo encaminada directa e inmediatamente al apoderamiento de un bien ajeno mueble, que si no se consumó fue por causas ajenas a su voluntad al ser descubierto y aprehendido. Además, no debe perderse de vista que el numerario en efectivo que dijo tener en casa la ofendida no pudo ser cuantificado materialmente, por lo que se consideró encuadrar la conducta del inculpado en lo dispuesto por la fracción VI del artículo 289 del código punitivo estatal. Luego, es de concluirse que el delito por el que se les juzgó y sentenció nada tiene que ver con el dinero mencionado y, por tanto, la existencia de este resulta irrelevante, más aún cuando el impetrante de amparo en su confesión ministerial manifestó que ... le propuso que se aventaran el tiro en una casa que ya tenía puesta y que tenía varios aparatos, sin especificar cuál era su objetivo.

Por lo que hace a los testigos de preexistencia y falta posterior de lo robado, tomando en consideración que existe la confesión por parte del aquí quejoso y de su coinculpado, devienen intrascendentes, aunque no obsta para decir que los testimonios de capacidad económica rendidos por ... lejos de estimar sospechosas sus declaraciones merecen credibilidad, pues nadie mejor que los familiares de la víctima del delito de robo para poder atestiguar que ésta estaba en aptitud de poseer determinada cantidad de dinero o ciertos objetos.

En otro aspecto, cabe hacer mención que el hecho de que la ofendida ... no pudiera precisar la cantidad de dinero que tenía guardado en su domicilio no es un dato significativo de que se haya conducido con falsedad, pues la única que podía saber que contaba con determinada cantidad de dinero era precisamente la ofendida; sin embargo, los testigos de capacidad económica sólo corroboraron que sí era factible que ... contara con ese dinero, dada su solvencia económica y constarles que en la casa en que se perpetró el delito sí podía haber dinero en efectivo.

En otro orden de ideas, debe decirse que no es exacto el alegato formulado por el inconforme en el sentido de que las agravantes contenidas en el artículo 290 del Código Penal vigente en el Estado de México, en específico la establecida en la fracción III, sólo sean aplicables a aquellos activos que les sea comprobada la conducta típica consumada, pues si -como en el caso- ha quedado comprobado que el ahora quejoso y su coacusado se introdujeron al domicilio de ... ejerciendo violencia física en la persona de ésta, al propinarle diversos golpes y ocasionándole lesiones en su cuerpo, es inconcuso que las agravantes a que se refiere el numeral citado (en interior de casa habitación y utilizando en su ejecución la violencia) han quedado plenamente demostradas; y si el delito de robo quedó en grado de tentativa, al exteriorizarse actos que debieron producir como resultado el apoderamiento de un bien mueble ajeno, el cual no llegó a consumarse porque los activos fueron sorprendidos por los vecinos del lugar, es obvio que se está en presencia de actos encaminados inmediata y directamente a la consumación del delito de robo que encajan en lo previsto en el artículo 10 del Código Penal para el Estado de México; sin embargo, se reitera, las agravantes consistentes en que la conducta se lleve a cabo en el interior de casa habitación y se utilice en su ejecución la violencia física quedaron plenamente consumadas y demostradas con la confesión ministerial de ... y de su coinculpado ... quienes reconocieron haber penetrado al domicilio de la ofendida golpeándola con el fin de someterla y robar en ese lugar, lo cual no consiguieron por haber sido descubiertos y aprehendidos por los vecinos de la víctima, por lo que es innegable que tal confesión integra los elementos de la tentativa de robo agravado. Por tanto, no le asiste la razón al afirmar que para demostrar la tentativa, primeramente debe acreditarse la conducta típica contenida en el artículo 287 del Código Penal Estatal, ya que de ser así, no estaríamos en presencia de un delito tentado, sino de un ilícito plenamente consumado.

Sirve de apoyo a lo anterior, en su parte conducente, la jurisprudencia sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que este Tribunal Federal hace suya, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, agosto de 1997, página 610 que dice:

"ROBO CALIFICADO EN GRADO DE TENTATIVA, COMETIDO CON VIOLENCIA FÍSICA Y MORAL. PENAS APLICABLES. Cuando el delito de robo en grado de tentativa imputado al acusado se comete con las calificativas de violencia física y moral, respecto de éstas no es aplicable, al imponer las penas correspondientes, lo dispuesto en el artículo 63, párrafo primero, en relación con el 372, ambos del Código Penal para el Distrito Federal, sino únicamente lo establecido en este último numeral, en concordancia con el grado de culpabilidad que se le estimó, ya que si bien es cierto que el robo no llegó a perpetrarse y sólo se cometió en grado de tentativa, las calificativas sí se consumaron, toda vez que se violentó física y moralmente al ofendido al tratar de desapoderarlo de sus pertenencias."

Sin que resulten aplicables al caso los criterios jurisprudenciales cuyos rubros son: "TENTATIVA DE UN DELITO, NO SE PUEDE DAR CON RELACIÓN A LA AGRAVANTE DEL MISMO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CAMPECHE)." y "ROBO EN GRADO DE TENTATIVA. CUANDO EXISTE INDETERMINACIÓN DE SU MONTO, EL AUMENTO DE LA PENA POR LAS AGRAVANTES QUE CONCURRAN EN EL DELITO, ES ILEGAL POR NO EXISTIR DISPOSICIÓN EXPRESA DE LA LEY QUE ASÍ LO DETERMINE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).". Pues en el caso que nos ocupa, las circunstancias calificativas del delito de robo que prevé la fracción III del artículo 290 del Código Penal para el Estado de México, no sólo agravan la penalidad correspondiente a dicho ilícito, sino que, en el caso concreto, constituyen partes integrantes del delito como elementos del tipo que le pertenecen, como son el que se cometa en el interior de una casa habitación y se utilice en su ejecución la violencia.

Respecto a las argumentaciones que hace, relativas a que si desde el auto de término constitucional se le hubiera modificado el delito grave por el cual fue consignado, y se le hubiera decretado por la tentativa que hoy nos ocupa, hubiera tenido acceso al beneficio de la libertad provisional bajo caución. Es una conjetura carente de sustento jurídico, puesto que al estimar el Juez de la causa acreditado plenamente el cuerpo del delito de robo agravado con violencia y la probable responsabilidad del inculpado, lo hizo de manera provisional con base en las presunciones lógicas y legales sustentadas en las constancias probatorias con que contaba en ese momento, sin que le irrogue agravio alguno el que en sentencia se haya determinado que el grado de culpabilidad que se actualizaba era el de tentativa, pues es precisamente al dictar sentencia el momento preciso para que con base en las pruebas existentes el juzgador determine de manera definitiva cuál es el delito que quedó plenamente probado.

Por otro lado, afirma el quejoso y en ello centra sus argumentos, que la Sala señalada como responsable no advirtió que se le tomaron dos declaraciones en forma inconstitucional (una policial y otra ministerial) y que para tal efecto los policías judiciales le interrogaron utilizando amenazas, injurias y tormentos, causándole diversas lesiones, como puede constatarse del certificado médico expedido a su nombre en la agencia del Ministerio Público, y que además se le dio valor de indicio a lo declarado por los referidos elementos de la Policía Judicial dejándolo en estado de indefensión.

Es infundado el agravio sintetizado, toda vez que el análisis de los autos que integran la causa penal permite afirmar que contrariamente a lo aseverado por el impetrante no rindió ninguna declaración ante la Policía Judicial.

Se afirma lo anterior, dado que la única constancia signada por elementos de la Policía Judicial del Estado de México es el informe de modus vivendi y operandi, en el que hacen del conocimiento del Ministerio Público lo que dicen les manifestó el aquí quejoso al entrevistarlo, pero de ninguna manera se puede equiparar a una declaración, puesto que esa documental sólo tiene el carácter precisamente de informe. Además, debe decirse que este informe de modus vivendi ni siquiera fue tomado en consideración por la autoridad responsable ordenadora y mucho menos valorado en contra de los intereses del quejoso; por tanto, no quedó en el estado de indefensión que dice, máxime que si estimó que ese documento le causaba agravio, tuvo la oportunidad durante la instrucción de haber solicitado la ampliación de declaración de sus suscriptores, o bien, haberse careado con ellos, lo que no hizo.

En cuanto a los argumentos del inconforme en los que afirma que para declarar ante el Ministerio Público en la forma que lo hizo, reconociendo su responsabilidad en los hechos que se le atribuyen, fue violentado por elementos de la Policía Judicial; que declaró sin la presencia de un defensor que lo asistiera, estando solamente su padre, a quien no le permitieron hablar; que la supuesta declaración ya estaba elaborada previamente y sólo se la leyeron para que la firmara, pretendiendo corroborar esas manifestaciones con el certificado médico que suscribió el doctor ... perito adscrito a la agencia del Ministerio Público de Ecatepec, Estado de México.

Debe decirse que en oposición a lo aseverado, la declaración que vertió ante el Ministerio Público cumple con los requisitos que al efecto establecen los artículos 20, fracciones II y IX, de la Constitución General de la República y 145 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, ya que se le hicieron saber los cargos que pesaban en su contra, así como el derecho a defenderse por sí, por abogado o por persona de su confianza, designando entonces él mismo a su padre ... de quien por cierto no se ofreció de ninguna forma su testimonio durante el procedimiento. Luego entonces, no quedó demostrado que se le hubiera infringido su garantía de adecuada defensa.

Atento lo anterior, es que resulta inaplicable el criterio de jurisprudencia que invoca bajo el rubro: "DEFENSOR PÚBLICO. CARECE DE VALOR PROBATORIO LA DECLARACIÓN DEL INCULPADO CUANDO LA DESIGNACIÓN HECHA POR EL MINISTERIO PÚBLICO PARA RECIBIRLA NO RECAE EN UN DEFENSOR DE OFICIO.", ya que éste se refiere a los casos en que requerido para que nombre defensor el inculpado se negare o no pueda hacerlo, lo que implica, como obligación del Estado, designarle un defensor público, pero si constitucionalmente le está permitido defenderse por sí mismo o por persona de su confianza, si opta por esto último, no habrá necesidad de que se le designe un defensor.

Por lo que hace a las lesiones que dice le fueron producidas por los policías judiciales que lo interrogaron, tampoco está demostrado que así fuera, ya que de autos consta que el certificado médico a que alude fue expedido a las diez horas con treinta minutos del tres de octubre de dos mil dos, apreciándole el perito médico desde ese momento diversas lesiones, lo cual es corroborado con la fe ministerial practicada a las trece horas con treinta minutos de ese mismo día, es decir, que desde el momento en que fue examinado por el perito médico y por el representante social ya presentaba lesiones, y si a ello se suma que los hechos acontecieron aproximadamente a las ocho de la mañana y que su declaración ministerial la rindió el cuatro de octubre de ese año, mencionando que al ser detenidos por los vecinos de la ofendida éstos lo golpearon, la coacción q

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17821-68385fec/robo-ante-la-insuficiencia-de-pruebas-para-determinar · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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