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Modo: Corpus Pro

VISITA DOMICILIARIA. EL ARTÍCULO 44, FRACCIÓN II, PRIMER PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, QUE SEÑALA QUE LOS VISITADORES DEJARÁN CITATORIO CON LA PERSONA QUE SE ENCUENTRE EN EL LUGAR EN QUE DEBE PRACTICARSE AQUÉLLA, PARA QUE EL VISITADO O SU REPRESENTANTE LOS ESPEREN A HORA DETERMINADA DEL DÍA SIGUIENTE PARA RECIBIR LA ORDEN, CONTIENE UNA FACULTAD REGLADA. VISITA DOMICILIARIA. LA FALTA DEL REQUISITO FORMAL DEL CITATORIO CONSISTENTE EN NO ESPECIFICAR QUE ES PARA RECIBIR LA ORDEN DE VISITA, ACTUALIZA LA EXCEPCIÓN A LA REGLA RELATIVA A LA DECLARATORIA DE NULIDAD PARA EFECTOS, PREVISTA EN LA SEGUNDA PARTE DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 239 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 34/2002-SS. · Registro digital (IUS): 17127
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS QUINTO Y SEXTO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, Y QUINTO Y PRIMERO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Julio de 2002, , Pág. 378.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 34/2002-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS QUINTO Y SEXTO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, Y QUINTO Y PRIMERO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

TERCERO. El Primer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito con sede en Guanajuato, Guanajuato, al resolver la revisión fiscal RF. 77/2001, en la parte conducente de dicha resolución, determinó:

"QUINTO. Los anteriores agravios son infundados. En el primero de sus agravios, la autoridad recurrente sostiene que la resolución impugnada viola en su perjuicio lo dispuesto por los artículos 237 y 44, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, por indebida interpretación del segundo dispositivo, pues para cumplir con los requisitos que debe llenar el citatorio a que alude este dispositivo, no impone a las autoridades fiscales la obligación de señalar concretamente en el citatorio que se deja a la persona que se encuentre en el lugar en que deba efectuarse la visita domiciliaria, para qué se entrega la orden de visita; que para satisfacer los extremos del citado precepto, basta y es suficiente que se deje el citatorio con la persona que se encuentre para que el visitado o su representante legal esperen a la autoridad fiscalizadora a una hora determinada del día siguiente para recibir la orden de visita, como sucedió en la especie, que en el citatorio de fecha diecisiete de junio de mil novecientos noventa y nueve, se precisó que se dejaba citatorio al actor o al representante legal del contribuyente a visitar, se señaló el domicilio, se fijó día y hora determinada y se señaló el número del oficio a notificar, así como el apercibimiento de que se procedería de conformidad con lo dispuesto por el artículo 44, fracción II, del Código Fiscal de la Federación; que con ello se dio oportunidad al contribuyente de que él o su representante legal estuviera presente para la recepción del oficio y para el desahogo de la visita; que basta que en el citatorio se indique que es para llevar a cabo una diligencia de orden administrativo; que se fije el día y hora para su desahogo, se cite al contribuyente en el domicilio precisado en la orden de visita y se exprese la autoridad que expide el documento contenido para que éste se considere legal, invocando en apoyo la tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito titulada: 'ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA. REQUISITOS DEL CITATORIO SEGÚN EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.'. Contrariamente a lo que manifiesta la autoridad recurrente, de lo establecido en la fracción II del artículo 44 del Código Fiscal de la Federación, que rigió para el caso, deriva que tratándose de la entrega del citatorio, para que el contribuyente o su representante esperaran al día siguiente, por no haberlos encontrado en el domicilio respectivo, era necesario que se señalara expresa mente que era para efecto de que recibieran la orden de visita domiciliaria, tal como lo estimó la Sala resolutora. Dicho dispositivo legal, en la parte que interesa para el caso, era del siguiente tenor: 'Artículo 44. En los casos de visita en el domicilio fiscal, las autoridades fiscales, los visitados, responsables solidarios y los terceros estarán a lo siguiente: ... II. Si al presentarse los visitadores al lugar en donde deba practicarse la diligencia, no estuviere el visitado o su representante, dejarán citatorio con la persona que se encuentre en dicho lugar para que el mencionado visitado o su representante los esperen a hora determinada del día siguiente para recibir la orden de visita; si no lo hicieren, la visita se iniciará con quien se encuentre en el lugar visitado. ...'. Pues bien, por la sola circunstancia -como lo advirtió la Sala del conocimiento-, que del texto del propio precepto legal se sigue que establece como uno de los requisitos de los citatorios relativos a visitas en el domicilio fiscal, el que en los mismos debe quedar asentado que la presencia del contribuyente o de su representante es para el específico fin de que reciban la orden de visita, de suerte que por su claridad no requiere de otra interpretación y, por ello, lo infundado del agravio de que se trata; este Tribunal Colegiado considera necesario hacer otras precisiones que vendrán a vigorizar lo que se establece. La práctica de una visita domiciliaria, por su naturaleza, es un acto de molestia que por sujetarse a las formalidades prescritas para los cateos, entraña que el visitado debe gozar de la debida seguridad jurídica durante su desarrollo, pues se vincula con el principio de que el respeto al domicilio de las personas constituye un derecho subjetivo y tiene categoría de garantía individual, conforme lo establece el artículo 16 constitucional, de suerte que debe constar en mandamiento escrito de autoridad competente, que funde y motive su causa, que exprese el nombre del visitado, el domicilio en que debe practicarse, así como su objeto y, al concluirse, es imperativo el levantamiento de un acta circunstanciada. Así, como se tiene señalado, contrario a lo que argumenta la autoridad recurrente, este Tribunal Colegiado considera que está en lo correcto la resolutora al establecer que si el citatorio que se dejó para la entrega de la orden de visita en el domicilio del contribuyente actor, no contiene el señalamiento de que era precisamente para que él o su representante estuviera presente a fin de recibirla, se retoman pues, los principios expresados con anterioridad, acerca de la naturaleza de una visita domiciliaria, singularmente que se trata de un acto de molestia que debe cubrir las formalidades necesarias, a fin de que el visitado tenga amplia seguridad jurídica, lo cual debe reflejarse y ser observado por la autoridad desde que comienza a desplegar sus facultades de fiscalización; de ahí que no puede ser jurídicamente correcto que para un acto de suyo trascendental para el visitado, como es el de la entrega de la orden, en la cual debe precisarse el objeto que se vincula con el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, quede al margen, mediante el citatorio que se le deje, la mención, al menos, que es precisamente para efectuarle una auditoría, ya que de aceptarse de tal forma entraña que no obstante la ambigüedad sobre tal aspecto de un citatorio, por no hacerse la precisión del objeto para la espera, se permitiera la consecuencia consistente en la disminución del derecho del visitado de enfrentar con plena seguridad jurídica la visita domiciliaria, ya que, además, se corre el riesgo ostensible de que los actos de visita se entiendan con quien se encuentre en el lugar visitado, antecediéndole la circunstancia objetiva de que el contribuyente no tuvo conocimiento de que el citatorio fue para la práctica de la revisión. Incluso es de precisarse que lo establecido en la fracción II del artículo 44 mencionado, no debe observarse de manera aislada sino, en todo caso, en congruencia con otras disposiciones que son relativas. Así, el artículo 45 del Código Fiscal de la Federación dispone: 'Los visitados, sus representantes, o la persona con quien se entienda la visita en el domicilio fiscal, están obligados a permitir a los visitadores designados por las autoridades fiscales el acceso al lugar o lugares objeto de la misma, así como mantener a su disposición la contabilidad y demás papeles que acrediten el cumplimiento de las disposiciones fiscales de los que los visitadores podrán sacar copias para que previo cotejo con sus originales se certifiquen por éstos y sean anexados a las actas finales o parciales que levanten con motivo de la visita. También deberán permitir la verificación de bienes y mercancías, así como de los documentos, discos, cintas o cualquier otro medio procesable de almacenamiento de datos que tenga el contribuyente en los lugares visitados. Cuando los visitados lleven su contabilidad o parte de ella con el sistema de registro electrónico, o microfilmen o graben en discos ópticos o en cualquier otro medio que autorice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante reglas de carácter general, deberán poner a disposición de los visitadores el equipo de cómputo y sus operadores, para que los auxilien en el desarrollo de la visita. ...'. De modo que si el acto de molestia en cita entraña la injerencia de los visitadores al lugar o lugares objeto de la propia visita y que el visitado, sus representantes o la persona con quien se entiende tienen la obligación de permitir ese acceso, así como mantener a disposición de aquéllos la contabilidad y, en general, todo lo inherente al cumplimiento de las disposiciones fiscales, es así que estos factores implican que al menos el visitado tenga desde las primeras actuaciones la debida oportunidad de enfrentar con plena seguridad jurídica la visita domiciliaria, ya que por lo demás, lo acontecido en la misma, es lo que ulteriormente le permitirá la preparación de la defensa de sus derechos frente a la autoridad fiscal. Es pues, jurídicamente inexacto, por tanto infundado, lo que aduce la autoridad ahora inconforme, respecto a que la Sala aplicó incorrectamente el referido artículo 44, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, lo cual, dice, se debió a que en dicho precepto no se contiene la obligación de la autoridad de precisar en el citatorio que es con la finalidad de que el contribuyente reciba la orden de visita, pues como se tiene señalado, tanto de la letra del mismo deriva tal requisito, como de la naturaleza propia del acto de la entrega del citatorio, que es inmanente al acto de molestia constituido por una visita al domicilio fiscal, emerge, sin duda, que se trata de un requisito que debe ser observado para que el contribuyente goce de la debida seguridad jurídica en su desarrollo. Además, que el objeto de dejar el citatorio no es únicamente para que el contribuyente reciba la orden de visita, sino también para efectuarla personalmente con él o con su representante; antes que ser factor que dé respaldo a sus pretensiones impugnatorias, tiende a robustecer lo que se está considerando, porque al margen de que por la sola circunstancia de la naturaleza trascendental del referido acto de molestia, es menester que el sujeto pasivo del tributo conozca de la finalidad para la cual se le recomienda que espere a los visitadores; se precisa que, como sea, aquello otro tiene relación con cuestiones que pueden acontecer en la visita domiciliaria, tal como deriva del contenido de los artículos 45 y 46 del Código Fiscal de la Federación, y por eso la trascendencia jurídica de que en el citatorio se haga mención expresa del objeto del mismo. Por semejantes razones, no obstante que en el citatorio de mérito se hizo el apercibimiento de que para el caso de no estar presente la visitada o su representante se procedería de conformidad con lo dispuesto por el artículo 44, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, de cualquier manera con ello no se podía considerar satisfecha la premisa en mención, ya que como se encuentra señalado, es menester que conste textualmente en aquel documento, para que así el sujeto pasivo del tributo goce de la debida seguridad jurídica ante la visita que se le practicará. Para agotar el tema de la trascendencia de que los visitadores precisen en el citatorio, que es para la entrega de la orden de visita, este Tribunal Colegiado establece que resulta inaplicable la tesis de rubro: 'ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA. REQUISITOS DEL CITATORIO SEGÚN EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.', sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que la autoridad recurrente invoca en el capítulo de agravios de mérito; ya que al haber formado parte de la contradicción de tesis 46/2000-SS, del conocimiento de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se originó la jurisprudencia 92/2000, consultable en la página 326 del Tomo XII, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de octubre de 2000, la cual, por su contenido, viene a dar respaldo a lo hasta ahora establecido en la presente ejecutoria, misma que es del tenor literal siguiente: 'VISITA DOMICILIARIA. CONFORME AL ARTÍCULO 44, FRACCIÓN II, PRIMER PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN ES REQUISITO DE LEGALIDAD DEL CITATORIO QUE SE ESPECIFIQUE QUE ES PARA RECIBIR LA ORDEN DE VISITA. El artículo 44, fracción II, primer párrafo, del Código Fiscal Federal establece que en los casos de visita en el domicilio fiscal si al presentarse los visitadores al lugar en donde deba practicarse la diligencia, no estuviese el visitado o su representante, dejarán citatorio con la persona que se encuentre en dicho lugar para que el mencionado visitado o su representante los esperen a hora determinada del día siguiente para recibir la orden de visita y, si no lo hicieren, la visita se iniciará con quien se encuentre en el lugar visitado. Lo anterior permite concluir que la intención del legislador fue la de que el contribuyente visitado tenga conocimiento cierto de que se realizará una visita en su domicilio fiscal, finalidad que sólo se logra mediante la especificación en el citatorio del tipo de diligencia administrativa para la cual se le cita, es decir, para recibir la orden de visita y, si lo estima conveniente, esté presente para su práctica, lo que se corrobora, por una parte, con las consecuencias que en el propio precepto se estable cen de la falta de atención al citatorio y que darán lugar a que la visita se inicie con quien se encuentre en el lugar visitado, pues al implicar la visita una intromisión al domicilio del particular que sólo puede realizarse mediante el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 16 constitucional al encontrarse consignado como derecho subjetivo elevado a la categoría de garantía individual la inviolabilidad domiciliaria, es claro que no es lo mismo una diligencia en la que sólo se notifique al particular una resolución determinada y en la que pueda estimarse irrelevante su presencia para recibirla, que la recepción de una orden de visita que implica su realización inmediata y la intromisión a su domicilio para revisar sus papeles, bienes y sistemas de registro contables y, por la otra, con las consecuencias de la recepción del citatorio, pues conforme al segundo párrafo de la fracción II del precepto en análisis si con posterioridad al citatorio el contribuyente presenta aviso de cambio de domicilio, la visita podrá llevarse a cabo en el nuevo domicilio y en el anterior, sin que para ello se requiera nueva orden o ampliación de la orden de visita, lo que significa una excepción al requisito que tanto el artículo 16 de la Carta Magna como el artículo 43, fracción I, del Código Fiscal establecen para las órdenes de visita domiciliaria, lo que lleva a la necesidad de que el contribuyente a quien se va a visitar tenga conocimiento indudable de la clase de diligencia administrativa para la que se le cita, porque sólo así podrá establecerse la consecuencia a la que se encuentra sujeto si presenta aviso de cambio de domicilio con posterioridad al citatorio. En consecuencia, conforme al artículo 44, fracción II, primer párrafo, del Código Fiscal Federal, es requisito de legalidad del citatorio que se especifique que la cita es para la recepción de una orden de visita, siendo insuficiente que tan sólo se haga alusión a la práctica de una diligencia administrativa.'. En el segundo agravio, la recurrente aduce que la Sala resolutora viola lo dispuesto por los artículos 237, 238, fracción IV, 239, fracción II y último párrafo, del Código Fiscal Federal, por indebida interpretación, en relación con el artículo 192 de la Ley de Amparo, por indebida aplicación, porque declaró la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada, cuando debió declarar la nulidad para el efecto de que se subsanara la violación formal que no impide iniciar de nueva cuenta el procedimiento fiscalizador; que no acata lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación con motivo de la contradicción de tesis 83/95, en la cual se sustentó que debía prevalecer el criterio en el sentido de que la nulidad por vicios de carácter formal, provoca la nulidad para efectos y no lisa y llana como se sostuvo en el fallo recurrido. Carece de razón jurídica la autoridad recurrente. La orden de visita a que se refiere el artículo 16 de la Constitución Federal, que tiene por objeto que las autoridades puedan comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales, surte efectos jurídicos para dar inicio al procedimiento de fiscalización a partir de que se notifica el mandamiento al particular visitado. Así lo ha sostenido la Segunda Sala de la Suprema Corte, en la tesis de jurisprudencia 88/99, derivada de la contradicción 6/98, que aparece publicada en la página 132, Tomo X, agosto de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: 'ÓRDENES DE VISITA DOMICILIARIA, LA FALTA DE ALGÚN REQUISITO FORMAL EN LA EMISIÓN DE LA, ENCUADRA EN LA VIOLACIÓN PREVISTA EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 238 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.'. El incumplimiento a las formalidades a que se contraen los artículos 38 y 42 del Código Fiscal de la Federación, como lo son las relativas a la notificación respectiva de la orden de visita, como las formalidades a las que ésta deba colmar para su eficacia jurídica, traen como resultado, en virtud de la nulidad que se decrete por tal incumplimiento, el que se mantengan las facultades discrecionales de la autoridad de ejercer o no un nuevo acto comprobatorio. Lo anterior es así, porque tanto el no cumplimiento de la orden de visita domiciliaria con alguno de los requisitos que prevé la ley fiscal, como la no satisfacción en el citatorio de la exigencia relativa a la precisión del objeto de la notificación, ambos son defectos de forma, que podrá satisfacer la autoridad fiscal sólo en el caso de que en ejercicio de su facultad discrecional determine revisar nuevamente al contribuyente, de ahí que la Sala esté impedida para imprimir un determinado efecto a la nulidad. En efecto, partiendo de la base de que la notificación de la orden de visita, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 42 y 46 del Código Fiscal de la Federación, es el acto administrativo que da inicio al procedimiento de fiscalización, debe estimarse entonces, que en casos como el de la especie, si ese acto es ilegal, no existen bases para el citado procedimiento y por ello no tiene que ordenarse la reposición del mismo, máxime que no puede obligarse a la autoridad fiscal a ejercer sus facultades de comprobación, por tratarse de una potestad discrecional que sólo a ella le corresponde decidir. En efecto, la irregularidad por defecto en la notificación de la orden de visita es evidentemente de tipo formal, sin embargo, la nulidad no puede decretarse para efectos, en términos de la fracción II del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación, porque ello sólo tiene como base cuando el procedimiento de fiscalización se ha iniciado válidamente y cuando además el acto que deba regularizar la autoridad dentro del mismo, sea forzoso para ella y no discrecional, pues conforme a lo antes expuesto, no puede resolverse que la nulidad sea para un efecto determinado, cuando no existe jurídicamente el procedimiento en que deba realizarse la regularización en virtud de la declaratoria de nulidad, pero sobre todo, porque no puede obligarse a la autoridad fiscal a ejercer facultades que sólo ella deba decidir si las realiza. Por tanto, la nulidad no puede tener ningún efecto. Para fortalecer el punto de vista anterior, tómese en cuenta que recurriendo a la visualización retrospectiva de la irregularidad consistente en la falta de precisión del objeto de la notificación de una orden de visita, se puede advertir que antes de ese acto no existe ningún otro que haya tenido por efecto el inicio del procedimiento de fiscalización y, por tanto, noexiste ninguna razón jurídica para sostener que la nulidad decretada por la anotada irregularidad pueda imprimírsele un determinado efecto, pues éste no puede dársele cuando la autoridad no está obligada a realizar ningún acto, so pena de invadir el terreno con el que la autoridad fiscal cuenta para actuar discrecionalmente. Tiene aplicación al respecto la jurisprudencia 89/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 330, Tomo III, Materia Administrativa del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: 'ÓRDENES DE VISITA DOMICILIARIA. LA NULIDAD DECRETADA POR VICIOS FORMALES EN SU EMISIÓN, DEBE SER DECLARADA CON FUNDAMENTO EN LA PARTE FINAL DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 239 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. Si bien las violaciones de tipo formal existentes en un acto administrativo, encuadran en el supuesto previsto en la fracción II del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación, lo que trae aparejada la declaratoria de nulidad para efectos, en términos de lo establecido en la fracción III del artículo 239 del mencionado ordenamiento legal, ello no ocurre, en el caso de las órdenes de visita domiciliaria. En efecto, no debe perderse de vista que debido a la naturaleza de las resoluciones impugnadas, las que derivaron de la emisión de órdenes de visita domiciliaria, expedidas con base en la facultad discrecional que a las autoridades fiscalizadoras les otorga el artículo 16 constitucional, surte el caso de excepción previsto en la parte final del precepto citado en último término y, por tanto, aunque originariamente deba ser declarada la nulidad para efectos, lo cierto es que la nulidad decretada en este supuesto excepcional no puede tener efecto alguno que no sea el que la autoridad anule el acto impugnado y, actuando dentro del límite de sus facultades discrecionales, si así lo estima conveniente y se encuentra en posibilidad de hacerlo, emita un nuevo acto administrativo.'. En efecto, las consideraciones medulares en que se apoyó la ejecutoria que dio origen al invocado criterio jurisprudencial son: a) Que si bien en principio, por disposición legal, la declaratoria de nulidad emitida en un juicio fiscal en que se haya controvertido la omisión de algún requisito formal en la expedición del acto administrativo, debería ser para determinados efectos, lo cierto es que tratándose de una orden de visita domiciliaria, cuya emisión se da como resultado del ejercicio de las facultades discrecionales de la autoridad administrativa, esa nulidad no puede contener ningún efecto, por más que haya sido declarada con fundamento en la fracción II del artículo 238 del Código Fiscal, debido a que, en el caso de imprimir determinados efectos a la autoridad que emitió el acto con base en su facultad discrecional, se le estaría coartando su poder de elección y se suprimiría su potestad discrecional. b) Que con esta interpretación legal no se violenta, en perjuicio del particular que obtuvo fallo favorable, el artículo 16 constitucional, sino que resuelve el problema jurídico en su exacta dimensión, ya que el control que en la vía jurisdiccional ejerce el Tribunal Fiscal de la Federación, en esta hipótesis, protege plenamente al particular del acto concreto, sin que con ello tampoco se pueda impedir u obligar a la autoridad a que ejerza la facultad discrecional que en términos del artículo constitucional citado tiene. c) Que de no estarse a esa conclusión, se vería burlado el propósito que subyace en el artículo 239 del Código Fiscal de la Federación, ya que en lugar de favorecer al particular, en cuyo beneficio se establezca la nulidad declarada para efectos, aun tratándose de facultades discrecionales, se convertiría en un medio merced al cual la autoridad emitiera resoluciones en perjuicio del gobernado, en una especie de reformatio in peius o de absolución de la instancia, aun sin estar dentro del término legal para ello. Luego, resulta exactamente aplicable al caso la jurisprudencia de la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal antes referida y, por consiguiente, la nulidad en el caso concreto no puede tener efecto determinado, sin que ello implique que se limite a la autoridad en el ejercicio de sus facultades discrecionales si es que desea realizarlas nuevamente. Cierto es, que los juicios que dieron origen a la contradicción de tesis, de la cual emanó la jurisprudencia que se invoca, versaron sobre irregularidades en la orden de visita, aspectos controvertidos que tuvieron como denominador común violaciones a requisitos formales establecidos en el ordinal 38, fracción II, del Código Fiscal de la Federación. No obstante ello, las consideraciones que se plasman en dicho criterio obligatorio se estiman también aplicables al caso particular que se examina, por las razones que a continuación se exponen. De conformidad con el artículo 239, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, cuando la nulidad sea decretada para efectos, deberá precisarse con claridad la forma y términos en que la autoridad deba cumplir con el fallo anulatorio, y enseguida, el indicado precepto establece de manera clara la excepción a esa regla, que lo es, cuando con motivo de la nulidad quede a la libre elección de la autoridad demandada si ejerce sus facultades discrecionales. Luego, solamente en aquellos supuestos en los que para la autoridad demandada no deban realizarse tales facultades discrecionales, es posible imprimir determinados efectos a la resolución respectiva, pero invariablemente habrá que precisarlos. En consecuencia, al resultar infundados los agravios propuestos por la autoridad inconforme, procede confirmar en sus términos la sentencia impugnada."

El Magistrado Arturo Hernández Torres votó en contra de la anterior resolución, fundando su voto en las siguientes consideraciones:

"Disiento de la decisión mayoritaria que declara procedente pero infundado el recurso de revisión fiscal, en la parte que considera infundado el segundo agravio, pues al contrario, considero que es fundado ese aspecto porque tal como lo sostiene la autoridad recurrente, si la nulidad de la resolución fiscal impugnada se suscitó con base en la omisión contenida en el citatorio correspondiente, al no expresar con precisión el objeto o propósito que perseguía la diligencia de mérito, que tenía como finalidad entregar la orden de visita, ello se traduce en la carencia de requisitos formales; entonces, tal violación debe quedar ubicada en la fracción II del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación, y no en la diversa fracción IV del mismo numeral, como se señaló en la resolución recurrida, ya que en el caso se trata de una omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes, que afectó las defensas del particular y trascendió al sentido de la resolución impugnada, lo que conduce a declarar una nulidad para efectos. Esto es así, porque la atribución conferida a la autoridad para practicar visitas domiciliarias deviene del contenido del artículo 16 de la Constitución Federal, ya que el mismo faculta a la autoridad administrativa para practicar ese tipo de diligencias con la finalidad de cerciorarse de que se han cumplido los reglamentos sanitarios y de policía, y de exigir la exhibición de libros y documentos para verificar que se han acatado las disposiciones fiscales. Así, dicho acto administrativo, a diferencia de otros que puede realizar la autoridad fiscal, se emite con apoyo en la facultad discrecional que para hacerlo se le confiere en el propio artículo 16 constitucional, en relación con el artículo 42, fracción V, del Código Fiscal de la Federación, entendiéndose por 'discrecionalidad', la facultad que tienen los órganos del Estado para determinar su actuación o su abstención y, si deciden actuar, qué límite le darán a su actuación y cuál será el contenido de la misma. Con base en lo anterior, es de señalarse que la orden de visita, así como el citatorio correspondiente, deben reunir determinados requisitos formales, tanto de índole constitucional como legal que le proporcionen eficacia jurídica, conforme al numeral 16 de la Constitución Federal, y 38 y 44 del Código Fiscal de la Federación. En caso de que los requisitos forma les exigidos para la orden de visita y para el citatorio respectivo sean omitidos por la autoridad fiscalizadora y esto haya sido declarado así por el tribunal correspondiente, la diligencia de visita deja de tener existencia jurídica y ello crea la ficción legal de que no se ha iniciado el procedimiento mediante el cual las autoridades fiscales han ejercido sus facultades de comprobación, y en esa secuencia, al no existir el acto que da inicio al procedimiento fiscalizador, es evidente que menos puede decirse que existe un procedimiento, por lo que la omisión de los requisitos formales en la emisión de una orden de visita domiciliaria o del citatorio, no puede ser considerada como una violación del procedimiento y, por tanto, dicha violación no encuadra en la fracción III del artículo 238 del código tributario. En relación con la fracción IV del propio artículo 238, debe señalarse que la actualización de la hipótesis contenida en dicha fracción implica, en principio, que la Sala del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa realizó el examen de fondo del asunto, porque para resolver que no existen los motivos del acto, que no resultan aplicables los preceptos legales seña lados por la autoridad o que no se aplicaron las disposiciones debidas, resulta necesario partir de la base de que la Sala resolvió, aun de manera implícita, que la resolución impugnada cumple con los requisitos formales suficientes para poder realizar el examen de la litis que decida el derecho controvertido y emitir un pronunciamiento al respecto, de ahí que tal supuesto es igualmente inaplicable al caso, en el cual no se emprendió el estudio del fondo de la controversia. En precisión de lo que se está considerando, es de señalarse que la referida viola

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17127-6a1685dd/visita-domiciliaria-el-articulo-44-fraccion-ii-primer · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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