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Modo: Corpus Pro

NULIDAD. LA DECRETADA POR INSUFICIENCIA EN LA FUNDAMENTACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, DEBE SER LISA Y LLANA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 34/2007-SS. · Registro digital (IUS): 20194
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Junio de 2007, , Pág. 288.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 34/2007-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 94, párrafo octavo y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo 5/2001 del Pleno de este Alto Tribunal, de veintiuno de junio del año dos mil uno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve del mismo mes y año, en virtud de que las ejecutorias de las cuales deriva la denuncia corresponden a la materia administrativa, en cuyo conocimiento está especializada esta Segunda Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis no proviene de parte legítima, toda vez que la plantea el titular de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, unidad administrativa encargada de la defensa jurídica del secretario de Hacienda y Crédito Público, del jefe del Servicio de Administración Tributaria y de las unidades administrativas de dicho órgano desconcentrado, autoridad que no intervino en las revisiones fiscales de las que surge la discrepancia de criterios que se analiza, según informaron a esta Suprema Corte de Justicia, los Tribunales Colegiados de Circuito que participan en la contradicción de tesis, mediante el oficio 976, en relación con la revisión fiscal número 154/2006, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito en el que se señaló que:

"... no se advierte tal reconocimiento, ya que sólo se tuvo al administrador local jurídico de Guadalajara Sur, en representación del secretario de Hacienda y Crédito Público, del jefe del Servicio de Administración Tributaria y de la autoridad demandada ...; y del oficio 1014/07, respecto de la revisión fiscal 13/2006 sustanciada en el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito en el que se precisó que: ‘... se desprende que fue interpuesta por el administrador local jurídico de Guadalajara, Sur, en representación del secretario de Hacienda y Crédito Público del jefe del Servicio de Administración Tributaria y de la autoridad demandada. ...’.

Además, la autoridad denunciante sustenta su legitimación para acudir al planteamiento señalado en los artículos "tercero y quinto transitorios de la Ley del Servicio de Administración Tributaria vigente a partir del primero de julio de mil novecientos noventa y siete, tercero transitorio de la reforma a la citada ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil tres, 9o., penúltimo párrafo, 22, fracciones XVIII y XIX, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil cinco, en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el citado órgano oficial y sus reformas publicadas el doce de mayo y veintiocho de noviembre de dos mil seis, artículo primero, primer párrafo, del Acuerdo por el que se establece la circunscripción territorial de las unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario oficial de la Federación el dos de noviembre de dos mil cinco."

Los artículos tercero y quinto transitorios de la Ley del Servicio de Administración Tributaria vigente a partir del primero de julio de mil novecientos noventa y siete señalan:

"Tercero. Las referencias que se hacen y atribuciones que se otorgan en otras leyes, reglamentos y demás disposiciones a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o a cualquiera de sus unidades administrativas, se entenderán hechas al Servicio de Administración Tributaria cuando se trate de atribuciones vinculadas con la materia objeto de la presente ley, su reglamento interior o cualquier otra disposición jurídica que emane de ello."

"Quinto. Los juicios en los que sea parte la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por actos de las unidades administrativas adscritas a la Subsecretaría de Ingresos que pasen a formar parte del Servicio de Administración Tributaria, que a la entrada en vigor de la presente ley se encuentren en trámite ante los tribunales del fuero federal, o cualquier otra instancia jurisdiccional, los continuará tramitando el Servicio de Administración Tributaria a través de sus unidades administrativas competentes hasta su total conclusión, para lo cual ejercitarán las acciones, excepciones y defensas que correspondan a las autoridades señaladas en los juicios, ante dichos tribunales.

"Los amparos contra actos de las unidades administrativas adscritas a la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito público que pasen a formar parte del Servicio de Administración Tributaria, cuya interposición les sea notificada con el carácter de autoridades responsables o de terceros perjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley, continuarán siendo llevados en su tramitación hasta su total conclusión por el Servicio de Administración Tributaria."

El numeral tercero transitorio de la reforma a la citada ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil tres señala:

"Artículo tercero. En las disposiciones donde se refiera al presidente del Servicio de Administración Tributaria se entenderá como jefe del Servicio de Administración Tributaria."

Los artículos 9o., penúltimo párrafo, 22 fracciones, XVIII y XIX, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil cinco señalan:

"Artículo 9o. Los administradores generales, y el titular de la Unidad de Plan Estratégico y Mejora Continua, además de las facultades que les confiere este reglamento, tendrán las siguientes:

"...

"Las unidades de Plan Estratégico y Mejora Continua y de Programas Especiales, las Administraciones Generales y las Administraciones Centrales que de ellas dependan, así como las coordinaciones y las administraciones que dependan de éstas, tendrán su sede en la ciudad de México, Distrito Federal y ejercerán sus facultades en todo el territorio nacional, excepto la Administración Central de Capacitación Fiscal y las Administraciones para el Destino de Bienes cuyas sedes podrán ubicarse fuera de la Ciudad de México."

"Artículo 22. Compete a la Administración General Jurídica:

"...

"XVIII. Representar al secretario de Hacienda y Crédito Público al jefe del Servicio de Administración Tributaria y a las unidades administrativas de dicho órgano desconcentrado, cuya competencia no corresponda a alguna otra unidad administrativa del Servicio de Administración Tributaria, en toda clase de juicios ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, contra resoluciones o actos de éstos o de las autoridades fiscales de las entidades federativas por la aplicación que dichas autoridades hagan de las leyes fiscales federales en cumplimiento de los convenios de coordinación fiscal, así como para ejercer las acciones, excepciones y defensas que correspondan a las autoridades señaladas en los juicios ante dicho tribunal.

"XIX. Interponer con la representación del secretario de Hacienda y Crédito Público, del Jefe del Servicio de Administración Tributaria y de las autoridades demandadas el recurso de revisión contra las sentencias y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, respecto de los juicios de su competencia, así como comparecer en los juicios de amparo que interpongan los particulares en contra de las sentencias y resoluciones definitivas dictadas por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa."

Así como la reforma del numeral 9o. de fecha doce de mayo de dos mil seis, refiere:

"Las unidades de Plan Estratégico y Mejora Continua y de Programas Especiales, las Administraciones Generales y las Administraciones Centrales que de ellas dependan, así como las coordinaciones y las administraciones que dependan de éstas, tendrán su sede en la Ciudad de México, Distrito Federal y ejercerán sus facultades en todo el territorio nacional, excepto la Administración Central de Capacitación Fiscal, las Administraciones para el Destino de Bienes, las Administraciones de Servicios y Subadministraciones de los Centros de Servicios Administrativos, así como la Administración Central de Servicios Institucionales, cuyas sedes podrán ubicarse fuera de la Ciudad de México."

Y, finalmente el artículo primero, primer párrafo, del Acuerdo por el que se establece la circunscripción territorial de las unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de noviembre de dos mil cinco en el que se precisa:

"Artículo primero. Las Administraciones Generales de Asistencia al Contribuyente, de Auditoría Fiscal Federal, Jurídica y de Recaudación, tendrán su sede en la Ciudad de México, Distrito Federal y ejercerán sus facultades en todo el territorio nacional"

De lo expuesto con antelación se advierte, en primer lugar, que el titular de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, unidad administrativa encargada de la defensa jurídica del secretario de Hacienda y Crédito Público, del jefe del Servicio de Administración Tributaria y de las unidades administrativas de dicho órgano desconcentrado, no fue señalado como representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en las revisiones fiscales cuyas sentencias participan en la presente contradicción de tesis, pues en los expedientes relativos se señaló que quien había acudido en esos asuntos como representante del titular de la hacienda pública fue el administrador local jurídico de Guadalajara Sur (fojas 316 vuelta de este expediente).

Por otro lado, se advierte que los numerales en los que el aludido denunciante apoya su legitimación, no le otorgan la facultad procesal de acudir en denuncia de contradicción de tesis en representación de la autoridad hacendaria, máxime que si bien es verdad que el artículo 22, en sus fracciones XVIII y XIX, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria señala que la autoridad que hoy denuncia podrá representar al secretario de Hacienda y Crédito Público y al titular del Servicio de Administración Tributaria, también lo es que en los asuntos de mérito el que ahora denuncia no tuvo por reconocida esa personalidad, por lo que no se está en el caso de tenerlo como parte en los expedientes citados en términos del artículo 197-A de la Ley de Amparo.

No obstante lo anterior, la Ministra ponente, con fundamento en el artículo 197-A de la Ley de Amparo(1) hace suya la aludida denuncia de contradicción de tesis y en esas condiciones se procede a su estudio.

TERCERO. Previamente a la resolución que se dicte en este asunto, es conveniente realizar la siguiente precisión.

El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al emitir sentencia en la revisión fiscal RF. 154/2006, interpuesta por el administrador local jurídico de Guadalajara Sur en el Estado de Jalisco, se hizo cargo de diversos agravios entre los cuales la autoridad inconforme señaló que la Sala Fiscal de manera incorrecta declaró la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada, por insuficiente fundamentación de la competencia territorial de la Administración Local de Auditoría Fiscal de Tepic, y que ello sólo acarreaba la nulidad para efectos, toda vez que la violación cometida fue de tipo formal. Además, consideró la inconforme que no constituía obstáculo para su aseveración que la Sala Regional haya sustentado su decisión en la tesis de esta Segunda Sala del más Alto Tribunal de la República, bajo el rubro: "COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. LA NULIDAD DECRETADA POR NO HABERLA FUNDADO NO PUEDE SER PARA EFECTOS, EXCEPTO EN LOS CASOS EN QUE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA RECAIGA A UNA PETICIÓN, INSTANCIA O RECURSO.", toda vez que no es aplicable al caso concreto, ya que éste se refiere a la ausencia total de fundamentación, en tanto que en la especie, la autoridad sí señaló el fundamento legal que prevé su competencia y, por ende, no existe una ausencia total de fundamentación.

Al respecto el Tribunal Colegiado del conocimiento desestimó ese agravio bajo la consideración de que no fue incorrecto que la Sala Fiscal hubiere anulado de manera lisa y llana la resolución impugnada, toda vez que la violación formal cometida no resulta subsanable, por regla general, pues se desconoce si la autoridad demandada tiene competencia para emitir el acto o resolución, por lo que precisamente esa incertidumbre sobre la competencia de la autoridad administrativa, es la que impide a la Sala pronunciarse sobre los efectos o consecuencias de la resolución impugnada y, por tanto, se insiste, la obliga a declarar la nulidad en su integridad, de manera que sí cobran aplicación al respecto las tesis de jurisprudencia números 2a./J. 52/2001 y 2a./J. 58/2001, emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visibles, respectivamente, en las páginas 32 y 35 del Tomo XIV, noviembre de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dicen: "COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. LA NULIDAD DECRETADA POR NO HABERLA FUNDADO NO PUEDE SER PARA EFECTOS, EXCEPTO EN LOS CASOS EN QUE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA RECAIGA A UNA PETICIÓN, INSTANCIA O RECURSO." y "JUICIO DE NULIDAD. AL DICTAR LA SENTENCIA RESPECTIVA LA SALA FISCAL NO PUEDE CITAR O MEJORAR LA FUNDAMENTACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA QUE DICTÓ LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA."

Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en la revisión fiscal RF. 13/2006, interpuesta por el administrador local jurídico de Guadalajara Sur, al hacerse cargo del mismo agravio que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, determinó que tenía razón la recurrente porque de la lectura del aludido artículo segundo se puede apreciar que la Administración Local de Auditoría Fiscal de Guadalajara Sur, tiene plenamente competencia para actuar en el Estado de Jalisco y específicamente en el Municipio donde se encuentra ubicado el domicilio fiscal de la actora y que la jurisprudencia en que se apoyó la Sala, de rubro: "COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. LA NULIDAD DECRETADA POR NO HABERLA FUNDADO NO PUEDE SER PARA EFECTOS, EXCEPTO EN LOS CASOS EN QUE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA RECAIGA A UNA PETICIÓN, INSTANCIA O RECURSO.", no es aplicable en razón de que la misma establece que la nulidad no podrá ser para efectos cuando existe una sentencia de fundamentación de la competencia de la autoridad, lo que no ocurre en la especie, ya que nunca se evidencia la ausencia total de fundamentación.

Como se advierte de lo antes expuesto en los asuntos ventilados en los Tribunales Colegiados Primero y Tercero en Materia Administrativa del Tercer Circuito, la autoridad recurrente en los recursos de revisión fiscal números 154/2006 y 13/2006, sustanciados respectivamente en los citados órganos jurisdiccionales, se dolió del hecho de que las Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa declarasen la nulidad lisa y llana de las resoluciones impugnadas ante ellas, precisando entre otros argumentos que no era aplicable a los casos la jurisprudencia en que ambas Salas, apoyaron su decisión de rubro: "COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS LA NULIDAD DECRETADA POR NO HABERLA FUNDADO NO PUEDE SER PARA EFECTOS, EXCEPTO EN LOS CASOS EN QUE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA RECAIGA A UNA PETICIÓN, INSTANCIA O RECURSO."

Tal inaplicabilidad, precisó la inconforme, deriva de que en el criterio contenido en la aludida jurisprudencia se explica que procederá la nulidad lisa y llana de un acto autoritario, cuando en éste haya ausencia de fundamentación de la competencia de quien lo emite, y no como en los casos que dieron origen a este asunto en los cuales la parte actora en el juicio de nulidad se refirió a insuficiente motivación para justificar ese extremo.

Sin embargo, como ya se señaló los órganos colegiados citados arribaron a conclusiones diversas pues el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito determinó que la aplicación de ese criterio fue adecuada porque la violación formal que se cometió no es subsanable, pues en la resolución reclamada la autoridad omitió citar los fundamentos precisos de su competencia, por lo que la Sala desconocía en esa instancia si la autoridad que se citó como demandada era competente o no para emitir el acto que ante ella se controvirtió.

En tanto que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito señaló que la jurisprudencia mencionada no era aplicable, ya que no establece que en el caso de que la competencia de la autoridad esté insuficientemente fundada, debe decretarse una nulidad lisa y llana, sino que se refiere a insuficiencia en la fundamentación de la competencia de la autoridad emisora del acto administrativo y que al estar frente a una insuficiente fundamentación de la autoridad, es posible que ésta pueda subsanar su omisión, en razón de que no se resolvió que careciera de competencia la autoridad de que se trata, lo cual sí originaría una nulidad en términos absolutos conforme al numeral 238, fracción I, del Código Fiscal de la Federación.

Ahora bien, la diferencia de opiniones entre dos Tribunales Colegiados de Circuito acerca de la aplicabilidad o el alcance de una jurisprudencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación constituye un asunto que debe resolverse a través del procedimiento previsto para las contradicciones de tesis, en virtud de que no únicamente de la ley puede surgir una pluralidad de interpretaciones por parte de los órganos de impartición de justicia, sino también del análisis que hagan de otra fuente del derecho como es la jurisprudencia, por lo que en este caso se procede, como ya se señaló, a su estudio.

Sirven de apoyo a la anterior conclusión los siguientes criterios de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el segundo de ellos de la Primera Sala que este órgano jurisdiccional comparte:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PUEDE SUSCITARSE EN TORNO A SI ES APLICABLE O NO UNA JURISPRUDENCIA. La contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de Circuito, puede suscitarse cuando uno de ellos estima que respecto de un problema es aplicable una jurisprudencia y el otro considera que no lo es." (Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, mayo de 1999, tesis 2a. LXIX/99, página 503).

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO DERIVA DE LA INTERPRETACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA. La aparición de leyes, la reforma o adición a las existentes, puede ocasionar que los supuestos comprendidos en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se vean modificados, reflejándose en las resoluciones judiciales. Si a virtud de ello un Tribunal Colegiado de Circuito emite un criterio en aplicación de la ley que se aparta de una jurisprudencia y otro de esos tribunales se pronuncia en términos diferentes sobre la misma cuestión, surge contradicción de tesis que deberá ser resuelta por el Máximo Tribunal del país, para evitar la inseguridad jurídica derivada de la aplicación de criterios opuestos." (Novena Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, julio de 1999, tesis 1a. X/99, página 62 y Apéndice 2000, Tomo VI, Común, P.R. SCJN, tesis 60, página 45).

Por otra parte, no escapa a la atención de este órgano jurisdiccional la circunstancia de que en la ejecutoria que dio lugar a la jurisprudencia 2a./J. 52/2001 de esta Segunda Sala, en el considerando dirigido a fijar el tema en contradicción se hubiera hecho la precisión de que se trataba de resolver el tema de la ausencia "... total o parcial, de fundamentación de la competencia de la autoridad ...", no limitándose ese caso, en consecuencia, a la falta absoluta de dicha fundamentación, como se aprecia de los siguientes fragmentos de la resolución respectiva:

"En este contexto, se trata de determinar si la falta, sea ésta total o parcial, de fundamentación de la competencia de la autoridad emisora del acto que se impugna, al encuadrar dentro de la fracción II del artículo 238 del Código Fiscal y, por ende, constituir una violación de carácter formal (calificación en la cual los Tribunales Colegiados coinciden plenamente), obliga al órgano jurisdiccional a decretar una nulidad para el efecto de que la autoridad emita nuevamente su acto fundando su competencia, o bien, si debe decretarse una nulidad lisa y llana, al no resultar conveniente obligar a una autoridad a emitir un nuevo acto, cuando se desconoce si ésta es o no competente para hacerlo.

"...

"Por tanto, a fin de resolver la contradicción planteada, sólo resta determinar si la falta, sea ésta total o parcial, de fundamentación de la competencia de la autoridad emisora del acto impugnado se ubica en la regla general que lleva a declarar una nulidad para determinados efectos, es decir, para que se dicte un nuevo acto o resolución purgando la omisión formal, o bien, debe estimarse que se está en un caso excepcional que obliga a declarar una nulidad lisa y llana."

Sin embargo, como uno de los tribunales contendientes estima que la insuficiente fundamentación de la autoridad emisora no queda comprendida dentro del alcance de la anterior resolución, procede analizar este aspecto para desentrañar si debe reiterarse en esencia el criterio jurisprudencial, o bien generarse una nueva interpretación, más aún si se toma en cuenta que en el caso que se comenta el tema básico de oposición de puntos de vista radicó en los efectos que produce la declaración de nulidad del acto autoritario caracterizado por la falta -absoluta- de fundamento legal.

Sirve de apoyo a la anterior conclusión el siguiente criterio de esta Segunda Sala:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. CRITERIOS PARA EL ANÁLISIS DEL CONFLICTO CUANDO UNA DE LAS TESIS CONTENDIENTES SE APOYA EN JURISPRUDENCIA. Cuando en una contradicción de tesis una o varias de las ejecutorias, se apoyan en jurisprudencia que resulta obligatoria para el que las invoca, condiciona el análisis de la contradicción, por lo menos, a dos cuestiones básicas, a saber: a) Si tal jurisprudencia resulta o no aplicable al asunto examinado; y b) Si es aplicable, determinar si se está en el caso de reiterarla o de establecer un nuevo criterio jurisprudencial." (Octava Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo X, agosto de 1992, tesis 2a. V/92, página 42).

CUARTO. Con el propósito de estar en aptitud de determinar si existe la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, resolverla, es preciso tener presentes los criterios sustentados por los órganos colegiados que la motivaron, así como sus antecedentes en lo que en la materia de la contradicción interesa.

Las consideraciones que sustentaron el criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en lo que es materia de la contradicción, están contenidas en la revisión fiscal RF. 154/2006, interpuesta por el administrador local jurídico de Guadalajara Sur en el Estado de Jalisco, fallada el doce de septiembre de dos mil seis, por unanimidad de votos en la que se determinó:

"QUINTO. Los agravios que han quedado transcritos son jurídicamente ineficaces para revocar el fallo sujeto a revisión, los cuales, dada su estrecha relación se analizarán en forma conjunta. En efecto, la autoridad recurrente, en lo medular, alega que la Sala Fiscal violó en su perjuicio el principio de congruencia previsto por el artículo 237 del Código Fiscal de la Federación, pues dice: A) Que varió la litis propuesta por la parte actora, aquí tercera interesada, ya que ésta en su demanda de nulidad no alegó la insuficiente, sino la indebida fundamentación de la competencia territorial de la autoridad que emitió la orden de visita origen del crédito fiscal impugnado. B) Que omitió exponer los razonamientos por los que concluyó que el segundo párrafo del artículo segundo del Acuerdo por el que se señala nombre, sede y circunscripción territorial de las unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria, es genérico, además de que no explicó a qué se refería cuando señaló que no se citó el ‘apartado’ del precepto legal antes citado. C) Que la Sala Fiscal se contradice, dado que, por una parte, afirmó que la autoridad debió precisar la fracción, inciso o subinciso del Acuerdo por el que se señala nombre, sede y circunscripción territorial de las unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria y, por otra, reconoce que el citado artículo no contiene fracciones incisos o subincisos, sino párrafos así como que, la Sala a quo, hizo alusión al ‘artículo segundo transitorio del acuerdo invocado’, habida cuenta que dicho artículo segundo transitorio no prevé la competencia territorial de alguna unidad del Servicio de Administración Tributaria, sino que regula lo concerniente a la terminación de la competencia de alguna unidad administrativa. Los anteriores motivos de agravio son ineficaces, ya que no es verdad que la Sala Fiscal hubiese variado la litis, pues de la lectura del escrito que contiene la demanda de nulidad, específicamente, del segundo concepto de impugnación, se advierte que la parte actora, aquí tercera interesada, sí alegó que la autoridad administrativa que emitió la orden de visita origen de la controversia, fundó de manera deficiente su competencia territorial, tanto es así que, dijo: ‘Como advertirá esa H. Sala el artículo segundo, segundo párrafo A del Acuerdo por el que se señala nombre, sede y circunscripción territorial de las unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria, no nos dice nada respecto de la competencia territorial de la Administración Local de Auditoría Fiscal de Tepic, para la emisión del acto de que se trata ... Así es, el fundamento que cita la fiscalizadora pretendiendo sustentar su competencia territorial no es suficiente para dar certeza jurídica al ahora demandante, ya que de la cita del numeral y párrafo en comento solo se desprende el nombre, sede y circunscripción territorial de la Administración Local de Aguascalientes, empero de dicha cita de ningún modo se advierte el nombre, sede y circunscripción territorial de la administración actuante ...’ (foja 16 del expediente de nulidad). Por otra parte, de la considerativa de la sentencia sujeta a revisión, se advierte que la Sala Fiscal, sí expresó los motivos y fundamentos que tomó en consideración para resolver en el sentido que lo hizo. Ello es así, porque la Sala Fiscal declaró la nulidad de la resolución determinante del crédito impugnado, a saber, la contenida en el oficio número 324-SAT-18III-A-2678 de treinta y uno de mayo de dos mil cuatro, considerando que se actualizaba la causal de anulación prevista en el artículo 238, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, en razón de que, dijo, que en la orden de visita que la originó, se encuentra insuficientemente fundada la competencia territorial de la autoridad emisora, esto es, de la Administración Local de Auditoría Fiscal de Tepic, en el Estado de Nayarit, por lo que no quedó satisfecho el requisito de fundamentación previsto por el artículo 16 constitucional y 38, fracción III, del Código Fiscal de la Federación. En efecto, la Sala señaló que la autoridad hacendaria omitió fundar debidamente su competencia territorial, dado que se limitó a invocar el segundo párrafo del artículo segundo del Acuerdo por el que se señala nombre, sede y circunscripción territorial de las unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria, el cual, dijo, se refiere genéricamente al nombre, sede y circunscripción territorial en donde ejercerán las facultades las Administraciones Locales de Asistencia al Contribuyente, de Recaudación, de Auditoría Fiscal y Jurídicas, por lo que, determinó: ‘... la autoridad debió precisar la parte específica del precepto que prevé el territorio dentro del cual puede ejercer sus facultades; esto es, era indispensable que en el oficio en que se contiene la orden de visita domiciliaria que dio origen a la resolución impugnada, se invocaran las disposiciones legales que le otorgan a la autoridad competencia para que emitiera tal acto y, si alguna de ellas contuviese diversos supuestos, debió precisarse con claridad y detalle, el apartado, la fracción o fracciones, incisos y subincisos, en que soportó jurídicamente su actuación ...’ (fojas 342 vuelta y 343 id.). Luego, debe decirse que aun conviniendo con la inconforme en que la Sala Fiscal al desestimar los argumentos de defensa planteados por la demandada, hizo alusión al ‘artículo segundo transitorio del acuerdo invocado’; empero, tal circunstancia constituye un señalamiento desafortunado que de ninguna manera dejó en estado de indefensión a la recurrente, pues, como se vio, el estudio por el que la Sala concluyó que la autoridad demandada fundó deficientemente su competencia territorial, se refirió al análisis del artículo segundo, segundo párrafo, del Acuerdo por el que se señala nombre, sede y circunscripción territorial de las unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria, además, tampoco asiste la razón a la inconforme cuando afirma que la sentencia que se revisa es incongruente, pues si bien es cierto, que la Sala Fiscal señaló que el segundo párrafo del artí

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20194-4952b5f2/nulidad-la-decretada-por-insuficiencia-en-la-fundamentacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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