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Modo: Corpus Pro

IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR CESACIÓN DE EFECTOS. NO SE ACTUALIZA POR LA SOLA ORDEN DE SUSPENDER LOS EFECTOS DEL ACTO, CONSISTENTE EN LA OBLIGACIÓN DE CUBRIR CUOTAS DE RECUPERACIÓN, IMPUESTA A LOS BENEFICIARIOS DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE JALISCO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 37/2011. · Registro digital (IUS): 22814
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y CUARTO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Abril de 2011, , Pág. 479.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 37/2011. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y CUARTO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente denuncia de contradicción de tesis de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo del Acuerdo 5/2001 del Pleno de este Alto Tribunal, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que se trata de criterios sustentados en materia administrativa y no es necesaria la intervención del Tribunal Pleno.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima.

El primer párrafo del artículo 197-A de la Ley de Amparo dispone:

"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cual tesis debe prevalecer. El procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días."

Como se ve, las partes que intervinieron en los juicios de los que derivaron los criterios que se consideran contradictorios están legitimadas para poner en conocimiento de este Alto Tribunal la existencia de tales criterios.

En el caso, la denuncia de contradicción de tesis fue formulada por José Francisco Navarrete Horta a quien se le reconoció el carácter de autorizado en términos amplios del quejoso en el juicio de amparo en revisión 182/2010, según lo informó la secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito. Luego, es claro que está legitimado para hacer la referida denuncia en términos de la jurisprudencia sustentada por esta Segunda Sala, con número de registro 168488, visible en la página 227 del Tomo XXVIII, correspondiente al mes de noviembre de dos mil ocho, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EL AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, ESTÁ LEGITIMADO PARA DENUNCIARLA. El autorizado está legitimado para denunciar la contradicción de tesis entre la derivada de la ejecutoria pronunciada en un juicio de amparo en que se le otorgó tal representación y la sostenida por otro órgano jurisdiccional. Lo anterior es así, ya que si bien es cierto que el artículo 27, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, no precisa tal facultad, también lo es que la enumeración de las que establece es enunciativa y no limitativa pues, entre otras, prevé la de realizar cualquier acto necesario para la defensa de los derechos del autorizante. Además, aunque la denuncia referida no es un acto del procedimiento en el juicio de amparo, como del artículo 197-A de la ley citada se advierte que puede realizarse por las partes que intervinieron en los juicios en que las tesis respectivas fueron sustentadas, es indudable que dicha denuncia es un derecho garantizado por el citado precepto, en favor de las partes que intervinieron en los respectivos juicios constitucionales, con el propósito de preservar la seguridad jurídica mediante la determinación, por el órgano superior, del criterio que habrá de prevalecer y aplicarse en casos futuros."

TERCERO. Se actualiza la contradicción de tesis denunciada.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó la jurisprudencia con número de registro 164120, visible en la página 7 del Tomo XXXII, correspondiente al mes de agosto de dos mil diez, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."

De dicha jurisprudencia se desprende que la contradicción de tesis se configura cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, con independencia de que las cuestiones fácticas de los asuntos en los que se sostienen tales criterios no sean idénticas.

En el caso, los dos Tribunales Colegiados de Circuito adoptaron criterios opuestos al resolver un problema jurídico similar, de manera que se actualiza la contradicción de tesis denunciada. Para demostrar este aserto es preciso establecer que los dos órganos jurisdiccionales conocieron de sendos juicios de amparo en revisión que tienen los siguientes antecedentes comunes:

I. Los quejosos (beneficiarios de servicios que otorga el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco), promovieron juicio de amparo en el que reclamaron de las autoridades que a continuación se precisan los siguientes actos:

a) Junta de Gobierno del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco: la determinación consistente en que a partir de dos mil nueve los usuarios del "Centro de Desarrollo de Habilidades para la Vida" cubran una cuota de recuperación.

b) Director de recursos financieros de la referida entidad pública: la circular DRF/09/2009 de veintinueve de octubre de dos mil nueve, en la que se establece el mecanismo de pago y se apercibe con la suspensión del servicio en caso de no cubrir la cuota de recuperación determinada.

c) Subdirector general de operación del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia: la emisión de un oficio en el que se determinó el cobro de la cuota de recuperación.

d) Jefe del departamento del Centro de Desarrollo de Habilidades para la Vida: los actos tendentes a suspender el servicio a quienes no cubrieran las cuotas respectivas.

II. Las demandas se radicaron ante diversos Juzgados de Distrito. Cabe precisar que en los dos juicios de amparo indirecto de los que emanaron los recursos de revisión en cuyas sentencias se adoptaron los criterios jurídicos que se denuncian como contradictorios, las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, después de reconocer la existencia de los actos reclamados, manifestaron que éstos fueron dejados sin efectos. Al respecto, expresaron que el director general del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco envió a los padres de los beneficiarios un oficio que en lo conducente dice:

"Hasta hace unos meses nuestra institución, dada la buena comunicación y relación que ustedes guardan con nuestro Centro de Desarrollo de Habilidades para la Vida, consideraba posible contar con su colaboración personal y económica para el seguimiento y desarrollo de estas mejoras.

"Tras la emisión del oficio ... en donde se hacía de su conocimiento los montos respecto de las cuotas de recuperación, algunos de ustedes nos compartieron encontrarse imposibilitados para poder asumir esta aportación.

"Así, considerando que el contexto económico internacional y nacional nos ha planteado además de nuevos escenarios, nuevos desafíos económicos a ustedes en casa y a nosotros en DIF Jalisco, se ha decidido suspender los efectos del oficio número ... que hace referencia a dichas cuotas de recuperación, así como de la circular No. DRF/09/2009, y arrancaremos las reuniones en las que juntos diseñaremos las estrategias que nos llevarán a brindarle a su hijo unas instalaciones más y mejores equipadas y una atención mejor, lo anterior en términos del artículo 32 del Código de Asistencia Social del Estado de Jalisco.

"...

"Ante esta decisión, le confirmo que su hijo no será suspendido, por la falta de pago de cuotas de recuperación, de las actividades que desempeñan en el Centro de Desarrollo de Habilidades para la Vida."

III. Previos los trámites de ley, los juzgadores federales dictaron sentencia en cada uno de los juicios de amparo en el sentido de decretar el sobreseimiento al estimar que cesaron los efectos de los actos reclamados. Lo anterior, porque del oficio citado se aprecia que se suspendieron los efectos tanto del diverso oficio reclamado como de la circular correspondiente, lo que implicó su destrucción y, en consecuencia, el restablecimiento de la situación en que se encontraban los quejosos antes de la emisión de los actos reclamados.

IV. Inconformes con las sentencias de garantías los quejosos interpusieron sendos recursos de revisión que se radicaron ante el Primero y Cuarto Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Tercer Circuito. En sus agravios los recurrentes sostuvieron esencialmente el mismo argumento, a saber, que contrariamente a lo considerado por los juzgadores federales, no se actualiza la causa de improcedencia relativa a la cesación de los efectos de los actos reclamados porque del oficio suscrito por el director general del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco (con base en el cual se tuvo por demostrada dicha causa de improcedencia), no se advierte que los actos reclamados se hayan dejado sin efectos en tanto que únicamente se "suspendieron" sus consecuencias. Además, lo que se suspendió fueron los actos de ejecución mas no la determinación de la que éstos derivaron que consiste en la decisión de la Junta de Gobierno de la referida entidad pública estatal de cobrar cuotas de recuperación.

Sentado lo anterior, debe decirse que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el juicio de amparo en revisión 182/2010, desestimó los agravios planteados por el recurrente pues adoptó la conclusión relativa a que en el caso sí se actualizó la causa de improcedencia relativa a la cesación de los efectos de los actos reclamados, cuestión que lo llevó a concluir que el sobreseimiento combatido estaba ajustado a derecho. Esta determinación se apoyó en las siguientes consideraciones torales:

• Con el oficio suscrito por el director general del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia se dejaron sin efectos los actos de aplicación, es decir, tanto la circular en la que se estableció el mecanismo de pago de las cuotas de recuperación como el oficio en el que se hizo del conocimiento del quejoso que debía cubrir dichas cuotas.

• Si los efectos de los actos de ejecución reclamados cesaron con motivo del oficio suscrito por el referido director general, es lógico que también deba sobreseerse respecto de la determinación adoptada por la Junta de Gobierno del ente público estatal de que se trata, consistente en cobrar a los beneficiarios cuotas de recuperación. Ello, porque tal determinación no causa perjuicio alguno.

• El sobreseimiento decretado no impide que si en un futuro se emite un nuevo acto con base en la determinación adoptada por la Junta de Gobierno el quejoso pueda promover un nuevo juicio de amparo.

Por otra parte, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el juicio de amparo en revisión 310/2010, revocó la sentencia sujeta a revisión pues sostuvo que no se actualizó la causa de improcedencia relativa a la cesación de los efectos de los actos reclamados y, en consecuencia, el sobreseimiento decretado no estaba ajustado a derecho. Esta conclusión se sustentó en los siguientes argumentos torales:

• Para que se actualice la causa de improcedencia relativa a la cesación de los efectos de los actos reclamados no basta con la simple paralización de los actos de autoridad, sino que es necesario que tales efectos se destruyan de manera absoluta, completa e incondicional.

• La suspensión de los efectos de los actos reclamados no impide que con posterioridad la autoridad responsable pueda nuevamente aplicárselos a los quejosos, lo que implica que tales efectos no se anularon por completo.

• Únicamente se suspendieron los efectos de los actos de aplicación, mas no el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno del Sistema Estatal para el Desarrollo de la Familia del Estado de Jalisco relativo a imponer cuotas de recuperación. Esto corrobora que no se eliminaron incondicionalmente los efectos de los actos reclamados y, en consecuencia, no puede considerarse que aquéllos hayan cesado.

De lo hasta aquí expuesto, se aprecia que se actualiza la contradicción de tesis denunciada, toda vez que los Tribunales Colegiados al resolver los recursos de revisión que fueron sometidos a su conocimiento y en los que se formularon planteamientos similares, adoptaron criterios discrepantes. Así, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el juicio de amparo en revisión 182/2010, determinó que el hecho de que el director general del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia hubiese emitido un oficio en el que de manera expresa manifestó que se "suspendían" los efectos de los actos de ejecución reclamados, implicaba la cesación de tales efectos. Lo anterior, porque con esa paralización se restituía al quejoso tal como si se le hubiese otorgado el amparo solicitado. En cambio, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el recurso de revisión 310/2010, concluyó que tal suspensión no implicó la cesación de los efectos de los actos reclamados toda vez que aquélla únicamente supuso su paralización o prórroga mas no su extinción y anulación completa e incondicional.

En el orden de ideas expuesto, la materia de la presente contradicción de tesis se constriñe a determinar si el oficio por el cual el director general del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco comunicó a los beneficiarios del "Centro de Desarrollo de Habilidades para la Vida", que se paralizaban los efectos tanto de la circular en la que se estableció el mecanismo de pago de las cuotas de recuperación, como el oficio en el que se hizo del conocimiento de dichos beneficiarios que debían cubrir esas cuotas, actualiza o no la causa de improcedencia relativa a la cesación de los efectos de los actos reclamados.

CUARTO. Debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio que se sustentará en la presente resolución.

El hecho de que una persona promueva un juicio de amparo en contra de uno o varios actos implica que aquélla considera que éstos le generan una afectación que se traduce en una violación de garantías. Esa posible violación de garantías constituye el efecto de los actos reclamados. En este sentido, cuando tal efecto cesa, desaparece la violación resentida por el quejoso y, en consecuencia, el juicio de amparo deja de tener razón de ser dado que perseguiría algo que ya estaría logrado, a saber, la reparación de la infracción.

Lo anterior es lo que justifica la existencia de la causa de improcedencia prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo que dispone:

"Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente:

"...

"XVI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado."

La citada causa de improcedencia se actualiza cuando los efectos de los actos reclamados cesan totalmente, es decir, cuando se anulan por completo, pues si uno de ellos subsistiera, tal causa no podría configurarse en la medida en que la referida cesación debe conllevar al restablecimiento de las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación.

Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación al interpretar la causa de improcedencia que se examina, ha establecido que para su configuración no es suficiente con que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario, además, que sus efectos queden destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiese otorgado el amparo, es decir, como si se hubiese restituido al quejoso en el pleno goce de la garantía individual violada, de tal manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, es ilustrativa la jurisprudencia sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 190021, visible en la página 882 del Tomo XIII, correspondiente al mes de abril de dos mil uno, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:

"CESACIÓN DE EFECTOS EN MATERIAS DE AMPARO Y DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SUS DIFERENCIAS. La cesación de efectos de leyes o actos en materias de amparo y de controversia constitucional difiere sustancialmente, pues en la primera hipótesis, para que opere la improcedencia establecida en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que sus efectos deben quedar destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo, cuyo objeto, conforme a lo dispuesto en el artículo 80 de la propia ley, es restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; mientras que en tratándose de la controversia constitucional no son necesarios esos presupuestos para que se surta la hipótesis prevista en la fracción V del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino simplemente que dejen de producirse los efectos de la norma general o del acto que la motivaron, en tanto que la declaración de invalidez de las sentencias que en dichos juicios se pronuncie no tiene efectos retroactivos, salvo en materia penal, por disposición expresa de los artículos 105, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal y 45 de su ley reglamentaria."

Como se ve, la cesación de los efectos de un acto reclamado implica que éstos queden destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, esto es, que se anulen totalmente de manera que la situación del quejoso se restablezca y, en consecuencia, vuelva al estado que tenía antes de la violación.

Ahora bien, en los juicios de amparo de los que emanaron los recursos de revisión en cuyas sentencias se sostuvieron los criterios que se denuncian como contradictorios, los quejosos reclamaron los siguientes actos: a) la determinación de la Junta de Gobierno del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco (como autoridad ordenadora), de imponer a los beneficiarios del servicio que presta el denominado: "Centro de Desarrollo de Habilidades para la Vida" el cobro de una cuota de recuperación; b) la circular emitida por el director de recursos financieros de la referida entidad pública en la que se estableció el mecanismo de pago y se apercibió con la suspensión del servicio en caso de no cubrir la cuota de recuperación correspondiente; y, c) el oficio suscrito por el subdirector general de operación de dicho organismo público en el que se determinó el cobro de la mencionada cuota.

De lo expuesto en el párrafo anterior, se aprecia que la razón que motivó la promoción de los referidos juicios de amparo fue la imposición de cuotas de recuperación a los beneficiarios del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco. Siendo así, lo que procede ahora determinar es si el oficio suscrito por el director general del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, en el que sostuvo que no se suspendería el servicio correspondiente aun cuando no se cubrieran dichas cuotas, implica o no la cesación de los efectos de los actos reclamados.

Aun cuando el referido oficio se citó en lo conducente en el considerando anterior, para efectos de claridad resulta necesario precisar que en aquél, el funcionario de que se trata, de manera destacada expresó:

"Así, considerando que el contexto económico internacional y nacional nos ha planteado además de nuevos escenarios, nuevos desafíos económicos a ustedes en casa y a nosotros en DIF Jalisco, se ha decidido suspender los efectos del oficio número ... que hace referencia a dichas cuotas de recuperación, así como de la circular No. DRF/09/2009, y arrancaremos las reuniones en las que juntos diseñaremos las estrategias que nos llevarán a brindarle a su hijo unas instalaciones más y mejores equipadas y una atención mejor, lo anterior en términos del artículo 32 del Código de Asistencia Social del Estado de Jalisco."

De la anterior transcripción se aprecia que en el oficio de que se trata, se informó a los quejosos la decisión de "suspender" los efectos de los actos reclamados consistentes en: a) la circular que determinó el mecanismo para el cobro de las cuotas de recuperación; y, b) el oficio por el cual éstas se hicieron efectivas. Es importante apuntar aquí que el oficio suscrito por el director general del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco no aludió a la determinación de la Junta de Gobierno consistente en cobrar a los beneficiarios cuotas de recuperación.

En relación con lo expuesto en el párrafo anterior, debe decirse que el término suspender, de conformidad con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (editorial ESPASA, 21a. ed., Madrid, 1992) tiene, entre otras, la siguiente acepción: "Detener o diferir, por algún tiempo una acción u obra.". Por otra parte, el Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual de Guillermo Cabanellas (editorial Heliasta, 27a. ed., Argentina, 2001), establece que suspender significa "Detener, interrumpir una acción.".

Como se ve, la suspensión únicamente implica la detención temporal -no definitiva ni absoluta- de una acción u obra. Esto determina que la simple suspensión no anula ni destruye los efectos de esa acción u obra, sino que únicamente los interrumpe o difiere por algún tiempo. De aquí se sigue que el hecho de suspender los efectos de algún acto (en el caso la circular que determinó el mecanismo para el cobro de cuotas de recuperación y el oficio por el que se pretendió hacer efectivo dicho cobro), de ningún modo implica su cesación en la medida en que no se destruyen de manera absoluta, completa e incondicional. Siendo así, es claro que la suspensión de los efectos de los actos reclamados no supone su aniquilación o anulación total lo que impide que se actualice la causa de improcedencia prevista en el citado artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo.

La conclusión adoptada en el párrafo anterior se robustece con el análisis de los artículos 17, 24, 25, 26 y 32 del Código de Asistencia Social del Estado de Jalisco que en lo conducente disponen:

"Artículo 17. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco, es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, encargado de la asistencia pública y demás funciones que le asigna este código y las disposiciones legales aplicables."

"Artículo 24. Para el estudio, planeación y despacho de los asuntos que le competen, el organismo estatal contará con los siguientes órganos:

"I. La Junta de Gobierno;

"II. La presidencia de la Junta de Gobierno;

"III. La Dirección General; ..."

"Artículo 25. La Junta de Gobierno es la máxima autoridad del organismo estatal, y se integra por:

"I. Un presidente, que será designado por el titular del Poder Ejecutivo del Estado;

"II. Hasta doce consejeros, los cuales serán designados por el gobernador del Estado, entre los cuales se encontrarán los siguientes:

"a) Los titulares de la Secretaría de Desarrollo Humano y de la Procuraduría Social, o sus respectivos representantes;

"b) El director general del instituto;

"c) Un representante de alguna institución de asistencia social privada inscrita, reconocida y propuesta por el Instituto Jalisciense de Asistencia Social;

"d) El director general del organismo estatal; y

"e) Los que en un futuro por necesidades del propio organismo estatal, se deban integrar, conforme a este ordenamiento. ..."

"Artículo 26. La Junta de Gobierno tendrá las siguientes facultades:

"I. Dictar los lineamientos generales para la planeación y ejecución de los servicios;

"II. Planear y dirigir los servicios que preste el organismo estatal;

"...

"V. Expedir las disposiciones de carácter general necesarias para la adecuada organización, funcionamiento técnico y administrativo del organismo estatal; ..."

"Artículo 32. El director general tendrá las siguientes facultades y obligaciones:

"I. Ejecutar los acuerdos y disposiciones de la Junta de Gobierno y de la presidencia para el logro de los objetivos del organismo estatal; ..."

De las disposiciones legales transcritas se aprecia que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco es un organismo público descentralizado encargado de la asistencia pública, cuyo órgano máximo de autoridad es la Junta de Gobierno, la cual debe establecer los lineamientos generales para la ejecución de los servicios y expedir las disposiciones necesarias para el adecuado funcionamiento técnico y administrativo de dicho organismo. De las propias disposiciones se desprende que el director general debe ejecutar los acuerdos y disposiciones de la Junta de Gobierno en tanto que es inferior jerárquico de ésta.

Lo expuesto en el párrafo anterior revela que el director general del organismo público descentralizado denominado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco no puede válidamente dejar sin efectos las determinaciones adoptadas por la Junta de Gobierno. Esto es así, porque además de que ésta es el órgano supremo del propio organismo, el director general debe constreñirse a ejecutar las disposiciones que aquélla emita, sin que se advierta que cuente con facultades para anularlas o dejarlas de aplicar.

En congruencia con lo anterior, si el referido director general no puede válidamente anular o cancelar las determinaciones adoptadas por la Junta de Gobierno del organismo público descentralizado denominado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco, y dicha junta fue la que decidió imponer las cuotas de recuperación, es claro que el oficio suscrito por el director general de dicho organismo en el que sostuvo que se suspendían los efectos tanto de la circular en la que se estableció el mecanismo para el cobro de dichas cuotas, como el oficio mediante el cual se pretendió hacer efectivo ese cobro, de ninguna manera derogó o revocó la determinación de la Junta de Gobierno. En este sentido, no puede afirmarse que hayan cesado los efectos de los actos reclamados; en tanto que el emitido por la autoridad ordenadora (establecimiento de cuotas de recuperación) quedó incólume. Siendo así, tampoco puede sostenerse que las cosas hayan vuelto al estado en que se encontraban antes de la emisión de los actos reclamados, dado que previamente a tal emisión no existía la decisión de dicha junta de condicionar la prestación de los servicios al pago de una cuota de recuperación y esa decisión, al quedar intocada (pues no fue sujeta de "suspensión"), sigue produciendo efectos jurídicos.

De lo afirmado en el párrafo precedente, se sigue que además de que no se anularon por completo y de manera incondicional los efectos de los actos reclamados, sino que únicamente se paralizaron de manera temporal (pues fueron objeto de una simple "suspensión"), lo cierto es que tal paralización se constriñó a los actos de ejecución, de manera que no se destruyó el acto del que éstos derivaron.

En el orden de ideas expuesto, es claro que el oficio por el cual el director general del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia comunicó que se paralizaban los efectos tanto de la circular en la que se estableció el mecanismo de pago de las cuotas de recuperación, como el oficio en el que se hizo del conocimiento de los quejosos que debían cubrir dichas cuotas, no actualiza la causa de improcedencia relativa a la cesación de los efectos de los actos reclamados.

Es conveniente apuntar aquí, que el hecho de que el referido oficio no implique la cesación de los efectos de los actos reclamados, de ninguna manera implica que no pueda actualizar alguna otra causa de improcedencia, pues ello deberá ser analizado por el juzgador en cada caso.

De acuerdo con lo antes expuesto, el criterio que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia es el siguiente:

-Para que se actualice la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, no es suficiente con que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario, además, que sus efectos queden destruidos absoluta, completa e incondicionalmente, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. En congruencia con lo anterior, el oficio mediante el cual el Director General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco informa a los beneficiarios del "Centro de Desarrollo de Habilidades para la Vida" que se "suspenden" los efectos de la obligación de cubrir cuotas de recuperación, no actualiza la citada causa de improcedencia, toda vez que la suspensión únicamente supone la detención temporal -no definitiva y absoluta- de un acto, mas no su destrucción total e incondicional. Además, el indicado oficio se constriñó a paralizar temporalmente los actos de ejecución, pero dejó incólume el acto del que éstos emanaron, a saber, la determinación de la Junta de Gobierno (órgano máximo del referido ente público e

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22814-63b37b94/improcedencia-del-amparo-por-cesacion-de-efectos-no · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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