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Modo: Corpus Pro

MENORES DE EDAD. EN JUICIO SOBRE SU GUARDA Y CUSTODIA ES NECESARIO ESTABLECER UN RÉGIMEN DE CONVIVENCIA CON SUS PADRES (LEGISLACIÓN CIVIL DEL ESTADO DE MÉXICO).

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 270/2002. · Registro digital (IUS): 17164
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ANTONIO GARCÍA DÍAZ.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Agosto de 2002, , Pág. 1166.

AMPARO DIRECTO 270/2002. ANTONIO GARCÍA DÍAZ.

CONSIDERANDO:

QUINTO.-Los conceptos de violación expresados resultan infundados, sin embargo, supliendo la deficiencia de los mismos, como lo autoriza el artículo 76 bis, fracción V, de la Ley de Amparo, este Tribunal Colegiado admite la existencia de una situación que motiva, según se indica, en la parte conducente, la concesión del amparo solicitado.

Es menester resaltar los antecedentes que constituyen la litis natural.

El once de julio de dos mil uno el actor Antonio García Díaz, por su propio derecho, demandó de María Elena Cázares Zenteno, las siguientes prestaciones:

"a) El divorcio necesario, fundamentado en la causal prevista por la fracción XVIII del artículo 253 del Código Civil vigente para el Estado de México.-b) Como consecuencia de la prestación anterior la disolución del vínculo matrimonial que nos une con sus causas legales e inherentes al mismo.-c) La terminación de la sociedad conyugal conforme a los artículos 169, 170, 183 y relativos del Código Civil vigente para el Estado de México.-d) Como consecuencia de la terminación de la sociedad conyugal, la liquidación de la misma para el efecto de que se disuelva la sociedad y se me entregue el cincuenta por ciento de los derechos que me corresponden sobre los bienes adquiridos durante el matrimonio.-e) La anotación preventiva de esta demanda al margen de la partida 189, volumen 223, libro primero, sección primera de fecha 9 de enero de 1998, respecto del lote 14, manzana 2, Zona 7 de Chalco, Estado de México, en términos de lo dispuesto por el artículo 2856, fracción II, del Código Civil vigente para el Estado de México.-f) El pago de gastos y costas que se originen con el presente juicio para el caso de que la demandada se oponga temerariamente al mismo."

Se admitió la demanda y se emplazó a la demandada, quien contestó la instaurada en su contra oponiendo las excepciones y defensas que consideró oportunas.

Seguida la secuela procedimental, con fecha quince de enero de dos mil dos, el Juez natural resolvió:

"PRIMERO.-Ha sido procedente la vía ordinaria civil, ejercitada por el señor Antonio García Díaz, para la tramitación de la presente controversia.-SEGUNDO.-La actora señor Antonio García Díaz, probó los elementos constitutivos de su acción de divorcio necesario, fundada en la fracción XVIII del artículo 253 del Código Civil, que ejercitó en contra de la demandada María Elena Cázares Zenteno, quien compareció a juicio a dar contestación a la entablada en su contra.-TERCERO.-Se declara la disolución del vínculo matrimonial que une a las partes Antonio García Díaz y María Elena Cázares Zenteno contraído el diecinueve de septiembre de mil novecientos ochenta y cuatro, asentado en el acta 444, foja 229386, libro 03, levantada ante la Oficialía 01 del Registro Civil de Chalco, México, quedando ambos cónyuges en aptitud de contraer nuevas nupcias dentro del término que señala el artículo 272 del Código Civil vigente en el Estado de México, sin que se declare cónyuge inocente o cónyuge culpable, con las consecuencias legales que ello implica, dada la naturaleza de la causal que se invocó y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 183 del Código Civil en vigor, se da por terminada la sociedad conyugal existente, la que se liquidará en ejecución de sentencia, siempre y cuando se acredite plena y legalmente la propiedad de bienes a favor del fondo común. Una vez que se declare ejecutoriada la presente resolución, gírese atento oficio con los insertos necesarios al oficial del Registro Civil del lugar donde se celebró el matrimonio, a fin de que se proceda a dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 274 del código sustantivo en vigor.-CUARTO.-No ha lugar a condenar al pago de costas judiciales por no actualizarse las hipótesis previstas por el artículo 241 del código procesal civil.-QUINTO.-Notifíquese personalmente."

Inconforme con tal determinación la parte actora interpuso recurso de apelación del cual, por razón de turno, tocó conocer a la Primera Sala Familiar Regional de Texcoco del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, quien con fecha primero de marzo de dos mil dos, resolvió:

"PRIMERO.-Fueron fundados pero inoperantes los agravios expresados por Antonio García Díaz, consecuentemente.-SEGUNDO.-Por lo considerado en el cuerpo de esta resolución se modifica la sentencia de fecha quince de enero de dos mil dos, dictada por el C. Juez Familiar del Distrito Judicial de Chalco, México, en los autos del expediente número 449/2001 relativo al juicio ordinario civil sobre divorcio necesario, promovido por Antonio García Díaz en contra de María Elena Cázares Zenteno, agregando lo siguiente: TERCERO.-Se condena al señor Antonio García Díaz a otorgar una pensión alimenticia definitiva para su hija Adriana García Cázares y su excónyuge María Elena Cázares Zenteno por el monto del cuarenta por ciento del total de sus percepciones y el a quo deberá proveer lo conducente para que se haga efectiva esta determinación; tanto el padre como la madre conservan la patria potestad sobre la menor hija, pero la custodia de la misma se le queda a la madre, sin perjuicio del derecho de convivencia que tiene el padre para con la hija que podrá hacer efectivo si así quisiere.-CUARTO.-Quedan intocados los puntos resolutivos que no fueron motivo del recurso de apelación interpuesto.-QUINTO.-No se hace condena en costas.-SEXTO.-Notifíquese personalmente."

Contra esta resolución la quejosa promovió el amparo que se analiza.

En sus conceptos de violación aduce que se violaron en su perjuicio lo dispuesto por los artículos 284, 294 y 296 del Código Civil vigente para el Estado de México, ya que la Sala responsable al fijarle el cuarenta por ciento como pensión alimenticia definitiva no fundamenta ni motiva esa determinación, asimismo, afirma que no establece ni valora parámetros determinados para sostener que su capacidad económica sea superior a la que se afirmó en autos y a la que ahora percibe, ya que en ese entonces sus ingresos eran mayores, porque sus honorarios como profesor eran superiores, ya que impartía más clases, y que no se puede afirmar que su capacidad económica sea superior cuando en autos no existen pruebas que así lo acrediten.

El peticionante de garantías también alega que se contraría en su perjuicio lo dispuesto por los artículos 14 y 16 constitucionales, pues de autos se desprende que el ad quem al fijar la pensión alimenticia no tomó en consideración que la señora María Elena Cázares Zenteno, también percibe ingresos por lo menos para satisfacer sus necesidades de ella misma, porque al absolver posiciones reconoció que imparte clases de aerobics y que cobra por semana trescientos sesenta pesos y que, por ello, el cuarenta por ciento que se le fijó como pensión alimenticia tanto para la señora María Elena Cázares Zenteno como para su hija resulta inequitativa e injusta.

Lo anterior resulta infundado.

Ningún perjuicio le irroga a la parte peticionaria del amparo la determinación de la Sala responsable de condenar al pago de una pensión alimenticia en razón del cuarenta por ciento total de las percepciones que obtenga, como acto continuo se precisa, tomando en consideración que el señor Antonio García Díaz, al aceptar en autos de primera instancia la procedencia de la fijación de una pensión alimenticia para su menor hija, y en virtud de que de autos se desprende que después de haberse separado él y su esposa, éste les entregaba a su esposa y a su hija la cantidad de cinco mil trescientos pesos mensuales, como se acredita con las copias de los cheques librados a cargo de la institución de crédito Banco Bital, Banco Internacional, a favor de Elena Cázares Zenteno, que obran de la foja ocho a la veinticuatro en el expediente 449/2001 del juicio de primera instancia, mismos que fueron girados con fechas anteriores a la presentación de la demanda de divorcio entablada.

Así las cosas, el ad quem estuvo en lo correcto al considerar que si el ahora peticionante de garantías reconoció que después de su separación otorgaba a su esposa y a su hija la cantidad de cinco mil trescientos pesos mensuales, y que además cubría otros gastos por concepto de alimentos, es evidente que el cuarenta por ciento que se le fijó en la segunda instancia, sobre una cantidad menor que dijo percibir mensualmente, a saber, cuatro mil novecientos pesos mensuales, no ha de considerarse que viole en su perjuicio el principio de proporcionalidad a que alude el artículo 294 del Código Civil para el Estado de México, ya que efectivamente el quejoso reconoció que entregaba una cantidad mayor a su esposa y a su hija para sufragar los gastos y alimentos que aquella que le fue decretada por la Sala responsable, y entonces esto quiere decir que la fijación de dicha pensión es congruente con su capacidad económica y la necesidad de los acreedores alimentistas para recibirlos, y si ahora manifiesta que ya no tiene esos mismos ingresos que antes percibía porque sus honorarios como profesor eran superiores antes a los de ahora, cabe precisar que aun así no se le causa perjuicio, pues en todo caso, como ya se dijo, se decretó por concepto de alimentos en favor de sus acreedoras un porcentaje sobre la cantidad que dijo percibir como ingresos mensuales. Por ende, como acertadamente lo apreció el ad quem, el cuarenta por ciento que se le impuso como pensión alimenticia es en proporción de su capacidad económica, por lo que no es de considerarse inequitativa ni desproporcionada la pensión fijada por la Sala responsable.

Ahora bien, el quejoso alega que el ad quem no tomó en cuenta que María Elena Cázares Zenteno, percibe ingresos para satisfacer por lo menos sus necesidades de ella misma, por la razón de que imparte clases de aerobics y que, por tanto, el cuarenta por ciento que se le fijó como pensión alimenticia le resulta arbitraria.

Lo anterior no encuentra sustento, puesto que la responsable correctamente consideró que aun cuando la esposa trabaja no se acreditó que sus ingresos fueran suficientes para satisfacer sus propias necesidades, ni mucho menos las de su menor hija, aunado a que su contraria sí necesita los alimentos porque el ahora quejoso reconoció que se los otorgaba a ella y a su hija, de ello, lógicamente, se deduce que aun cuando aquélla trabaja, lo que obtiene no le es suficiente para satisfacer sus necesidades alimenticias. Luego, la Sala está en lo correcto al condenar al deudor alimentario al cuarenta por ciento del total de las percepciones que obtenga el demandado para su excónyuge y su menor hija por concepto de pensión alimenticia, pues no se demostró lo ilegal que resultara esa condena en sí. Por consecuencia, resultan infundados los conceptos de violación expresados por la parte quejosa.

Finalmente, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 76 bis, fracción V, de la Ley de Amparo, en suplencia de la deficiencia de la queja en favor de la menor hija Adriana García Cázares, este órgano jurisdiccional federal determina que debe otorgarse la protección constitucional para el exclusivo efecto de que, reiterándose los aspectos que comprende la sentencia reclamada, según lo precedente, la Sala Familiar en una nueva resolución determine, conforme a sus facultades jurisdiccionales y su prudente arbitrio, un régimen de convivencia familiar entre Antonio García Díaz y su menor hija Adriana García Cázares.

Lo anterior, se reitera, de acuerdo con la litis, las particularidades del caso, las características de los progenitores y la situación de hecho prevaleciente, y así la responsable debe determinar, prudente y razonablemente, la manera en que ha de influir dicho régimen de convivencia en el sano desarrollo físico y emocional de esa menor; por ello, fijará el lugar y la forma en que debe desarrollarse la misma, decretando las medidas pertinentes para asegurar que la menor sea reintegrada puntualmente con su señora madre, quien tiene su guarda y custodia legal.

Lo anterior en razón a que este cuerpo colegiado ha sostenido que aun cuando el enjuiciado en un asunto familiar no solicite ni reconvenga el régimen de visitas y la convivencia familiar con sus hijos, la responsable debe ocuparse de tal aspecto, sin que exista incongruencia alguna, toda vez que de acuerdo con la Convención sobre los Derechos del Niño que fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el veinte de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve, aprobada por el Senado de la República el diecinueve de junio de mil novecientos noventa, ratificada por México el veintiuno de septiembre de mil novecientos noventa, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de enero de mil novecientos noventa y uno, en todas las medidas concernientes a los menores que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, considerarán primordialmente el que se atienda el interés superior del niño, de acuerdo con el artículo 3o. de dicha convención; y, en el caso, la autoridad responsable si bien abordó en la sentencia reclamada el análisis de la situación que debía prevalecer en definitiva respecto de la menor hija del matrimonio que se disolvía, en particular decretó la guarda y custodia de la infante en favor de la madre, y reconoció la existencia del derecho de convivencia que tiene el padre para con la hija, incluso estableció que el progenitor podrá ejercitar ese derecho si lo considera pertinente; sin embargo, fue omisa dicha autoridad en precisar las circunstancias y condiciones en que ha de desarrollarse esa convivencia de la menor con su padre, según fuese más favorable al sano desarrollo integral de la hija.

Idéntico criterio sostuvo este Tribunal Colegiado en la tesis número II.2o.C.209 C, publicada en la página 1079 del Tomo XI, febrero de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y contenido rezan:

"MENORES DE EDAD. EN JUICIO SOBRE SU GUARDA Y CUSTODIA ES NECESARIO ESTABLECER UN RÉGIMEN DE CONVIVENCIA CON SUS PADRES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO).-Conforme a la legislación del Estado de México, el régimen de convivencia del menor no emancipado encuentra sustento en el artículo 267 del Código Civil que prevé su instauración como consecuencia al decretamiento del divorcio de los padres. No obstante, tratándose de juicio sobre guarda y custodia del menor, debe hacerse extensiva la aplicación de ese régimen por actualizarse idéntica situación derivada de la separación de los ascendientes, que si bien como objeto principal obliga a establecer la guarda del menor a favor de uno, en forma complementaria conlleva a la necesidad de fijar las circunstancias en torno a las cuales el diverso ascendiente habrá de convivir con su hijo y de cumplimentar sus obligaciones derivadas de la patria potestad que sobre el mismo mantiene."

En consecuencia, solamente en cuanto a lo antes señalado, procede conceder el amparo, apegada la Sala a lo antes precisado.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

ÚNICO.-La Justicia de la Unión ampara y protege a Antonio García Díaz, contra el acto que reclamó de la Primera Sala Familiar Regional de Texcoco del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, que se hizo consistir en la sentencia de primero de marzo de dos mil dos, dictada en el toca de apelación número 58/2002. En el entendido de que el amparo se concede sólo para los efectos antes indicados, o sea, en la parte final de esta ejecutoria.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos a su lugar de origen; háganse las anotaciones correspondientes y, en su oportunidad, archívese el expediente.

Así, por unanimidad de votos de los señores Magistrados presidente Javier Cardoso Chávez, Virgilio A. Solorio Campos y Noé Adonai Martínez Berman, lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, siendo ponente el primero de los nombrados.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17164-6a8e630f/menores-de-edad-en-juicio-sobre-su-guarda · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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