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Modo: Corpus Pro

INSPECCIÓN OCULAR EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO RESULTE IDÓNEA PARA EL OBJETO QUE SE PROPUSO, EL JUEZ DE DISTRITO NO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA BAJO EL ARGUMENTO DE QUE EL HECHO ES SUSCEPTIBLE DE DEMOSTRARSE CON LA DOCUMENTAL.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 34/2002-PS. · Registro digital (IUS): 17212
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y CIVIL DEL CUARTO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Septiembre de 2002, , Pág. 180.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 34/2002-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y CIVIL DEL CUARTO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

CUARTO. La parte considerativa de la sentencia dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Cuarto Circuito, al resolver el amparo en revisión 15/99, en la parte que interesa, es del tenor siguiente:

"CUARTO. El primer agravio es infundado. De los autos se desprende que la quejosa, por conducto de su autorizado, ofreció la prueba de inspección en los siguientes términos: ‘Que con fundamento en el artículo 151 de la Ley de Amparo en vigor, ocurro en representación del quejoso a ofrecer la prueba de inspección ocular, misma que deberá practicarse en la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León, en su área de control vehicular, con domicilio conocido en la calle de Washington Cruz con Escobedo en esta ciudad, la cual deberá consistir en lo siguiente: a) Determinar a nombre de quién aparece registrado el vehículo Ford Taurus, con placas de circulación RKA-4489 del Estado de Nuevo León, en el padrón vehicular. b) Determinar desde cuándo está registrado a nombre de dicha persona el citado vehículo.’ (f. 196). En la audiencia constitucional el Juez de Distrito desechó la citada prueba por considerar que la información que se pretendía recabar debió, la hoy recurrente, solicitarla ante la dependencia respectiva, para que en caso de negarse a proporcionarla, acreditando ambas circunstancias, fuera requerida conforme a lo dispuesto por el artículo 152 de la Ley de Amparo. La quejosa alega que la prueba fue ofrecida en tiempo y forma y que en la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado no dan información a particulares y ni siquiera reciben los escritos que presentan. Además, sostiene que la prueba de inspección no es contraria a la moral ni al derecho, que la circunstancia de que la información pueda obtenerse a través de un documento no es obstáculo para admitirla, y que se trataba de dar fe de una situación, lo cual es el objeto de toda inspección. No asiste la razón a la agraviada, ya que estuvo en lo correcto el a quo al desechar la referida prueba, pues los extremos que a través de ella se pretendieron demostrar son susceptibles de acreditarse a través de documentos, concretamente con la copia de las constancias que obren en los archivos de la mencionada dependencia, relativas al registro del vehículo a que aludió la inconforme en su escrito de ofrecimiento, y de acuerdo con el artículo 152 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, en el que fundó su determinación el a quo, a fin de que las partes puedan rendir pruebas en la audiencia constitucional, los funcionarios o autoridades tienen la obligación de expedirles con toda oportunidad las copias o documentos que les soliciten, y sólo si dichas autoridades no cumplen con esa obligación, a petición de la parte interesada, el Juez los requerirá; por lo cual, es inexacto que la recurrente no estuviera en posibilidad de obtener el documento, y si bien señala que en la Secretaría de Finanzas ‘ni siquiera le recibe a uno los escritos que le presente’, cabe hacer notar que se trata de una simple afirmación que ni siquiera en su ocurso de ofrecimiento hizo la inconforme. Al respecto, conviene citar, por ser aplicable en lo conducente, la tesis de jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 17, Tomo IV, correspondiente al mes de agosto de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ‘COPIAS Y DOCUMENTOS EN EL AMPARO, OBLIGACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES PARA EXPEDIRLAS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 152 DE LA LEY DE AMPARO).’ (se transcribe). Por lo demás, es cierto que la prueba de inspección no es contraria a la moral ni al derecho y que tiene por objeto que el funcionario que la practique dé fe o haga constar determinados hechos o circunstancias; pero si tales hechos son susceptibles de demostración a través de documentos, la prueba de aquéllos debe hacerse a través de éstos, conforme a los artículos 151 y 152 de la Ley de Amparo, pues de lo contrario saldrían sobrando las prevenciones contenidas en este último precepto; al respecto, es exactamente aplicable la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 26, Volumen 49 del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Primera Parte, que dice: ‘INSPECCIÓN OCULAR EN CASO DE ACTOS DEMOSTRABLES MEDIANTE DOCUMENTOS. NO DEBE ADMITIRSE.’ (se transcribe)."

Esta ejecutoria se apoyó en la tesis aislada del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro, contenido, precedente y datos de localización son los siguientes:

"Séptima Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación

"Volumen: 49, Primera Parte

"Página: 26

"INSPECCIÓN OCULAR EN CASO DE ACTOS DEMOSTRABLES MEDIANTE DOCUMENTOS. NO DEBE ADMITIRSE. Tratándose de actos cuya demostración pueda hacerse mediante documentos, en los términos de los artículos 151 y 152 de la Ley de Amparo, las partes tienen derecho y están obligadas a solicitar oportunamente de las autoridades correspondientes, copias certificadas de los documentos respectivos; de admitir la prueba de inspección ocular, equivaldría a interpretar indebidamente los preceptos legales citados y convertir al Juez de Distrito en un colaborador del oferente de la prueba, al ayudarlo a constituirla mediante la inspección ocular de los archivos en que se encuentren los documentos relativos.

"Amparo en revisión 1559/69. David Moreno Vega y coags. 16 de enero de 1973. Unanimidad de dieciocho votos. Ponente: Enrique Martínez Ulloa.

"Nota: En el Informe de 1973, la tesis aparece bajo el rubro ‘INSPECCIÓN OCULAR. CUÁNDO NO DEBE ADMITIRSE.’."

QUINTO. Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, al resolver los recursos de queja 2/90, 3/90, 7/90, 8/90 y 11/90, en lo que importa, expuso:

Queja No. 2/90.

"TERCERO. Son infundados en parte y fundados en otra los agravios aducidos. En efecto, el artículo 150 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales dispone: ‘En el juicio de amparo es admisible toda clase de pruebas, excepto la de posiciones y las que fueren contra la moral o contra derecho.’. En el caso, la parte tercero perjudicada ofreció las pruebas pericial e inspección judicial, la primera con el objeto de acreditar la fecha a partir de la cual los quejosos reciben el servicio de energía eléctrica y si han aceptado los diversos incrementos en ese servicio, principalmente el de fecha veintiuno de septiembre de mil novecientos ochenta y nueve, y la segunda con la finalidad de demostrar la fecha en que los agraviados contrataron el servicio mencionado, si éste se ha prestado ininterrumpidamente y si los quejosos han estado cubriendo su importe regularmente. Como es fácil advertir de lo anterior, en modo alguno puede considerarse que las pruebas ofrecidas por la tercero perjudicada contraríen la moral. Sin embargo, opuestamente a lo aseverado por la recurrente, este Tribunal Colegiado estima que la primera de dichas pruebas sí es contraria a derecho. Ciertamente, el artículo 143 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio en materia de amparo, establece: ‘La prueba pericial tendrá lugar en las cuestiones de un negocio relativas a alguna ciencia o arte, y en los casos en que expresamente lo prevenga la ley.’. Ahora bien, al ser indudable que para establecer la fecha en que la tercero perjudicada empezó a proporcionar a los quejosos el servicio de energía eléctrica y, además, acreditar si éstos han aceptado los diversos incrementos en el costo de ese servicio, no se requiere el auxilio de personas con conocimientos especializados en alguna ciencia o arte, pues para ello basta la simple exhibición de los documentos relativos o, en su defecto, en caso de existir dichos documentos, el testimonio de alguna persona enterada de tales sucesos; debe convenirse entonces que la prueba pericial ofrecida por la tercero perjudicada no cumple con la finalidad legal a que está destinada y, por ende, que es contraria a derecho. Además, debe decirse que al quejoso corresponde probar hechos y al juzgador realizar las consideraciones de derecho, pues no hay que olvidar que es un perito en la materia; por ello, en el caso es al Juez a quien toca decidir si se consintió o no con el decreto de aumento de tarifas eléctricas, mas no a un perito como lo pretende la recurrente. Por otro lado, si bien es verdad lo que aduce la recurrente en el sentido de que las partes tienen la facultad de optar por las pruebas que estimen pertinentes, no menos exacto lo es que dicha facultad sólo es posible ejercerla cuando las pruebas de que se trate no contraríen la moral o el derecho; de tal modo que si, como se demostró anteriormente, la prueba pericial ofrecida por la tercero perjudicada resultó ser contraria a derecho, el Juez de Distrito obró correctamente al no admitirla. Ahora bien, no puede decirse lo mismo respecto de la prueba de inspección judicial propuesta por la tercero perjudicada, toda vez que si de acuerdo con el artículo 161 del código procesal en consulta, la finalidad de tal prueba es la de aclarar o fijar hechos relativos a la contienda que no requieran conocimientos técnicos especiales y, por otra parte, los hechos tratados de demostrar con la inspección de que se habla, como son la fecha en que los quejosos contrataron el servicio de energía eléctrica, si el servicio mencionado se ha prestado ininterrumpidamente y si los quejosos han estado cubriendo su importe regularmente, además de referirse a la contienda, es obvio que no requieren de conocimientos técnicos especiales, es claro entonces que el Juez de Distrito actuó incorrectamente al rechazar su admisión, aun con el pretexto de que los hechos relativos eran susceptibles de demostrarse a través de la prueba documental, ya que mientras no se contraríe la moral o el derecho las partes pueden ofrecer las pruebas que a sus intereses convenga. Así las cosas, procede declarar parcialmente fundado el recurso de queja que nos ocupa, para el efecto de que el Juez de Distrito tenga a bien admitir la prueba de inspección judicial ofrecida por la tercero perjudicada. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 98 y 99 de la Ley de Amparo, y 44, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve: ÚNICO. Se declara parcialmente fundado el presente recurso de queja. Notifíquese; háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno; con testimonio de esta resolución hágase del conocimiento de la responsable y, en su oportunidad, archívese el toca."

Queja No. 3/90.

"TERCERO. Son infundados en parte, pero fundados en otra, los agravios. La recurrente aduce que el a quo violó en su perjuicio los artículos 150 y 151 de la Ley de Amparo, al negarle la admisión de las pruebas pericial contable y la de inspección judicial, ya que las referidas probanzas no son contrarias a la moral y al derecho. Que la prueba pericial se ofreció con el objeto de determinar: a) A partir de qué fecha los quejosos han estado recibiendo, por parte de la Comisión Federal de Electricidad, el servicio de energía eléctrica; y b) Si a partir de la fecha en que empezaron a recibir el servicio han aceptado los diversos incrementos que se han presentado, incluido el que determinó el ajuste de las tarifas para el suministro y venta de energía eléctrica, de veintiuno de septiembre de mil novecientos ochenta y nueve, publicado en el Diario Oficial de veintidós del mismo mes y año. Argumenta, además, que para demostrar lo anterior es inexacto que no se requieran conocimientos especiales, ya que esa información aparece en contabilidad y en un sistema computarizado, por lo que se hace necesaria la intervención de un perito contable. El Juez resolvió desechando la prueba pericial ofrecida, debido a que lo que se pretende acreditar a través de la misma son hechos, para cuyo esclarecimiento no se requieren conocimientos especiales de una ciencia o arte, como lo previene el artículo 143 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo. En efecto, el artículo 150 de la Ley de Amparo dispone que: ‘En el juicio de amparo es admisible toda clase de pruebas, excepto la de posiciones y las que fueren contra la moral o contra derecho.’. En ese orden, una vez analizados los hechos que se desean demostrar con la prueba pericial ofrecida, se advierte que la misma no es idónea para acreditar el extremo que se pretende, ya que el artículo 143 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en que se basó el a quo para desecharla, establece que: ‘La prueba pericial tendrá lugar en las cuestiones de un negocio relativas a alguna ciencia o arte, y en los casos en que expresamente lo prevenga la ley.’. De esta manera, es incuestionable que para establecer la fecha en que la tercero perjudicada empezó a proporcionar a los quejosos el servicio de energía eléctrica y para acreditar si los mismos han aceptado los diversos incrementos en el costo del servicio, no se requiere de los conocimientos de expertos en materia contable, ya que basta con la simple exhibición de los documentos relativos o el testimonio de una persona enterada de tales sucesos para que se acrediten los referidos hechos. Luego, es claro que la prueba ofrecida no cumple con la finalidad propia de una pericial, razón por la cual es de considerarla contraria a derecho. A mayor abundamiento, cabe expresar que es al Juez a quien corresponde resolver si los quejosos consintieron o no con el decreto de aumento de las tarifas eléctricas, y no a un perito contable como lo pretende la recurrente, ya que él es la persona indicada para resolver consideraciones de derecho, por ser precisamente un perito en la materia. De lo anterior se colige que el Juez actuó conforme a derecho al desechar la prueba pericial en mención. Por otra parte, manifiesta la recurrente, en tratándose del desechamiento del que también fue objeto la prueba de inspección judicial, que la ofreció con el fin de acreditar: a) A partir de qué fecha los quejosos contrataron la prestación del servicio de energía eléctrica, b) Que hasta la fecha se ha prestado ese servicio sin interrupción alguna, y c) Si el mismo se ha pagado de manera continua. Que considera que los razonamientos del Juez para tal desechamiento no son válidos, ya que no se puede establecer que los hechos que se pretendan demostrar necesariamente consten en documentos que obren en su poder, y que se considera con facultades de optar por las pruebas que a sus intereses convenga para demostrar la legalidad y constitucionalidad de los actos reclamados, así como de los antecedentes de los mismos. El Juez resolvió desechando la prueba de inspección judicial, bajo el argumento de que las cuestiones que se quieren probar con dicha inspección son materia de otro instrumento probatorio y no propias de la inspección judicial. Al respecto, es dable mencionar que asiste razón a la recurrente al considerar que el Juez resolvió incorrectamente al desechar la prueba de inspección que fue ofrecida, ya que el artículo 161 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia de amparo, establece que la inspección judicial se puede practicar para aclarar o fijar hechos relativos a la contienda que no requieran conocimientos técnicos especiales, y del análisis de los hechos que se desean demostrar con tal probanza se advierte que los mismos reúnen los requisitos a que se refiere el numeral en cita, es decir, se refiere a la contienda y no requieren de conocimientos técnicos especiales, por lo cual es obvio que la resolución del a quo es contraria a derecho, ya que, como manifiesta la recurrente, las partes pueden optar por ofrecer las pruebas que a sus intereses convenga, esto es, siempre y cuando no sean de las que se excluyen en materia de amparo y que se refieren en el artículo 150 de la ley de la materia, como sucede en el caso. Lo anterior conlleva a concluir que la prueba de inspección judicial ofrecida se encuentra apegada a derecho, aun cuando se estuviera en el supuesto a que se refiere el Juez resolutor, de que los hechos que se pretenden demostrar sean susceptibles de probarse a través de otro instrumento probatorio, por lo que el a quo debió admitir la referida probanza. En este orden de ideas, lo que procede es declarar parcialmente fundado el recurso de queja que nos ocupa, para el efecto de que el Juez Segundo de Distrito admita la prueba de inspección judicial ofrecida por la tercero perjudicada. Con similar criterio este Tribunal Colegiado falló la queja 2/90, promovida por la misma recurrente, contra actos del Juez Primero de Distrito en el Estado, resuelta por unanimidad de votos en sesión correspondiente al treinta y uno de enero de mil novecientos noventa. Por lo expuesto y con fundamento además en los artículos 98 y 99 de la Ley de Amparo, y 44, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve: ÚNICO. Se declara parcialmente fundado el presente recurso de queja. Notifíquese. Anótese en el libro de gobierno; envíese testimonio de esta resolución a la autoridad responsable y, en su oportunidad, archívese este toca."

Queja No. 7/90.

"TERCERO. Son infundados en parte y fundados en otra los agravios aducidos. En efecto, el artículo 150 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales dispone: ‘En el juicio de amparo es admisible toda clase de pruebas, excepto la de posiciones y las que fueren contra la moral o contra derecho.’. En el caso, la parte tercero perjudicada ofreció las pruebas pericial e inspección judicial, la primera con el objeto de acreditar la fecha a partir de la cual los quejosos reciben el servicio de energía eléctrica y si han aceptado los diversos incrementos en ese servicio, principalmente el de fecha veintiuno de septiembre de mil novecientos ochenta y nueve, y la segunda con la finalidad de demostrar la fecha en que los agraviados contrataron el servicio mencionado, si éste se ha prestado ininterrumpidamente y si los quejosos han estado cubriendo su importe regularmente. Como es fácil advertir de lo anterior, en modo alguno puede considerarse que las pruebas ofrecidas por la tercero perjudicada contraríen la moral. Sin embargo, opuestamente a lo aseverado por la recurrente, este Tribunal Colegiado estima que la primera de dichas pruebas sí es contraria a derecho. Ciertamente, el artículo 143 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio en materia de amparo, establece: ‘La prueba pericial tendrá lugar en las cuestiones de un negocio relativas a alguna ciencia o arte, y en los casos en que expresamente lo prevenga la ley.’. Ahora bien, al ser indudable que para establecer la fecha en que la tercero perjudicada empezó a proporcionar a los quejosos el servicio de energía eléctrica y, además, acreditar si éstos han aceptado los diversos incrementos en el costo de ese servicio, no se requiere el auxilio de personas con conocimientos especializados en alguna ciencia o arte, pues para ello basta la simple exhibición de los documentos relativos o, en su defecto, en caso de no existir dichos documentos, algún otro medio de prueba que no requiera ese auxilio; debe convenirse entonces que la prueba pericial ofrecida por la tercero perjudicada no cumple con la finalidad legal a que está destinada y, por ende, que es contraria a derecho. Además, debe decirse que al quejoso corresponde probar hechos y al juzgador realizar las consideraciones de derecho, pues no hay que olvidar que es un perito en la materia; por ello, en el caso es al Juez a quien toca decidir si se consintió o no con el decreto de aumento de tarifas eléctricas, mas no a un perito como lo pretende la recurrente. Por otro lado, si bien es verdad lo que aduce la recurrente en el sentido de que las partes tienen la facultad de optar por las pruebas que estimen pertinentes, no menos exacto lo es que dicha facultad sólo es posible ejercerla cuando las pruebas de que se trate no contraríen la moral o el derecho, de tal modo que si, como se demostró anteriormente, la prueba pericial ofrecida por la tercero perjudicada resultó ser contraria a derecho, el Juez de Distrito obró correctamente al no admitirla. Ahora bien, no puede decirse lo mismo respecto de la prueba de inspección judicial propuesta por la tercero perjudicada, toda vez que si de acuerdo con el artículo 161 del código procesal en consulta, la finalidad de tal prueba es la de aclarar o fijar hechos relativos a la contienda que no requieran conocimientos técnicos especiales y, por otra parte, los hechos tratados de demostrar con la inspección de que se habla, como son la fecha en que los quejosos contrataron el servicio de energía eléctrica, si el servicio mencionado se ha prestado ininterrumpidamente y si los quejosos han estado cubriendo su importe regularmente, además de referirse a la contienda, es obvio que no requieren de conocimientos técnicos especiales, es claro entonces que el Juez de Distrito actuó incorrectamente al rechazar su admisión, aun con el pretexto de que los hechos relativos eran susceptibles de demostrarse a través de la prueba documental, ya que mientras no se contraríe la moral o el derecho las partes son libres de ofrecer las pruebas que a sus intereses convenga. En sentido similar se pronunció este Tribunal Colegiado, en sesión de fecha treinta y uno de enero del presente año, al resolver, por unanimidad de votos, la queja administrativa número 2/90, interpuesta por la propia recurrente Comisión Federal de Electricidad. Así las cosas, procede declarar parcialmente fundado el recurso de queja que nos ocupa, para efecto de que el Juez de Distrito tenga a bien admitir la prueba de inspección judicial ofrecida por la tercero perjudicada. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 98 y 99 de la Ley de Amparo, y 44, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve: ÚNICO. Se declara parcialmente fundado el presente recurso de queja. Notifíquese; háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno; con testimonio de esta resolución hágase del conocimiento de la responsable y, en su oportunidad, archívese el toca."

Queja No. 8/90.

"... En efecto, si bien es cierto que el artículo 150 de la ley de la materia establece que: ‘En el juicio de amparo es admisible toda clase de pruebas, excepto la de posiciones y las que fueren contra la moral o contra derecho.’, también lo es que en el presente caso la parte tercero perjudicada ofreció las pruebas pericial y de inspección judicial, la primera con el objeto de acreditar la fecha a partir de la cual los quejosos empezaron a recibir el servicio de energía eléctrica y si han aceptado los diversos incrementos en ese servicio, especialmente el de fecha veintiuno de septiembre de mil novecientos ochenta y nueve, y la segunda con la finalidad de acreditar la fecha en que los quejosos contrataron el servicio de energía eléctrica, si éste se ha prestado ininterrumpidamente y si los promoventes del amparo han estado cubriendo su importe regularmente. Ahora bien, como se desprende de lo anterior, resulta claro que ninguna de las dos pruebas ofrecidas por el ahora recurrente resultan contrarias a la moral, empero, la primera, es decir, la pericial, contrario a lo argumentado y como en forma correcta lo estimó el Juez de Distrito, sólo resulta contraria a derecho por las razones que enseguida se expresan: Debe decirse que el artículo 143 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición expresa del artículo 2o. de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales establece que: ‘La prueba pericial tendrá lugar en las cuestiones de un negocio relativas a alguna ciencia o arte, y en los casos en que expresamente lo prevenga la ley.’. Así las cosas, es indudable que para establecer la fecha en que el tercero perjudicado empezó a proporcionar a los quejosos el servicio de energía eléctrica y si éstos han aceptado los aumentos en el costo de ese servicio, no se requiere del auxilio de personas con conocimientos en alguna ciencia o arte, pues basta para ello la exhibición de los documentos relativos o, en su defecto, en caso de no existir tales documentos, ofrecer diversas pruebas, como en forma correcta lo estimó el Juez Federal, por lo que debe convenirse en que la citada prueba pericial no cumple con la finalidad legal a que está destinada y, por ello, es contraria a derecho. Por otra parte, cabe estimar que, contrario a lo afirmado por el recurrente, la pericial no puede tener como finalidad acreditar si los quejosos consintieron o no con el aumento en las tarifas de energía eléctrica, cuenta habida que éste es un punto de derecho, el cual únicamente le corresponde dilucidar al juzgador, ya que esa es precisamente su función, correspondiéndole a las partes probar hechos y no cuestiones de derecho. Además, debe decirse que si bien es cierto la ley le otorga a las partes la facultad de ofrecer todas las pruebas que estimen convenientes, también lo es que esa facultad no es absoluta, sino que tiene la limitante de que las pruebas ofrecidas no sean contrarias a la moral o al derecho, y si como ya se dijo la pericial ofrecida por la parte tercero perjudicada resulta contraria a derecho por las razones expresadas en párrafos precedentes, debe convenirse con el Juez Federal en cuanto a su desechamiento, resultando por ello infundada esta parte de los agravios. En cambio, le asiste la razón al recurrente en cuanto aduce indebido desechamiento de la prueba de inspección judicial, al argumentar que la misma sí fue ofrecida conforme a derecho. En efecto, dispone el artículo 161 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que la inspección judicial sirve para aclarar o fijar hechos relativos a la contienda que no requieran conocimientos técnicos especiales, por lo que si tal prueba se ofreció para acreditar la fecha en que los quejosos contrataron el servicio de energía eléctrica, si se ha prestado en forma ininterrumpida y si han estado cubriendo su importe regularmente, es evidente que tales hechos se refieren a la contienda, y para constatarlos no se requieren conocimientos especiales, por lo que debe concluirse que el ofrecimiento de la citada prueba de inspección judicial no es contraria a derecho, por lo que se estima incorrecto el actuar del Juez de Distrito al rechazarla, sin que sea óbice para ello el argumento de que los hechos que se pretenden acreditar con tal prueba se puedan demostrar a través de la prueba documental pues, como ya se dijo y se insiste en ello, mientras no se contraríe la moral o el derecho las partes pueden ofrecer todas las pruebas que a sus intereses convenga. Además, idéntico criterio al aquí expresado sostuvo este propio tribunal al resolver las diversas quejas administrativas interpuestas por la Comisión Federal de Electricidad: queja 2/90, resuelta en sesión de treinta y uno de enero de mil novecientos noventa, por unanimidad de votos; queja 3/90, resuelta en sesión de veintiocho de febrero de mil novecientos noventa, por unanimidad de votos; y queja 7/90, resuelta en sesión de veintiocho de febrero de mil novecientos noventa, por unanimidad de votos. En tal orden de ideas, al resultar fundado en este aspecto el agravio analizado, lo procedente es declarar parcialmente fundado el recurso de queja. Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además en lo dispuesto por los artículos 95, fracción VI y 99 de la Ley de Amparo, y 44, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, es de resolverse y se resuelve: ÚNICO. Se declara parcialmente fundado el presente recurso de queja. Notifíquese; publíquese y anótese en el libro de gobierno; envíese testimonio de la presente resolución al Juez de Distrito para los efectos legales a que hubiere lugar y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido."

Queja No. 11/90.

"TERCERO. Son infundados en parte, pero fundados en otra, los agravios. La recurrente aduce que el a quo violó en su perjuicio los artículos 150 y 151 de la Ley de Amparo, al negarle la admisión de las pruebas pericial contable y la de inspección judicial, ya que las referidas probanzas no son contrarias a la moral y al derecho. Que la prueba pericial se ofreció con el objeto de determinar: a) A partir de qué fecha los quejosos han estado recibiendo, por parte de la Comisión Federal de Electricidad, el servicio de energía eléctrica, y b) Si a partir de la fecha en que empezaron a recibir el servicio han aceptado los diversos incrementos que se han presentado, incluido el que determinó el ajuste de las tarifas para el suministro y venta de energía eléctrica, de veintiuno de septiembre de mil novecientos ochenta y nueve, publicado en el Diario Oficial de veintidós del mismo mes y año. Argumenta, además, que para demostrar lo anterior es inexacto que no se requieran conocimientos especiales, ya que esa información aparece en contabilidad y en un sistema computarizado, por lo que se hace necesaria la intervención de un perito contable. El Juez de Distrito desechó la prueba pericial ofrecida, debido a que lo que se pretende acreditar a través de la misma son hechos, para cuyo esclarecimiento no se requieren conocimientos especiales de una ciencia o arte, como lo previene el artículo 143 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo. El artículo 150 de la Ley de Amparo dispone que: ‘En el juicio de amparo es admisible toda clase de pruebas, excepto la de posiciones y las que fueren contra la moral o contra derecho.’. La pericial ofrecida no es la prueba idó

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17212-291bf021/inspeccion-ocular-en-el-juicio-de-amparo-cuando · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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