TERCEROS EXTRAÑOS O INTERESADOS. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA RECURRIR LAS RESOLUCIONES INTERLOCUTORIAS DICTADAS EN UNA CAUSA PENAL CUANDO NO EXISTA DISPOSICIÓN EXPRESA EN LA LEY PROCESAL QUE RESULTE APLICABLE, AUN EN EL SUPUESTO DE QUE SE VEAN AFECTADOS SUS INTERESES (CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DE SAN LUIS POTOSÍ Y CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 32/2003-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
TERCERO. Los criterios que dieron lugar a la denuncia de contradicción de tesis que nos ocupa son los siguientes:
El Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, al resolver la improcedencia penal 29/2003, el doce de febrero de dos mil tres, promovida por ... en lo que a esta contradicción de tesis interesa, precisó:
"QUINTO. Los agravios formulados por el recurrente ... son esencialmente fundados ... El impugnante refiere como agravio, que por no ser parte legítima en la relación procesal surgida en el proceso penal número 49/97 seguido ante el Juez Primero Mixto de Primera Instancia en Matehuala, San Luis Potosí, no se encontraba obligado a interponer recurso de apelación previo a la interposición del amparo indirecto, en contra de la resolución dictada en el incidente no especificado tramitado ante el propio Juez de primera instancia, y que constituye el acto reclamado, en virtud de que el mismo no se encuentra en ninguna de las hipótesis a que hace referencia el artículo 363 de la ley adjetiva penal en vigor en el Estado, por lo que al no tener dicho recurrente tales calidades no puede considerarse parte legítima en el proceso en el que comparece y, por tanto, no puede interponer el recurso de apelación procedente de conformidad con el numeral 362 del cuerpo de leyes invocado. Ahora bien, de las constancias se desprende que el impugnante ... compareció dentro de los autos del proceso penal 49/97 que se instruye en contra de ... ambos de apellidos ... por el delito de robo calificado, en calidad de tercero extraño, en virtud de verse afectado un bien mueble de su propiedad, que en autos del citado proceso quedara asegurado como instrumento del delito, y que una vez dictada sentencia absolutoria por el tribunal de alzada, promovió incidente no especificado ante el Juez de primera instancia a fin de que le fuera devuelto el citado vehículo automotor asegurado, que inconforme con la resolución dictada en el incidente en cuestión interpuso demanda de amparo indirecto, la cual fue desechada de plano por las consideraciones expuestas en párrafos anteriores. En razón de lo anterior, cabe señalar que el artículo 365 de la ley adjetiva penal en vigor en el Estado, en su fracción V, establece la procedencia del recurso de apelación en contra de los autos que resuelvan algún incidente no especificado. De ahí se desprende que en el caso que nos ocupa la resolución que en la vía constitucional reclama del Juez de primera instancia de Matehuala, San Luis Potosí, se trata de un incidente no especificado y, por consiguiente, se encuentra en el supuesto que establece el dispositivo en cita. Sin embargo, la propia legislación procesal penal en vigor es muy clara al establecer quiénes tienen el carácter de parte legítima en la relación procesal y, consecuentemente, se encuentran facultados para interponer el medio de impugnación señalado, numerales que a la letra dicen: ‘Artículo 362. La segunda instancia solamente se abrirá a petición de parte legítima, para resolver sobre los agravios que estime el apelante le cause la resolución recurrida. Los agravios deberán expresarse al interponerse el recurso o en la vista del asunto, bastando la manifestación sencilla que haga el apelante de los errores o violaciones de derecho que en su concepto se cometieron. ...’. ‘Artículo 363. Tiene derecho de apelar el Ministerio Público, el inculpado, el defensor que salvo revocación del cargo será el de segunda instancia, así como el ofendido o sus legítimos representantes, únicamente para efecto de la reparación de daños y perjuicios. En este caso, la apelación se contraerá a lo relativo a la reparación de daños y perjuicios y a las medidas precautorias conducentes a asegurarlas.’. Claro está, que el revisionista no se encuentra en ninguna de las hipótesis antes señaladas y, por tanto, no puede considerársele parte legítima, principal ni accesoria, ni aun habiendo comparecido durante el proceso a defender sus intereses como lo pretende hacer ver el a quo. Consecuentemente, no goza de ninguna facultad legal para interponer el recurso de apelación, que si bien, lo es procedente por tratarse el acto reclamado de un auto que resuelve un incidente no especificado, también cierto lo es que el recurrente no tiene el carácter que refiere el artículo 363 como de aquellos que pueden interponer el recurso de apelación. En esa tesitura este Segundo Tribunal Colegiado aprecia que la determinación de la Juez Segundo de Distrito de desechar de plano la demanda de amparo indirecto presentada por ... por considerar se actualizaba la causal de improcedencia prevista por el numeral 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, es contraria a derecho puesto que, como ya se ha hecho referencia, al no tener el revisionista la facultad legal para interponer el recurso de apelación que en su caso fuera procedente, es innegable por tanto, que no se encontraba obligado para agotar el principio de definitividad rector del juicio de garantías, no actualizándose la causal de improcedencia referida renglones arriba. Cabe señalar que la Juez Segundo de Distrito apoya los razonamientos de la resolución recurrida, en la tesis aislada emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, publicada en la página 1083 del Tomo IX, mayo de mil novecientos noventa, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, cuyos rubro y texto dice: ‘TERCEROS EXTRAÑOS. PUEDEN AGOTAR LOS MEDIOS ORDINARIOS DE DEFENSA, CUANDO SE VEAN AFECTADOS SUS INTERESES, AUNQUE NO SEAN PARTE EN EL PROCESO PENAL. Si los terceros extraños comparecieron al proceso penal para hacer valer sus defensas como terceros extraños, y para ello tramitaron un incidente no especificado, en el que obtuvieron una resolución desfavorable a su petición; como parte en esa incidencia, tienen oportunidad de defensa promoviendo el recurso de apelación, ya que si bien el artículo 365 del Código Federal de Procedimientos Penales, señala que únicamente lo pueden promover el Ministerio Público, el inculpado y su defensor, así como el ofendido o sus legítimos representantes cuando hayan sido reconocidos por el Juez de primera instancia, como coadyuvante del Ministerio Público, o sea, las partes de una relación jurídico-procesal principal, como lo es el proceso penal, lo cierto es que las propias actuaciones del incidente en el que se dictó sentencia contraria a los intereses de los quejosos, los legitima para apelar, ya que todo el que sufre un agravio en sus intereses como consecuencia de un acto de autoridad, está capacitado para actuar en contra de ella, haciendo valer los recursos ordinarios aunque el citado precepto legal no cite a las partes de la relación accesoria o incidental, porque ante tal omisión, debe atenderse a lo dispuesto en términos amplios por los artículos 364 y 367 fracción V del precitado ordenamiento jurídico, de los que se obtiene que las partes pueden apelar y que el auto que resuelve un incidente es apelable; máxime que las garantías de defensa y audiencia que tutela el imperativo 14 constitucional, deben ser respetadas por todas las autoridades sin excepción alguna, aunque, no exista en la ley aplicable el procedimiento para tal efecto, ni precepto alguno que le imponga a la autoridad dicha obligación; por lo tanto, es claro que al declararse mal admitido el recurso de apelación interpuesto, se vulneraron en perjuicio de los quejosos sus garantías de defensa y audiencia.’. En relación con ello, este Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito sostiene un criterio discrepante por las razones que a continuación se expresan. En primer término, es de advertirse que el contenido de la tesis aislada aludida se refiere a un incidente no especificado tramitado dentro de un proceso penal del orden federal, teniendo como sustento jurídico los artículos 364, 365 y 367, fracción V, del Código Federal de Procedimientos Penales, cuyo contenido es coincidente con lo establecido en los artículos 362, 363 y 365, fracción V, del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado de San Luis Potosí, mismos que en lo conducente refieren a que la segunda instancia se abrirá solamente a petición de parte legítima, teniendo dichas calidades únicamente: a) el Ministerio Público, b) el inculpado, c) el defensor y d) el ofendido o sus legítimos representantes, únicamente para efecto de la reparación de daños y perjuicios. Igualmente se especifica que procede el recurso de apelación en contra de los autos en que se resuelva algún incidente no especificado. Sin embargo, no puede legalmente aceptarse el criterio sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, en virtud de que la ley es muy específica al precisar qué personas tienen legitimación procesal para interponer el medio de defensa ordinario a que hace referencia el artículo 361 de la ley adjetiva penal vigente en el Estado, es decir, el recurso de apelación. Por lo que, atendiendo al espíritu de la ley, es evidente que la intención del legislador fue delimitar el ejercicio de la acción de interposición del recurso de apelación, lo anterior al establecer que únicamente las partes precisadas en el artículo 363 del ordenamiento legal en cita pueden interponer ese medio ordinario de defensa, ya que si otra hubiera sido su intención, estarían especificados en dicho dispositivo de manera expresa tal como se encuentran los ahí descritos, o bien, se hubiese establecido que tendría derecho a apelar todo aquel que teniendo reconocido algún carácter e intervención en el proceso penal, estimara haber sufrido un agravio. Pues contrario al criterio establecido en la aludida tesis, no porque una persona tercero extraña a la relación jurídico procesal principal, que vea afectados sus intereses dentro del curso de la causa penal, como acontece en el caso concreto, y que por tal motivo tramite diversos incidentes en defensa de sus intereses o bienes, pueda considerarse como parte de la relación jurídico procesal y, por ese solo hecho, concederle la legitimación necesaria para promover los recursos ordinarios que la legislación prevé, sino que esa legitimación debe estar reconocida por la propia ley. Es obvio que el legislador al delimitar en forma expresa para determinadas partes del proceso el derecho de inconformarse mediante el empleo del recurso de apelación, obedeció sin duda alguna al vehemente propósito de evitar la indefinida duración de los procesos penales en perjuicio del acusado y así protegerle su derecho a recibir una pronta administración de justicia, en respeto a su garantía individual consagrada en el artículo 17 constitucional, porque si bien es cierto que la tramitación de los incidentes en mención no suspenden el procedimiento, también cierto lo es que en el supuesto hipotético que durante la tramitación del proceso penal se presentaran diversas personas extrañas a promover esa clase de incidentes por diversas razones, generaría el dictado de las respectivas resoluciones interlocutorias, las cuales, en el caso de que se permitiera, al ser recurridas por el propio incidentista obligaría tanto al Juez de primer grado, como al tribunal de alzada a tramitar esos recursos y entre tanto debería permanecer pendiente el dictado de la sentencia definitiva, pues si bien es cierto que en ese supuesto la apelación se admite únicamente en el efecto devolutivo, no menos lo es que el artículo 221 del Código de Procedimientos Penales del Estado establece que antes del cierre de instrucción el Juez de la causa debe girar oficio al tribunal de alzada, en el cual le solicita resuelva los recursos que se encuentren pendientes, mientras que el segundo párrafo del artículo 362 del mismo ordenamiento legal establece que las apelaciones interpuestas contra resoluciones anteriores a la sentencia definitiva, deben ser resueltas por el tribunal de apelación antes de que se emita dicha sentencia. Luego, de dichos preceptos legales, cuyos correlativos del Código Federal de Procedimientos Penales son los numerales 147 y 364, se desprende que si bien el recurso de apelación en contra de una resolución interlocutoria de esa naturaleza sólo se admite en el efecto devolutivo, también lo es que ese medio ordinario de impugnación sí es factible de interrumpir u obstaculizar el curso normal del procedimiento penal en detrimento de los derechos públicos subjetivos del procesado, en tanto que una vez admitido debe ser sustanciado y mientras tanto no puede dictarse sentencia definitiva; de ahí que el legislador haya restringido la posibilidad de que cualquier persona pueda hacer uso de ese medio de defensa. No pasa inadvertido para este Tribunal Colegiado que el criterio sustentado por el órgano colegiado antes referido, refiere a que todo el que sufre un agravio en sus intereses como consecuencia de un acto de autoridad, está capacitado para actuar en contra de ella haciendo valer los recursos ordinarios previstos por la legislación, aun cuando ésta no cite a las partes de la relación procesal o incidental con atribuciones para interponerlos, en virtud de que las garantías de defensa y audiencia que tutela el artículo 14 constitucional, deben ser respetadas por todas las autoridades. Sin embargo, cabe señalar, que el hecho de que la ley no prevea un recurso o medio ordinario de defensa en contra de determinada resolución, no implica infracción a las garantías antes mencionadas, en virtud de que el artículo 14 del Pacto Federal no obliga al legislador a establecer un medio ordinario de impugnación o cierto número de instancias, toda vez que la determinación de esas cuestiones y de las demás relacionadas con la instrumentación y conclusión de los procedimientos quedan confiadas al legislador ordinario quien, previa valoración de los elementos y factores que concurren a su desarrollo, deberá establecer las reglas aplicables a cada caso, siempre que al hacerlo asegure al gobernado la oportunidad para que pueda ser oído en defensa y rendir pruebas antes de que sea afectado en su esfera jurídica, pero no se encuentra constreñido a establecer en forma forzosa un medio ordinario de impugnación o dos instancias, sin que ello implique un estado de indefensión para el gobernado, pues en todo caso tendrá a su alcance el juicio de garantías si éste fuera procedente. Sobre este tópico conviene traer a cuento los criterios sustentados por el Máximo Tribunal del país, cuyos rubros, textos y datos de localización enseguida se reproducen. ‘APELACIÓN. EL ARTÍCULO 426, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, NO VIOLA LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO Y, EN ESE ASPECTO, LA GARANTÍA DE AUDIENCIA. El artículo 426, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 14 de enero de 1987, no viola la garantía de audiencia sólo por establecer un límite de cuantía para la procedencia del recurso de apelación. Para determinar si una disposición procesal respeta o no la garantía de audiencia, debe comprobarse si, dentro del sistema procesal que adopta, establece o no la oportunidad para que el particular pueda ser oído en su defensa y rendir pruebas antes de que sea afectado su interés jurídico. Si la ley impugnada, como es el caso, permite tal oportunidad, cumple cabalmente con la garantía de audiencia. El artículo 14 constitucional no requiere que la legislación procesal estatuya recursos que introduzcan dos o más instancias. El número de los medios de impugnación no es parte de las formalidades esenciales del procedimiento. Si una ley procesal no prevé medios de impugnación, no viola por ello la garantía de audiencia.’ (Tesis LII/89, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 11, Tomo IV, Primera Parte, julio a diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, Semanario Judicial de la Federación, Octava Época). ‘INVENCIONES Y MARCAS. LOS ARTÍCULOS DEL 193 AL 197, 211 Y 213 DE LA LEY RELATIVA QUE REGULAN EL PROCEDIMIENTO PREVISTO PARA LA DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA DE ILICITUD NO VIOLAN LA GARANTÍA DE AUDIENCIA AUNQUE NO PREVEAN UN MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA EN CONTRA DE AQUÉLLA. Con arreglo a lo dispuesto por los artículos 193 al 197, 211 y 213 de la Ley de Invenciones y Marcas, para que la autoridad administrativa formule la declaración prevista como requisito de procedibilidad de la acción penal por los delitos previstos en el artículo 211 del mismo ordenamiento, es preciso que se sustancie un procedimiento en el cual se observen las formalidades esenciales que garantizan la defensa del posible afectado, ya que le dan oportunidad de comparecer al mismo enterado de los motivos y fundamentos que le dan origen, por virtud de la notificación personal que se practica y el traslado que se le corre con la solicitud y anexos que acompaña el solicitante de la declaratoria, y de rendir las pruebas y expresar los alegatos que a su derecho convenga, con lo cual debe entenderse satisfecha la garantía de audiencia, sin que obste a esta conclusión que la ley no prevea un recurso o medio ordinario de defensa en contra de la declaratoria, pues el artículo 14 constitucional no obliga al legislador a establecer un medio ordinario de impugnación o cierto número de instancias, en tanto que la determinación de estas cuestiones y de las demás relacionadas con la instrumentación y conclusión de los procedimientos quedan confiadas al legislador ordinario quien, previa valoración de los elementos y factores que concurren a su desarrollo, deberá establecer las reglas aplicables en cada caso, siempre que al hacerlo asegure al gobernado los medios para su defensa previa al acto de privación.’ (Tesis P. CXLII/96, Pleno del Máximo Tribunal del país, página 91, Tomo IV, noviembre de mil novecientos noventa y seis, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época).’. Por tanto, en términos del artículo 196, fracción III, de la Ley de Amparo, en virtud de la discrepancia entre la tesis invocada por el a quo y el criterio sostenido por este Tribunal Colegiado, denúnciese ante la superioridad la contradicción de tesis. Consecuentemente, al resultar fundados los agravios formulados por el recurrente, procede revocar el acuerdo que se revisa y ordenar a la Juez de Distrito que en su lugar dicte un nuevo proveído en el que determine lo que según su criterio proceda en derecho acerca de la admisión, aclaración o no admisión de la demanda de garantías promovida por ... con la única limitante de que deberá prescindir del razonamiento erróneo que le había servido de base para desecharla, y que consistió en que el quejoso se encontraba obligado a observar el principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, mediante la interposición del recurso de apelación en contra de la interlocutoria incidental dictada por el Juez responsable. Por lo expuesto y fundado, de conformidad con los numerales 76, 77, 82, 83, fracción I, 85, 88, 90, 184 y demás relativos de la Ley de Amparo y 37, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve: PRIMERO. Se revoca la resolución que se revisa. SEGUNDO. Se ordena a la Juez Segundo de Distrito en el Estado, dicte un nuevo proveído en el que determine lo que según su criterio procede en derecho acerca de la admisión, aclaración o no admisión de la demanda de garantías promovida por ... con la única limitante de que deberá prescindir del razonamiento erróneo que le había servido de base para desecharla." (fojas 5 vuelta a 21 del expediente en que se actúa).
Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, al resolver los juicios de amparo en revisión 153/1998, 162/1998 y 18/2002, promovidos por la autoridad responsable Magistrado del Tercer Tribunal Unitario del Tercer Circuito, agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a los Tribunales Unitarios del aludido circuito y ... respectivamente, en la parte conducente, señaló:
Amparo en revisión 153/1998
"III. Son infundados los agravios antes transcritos ... Conviene señalar al respecto, que como así lo estimó el tribunal de amparo los quejosos tienen plena legitimación para la promoción del recurso de apelación, ello es así, si se tiene en cuenta que en virtud de una ejecutoria de amparo se les otorgó la oportunidad de comparecer al juicio natural para que hicieran valer sus defensas, lo que hicieron al promover ante dicho Juez de la causa un incidente no especificado, para obtener la devolución de un terreno, y si obtuvieron una resolución desfavorable a su petición, es obvio, que como parte en ese incidente, tienen oportunidad de defensa promoviendo el citado recurso de apelación; habida cuenta que si bien, como así lo alega la autoridad recurrente, el artículo 364 del Código Federal de Procedimientos Penales señala que: ‘La segunda instancia solamente se abrirá a petición de parte legítima, para resolver sobre los agravios que estime el apelante le cause la resolución recurrida. Los agravios deberán expresarse al interponerse el recurso o en la vista del asunto. El tribunal de apelación suplirá la deficiencia de los agravios cuando el recurrente sea el procesado o, siéndolo el defensor, se advierta que por torpeza no los hizo valer debidamente. Las apelaciones interpuestas contra resoluciones anteriores a la sentencia de primera instancia, deben ser resueltas por el tribunal de apelación antes de que se emita dicha sentencia.’, y el diverso 365 del mismo ordenamiento procesal, prevé limitativamente que: ‘Tienen derecho de apelar el Ministerio Público, el inculpado y su defensor, así como el ofendido o sus legítimos representantes cuando hayan sido reconocidos por el Juez de primera instancia, como coadyuvante del Ministerio Público, para efectos de la reparación de daños y perjuicios. En este caso, la apelación se contraerá a lo relativo a la reparación de daños y perjuicios y a las medidas precautorias conducentes a asegurarla.’; lo cierto es que, como así lo adujo el tribunal de amparo la legitimación de los quejosos proviene del carácter de terceros extraños con el que les fue admitida, tramitada y resuelta la incidencia planteada, es decir, actuaron como parte en un incidente no especificado tramitado en un proceso penal, después de que se les dio vista con el aseguramiento de un inmueble decretado en dicha causa criminal; consecuentemente, como se dijo, las propias actuaciones del incidente en el que se dictó sentencia contraria a los intereses de los quejosos, los legitimó para apelar, ya que todo el que sufre un agravio en sus intereses como consecuencia de un acto de autoridad, está capacitado para actuar en contra de ella, aunque la citada ley en el artículo 365 se refiera limitativamente a las partes de la relación jurídico-procesal principal, como lo es el proceso penal, sin citar a las partes de una relación accesoria o incidental, en la que no participa necesariamente alguna de las que cita dicho precepto, porque ante tal omisión debe atenderse a lo dispuesto en términos amplios por el artículo 364 y al contenido de la fracción V del artículo 367 del precitado ordenamiento jurídico, de los que se obtiene que las partes pueden apelar y que el auto que resuelve un incidente es apelable; consecuentemente, los terceros extraños a un juicio, en el que ya se apersonaron, pueden interponer los recursos procedentes para defenderse, cuando estimen se lesionen sus derechos, porque su legitimación proviene precisamente del agravio ocasionado por la autoridad, en el caso concreto, al haberles negado la devolución de la finca que es materia del incidente que nos ocupa, de acuerdo a lo estipulado en el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página cuatrocientos cincuenta y tres, de la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo IV, cuyo texto es: ‘RECURSOS LEGALES. Todo el que sufre un agravio en su persona o intereses, como consecuencia de actos de cualquiera autoridad, está capacitado para actuar contra ellos, por los medios establecidos por las leyes; razón por la que, los terceros extraños a un juicio, pueden intervenir en él, cuando, como consecuencia de actos en dicho juicio, se lesionen sus derechos; y pueden hacer todas las promociones e interponer todos los recursos que legalmente sean procedentes, para defenderse, sin necesidad de que previamente se les admita como partes en el procedimiento en que se les haya causado agravio.’; de ahí que, si se les dio vista a los ahora quejosos dentro del proceso criminal de origen aunque hubiera sido con el carácter de terceros extraños, para que hicieran valer lo que a su interés conviniera y éstos promovieran el incidente respectivo, es claro que aun cuando se diga que no se equiparan a una de las partes en la relación jurídica procesal, es innegable que son parte en el incidente en el que se dictó el acto que impugnan, por lo que pueden recurrir la interlocutoria que resolvió tal incidencia a través del recurso de apelación, conforme lo estipula la fracción V del artículo 367 del código procesal en cita que dice: ‘Son apelables en el efecto devolutivo: ... V. Los autos en que se conceda o niegue la libertad provisional bajo caución; los que concedan o nieguen la libertad por desvanecimiento de datos, y los que resuelven algún incidente no especificado.’; por lo que al haberse declarado mal admitido el recurso de apelación interpuesto, se vulneraron en perjuicio de los quejosos los preceptos procesales en análisis, pues se les coartó a dichos amparistas su derecho de defensa y su garantía de audiencia, que contempla el artículo 14 constitucional, por tratarse de un caso excepcional, como así lo adujo el tribunal de amparo, dado que para que se satisfaga dicha garantía de audiencia debe dárseles a los agraviados la oportunidad de que sean oídos en su defensa, antes de ser privados de sus propiedades, posesiones o derechos, dentro de un procedimiento en donde al afectado se le entere sobre la materia de la litis, y pueda preparar su defensa mediante la aportación de los medios de prueba de que disponga y estime pertinentes, asimismo, para que pueda alegar sus razones y consideraciones legales correspondientes, antes que se dicte la resolución del asunto, en contra de la cual, en dado caso de que ésta sea desfavorable a los intereses del citado afectado, pueda inconformarse con el recurso legal que proceda; por ende, se concluye que el derecho de audiencia consagrado en el artículo 14 constitucional de referencia, debe ser respetado por todas las autoridades, sin excepción alguna, aun cuando no exista en la ley aplicable precepto que le imponga a la autoridad dicha obligación, según lo señala la tesis de jurisprudencia número 95, visible en la página sesenta y dos, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, que es del tenor literal siguiente: ‘GARANTÍA DE. DEBE RESPETARSE AUNQUE LA LEY EN QUE SE FUNDE LA RESOLUCIÓN NO PREVEA EL PROCEDIMIENTO PARA TAL EFECTO.’ (se transcribe)."
Amparo en revisión 162/1998
"III. Son infundados los agravios antes transcritos, hechos valer por el agente del Ministerio Público Federal adscrito a los Tribunales Unitarios del Tercer Circuito. ... Ahora bien, sin razón alguna alega el Ministerio Público Federal disconforme que el tribunal de amparo hizo una incorrecta apreciación, al resolver el juicio de garantías, ya que los quejosos no son parte en el proceso instruido, en el que se ostentaron como legítimos propietarios del inmueble en cuestión, puesto que esa circunstancia pone de manifiesto su calidad de terceros ajenos a la relación jurídico-procesal; por lo que como consecuencia y con fundamento en el artículo 375 del Código Federal de Procedimientos Penales, debidamente se declaró mal admitido el recurso de apelación, aunque dichos amparistas hubieran sido reconocidos en primera instancia como coadyuvantes, y aun cuando hubieran promovido el incidente de devolución en base a un amparo concedido, en donde fueron considerados como terceros extraños al proceso penal; sin embargo, eso no les facultaba para hacer uso de los recursos ordinarios establecidos para las partes, en forma expresa en el artículo 365 del Código Federal de Procedimientos Penales, que señala quiénes tienen el derecho a interponer el recurso de apelación sin que entre la lista limitativa figuren los terceros extraños al proceso penal, dado que la ley no los equipara a una de las partes en la relación jurídico-procesal. Además, sigue diciendo el fiscal recurrente que no se transgredió el contenido de los numerales 363 y 367, fracciones I y XI, del Código Federal de Procedimientos Penales en cita, porque no se les coartó a los quejosos su derecho a interponer los recursos previstos en la ley, ya que como se dijo, no están legitimados para interponer la apelación dado que su legitimación deriva de las normas legales que establecen quiénes pueden ser partes en un proceso, y no, como lo refirió el resolutor constitucional, de una ejecutoria de amparo. Primordialmente cabe aclarar, que a los quejosos no se les consideró en ningún momento como coadyuvantes dentro de la causa criminal de origen, como se afirma y, por otro lado, conviene señalar que, como así lo estimó el tribunal de amparo los quejosos tienen plena legitimación para la promoción del recurso de apelación, ello es así, si se tiene en cuenta que, por virtud de una ejecutoria de amparo se les otorgó la oportunidad de comparecer al juicio natural, para que hicieran valer sus defensas, lo que hicieron al promover ante dicho Juez de la causa un incidente no especificado, para obtener la devolución de un terreno, y si obtuvieron una resolución desfavorabl
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18276-4544513d/terceros-extranos-o-interesados-carecen-de-legitimacion-para · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- EXCUSA ABSOLUTORIA. LA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 199 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, TAMBIÉN SE ACTUALIZA CUANDO EL FARMACODEPENDIENTE A QUIEN SE LE ENCUENTRA EN POSESIÓN DEL NARCÓTICO EST (CONTRADICCIÓN DE TESIS 32/2004-PS)
- SUSPENSIÓN PROVISIONAL. EFECTOS CUANDO SE RECLAMA UNA ORDEN DE REAPREHENSIÓN RESPECTO DE DELITO GRAVE. (CONTRADICCIÓN DE TESIS 27/2003-PS)
- PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL EN EL DELITO DE DEFRAUDACIÓN FISCAL. SI ANTES DE QUE TRANSCURRAN CINCO AÑOS DESDE SU COMISIÓN LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO TIENE CONO (CONTRADICCIÓN DE TESIS 32/2006-PS)
- PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD. LOS BENEFICIOS QUE SEÑALA EL ARTÍCULO 55 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL PARA PRESCINDIR DE ELLA O SUSTITUIRLA POR UNA MEDIDA DE SEGURIDAD DEBEN SOLICITARSE PO (CONTRADICCIÓN DE TESIS 23/2003-PS)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- SENTENCIAS CIVILES. (XXI.65 K)
- PRUEBAS EN MATERIA PENAL, DEBEN RECIBIRSE TODAS LAS OFRECIDAS LEGALMENTE. (s/clave)
- POLICIA JUDICIAL, PARTE INFORMATIVO DE LA. LAS MANIFESTACIONES CONTENIDAS EN EL, NO CONSTITUYEN PRUEBA TESTIMONIAL. (s/clave)
- CONFESIONES FICTAS, INEFICACIA DE LAS, CUANDO RECIPROCAMENTE SE CONTRADICEN. (s/clave)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis