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Modo: Corpus Pro

SUSPENSIÓN DE OFICIO EN MATERIA AGRARIA. DEBE DECRETARSE INDEFECTIBLEMENTE EN LOS SUPUESTOS PREVISTOS POR EL ARTÍCULO 233 DE LA LEY DE AMPARO, PARA LO CUAL BASTA QUE EL PROMOVENTE ACREDITE CONTAR CON LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 45/2002-SS. · Registro digital (IUS): 17231
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS, POR UN LADO, POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO Y EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y, POR
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Septiembre de 2002, , Pág. 742.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 45/2002-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS, POR UN LADO, POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO Y EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y, POR OTRO, EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: JUAN DÍAZ ROMERO.

SECRETARIA: MAURA ANGÉLICA SANABRIA MARTÍNEZ.

CONSIDERANDO:

TERCERO. A efecto de determinar si en el caso se verifica la divergencia de criterios, es menester puntualizar lo siguiente:

La divergencia de criterios denunciada se suscitó entre los criterios sustentados por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, al resolver el recurso de revisión número 280/2001, derivado del juicio de amparo 1100/2001, promovido por Jesús Cipriano Sánchez Lima, Darío Rivera Barrón y Francisco Ramírez Banda, en sus caracteres de presidente, secretario y tesorero del comisariado ejidal del poblado de Santiago Cuautlalpan, Municipio de Texcoco, Estado de México; criterio que es compartido por los siguientes Tribunales Colegidos de Circuito: el entonces Primero del Tercer Circuito, con residencia en Guadalajara, Jalisco, hoy Primero en Materia Administrativa del mismo circuito, al resolver el incidente en revisión 13/82, que dio origen a la tesis aislada visible en la foja 21, Volúmenes 157-162, Sexta Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro es: "AGRARIO. SUSPENSIÓN, DE OFICIO Y DE PLANO, EN LA MATERIA."; lo sustentado por el Cuarto en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 1324/91, que dio origen a la tesis consultable en la página 281, Tomo VIII, octubre de 1991, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "SUSPENSIÓN DE OFICIO EN MATERIA AGRARIA. PROCEDENCIA.", así como la queja 134/87, que dio origen a la tesis: "SUSPENSIÓN. LA ALUDIDA EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, PROCEDE TAMBIÉN EN LOS JUICIOS DE AMPARO EN MATERIA AGRARIA.", consultable en la página 711, Tomo I, Segunda Parte-2, enero a junio de 1988, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación; lo sustentado por el Tercero en Materia Administrativa del Primer Circuito, al fallar el amparo en revisión 1157/87, que dio origen a la tesis bajo el rubro: "SUSPENSIÓN DE OFICIO. CUANDO SE INVOCA COMO VIOLADO EL DERECHO FUNDAMENTAL ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 22 CONSTITUCIONAL QUE PROHÍBE LA CONFISCACIÓN DE BIENES. ES INCORRECTO OTORGAR DE OFICIO LA MEDIDA CAUTELAR, CUANDO EN AUTOS NO EXISTE PRUEBA ALGUNA, NI SIQUIERA INDICIO, DE QUE SE ESTÉ EN PRESENCIA DEL SUPUESTO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 123, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO.", consultable en la página 634, Volúmenes 217-228, Sexta Parte, Séptima Época; en contra del emitido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, al fallar el recurso de revisión 220/2001, derivado del juicio de amparo 1127/2001, promovido por José Antonio Lequisamo Linares, Salvador Antonio Pérez Cuevas y Lauro Hernández Pérez, en sus caracteres de presidente, secretario y tesorero, respectivamente, del comisariado ejidal del poblado de San Martín Nezahualcóyotl, Municipio de Texcoco, Estado de México.

De la copia fotostática certificada de la ejecutoria pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, relativa al juicio de amparo número 280/2001, se aprecia que el sentido del fallo se sustentó en las siguientes consideraciones:

"QUINTO. Son fundados los agravios primero y segundo hechos valer por el recurrente, los que se estudian en su conjunto por su estrecha vinculación, conforme lo dispone el artículo 79 de la Ley de Amparo. Para una mejor comprensión del asunto, es conveniente transcribir el artículo 233 de la Ley de Amparo, que establece: 'Artículo 233. Procede la suspensión de oficio y se decretará de plano en el mismo auto en el que el Juez admita la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, para su inmediato cumplimiento, haciendo uso de la vía telegráfica, en los términos del párrafo tercero del artículo 23 de esta ley, cuando los actos reclamados tengan o puedan tener por consecuencia la privación total o parcial, temporal o definitiva de los bienes agrarios del núcleo de población quejoso o su sustracción del régimen jurídico ejidal.'. Asimismo, se estima necesario precisar que la hipótesis contenida en ese precepto legal, antes de la adición a la Ley de Amparo (publicada en el Diario Oficial de la Federación de mil novecientos setenta y seis, cuando se establece el libro segundo denominado 'Del amparo en materia agraria') se encontraba prevista en el artículo 123 de la propia ley como fracción III (según edición publicada en el Diario Oficial de la Federación del cuatro de febrero de mil novecientos sesenta y tres), por lo que históricamente hablando, las razones por las que en los casos del artículo 123 de la Ley de Amparo se debe conceder la suspensión de oficio y de plano rigen también para el caso previsto en el citado artículo 233. Establecido lo anterior, este tribunal considera que le asiste la razón al recurrente, al aducir que el a quo viola en su perjuicio el artículo Ley de Amparo 233 (sic), porque de su texto no se advierte disposición alguna que le permita o le dé facultades para negar a un núcleo de población ejidal la suspensión de plano; lo anterior es así, toda vez que tal precepto establece de manera imperativa e incondicional la exigencia de la medida suspensional a favor del núcleo de población ejidal o comunal, cuando el acto reclamado tenga o pueda tener como consecuencia la privación total o parcial, temporal o definitiva de los bienes agrarios o sustracción del régimen ejidal, supuesto que se da en el presente caso, pues el acto reclamado consiste en un decreto presidencial por el que se expropian tierras ejidales al poblado quejoso y su ejecución implica su desposesión y sustracción del régimen ejidal, por ello, el auto del Juez no se ajusta a derecho. En efecto, del estudio de las constancias que integran el expediente del juicio de amparo indirecto, se advierte que bajo protesta de decir verdad los representantes del poblado quejoso, hoy recurrente, manifestaron que por resolución presidencial de dieciocho de junio de mil novecientos treinta, se concedió por concepto de dotación de tierras al ejido de Santiago Cuautlalpan, Municipio de Texcoco, México, una superficie de 329-24-15 hectáreas, para beneficiar a 118 capacitados en materia agraria; que por resolución presidencial de fecha veintiuno de julio de mil novecientos treinta y siete, se concedió como ampliación de ejido al núcleo una superficie de 601-20-00 hectáreas, para beneficiar a 53 sujetos capacitados, y por decreto presidencial de treinta de mayo de mil novecientos setenta y nueve, se expropió a dicho ejido una superficie de 2-94-54 hectáreas a favor de la Comisión Federal de Electricidad; asimismo se advierte que por virtud del decreto expropiatorio expedido por el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, publicado el veintidós de octubre de dos mil uno, en el Diario Oficial de la Federación, se expropia una superficie de 133-79-57 hectáreas de terrenos del ejido Santiago Cuautlalpan, Municipio de Texcoco, Estado de México, para el establecimiento de áreas de recarga de acuíferos y la ampliación de obras del Plan Lago de Atenco, para continuar con el restablecimiento del balance hidrológico del Valle de México, el control de la contaminación de aguas superficiales y los mantos acuíferos en dicha zona, lo que contribuirá con el ordenamiento ecológico de la misma; cuestión que se corrobora con la publicación del decreto expropiatorio correspondiente en el Diario Oficial de la Federación, de fecha veintidós de octubre de dos mil uno, lo que implica que traerá como consecuencia la privación que hace procedente decretar la suspensión de oficio y de plano de los actos reclamados, conforme lo dispuesto por el artículo 233 de Ley de Amparo. Cabe destacar que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 233 de la Ley de Amparo, se tiene que establecer de manera imperativa que basta que una comunidad agraria sostenga en su demanda de amparo que se le trata de privar de sus tierras, para que el Juez de Distrito decrete, oficiosamente, la suspensión de los actos que pudieran tener este efecto, sin tomar en cuenta ni el interés social que los inspire ni la contravención que, con tal medida, se pudiese producir a normas de orden público, pues la concesión oficiosa de la suspensión es imperativa para el Juez de amparo, quien únicamente debe constatar si el caso concreto de que se trate encuadra dentro de alguna de las hipótesis previstas en el citado precepto legal, decretando esa medida sin ulterior investigación, esto es, al solo impulso del interés particular de un núcleo de población, el funcionario judicial debe obedecer, indefectiblemente, el mandato legal referido. Sobre el particular es aplicable, a contrario sensu, la tesis consultable en la página 21 de los Volúmenes 157-162, Sexta Parte, del Semanario Judicial de la Federación, instancia Primer Tribunal Colegiado del Tercer Circuito, Séptima Época, que este tribunal comparte y que es del tenor literal siguiente: 'AGRARIO. SUSPENSIÓN, DE OFICIO Y DE PLANO, EN LA MATERIA. Del examen armónico de los dispositivos que integran el libro segundo de la Ley de Amparo y particularmente del 233, se llega a la conclusión de que no en todos los casos de amparo en materia agraria -en los que sí deben aplicarse las disposiciones tutelares de ese libro- procede la suspensión de oficio y de plano, sino sólo en aquellos amparos en materia agraria en que los actos reclamados tengan o puedan tener por consecuencia la privación total o parcial, temporal o definitiva, de los bienes agrarios del núcleo de población quejoso o su sustracción del régimen jurídico ejidal. De ello se sigue que si el núcleo quejoso no cuenta con resolución presidencial dotatoria con la que se hayan incorporado al régimen ejidal los terrenos que dicen tener en posesión, no se está en el caso de afectación o sustracción del régimen jurídico ejidal de «bienes agrarios del núcleo de población» quejoso y, por lo tanto, no procede la suspensión de oficio y de plano.'. Asimismo, resulta aplicable, en lo conducente, la tesis visible en la página 281 del Tomo VIII, octubre de 1991, del Semanario Judicial de la Federación, instancia Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Octava Época, que este tribunal comparte y que es del tenor literal siguiente: 'SUSPENSIÓN DE OFICIO EN MATERIA AGRARIA. PROCEDENCIA. El Juez de Distrito para otorgar la suspensión de oficio de los actos reclamados, debe apoyarse en los elementos que los quejosos le aporten al momento de promover el juicio de amparo, así como en la naturaleza de dichos actos; ahora bien, si de la demanda de amparo se advierte que el núcleo de población, a través de la representación sustituta, acude en demanda de actos que de ejecutarse tendrían como consecuencia privar del disfrute de sus tierras al ejido quejoso, se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 233 de la Ley de Amparo y por ello es correcto que el Juez Federal conceda la suspensión de oficio y así evitar el desposeimiento de los bienes del ejido.'. Por otra parte, el artículo 124 de la Ley de Amparo es inaplicable en casos como el presente en donde la parte quejosa es un núcleo de población ejidal y el acto que reclama de las autoridades responsables puede tener como consecuencia la privación parcial de sus bienes agrarios, pues ese artículo sólo es aplicable a la suspensión a petición de parte y no a la suspensión de oficio y de plano, toda vez que ésta se halla regulada específicamente por el artículo 233 de la propia Ley de Amparo. En efecto, se considera necesario precisar que tratándose de actos expropiatorios que puedan afectar a los ejidatarios o comuneros, en lo particular, o a pequeños propietarios, el artículo 124 de la Ley de Amparo sí es aplicable, pues la medida cautelar procede a petición de parte, y en esos casos se tendrán que satisfacer los requisitos que tal precepto legal establece, entre otros, que no se afecte el interés social y que no se contravengan disposiciones de orden público, así como que se tendrán en cuenta las disposiciones de la Ley Agraria en relación con la Ley de Expropiación; sin embargo, tratándose de asuntos como el presente, no resulta aplicable conforme a lo anteriormente considerado. Es aplicable la tesis consultable en la página 711 del Tomo I, Segunda Parte-2, enero a junio de 1988, del Semanario Judicial de la Federación, instancia Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Octava Época, que este tribunal comparte y que es del tenor literal siguiente: 'SUSPENSIÓN. LA ALUDIDA EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, PROCEDE TAMBIÉN EN LOS JUICIOS DE AMPARO EN MATERIA AGRARIA. El artículo 233 de la Ley de Amparo establece la procedencia de la suspensión de oficio en materia agraria; dicho dispositivo, debe interpretarse en el sentido de que tal suspensión procede en contra de aquellos actos que pudieran tener como consecuencia la privación total o parcial, temporal o definitiva, de los bienes agrarios de un núcleo de población; sin embargo, de la interpretación sistemática de las diversas disposiciones legales que componen el libro segundo de la Ley de Amparo, se debe llegar a la conclusión, que también la suspensión a que alude el artículo 124 y siguientes de este ordenamiento legal, procede en los juicios de amparo en materia agraria, porque el citado libro segundo, nada dice sobre la suspensión tratándose de actos que afectan derechos agrarios individuales y de aceptar el criterio del poblado quejoso en razón de que el artículo 124 y siguientes de la Ley de Amparo ninguna aplicación tienen en materia agraria, se llegaría al absurdo de sostener que en tales casos el legislador privó a los ejidatarios y comuneros en lo personal de la medida cautelar en comento.'. Este tribunal estima pertinente destacar que la procedencia de la suspensión de oficio en el juicio de amparo indirecto, depende de la naturaleza del acto reclamado, este factor determinante y exclusivo de la procedencia de la suspensión oficiosa se encuentra previsto en los artículos 123 y 233 de la Ley de Amparo, y se actualiza en el presente caso a estudio, toda vez que la naturaleza del acto reclamado (decreto expropiatorio) es privativa de bienes agrarios del núcleo de población quejoso. Por otra parte, este tribunal, con independencia de que la parte recurrente esgrimiera que en el presente caso se está en las hipótesis de la suspensión de oficio, ha examinado si efectivamente se trata de un hecho comprendido o no en la procedencia de la suspensión de oficio, conforme lo disponen los artículos 123 y 233 de la Ley de Amparo, para concluir que este supuesto de privación parcial de los bienes ejidales del núcleo de población se da en el presente caso, por lo que llega a la conclusión de que es la hipótesis legal comprendida en esas disposiciones, analizadas conjuntamente. Asimismo, debe considerarse que si la anterior Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que procede conceder la suspensión cuando un predio afectado constituye una pequeña propiedad amparada con certificado de inafectabilidad, es evidente que cuanto más ha de proceder la medida cautelar cuando está acreditado que la afectación se da a un núcleo de población que cuenta con resolución dotatoria y, en su caso, ampliatoria, ya que tal resolución debe continuar vigente con todo su valor y fuerza legal mientras se encuentre sub júdice, ya que no pierde su validez hasta en tanto no se dicte sentencia definitiva en la que se resuelva acerca de la constitucionalidad del decreto expropiatorio; la razón de lo anterior es obvia, pues los preceptos que se refieren a la integración y salvaguarda del ejido son de orden público y de carácter eminentemente constitucional, por lo que no puede sostenerse que se siga perjuicio al interés social y se contravengan disposiciones de orden público por la circunstancia de que se conceda la suspensión de oficio y de plano en contra del decreto expropiatorio en cuestión, que tiene o puede tener como consecuencia la privación parcial de los bienes del núcleo de población quejoso. Es aplicable, conforme a las razones que la rigen, la tesis visible en la página 634 de los Volúmenes 217-228, Sexta Parte, del Semanario Judicial de la Federación, instancia Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Séptima Época, que este tribunal comparte y que es del tenor literal siguiente: 'SUSPENSIÓN DE OFICIO. CUANDO SE INVOCA COMO VIOLADO EL DERECHO FUNDAMENTAL ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 22 CONSTITUCIONAL QUE PROHÍBE LA CONFISCACIÓN DE BIENES. ES INCORRECTO OTORGAR DE OFICIO LA MEDIDA CAUTELAR, CUANDO EN AUTOS NO EXISTE PRUEBA ALGUNA, NI SIQUIERA INDICIO, DE QUE SE ESTÉ EN PRESENCIA DEL SUPUESTO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 123, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO. Para que un tribunal se encuentre vinculado por el artículo 123 de la ley de la materia a conceder de oficio la medida cautelar, no basta que el quejoso manifieste reclamar un acto consistente en alguno de los prohibidos por el artículo constitucional en cuestión, sino que es preciso que de la propia demanda de garantías y de las pruebas que a ella se acompañen se desprenda que efectivamente lo que se reclama constituye una de las penas prohibidas. En este orden de ideas, aun cuando el quejoso invoque el artículo 22 de la Constitución, si de la demanda se advierte que no se está en presencia de los actos prohibidos por el Constituyente, entonces el Juez de amparo estará relevado de otorgar de oficio la suspensión a que se refiere el artículo 123 de la ley de la materia, cuya aplicación dependerá en todo caso de las circunstancias y condiciones de cada caso en particular. Entenderlo de otro modo, teniendo por satisfecha la exigencia del legislador con la sola afirmación del solicitante de la medida cautelar, conduciría a desconocer al Juez de amparo como el órgano encargado de aplicar las reglas del juicio de amparo, dejando esta función al simple arbitrio de las partes.'. También es aplicable la jurisprudencia 626, visible en la página 451 del Tomo III, parte Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Apéndice de 1995, instancia Segunda Sala, Séptima Época: 'SUSPENSIÓN DE LAS RESOLUCIONES PRESIDENCIALES DOTATORIAS Y AMPLIATORIAS DE EJIDOS QUE CANCELAN CERTIFICADOS DE INAFECTABILIDAD. SU CONCESIÓN NO LESIONA EL INTERÉS SOCIAL NI EL ORDEN PÚBLICO. Si esta Segunda Sala ha establecido que procede conceder la suspensión cuando el predio afectado constituye una pequeña propiedad amparada con certificado de inafectabilidad, es evidente que cuando además de la resolución dotatoria o ampliatoria se reclama la cancelación del título que reconoce a la pequeña propiedad tal carácter, también debe concederse la medida cautelar solicitada, pues tal título debe continuar vigente con todo su valor y fuerza legal mientras se encuentra sub júdice, ya que no pierde su validez hasta en tanto no se dicte sentencia definitiva en la que se resuelva acerca de su inconstitucionalidad. La razón es obvia, pues si bien es verdad que los preceptos que se refieren a la integración y salvaguarda del ejido son de orden público y de carácter eminentemente constitucional, también lo son los que consagran el respeto a la pequeña propiedad agrícola o ganadera en explotación, a grado tal, que las Comisiones Agrarias Mixtas, los gobernadores de las entidades federativas y las demás autoridades encargadas de los procedimientos agrarios no pueden afectarla en ningún caso, pues, de hacerlo, incurrirían en responsabilidad por violaciones constitucionales. Para la Carta Magna son igualmente respetables y de interés público tanto el ejido como la pequeña propiedad, por lo que no puede sostenerse que se siga perjuicio al interés social ni que se contravengan disposiciones de orden público por la circunstancia de que se conceda la suspensión definitiva en los casos en que se reclamen la afectación de la pequeña propiedad que cuenta con el certificado de referencia, así como la cancelación de éste, ya que no puede admitirse que el orden público y el interés social sufran algún detrimento por la circunstancia de que siga surtiendo sus efectos una resolución presidencial de inafectabilidad que lógicamente debe estimarse expedida con sujeción a los mandatos constitucionales mientras no se decida lo contrario al fallarse el fondo del juicio de garantías y se determine si su cancelación es o no correcta.'. Finalmente, al haber resultado fundados los agravios primero y segundo, y suficientes para revocar el acuerdo recurrido y conceder la suspensión de oficio y decretarla de plano, conforme lo dispone el artículo 233 de la Ley de Amparo, este tribunal considera innecesario el análisis del resto del agravio segundo hecho valer por la parte recurrente, en la que sustancialmente alega que el Juez, en su resolución, introdujo la Ley de Expropiación, que es una legislación ajena a la expropiación de bienes ejidales y comunales, en tanto que hace referencia a que en esa ley existen casos en que la ocupación de bienes tiene el carácter de urgente e inaplazable, y en ese evento debe negarse la medida cautelar, porque de concederla, se afectaría el interés social, y que para atender cuándo se está en esos casos, hay que atender al recurso administrativo previsto en dicha ley, si éste paraliza el acto, entonces no se está en la hipótesis de urgente e inaplazable y la medida es procedente; señalando que el artículo 93 de la Ley Agraria, referente a la expropiación, no prevé la existencia de un recurso administrativo que combata y suspenda el acto, por lo que se presume que la expropiación es urgente e inaplazable y, por ende, no es procedente la suspensión del acto, consideración contraria a derecho, pues la Ley Agraria sí contempla un medio de defensa en contra del decreto expropiatorio que se impugna, que lo es el juicio de nulidad, en donde se podrá acordar la suspensión del acto de autoridad en materia agraria que pudiera afectar a los interesados, en tanto se resuelve en definitiva, siendo optativo agotar ese medio de defensa, en tanto que exige mayores requisitos para el otorgamiento de la suspensión que los establecidos en el libro segundo de la Ley de Amparo; lo anterior es así, porque cualquiera que fuese el resultado del estudio, en nada cambiaría el sentido de esta resolución. Es aplicable la tesis jurisprudencial número VI.1o. J/6, consultable en la página 470 del Tomo III, mayo de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, instancia Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Novena Época, que es del tenor literal siguiente: 'AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO.' (se transcribe). En las relatadas condiciones, procede revocar el acuerdo recurrido de fecha dieciséis de noviembre de dos mil uno, y decretar la suspensión de plano de los actos reclamados conforme lo dispone el artículo 233 de la Ley de Amparo, para el efecto de que se mantengan las cosas en el estado que guarden, tomando el Juez las medidas pertinentes para evitar la consumación de los actos reclamados, hasta en tanto se resuelva el fondo del presente juicio de amparo."

El anterior criterio -se dice en la denuncia-, es compartido por el entonces Primer Tribunal del Tercer Circuito, con residencia en Guadalajara, Jalisco, hoy Primero en Materia Administrativa del mismo circuito, al resolver el incidente en revisión 13/82, cuyas consideraciones fundamentales se transcriben a continuación:

"SEGUNDO. Son infundados los agravios. No es verdad que el auto recurrido encierre la contradicción que apunta la parte recurrente. En efecto, nadie discute que el presente caso sea de aquellos regulados por el libro segundo, título único, capítulo único, de la Ley de Amparo, es decir, de un amparo en materia agraria y que, por tanto, tengan aplicación en él las disposiciones contenidas en los preceptos que integran el libro mencionado; menos aún, el Juez de Distrito afirma lo contrario. Ahora bien, dentro de tales preceptos se encuentra el que establece los casos de procedencia de la suspensión de oficio y de plano -como lo es el artículo 233- y en éste se precisan, con claridad, las hipótesis en que debe concederse en esos términos la medida cautelar. Del examen armónico de los dispositivos que integran dicho libro segundo de la Ley de Amparo y particularmente del últimamente citado, se llega a la conclusión de que no en todos los casos de amparo en materia agraria -en los que sí deben aplicarse las disposiciones tutelares de ese libro- procede la suspensión de oficio y de plano, sino sólo en aquellos amparos en materia agraria en que los actos reclamados tengan o puedan tener por consecuencia la privación total o parcial, temporal o definitiva, de los bienes agrarios del núcleo de población quejoso o su sustracción del régimen jurídico ejidal. Sentado lo anterior, es de concluirse que si, como lo señala el Juez de Distrito en la resolución recurrida, la parte quejosa no cuenta con resolución presidencial dotatoria con la que se hayan incorporado al régimen ejidal los terrenos que dicen tener en posesión -estimación ésta que a más de no controvertirse en los agravios, es objetivamente correcta por no encontrarse en autos elemento alguno que la desvirtúe-, no se está en el caso de afectación o sustracción del régimen jurídico ejidal de bienes agrarios del núcleo de población quejoso y, por tanto, no procede, como acertadamente lo estimó el a quo, la suspensión de oficio y de plano, esto independientemente de que dicha parte quejosa tenga, en realidad, la posesión de los terrenos respectivos, pues, se insiste, el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado en los términos del citado artículo 233 de la Ley de Amparo, sólo procede cuando los actos reclamados pueden tener como consecuencia la afectación de bienes agrarios o su sustracción del régimen ejidal. Finalmente, debe señalarse que ninguna consideración externa hizo el a quo en relación con el interés jurídico del quejoso, pues las razones para negar la suspensión son concretas y claras; de ahí que no tengan operancia en la especie, las tesis jurisprudenciales que invoca la parte recurrente. En conclusión, debe confirmarse el auto en la parte que fue recurrido, que negó de plano a la comunidad agraria quejosa la suspensión de oficio de los actos reclamados."

Por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 1324/91, así como la queja 134/87, resoluciones que en copia fotostática obran en el expediente y que se sustentan en las siguientes consideraciones:

RA. 1324/91.

"CUARTO. Son infundados los agravios expresados. El Juez de Distrito, para otorgar la suspensión de oficio de los actos reclamados, debe apoyarse en los elementos que los quejosos le aporten al momento de promover el juicio de amparo, así como la naturaleza de los actos reclamados; ahora, como en el caso de la demanda de amparo se advierte que el núcleo de población acude a través de la representación sustituta, demandando acto que de ejecutarse tendría como consecuencia privar del disfrute de sus tierras al ejido Tepepan, por medio del decreto expropiatorio publicado en el Diario Oficial de la Federación del trece de agosto de mil novecientos noventa, por lo que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 233 de la Ley de Amparo y, por ello, es correcto que la Juez Federal concediera la suspensión de oficio y así evitar el desposeimiento de los bienes del ejido. Aduce la autoridad recurrente que la Corett tenía la posesión de los bienes ejidales expropiados; sin embargo, tal situación no se desprende de la demanda de amparo, por razones obvias y, por tanto, no pudo tomarlo en consideración la a quo. Resulta contradictorio el argumento que la autoridad responsable hace valer en el agravio marcado con el número dos, pues, por una parte, admite la procedencia de la suspensión de plano en asuntos como el que nos ocupa; sin embargo, concluye sosteniendo que la suspensión debió, en todo caso, haberse otorgado en los términos de la suspensión genérica. Desde luego, en el caso, la suspensión que procede es la de oficio, tal y como quedó asentado en el primer párrafo de esta resolución. En los casos en que de acuerdo con la Ley de Amparo procede la suspensión de oficio -artículos 123 y 233-, el legislador sustituye el libre albedrío del Juez para conceder, por estimar que los intereses jurídicos que han de prevalecer son de capital importancia y si a través del acto reclamado se pretende proteger intereses sociales también importantes, no es en el incidente de suspensión que pueda determinarse esa cuestión, ya que será materia de la sentencia de fondo. Por último, resulta inoperante el agravio expresado en la parte final, en tanto de su texto no se observa que el recurrente formule un razonamiento concreto en relación con el motivo que debe prevalecer, para estimar que en el presente procede la suspensión genérica y no la de oficio, ya que como ha quedado especificado en los párrafos anteriores, con los elementos proporcionados al promover el juicio de amparo, la a quo decretó la suspensión de oficio en tanto que se establecieron los requisitos previstos en el artículo 233 de la Ley de Amparo. Por lo expuesto procede confirmar el auto impugnado. ..."

QA. 134/87.

"... Ahora bien, de lo anteriormente expuesto se advierte que el Juez del conocimiento proveyó sobre la suspensión de oficio a que se refiere el artículo 233 de la Ley de Amparo y sobre la suspensión que contempla el artículo 124 del mismo ordenamiento. Por tanto, siendo la parte medular del recurso de queja, el

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17231-587b2266/suspension-de-oficio-en-materia-agraria-debe-decretarse · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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