ENFERMEDAD PROFESIONAL. LA BRONQUITIS CRÓNICA INDUSTRIAL SE CONSIDERA DERIVADA DE LA RELACIÓN LABORAL CUANDO SE ACREDITA CON LA PRUEBA PERICIAL.
AMPARO DIRECTO 232/2002. MIGUEL SALAZAR MOREDIA.
CONSIDERANDO:
SEXTO. Los conceptos de violación propuestos son parcialmente fundados.
En efecto, el argumento esgrimido por el quejoso en el sentido de que el laudo combatido es ilegal, porque la Junta responsable indebidamente omitió valorar las diversas pruebas documentales que ofreció con las cuales, en su opinión, acreditó que padece diversas enfermedades de carácter general, es fundado pero inoperante, como a continuación se verá.
Cierto, asiste razón al peticionario de garantías, en cuanto afirma que la Junta responsable en el laudo impugnado omitió el análisis y valoración de las pruebas documentales que ofreció, pues así se evidencia del laudo impugnado; empero, no obstante lo fundado de dicho concepto violatorio, el mismo resulta ineficaz para las pretensiones del inconforme, ya que a nada práctico conduciría conceder al quejoso el amparo y la protección de la Justicia Federal para el efecto de que la Junta responsable se pronuncie en tal sentido, si de todas formas su conclusión sería la misma, ya que como más adelante se hará especial mención, la Junta responsable estuvo en lo correcto al absolver a la parte demandada del reconocimiento y pago de las pensiones reclamadas con motivo de las enfermedades no profesionales de la actora, a que se refieren los diagnósticos médicos que obran en el juicio natural.
En efecto, antes que nada es importante dejar precisado que será la Ley del Seguro Social vigente antes de las reformas al primero de julio de mil novecientos noventa y siete, el ordenamiento legal aplicable en el presente asunto, toda vez que tal y como se desprende del sello fechador de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, el quejoso presentó su escrito inicial de demanda el día veinticuatro de septiembre de mil novecientos noventa y seis.
Ahora bien, el artículo 128 de la Ley del Seguro Social establecía:
"Artículo 128. Para los efectos de esta ley existe invalidez cuando el asegurado se halle imposibilitado para procurarse, mediante un trabajo, una remuneración superior al cincuenta por ciento de su remuneración habitual percibida durante el último año de trabajo y que esa imposibilidad derive de una enfermedad o accidente no profesionales."
Del precepto legal transcrito se colige que son dos los supuestos que debe cumplir el asegurado para ser beneficiario de una pensión por invalidez, a saber:
a) Que se encuentre imposibilitado para procurarse mediante un trabajo igual, una remuneración superior al cincuenta por ciento de su remuneración habitual percibida durante el último año de trabajo; y,
b) Que dicha imposibilidad derive de una enfermedad o accidente no profesionales.
Ahora bien, del expediente generador del acto reclamado se advierte que el quejoso ofreció como pruebas de su intención diversas documentales, mismas que como se indicó en su oportunidad, efectivamente dejó de analizar y valorar la Junta responsable, a saber: el expediente clínico a nombre del quejoso; copia fotostática de la orden médica de fecha primero de abril de mil novecientos ochenta y seis; copias fotostáticas de las notas médicas de fechas nueve y doce de abril de mil novecientos ochenta y seis; copias fotostáticas de las interconsultas de fechas veintitrés de abril y trece de junio de mil novecientos ochenta y seis, y catorce de julio de mil novecientos ochenta y ocho; copias al carbón de la resolución de fecha veinte de septiembre de mil novecientos ochenta y ocho; copia al carbón de la solicitud formulada por el actor de fecha veintidós de julio de mil novecientos noventa y seis; copia al carbón del recurso de inconformidad interpuesto con fecha cuatro de septiembre de mil novecientos noventa y seis; copia del aviso de modificación de salario ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (fojas 62 a 75). De igual forma, el peticionario de garantías ofreció como pruebas supervenientes las siguientes: copias simples de los documentos denominados notas médicas de fechas dos de enero y trece de mayo de dos mil uno; copia simple de ingreso a urgencias de fechas doce y trece de mayo del dos mil uno (fojas 459 a 462 del sumario laboral).
Del análisis que para tal efecto hace este Tribunal Colegiado de dichas probanzas, se pone de manifiesto que ninguna de ellas es suficiente para acreditar que el quejoso cumple con los extremos previstos por el artículo 128 de la Ley del Seguro Social, como lo es que se encuentre imposibilitado para procurarse mediante trabajo igual, un ingreso superior al cincuenta por ciento de su remuneración habitual que percibió durante el último año en que laboró, dado que dichas documentales lo único que demuestran es que al peticionario de garantías le fue diagnosticado por la Subdirección General Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social, crisis convulsivas generalizadas tardías, cefalea, vértigo, cervicalgia, nerviosismo, epilepsia; que mediante resolución de veinte de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, la oficina de pensiones del instituto demandado le negó al quejoso la pensión por invalidez solicitada; que mediante escrito de veintidós de octubre de mil novecientos noventa y seis, el quejoso solicitó a la Oficina de Prestaciones en Dinero del Instituto Mexicano del Seguro Social que le practicase una valoración médica; que con fecha cuatro de septiembre de mil novecientos noventa y seis, el quejoso interpuso ante el Consejo Consultivo del Instituto Mexicano del Seguro Social recurso de inconformidad; que mediante oficio número 31.1/11374, de fecha cinco de agosto de mil novecientos noventa y ocho, se le requirió al quejoso por parte del delegado regional del Instituto Mexicano del Seguro Social se presentase a la clínica número treinta y seis, a fin de que suscribiera una solicitud de pensión de invalidez; el aviso de modificación de salarios que hizo la empresa denominada Textiles no Tejidos Nacionales, Sociedad Anónima de Capital Variable, en el Instituto Mexicano del Seguro Social a favor del quejoso; y, por último, el análisis en audiometría que practicó la Dirección de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social al quejoso.
Bajo dichas consideraciones, si la Junta responsable fue omisa en analizar y valorar las pruebas señaladas anteriormente, se reitera que sería ocioso conceder al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que lo hiciera ya que, como se demostró, las mismas son insuficientes para acreditar que el quejoso cumple con lo previsto por lo establecido en el artículo 128 de la Ley del Seguro Social.
Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia número II.3o. J/17, sustentada por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que se comparte, visible en la página 45, tomo 56, agosto de 1992, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyos rubro y texto son del tenor literal siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN FUNDADOS PERO INOPERANTES. Si del análisis que en el juicio de amparo se hace de un concepto de violación se concluye que es fundado, pero si por diversas razones que ven al fondo de la cuestión omitida el mismo resulta ineficaz para resolver el asunto en favor de los intereses del quejoso, el concepto aun cuando es fundado debe declararse inoperante; consecuentemente, por economía procesal procede negar la protección constitucional en lugar de concederse para efectos, es decir, para que la responsable reparando la violación haga el estudio de lo omitido, lo cual a nada práctico conduciría, pues no obstante cumplir con ello, la misma autoridad o bien el Tribunal Colegiado respectivo en un amparo diverso promovido en su oportunidad, tendría que resolver el negocio en contra de los intereses del solicitante de garantías; por lo tanto, es innecesario esperar otra ocasión para resolverlo negativamente."
Por otro lado, no asiste razón al quejoso cuando aduce que la Junta responsable, al momento de laudar, valoró incorrectamente los dictámenes médicos rendidos tanto por su perito como el del tercero en discordia, respecto de las enfermedades de carácter general que le fueron diagnosticadas por dichos expertos consistentes en epilepsia y síndrome doloroso de columna lumbar.
En efecto, del análisis que realiza este Tribunal Colegiado de los exámenes médicos rendidos tanto por el perito del quejoso como del tercero en discordia, se advierte que los mismos son insuficientes para acreditar los supuestos contenidos en el artículo 128 de la Ley del Seguro Social.
En efecto, el perito médico del quejoso, en lo que interesa, le diagnosticó lo siguiente:
"Diagnósticos: 1. Cortipatía bilateral secundaria a trauma acústico crónico y degenerativo incipiente, que le condiciona hipoacusia bilateral combinada de 16.35%. 2. Bronquitis química, de origen industrial. 3. Crisis epilépticas tipo gran mal parcialmente compensadas. 4. Síndrome doloroso de columna lumbar crónico mecanopostural y degenerativo. Consideraciones y conclusiones médico-legales: El C. Miguel Salazar Moredia es portador de los diagnósticos anteriormente referidos, siendo del orden de enfermedad profesional el 1 y 2 por tener relación directa de causa-efecto con su medio ambiente de trabajo y se califican con base en la Ley Federal del Trabajo en vigor con los artículos 473, 475, 476 y 513 en su capítulo que a la letra dice: ‘Neumoconiosis y enfermedades broncopulmonares producidas por aspiración de polvos y humos de origen (sic) animal, vegetal o mineral’ y fracción 156. Le confieren incapacidad permanente parcial en base (sic) a los artículos 477, fracción II, y 479 del mismo ordenamiento legal y se valúan con el artículo 514, fracción 351, correspondiéndole 15% (quince por ciento) se aplica en este el artículo 481 de esta ley laboral (sic); el segundo por similitud con la fracción 370 correspondiéndole 15% (quince por ciento), que en suma hacen un total de 30% (treinta por ciento) de disminución orgánico-funcional total. El tercero y cuarto diagnósticos se consideran del orden de enfermedad general y sin relación directa de causa-efecto con su medio ambiente de trabajo, por tanto, sin lugar a valuación, pero que por sus características, el grado evolutivo que le confiere e imposibilidades que de éstos se derivan, principalmente el que se refiere a crisis convulsivas generalizadas parcialmente compensadas, que limita física y funcionalmente al actor para el desempeño de actividades de tipo remunerativo donde perciba una superior al 50% de la que en forma habitual se percibe en el último año de trabajo, es de considerarse al mismo en los términos de los artículos 128 y 119 actual de la Ley del Seguro Social, para que le sea otorgada una pensión de invalidez." (foja 363 del sumario laboral).
Por su parte, la perito tercero en discordia María Cecilia Cabrera Torres, en su examen médico determinó:
"Diagnósticos: 1. Corticopatia (sic) degenerativa con hipoacusia bilateral irreversible. 2. Bronquitis industrial. 3. Crisis epilépticas de gran mal. 4. Síndrome doloroso de columna lumbar. Consideraciones y conclusiones médico-legales: El C. Miguel Salazar Moredia cursa los diagnósticos ya mencionados, y de acuerdo al orden de enfermedad profesional presenta relación directa causa-efecto con el medio ambiente de trabajo y de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo (sic) en los artículos 474, 475, 476, 513, fracción 156, con incapacidad permanente parcial de acuerdo a los artículos 477, fracción II y artículo 479. Los siguientes diagnósticos presentan orden de enfermedad general orgánico-funcional total." (foja 467 del sumario laboral).
En la audiencia celebrada el día diecisiete de septiembre de dos mil uno, el apoderado de la parte actora le cuestionó a la perito tercero en discordia lo siguiente:
"2. Que diga la perito si en virtud de las enfermedades de carácter general que padece el actor, el mismo puede prestar sus servicios de manera permanente en un trabajo remunerativo según sus antecedentes laborales que le puedan permitir un ingreso mayor al 50% percibido en el último año." (foja 468 del sumario laboral).
A lo que la experta médico contestó:
"A la fecha no es posible por la evolución de las enfermedades como progresivas e irreversibles." (foja 468 del sumario laboral).
De los dictámenes precedentemente transcritos, así como también de la respuesta hecha por la perito tercero en discordia a la pregunta número 2 formulada por el apoderado legal del quejoso, se pone de manifiesto que, si bien es cierto como lo indica el quejoso, ambos expertos coinciden en señalar que las enfermedades que padece, consistentes en crisis epilépticas de gran mal y síndrome doloroso de columna lumbar, lo limitan físicamente para procurarse mediante un trabajo un ingreso superior al cincuenta por ciento de su remuneración habitual percibida durante el último año de trabajo, también lo es que la simple manifestación en ese sentido es insuficiente para demostrar dicha circunstancia.
En efecto, para que los dictámenes médicos rendidos tanto por el perito del actor como del tercero en discordia tuviesen valor probatorio pleno, se hacía indispensable que dichos expertos hubiesen explicado con claridad cuál era el monto del salario que percibió el quejoso el último año en que laboró; de qué forma las enfermedades diagnosticadas al peticionario de garantías influyen para que éste no pueda allegarse del cincuenta por ciento del numerario que venía percibiendo durante el último año en que prestó sus servicios; ello en razón de su incapacidad para seguir desempeñando las labores que venía realizando, o bien, los motivos por los cuales el actor no puede desempeñar otro puesto que le permita obtener la cantidad de referencia; lo anterior, con el objeto de que la Junta responsable estuviera en posibilidad de ejercer su facultad decisoria.
Bajo dichas consideraciones, si en los respectivos exámenes médicos ambos expertos se limitaron a señalar que el quejoso en razón de las enfermedades generales que padece se encuentra físicamente imposibilitado para procurarse mediante trabajo igual, un ingreso superior al cincuenta por ciento de su remuneración habitual percibida durante el último año que laboró, es inconcuso que dichos medios de convicción son insuficientes para acreditar los extremos previstos en el artículo 128 de la Ley del Seguro Social y, por ende, la Junta responsable estuvo en lo correcto en no tener por demostrada dicha circunstancia.
En relación con las ideas expuestas es aplicable, en lo conducente, la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 51/96, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 265, Tomo IV, octubre de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son del tenor literal siguiente: "INVALIDEZ, ESTADO DE. PRUEBAS QUE EL TRABAJADOR PUEDE RENDIR PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 128 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL. Del artículo 128 de la Ley del Seguro Social se desprende que son dos los requisitos que han de satisfacerse para demostrar el estado de invalidez de un asegurado: que el mismo no esté en posibilidad de procurarse una remuneración laboral superior al cincuenta por ciento de la remuneración habitual que hubiere percibido en el último año de trabajo; y que esa imposibilidad derive de una enfermedad o accidente no profesionales. Si bien es exacto que para demostrar la existencia del segundo de los requisitos mencionados, resulta idónea la prueba pericial médica, en cuanto aporta a la Junta los conocimientos técnicos y científicos necesarios para conocer la existencia de un padecimiento o accidente y el origen no profesional del mismo, no ocurre sin embargo igual tratándose del primero de los requisitos mencionados, a saber, la imposibilidad del asegurado de obtener una remuneración en el porcentaje especificado, toda vez que para demostrar este hecho el interesado goza de la facultad de ofrecer todas las pruebas que estime necesarias para acreditar su dicho, siempre que las mismas no sean contrarias a la moral o al derecho, pruebas entre las cuales puede figurar incluso la prueba pericial médica, cuando de la misma se desprenda, por las particularidades del caso o la naturaleza de la enfermedad o accidente, que el asegurado esté impedido para desempeñar alguna actividad con una remuneración como la establecida por el legislador, considerando que para resolver la cuestión propuesta, la Junta está obligada a analizar todas las pruebas que le rindan las partes, tanto en lo individual como en conjunto, a fin de establecer si está o no demostrado el estado de invalidez del asegurado."
Así como también la tesis de jurisprudencia número IV.2o. J/25, sostenida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito y que se comparte, visible en la página 273, Tomo VIII, julio de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "INVALIDEZ, ESTADO DE. LA PERICIAL MÉDICA ES APTA PARA ACREDITARLO, SI DE LAS CIRCUNSTANCIAS PARTICULARES DEL ASEGURADO Y LA NATURALEZA DE LA ENFERMEDAD O ACCIDENTE, SE DESPRENDE SU IMPOSIBILIDAD PARA DESEMPEÑAR ALGUNA ACTIVIDAD CON UNA REMUNERACIÓN SUPERIOR AL 50% DE LA QUE RECIBIÓ DURANTE EL ÚLTIMO AÑO LABORADO. Del texto de la tesis de jurisprudencia sustentada por la actual Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 265, del Tomo IV, correspondiente a octubre de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro: ‘INVALIDEZ, ESTADO DE. PRUEBAS QUE EL TRABAJADOR PUEDE RENDIR PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 128 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL.’, se infiere que una de las pruebas idóneas para acreditar que el asegurado no está en posibilidad de procurarse una remuneración superior al 50% de la percepción que recibió durante el último año laborado, es la pericial médica, siempre y cuando de las particularidades del caso o la naturaleza de la enfermedad o accidente, se acredite el extremo indicado; en ese contexto, se entiende que la autoridad laboral está obligada a justipreciar en su integridad los dictámenes médicos que obran en autos, a fin de que con base en las circunstancias personales del asegurado relativas a su edad, antigüedad laboral, trabajos desempeñados, exigencias mínimas de salud requeridas para el desempeño de la actividad última realizada, su capacidad y limitación para dicha actividad, sus antecedentes médicos, etcétera, confrontándolas con la naturaleza de las enfermedades y padecimientos de origen no profesional que presenta, determine la eficacia o ineficacia de la prueba pericial médica para la configuración del estado de invalidez definitiva requerido por el artículo 128 de la Ley del Seguro Social."
Por lo que, contrario a lo manifestado por el quejoso y en atención al contenido de las jurisprudencias anteriormente transcritas, se pone de manifiesto que éste sí tenía la obligación de demostrar que se encuentra imposibilitado para procurarse un trabajo cuya remuneración sea mayor del cincuenta por ciento de la que percibió en el último año.
Sin embargo, asiste razón al quejoso cuando alega que la Junta responsable, al momento de laudar, valoró ilegalmente los peritajes rendidos tanto por su perito como el del tercero en discordia por cuanto hace a las enfermedades profesionales que le fueron diagnosticadas por dichos expertos.
En efecto, la Junta responsable al momento de laudar, en lo que interesa, determinó:
"A juicio de este tribunal obrero resultan infundados y no idóneos los dictámenes periciales emitidos, tanto por la parte actora como por el emitido por el perito tercero en discordia, para determinar la relación de causa-efecto entre los padecimientos mencionados y el trabajo o medio ambiente laboral al que estuvo expuesto el trabajador, supuesto que el dictamen del perito del actor, el cual carece de idoneidad para acreditar la relación causa-efecto entre los padecimientos de hipoacusia bilateral por trauma acústico y bronquitis química industrial que argumenta el perito del actor ... pues de los autos no se desprende que haya practicado estudio alguno del medio ambiente el tercero en discordia, lo que resultaba necesario para acreditar tal extremo, pues en la especie no opera la presunción a que se refiere el artículo 476 de la ley laboral, a favor del trabajador, además de que el dictamen del perito tercero en discordia carece de confiabilidad y credibilidad para probar la relación de causa-efecto aludida, pues no constan en los autos los estudios complementarios que el perito refiere haber practicado, y pretende acreditar la relación causal entre las afecciones mencionadas y el trabajo o el medio ambiente laboral al que estuvo expuesto el trabajador de manera dogmática, basado principalmente en los relatos del propio actor, relativos a que estuvo expuesto a las condiciones que refiere en su escrito de demanda laboral, sin que se hubiere determinado de manera específica en qué consistía dicha relación causal y los medios de que se valió el perito para su determinación, esto es, a través de estudios del medio ambiente practicados para corroborar las afirmaciones del trabajador, los cuales eran indispensables ... En este sentido, los peritos médicos, tanto el propuesto por el actor como el perito médico tercero en discordia, debieron requerir del auxilio de un técnico o profesionista que mida el nivel del ruido ambiental, el origen del agente patológico (animal, vegetal y mineral) y la cantidad de gases, polvos, humos, vapores, líquidos, etcétera, o su composición química, propiedades físicas y otros múltiples factores, así como durante cuánto tiempo de cada jornada está expuesto el trabajador a tales condiciones ambientales que pudieran haber afectado su salud; de todo lo cual se abstuvieron los peritos médicos, con excepción del ofertado por la demandada, para estudiar si coincidían o no con la evolución de la cortipatía y bronquitis química industrial que argumenta el perito del actor ... En fin, la pericial médica es idónea para determinar el padecimiento y el grado de incapacidad que sufra el trabajador; empero, en el presente caso, por sí sola, es insuficiente para ese efecto, pues los dictámenes tanto del propuesto por el actor como del peritaje tercero en discordia, no se encuentran fincados en una visita que se haga al lugar o centro de trabajo, para constatar cuáles son las condiciones ambientales del lugar donde labora o laboró el actor, ni menos aun auxiliados por un técnico o científico que lo realice, no desprendiéndose de los propios autos constancias de las que se desprendan los datos en cuestión que lleguen a beneficiar al reclamante, pues obra en contra de los intereses que persigue el resultado de la prueba pericial médica propuesta por la institución social demandada, la cual sí se encuentra robustecida con la visita al centro del trabajo y soportada por los estudios técnicos y científicos que se relacionan líneas arriba. No pasa en desatención para este tribunal resolutor la jurisprudencia número 1.5o.T. J/30 del Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en la página 830, Tomo XI, mayo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y contenido son del tenor literal siguiente: ‘ENFERMEDAD PROFESIONAL. LA BRONQUITIS CRÓNICA INDUSTRIAL SE CONSIDERA DERIVADA DE LA LABOR CUANDO CON LA PRUEBA PERICIAL SE ACREDITE, AUNQUE EL CÓDIGO OBRERO NO LA ESTABLEZCA, PUES SE LE PUEDE APLICAR POR ANALOGÍA EL ARTÍCULO 513, FRACCIONES DE LA 1 A LA 30, DEL MENCIONADO ORDENAMIENTO. ...’; para desestimar la opinión de los galenos tanto del actor como del perito tercero en discordia, en cuanto a la aplicación por analogía, de considerar a la bronquitis química industrial que precisa el perito del actor padece éste como un padecimiento profesional, ya que, en primer término, a dichos expertos no les consta ni el desempeño ni los distintos cargos en los que estuvo expuesto la parte actora, pues únicamente se basan en lo dicho por el disconforme (a pesar de que la parte demandada se haya opuesto a los cargos o categorías por aquél desempeñados), ni menos aún precisan los diversos factores ambientales por cada padecimiento que argumentaron por la parte actora la sintomatología presentada por su auscultado relacionada con cada una de las actividades desempeñadas en su vida laboral, siendo exacto que el inconforme precisó en su demanda la industria o actividad a la que se dedicó la empresa donde prestó sus servicios, su categoría y actividades laborales, sin embargo, no identificó con exactitud el periodo temporal de vigencia de su relación laboral con cada una de las empresas que mencionó en su libelo inicial, como tampoco estableció cada una de las actividades específicas; los expertos no establecieron el medio ambiente de trabajo y las consideraciones lógico-jurídicas que pudieran influir en la salud del actor, máxime que la demandada refutó lo aseverado por el accionante, teniendo únicamente los galenos peritos una entrevista dirigida por su auscultado, razón por la cual, no es posible constatar por sí mismo, cuales fueron las verdades (sic) condiciones ambientales del lugar donde laboró el reclamante y que pudieron influir en su salud." (fojas 495, 499 y 500 del sumario laboral).
De lo anteriormente transcrito se pone de manifiesto que la Junta responsable, al momento de laudar, determinó restar eficacia probatoria a los peritajes rendidos por el actor y tercero en discordia, al considerar que en ninguno de ellos se determinó la relación de causa-efecto entre los padecimientos que sufre el quejoso, consistentes en hipoacusia bilateral por trauma acústico y bronquitis química industrial, y el medio ambiente donde prestó sus servicios el actor, al no haberse practicado estudio alguno del medio ambiente donde laboraba.
Ahora bien, contrario a lo determinado por la Junta responsable, no existe obligación por parte de los peritos del actor y del tercero en discordia de determinar la relación causa-efecto que refiere, esto es, que el ambiente laboral le haya causado al quejoso las enfermedades que le fueron diagnosticadas, cuenta habida que los peritos, teniendo conocimiento sobre determinada ciencia respecto de la cual versará su dictamen, se encuentran en aptitud de establecer en qué estado de incapacidad orgánico-funcional se encuentra el trabajador, bastando para tal efecto los antecedentes laborales y patológicos que le fueron aportados, así como la exploración física y datos biométricos.
Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia número I.1o.T. J/13, sostenida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y que se comparte, visible en la página 193, Tomo III, enero de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son del tenor literal siguiente: "PRUEBA PERICIAL PARA CALIFICAR EL ESTADO DE INCAPACIDAD ORGÁNICO-FUNCIONAL DEL TRABAJADOR, EL PERITO PUEDE HACERLO SIN CONSTITUIRSE EN EL CENTRO DE TRABAJO. Los peritos de las partes no tienen por qué constituirse en el centro de trabajo del actor para opinar si el ambiente laboral le causó alguna enfermedad, toda vez que teniendo conocimiento en la ciencia, técnica o arte, sobre el cual debe versar su dictamen, se encuentran en aptitud de establecer en qué estado de incapacidad orgánico-funcional se encuentra el trabajador, atendiendo a los antecedentes laborales y patológicos que le fueron aportados, así como a la exploración física y datos biométricos."
Así las cosas, la Junta responsable debió valorar los dictámenes periciales del actor y del tercero en discordia, en términos de lo establecido por el artículo 841 de la Ley Federal del Trabajo, precepto legal que la obliga a dictar los laudos a verdad sabida, buena fe guardada y apreciando los hechos en conciencia, sin necesidad de sujetarse a reglas o formulismos sobre estimación de pruebas.
Lo anterior se trae a colación, merced a que el perito del quejoso, al rendir su dictamen médico, le diagnosticó lo siguiente:
"Diagnósticos: 1. Cortipatía bilateral secundaria a trauma acústico crónico y degenerativo incipiente, que le condiciona hipoacucia bilateral combinada de 16.35%. 2. Bronquitis química, de origen industrial. 3. Crisis epiléptica tipo gran mal parcialmente compensadas. 4. Síndrome doloroso de columna lumbar crónico mecanopostural y degenerativo. Consideraciones y conclusiones médico-legales: El C. Miguel Salazar Moredia, es portador de los diagnósticos anteriormente referidos, siendo del orden de enfermedad profesional el 1 y 2 por tener relación directa de causa-efecto con su medio ambiente de trabajo y se califican con base en la Ley Federal del Trabajo en vigor con los artículos 473, 475, 476 y 513, en su capítulo que a la letra dice: ‘Neumoconiosis y enfermedades broncopulmonares producidas por aspiración de polvos y humos de origen (sic) animal, vegetal o mineral’ y fracción 156. Le confieren incapacidad permanente parcial con base (sic) en los artículos 477, fracción II y 479 del mismo ordenamiento legal y se valúan con el artículo 514, fracción 351, correspondiéndole 15% (quince por ciento), se aplica en éste el artículo 481 de la ley laboral (sic); el segundo por similitud con la fracción 370 correspondiéndole 15% (quince por ciento), que en suma hacen un total de 30% (treinta por ciento) de disminución orgánico-funcional total. El tercero y cuarto diagnósticos se consideran del orden de enfermedad general y sin relación directa de causa-efecto con su medio ambiente de trabajo, por tanto, sin lugar a valuación, pero que por sus características, el grado evolutivo que le confiere e imposibilidades que de éstos se derivan, principalmente el que se refiere a crisis convulsivas generalizadas parcialmente compensadas, que limita fí
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17258-0c96b19d/enfermedad-profesional-la-bronquitis-cronica-industrial-se-considera · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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