INDEMNIZACIÓN GLOBAL EN SUSTITUCIÓN DE UNA INCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE DE HASTA EL 25% DERIVADA DE UN RIESGO DE TRABAJO. EL SEGURO SOCIAL DEBE CUBRIRLA CON LOS INCREMENTOS AL SALARIO BASE OCURRIDOS ENTRE LA FECHA DE EMISIÓN DEL LAUDO Y LA DEL PAGO.
AMPARO DIRECTO 2103/2006. NÉSTOR MIGUEL SALAZAR.
CONSIDERANDO:
SÉPTIMO. Los conceptos de violación son inatendibles por una parte e infundados por otra.
Hace valer el quejoso que se violan sus garantías al no otorgar la responsable valor a la pericial médica ofrecida de su parte, sin expresar las razones, motivos o fundamentos en que se basa para negarle eficacia probatoria.
Así también, dice, deja de apreciar que el perito le practicó al quejoso diversos estudios médicos, que citó de manera exacta los padecimientos, la causa de la enfermedad, las alteraciones que produce en el organismo, así como la relación de causa-efecto entre el medio ambiente de trabajo y los padecimientos diagnosticados.
Resultan inatendibles los argumentos anteriores.
En efecto, si bien la responsable negó valor probatorio al dictamen emitido por el perito de la parte actora, sí dio valor probatorio al dictamen pericial del perito tercero en discordia, quien diagnosticó las mismas enfermedades que el perito del actor; sin embargo, la causa principal por la que absolvió al demandado del reconocimiento de las enfermedades consistentes en cortipatía y fibrosis neumoconiótica, no fue porque éstas no se hayan acreditado pues, se reitera, la Junta dio valor probatorio a la pericial del tercero en discordia, sino que la causa de la absolución fue porque consideró que el actor no ofreció prueba alguna en relación con los puestos que mencionó en su demanda, ni el medio ambiente nocivo en que haya estado expuesto a ruidos y a la inhalación de humos o gases, de ahí que la valoración de las periciales no haya influido en la absolución y que lo alegado al respecto sea inatendible.
Ahora bien, la absolución decretada en cuanto a la enfermedad denominada cortipatía y fibrosis neumoconiótica, resulta correcta.
En efecto, para demostrar la afirmación que antecede es menester establecer el contenido de los artículos 473, 474 y 475 de la Ley Federal del Trabajo, que es el siguiente:
"Artículo 473. Riesgos de trabajo son los accidentes y enfermedades a que están expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo."
"Artículo 474. Accidente de trabajo es toda lesión orgánica o perturbación funcional, inmediata o posterior, o la muerte, producida repentinamente en ejercicio, o con motivo del trabajo, cualesquiera que sean el lugar y el tiempo en que se preste.
"Quedan incluidos en la definición anterior los accidentes que se produzcan al trasladarse el trabajador directamente de su domicilio al lugar del trabajo y de éste a aquél."
"Artículo 475. Enfermedad de trabajo es todo estado patológico derivado de la acción continuada de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o en el medio en que el trabajador se vea obligado a prestar sus servicios."
Del contenido de los preceptos transcritos se desprende que los riesgos de trabajo son accidentes y enfermedades a que están expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo; entonces, dichos riesgos de trabajo los podemos clasificar en dos grupos:
a. Accidentes de trabajo, que son las lesiones orgánicas o perturbaciones funcionales inmediatas o posteriores, e incluso la muerte, con motivo de los siniestros originados en el trabajo, o en el trayecto del domicilio al centro laboral; y,
b. Enfermedades de trabajo, que es todo estado patológico derivado de la acción continuada de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o el medio ambiente en el que el trabajador se ve obligado a prestar sus servicios.
En este sentido, para que una enfermedad pueda ser considerada del orden profesional o de trabajo, como regla general, tienen que comprobarse los requisitos siguientes:
a. Los hechos en los que se precisen las actividades que desempeña el trabajador, o bien, el medio ambiente en el cual se vio obligado a prestar ese servicio;
b. La existencia de un estado patológico, especificando las manifestaciones de la lesión, su gravedad, la posibilidad de complicaciones y la consecuente incapacidad para el trabajo; y,
c. La existencia de una relación causal entre el padecimiento y las actividades desarrolladas.
Es decir, tales requisitos resultan ser los elementos de la pretensión en la que se reclame el reconocimiento y pago de una pensión por incapacidad parcial permanente.
En efecto, para que un trabajador tenga derecho al pago de la indemnización correspondiente por haber sufrido una incapacidad parcial permanente a causa de una enfermedad de trabajo, ésta debió tener su origen en el trabajo mismo (causa directa), o en las circunstancias y condiciones que rodearan su ambiente de labores (causa indirecta), las cuales debieron ser reiteradas o continuas; de tal manera que esas condiciones hayan producido en el operario un estado patológico que haya disminuido sus facultades o aptitudes para trabajar.
Es por ello que resulta requisito indispensable que en la demanda respectiva se describa el puesto, las actividades desarrolladas o el ambiente de trabajo determinante (primer requisito), las cuales habrá de demostrar el actor, ya sea por medio de su contrato individual o colectivo, afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social, testimoniales, periciales, etcétera, pues de no existir tal hecho probado no podría desprenderse, en ningún caso, la presunción legal, en la medida en que no se tendría el hecho conocido (actividad o medio) para establecer el hecho desconocido (causa de la enfermedad); ya que no es la existencia de la enfermedad lo que hace presumir su profesionalidad, sino la actividad específica desarrollada o el medio ambiente lo que determina la presunción legal, en la medida en que es alguno de éstos o los dos los que resultan ser el hecho conocido del que puede llegarse al conocimiento del hecho desconocido, en este caso, el vínculo causal. De ahí que exista la necesidad de subordinar las enfermedades propiamente dichas a la acción de los trabajos perfectamente identificados y capaces de provocarlas.
En cuanto al segundo de los requisitos señalados, esto es, la existencia de un estado patológico, su comprobación es indispensable y obvia, ya que de no existir la enfermedad o afección, por ende, no existirá el riesgo de trabajo; ahora bien, para su comprobación la pericial médica es la prueba idónea.
Sin embargo, existe la excepción a que se refiere el numeral 476 de la Ley Federal del Trabajo, que a la letra señala:
"Artículo 476. Serán consideradas en todo caso enfermedades de trabajo las consignadas en la tabla del artículo 513."
Es decir, conforme al precepto que antecede existe la presunción legal de ser consideradas como enfermedades profesionales las previstas en el artículo 513 de la Ley Federal del Trabajo.
En cuanto al tercero de los requisitos puntualizados, o sea, la existencia de una relación causal entre el padecimiento y las actividades desarrolladas, ésta debe surgir de un análisis por parte de la Junta de los dos primeros requisitos antes señalados, es decir, deben considerarse los hechos de la demanda y su contestación (relacionados con el puesto, las actividades del trabajador y el medio ambiente laboral), las pruebas que se hayan aportado para acreditar los mismos (testimoniales, informes del Instituto Mexicano del Seguro Social, periciales, etcétera) y la pericial médica correspondiente que se haya ofrecido para acreditar el estado patológico.
Por tanto, si el trabajador demanda el reconocimiento de que padece una enfermedad profesional y, en consecuencia, el otorgamiento de la pensión correspondiente, deberá atenderse, particularmente, a los hechos que el actor estima fundatorios de su acción y corresponderá a la autoridad la determinación de si los mismos han sido probados, pues en éstos precisamente descansa un punto medular de toda controversia de la índole de que se trata: La relación directa o indirecta con el origen de la enfermedad, es decir, la existencia de actividades específicas desarrolladas por el trabajador, la industria en que ha prestado sus servicios o la zona que resulte dañina, pues corresponde a las Juntas de Conciliación y Arbitraje establecer la norma legal aplicable a cada caso en particular, y determinar y decidir cuál es el derecho que le corresponde a los hechos demostrados, y dentro de lo que cabe, dado el caso, como labor del órgano jurisdiccional, subsumir las enfermedades diagnosticadas y las actividades manifestadas y probadas, a las hipótesis legales contenidas en el artículo 513 de la Ley Federal del Trabajo.
En el caso concreto y en relación con las enfermedades de cortipatía y fibrosis neumoconiótica que se analizan, el actor dijo en el hecho 2 de su demanda haber trabajado para las empresas Vitro Fibras, Sociedad Anónima de Capital Variable, y Aceites Polimerizados, como operador de máquinas formadoras de tubos y vigilante, respectivamente, actividades en las cuales manifestó que estaba expuesto a ruidos de gran intensidad que impedían la comunicación oral normal, así como a la aspiración de polvos, humos y gases.
El instituto demandado negó tales circunstancias, ya que al respecto dijo:
"... 2. Es falso y se niega que la parte actora haya laborado en las empresas que señala en los puestos que indica, así como que haya estado expuesto a las condiciones de trabajo que describe y por el periodo de tiempo que indica, en virtud de que el accionante no acredita tal situación con prueba documental alguna y para el supuesto sin conceder de que efectivamente éste haya laborado en dichas empresas, esto no presupone que la actora haya adquirido los padecimientos a que se refiere en su demanda a consecuencia de las labores desempeñadas en dichas empresas, ya que, en todo caso, el actor deberá acreditar la relación de causa y efecto, trabajo-daño entre las labores que desempeñó y el medio ambiente laboral en el que estuvo laborando, ya que dichas afirmaciones son simples manifestaciones unilaterales carentes de valor probatorio alguno de las cuales mi representada en ningún momento ha tenido conocimiento por conducto de sus peritos médicos, por lo cual deberán ser desechadas de plano dichas manifestaciones. ..."
Dada la forma en que se planteó la litis respecto de ese hecho controvertido, correspondía al trabajador acreditar que efectivamente estuvo expuesto a los factores nocivos de ruido y aspiración manifestados, para que la Junta estuviera en posibilidad de saber, partiendo de ese hecho conocido, si tal ambiente fue el causante de las enfermedades de cortipatía y fibrosis neumoconiótica diagnosticadas por el perito en medicina tercero en discordia; sin embargo, el actor ahora quejoso no ofreció prueba alguna con la cual acreditara tales extremos, pues ni la pericial médica, la instrumental de actuaciones, y la presuncional legal y humana, ni la copia del aviso de modificación de salario, ofrecidas de su parte, apuntan o están dirigidas a acreditar el medio ambiente ruidoso o en el que haya estado expuesto a la inhalación de vapores, gases o humos, en el que dice haber desarrollado sus actividades; por lo cual la Junta atinadamente absolvió a la demandada de la pensión por incapacidad parcial permanente causada por cortipatía y fibrosis neumoconiótica, al no estar probados los hechos constitutivos de la pretensión intentada.
Es por ello que la absolución al Instituto Mexicano del Seguro Social resulta correcta, pues como ya quedó establecido con antelación, de no existir el hecho probado no podrá desprenderse en ningún caso la presunción legal, es decir, debió acreditarse fehacientemente el medio ambiente a efecto de presumir que el padecimiento diagnosticado es consecuencia de dicho medio.
Por lo que, en el presente asunto, si bien el actor en su escrito de demanda narró los diversos puestos en los que se desempeñó durante su vida laboral y las empresas en que trabajó, así como el medio ambiente en que dice haber desarrollado sus actividades, también es verdad que no aportó elemento de prueba para acreditar el medio ambiente ruidoso y expuesto a la inhalación de gases nocivos que dijo fue el causante de las enfermedades denominadas cortipatía y fibrosis neumoconiótica.
Al respecto, tiene aplicación la tesis número 2a./J. 12/2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, febrero de 2004, página 202, cuyos rubro y texto son:
"ENFERMEDAD PROFESIONAL. LA DECLARACIÓN DE SU EXISTENCIA POR LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, DEBE SUSTENTARSE EN UN PROCESO LÓGICO JURÍDICO DE VALORACIÓN. De conformidad con el artículo 842 de la Ley Federal del Trabajo, las Juntas de Conciliación y Arbitraje, deberán considerar los hechos alegados y probados por las partes en la demanda y su contestación, por lo que debe haber una relación de concordancia entre lo solicitado por éstas y lo resuelto por el juzgador. En ese tenor, el laudo que pronuncie la Junta estableciendo o no la existencia de una enfermedad profesional, debe sustentarse en un proceso lógico jurídico de valoración, teniendo como apoyo el resultado de la prueba pericial, en relación con los hechos constitutivos de las acciones intentadas, así como los de las defensas y excepciones opuestas."
También resulta aplicable la jurisprudencia identificada con el número 2a./J. 13/2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, febrero de 2004, página 204, cuyos rubro y texto son los siguientes:
"ENFERMEDAD PROFESIONAL. PARA DETERMINAR SU EXISTENCIA DEBE ATENDERSE AL TRABAJO DESEMPEÑADO O AL MEDIO AMBIENTE EN QUE ÉSTE SE PRESTE, MÁS QUE A SU NOMBRE. Tanto la ley como la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, coinciden en estimar que de acuerdo con la ciencia médica, ciertas enfermedades afectan, por lo general, a las personas dedicadas a determinada actividad laboral. Ahora bien, siempre que un trabajador presente un padecimiento que se encuentre comprendido en una determinada fracción de la tabla contenida en el artículo 513 de la Ley Federal del Trabajo, y su actividad específica o tipo de industria o zona donde labora estén contemplados en ella, tiene a su favor la presunción legal de que es del orden profesional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 476 de la referida ley, de manera que no basta para calificar el origen profesional de una enfermedad, la presencia de alguna de las afecciones mencionadas en el citado precepto legal, sino que es indispensable que la afección se encuentre relacionada con la actividad, la industria o zona referidas en el mismo apartado, por lo que estos elementos deben considerarse como la base fundamental para que las autoridades del trabajo puedan establecer la existencia de un padecimiento del orden profesional y atender a ellos, más que al nombre que corresponda a la enfermedad de que se trate. Por tanto, con independencia de la denominación que el perito médico determine para el padecimiento del trabajador, deberá tomarse en cuenta si se trata de una afección de las consideradas en el referido artículo 513 y la relación que ésta guarde con el trabajo desempeñado o el medio ambiente en que éste se preste, máxime que la primera parte de cada una de las fracciones de dicho precepto permite que el padecimiento se establezca mediante una fórmula descriptiva y no con una denominación técnica."
Asimismo, debe citarse el diverso criterio jurisprudencial por contradicción de tesis identificado con el número 2a./J. 14/2004, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, febrero de 2004, página 202, que dice:
"ENFERMEDAD PROFESIONAL. LA DETERMINACIÓN DE SU EXISTENCIA POR LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, DEBE HACERSE CON BASE EN LOS HECHOS DEMOSTRADOS Y EL RESULTADO DE LA PRUEBA PERICIAL MÉDICA RENDIDA EN JUICIO. Para establecer el origen profesional de una enfermedad, son requisitos indispensables, los siguientes: 1. Que se encuentre demostrado el hecho constitutivo de la demanda en lo que se refiere a las actividades desarrolladas o al ambiente en que éstas se lleven a cabo, pues de no existir tal hecho probado, no podrá desprenderse la presunción legal, ya que no se tendría el hecho conocido para establecer el hecho desconocido. Es decir, en la medida en que se conoce la actividad o el medio ambiente puede llegarse al vínculo causal, como lo exige el artículo 513 de la Ley Federal del Trabajo. 2. Que se considere el contenido del dictamen pericial, del que deberá desprenderse no sólo la conclusión alcanzada por el médico responsable sino también, razonablemente, cuáles fueron las circunstancias para llegar a ella. Ahora bien, para apreciar la confiabilidad y credibilidad, de tales circunstancias, deben tomarse en consideración los siguientes elementos: a) el ambiente laboral, individualizando los elementos perniciosos para la salud, es decir, considerar un análisis de las condiciones de trabajo o, en su caso, el medio ambiente en que el trabajo se ha efectuado como determinante de la enfermedad; b) el diagnóstico de la enfermedad padecida, especificando las manifestaciones de la lesión, su gravedad, la posibilidad de complicaciones y la consecuente incapacidad para el trabajo; y c) las condiciones personales del trabajador como edad, sexo, constitución anatómica, predisposición, otras enfermedades padecidas, etcétera; asimismo, que se tenga presente la necesidad de un determinado tiempo de exposición, como condición fundamental e inexcusable que puede ser variable para cada trabajador, pues lo decisivo en el diagnóstico de una enfermedad profesional es la ‘etiología’, que significa determinar la causa de la enfermedad. En congruencia con lo antes expuesto, se concluye que las autoridades del trabajo para determinar la existencia de una enfermedad profesional que derive de la aplicabilidad de alguna de las fracciones de la tabla contenida en el artículo 513 de la Ley Federal del Trabajo, deben tomar en consideración los hechos constitutivos de la acción intentada y la relación que éstos guardan con el resultado de la prueba pericial médica rendida en juicio, por lo que una vez determinado su valor probatorio y dadas las razones de tal valoración podrá establecerse la procedencia o improcedencia de la acción intentada."
En el segundo concepto de violación el quejoso aduce que la autoridad responsable pretende que el actor trabaje forzosamente en un oficio o actividad de las señaladas en la tabla del artículo 513 de la Ley Federal del Trabajo, dejando con ello de apreciar los hechos en conciencia, tal como lo dispone el artículo 841 de la misma ley.
Es infundado lo anterior.
Así es, como se explicó antes, uno de los elementos constitutivos de la pretensión que se intenta en el juicio laboral, es la descripción del puesto, actividades o medio ambiente en el que el trabajador haya laborado, acreditadas obviamente a través de las pruebas conducentes, para que la Junta esté en posibilidades de deducir si tal puesto, actividades o medio ambiente fueron los causantes de las enfermedades que presente el operario.
También se explicó que las enfermedades previstas en el artículo 513 en mención, se presumirán como profesionales cuando se hayan desarrollado las actividades u oficios también descritos en tal numeral.
Así, cuando el trabajador mencione en su demanda un oficio o actividad no prevista por la norma en comento, será necesario que acredite, además del puesto desarrollado, las actividades que desempeñaba o el medio ambiente de trabajo para saber si unas u otro fueron los causantes de las enfermedades, a fin de poder considerarlas como profesionales; por el contrario, cuando el trabajador dice que desarrolló un oficio o actividad, y éste se encuentra previsto en el artículo 513 de la Ley Federal del Trabajo, sólo requerirá que se acredite que efectivamente desarrollaba tal puesto, ante la presunción establecida por la ley de considerar como profesionales las enfermedades relacionadas con los puestos, oficios y actividades previstas.
Por lo cual resulta infundado lo que sostiene el quejoso en el sentido de que la responsable consideró forzoso que el trabajador haya desarrollado una de las actividades u oficio descritos en la norma multicitada, pues lo que sucede es que en virtud de que los mencionados por el actor no se encuentran previstos como causantes de enfermedades que se presumen profesionales, era necesario acreditar tanto los oficios señalados como las actividades o el medio ambiente en que haya desarrollado su labor, para poder deducir, en los términos antes descritos, si tal actividad u oficio es causante de la enfermedad que presenta, y al no haberlo hecho así resulta correcto que la autoridad haya absuelto, pues no existe la base de la cual partir para considerar que su trabajo le provocó los padecimientos diagnosticados.
Por último, hace valer el impetrante de garantías que si la responsable no tuvo elementos para resolver la litis planteada debió hacer uso de la facultad conferida en el artículo 782 de la Ley Federal del Trabajo, para practicar las diligencias que mejor juzgara convenientes para el esclarecimiento de la verdad.
Es infundada la anterior afirmación.
En efecto, el artículo 782 de la Ley Federal del Trabajo, que prevé las facultades de la Junta para llevar a cabo las diligencias necesarias para llegar a la verdad, se encuentra incluido en la sección primera del capítulo XII, título catorce, que se refiere a las reglas generales de las pruebas.
Entre las disposiciones del capítulo que acompañan al artículo en cita, se encuentran los artículos: 777 que, en resumen, dispone que las pruebas deben referirse a los hechos controvertidos; el 778, que impone a las partes la obligación de ofrecer las pruebas en la audiencia correspondiente; el 779, que establece que la Junta desechará aquellas pruebas que no tengan relación con la litis; y el 784, que exime de la carga de la prueba a favor del actor en determinados casos.
Entendiendo entonces el artículo 782 en el contexto en que se encuentra, debe decirse que la potestad que confiere el artículo en cita a las autoridades laborales para recabar las pruebas que consideren pertinentes a efecto de esclarecer la verdad, necesariamente tiene que ir de acuerdo y estar en estrecha relación con las pruebas que se hayan aportado al juicio.
Lo anterior es así, pues la propia ley en el mismo capítulo establece la obligación de las partes de aportar las pruebas pertinentes para acreditar su posición, tanto para el patrón como para el trabajador, pues el hecho de que exima a este último de la acreditación de ciertas pruebas, lo obliga implícitamente a la exhibición de aquellas no contempladas en el artículo 784 o de las que el patrón no tenga obligación de conservar.
De tal modo que si la Junta advierte que puede allegarse de otros medios a través de los cuales pueda llegar a la verdad y que no hayan sido exhibidos en juicio, deberá requerir a las partes para que los presenten, o bien, llevar a cabo las diligencias para lograr su conocimiento, esto, se reitera, siempre que las diligencias que pretenda llevar a cabo tengan relación con las pruebas aportadas por las partes, pues de otra manera la Junta se convertiría en una autoridad indagatoria, característica que se contrapone con su función jurisdiccional; es por ello que si como se vio, el actor no aportó prueba alguna para acreditar su puesto, actividades o medio ambiente en relación con las enfermedades denominadas cortipatía y fibrosis neumoconiótica, la Junta no estaba obligada a recabarlas de oficio.
Por otra parte, toda vez que la impetrante no expresa concepto de violación alguno contra la absolución del pago de incrementos y de la pensión por vejez, este tribunal procede de oficio a su estudio con fundamento en el artículo 76 Bis, fracción IV, de la Ley de Amparo.
Por lo que respecta a la absolución de la pensión por vejez, ésta resulta correcta, ya que entre los requisitos para obtenerla se encuentra el previsto en el artículo 141 de la Ley del Seguro Social aplicable, que establece la falta de trabajo a fin de poder otorgarse, requisito que se contrapone al hecho probado a través de la hoja de certificación de derechos exhibida por el Instituto Mexicano del Seguro Social que obra a foja 29 del expediente laboral, de la que se puede advertir, en el apartado de observaciones, la leyenda "vigente", lo cual quiere decir que el actor sigue laborando y disfrutando de sus servicios de seguridad social.
Ahora bien, en cuanto a la absolución del pago de incrementos, ésta resulta incorrecta, pues si bien es cierto que se condenó al Instituto Mexicano del Seguro Social al pago de una indemnización global, misma que habrá de pagarse en una sola exhibición, no menos lo es que desde el momento en que se determine la incapacidad (al dictarse el laudo) hasta el momento en que se pague la indemnización, bien podría transcurrir un lapso considerable, ya sea por causas imputables al Instituto Mexicano del Seguro Social o por otras diversas, pero todas ajenas al actor, por lo que tal dilación no puede pararle perjuicio al trabajador, quien espera que le sea pagada la indemnización correspondiente a la mayor brevedad posible; de ahí que se considere que deben tomarse en cuenta los incrementos desde el dictado del laudo y hasta que se cumpla el mismo. Además, tal medida puede favorecer al pronto cumplimiento de las resoluciones dictadas por la autoridad laboral, tal como lo prevé el artículo 17 constitucional.
En esa tesitura, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, para que la Junta Especial Número Ocho Bis de la Federal de Conciliación y Arbitraje:
1. Deje insubsistente el laudo de uno de junio de dos mil cinco, dictado en el juicio 1727/2003, y en uno nuevo que emita:
2. Reitere todas las condenas y absoluciones con base en lo resuelto tanto en la presente ejecutoria como en la del amparo directo DT. 2123/2006, relacionado con el presente; y,
3. Condene al Instituto Mexicano del Seguro Social al pago de los incrementos que ocurran entre la fecha del nuevo laudo y aquella en que se pague la indemnización.
La reiteración señalada en el inciso 2 obedece al principio de unidad que debe guardar todo laudo para evitar así la coexistencia de dos resoluciones de carácter jurisdiccional respecto de un mismo litigio, en virtud de que el laudo, como acto jurídico de decisión con que culmina el procedimiento jurisdiccional, no debe emitirse en varios actos, sino en uno solo, que dé unidad a la decisión.
Tiene aplicación la tesis 2a./J. 60/2005, surgida de la contradicción de tesis 33/2005-SS, resuelta por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, mayo de 2005, página 482, que dice:
"LAUDO DICTADO EN CUMPLIMIENTO A UNA EJECUTORIA DE AMPARO. CONFORME A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD, ÉSTE DEBE COMPRENDER EL ESTUDIO INTEGRAL DE TODAS LAS ACCIONES PLANTEADAS EN LA MEDIDA DE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL.-La sentencia que concede el amparo, impone a la Junta responsable el deber de dictar el laudo correspondiente en un solo acto, en el que analice todos los elementos de la litis, tanto las pretensiones principal y accesorias que ya fueron analizadas por virtud del juicio de garantías, como las desvinculadas con la principal que serán motivo de la reposición del procedimiento; es decir, debe agotar el estudio de todas las pretensiones formuladas por el quejoso en su demanda a través de un estudio integral de la controversia, en observancia de los principios de congruencia y exhaustividad establecidos, entre otros, por el artículo 842 de la Ley Federal del Trabajo, por lo que es incorrecto que al dictar la resolución en la que se concede la protección constitucional el Tribunal Colegiado de Circuito ordene a la Junta que divida la continencia de la causa, en virtud de que ello daría lugar a la coexistencia de dos laudos con distintas pretensiones que ejecutar y limitaría su ámbito de actuación, imposibilitándola para valorar nuevamente todos los elementos aportados en el proceso originario.
"Contradicción de tesis 33/2005-SS. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito. 4 de mayo de 2005. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Óscar Rodríguez Álvarez.
"Tesis de jurisprudencia 60/2005. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del trece de mayo de dos mil cinco."
Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 184, 188 y 190 de la Ley de Amparo, y 34 y 35 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:
ÚNICO.-Para los efectos precisados en la última parte del séptimo considerando de esta ejecutoria, la Justicia de la Unión ampara y protege a Néstor Miguel Salazar, contra el laudo de uno de junio de dos mil cinco, dictado por la Junta Especial Número Ocho Bis de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, dentro del juicio 1727/2003, promovido por el aquí quejoso contra el Instituto Mexicano del Seguro Social.
Notifíquese, con testimonio de esta resolución; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno; y en virtud de que en el presente asunto se incluye un criterio novedoso, con fundamento en el artículo 6, fracción I, del Acuerdo General 68/2004, y artículo segundo del Acuerdo General 3/2005, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dése ingreso del mismo al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y agréguese a este expediente de amparo la constancia de captura correspondiente; y, en su oportunidad, archívese como asunto totalmente concluido.
Así, por unanimidad, lo resolvió el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, que integran los Magistrados Héctor Arturo Mercado López, Alicia Rodríguez Cruz y Tarsicio Aguilera Tr
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19687-5a07345d/indemnizacion-global-en-sustitucion-de-una-incapacidad-parcial · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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