OFRECIMIENTO DE TRABAJO, PRECISIONES QUE DEBE CONTENER EN CUANTO AL SALARIO, PARA QUE SEA DE BUENA FE.
AMPARO DIRECTO 8619/2002. HUMBERTO SALAZAR NARANJO.
CONSIDERANDO:
CUARTO. Los conceptos de violación formulados por Humberto Salazar Naranjo resultan inatendibles en un aspecto, infundados en otro y fundados, pero inoperantes, en uno más.
Por razón de orden en el estudio, en primer término se analizará la última parte de los conceptos de violación formulados, en la que el peticionario de garantías asevera que la Junta responsable, con su resolución le causa agravio, en virtud de que en ningún momento compareció persona alguna con calidad de administrador, gerente o persona que ostentara dicha calidad, sino únicamente como apoderados, por lo que carecen de legitimación para comparecer a juicio a nombre de una persona moral.
Tal motivo de queja resulta inatendible, por lo siguiente:
De los autos que integran el juicio laboral del que emana el acto reclamado, en modo alguno se observa que el operario actor, por conducto de su apoderado, hubiese impugnado la personalidad de quienes comparecieron a juicio, en nombre y representación de la empresa demandada, Suburbia, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, ni tampoco que hubiesen impugnado los documentos a través de los cuales pretendieron acreditar su personalidad, lo que sin lugar a dudas hace que el motivo de queja devenga inatendible, en virtud de que de lo establecido por los artículos 762, fracción III y 763 de la Ley Federal del Trabajo, se desprende que en tratándose de la personalidad de las partes en el juicio, ésta puede ser objetada o impugnada a través de la excepción de personalidad o incidente, lo que traerá como consecuencia la apertura de un incidente en el que la Junta, escuchando a las partes, resolverá de plano en una interlocutoria lo que corresponda; así, es evidente que tal defensa es necesaria para que la autoridad del trabajo se pronuncie sobre el tema, ya que si la objeción no se hace valer, la autoridad está impedida para decidir sobre un punto que no ha sido controvertido, es decir, el quejoso, previamente a acudir al juicio constitucional, debió agotar los medios de defensa que la Ley Federal del Trabajo pone a su alcance para objetar la personalidad de quien compareció a nombre de la demandada.
Al caso, es aplicable la jurisprudencia número 8/99, emitida por contradicción de tesis, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página ciento treinta y cinco del Tomo IX, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece:
"PERSONALIDAD EN MATERIA LABORAL. ANTES DE ACUDIR AL AMPARO, DEBEN AGOTARSE LOS MEDIOS ORDINARIOS DE DEFENSA OPONIENDO LAS EXCEPCIONES Y DEFENSAS QUE ESTABLECE LA LEY RESPECTIVA. Los artículos 107, fracción III, incisos a) y b), de la Constitución Federal y 73, fracciones XIII y XIV, de la Ley de Amparo, establecen que el quejoso, previamente al ejercicio de la acción constitucional, debe agotar los medios ordinarios de defensa que prevén los preceptos aplicables, pues de no ser así, el amparo indirecto será improcedente, o el concepto de violación inoperante, en razón de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa y, por lo tanto, para acudir a él es necesario agotar, en la vía ordinaria, los recursos que procedan. Ahora bien, los artículos 762, fracción III, 763 y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo establecen que en materia de personalidad, dentro del juicio, las partes pueden impugnarla a través de la excepción o incidente que procedan y culmina con la interlocutoria relativa; tal defensa es necesaria para que la Junta se pronuncie sobre el tema, ya que si aquélla no se agota o ésta no decide, el amparo será improcedente. Los medios ordinarios de defensa están instituidos para que los afectados los hagan valer, conforme al principio de definitividad del juicio de amparo, que es un medio extraordinario de defensa, de modo que si las partes no tuvieran la carga de agotar defensas, excepciones o recursos ante la autoridad responsable, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de amparo suplantaría las facultades de aquélla."
A mayor abundamiento, cabe señalar que la cuestión de personalidad que el operario actor combate, en su caso, debe ser reclamada a través de la vía del amparo indirecto, debido a la trascendencia específica y la gravedad de los efectos legales que puede causar a su esfera jurídica la violación, lo que le confiere un grado de afectación que hace que su estudio constitucional sea inmediato y sin necesidad de que se dicte la sentencia definitiva, ello en virtud de que las cuestiones de personalidad resultan ser un presupuesto de la acción sin el cual no queda debidamente integrada la litis.
Es aplicable la jurisprudencia número 4/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página once del Tomo XIII, correspondiente al mes de enero de dos mil uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece:
"PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO. Reflexiones sobre el tema relativo a la procedencia del amparo en contra de la resolución sobre la personalidad, condujeron a este Tribunal Pleno a interrumpir parcialmente el criterio contenido en la tesis jurisprudencial número P./J. 6/91, publicada en las páginas 5 y 6, del Tomo VIII, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al mes de agosto de 1991, cuyo rubro es: ‘PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNE LA SENTENCIA DEFINITIVA.’, para establecer que si bien es cierto, en términos generales, la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, y aquellos que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, lo que es un criterio útil para discernir que en el primer supuesto se trata de actos impugnables en amparo indirecto en virtud de que su ejecución es de imposible reparación, mientras que en la segunda hipótesis, por no tener esos actos tales características, deben reservarse para ser reclamados junto con la resolución definitiva en amparo directo, también lo es que dicho criterio no puede válidamente subsistir como único y absoluto, sino que es necesario admitir, de manera excepcional, que también procede el juicio de amparo indirecto tratándose de algunas violaciones formales, adjetivas o procesales, entre las que se encuentra precisamente el caso de la falta de personalidad. Para así estimarlo, debe decirse que las violaciones procesales son impugnables, ordinariamente, en amparo directo, cuando se reclama la sentencia definitiva, pero pueden ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectan a las partes en grado predominante o superior. Esta afectación exorbitante debe determinarse objetivamente, tomando en cuenta la institución procesal que está en juego, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica, así como los alcances vinculatorios de la sentencia que llegara a conceder el amparo, circunstancias todas estas cuya concurrencia en el caso de la personalidad le imprimen a las decisiones que la reconocen o rechazan un grado extraordinario de afectación que obliga a considerar que deben ser sujetas de inmediato al análisis constitucional, sin necesidad de esperar a que se dicte la sentencia definitiva, aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo. Esto es así, tomando en consideración que dicha cuestión es un presupuesto procesal sin el cual no queda debidamente integrada la litis, además de que, la resolución sobre personalidad no solamente es declarativa o de simple reconocimiento o desconocimiento del carácter con que comparece una de las partes, sino que también es constitutiva. Ahora bien, debe precisarse que la procedencia del juicio de amparo indirecto contra las resoluciones que deciden sobre una excepción de falta de personalidad en el actor (y que le reconocen esa calidad), sólo es una excepción a la regla general de que procede aquél cuando los actos tienen una ejecución de imposible reparación, cuando se afectan derechos sustantivos. De lo anterior se infiere que la resolución sobre personalidad, cuando dirime esta cuestión antes de dictada la sentencia definitiva, causa a una de las partes un perjuicio inmediato y directo de imposible reparación que debe ser enmendado desde luego mediante el juicio de amparo indirecto, hecha excepción del caso en que la autoridad responsable declare que quien comparece por la parte actora carece de personalidad, porque entonces la resolución pone fin al juicio y debe combatirse en amparo directo."
En la segunda parte del tercer concepto de violación, el peticionario de garantías asevera que la Junta responsable resolvió de manera ilegal, en atención a que si bien el tercero perjudicado le ofreció su reinstalación en el puesto que venía desempeñando, controvirtió el salario establecido en el escrito inicial de demanda sin que lo hubiese acreditado como le correspondía, en términos del artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo, por lo que debe considerarse que tal oferta la hizo únicamente para revertir la carga de la prueba y, por tanto, de mala fe.
Tal motivo de queja resulta infundado, en atención a las siguientes consideraciones:
De los autos que integran el juicio laboral del que emana el acto reclamado, se desprende que el operario actor ejerció como acción principal la reinstalación en el puesto y categoría que venía desempeñando antes de su injustificado despido, consistente en auxiliar de seguridad, así como el pago de los salarios caídos y los incrementos salariales que se generen durante la tramitación del juicio.
En tanto que dentro del capítulo de hechos, específicamente con el número uno, señaló:
"Con fecha 26 de mayo de 1998, el actor ingresó al servicio de la demandada, desempeñando en el momento de su injustificado despido, la categoría de auxiliar de seguridad, devengando en el momento de su injustificado despido, la cantidad de $79.40, cantidad que deberá servir de base para cuantificar todas las prestaciones reclamadas."
Por su parte, la demandada al producir contestación a las reclamaciones en el capítulo de controversia, señaló:
"1. El hecho que se contesta es en parte cierto y en parte falso. ... Es cierto el puesto que desempeñaba el actor para mi representada, esto es, el de auxiliar de seguridad. Es falso el salario que menciona el actor, ya que éste devengaba un salario mensual que ascendía a la cantidad de $1,955.00 (un mil novecientos cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N.), pagadero en dos exhibiciones los días 15 y último de cada mes."
En tanto que ofreció el empleo en los siguientes términos:
"No obstante lo anterior, a efecto de demostrar la buena fe con que se conduce mi representada, en este acto le ofrece al actor el trabajo en los mismos términos y condiciones en que lo venía desempeñando, y que son concretamente los siguientes: Categoría: La que indica el actor en su demanda, siendo ésta la de auxiliar de seguridad. Horario: De las 9:00 horas a las 17:00 horas diariamente, de martes a domingo de cada semana y con 60 minutos para descansar y tomar alimentos fuera del centro de trabajo donde el actor prestaba sus servicios para mi mandante y con un día de descanso el cual era el día lunes de cada semana. Salario: No obstante que el actor percibía un salario mensual de $1,955.00 (un mil novecientos cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N.), pagadero en dos exhibiciones los días 15 y último de cada mes, y a efecto de demostrar la buena fe con que se conduce mi mandante, se ofrece al actor un salario de $79.40 (setenta y nueve pesos 40/100 M.N.), en la inteligencia que se le otorgarán todos los incrementos que por ley o por contrato se le otorguen a todos y cada uno de los trabajadores al servicio de mi representada, incluyendo, por supuesto, al actor."
Ahora bien, en principio debe señalarse que el ofrecimiento de trabajo constituye una proposición del demandado para continuar con la relación laboral que se vio interrumpida de hecho, por un acontecimiento previo al juicio; así, si bien es cierto que dicha oferta no es una excepción, porque su objeto directo e inmediato no es destruir la acción intentada, sí es verdad que se asocia con la negativa del despido y en ocasiones con la controversia de los hechos que sirven de apoyo a la reclamación; en esas condiciones, debe puntualizarse que el ofrecimiento de trabajo debe calificarse atendiendo a los antecedentes del caso, la conducta de las partes y todas las circunstancias que permitan concluir, de manera prudente y racional, si la oferta del empleo revela la intención del patrón de que continúe la relación laboral o únicamente la pretensión de que se revierta la carga de la prueba.
En esa tesitura, cabe precisar que si bien es verdad, como aduce el quejoso, que la demandada al producir contestación a la demanda controvirtió el salario que dijo percibir, igualmente es cierto que la oferta de trabajo la realizó con el sueldo manifestado por el propio actor, lo que pone en evidencia el interés de la patronal de continuar con la liga laboral que los unía, pues de alguna manera se sometió a lo reclamado por el trabajador, y al ser aceptado el empleo, es precisamente el salario con el que se ofreció el trabajo el que deberá regir durante la vida de la relación de trabajo, por así haberlo consentido la patronal.
Es aplicable al caso la tesis sustentada por este Tribunal Colegiado, consultable en la página cuatrocientos seis del Tomo III, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y seis, que establece:
"DESPIDO, NEGATIVA DEL, Y OFRECIMIENTO DEL TRABAJO. NO ES DE MALA FE, A PESAR DE QUE EL PATRÓN CONTROVIERTA LAS CONDICIONES AFIRMADAS POR EL TRABAJADOR, SI SE SOMETE A ÉSTAS. Aun cuando el patrón discrepe de las condiciones laborales afirmadas por el trabajador, pero ofrezca el empleo en los términos y condiciones que éste aduce en su escrito reclamatorio, y éstas son superiores a las señaladas por el demandado, la oferta no denota mala fe, porque con esa actitud el empresario se somete a las exigencias del obrero, con independencia de que éstas sean o no verídicas, y serán las que rijan en caso de que el demandante acepte el ofrecimiento y se reanude la liga contractual, sin perjuicio de que al ser resuelto el juicio se determine cuáles fueron las condiciones que realmente se dieron antes del conflicto, pero sólo en relación con las prestaciones generadas previamente."
Por otro lado, es importante destacar que la circunstancia de que el empleador haya señalado que enteraría al operario los incrementos salariales que le correspondan de manera legal o contractual, hace presumir la buena fe de la oferta laboral y el interés del demandado por conservar la relación que lo une al actor, pues denota disposición por adicionar al salario del actor cada uno de los incrementos de los que no se hubiese visto privado de no haberse producido la separación.
Al respecto, este Tribunal Colegiado se ha pronunciado en la tesis que aparece publicada en la página cuatrocientos veintiséis del Tomo III, correspondiente al mes de abril de mil novecientos noventa y seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece:
" Cuando entre la fecha del despido y aquella en que se ofrece el empleo, media un lapso dentro del cual la Comisión Nacional de Salarios Mínimos acuerda un incremento a los mismos, que hace presumir que en la empresa demandada se otorgaron aumentos; el ofrecimiento de trabajo para que sea considerado de buena fe, debe realizarse haciendo mención que se incluyen todas las mejoras que hubiese tenido el salario, porque de lo contrario, de aceptarse dicho ofrecimiento las percepciones estarían disminuidas en relación a las que le corresponderían al trabajador de no haber sido separado."
En ese matiz, es incuestionable que el alegato formulado resulta infundado, pues además, es preciso señalar que dadas las condiciones en que la patronal ofreció al trabajador el regreso a sus labores, resultaba innecesario, exclusivamente para los efectos de la calificación de la oferta del empleo, que acreditara el monto del salario que dijo percibía el actor, pues su veracidad carece de trascendencia si se considera que el empleador aceptó pagar el salario en el monto reclamado por el actor, siendo éste superior al que la demandada dijo venía percibiendo el actor hasta antes de la interrupción de la liga laboral.
En los conceptos de violación primero, segundo, primer aspecto del tercero y cuarto, el peticionario de garantías asevera que la Junta responsable emitió un laudo ilegal, en virtud de que al condenar al pago de vacaciones, prima vacacional y aguinaldo, lo hizo a razón de un salario de sesenta y cinco pesos con dieciséis centavos diarios, cuando lo correcto era cuantificarlo en setenta y nueve pesos con cuarenta centavos, con el que el tercero perjudicado le ofreció el trabajo.
Tal motivo de queja, resulta infundado por lo siguiente:
Como fue establecido en los párrafos precedentes, la empresa demandada, al producir contestación a la demanda entablada en su contra y concretamente en lo relativo al monto del salario percibido por el actor, creó controversia al referir que es falso lo señalado por el trabajador, ya que el salario percibido por éste era de un mil novecientos cincuenta y cinco pesos mensuales, pagaderos en dos exhibiciones los días quince y último de cada mes.
Ahora bien, para acreditar su afirmación en ese sentido, la patronal demandada exhibió y ofreció como pruebas en el juicio, las documentales que hizo consistir en catorce recibos de pago correspondientes a la primera y segunda quincenas de los meses de julio a diciembre de mil novecientos noventa y nueve y enero de dos mil, de las que se desprende que el operario percibió como salario quincenal la cantidad de novecientos setenta y siete pesos con cuarenta y nueve centavos, lo que hace un total de un mil novecientos cincuenta y cuatro pesos con noventa y ocho centavos mensuales, es decir, la patronal, con tales documentos, acreditó el salario que dijo devengaba el operario.
De esa manera y con la realización de una simple operación matemática se obtiene que el salario diario del operario era de sesenta y cinco pesos con dieciséis centavos, misma que la responsable tomó en consideración para cuantificar las prestaciones consistentes en vacaciones, prima vacacional y aguinaldo, al señalar:
"VII. Por lo que se refiere al pago de vacaciones, prima vacacional y aguinaldo, procede absolver a la demandada por el pago de aquellas prestaciones anteriores al 14 de marzo de 1999, porque opuso la excepción de prescripción en términos del artículo 516 de la ley laboral, y respecto de las vacaciones, prima vacacional y aguinaldo correspondientes a 1999 y proporcional a 2000, toda vez que la demandada no acreditó su pago, se le condena a pagarle por vacaciones la cantidad de $445.69, que resulta de multiplicar el salario diario acreditado por la demandada de $65.16 (que se obtuvo de dividir $1,955.00 entre 30 días) por 6.84 que le correspondían al reclamante por haber laborado del 14 de marzo de 1999 al 10 de febrero de 2000; por prima vacacional le corresponde la cantidad de $111.42, que resulta de obtener el 25% de la cantidad correspondiente a vacaciones, y por aguinaldo le corresponde la cantidad de $884.87, que resulta de multiplicar el salario diario de $65.16 por 13.58 días; lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 76, 80 y 87 del ordenamiento citado (foja 59)."
En esas condiciones, cabe destacar que es infundado el concepto de violación a estudio, pues contrario a lo sostenido por el quejoso, la Junta no estaba obligada a calcular el monto de las prestaciones con el salario con el cual se ofreció el empleo, sino con aquel que realmente percibía el actor pues, en todo caso, se trata de prestaciones cuyo derecho ya se había generado y, por tanto, el salario base para su cuantificación debía ser el que percibió hasta antes de la separación, ya que el mencionado al realizarse la oferta laboral, tendría vigencia a partir de la fecha en que el trabajador fuera reinstalado, pues entonces regirían las condiciones de trabajo ofrecidas en la contestación de la demanda, por lo que es inconcuso que ese nuevo salario no podría ser aplicado a las condiciones anteriores en que se desarrollaban las labores con anterioridad a la reclamada interrupción de la liga laboral.
En la última parte del tercer concepto de violación, el peticionario de garantías asevera que la responsable de manera ilegal absolvió a la demandada del pago de las horas extras reclamadas.
Tal motivo de inconformidad resulta fundado pero inoperante, en atención a las siguientes consideraciones:
En efecto, de la lectura del laudo que se combate se desprende que el operario actor demandó, entre otras prestaciones, el pago de doce horas extraordinarias diarias, en tanto que la empresa demandada negó acción y derecho para reclamar su pago, en virtud de que el operario no excedió los límites legales de la jornada que desarrolló.
Ahora bien, por su parte, la Junta responsable, al resolver la controversia sometida a su jurisdicción, determinó absolver del pago del tiempo extra reclamado, al disponer:
"X.-Con relación al pago de horas extras, se absuelve a la demandada de su pago, toda vez que el actor no precisa ni los días que laboró tiempo extra, ni el periodo que reclama."
En esas condiciones, es incuestionable que si bien es verdad que la responsable incurrió en una violación de garantías al absolver de la manera en que lo hizo del pago de las horas extras reclamadas, lo que haría fundado el concepto de violación, su inoperancia deriva de la circunstancia de que tales prestaciones resultan inverosímiles, pues del escrito inicial de demanda se advierte que el operario laboró: "... en una jornada comprendida de las 9:00 a las 21:00 horas una semana; la semana siguiente entraba a su trabajo de las 12:30 a las 0:30 horas, y la demandada jamás cubrió al actor, cantidad alguna por dicho concepto ...".
Lo anterior pone en evidencia que el operario afirma que laboró entre doce y doce horas treinta minutos diariamente, de manera continua, sin tiempo suficiente para descansar, recuperar energía o tomar alimentos, lo que hace que la prestación se encuentre fundada en circunstancias no acordes con la naturaleza humana, es decir, la jornada que se dijo laboró, es muy amplia y no incluyó tiempo para reposar o comer, por lo que resulta ser excesiva y poco tolerable para el común de las personas y, por tanto, el reclamo resulta inverosímil.
Es aplicable la jurisprudencia sustentada por la extinta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página doscientos uno del Tomo V, relativo a la Materia del Trabajo, Volumen 1, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que establece:
"HORAS EXTRAS. RECLAMACIONES INVEROSÍMILES.-De acuerdo con el artículo 784, fracción VIII, de la Ley Federal del Trabajo y la jurisprudencia de esta Sala, la carga de la prueba del tiempo efectivamente laborado cuando exista controversia sobre el particular, siempre corresponde al patrón, por ser quien dispone de los medios necesarios para ello, de manera que si no demuestra que sólo se trabajó la jornada legal, deberá cubrir el tiempo extraordinario que se le reclame, pero cuando la aplicación de esta regla conduce a resultados absurdos o inverosímiles, las Juntas deben, en la etapa de la valoración de las pruebas y con fundamento en el artículo 841 del mismo ordenamiento, apartarse del resultado formalista y fallar con apego a la verdad material deducida de la razón. Por tanto, si la acción de pago de horas extras se funda en circunstancias acordes con la naturaleza humana, como cuando su número y el periodo en que se prolongó permiten estimar que el común de los hombres pueden laborar en esas condiciones, por contar con tiempo suficiente para reposar, comer y reponer sus energías, no habrá discrepancia entre el resultado formal y la razón humana, pero cuando la reclamación respectiva se funda en circunstancias inverosímiles, porque se señale una jornada excesiva que comprenda muchas horas extras diarias durante un lapso considerable, las Juntas pueden válidamente apartarse del resultado formal y resolver con base en la apreciación en conciencia de esos hechos, inclusive absolviendo de la reclamación formulada, si estiman que racionalmente no es creíble que una persona labore en esas condiciones sin disfrutar del tiempo suficiente para reposar, comer y reponer energías, pero en todo caso, deberán fundar y motivar tales consideraciones."
En esas condiciones, aun ante lo fundado del motivo de queja, resultaría ocioso conceder el amparo solicitado, pues la responsable, aun cuando reparara la violación, resolvería en sentido desfavorable a los intereses del quejoso.
Al respecto, es aplicable la jurisprudencia número ciento ocho, sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página ochenta y cinco del Tomo VI, relativo a la Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyos rubro y texto, son los siguientes:
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN FUNDADOS, PERO INOPERANTES.-Si del estudio que en el juicio de amparo se hace de un concepto de violación se llega a la conclusión de que es fundado, de acuerdo con las razones de incongruencia por omisión esgrimidas al respecto por el quejoso; pero de ese mismo estudio claramente se desprende que por diversas razones que ven al fondo de la cuestión omitida, ese mismo concepto resulta inepto para resolver el asunto favorablemente a los intereses del quejoso, dicho concepto, aunque fundado, debe declararse inoperante y, por tanto, en aras de la economía procesal, debe desde luego negarse el amparo en vez de concederse para efectos, o sea, para que la responsable, reparando la violación, entre al estudio omitido, toda vez que este proceder a nada práctico conduciría, puesto que reparada aquella, la propia responsable, y en su caso la Corte por la vía de un nuevo amparo que en su caso y oportunidad se promoviera, tendría que resolver el negocio desfavorablemente a tales intereses del quejoso; y de ahí que no hay para qué esperar dicha nueva ocasión para negar un amparo que desde luego puede y debe ser negado."
En esas condiciones, lo que procede es negar el amparo solicitado.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
ÚNICO.-La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Humberto Salazar Naranjo, contra el acto que reclamó de la Junta Especial Número Doce (antes Seis Bis), de la Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, que hizo consistir en el laudo dictado el dieciocho de febrero de dos mil dos, en los autos del juicio laboral número 410/2000, promovido por el quejoso en contra de Suburbia, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable.
Notifíquese; con testimonio de esta ejecutoria, háganse las anotaciones en el libro de gobierno, vuelvan los autos a su lugar de origen; y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.
Así, por unanimidad de votos, lo resolvió el Noveno Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito que integran los CC. Magistrados, Emilio González Santander, Federico Jorge Martínez Franco y el licenciado Francisco Ernesto Orozco Vera (secretario de tribunal en funciones de Magistrado de Circuito según oficio No. CCJ/ST/1613/2002, de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal). Fue ponente el primero de los señores Magistrados antes mencionados.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17267-435be8c0/ofrecimiento-de-trabajo-precisiones-que-debe-contener-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- INDEMNIZACIÓN GLOBAL EN SUSTITUCIÓN DE UNA INCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE DE HASTA EL 25% DERIVADA DE UN RIESGO DE TRABAJO. EL SEGURO SOCIAL DEBE CUBRIRLA CON LOS INCREMENTOS AL SA (AMPARO DIRECTO)
- RENUNCIA. LA SOLA PETICIÓN DE ÉSTA, POR LA DEPENDENCIA PÚBLICA, NO CONSTITUYE COACCIÓN MORAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). (AMPARO DIRECTO)
- AMPARO DIRECTO IMPROCEDENTE. LO ES CUANDO LA PARTE QUEJOSA ÚNICAMENTE PLANTEA EN SUS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN ARGUMENTOS QUE YA FUERON ANALIZADOS EN DIVERSA EJECUTORIA, AUNQUE NO SEA (AMPARO DIRECTO)
- ENFERMEDAD PROFESIONAL. LA BRONQUITIS CRÓNICA INDUSTRIAL SE CONSIDERA DERIVADA DE LA RELACIÓN LABORAL CUANDO SE ACREDITA CON LA PRUEBA PERICIAL. (AMPARO DIRECTO)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- AMPARO DIRECTO. (s/clave)
- AMPARO, JUICIO DE. (s/clave)
- AMPARO DIRECTO. (s/clave)
- AMPARO ADMINISTRATIVO. (s/clave)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis