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Modo: Corpus Pro

LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN. EL MINISTERIO PÚBLICO DEBE APORTAR PRUEBAS QUE JUSTIFIQUEN SU SOLICITUD DE QUE AQUÉLLA SE NIEGUE AL INCULPADO EN CASO DE DELITOS NO GRAVES (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 20, APARTADO A, FRACCIÓN I, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 106/2001-PS. · Registro digital (IUS): 17296
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO Y TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Noviembre de 2002, , Pág. 110.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 106/2001-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO Y TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

CUARTO. Las consideraciones de la ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, al resolver el amparo en revisión 214/2001, promovido por ... el veintidós de junio de dos mil uno, en lo que interesa a la presente contradicción, establecen:

"CUARTO. ... Con esos antecedentes, es posible concluir que no le asiste razón al inconforme, pues no es verdad que el artículo 20, fracción I, de nuestra Ley Fundamental, no exija a la representación social acreditar con pruebas la información pertinente a la conducta previa del procesado o las características peculiares del delito, en la medida en que cuando dicho precepto refiere que es necesario que la representación social ‘aporte elementos’ al juzgador para determinar que la libertad del inculpado constituye un riesgo para el ofendido o la sociedad, alude precisamente a la presentación ante el Juez de la causa de elementos de convicción suficientes para acreditar tal extremo, pues el Ministerio Público, como parte acusadora en el proceso penal, debe probar sus asertos. Se considera lo anterior pues, de condicionarse la concesión de la libertad provisional bajo caución a la simple expresión de razones por parte del Ministerio Público acerca de las circunstancias personales del inculpado que ameriten negar tal beneficio, sin que se aporten elementos de convicción en los cuales se funden tales razonamientos, dicha negativa sería arbitraria y discrecional porque no contiene ningún elemento objetivo que motive la petición ni que guíe la decisión judicial y, en consecuencia, nugatoria de la garantía individual a que el precepto constitucional se contrae. La anterior interpretación del precepto constitucional en comento concuerda con la interpretación auténtica realizada por el legislador al momento de la creación de la norma, ya que en el dictamen de la iniciativa que originó la reforma de tres de julio de mil novecientos noventa y seis, se estableció literalmente lo siguiente: ‘... A fin de no generar más injusticias que las que se pretenden evitar, se propone delimitar los casos en los que se puede negar este beneficio. Para negar este derecho constitucional, no basta el razonamiento del Ministerio Público, tal y como se contenía en la iniciativa de ley. Esto sería totalmente arbitrario y discrecional, porque no contiene ningún elemento objetivo que motive la petición ni que guíe la decisión judicial. Se propone que para negar la libertad provisional, además del supuesto consignado anteriormente, se aporten elementos al Juez que justifiquen esta petición, como lo es el riesgo que represente para el ofendido o la sociedad, por la conducta precedente del inculpado y características del delito cometido. ...’."

De la misma forma, al resolver el amparo en revisión 368/2001, promovido por ... el veinticuatro de agosto de dos mil uno, el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito consideró, en lo que interesa a la presente contradicción, lo siguiente:

"CUARTO. ... Ahora bien, este órgano colegiado, contrariamente a lo sostenido por el Juez de Distrito, considera que el acto reclamado, consistente en la negativa a conceder la apuntada medida cautelar, es violatorio de los numerales 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 306-A del Código de Procedimientos Penales del Estado de Yucatán que establecen, respectivamente: ‘Artículo 20.’ (se transcribe). ‘Artículo 306-A.’ (se transcribe). De las transcripciones acabadas de realizar, tenemos que un Juez de Defensa Social en esta entidad federativa puede negar a un inculpado su libertad provisional bajo caución, siempre que, tratándose de delito no grave, así se lo solicite el Ministerio Público y: 1o. El inculpado haya sido condenado con anterioridad por un delito grave; 2o. Dicha representación social, a fin de justificar la negativa que solicita, haya aportado a los autos los elementos de convicción que permitan establecer que la libertad del inculpado representa, por su conducta precedente o por las circunstancias y características del delito cometido, un riesgo para el ofendido o para la sociedad; y, 3o. Así como que uno de los casos señalados en el párrafo anterior, podría ser el hecho de que la representación social aportara otros elementos probatorios que acreditaran que el probable responsable, de otorgársele la libertad provisional, va a evadir la acción de la justicia. De ahí que, para concluir, podamos señalar que uno de los supuestos contemplados en aquellos numerales, lo es el caso de que el Ministerio Público en esta entidad federativa debe aportar a la causa penal las pruebas conducentes a fin de que el Juez de Defensa Social tenga los elementos necesarios para determinar si, de conceder la libertad provisional bajo caución por un delito no grave, con ello pone a la sociedad en riesgo, dada la conducta precedente del inculpado, o las circunstancias o condiciones del delito cometido. Se considera lo anterior, pues de condicionarse la concesión de la libertad provisional bajo caución a la simple expresión de razones por parte del Ministerio Público acerca de las circunstancias que ameriten negar tal beneficio, sin que se aporten elementos de convicción en los cuales se funden tales razonamientos, dicha negativa sería arbitraria y discrecional, porque no contendría algún elemento objetivo que motivara la petición y guiara la decisión judicial, lo cual, en consecuencia, haría nugatoria la garantía individual a que aquel precepto constitucional se contrae. Ello así resulta, pues esta interpretación del artículo 20, fracción I, de la Carta Magna, se sustenta en el dictamen presentado a la Cámara de Senadores, del proyecto de reformas constitucionales publicadas en el Diario Oficial de la Federación de tres de julio de mil novecientos noventa y seis, en el que se estableció literalmente lo siguiente: ‘... A fin de no generar más injusticias que las que se pretenden evitar, se propone delimitar los casos en los que se puede negar este beneficio. Para negar este derecho constitucional, no basta el razonamiento del Ministerio Público, tal y como se contenía en la iniciativa de ley. Esto sería totalmente arbitrario y discrecional, porque no contiene ningún elemento objetivo que motive la petición ni que guíe la decisión judicial. Se propone que para negar la libertad provisional, además del supuesto consignado anteriormente, se aporten elementos al Juez que justifiquen esta petición, como lo es el riesgo que represente para el ofendido o la sociedad, por la conducta precedente del inculpado y características del delito cometido. ...’. A este respecto, así se ha pronunciado este tribunal en la tesis pendiente de publicación, emitida bajo el rubro y texto siguientes: ‘LIBERTAD PROVISIONAL DEL INCULPADO. LA OPOSICIÓN A SU OTORGAMIENTO POR PARTE DEL MINISTERIO PÚBLICO CUANDO SE TRATA DE DELITOS NO GRAVES, DEBE APOYARSE EN ELEMENTOS DE CONVICCIÓN QUE ACREDITEN LA EXISTENCIA DE UN RIESGO PARA EL OFENDIDO O LA SOCIEDAD (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 20, FRACCIÓN I, CONSTITUCIONAL).’."

Igualmente, al resolver el amparo en revisión 392/2001, promovido por ... el seis de septiembre de dos mil uno, el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito consideró, en lo que interesa a la presente contradicción, lo siguiente:

"CUARTO. ... Sin embargo, contrariamente a lo sostenido por el Juez de Distrito, este órgano colegiado considera que el acto reclamado, consistente en la negativa a conceder la apuntada medida cautelar, es violatorio de los numerales 20, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 306-A del Código de Procedimientos Penales del Estado de Yucatán que establecen, respectivamente: ‘Artículo 20.’ (se transcribe). ‘Artículo 306-A.’ (se transcribe). De las anteriores transcripciones tenemos que un Juez de Defensa Social en esta entidad federativa puede negar a un inculpado su libertad provisional bajo caución, siempre que, tratándose de delito no grave, así se lo solicite el Ministerio Público y: 1o. El inculpado haya sido condenado con anterioridad por un delito grave; 2o. Dicha representación social, a fin de justificar la negativa que solicita, haya aportado a los autos los elementos de convicción que permitan establecer que la libertad del inculpado representa, por la conducta precedente del inculpado o por las circunstancias y características del delito cometido, un riesgo para el ofendido o para la sociedad; y, 3o. Que uno de los casos señalados en el párrafo anterior, podría ser el hecho de que la representación social aportara otros elementos probatorios que acreditaran que el probable responsable, de otorgársele la libertad provisional, va a evadir la acción de la justicia. De lo expuesto, aparece como punto destacante (sic) para el caso particular, uno de los supuestos contemplados en aquellos numerales, cual es, que el Ministerio Público en esta entidad federativa debe aportar a la causa penal las pruebas conducentes a fin de que el Juez de Defensa Social tenga los elementos necesarios para determinar si, de conceder la libertad provisional bajo caución por un delito no grave, con ello pone a la sociedad en riesgo, dada la conducta precedente del inculpado, o las circunstancias o condiciones del delito cometido. Se considera lo anterior, pues de condicionarse la concesión de la libertad provisional bajo caución a la simple expresión de razones por parte del Ministerio Público acerca de las circunstancias que ameriten negar tal beneficio, sin que se aporten elementos de convicción en los cuales se funden sus razonamientos, dicha negativa sería arbitraria y discrecional, porque no contendría algún elemento objetivo que motivara la petición y guiara la decisión judicial, lo cual, en consecuencia, haría nugatoria la garantía individual a que se contrae el precepto constitucional. Ello así resulta, pues esta interpretación del artículo 20, fracción I, de la Carta Magna, se sustenta en el dictamen presentado a la Cámara de Senadores, del proyecto de reformas constitucionales publicadas en el Diario Oficial de la Federación de tres de julio de mil novecientos noventa y seis, en el que se estableció literalmente lo siguiente: ‘... A fin de no generar más injusticias que las que se pretenden evitar, se propone delimitar los casos en los que se puede negar este beneficio. Para negar este derecho constitucional, no basta el razonamiento del Ministerio Público, tal y como se contenía en la iniciativa de ley. Esto sería totalmente arbitrario y discrecional, porque no contiene ningún elemento objetivo que motive la petición ni que guíe la decisión judicial. Se propone que para negar la libertad provisional, además del supuesto consignado anteriormente, se aporten elementos al Juez que justifiquen esta petición, como lo es el riesgo que represente para el ofendido o la sociedad, por la conducta precedente del inculpado y características del delito cometido. ...’. A este respecto, así se ha pronunciado este tribunal en la tesis pendiente de publicación, emitida bajo el rubro y texto siguientes: ‘LIBERTAD PROVISIONAL DEL INCULPADO. LA OPOSICIÓN A SU OTORGAMIENTO POR PARTE DEL MINISTERIO PÚBLICO CUANDO SE TRATA DE DELITOS NO GRAVES, DEBE APOYARSE EN ELEMENTOS DE CONVICCIÓN QUE ACREDITEN LA EXISTENCIA DE UN RIESGO PARA EL OFENDIDO O LA SOCIEDAD (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 20, FRACCIÓN I, CONSTITUCIONAL).’."

La tesis aislada emitida por ese órgano jurisdiccional, integrada sólo con la primera de las ejecutorias transcritas, es del tenor siguiente:

"Novena Época

"Instancia: Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XIV, septiembre de 2001

"Tesis: XIV.2o.96 P

"Página: 1333

"LIBERTAD PROVISIONAL DEL INCULPADO. LA OPOSICIÓN A SU OTORGAMIENTO POR PARTE DEL MINISTERIO PÚBLICO CUANDO SE TRATA DE DELITOS NO GRAVES, DEBE APOYARSE EN ELEMENTOS DE CONVICCIÓN QUE ACREDITEN LA EXISTENCIA DE UN RIESGO PARA EL OFENDIDO O LA SOCIEDAD (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 20, FRACCIÓN I, CONSTITUCIONAL). El artículo 20, fracción I, constitucional dispone que en caso de delitos no graves el Ministerio Público podrá oponerse al otorgamiento de la libertad provisional del inculpado cuando aporte elementos al Juez para establecer que tal concesión representa un riesgo para el ofendido o para la sociedad. Ahora bien, dicha oposición deberá estar apoyada en medios de convicción que acrediten tal extremo, pues del dictamen presentado a la Cámara de Senadores del proyecto de las reformas constitucionales publicadas en el Diario Oficial de la Federación el tres de julio de mil novecientos noventa y seis, se desprende que el legislador consideró que sería arbitrario dejar a discreción del Juez el restringir la concesión de dicho beneficio con base en la simple expresión de razones por parte del Ministerio Público acerca de las circunstancias personales del inculpado que ameriten negarlo, sin que se aportaren medios de prueba en los cuales se funden tales razonamientos, ya que una negativa expresada de esa forma no contendría elemento objetivo que la motivara y, en consecuencia, sería nugatoria de la garantía individual a la que el referido dispositivo constitucional se contrae.

"Amparo en revisión 214/2001. 22 de junio de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Paulino López Millán. Secretario: Edgardo Medina Durán."

QUINTO. Por su parte, al resolver el recurso de queja 55/2000, interpuesto por ... el doce de diciembre de dos mil, el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito consideró, en lo que interesa a la presente contradicción, lo siguiente:

"CUARTO. ... Ahora bien, el artículo 20, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es del tenor literal siguiente: ‘Artículo 20.’ (se transcribe). De la anterior transcripción se puede apreciar claramente que en todo proceso de orden penal tendrá el inculpado la garantía de que inmediatamente que lo solicite, el Juez deberá otorgarle la libertad provisional bajo caución, siempre y cuando no se trate de delitos en que por su gravedad, la ley expresamente prohíba conceder este beneficio. Pero que en el caso de delitos no graves, a solicitud del Ministerio Público, el Juez podrá negar la libertad provisional por dos razones: a) Cuando el inculpado haya sido condenado con anterioridad por algún delito calificado como grave por la ley; o, b) Cuando el Ministerio Público aporte elementos al Juez para establecer que la libertad del inculpado representa, por su conducta precedente o por las circunstancias o características del delito cometido, un riesgo para el ofendido o para la sociedad. En el presente caso, este Tribunal Colegiado considera que los aquí recurrentes se ubican dentro de este último supuesto, toda vez que, aun cuando ya se estableció que los delitos que cometieron son considerados como no graves, lo cierto es que se les negó el beneficio de libertad provisional bajo caución, en razón de que el Ministerio Público, por virtud de la vista que se le dio respecto de la aludida solicitud, se negó a que se les otorgara y aportó elementos a la ad quem para establecer que la libertad de los recurrentes representaba, por su conducta precedente o por las circunstancias o características del delito cometido, un riesgo para la sociedad. Lo anterior es así, ya que mediante escrito de dieciséis de octubre del año en curso, manifestó que debía negarse el citado beneficio tomando en consideración la gravedad y las circunstancias con que se cometieron los hechos que obran en autos de la causa penal de primera instancia; el gran interés que tienen los sentenciados de sustraerse de la acción de la justicia; las pruebas que fueron aportadas por la representación social durante el periodo de instrucción de primera instancia, como la denuncia de diecisiete de octubre de mil novecientos noventa y seis, de cuyos hechos se infiere la conducta de peligrosidad desarrollada por los sujetos activos del delito en contra de los que se encontraban en el lugar de los hechos; y, la declaración ministerial de los acusados, en las cuales constan que refirieron los pormenores llevados a cabo para lograr su objetivo antisocial; así como que los recurrentes, al momento de rendir sus declaraciones, manifestaron haber cursado la educación preparatoria, por lo que debe considerarse que poseen un nivel de preparación que les permite discernir cabalmente la ilicitud de sus conductas. Elementos que se consideran suficientes para negar el beneficio de libertad caucional. Sin que obste a la anterior conclusión, el hecho de que los recurrentes manifiesten que la representación social no acreditó con nuevas pruebas su peligrosidad, ya que el precepto constitucional no exige que la autoridad ministerial deba acreditarla con probanzas, y menos que deba exhibirlas, toda vez que es genérico al establecer que se negará el beneficio cuando aporte elementos para establecer que la libertad del inculpado representa, por su conducta precedente o por las circunstancias o características del delito cometido, un riesgo para el ofendido o para la sociedad; lo que significa que tanto puede exhibirlas como puede proporcionar únicamente datos importantes o información relevante, que lleven al juzgador a determinar negar la libertad provisional."

SEXTO. Al interpretar los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, el Tribunal Pleno ha estimado que para que exista una contradicción de tesis debe, en principio, existir oposición de criterios respecto de cuestiones jurídicas esencialmente iguales.

Asimismo, para que exista la contradicción, la diferencia de criterios debe suscitarse en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas, pues precisamente esas consideraciones constituyen las tesis sustentadas por los órganos jurisdiccionales.

Del mismo modo, es requisito de existencia de la contradicción de tesis, que los distintos criterios provengan del análisis de los mismos elementos.

Los anteriores requisitos han sido establecidos en la tesis de jurisprudencia siguiente:

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XIII, abril de 2001

"Tesis: P./J. 26/2001

"Página: 76

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

"Contradicción de tesis 1/97. Entre las sustentadas por el Segundo y el Primer Tribunales Colegiados en Materia Administrativa, ambos del Tercer Circuito. 10 de octubre de 2000. Mayoría de ocho votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Disidentes: José Vicente Aguinaco Alemán y Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Francisco Olmos Avilez.

"Contradicción de tesis 5/97. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. 10 de octubre de 2000. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame.

"Contradicción de tesis 2/98-PL. Entre las sustentadas por el Segundo y Tercer Tribunales Colegiados en Materia Civil del Tercer Circuito. 24 de octubre de 2000. Once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: José Carlos Rodríguez Navarro.

"Contradicción de tesis 28/98-PL. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, el Cuarto Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. 16 de noviembre de 2000. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Rubén D. Aguilar Santibáñez.

"Contradicción de tesis 44/2000-PL. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. 18 de enero de 2001. Mayoría de diez votos. Disidente: Humberto Román Palacios. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: José Luis Vázquez Camacho."

En la especie, sí se satisfacen los requisitos antes señalados, necesarios para la integración de la contradicción de tesis, en atención a lo siguiente:

Según puede advertirse de las consideraciones emitidas en las ejecutorias respectivas, así como del contenido de la tesis aislada que emitió el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, éste sostiene el criterio de que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando en el caso de los delitos no graves el Ministerio Público solicita al Juez que niegue al inculpado la libertad provisional bajo caución, por considerar que dicha libertad representa un riesgo para el ofendido o para la sociedad, debe aportar pruebas en ese sentido, ya que de condicionarse la concesión del beneficio a la simple expresión de razones por parte del Ministerio Público, sin que se aporten elementos de convicción en los cuales se funden los razonamientos, la negativa sería arbitraria y discrecional, por no contener ningún elemento objetivo que motive la petición ni guíe la decisión judicial, y la garantía contenida en el precepto se haría nugatoria; interpretación esta que concuerda con lo dispuesto en el dictamen presentado en la Cámara de Senadores a la iniciativa del proyecto de reformas constitucionales de tres de julio de mil novecientos noventa y seis, en el sentido de que para negar la libertad bajo caución no basta el razonamiento del Ministerio Público, pues sería completamente arbitrario y discrecional, por no contener ningún elemento objetivo que motivara la petición ni que guiara la decisión judicial, por lo que para negar el beneficio aludido se proponía que, además, se aportaran al Juez elementos que justificaran la petición, como sería el riesgo que representara para el ofendido o para la sociedad, por la conducta precedente del inculpado y las características del delito cometido.

Por otra parte, en su ejecutoria, el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito esencialmente considera que para que el Juez niegue al inculpado el beneficio de la libertad bajo caución, en el caso de los delitos no graves, son suficientes las manifestaciones que al efecto formule el Ministerio Público, sin que constituya obstáculo el que no aporte pruebas al efecto, en virtud de que el precepto constitucional no exige al Ministerio Público que deba acreditar sus manifestaciones con pruebas, ni mucho menos exhibirlas, ya que es genérico al establecer que se negará el beneficio cuando se aporten elementos para establecer que la libertad del inculpado representa, por su conducta precedente o por las circunstancias o características del delito cometido, un riesgo para el ofendido o para la sociedad, lo que significa que el Ministerio Público, tanto puede exhibir pruebas, como únicamente proporcionar datos importantes o información relevante que lleven al juzgador a negar la libertad provisional bajo caución.

De la confrontación de los dos criterios es fácil percatarse que se satisfacen los requisitos de la tesis citada con anterioridad, por lo siguiente:

a) Al resolver los negocios jurídicos se examinaron cuestiones jurídicas esencialmente iguales, pues ambos órganos jurisdiccionales tratan el tema de la solicitud que el Ministerio Público formula al Juez, en el caso de los delitos no graves, para que niegue al inculpado la libertad provisional bajo caución, por considerar que el otorgamiento de dicha libertad representa un riesgo para el ofendido o para la sociedad.

Ahora bien, no obstante que los dos órganos colegiados tratan el mismo tema, adoptan criterios discrepantes, pues mientras uno determina que el Ministerio Público no debe aportar pruebas que corroboren las manifestaciones que sustentan su solicitud de que se niegue al inculpado la libertad provisional bajo caución, el otro considera que las solas manifestaciones son insuficientes y que deben aportarse las pruebas que las sustenten.

b) En los dos casos, la diferencia de criterios se presenta en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas.

c) Los criterios divergentes provienen del análisis de los mismos elementos, pues en sus consideraciones ambos órganos jurisdiccionales parten del análisis del primer párrafo de la fracción I del apartado A del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En este punto cabe señalar que si bien es cierto que ninguno de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes precisaron en sus ejecutorias que la fracción indicada está contenida en el apartado A del artículo 20 de la Carta Magna, también es verdad que ello no impide que al dictar la presente resolución se tome en cuenta esa circunstancia, toda vez que, por un lado, no se advierte la existencia de obstáculo alguno al efecto; y, por otra parte, sí resulta claro que al emitir sus fallos debieron formular la precisión referida, puesto que el decreto por el que, entre otras cosas, se agrupó el contenido del artículo 20 constitucional en un apartado A, y se adicionó un apartado B, se publicó en el Diario Oficial de la Federación de veintiuno de septiembre de dos mil, en tanto que las ejecutorias que dieron lugar a los criterios contradictorios se emitieron, la primera de ellas, el doce de diciembre de dos mil, y la última, el seis de septiembre de dos mil uno, esto es, con posterioridad a la reforma del precepto constitucional interpretado.

Atento lo antes expuesto, es inconcuso que en la especie sí se actualiza la contradicción de criterios denunciada, sin que constituya obstáculo a lo anterior, la circunstancia de que la tesis de los tribunales contendientes no haya integrado jurisprudencia por reiteración, conforme a lo dispuesto por el artículo 193 de la Ley de Amparo, ni que las consideraciones vertidas en la ejecutoria emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito no se hayan formalizado en tesis, en razón de que, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, basta con que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito, al dictar resoluciones en asuntos de su competencia, sustenten criterios diferentes sobre un mismo punto de derecho, para que proceda decidir cuál es el que debe prevalecer.

Resultan aplicables al caso, las tesis de jurisprudencia del Tribunal Pleno y de la extinta Tercera Sala, que textualmente disponen:

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XIII, abril de 2001

"Tesis: P./J. 27/2001

"Página: 77

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES. Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, establecen el procedimiento para dirimir las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El vocablo ‘tesis’ que se emplea en dichos dispositivos debe entenderse en un sentido amplio, o sea, como la expresión de un criterio que se sustenta en relación con un tema determinado por los órganos jurisdiccionales en su quehacer legal de resolver los asuntos que se someten a su consideración, sin que sea necesario que esté expuesta de manera formal, mediante una redacción especial, en la que se distinga un rubro, un texto, los datos de identificación del asunto en donde se sostuvo y, menos aún, que constituya jurisprudencia obligatoria en los términos previstos por los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, porque ni la Ley Fundamental ni la ordinaria establecen esos requisitos. Por tanto, para denunciar una contradicción de tesis, basta con que se hayan sustentado criterios discrepantes sobre la misma cuestión por Salas de la Suprema Corte o Tribunales Colegiados de Circuito, en resoluciones dictadas en asuntos de su competencia.

"Contradicción de tesis 9/95. Entre las sustentadas por el Cuarto y Séptimo Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 5 de junio de 1995. Once votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Jorge Dionisio Guzmán González.

"Contradicción de tesis 32/96. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito. 6 de julio de 1998. Once votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Ismael Mancera Patiño.

"Contradicción de tesis

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17296-864436ac/libertad-provisional-bajo-caucion-el-ministerio-publico-debe · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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