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Modo: Corpus Pro

JURISPRUDENCIA. FORMA EN QUE DEBE PROCEDER UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO CUANDO ESTIME QUE LA EMITIDA POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PRESENTA ALGUNA INEXACTITUD O IMPRECISIÓN, RESPECTO DE UNA CUESTIÓN DIVERSA AL FONDO DEL TEMA TRATADO. JURISPRUDENCIA. FORMA EN QUE DEBEN PROCEDER LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE LA SUSTENTADA POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ANTE LA FALTA DE TESIS FORMALMENTE PUBLICADA. JURISPRUDENCIA. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO SÓLO PUEDEN ANALIZAR SI UN CRITERIO JURÍDICO TIENE O NO TAL CARÁCTER, SI NO ESTÁ REDACTADO COMO TESIS CON RUBRO, TEXTO Y DATOS DE IDENTIFICACIÓN. JURISPRUDENCIA. PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA Y OBLIGATORIEDAD DE LA QUE SE INVOCA COMO SUSTENTADA POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DEBERÁN ACUDIR ANTE ÉSTA, POR CONDUCTO DE LOS ÓRGANOS CORRESPONDIENTES.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 40/2000. · Registro digital (IUS): 17315
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO; PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO Y PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMI
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Noviembre de 2002, , Pág. 539.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 40/2000-PL. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO, PRIMERO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO Y PRIMERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA.

SECRETARIO: ALBERTO DÍAZ DÍAZ.

CONSIDERANDO:

TERCERO. A fin de estar en aptitud de resolver esta denuncia de contradicción de tesis, es preciso tener presentes las consideraciones sustentadas por los órganos colegiados que emitieron las respectivas ejecutorias, siendo las que a continuación se transcriben.

Las consideraciones expuestas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en la ejecutoria que dictó al resolver el amparo en revisión (improcedencia) 1443/88, promovido por Mexicana de Cobre, Sociedad Anónima de Capital Variable, en lo conducente, son las siguientes:

"CUARTO. De los agravios que hace valer el inconforme, destaca el segundo como procedente en lo general. En efecto, en la demanda de amparo de que se trata se reclama de la Sala responsable la resolución que confirma la interlocutoria de veintisiete de abril del año en curso, dictada por el Juez Décimo Octavo de lo Civil del Distrito Federal, declarando improcedente la excepción de falta de personalidad que opuso la después quejosa en el juicio ordinario mercantil 251/86, seguido en su contra por The Ralph M. Parsons Company. Referente a la materia del prenombrado acto reclamado, la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha asentado la siguiente jurisprudencia: 'PERSONALIDAD, AMPARO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE LA FALTA DE.' (se transcribe dicha tesis). Por otra parte, el artículo 192 de la Ley de Amparo estatuye: 'La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia, funcionando en Pleno o en Salas, es obligatoria para éstas en tratándose de la que decrete el Pleno, y además para los Tribunales Unitarios y Colegiados de Circuito, los Juzgados de Distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. Las resoluciones constituirán jurisprudencia, siempre que lo resuelto en ellas se sustente en cinco sentencias no interrumpidas por otra en contrario, y que hayan sido aprobadas por lo menos por catorce Ministros, si se trata de jurisprudencia del Pleno, o por cuatro Ministros en los casos de jurisprudencia de las Salas. También constituyen ...'. Ahora bien, los razonamientos que emplea el Juez de Distrito en apoyo de su criterio sobre que la resolución del tribunal de alzada que decide sobre la falta de personalidad, constituye una violación procesal que debe reclamarse en el amparo contra la sentencia definitiva, no puede ser materia de análisis frente al diverso agravio que aduce la recurrente, porque ello -supuestamente- no podía conducir al mismo resultado sin incurrir en desacato a la tesis jurisprudencial invocada, misma que se encuentra vigente y, por tanto, conserva su obligatoriedad, porque no existe causa legal que motive adoptar un diverso criterio, o sea, en relación con el precedente de diverso Tribunal Colegiado de Circuito a que se remite el Juez de Distrito, la existencia y consiguiente obligatoriedad de nueva jurisprudencia sobre el mismo punto, en términos de lo dispuesto por el artículo sexto transitorio del decreto de reformas a la Ley de Amparo de 23 de diciembre de 1987. El mismo criterio, en cuanto hace a la estricta aplicación de la tesis jurisprudencial invocada en el párrafo anterior, se expuso en la ejecutoria que con fecha veintiocho de abril de mil novecientos ochenta y ocho pronunció este tribunal en el toca RC. 378/88. De consiguiente, se impone revocar el auto recurrido para el efecto de que el Juez de Distrito del conocimiento, de no concurrir diversa causa de improcedencia a la así considerada en aquel fallo, dé curso a la demanda de amparo relativa para los efectos legales subsecuentes."

Esta ejecutoria dio origen a la tesis publicada en la página 312 del Tomo II, Segunda Parte-1, julio a diciembre de 1988, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice:

"JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, OBLIGATORIEDAD. Conforme al artículo 192 de la Ley de Amparo, 'La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia, funcionando en Pleno o en Salas, es obligatoria para éstas en tratándose de la que decrete el Pleno, y además para los Tribunales Unitarios y Colegiados de Circuito, los Juzgados de Distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo locales y federales, las ...'; y esa obligatoriedad persiste hasta en tanto no exista otra tesis que introduzca nuevo criterio, que, en cuanto hace a los Tribunales Colegiados de Circuito y en términos de lo dispuesto por el artículo sexto del decreto de reformas a la Ley de Amparo, de veintitrés de diciembre de mil novecientos ochenta y siete, sólo se actualizará cuando lleguen a sentar nueva y diversa jurisprudencia sustentada por el más Alto Tribunal de la República, que, mientras tanto no puede ser inobservada sin incurrir en desacato al numeral invocado en principio."

CUARTO. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, en las ejecutorias que dictó al resolver los juicios de amparo directo números 855/99, promovido por Antonio Alfonso Vélez Elías y otra, y 975/99, promovido por Olga Yolanda Burguete de Calderón, sostuvo lo que a continuación se transcribe:

En relación con el primero de los juicios de amparo directo enunciados, resolvió:

"SÉPTIMO. En primer término, cabe hacer notar que la litis constitucional se constriñe al análisis de los conceptos de violación, por lo que a eso se sujetará este Tribunal Colegiado de Circuito, independientemente de que los restantes aspectos del fallo reclamado sean o no correctos. Son infundados los conceptos de violación transcritos ... Por otra parte, contrariamente a lo aducido por el peticionario, el hecho de que al iniciarse el juicio ordinario mercantil todavía no se emitía la jurisprudencia que invoca el ad quem, de rubro: 'INTERESES. LAS TASAS VARIABLES EN LOS CONTRATOS DE APERTURA DE CRÉDITO SON DETERMINABLES, NO IMPRECISAS.', no significa que sea ilícita, toda vez que ésta interpretó la ley que lo rige, razón por la cual no se causa perjuicio al quejoso ni se viola el principio constitucional de irretroactividad, ya que la jurisprudencia en comento no constituye una legislación nueva ni diferente, sino sólo es la interpretación de la voluntad de la ley, además de que no crea una norma nueva, sino únicamente fija el contenido y alcance de la ya existente; luego entonces, el hecho de que la jurisprudencia invocada por el ad quem, al emitir el acto reclamado haya surgido con posterioridad al nacimiento del juicio natural, ello no lesiona los derechos subjetivos públicos del peticionario, porque su aplicación no es sino la misma ley vigente en la época de realización de los acontecimientos que constituyen la resolución reclamada, esto es, interpretó las normas en que se basaron los hechos constitutivos tanto de la acción como de las excepciones opuestas. Sirve de apoyo a lo anterior la primera tesis relacionada con la jurisprudencia número 1658, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publica en la página dos mil seiscientos noventa y uno, Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos diecisiete a mil novecientos ochenta y ocho, cuyos rubro y texto dicen: 'JURISPRUDENCIA E IRRETROACTIVIDAD.' (se transcribe la tesis). En otro orden de ideas, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que establece las facultades de los Tribunales Colegiados de Circuito, resulta incuestionable que este órgano colegiado federal carece de atribuciones para pronunciarse respecto de la legalidad, ilegalidad, constitucionalidad o inconstitucionalidad del proceso en donde se emitió la contradicción de tesis en su contenido, ya que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 158 de la ley de la materia, el juicio de amparo directo es competencia del tribunal federal mencionado, en los términos establecidos por las fracciones V y VI del artículo 107 constitucional, y procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificadas o revocadas, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo, y por violaciones de garantías cometidas en las propias sentencias, laudos o resoluciones indicados; de ahí que resulten inatendibles los argumentos expuestos por el promovente al no contar este órgano colegiado con facultades para juzgar las actuaciones del Máximo Tribunal de Justicia del país, máxime que el artículo 192 de la Ley de Amparo, determina que: 'La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia, funcionando en Pleno o en Salas, es obligatoria para éstas en tratándose de la que decrete el Pleno, y además para los Tribunales Unitarios y Colegiados de Circuito, los Juzgados de Distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. Las resoluciones constituirán jurisprudencia, siempre que lo resuelto en ellas se sustente en cinco sentencias no interrumpidas por otra en contrario, y que hayan sido aprobadas por lo menos por catorce Ministros, si se trata de jurisprudencia del Pleno, o por cuatro Ministros en los casos de jurisprudencia de las Salas. También constituyen jurisprudencia las resoluciones que diluciden las contradicciones de tesis de Salas y de Tribunales Colegiados.'.". ... Sentado lo anterior, lo que procede es negar el amparo solicitado."

Respecto al juicio de amparo directo número 975/99, promovido por Olga Yolanda Burguete de Calderón, el Tribunal Colegiado de que se trata, resolvió:

"SEXTO. Los conceptos de violación que se vierten son infundados ... Así también, manifiesta que el Tribunal Colegiado responsable invoca en la sentencia que se combate diversas tesis de jurisprudencia emitidas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 31/98, sin embargo '... deja de considerar que tales tesis de jurisprudencia, en su creación, transgredieron los artículos 105 y 107, fracción VIII, constitucionales; los artículos 10, fracciones VIII y XI, y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 192 de la Ley de Amparo', sin tomar en cuenta que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación carecía de facultades para resolver las controversias de los Tribunales Colegiados de Circuito, ya que correspondía a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia resolver dicha controversia y no al Pleno, puesto que son de materia civil y mercantil. Es inatendible lo que manifiesta la quejosa, debido a que este Tribunal Colegiado carece de competencia legal para determinar respecto de la legalidad de la creación de las jurisprudencias que se emitieron con motivo de la contradicción de tesis número 31/98, puesto que a los Tribunales Colegiados, en tratándose de amparo directo, corresponde analizar únicamente si las resoluciones o fallos definitivos pronunciados por autoridades judiciales son o no violatorios de garantías individuales, en especial, de la garantía de legalidad. Por otra parte, la circunstancia de que el Tribunal Colegiado responsable se haya apoyado en las jurisprudencias aludidas, de modo alguno viola las garantías individuales en perjuicio de la quejosa, en virtud de que el artículo 192 de la Ley de Amparo establece que la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia, funcionando en Pleno o en Salas, es obligatoria para éstas, en tratándose de la que decrete el Pleno y, además, para los Tribunales Unitarios y Colegiados de Circuito, los Juzgados de Distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales; y que también constituyen jurisprudencia las resoluciones que diluciden las contradicciones de tesis de Salas y de Tribunales Colegiados, de donde se desprende que al haberse apoyado el Tribunal Colegiado responsable en las tesis de jurisprudencia que se emitieron con motivo de la contradicción de tesis 31/98, no se transgreden los derechos públicos subjetivos de la quejosa ... En consecuencia, al ser infundados los conceptos de violación hechos valer, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal que se solicita."

Las anteriores ejecutorias dieron origen a la tesis publicada en la página 1003 del Tomo XI, marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del tenor siguiente:

"JURISPRUDENCIA ESTABLECIDA POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO CARECEN DE FACULTADES PARA PRONUNCIARSE ACERCA DEL PROCEDIMIENTO DE SU INTEGRACIÓN Y CONTENIDO. De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, resulta incuestionable que los Tribunales Colegiados de Circuito no tienen atribuciones para pronunciarse acerca de la legalidad o constitucionalidad del proceso en donde se emite una jurisprudencia, y de su contenido, puesto que conforme a lo preceptuado en el diverso numeral 158 de la ley de la materia, el juicio de amparo directo, cuya competencia corresponde a éstos, sólo procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales, no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificadas o revocadas; máxime si se toma en consideración el contenido del artículo 192 del ordenamiento legal citado en segundo término, que dispone la obligatoriedad de las mismas."

QUINTO. Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en el amparo en revisión (improcedencia) número 308/99, promovido por Olimpia Serrano Quezada, resolvió:

"III. Los agravios son infundados. Aun cuando en la demanda de amparo efectivamente se reclamen sólo violaciones directas a la Constitución y el peticionario de garantías sea extraño al procedimiento de donde derivan los actos reclamados, eso no lo exime de la obligación que tiene, en atención a uno de los principios rectores del juicio de garantías, el de definitividad, de agotar los recursos o medios de defensa legales que procedan contra los actos reclamados por virtud de los cuales pudieran ser modificados, revocados o nulificados. Ello es así, porque el vigente artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, en donde se sitúa la causa de improcedencia invocada por la Juez que contempla los actos, como los aquí reclamados, provenientes de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, no precisa como excepciones los citados supuestos. El recurrente, para apoyar sus agravios, cita las jurisprudencias del Segundo y Primer Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito, visibles en las páginas ciento setenta y seis, y ciento cincuenta y uno, de los Volúmenes 90, Sexta Parte y 42, Sexta Parte, ambos de la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que respectivamente dicen: 'RECURSOS ORDINARIOS Y AMPARO. VIOLACIONES DIRECTAS DE LA CONSTITUCIÓN Y CUESTIONES DE LEGALIDAD.' (se transcribe la tesis) y 'RECURSOS ORDINARIOS. NO ES INDISPENSABLE AGOTARLOS CUANDO SE RECLAMAN VIOLACIONES DIRECTAS DE LA CONSTITUCIÓN.' (se transcribe la tesis). Este órgano colegiado no soslaya la circunstancia de que con posterioridad a la integración de las jurisprudencias de los Tribunales Colegiados de Circuito que se analizaron, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en específico la Segunda Sala, publicó una jurisprudencia en similares términos, consultable en la página ciento diecinueve de los Volúmenes 175-180, Tercera Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, del título y texto siguientes: 'RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO ÚNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN.' (se transcribe la tesis). Según se lee del texto de la misma, se contienen como excepciones al principio de definitividad, de acuerdo con la redacción del anterior artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo (pues también las ejecutorias que la originaron se pronunciaron durante y bajo el amparo de la misma norma), el que se aduzcan únicamente violaciones a la garantía de audiencia y cuando el acto reclamado carezca de fundamentación y motivación. Si se atendiera esa jurisprudencia, lo cual no es posible por las razones que más delante se expondrán, resulta que en el caso no concurre lo en ella previsto porque, en la especie, se alegan como conceptos de violación, además de la inaudición, la falta de fundamentación y motivación de los actos reclamados, lo cual constituye infracción a la garantía de seguridad jurídica prevista en el artículo 16 constitucional y, respecto de esto último (falta de fundamentación y motivación), como lo dijo la Juez, del acuerdo de ampliación de embargo y acta de ampliación de embargo constitutivos de los actos reclamados a través del amparo (foja 14 del cuaderno auxiliar), se advierte la cita de diversos artículos del Código Fiscal de la Federación, como son el 112, 137, 145, 151, 152, 154, 155, 165, 166 y 167, y como razones, se dice que los bienes descritos en el acta de embargo resultan insuficientes para cubrir el crédito fiscal y que por ello se procede a ampliar el embargo sobre aquellos bienes propios del deudor suficientes para garantizar el interés fiscal, y que se designa a un ejecutor para el cumplimiento del acuerdo. Además, por las causas que se ponderaron líneas atrás, igualmente esa jurisprudencia resultaría obsoleta, al interpretar una regla jurídica como es el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, que ya no se encuentra redactada de la misma manera que en el tiempo en que se dictaron las sentencias por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, la razón cardinal por la que no se atiende esa jurisprudencia es porque resulta muy cuestionable que la transcrita tesis constituya, en sentido estricto, un criterio jurisprudencial. Para ponderar lo antes dicho es necesario transcribir las ejecutorias que dieron base a la redacción de tal jurisprudencia. En el amparo en revisión 1077/78, resuelto el nueve de noviembre de mil novecientos setenta y ocho, se consideró lo siguiente (se transcriben consideraciones de la ejecutoria). En la resolución del amparo en revisión 466/78, dictada el cuatro de abril de mil novecientos setenta y nueve, se dijo (se transcriben consideraciones de la ejecutoria). Al pronunciarse sentencia en el amparo en revisión 2501/78, el siete de febrero de mil novecientos ochenta, se asentó (se transcriben consideraciones de la ejecutoria). En el amparo en revisión 7084/81, resuelto el treinta de junio de mil novecientos ochenta y dos, se consideró (se transcriben consideraciones de la ejecutoria). Y en el amparo en revisión 8214/82, en el que se dictó sentencia el once de julio de mil novecientos ochenta y tres, se dijo (se transcriben consideraciones de la ejecutoria). El artículo 94, párrafo séptimo, de la Constitución, dice: 'La ley fijará los términos en que sea obligatoria la jurisprudencia que establezcan lostribunales del Poder Judicial de la Federación sobre interpretación de la Constitución, leyes y reglamentos federales o locales y tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano, así como los requisitos para su interrupción y modificación.'. Atento ello, debe decirse que la jurisprudencia tiene como función principal (sic) y deriva de la interpretación de determinadas prevenciones del derecho positivo, que por sus lagunas o contradicciones la requieren (la interpretación), para su aplicación a casos concretos. En ese quehacer de formar jurisprudencias, las resoluciones que la integran necesariamente tienen que desentrañar el alcance y sentido que debe atribuirse a las disposiciones legales, para lo cual, innegablemente, debe acudirse a algún método interpretativo, a fin de hacer el exhaustivo análisis de la norma y la expresión de los argumentos que apoyen la decisión final sobre tal interpretación. De acuerdo con el artículo 192, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Pleno o, como en el caso, en Salas (Segunda Sala), solamente constituirán jurisprudencia, siempre que lo resuelto en ellas se sustente en cinco sentencias no interrumpidas por otra en contrario y que hayan sido aprobadas por lo menos, en el caso de las Salas, por cuatro Ministros. Por lo que ve al número de votos, de los precedentes transcritos se evidencia que contienen el idóneo. Ahora bien, para formar la jurisprudencia, según se asentó, deben tomarse en cuenta y es base de ello las decisiones judiciales, lo que ahí se resuelve, es decir, concurrir cinco resoluciones en las que se repita, constante, uniforme y coherentemente un criterio de determinada interpretación a las normas jurídicas, decisiones las cuales, obviamente, deben contener el método de ley que interpretan. El diccionario Durvan de la Lengua Española, define a la palabra resolver, de la siguiente manera: 'tr. Tomar determinación fija y decisiva. Resumir, epilogar, recapitular. Desatar una dificultad o dar solución a una duda. Hallar la solución de un problema. Deshacer, destruir ... Analizar, dividir física o mentalmente un compuesto en sus partes o elementos para reconocerlos cada uno de por sí ...'. Asimismo, dicho diccionario señala que por resolución debe entenderse: 'f. Acción y efecto de resolver y resolverse. ... Decreto, providencia, auto o fallo de autoridad gubernativa o judicial ... en resolución. M. adv. que expresa el fin de un razonamiento.'. También define la palabra resolutivo-va: 'adj. Aplícase al orden o método en que se procede analíticamente o por resolución ...'. De lo anterior corresponde decir que resolver un asunto en el quehacer de la función jurisdiccional, significa desmembrar el problema para examinarlo, razonar sobre el mismo y verter argumentos que lleven a una conclusión determinada del punto. Las ejecutorias transcritas evidencian que en tales resoluciones el tema central a elucidar no fueron directamente las excepciones al principio de definitividad que se plasman en la redacción de la jurisprudencia (invocación de violación a la garantía de audiencia y falta de fundamentación y motivación del acto reclamado). No se analizó ni razonó sobre esas cuestiones excepcionales, ya que en relación con ellas únicamente se mencionó que ha sido criterio de la Corte el que cuando se invoquen sólo violaciones directas a la garantía de audiencia y el acto reclamado carezca de fundamentación y motivación, no opera el principio de definitividad, pero nada se argumenta del por qué se llega a la conclusión de considerar como excepciones esas circunstancias, pues no se contiene ni confluye un estudio analítico del artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo en relación con ellas, menos las consideraciones jurídicas que llevaron a la Segunda Sala a incluir las excepciones en lo normado en el citado artículo. En la ejecutoria dictada en el amparo en revisión 1077/78, el tema medular versó sobre el rechazo a la aplicación de un criterio jurisprudencial del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por considerar que carecía de obligatoriedad al resolver respecto al contenido, connotación y alcance del artículo 14 constitucional, examen que no corresponde en exclusiva a los Tribunales Colegiados de Circuito, sino también a la Suprema Corte y porque, además, el asunto en resolución no se ajustaba a la hipótesis de tal criterio, dado que en la demanda de garantías no sólo se señalaba como infringida la garantía de audiencia, sino también la de legalidad contenida en el artículo 16 constitucional. En esa ejecutoria, después de asentarse lo anterior, únicamente se ponderó que había sido criterio de la Suprema Corte considerar como excepción al principio de definitividad la carencia de fundamentación y motivación, explicando el por qué de esa circunstancia, pero luego, además de afirmarse que cuando se aducen, al lado de violaciones a las garantías de seguridad jurídica, la violación a la de audiencia, el recurso, juicio o medio de defensa debe agotarse, porque a través de ellos se permitirá al gobernado ser oído, intempestivamente y sin que confluyera análisis al respecto ni explicación previa, en cuatro líneas, se agrega que cuando únicamente se aduce la violación de la garantía de audiencia, no es obligatorio para el afectado hacer valer recurso alguno, sin pronunciarse, se insiste, la razón jurídica y precisión del método interpretativo al que se acudió para llegar a tal afirmación. En los amparos en revisión 466/78, 2501/78 y 7084/81, en relación con el tema que aquí interesa, se invocó la tesis que ya se encontraba redactada con base en la ejecutoria dictada en la revisión 1077/78, con la finalidad de desestimar los agravios hechos valer en esos asuntos, aduciéndose cardinalmente que en la demanda de amparo se hacía referencia, además de la violación a la garantía de audiencia, a infracciones a leyes secundarias y que, por ello, el afectado estaba en la obligación de agotar el recurso correspondiente. Empero, tampoco en esas resoluciones se discurrió sobre la excepción contemplada en la tesis, es decir, no se hizo argumentación directa en el sentido de que la invocación de la violación a la garantía de audiencia, cuando se hace sin invocar otra, exima al afectado de la obligación de agotar medios ordinarios de defensa antes de acudir al amparo. En el amparo en revisión 8214/82, se sobreseyó en el juicio al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, dado que igualmente se consideró que el quejoso debía agotar el recurso correspondiente contra el acto reclamado, sin que fuera óbice, se dijo, el que en la demanda de garantías se ponderaran, al lado de violaciones a la garantía de legalidad, violación a la de audiencia y para fundar esa consideración se citó la tesis multirreferida, pero sin que se contenga el examen concienzudo sobre la excepción narrada en la tesis ya que, como se apuntó, únicamente se cita ésta en apoyo del sobreseimiento. Así las cosas, corresponde decir que las tesis se concretan a mencionar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido entre las excepciones a la regla del artículo 73, fracción XV, las supradichas causas, pero en ninguna de esas resoluciones se discurre sobre el punto, pues no se aborda analíticamente razonando al respecto. En esas condiciones, se concluye que es muy cuestionable en rigor jurídico que la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación constituya jurisprudencia, porque la síntesis que en ella se hace y los razonamientos plasmados en la misma, no se refieren a lo que realmente se resolvió, examinó o determinó en las sentencias que le sirvieron de precedente, es decir, no corresponde a lo verdaderamente resuelto, entendiéndose por resolver lo que con antelación se precisó, ni siquiera se menciona el método de interpretación al que se acudió. Por tanto, no es de aplicación obligatoria de conformidad con el artículo 192 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario. Las necesarias argumentaciones para desentrañar el sentido y alcance de las normas de derecho positivo, se insiste, deben concurrir para que en rigor jurídico, válidamente, pueda decirse que se ha emitido un criterio jurisprudencial. Precisamente a esto se refiere el párrafo segundo del artículo 194 de la Ley de Amparo cuando, para aludir a las cualidades que debe cumplir la ejecutoria que en contrario a una jurisprudencia se dicte para interrumpirla, prevé: 'En todo caso, en la ejecutoria respectiva deberán expresarse las razones en que se apoye la interrupción, las cuales se referirán a las que se tuvieron en consideración para establecer la jurisprudencia relativa.'. ... Así las cosas, no evidenciado que el acuerdo reclamado sea contrario a derecho, ni advirtiéndose queja deficiente que suplir, de acuerdo con el artículo 76 bis, fracción VI, de la Ley de Amparo, lo procedente es confirmarlo."

La anterior ejecutoria dio origen a la tesis publicada en la página 764 del Tomo XII, septiembre de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice:

"JURISPRUDENCIA. SI LAS RESOLUCIONES QUE LA ORIGINARON NO DESENTRAÑARON EL ALCANCE Y SENTIDO QUE DEBE ATRIBUIRSE A LAS DISPOSICIONES LEGALES QUE SUPUESTAMENTE INTERPRETA, EN RIGOR JURÍDICO NO CONSTITUYE CRITERIO JURISPRUDENCIAL Y SU APLICACIÓN NO ES OBLIGATORIA. Según el artículo 94, párrafo séptimo, constitucional, la jurisprudencia tiene como función cardinal la interpretación de prevenciones del derecho positivo que por sus lagunas o contradicciones la requieran (la interpretación), para su aplicación a casos concretos. Para que surja un criterio jurisprudencial, de acuerdo con el numeral 192, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, en las resoluciones o decisiones judiciales que le sirvan de base, necesariamente tienen que concurrir argumentaciones dirigidas a desentrañar el alcance y sentido que debe atri

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17315-206d66af/jurisprudencia-forma-en-que-debe-proceder-un-tribunal · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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