CONTRADICCIÓN DE TESIS. NO BASTA PARA SU EXISTENCIA QUE SE PRESENTEN CRITERIOS ANTAGÓNICOS SOSTENIDOS EN SIMILARES ASUNTOS CON BASE EN DIFERENTES RAZONAMIENTOS, SINO QUE ADEMÁS, AQUÉLLOS DEBEN VERSAR SOBRE CUESTIONES DE DERECHO Y GOZAR DE GENERALIDAD.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 86/99-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
CUARTO. A fin de estar en aptitud de resolver esta denuncia de contradicción de tesis, es preciso tener presente las consideraciones sustentadas por los órganos involucrados en las respectivas ejecutorias, siendo las que a continuación se transcriben:
El Primer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, en el juicio de amparo directo civil número 61/99 determinó, en la parte que interesa, lo siguiente:
"CUARTO. ... En el primer concepto de violación aduce la quejosa que se interpretó equivocadamente la cláusula décima segunda del contrato de apertura de crédito base de la acción, porque la Magistrada responsable atendió exclusivamente a la denominación formal que las partes contratantes dieron a la misma, sin referirse a la naturaleza jurídica de la prestación estipulada en dicha cláusula; que en los contratos celebrados por las instituciones de crédito existe el uso bancario que permite la estipulación de una determinada prestación para el supuesto de que la acreditada no cumpla con las obligaciones asumidas en el plazo previsto, generándose, como en el caso, durante el periodo de incumplimiento y mientras dure la mora, sin que la misma excluya en modo alguno el cumplimiento del contrato y la consiguiente restitución del capital adeudado e intereses ordinarios; que el interés moratorio está constituido como una prestación específicamente pactada por los contratantes y se actualiza en el supuesto de que el acreditado no cumpla oportunamente en el plazo o término previsto, además de que es una obligación contractual que permanece durante la totalidad del periodo de incumplimiento y en tanto permanezca la mora, se cuantifica con base en una tasa o margen adicional al costo financiero o interés ordinario previsto en el contrato de crédito, aparte de que su reclamación no excluye el cumplimiento del contrato y la consiguiente restitución del capital adeudado y demás prestaciones pactadas; que la obligación convenida en la cláusula décima segunda del contrato base de la acción reúne estos elementos constitutivos del ‘interés moratorio’, a los cuales se debe atender para desentrañar su sentido normativo e interpretar lo ahí convenido en aplicación de la regla contractual prevista en la cláusula vigésima sexta del acuerdo de voluntades; que si bien es cierto que los contratantes designaron claramente como pena convencional a la obligación consignada en la cláusula décima segunda, el juzgador debió atender a la naturaleza jurídica intrínseca de la obligación pactada, antes que a la designación que le dieron las partes, la que puede ser errónea, de manera que no pudiera, como se dijo, desentrañar la intención de las partes; que si bien la pena convencional se da para el caso de incumplimiento contractual, la misma se actualiza, concreta y agota con el simple hecho del incumplimiento y tiene un carácter indemnizatorio, independientemente de la duración del incumplimiento, pues dicho lapso resulta intrascendente, consecuencia de lo cual su cuantificación se agota en un solo momento a manera de daños y perjuicios que estimaron las partes produciría el incumplimiento, y que en cambio la obligación consignada en la cláusula décima segunda se genera durante todo el periodo del incumplimiento, constituida, por ende, en relación directa con el tiempo que demore el interesado en la satisfacción de las obligaciones asumidas, por lo que resulta evidente que la prestación convenida no satisface los elementos propios que caracterizan jurídicamente a la pena convencional, ya que atiende no sólo al incumplimiento o morosidad en sí mismos considerados, sino que está en relación directa con el tiempo en que dure la mora, de manera que no existe duda de que la prestación convenida en la cláusula citada constituye un interés moratorio y no una pena convencional, pues el artículo 88 del Código de Comercio determina que en el contrato mercantil en que se fijare pena de indemnización contra el que no lo cumpliere, la parte perjudicada podrá exigir el cumplimiento del contrato o la pena pactada, pero utilizando una de estas dos acciones quedará extinguida la otra, de manera que atendiendo a esta disposición legal, es evidente que no fue voluntad de las partes estipular la pena convencional, ya que convinieron expresamente en que era una ‘adición’ a otra prestación omitida que constituye la causa de generación. Estos razonamientos son válidos. La cláusula décima segunda en la que el banco actor apoya su pretensión de que el demandado le pague intereses moratorios, establece: ‘Pena convencional: En caso de que «la acreditada» no cubra oportunamente a «el banco» algún pago por principal o intereses del crédito objeto de este contrato, pagará a éste, en adición a los intereses ordinarios, una pena convencional a razón de una tasa de interés anual igual a una veinteava parte de la tasa ordinaria del crédito aplicable en el periodo de incumplimiento, sobre el saldo insoluto del mismo que se causará mientras dure la mora.’. El texto de dicha cláusula fue interpretado incorrectamente por la Sala responsable, pues en la misma se pactó como prestación en caso de incumplimiento del contrato, el pago de lo que se denominó pena convencional, la cual tiene como fin directo e inmediato el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento de la obligación, dándose por una sola ocasión, pero en la última parte de la cláusula transcrita se estipuló: ‘... pagará a éste, en adición a los intereses ordinarios, una pena convencional a razón de una tasa de interés anual igual a una veinteava parte de la tasa ordinaria del crédito aplicable en el periodo de incumplimiento, sobre el saldo insoluto del mismo que se causará mientras dure la mora.’; anotación de donde se desprende la intención de las partes en el pago de ciertos intereses moratorios pues si bien, por un lado, se habla de pena convencional, ésta se actualiza sólo por una ocasión, lo cual implica que tiene carácter indemnizatorio, sin influir en su cuantificación el tiempo que dure el incumplimiento, pero en el caso, los contratantes acordaron que tal prestación se generaría todo el tiempo que durara la mora. Ahora bien, en la citada cláusula se alude en forma indistinta a pena convencional y a intereses moratorios, de manera que debe atenderse para su interpretación al artículo 1710 del Código Civil del Estado, que dice: ‘Si los términos de un contrato son claros y no dejan duda sobre la intención de los contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas. Si las palabras parecieran contrarias a la intención evidente de los contratantes, prevalecerá ésta sobre aquéllas.’. Y en el caso concreto, conforme a dicha cláusula, es indudable que la intención de los contratantes no fue convenir en una pena convencional, sino en el pago de intereses moratorios, y como la Sala responsable no lo consideró de esta manera, la sentencia reclamada, en el aspecto tratado, resulta violatoria de garantías individuales en perjuicio del banco quejoso y, en consecuencia, procede otorgarle la protección constitucional solicitada para el efecto de que la Magistrada responsable deje insubsistente la sentencia reclamada y dicte una nueva en la que siguiendo los lineamientos que se dan en esta ejecutoria resuelva lo que en derecho corresponda."
Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, en el juicio de amparo directo civil número 294/99 sostuvo, en la parte medular relativa a la temática de contradicción, lo siguiente:
"CUARTO. Son infundados los transcritos conceptos de violación. No asiste razón al quejoso cuando afirma que al pronunciar la sentencia reclamada, el Magistrado responsable violó en su perjuicio las reglas que rigen la interpretación de los contratos, por haber realizado una inadecuada comprensión de la cláusula décima segunda del contrato base de la acción, pues asegura que la prestación que se estipuló en la misma constituye un interés moratorio y no una pena convencional. Así se concluye, habida cuenta que este Tribunal Colegiado advierte, contrario a lo que se arguye, que la autoridad responsable, Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, sí realizó una justa explicación de la referida cláusula décima segunda del contrato, y de ella derivó que la voluntad que los contratantes plasmaron en ella lo era un consenso por el que convinieron en establecer una sanción para el supuesto de que el acreditado incurriera en mora o en incumplimiento en la realización de algún pago, por suerte principal o intereses, y no un acuerdo en que se conviniera en el cobro de intereses moratorios, pues así deriva de la literalidad de la misma, cuyo texto, como lo reconoce la quejosa, es como sigue: ‘Décima segunda. Pena convencional. En caso de que «la acreditada» no cubra oportunamente a «el banco» algún pago por principal o intereses del crédito objeto de este contrato, pagará a éste, en adición a los intereses ordinarios, una pena convencional a razón de una tasa de interés anual igual a una veinteava parte de la tasa ordinaria del crédito aplicable en el periodo del incumplimiento, sobre el saldo insoluto del mismo que se causará mientras dure la mora.’. Lo que incluso motivó, como también se señala en los conceptos de violación, que en el séptimo de los hechos de la demanda el actor manifestara que: ‘Como se desprende de la cláusula décima segunda del contrato base de la acción, las partes convinieron que en caso de mora o incumplimiento por parte del acreditado de realizar algún pago por concepto del principal o de los accesorios del crédito en la forma, monto y términos convenidos se aplicaría, como pena convencional y en adición a los intereses ordinarios, una tasa de interés anual igual a veinte partes de cien o veinte por ciento de la tasa ordinaria aplicable en el periodo de incumplimiento, sobre el saldo insoluto del mismo que se causará mientras dure la mora.’. De lo que debe concluirse que, como con acierto lo señaló la responsable, la referida cláusula décima segunda del contrato del cual se demandó su vencimiento anticipado, no admite otra interpretación diversa, sino de que en ella se pactó una pena convencional y no como con desacierto pretende hacer ver la quejosa un interés moratorio, habida cuenta que así se colige del texto mismo de la cláusula. Consecuentemente, al margen de que sea cierto que el artículo 291 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en relación con los numerales 6o., fracción II y 48 de la Ley de Instituciones de Crédito; 361 y 362 del Código de Comercio, y los preceptos 1796 y del 1854 al 1859 del Código Civil Federal, reconozcan la existencia y validez de los usos bancarios y que por motivo de éstos sea práctica común la estipulación de intereses moratorios para el caso de incumplimiento o mora en la satisfacción de una obligación, sin embargo, es inexacto que, a fin de determinar la naturaleza jurídica y la verdadera voluntad de las partes, en el caso se haga necesario acudir a los usos bancarios ‘para desentrañar la ambigüedad de la naturaleza jurídica’ de la prestación contenida en la cláusula décima segunda, pues en el caso, se insiste, la literalidad de la misma pone de manifiesto que la voluntad expresada por las partes se encuentra claramente revelada. En esas condiciones, si como lo señala la misma quejosa en su libelo de demanda, la naturaleza jurídica del interés moratorio convencional requiere el cumplimiento de ciertos requisitos, entre ellos, según dice: ‘A) Constituye una prestación específicamente pactada por las partes contratantes ...’, resulta incontrovertible que su existencia no puede surgir de las disposiciones legales que admiten la existencia de los usos bancarios, ni de la circunstancia de que uno de ellos (los usos bancarios) lo sea el pacto del pago de intereses moratorios, como sanción al incumplimiento oportuno de las obligaciones contraídas por el acreditado. Máxime que es cierto, como lo señala la responsable, que el artículo 361 del Código de Comercio establece que: ‘Toda prestación pactada a favor del acreedor que conste precisamente por escrito, se reputará interés.’. En esas condiciones, si bien es cierto, como afirma el quejoso, que la reclamación del interés moratorio no excluye el cumplimiento del contrato y la restitución del capital adeudado y demás prestaciones reclamadas, sin embargo, como se dejó precisado con antelación, si en el caso no existió pacto expreso de las partes en que se conviniera el derecho del banco a reclamar su importe, con la obligación correlativa del demandado de pagarlo, es legal el proceder de la responsable cuando negó condenar a los demandados a cumplir con el reclamo del actor por ese concepto. Y contra lo que también se afirma, la pena convencional pactada no participa de la misma naturaleza que la pena de indemnización que prevé el artículo 88 del Código de Comercio, pues esta última (la indemnización) tiene como característica, por su fin, el que viene a suplir el cumplimiento de la obligación principal y no, como en el caso, el de ser un complemento de las obligaciones con las que debe cumplir el acreditado como sanción a su omisión de acatar en tiempo los términos de lo pactado, pues si como lo señala el Magistrado y lo admite el quejoso, son diversas las notas que caracterizan la pena convencional y el interés moratorio, resulta inconcuso que carece de fundamento la afirmación del peticionario del amparo cuando asegura que la responsable realizó una interpretación errónea, formalista y letrista de la aludida cláusula ‘atendiendo tan sólo a la denominación formal dada por las partes’, si como el propio quejoso lo admite ‘claramente los contratantes designaron como pena convencional a la obligación que en dicha cláusula designaron’. No resulta óbice para considerarlo de este modo, la circunstancia de que sea cierto que la referida cláusula décima segunda establezca que la pena convencional ‘se causará mientras dure la mora’, habida cuenta que como acierto lo hace notar la responsable, pese a que en su redacción se utilizan términos propios de los pactos sobre intereses moratorios; sin embargo, la referida cláusula también reúne las exigencias que conforme a los artículos 1840 y 1847 del Código Civil aplicable en materia federal ‘... debe reunir, es decir: a) acuerdo de voluntades de los contratantes, accesorio a una convención principal, como se advierte de la propia celebración del contrato accionario visible a fojas 21 a la 27 del principal; b) sobre la imposición de una pena, en sustitución del resarcimiento de posibles daños y perjuicios, en la especie, fue celebrada adicionando a los intereses ordinarios una tasa de interés anual igual a una veinteava parte de la tasa ordinaria del crédito aplicable en el periodo de incumplimiento, sobre el saldo insoluto del mismo que se causará mientras dure la mora; c) para el caso de incumplimiento de la obligación objeto de la convención principal, en el presente caso basta remitirnos a la cláusula décima segunda del presente convenio accionario, misma que para cubrir vigencia sólo era necesario que la acreditada no cubriera oportunamente al banco algún pago por principal o intereses del crédito objeto del consenso de voluntades para el efecto de cubrir una pena convencional en tales términos; d) pena consistente en el otorgamiento de alguna prestación a favor del acreedor, lo que debe entenderse resarcir a la institución de crédito actora por el incumplimiento efectuado, lo plasmado en la cláusula décima segunda tantas veces citada y que reza: «En caso de que la ‹acreditada› no cubra oportunamente a ‹el banco› algún pago por principal o intereses del crédito objeto de este contrato, pagará a éste, en adición a los intereses ordinarios, una pena convencional a razón de una tasa de interés anual igual a una veinteava parte de la tasa ordinaria del crédito aplicable en el periodo de incumplimiento, sobre el saldo insoluto del mismo que se causará mientras dure la mora.’. Y contra lo que se afirma, tal consideración es legal, pues del todo desacertada resulta la afirmación del quejoso de que de la cláusula décima segunda se derive la obligación del acreditado de pagar a la institución actora intereses moratorios. Consecuentemente, debe convenirse que al margen de que se comparta o no el criterio del quejoso cuando afirma que: ‘La prestación moratoria pactada no atiende al incumplimiento o morosidad en sí mismos considerados, que es lo propio de la pena convencional, sino que tiene en cuenta el periodo de incumplimiento de la obligación insatisfecha, lo que es propio y característico del interés moratorio’, lo cierto es que este Tribunal Colegiado advierte que al margen de que la referida cláusula en su redacción contenga tanto términos que generalmente son utilizados para el pacto de intereses moratorios, como para la pena convencional, lo cierto es que debe estarse a su literalidad, que contiene la voluntad expresa que las partes pactaron en términos de lo dispuesto por el artículo 78 del Código de Comercio; convención de voluntades que es la ley suprema que rige los contratos, y que si éstos pactaran como sanción para el caso de incumplimiento de las obligaciones, lo que llamaron una ‘pena convencional’, del todo ilegal resultaría que la responsable condenara a los acreditados no al cumplimiento de la sanción acordada, sino al pago de intereses moratorios. En ese orden de ideas, al resultar infundados los conceptos de violación, lo procedente es negar a la institución quejosa la protección constitucional solicitada."
QUINTO. Con el propósito de establecer y delimitar la materia de la contradicción de criterios denunciada, se estima conveniente hacer una síntesis de las características de los asuntos sometidos al conocimiento de cada uno de los Tribunales Colegiados antes mencionados.
1. El Primer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito conoció del juicio de amparo directo número 61/99, interpuesto por Banpaís, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, en contra de la sentencia dictada el cuatro de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, en el toca de apelación 1-561/98, por la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Michoacán, que a su vez confirmó la resolución dictada por el Juez Tercero de lo Civil de ese distrito judicial, ante quien la quejosa el diecisiete de noviembre de mil novecientos noventa y siete demandó a los señores Abel González Juárez y Ángela Mejía Cedeño en la vía ordinaria mercantil y en ejercicio de las acciones real hipotecaria y personales o de crédito, la declaración judicial de vencimiento anticipado del contrato de apertura de crédito con garantía hipotecaria, de fecha catorce de marzo de mil novecientos noventa y cuatro, habiendo resuelto dicho Juez Civil de primera instancia, en la parte que interesa, que absolvía a los demandados del pago de intereses moratorios, en la inteligencia de que en las cláusulas décima segunda y vigésima sexta del aludido contrato de apertura de crédito, se pactó lo siguiente:
"Décima segunda. Pena convencional: En caso de que ‘la acreditada’ no cubra oportunamente a ‘el banco’ algún pago por principal o intereses del crédito objeto de este contrato, pagará a éste, en adición a los intereses ordinarios, una pena convencional a razón de una tasa de interés anual igual a una veinteava parte de la tasa ordinaria del crédito aplicable en el periodo de incumplimiento, sobre el saldo insoluto del mismo que se causará mientras dure la mora."
"Vigésima sexta. Títulos de las cláusulas: Los títulos de las cláusulas que aparecen en el presente instrumento se han puesto con el exclusivo propósito de facilitar su lectura, por tanto no definen, ni limitan el contenido de las mismas. Para efectos de interpretación de este contrato, deberá atenderse al contenido de sus antecedentes y cláusulas y de ninguna manera al título de estas últimas."
El aludido Primer Tribunal Colegiado, interpretando dichas cláusulas, concedió el amparo y protección solicitados, bajo las siguientes consideraciones:
A) En la cláusula décima segunda del contrato de apertura de crédito celebrado entre la quejosa y los demandados, se pactó como prestación en caso de incumplimiento del contrato, el pago de lo que se denominó pena convencional, la cual tiene como fin directo e inmediato el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento de la obligación, dándose por una sola ocasión.
B) En la última parte de la cláusula aludida se estipuló el pago en adición a los intereses ordinarios, de una pena convencional a razón de un pago de intereses moratorios, de donde se desprende la intención de las partes, pues si bien, por un lado, se habla de pena convencional, ésta se actualiza sólo por una ocasión, lo cual implica que tiene carácter indemnizatorio, sin influir en su cuantificación el tiempo que dure el incumplimiento, pero en el caso los contratantes acordaron que tal pretensión se generaría por todo el tiempo que durara la mora.
C) En la citada cláusula se alude en forma indistinta a pena convencional y a intereses moratorios, de manera que debe atenderse para su interpretación al artículo 1710 del Código Civil del Estado, que dice: "Si los términos de un contrato son claros y no dejan duda sobre la intención de los contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas. Si las palabras parecieren contrarias a la intención evidente de los contratantes, prevalecerá ésta sobre aquéllas.".
D) En consecuencia, dicho Tribunal Colegiado concluyó que en el caso concreto, conforme a dicha cláusula, es indudable que la intención de los contratantes no fue convenir en una pena convencional, sino en el pago de intereses moratorios.
2. Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito conoció del juicio de amparo directo número 294/99, interpuesto por Banpaís, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, en contra de la sentencia dictada el veinticuatro de marzo de mil novecientos noventa y nueve, dentro del toca de apelación 1-104/99, por la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Michoacán, que a su vez confirmó la resolución dictada por el Juez Tercero de lo Civil de ese distrito judicial, ante quien la quejosa el diecisiete de septiembre de mil novecientos noventa y siete demandó a los señores Eduardo Jerezano Tenorio y señora Maricela Susana Serrano Valdés en la vía ejecutiva mercantil y en ejercicio de las acciones real hipotecaria y personales o de crédito, la declaración judicial de vencimiento anticipado del contrato de apertura de crédito con garantía hipotecaria, de fecha diecisiete de junio de mil novecientos noventa y tres, habiendo resuelto dicho Juez Civil de primera instancia, en la parte que interesa, que absolvía a los demandados del pago de intereses moratorios.
En dicho contrato de apertura de crédito se estipularon idénticas cláusulas décima segunda y vigésima sexta, que las transcritas en el apartado que antecede.
El referido Segundo Tribunal Colegiado, interpretando dicho clausulado, negó el amparo y protección solicitado, al tenor de las siguientes consideraciones:
A) La cláusula décima segunda del contrato de apertura de crédito celebrado entre la quejosa y los demandantes, no admite otra interpretación diversa, sino de que en ella se pactó una pena convencional y no un interés moratorio, habida cuenta de que así se colige del texto mismo de su cláusula, con independencia de los usos bancarios de que sea práctica común la estipulación de intereses moratorios para el caso de incumplimiento o mora en la satisfacción de una obligación.
B) El interés moratorio convencional requiere el cumplimiento de ciertos requisitos, entre ellos, una prestación específicamente pactada por las partes contratantes, por lo que resulta incontrovertible que su existencia no puede surgir de las disposiciones legales que admiten la existencia de los usos bancarios ni de la circunstancia del pago de intereses moratorios, como sanción al incumplimiento oportuno de las obligaciones contraídas por el acreditado, máxime que el artículo 361 del Código de Comercio establece que: "Toda prestación pactada a favor del acreedor que conste precisamente por escrito, se reputará interés.".
C) Si en el caso no existió pacto expreso de las partes en que se conviniera el derecho del banco a reclamar su importe, con la obligación correlativa del demandado de pagarlo, es correcto que no se haya condenado a los demandados a cumplir con el reclamo del actor por ese concepto.
D) La pena convencional pactada no participa de la misma naturaleza que la pena de indemnización que prevé el artículo 88 del Código de Comercio, pues esta última tiene como característica, por su fin, el que viene a suplir el cumplimiento de la obligación principal y no, como en el caso, el de ser un complemento de las obligaciones con las que debe cumplir el acreditado, como sanción a su omisión de acatar en tiempo los términos de lo pactado, pues son diversas las notas que caracterizan la pena convencional y el interés moratorio.
E) Al margen de que la referida cláusula en su redacción contenga tanto términos que generalmente son utilizados para el pacto de intereses moratorios, como para la pena convencional, lo cierto es que debe estarse a su literalidad, que contiene la voluntad expresa que las partes pactaron en términos de lo dispuesto por el artículo 78 del Código de Comercio; convención de voluntades que es la ley suprema que rige los contratos, y que si éstos pactaron como sanción para el caso de incumplimiento de las obligaciones lo que llamaron una pena convencional, del todo ilegal resultaría que la responsable condenara a los acreditados no al cumplimiento de la sanción acordada sino al pago de intereses moratorios.
Del examen de las ejecutorias resumidas se advierte que la contradicción de que se trata consiste, básicamente, en que tanto el Primer como el Segundo Tribunales Colegiados del Décimo Primer Circuito, interpretando las cláusulas décima segunda y vigésima sexta de los convenios de apertura de crédito suscritos por la quejosa Banpaís con diversos acreedores, arribaron a conclusiones antagónicas, esto es, el primero de esos órganos colegiados concluyó que la intención de las partes fue la de convenir el pago de intereses moratorios para el caso de incumplimiento de las obligaciones contraídas, mientras que el otro tribunal, interpretando literalmente esas cláusulas, concluyó que lo pactado fue una cláusula convencional.
Ahora bien, a efecto de determinar si esa contradicción de criterios colma los requisitos que establecen los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, al regular específicamente las hipótesis de tesis contradictorias entre Tribunales Colegiados de Circuito, se impone transcribir su contenido.
"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: ... XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, a fin de que el Pleno o la Sala respectiva, según corresponda, decidan la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia. Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo materia de su competencia, cualquiera de esas Salas, el procurador general de la República o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, que funcionando en Pleno decidirá cuál tesis debe prevalecer. La resolución que pronuncien las Salas o el Pleno de la Suprema Corte en los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, sólo tendrá el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción."
"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. El procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días. La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias. ..."
Los preceptos reproducidos han sido interpretados por este Alto Tribunal en el sentido de que la contradicción de tesis debe darse sobre una misma situación jurídica como forma o sistema de integración de jurisprudencia; que para que se pueda dilucidar la tesis que debe prevalecer en un caso determinado, debe existir cuando menos formalmente oposición de criterios jurídicos respecto de una misma situación jurídica controvertida, ya sea que se suscite entre las consideraciones, los razonamientos o las interpretaciones vertidas dentro de la parte considerativa de las sentencias respectivas y, final
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17326-9da6fb9e/contradiccion-de-tesis-no-basta-para-su-existencia · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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