CONTRATO DE CRÉDITO, VENCIMIENTO ANTICIPADO DEL. SU AVISO POR ESCRITO AL ACREDITADO NO CONSTITUYE UN REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD DE DICHA ACCIÓN, SI ELLO NO FUE PUNTO EXPRESAMENTE CONVENIDO POR LAS PARTES EN LA ESTIPULACIÓN RELATIVA A LAS CAUSAS QUE LO MOTIVARÍAN (APLICACIÓN SUPLETORIA DE LOS ARTÍCULOS 78 DEL CÓDIGO DE COMERCIO Y 1851 A 1859 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL A LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 55/99-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es legalmente competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 197-A de la Ley de Amparo, 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el punto tercero, fracción V, del Acuerdo 1/97, emitido por el Tribunal Pleno el veintisiete de mayo de mil novecientos noventa y siete, toda vez que se trata de la denuncia de una contradicción de tesis sustentada por dos Tribunales Colegiados, sobre la aplicación de diversas disposiciones legales que se refieren a la interpretación de las cláusulas de un contrato de crédito, respecto del aviso hecho por escrito al acreditado del vencimiento anticipado de un crédito, en el cual dicho aviso constituye o no un requisito de procedibilidad de dicha acción, si ello no fue punto expresamente convenido por las partes en la estipulación relativa a las causas que motivarían tal vencimiento.
SEGUNDO. El Primer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, al resolver el amparo directo 268/97, consideró, en la parte que interesa, lo siguiente:
"CUARTO. Son infundados los conceptos de violación transcritos. Dada la estrecha relación de los motivos de desacuerdo que formula el Banco Nacional de Comercio Interior, S.N.C., procede estudiarlos en su conjunto; en ellos, se aduce que la autoridad responsable viola los artículos 68 y 72 de la Ley de Instituciones de Crédito, 294 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, 600 y 601 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, y 1194 del Código de Comercio, en relación con los numerales 14 y 16 de la Carta Magna, porque a pesar de que en el contrato fundatorio de la acción, se incluyeron las cláusulas décima y décima segunda que se transcriben en la sentencia reclamada, y de que la actora expuso en la demanda que daba por vencido anticipadamente dicho contrato, la verdad es que optó por ejercer la facultad que le otorga la última de esas cláusulas, de dar por vencidos con anticipación los plazos para el pago del crédito y exigir a los deudores, de inmediato, el saldo del capital, los intereses y demás consecuencias legales, como se desprende del inciso a) del capítulo de prestaciones; que el Magistrado responsable no tomó en cuenta esa circunstancia, no obstante que se le mencionó en los agravios como un caso de excepción, pues, en su criterio, no es tal y el banco estaba obligado a dar a los acreditados el aviso de que era su voluntad dar por vencido anticipadamente el contrato; que la resolución combatida en este punto, resulta incongruente, ya que si se considera que de acuerdo con la cláusula décima la actora tenía que dar aquel aviso, es correcto que se le exija el cumplimiento de ese requisito de procedibilidad, pero que, en la especie, debió declararse procedente la acción intentada, en vista de que el banco reclama anticipadamente el pago total del crédito, conforme a la cláusula décima segunda, que lo autoriza a dar por vencidos los plazos para el pago del adeudo y exigir a los acreditados el reembolso inmediato del saldo del capital, intereses y demás consecuencias legales, cuando no cumplan con cualquiera de las obligaciones asumidas en el contrato; que no advirtió el Magistrado responsable que el contenido de la cláusula décima, implica que el aviso de dar por vencido anticipadamente el contrato, sólo se necesitaba en los casos ahí mencionados, que son distintos a los que contempla la cláusula décima segunda, por lo que ésta constituye una excepción a la cláusula décima; que dicho funcionario también olvidó que el único fin que tiene el multicitado aviso, es que la acreditada tenga el tiempo que en el mismo se le dé para reembolsar las cantidades dispuestas, más los accesorios legales, y que si dicha parte ha incumplido con lo expresamente pactado en el contrato base de la acción y la ley dispone que los contratos se perfeccionan con el mero consentimiento de los contratantes y que desde entonces obligan a los mismos a lo expresamente pactado, y en el caso concreto, el artículo 294 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito no señala que si la acreditada incumple con sus obligaciones, sea indispensable que el acreditante le dé el aviso a que se refiere dicho numeral, es indudable que no tenía que darse éste; que a todo ello hay que agregar que los acreditados sí sabían el plazo para dar por vencido el crédito y que también sabían que el banco podía dar por vencido el plazo para la restitución del capital dispuesto, más los accesorios legales pactados, en virtud de lo convenido en su cláusula décima segunda, por lo que estaban enterados de que el banco podía dar por vencido el plazo, en el momento en que ellos dejaran de pagar alguna amortización y que la falta de aviso no les irroga algún perjuicio. No asiste la razón a la quejosa. En efecto, el apoderado del Banco Nacional de Comercio Interior, S.N.C., mediante escrito presentado el doce de junio de mil novecientos noventa y seis, ante el Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, demandó de María Concepción Licea Contreras y Jesús Pimentel Martínez, el pago de la cantidad de ciento cuarenta y siete mil cuatrocientos doce pesos y sesenta y cuatro centavos, como suerte principal; el pago de intereses ordinarios y moratorios al tipo pactado en el contrato base de la acción, incluyendo los que se generen con posterioridad; el pago de honorarios y gastos que se eroguen con la tramitación del juicio, fundándose en que las personas nombradas ‘... tampoco han liquidado los intereses moratorios por el incumplimiento en el pago de las amortizaciones en las fechas convenidas, que al mismo treinta y uno de enero de mil novecientos noventa y seis, adeudan $11,709.30 (once mil setecientos nueve pesos 30/100 M.N.), y por supuesto tampoco han liquidado el capital vigente o sin vencer que corresponde a 45 pagos de $1,333.00 (mil trescientos treinta y tres pesos 00/100 M.N.); pagaderos a partir del veintinueve de febrero de mil novecientos noventa y seis, al 31 (treinta y uno) de octubre de 1999 (mil novecientos noventa y nueve), mensuales y sucesivos y que suman la cantidad de $60,005.00 (sesenta mil cinco pesos 00/100 M.N.); por lo que han dado motivos suficientes para la tramitación de este juicio, dando como fundamento para ello que los demandados con base en lo estipulado en el contrato, han dejado de cumplir con sus obligaciones del contrato mencionado y como consecuencia han dado motivo para la tramitación de este juicio, al no exhibir el capital e intereses en los plazos pactados, razón por la que el Banco Nacional de Comercio Interior, Sociedad Nacional de Crédito, requiere anticipadamente el pago total del crédito otorgado, más intereses ordinarios y moratorios, y da por vencido anticipadamente el contrato.’. Al escrito inicial se acompañó, entre otros documentos, el primer testimonio de la escritura pública número mil cuatrocientos noventa y tres, del volumen XLIX, del seis de octubre de mil novecientos noventa y cuatro, del protocolo del notario público No. 66 con ejercicio en la ciudad de Zamora, Michoacán, relativo al contrato de crédito simple con garantía hipotecaria que celebraron, por una parte, el Banco Nacional de Comercio Interior, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, y por la otra, María Concepción Licea Contreras y Jesús Pimentel Martínez, el cual contiene, entre otras, las siguientes cláusulas: ‘... Décima. BNCI en los términos del artículo 294 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, queda facultado para restringir en cualquier tiempo el importe del crédito y/o el plazo para su ejercicio y para dar por terminada anticipadamente la duración del contrato de crédito, mediante aviso dado por escrito al acreditado ... Décima segunda. BNCI podrá rescindir este contrato o dar por vencidos anticipadamente los plazos para el pago del crédito y exigir al acreditado el reembolso inmediato del saldo del capital, intereses y demás consecuencias legales, si el acreditado no cumple con cualquiera de las obligaciones que asume en este contrato y en los siguientes casos: a. No efectuarse puntualmente uno o más de los pagos para cubrir el capital, intereses y demás accesorios aquí pactados y los impuestos o cualquier adeudo fiscal a su cargo ...’. A juzgar por lo expuesto en la demanda que dio origen al juicio ejecutivo mercantil número 819/96, el Banco Nacional de Comercio Interior, S.N.C., ante el incumplimiento, por parte de María Concepción Licea Contreras y Jesús Pimentel Martínez, en el pago de las amortizaciones convenidas, decidió dar por terminado el contrato de crédito simple con garantía hipotecaria que tenía celebrado con ellos, de modo que, en términos de la cláusula décima de dicho acuerdo de voluntades, estaba obligado a dar a los acreditados, antes de acudir ante la autoridad judicial, un aviso escrito de ello, en la forma que señala el artículo 294 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, y como no lo dio, fue correcto que el Magistrado responsable estimara improcedente su reclamación; sin que valga el alegato de la quejosa, acerca de que ella planteó la demanda con base en la cláusula décima segunda del propio contrato, la cual no exige que se dé aviso previo a los acreditados, para dar por vencidos los plazos en que tuviera que efectuarse el pago y reclamar el saldo del capital, los intereses y demás accesorios, porque esta cláusula, que señala los casos en que la institución bancaria puede dar por vencidos anticipadamente los plazos para el pago del crédito, debe relacionarse con la décima, en la que se estipuló que de conformidad con el artículo 294 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, la acreditante quedaba facultada para dar por terminada anticipadamente la duración del contrato a través de un aviso por escrito que hiciera llegar a los acreditados, lo que implica que ambas cláusulas se complementan y que fue voluntad de los contratantes que el banco, en el supuesto de que resolviera dar por terminado anticipadamente el contrato, tenía que avisar de ello por escrito a los acreditados, de ahí que si en la especie se abstuvo de cumplir con ese requisito de procedibilidad, la acción que intentó no podía prosperar. Tampoco asiste la razón a la peticionaria del amparo, cuando afirma que el emplazamiento que se hizo a los demandados, surte los efectos del aviso por escrito que tenía que dárseles, según la cláusula décima del contrato de crédito materia del litigio, por cuanto que, como lo sostiene el tribunal ad quem, dicho aviso debe ser previo a la presentación de la demanda, de conformidad con el artículo 294 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, invocado por los contratantes en la cláusula referida. En lo que respecta al diverso motivo de inconformidad que expresa la quejosa, acerca de que su acción debió considerarse procedente, a la luz de los artículos 68 y 72 de la Ley de Instituciones de Crédito, que establece que basta el contrato de crédito y el estado de cuenta que expida el contador autorizado por el banco, para que se integre el título ejecutivo, cabe decir que no es atendible, puesto que los contratos, como se apunta en la sentencia reclamada, se perfeccionan con el mero consentimiento de los contratantes y desde entonces obliga a éstos al cumplimiento de lo pactado, de acuerdo con lo que dispone el artículo 1796 del Código Civil para el Distrito Federal, supletorio del de Comercio; y si en el presente caso, la acreditante y los acreditados convinieron, según el contenido de las cláusulas décima y décima segunda del contrato exhibido con el escrito inicial, en que la primera entregaría a los segundos, en el supuesto de que decidiera dar por vencido anticipadamente el contrato, un aviso por escrito, en términos del artículo 294 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, resulta lógico estimar que en tanto no cumpla con tal exigencia, su acción es improcedente, pese a que haya fundado la demanda en el contrato de crédito que celebró con la parte reo y en el estado de cuenta que elaborara el contador autorizado, de ahí que no exista base jurídica para admitir que al menos debió condenarse a los demandados al pago de los adeudos mencionados. En esas condiciones, ante lo infundado de los conceptos de violación hechos valer, se impone concluir que la sentencia reclamada no viola las garantías individuales de la quejosa, tuteladas por los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal; que lo pertinente es negarle el amparo que solicita."
TERCERO. El Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo número 171/99, sostuvo lo siguiente:
"QUINTO. Resultan fundados los preinsertos conceptos de violación, en el aspecto donde se sostiene que el Magistrado responsable incurrió en un error de interpretación, respecto de las cláusulas décima segunda y décima tercera del contrato base de sus pretensiones, lo que a la postre provocó que declarara la improcedencia de las mismas bajo el argumento de que, previo a su reclamación judicial, debió cumplir con el requisito de procedibilidad de la acción intentada, consistente en dar aviso al acreditado de la denuncia de dicho acuerdo de voluntades, por escrito, con acuse de recibo o ante fedatario público, a elección del banco actor, tal como afirma se pactó en la estipulación contractual indicada en primer término. En efecto, consta del contrato de apertura de crédito con interés y garantía hipotecaria celebrado entre actora y demandado con fecha cuatro de octubre de mil novecientos noventa y cuatro (fojas 38 a la 45), que el mismo se otorgó hasta por la suma de doscientos noventa y siete mil quinientos pesos, habiendo dispuesto el acreditado (aquí tercero perjudicado) en el momento de la firma de ese acuerdo de voluntades del monto total del empréstito, con excepción de los gastos ‘notariales y bancarios’, como se consignó en el inciso a) de su cláusula segunda. Asimismo, aparece del contrato en comento que las partes, entre otras cosas, convinieron en que el acreditado podría disponer de un crédito adicional para el pago de los intereses que se devengaran y debiera cubrir en las fechas y montos señalados en el inciso b) de la cláusula cuarta, el cual sería por el equivalente al setenta y cinco por ciento del importe del crédito principal, es decir, por la suma de doscientos veintitrés mil ciento veinticinco pesos; que las disposiciones de este refinanciamiento sólo se ejercerían durante los primeros once años de vida del crédito, y siempre que el pago mensual denominado como ‘erogación neta’ a que se refiere la cláusula sexta no alcanzara a cubrir el importe total de los intereses que se causaran conforme al inciso b) de la cláusula cuarta; que la falta de pago de dos mensualidades consecutivas automáticamente haría perder al acreditado el derecho de ejercer el refinanciamiento de intereses, debiéndose pagar completos los intereses generados mensualmente; que el acreditado pagaría a la acreedora, sin necesidad de requerimiento alguno, aparte de una comisión por concepto de apertura de crédito, intereses ordinarios anuales sobre saldos insolutos, pagaderos mensualmente a razón de la tasa que resultara más alta entre sumar la tasa líder más seis puntos o tasa líder por el factor ‘1.25’, lo que resultara mayor al momento de efectuar el cálculo entre las opciones siguientes: ‘1) El Costo Porcentual Promedio de Captación (CPP) en moneda nacional para las instituciones de banca múltiple determinado y publicado por el Banco de México, correspondiente al mes inmediato anterior al mes en que se devenguen los intereses respectivos. 2) La tasa de rendimiento de los Certificados de la Tesorería de la Federación en emisión primaria (cetes), a plazo de veintiocho días que se encuentre vigente en la última semana del mes inmediato anterior. 3) La Tasa de Interés Interbancaria Promedio (TIIP), emitida por el Banco de México vigente en la última semana del mes inmediato anterior a la fecha de cálculo.’; que para el caso de que tales alternativas fueran retiradas o sustituidas por las entidades correspondientes, se tomaría en consideración la tasa de interés más alta del bono o instrumento que el Gobierno Federal colocara en el mercado de dinero que se aproxime al plazo de veintiocho días; que los intereses se calcularían dividiendo la tasa anual de interés aplicable entre trescientos sesenta días, multiplicando el resultado así obtenido por el número de días efectivamente transcurridos durante cada mes en el cual se devenguen los intereses a dicha tasa y el resultado se multiplicaría por el saldo insoluto del crédito al cierre del mes anterior en el que se devenguen; que para el caso de que el acreditado incumpliera con el pago oportuno de cualquiera de las obligaciones a su cargo, cubriría por concepto de intereses moratorios el equivalente al resultado de multiplicar la tasa de interés ordinaria por ‘1.5’; que el importe del crédito y los intereses serían cubiertos en un plazo de quince años, contados a partir de la fecha de firma de la escritura respectiva, mediante pagos mensuales sucesivos a realizarse el penúltimo día hábil bancario de cada mes; que el acreditado contrataría un seguro contra daños provenientes de riesgos, tales como incendios, rayos, explosiones, extensión de cubierta, terremotos y erupciones volcánicas, por una suma asegurada igual al valor de la parte destructible que en esa fecha tuviera el inmueble hipotecado, lo mismo que un seguro de vida e invalidez total y permanente por una cantidad equivalente al saldo insoluto del crédito; y, en las cláusulas décima segunda y décima tercera, que son la base de la incorrecta interpretación que se atribuye al ad quem, las partes convinieron lo siguiente: ‘Décima segunda. Denuncia. «El banco» queda facultado para restringir el importe del crédito o el plazo para hacer uso del mismo, o ambos, o para denunciar el contrato en cualquier tiempo mediante aviso dado a «El acreditado» por escrito con acuse de recibo o ante fedatario, a elección del «banco». Décima tercera. Vencimiento anticipado. «El banco» podrá dar por vencido anticipadamente el plazo estipulado para el pago de las prestaciones a cargo del «acreditado» en caso de incumplimiento a cualquiera de las obligaciones previstas en este contrato y en cualquiera de los siguientes casos: A) Si «El acreditado», deja de pagar puntualmente una o más de las erogaciones netas convenidas en este instrumento. B) Si «El acreditado» destina el importe del crédito o parte del mismo a fines diferentes de los pactados. C) Si «El acreditado» deja de pagar durante la vigencia de este contrato, las contribuciones prediales o derechos por servicio de agua del inmueble hipotecado, o no se cubre dentro de los diez días siguientes a la fecha en que sea exigible cualquier adeudo fiscal a cargo del predio hipotecado. «El acreditado», se obliga a mostrar al «banco» los comprobantes de pago cada vez que éste lo requiera. D) Si «El acreditado» da en arrendamiento o comodato la vivienda hipotecada en este instrumento. E) Si «El acreditado» transmite la propiedad, afecte en fideicomiso o grave el inmueble hipotecado, sin previo consentimiento otorgado por escrito por parte del banco. F) Si se embarga el inmueble hipotecado o se ejercita cualquier acción judicial o administrativa en contra del «acreditado» que afecte en alguna forma la garantía constituida. G) Si el inmueble hipotecado disminuyera de valor, haciéndose insuficiente para cubrir la cantidad garantizada «El acreditado» renuncia al derecho que le concede el artículo dos mil novecientos nueve del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos en el Estado de Michoacán, según el cual sólo cuando no mejore la garantía procederá al cobro anticipado del crédito. H) Si «El acreditado» no efectúa los pagos correspondientes a las primas de seguros. I) Si «El banco» denuncia el contrato en los términos previstos en la cláusula décimo tercera. J) Si «El acreditado» no cumple con cualquiera de las obligaciones a su cargo, derivadas de este contrato o de la ley.’. Ahora bien, tal como lo hace notar el promovente de esta instancia constitucional, ciertamente de conformidad con lo dispuesto por el artículo 78 del Código de Comercio, en las convenciones mercantiles cada uno se obliga en la manera y términos que aparezca que quiso hacerlo; de ahí que para dilucidar las obligaciones asumidas por cada contratante, es menester acudir, precisamente, a las estipulaciones plasmadas por ellos en el acuerdo de voluntades de que se trate, siguiendo los lineamientos que para la interpretación de los contratos establecen los numerales 1851 al 1859 del Código Civil Federal, de aplicación supletoria a la materia mercantil. Preceptos que en lo conducente disponen que si los términos de un contrato son claros y no dejan duda sobre la intención de los contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas; que si las palabras parecieren contrarias a la intención evidente de los contratantes, prevalecerá ésta sobre aquéllas; que cualquiera que sea la generalidad de un contrato no debieran entenderse comprendidos en él cosas distintas y casos diferentes de aquellos sobre los que los interesados se propusieron contratar; que si alguna cláusula admite diversos sentidos, la misma deberá entenderse en el más adecuado para que produzca efectos; que las estipulaciones contractuales deben interpretarse las unas por las otras, atribuyendo a las dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas; que las palabras que puedan tener distintas acepciones serán entendidas en aquella que sea más conforme a la naturaleza y objeto del contrato, que el uso o la costumbre del país se tendrán en cuenta para interpretar las ambigüedades del consenso; que cuando absolutamente fuere imposible resolver las dudas conforme a las reglas precedentes, si aquéllas recaen sobre circunstancias accidentales del contrato, y éste fuere gratuito, se resolverán en favor de la menor transmisión de derechos e intereses, pero que si fuere oneroso se resolverá la duda en favor de la mayor reciprocidad de intereses; y que si tales dudas recayeren sobre el objeto principal del contrato, de suerte que no pueda venirse en conocimiento de cuál fue la intención o la voluntad de los contratantes, entonces el contrato será nulo. Por otro lado, y teniendo en cuenta lo que las partes convinieron en el contrato principal base de la acción, éste ciertamente resulta ser como lo aduce el quejoso, y así se aprecia de las cláusulas que se reseñaron en apartados precedentes, un acuerdo de voluntades con obligaciones de plazo prefijado, esto es, con vencimientos sujetos a un término expresamente convenido de antemano, dado que el acreditado, desde la suscripción de tal contrato, efectivamente estaba sabido de que los pagos de capital e intereses se harían dentro de un lapso no mayor a quince años y mediante pagos mensuales, precisamente el penúltimo día hábil bancario de cada mes. De ahí que en la especie dichos compromisos asumidos por el deudor, quedaron regidos por las reglas relativas a las obligaciones de plazo cierto, cuya responsabilidad habría de comenzar desde el vencimiento de la misma, acorde con lo dispuesto por el artículo 2104, fracción I, del Código Civil Federal, sin necesidad de requerimiento u otro tipo de interpelación judicial; quedando facultado el perjudicado con el incumplimiento de las mismas, por tratarse de un contrato sinalagmático (por contener obligaciones recíprocas), entre exigir el cumplimiento o la resolución de la obligación, con el resarcimiento de los daños y perjuicios que en uno u otro casos procedan, o bien pedir la resolución aun cuando hubiere optado por el cumplimiento, cuando éste no hubiere procedido, como lo estatuye el numeral 1949 del citado ordenamiento. Partiendo de lo expuesto, e interpretando el contrato principal base de la acción, de acuerdo con las reglas de los artículos 1851 al 1859 del código sustantivo que se viene invocando, y que ya se precisaron con antelación, sobre todo lo que los contratantes consignaron en las multicitadas cláusulas décima segunda y décima tercera, permite arribar a la conclusión de que el ad quem, como lo hace notar la peticionaria de garantías, ciertamente incurrió en un error de interpretación de las mismas, pues si bien es verdad que en la primera de tales estipulaciones, se dejó establecido que la institución acreedora quedaba facultada para restringir el importe del crédito o el plazo para hacer uso de él, o ambos, o para denunciar el contrato en cualquier tiempo mediante aviso dado al acreditado por escrito con acuse de recibo o ante fedatario, a elección del banco, no menos cierto lo es que la comunicación a la que allí se hace referencia, no puede entenderse como que debe hacerse extensiva para cuando pretenda el vencimiento anticipado del crédito por las causas que se aluden en la cláusula décima tercera; cuenta habida que dicha notificación señalada en la cláusula décima segunda, sólo se estableció para cuando el banco optara por restringir el importe del crédito o el plazo para hacer uso del mismo, o ambos, o para denunciar el contrato en cualquier tiempo, pero siempre que ello lo hiciere por voluntad propia y de manera unilateral, es decir, sin haber mediado causa imputable al acreditado. Lo que no acontece en la especie, donde la institución bancaria quejosa demandó el vencimiento anticipado del crédito, precisamente por incumplimiento del acreditado respecto de las obligaciones asumidas en las cláusulas cuarta, inciso c) y décima tercera, como lo expuso la actora en el hecho noveno de su libelo actio, y al cual hace referencia el ad quem en su resolución. Cláusula décima tercera en la que, como lo hace notar la inconforme, efectivamente, no se aprecia como elemento o requisito de procedibilidad el que menciona la responsable, o sea, el de que para demandar el vencimiento anticipado del crédito por alguna de las causas que ahí se contienen, el banco tuviera la obligación de comunicárselo previamente al acreditado, mediante el aviso que se consignó en la cláusula décima segunda, porque, como también lo pondera la quejosa, ciertamente una fue la cláusula en que se pactó la restricción del crédito y el plazo para su disposición por la sola voluntad de la institución, y otra en la que se convino el vencimiento anticipado por incumplimiento del acreditado, respecto de las obligaciones que contrajo con motivo del otorgamiento del crédito. Dicho de otro modo, en la cláusula décima segunda se plasmó la facultad del banco para denunciar el contrato de manera unilateral o por voluntad propia, en cuyo caso sí debía darse a éste el aviso al que ahí se alude; en tanto que para dar por vencido anticipadamente el crédito, bastaba con que el acreditado incurriera en alguna de las causas que al efecto se establecieron en la cláusula décima tercera, o sea, este supuesto no dependía de la voluntad de la institución acreedora, sino de un incumplimiento del acreditado, en donde, por no haberse estipulado el aviso o notificación que se menciona en la cláusula décima segunda, por lo mismo no constituía un requisito de procedibilidad para demandar el vencimiento anticipado del crédito, como incorrectamente así lo consideró el Magistrado responsable. De lo anterior se sigue que este órgano no comparta el criterio del Primer Tribunal Colegiado de este circuito, cuyas consideraciones cita la responsable en su resolución, sustentado al resolver el amparo directo civil número 268/97, promovido por el Banco Nacional de Comercio Interior, S.N.C.; por lo que procede hacer la correspondiente denuncia de contradicción de tesis ante la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en términos de los artículos 107, fracción XIII, constitucional, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En congruencia con lo anterior, lo que se impone es conceder a la institución bancaria quejosa la protección constitucional que impetra, para el efecto de que el Magistrado responsable deje insubsistente la sentencia reclamada y emita otra en la que, prescindiendo de la consideración de que aquélla no satisfizo el requisito de procedibilidad que adujo en su fallo, resuelva de nueva cuenta lo que legalmente corresponda en el asunto sometido a su potestad, de acuerdo con los agravios que cada parte le hizo valer. Como la concesión del amparo en dichos términos deja sin efectos la resolución impugnada, resulta innecesario ocuparse de las demás alegaciones que hace valer la quejosa, atento a la jurisprudencia número 168, localizada en la página 113, Tomo VI, del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de rubro: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO.’."
La resolución preinserta dio origen a la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, agosto de 1999, página 741, que es del tenor literal siguiente:
"CRÉDITO, VENCIMIENTO ANTICIPADO DEL. SU AVISO POR ESCRITO AL ACREDITADO NO CONSTITUYE UN REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD DE DICHA ACCIÓN, SI ELLO NO FUE PUNTO EXPRESAMENTE CONVENIDO POR LAS PARTES EN LA ESTIPULACIÓN RELATIVA A LAS CAUSAS QUE MOTIVARÍAN TAL VENCIMIENTO ANTICIPADO. Aun cuando en el contrato de crédito en que se funde la acción de su vencimiento anticipado, aparezca que en una de sus cláusulas se convino que el banco quedaría facultado para restringir el importe del crédito o el plazo para hacer uso del mismo, o ambos, o para denunciar el contrato en cualquier tiempo, mediante aviso dado al acreditado por escrito con acuse de recibo o ante fedatario, a elección de la institución bancaria, pe
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/7239-b986dc6e/contrato-de-credito-vencimiento-anticipado-del-su-aviso · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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