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Modo: Corpus Pro

MEDIDAS DE APREMIO. SON APLICABLES SUPLETORIAMENTE LAS CONTENIDAS EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL RESPECTO DE LOS PROCEDIMIENTOS INICIADOS BAJO LA VIGENCIA DE LA LEY DE QUIEBRAS Y DE SUSPENSIÓN DE PAGOS ABROGADA POR DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE DOCE DE MAYO DE DOS MIL.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 57/99-PS. · Registro digital (IUS): 7200
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y CUARTO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Junio de 2001, , Pág. 142.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 57/99-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y CUARTO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

SEGUNDO.-El Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 169/99, materia de la presente contradicción, sostuvo en lo conducente, lo siguiente:

"SEGUNDO.-La recurrente expresó los siguientes agravios (los transcribe).-TERCERO.-Son ineficaces los agravios transcritos.-El acto reclamado en el amparo que se revisa, lo constituye el proveído de veinticuatro de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, pronunciado por el Juez Tercero de lo Concursal de esta ciudad, en el expediente 181/95, relativo a la suspensión de pagos de Ultramudanzas Internacionales, S.A. de C.V., así como el cumplimiento y ejecución de dicho proveído consistente en la imposición de un arresto por treinta y seis horas decretado por el Juez Tercero de lo Concursal, en el proveído antes citado.-La Juez Quinto de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, en sentencia de trece de enero del año en curso, materia de la presente revisión, niega el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada al considerar que el arresto impuesto como medida de apremio se encuentra ajustado a derecho ya que tanto la prevención como la imposición de la medida y la notificación de esa imposición se realizaron ajustadas a derecho.-Apoyó su criterio en la jurisprudencia cuyo rubro es: ‘ARRESTO COMO MEDIDA DE APREMIO. LAS LEYES O CÓDIGOS QUE LA ESTABLECEN POR UN TÉRMINO MAYOR AL DE TREINTA Y SEIS HORAS, SON VIOLATORIOS DEL ARTÍCULO 21 CONSTITUCIONAL.’; negativa que hizo extensiva a los actos de ejecución que se reclaman a las autoridades ejecutoras; fundó su criterio en la jurisprudencia cuyo rubro es: ‘AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE. NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS.’.-En sus agravios los recurrentes en esencia sostienen violaciones a los artículos 77 y 193 de la Ley de Amparo, 219 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por principio porque la sentencia recurrida no se encuentra debidamente fundada; porque además no se cumplió con las formalidades del procedimiento en cuanto a la notificación personal al que se impone la medida de apremio consistente en un arresto de treinta y seis horas; y por último porque la Juez Federal no entró al estudio del segundo de los conceptos de violación, en donde en esencia se sostuvo la inaplicabilidad del artículo 73 del Código de Procedimientos Civiles a la Ley de Quiebras y de Suspensión de Pagos, pues la supletoriedad contenida en el artículo 6o. transitorio de la Ley de Quiebras y de Suspensión de Pagos con relación al Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal es excepcional cuando así expresamente lo permite la propia Ley de Quiebras y de Suspensión de Pagos.-Aunque fundado el agravio referente a que la Juez Federal dejó de estudiar el concepto de violación en relación con la indebida aplicación supletoria del Código de Procedimientos Civiles a la Ley de Quiebras y de Suspensión de Pagos, resulta ineficaz para la revocación de la sentencia recurrida.-Lo anterior se afirma, porque de la lectura de los conceptos de violación que expresaron los hoy recurrentes ante la Juez Federal, en el segundo de éstos los peticionarios de garantías sostuvieron que no obstante la obligación que tiene el Juez responsable de fundar y motivar todas sus resoluciones, el auto que constituye el acto reclamado viola las garantías establecidas en el artículo 16 constitucional, toda vez que su resolución la pretende fundar en el artículo 73 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, el que no es aplicable supletoriamente a la Ley de Quiebras y de Suspensión de Pagos, toda vez que el artículo 6o. transitorio de dicho ordenamiento dispone que la supletoriedad opera únicamente de forma excepcional y en los casos expresamente señalados, siendo en el caso que la Ley de Quiebras y de Suspensión de Pagos no contempla las medidas de apremio y, por lo tanto, no procedía sancionar al quejoso con la imposición del arresto por treinta y seis horas contenida en el acto reclamado (fojas 10 a 12 del expediente 808/98).-Así, de la lectura de la sentencia materia de la presente revisión se aprecia que la Juez Federal declaró infundados los conceptos de violación hechos valer por las quejosas, porque la imposición de la medida de apremio se ajustaba a derecho, al seguirse las formalidades exigidas por la ley en cuanto al apercibimiento, el incumplimiento del apremiado y como consecuencia la imposición de la sanción. Sin atender en forma alguna el concepto de violación referente a la indebida aplicación supletoria del Código de Procedimientos Civiles a la Ley de Quiebras y de Suspensión de Pagos, de ahí que este Tribunal Colegiado con fundamento en el artículo 91, fracción I, de la Ley de Amparo se aboca al estudio de dicho concepto de violación.-Contrariamente a lo sustentado por las peticionarias de garantías, el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal sí resulta aplicable a los procedimientos que regulan la Ley de Quiebras y de Suspensión de Pagos, porque si bien específicamente dicha ley no señala en cuanto a la determinación de las medidas de apremio para hacer cumplir sus determinaciones, también es verdad que ante la omisión de dicha ley debe aplicarse supletoriamente el Código de Procedimientos Civiles, máxime que en el caso el artículo 6o. transitorio de dicha Ley de Quiebras y de Suspensión de Pagos, así lo determina.-En un Estado de derecho en el que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite y los particulares todo lo que la ley no les prohíbe, debe estimarse que las primeras, para ajustarse estrictamente a lo dispuesto por el artículo 16 constitucional, en la emisión de actos de molestia dirigidos a los particulares, deben invocar las disposiciones legales que les otorguen las facultades en que apoyan su actuación.-Si bien en dicho precepto se dice que dicha aplicación del código procesal es excepcional, no por ello debe considerarse la no supletoriedad de dicho ordenamiento legal, precisamente porque en todo procedimiento debe existir la facultad del aplicador de la ley para aplicar medidas de apremio para hacer cumplir sus determinaciones, de manera que si en la Ley de Quiebras y de Suspensión de Pagos no se establecen las medidas de apremio para hacer cumplir sus determinaciones, debe aplicarse la legislación común cuando deba hacerse cumplir una determinación que ella misma hizo; sostener lo contrario implicaría aceptar que tratándose de los procedimientos de quiebras y de suspensión de pagos, el Juez no tiene fuerza coercitiva para hacer cumplir sus determinaciones, lo cual es inatendible.-Asimismo, por regla general, cuando una institución pública no está contemplada en la ley especial opera la supletoriedad de la ley general, cuando así se establece expresamente. En relación con dicha supletoriedad la Ley de Quiebras y de Suspensión de Pagos en su artículo 6o. transitorio establece: ‘Las referencias de esta ley al Código de Procedimientos Civiles, se entienden hechas respecto del Código de Procedimientos Civiles del Distrito y Territorios Federales. Esta supletoriedad es excepcional y sólo se refiere a los preceptos expresamente reglamentados por esta ley. También es temporal, en tanto que no se promulgue el código de procedimientos mercantiles.’.-No obstante la anterior determinación, no hay que olvidar que los órganos jurisdiccionales se encuentran investidos del poder que les otorga el Estado facultándolos para hacer cumplir por sí mismos las resoluciones que éstos emitan, permitiéndoles hacer uso de los medios de apremio para ejercitar la administración de justicia, de ahí que las medidas de apremio se encuentran implícitas en la actividad jurisdiccional, sin que esto implique que se introduzca, en el caso concreto a la Ley de Quiebras y de Suspensión de Pagos, una figura jurídica que este cuerpo no contempla, sino que debido a la laguna que existe respecto a la enumeración o enunciamiento de aquellos medios de apremio, procede aplicar la legislación local adjetiva civil respectiva. De ahí que este Tribunal Colegiado no comparte el criterio sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver la revisión civil 114/98 que cita el recurrente en sus agravios, debiéndose denunciar la contradicción de criterios ante la autoridad competente.-Tampoco asiste razón a los recurrentes al sostener que la Juez Federal infringió el artículo 77 de la Ley de Amparo, al realizar una inadecuada fijación de apreciación de los actos reclamados, pues de la lectura de la sentencia que se revisa se aprecia claramente que la Juez Federal sí fijó adecuadamente el acto reclamado, pues éste se hizo consistir en el auto de fecha veinticuatro de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, emitido por el Juez Tercero de lo Concursal en el procedimiento de suspensión de pagos número 181/95, en donde se hace efectivo el apercibimiento decretado el año citado, consistente en un arresto por treinta y seis horas a Rodolfo Lara Ríos, en su carácter de administrador único de la empresa suspensa Ultramudanzas Internacionales, S.A. de C.V.; el que consideró ajustado a derecho al haberse demostrado con las actuaciones del juicio de origen remitidas por el Juez responsable en apoyo a su informe justificado, dado que en resolución de veintiséis de octubre del año próximo pasado, relativa a la junta de acreedores de reconocimiento, rectificación y graduación de créditos, se previno a la suspensa por conducto de su representante legal para que en el término previsto por el Juez compareciera en el local del juzgado para llevar a cabo la diligencia respectiva, o bien, permitir al personal del juzgado practicar la diligencia cuestionada, apercibiéndolo que de no acudir al juzgado u oponerse a la práctica de la mencionada diligencia se le impondría una medida de apremio consistente en un arresto por treinta y seis horas por conducto de Alfonso Lara Díaz, representante legal de la suspensa, con apoyo en el artículo 73 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal de aplicación supletoria al Código de Comercio y éste a su vez a la Ley de Quiebras y de Suspensión de Pagos; que en cumplimiento de esa determinación el actuario respectivo el cinco de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, se constituyó en el domicilio de la empresa suspensa con la finalidad de notificarle el auto de veintiséis de octubre del año en cita y no encontrándolo presente, el actuario dejó citatorio fijando día y hora para la práctica de la diligencia precisamente en el poder de la secretaria del despacho y, una vez transcurrido el día y la hora fijados nuevamente el actuario se constituyó en el domicilio de la suspensa y no habiéndolo esperado el representante legal de ésta, entendió la diligencia con Nelly Pulido, secretaria del despacho, cerciorado el actuario de que el domicilio en que se constituyó era el señalado en autos por el dicho de la propia secretaria, además por la nomenclatura exterior de la calle y número que aparecía en el inmueble, desarrollando la diligencia respectiva, firmando la persona con quien entendió dicha diligencia, actuaciones todas estas que se ajustaban a derecho y ante el incumplimiento de la empresa suspensa al requerimiento que se le hizo, la medida de apremio impuesta se ajustaba a derecho; de lo anterior claramente se aprecia que el Juez Federal no infringe el artículo 77 de la Ley de Amparo y, por ende, es ineficaz el agravio que se analiza.-Tampoco asiste razón a los recurrentes al sostener que la Juez Federal no apreció adecuadamente las pruebas aportadas en el juicio, ya que de éstas se desprende que no se notificó en forma personal a la empresa suspensa el requerimiento contenido en la resolución de veintiséis de octubre de mil novecientos noventa y ocho, en el que se dijo se apercibe con un arresto de treinta y seis horas al representante de la suspensa en caso de no comparecer al juzgado para llevar a efecto la diligencia de reconocimiento, rectificación y graduación de créditos, pues las notificaciones personales no deben entenderse personalísimas sino que tienen como finalidad el hacer del conocimiento de las partes del juicio los requerimientos del juzgador, permitiendo hacer las notificaciones ante la falta de espera del buscado con la persona que se encuentre en el domicilio, lo que aconteció en el caso.-De ahí que al no haberse demostrado la ilegalidad de la sentencia recurrida, debe confirmarse ésta en sus términos."

TERCERO.-El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, por su parte, al resolver el recurso de revisión RC. 114/98, expuso en lo medular el siguiente criterio:

"SEGUNDO.-La resolución impugnada es del siguiente tenor literal (la transcribe).-TERCERO.-La recurrente expresó los siguientes agravios: (los transcribe).-CUARTO.-Los agravios expresados en relación con la indebida aplicación supletoria del Código de Procedimientos Civiles, son fundados y suficientes para revocar la resolución recurrida.-Efectivamente, la inmobiliaria recurrente aduce que las consideraciones del Juez de Distrito por las cuales desestimó el concepto de violación invocado en contra de la aplicación supletoria del Código de Procedimientos Civiles para la imposición de medidas de apremio, carecen de sustento jurídico porque con independencia de la facultad del Juez de hacer cumplir sus determinaciones, la Ley de Quiebras y de Suspensión de Pagos no prevé medios de apremio y la supletoriedad del Código de Procedimientos Civiles está supeditada a lo establecido en el artículo 6o. transitorio de la propia Ley de Quiebras y de Suspensión de Pagos.-Este agravio es fundado, porque en un Estado de derecho en el que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite y los particulares pueden hacer todo lo que la ley no les prohíbe, debe estimarse que las primeras, para ajustarse estrictamente a lo dispuesto por el artículo 16 constitucional, en la emisión de actos de molestia dirigidos a los particulares, deben invocar las facultades en que apoyan su actuación.-Ahora bien, por regla general cuando una institución jurídica no está contemplada en la ley especial, opera la supletoriedad de la ley general, cuando así se establece expresamente. En relación con dicha supletoriedad la Ley de Quiebras y de Suspensión de Pagos, en su artículo 6o. transitorio establece: ‘Las referencias de esta ley al Código de Procedimientos Civiles, se entienden hechas respecto del Código de Procedimientos Civiles del Distrito y Territorios Federales. Esta supletoriedad es excepcional y sólo se refiere a los preceptos expresamente reglamentados por esta ley. También es temporal, en tanto que no se promulgue el código de procedimientos mercantiles.’.-Es decir, si la propia Ley de Quiebras y de Suspensión de Pagos establece que la supletoriedad del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal es excepcional, dado que sólo opera en lo tocante a los preceptos contenidos en la ley, entre los cuales no se halla alguno que en alguna medida se refiera, aun deficientemente, a los medios de apremio para hacer cumplir las determinaciones judiciales, es inconcuso que el Juez responsable no podía aplicar supletoriamente el código procesal civil para fundar la medida de apremio con que apercibió a la quejosa para hacer valer sus determinaciones, al no existir tal institución en la Ley de Quiebras y de Suspensión de Pagos, en todo caso, por no existir ni medios de apremio ni supletoriedad, tiene que recurrir a las disposiciones penales que castigan los delitos referentes a la desobediencia a mandatos de autoridad.-En apoyo a lo anterior, es pertinente invocar a contrario sensu la jurisprudencia 284, publicada en la página 192 del Tomo IV del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: ‘MEDIOS DE APREMIO.’ (se transcribe).-Así pues, al haber resultado ilegal el auto en donde, con apoyo en el artículo 73 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, se apercibe a la quejosa con imponerle un medio de apremio, se impone revocar la sentencia recurrida y otorgar el amparo para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente la medida de apremio contenida en el acto reclamado."

CUARTO.-Es procedente que esta Sala realice el estudio de la presente denuncia de contradicción de tesis y dicte la resolución correspondiente aun sin contar con la opinión del procurador general de la República, pues debe entenderse que dicho funcionario no estimó pertinente intervenir en el asunto, facultad que le confiere el artículo 197-A, párrafo primero, de la Ley de Amparo.

Al respecto sirve de apoyo la jurisprudencia que establece lo siguiente:

"Octava Época

"Instancia: Tercera Sala

"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

"Tomo: 56, agosto de 1992

"Tesis: 3a./J. 13/92

"Página: 24

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. LA ABSTENCIÓN DEL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA DE EXPONER SU PARECER DEBE INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE QUE NO ESTIMÓ PERTINENTE INTERVENIR EN ELLA.-En el artículo 197-A, primer párrafo, de la Ley de Amparo concede una facultad potestativa al procurador general de la República para que, por sí o por conducto del agente del Ministerio Público Federal que al efecto designe, emita su parecer dentro del plazo de treinta días en relación con las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito; en consecuencia, cuando el mencionado servidor público se abstiene de formular su parecer en el término de referencia debe interpretarse que no estimó pertinente intervenir en el asunto de que se trate, lo que por consiguiente vuelve procedente se dicte la resolución que corresponda sin la opinión de mérito.

"Contradicción de tesis 19/90. Entre las sustentadas por el Primer y Segundo Tribunales Colegiados en Materia Civil del Tercer Circuito. 5 de noviembre de 1990. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Antonio Llanos Duarte. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot.

"Contradicción de tesis 35/90. Entre las sustentadas por el Segundo y el Cuarto Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito. 11 de febrero de 1991. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Sergio Hugo Chapital Gutiérrez. Secretario: Margarito Medina Villafaña.

"Contradicción de tesis 30/90. Entre las sustentadas por el Segundo y el Quinto Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito. 13 de mayo de 1991. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Sergio Hugo Chapital Gutiérrez. Secretario: Francisco Cárdenas Ramírez.

"Contradicción de tesis 11/90. Entre las sustentadas por el Primer y el Tercer Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito. 3 de agosto de 1992. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot.

"Contradicción de tesis 14/91. Entre las sustentadas por el Segundo y el Quinto Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito. 3 de agosto de 1992. Mayoría de cuatro votos. Votó en contra el Ministro Ignacio M. Cal y Mayor Gutiérrez. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot.

"Tesis de jurisprudencia 13/92. Aprobada por la Tercera Sala de este Alto Tribunal en sesión privada celebrada el diecisiete de agosto de mil novecientos noventa y dos. Cinco votos de los señores Ministros: presidente José Trinidad Lanz Cárdenas, Mariano Azuela Güitrón, Sergio Hugo Chapital Gutiérrez, Ignacio M. Cal y Mayor Gutiérrez y Miguel Montes García.

"Nota: Esta tesis también aparece en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, Primera Parte, tesis 183, página 124."

QUINTO.-Se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos:

a) Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes;

b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas, y

c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

En el caso a estudio, se estima que se dan los elementos para considerar que existe una contradicción de tesis entre los Tribunales Colegiados en contraposición de criterios, porque existe por parte de los Tribunales Colegiados Primero y Cuarto del Primer Circuito en Materia Civil, un estudio de sendos negocios jurídicos donde se examinaron cuestiones jurídicas esencialmente iguales y en los que se reúnen los mismos elementos, llegando a criterios distintos; en el caso, el punto central giró en torno a si era dable la aplicación de las medidas de apremio contenidas en el Código de Procedimientos Civiles en supletoriedad de la Ley de Quiebras y de Suspensión de Pagos, debido a que el artículo 6o. transitorio de ésta determina que la supletoriedad del código en mención, debe realizarse como algo excepcional, toda vez que sólo opera en lo tocante a los preceptos contenidos en la ley, la cual no habla en ningún momento de medio alguno de apremio.

Así las cosas, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito sostiene que el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal es aplicable de manera supletoria a la Ley de Quiebras y de Suspensión de Pagos, en lo tocante a medidas de apremio para hacer cumplir las determinaciones judiciales, pese a la omisión en ese sentido de dicha ley; este Tribunal Colegiado elabora sus argumentos tomando como fundamento el artículo 6o. transitorio de la Ley de Quiebras y de Suspensión de Pagos. Asimismo, considera la necesidad de que en todo procedimiento debe existir la facultad del juzgador para hacer cumplir sus determinaciones y en el caso que nos ocupa, pese a la omisión en la ley en comento de las medidas de apremio, debe hacerse cumplir la determinación del Juez. De tal modo, se abunda, debe atenderse al principio de supletoriedad de la ley general sobre la ley especial. Se afirma que las medidas de apremio se encuentran implícitas en la actividad jurisdiccional y que ante la laguna prevaleciente en la ley de quiebras respecto al enunciamiento de medios de apremio, procede aplicar la legislación local adjetiva civil respectiva.

Por su parte, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito sostiene que la multicitada Ley de Quiebras y de Suspensión de Pagos no prevé medidas de apremio, pero la supletoriedad del Código de Procedimientos Civiles está supeditada a lo establecido en el artículo 6o. transitorio de la propia ley de quiebras. La argumentación que establece este tribunal señala que, por regla general, cuando una institución jurídica no está contemplada en la ley especial opera la supletoriedad de la ley general, cuando así se establece expresamente. Afirma que de conformidad con el artículo 6o. transitorio de la ley de quiebras la supletoriedad del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, se debe observar como algo excepcional, dado que sólo opera en lo tocante a los preceptos contenidos en la ley, la cual no habla en ningún momento de medio alguno de apremio; de ahí se deriva que no era dable aplicar supletoriamente el código en cuestión, para fundar la medida de apremio y con ello hacer valer las determinaciones del Juez. En tal caso, continuando con el hilo argumental, al no existir medios de apremio ni de supletoriedad, debe recurrirse a disposiciones de orden penal que castigan los delitos referentes a la desobediencia a mandatos de autoridad.

En ese orden de ideas, es de considerarse que el punto de contradicción lo es el diferendo entre si es aplicable el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal de manera supletoria en el caso de la Ley de Quiebras y de Suspensión de Pagos, ante el silencio que en esta materia existe respecto a la aplicación de medios de apremio; o si, por el contrario, no lo es, en virtud de que el artículo 6o. transitorio de dicha ley exige que la supletoriedad del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, únicamente versará exclusivamente sobre los preceptos reglamentados en la propia ley, la cual guarda silencio de manera específica respecto a los medios de apremio y, por tanto, no puede ser invocado dicho código para fundamentar la utilización de tales medidas.

Es pues evidente, la acreditación de los supuestos para estar en aptitud a fin de determinar la existencia de una contradicción de criterios entre los Tribunales Colegiados de Circuito, para lo cual sirven de apoyo a lo anterior las siguientes tesis de jurisprudencia, que en su contenido señalan:

"Octava Época

"Instancia: Cuarta Sala

"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

"Tomo: 58, octubre de 1992

"Tesis: 4a./J. 22/92

"Página: 22

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.-De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, o de la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

"Contradicción de tesis 76/90. Entre los Tribunales Colegiados Primero del Cuarto Circuito y Primero del Décimo Noveno Circuito. 12 de agosto de 1991. Cinco votos. Ponente: Ignacio Magaña Cárdenas. Secretario: Néstor Gerardo Domínguez.

"Contradicción de tesis 30/91. Entre los Tribunales Colegiados Tercero y Cuarto, ambos del Primer Circuito en Materia de Trabajo. 2 de marzo de 1992. Cinco votos. Ponente: Ignacio Magaña Cárdenas. Secretario: Pablo Jesús Hernández Moreno.

"Contradicción de tesis 33/91. Sustentadas por los Tribunales Colegiados Sexto en Materia de Trabajo del Primer Circuito y actualmente Primer Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito. 16 de marzo de 1992. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Ramón Gopar Aragón.

"Contradicción de tesis 71/90. Entre el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito. 30 de marzo de 1992. Cinco votos. Ponente: Carlos García Vázquez. Secretario: Elías Álvarez Torres.

"Contradicción de tesis 15/91. Sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 17 de agosto de 1992. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Carlos García Vázquez. Secretario: Elías Álvarez Torres.

"Tesis de jurisprudencia 22/92. Aprobada por la Cuarta Sala de este Alto Tribunal en sesión privada celebrada el cinco de octubre de mil novecientos noventa y dos. Unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros: presidente Carlos García Vázquez, Juan Díaz Romero, Ignacio Magaña Cárdenas y José Antonio Llanos Duarte. Ausente: Felipe López Contreras, previo aviso."

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: II, agosto de 1995

"Tesis: P. LIII/95

"Página: 69

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS OPUESTOS.-Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, establecen el procedimiento para dirimir las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito o las Salas de la Suprema Corte. El vocablo ‘tesis’ que se emplea en dichos dispositivos debe entenderse en un sentido amplio, o sea, como la expresión de un criterio que se sustenta en relación con un tema determinado, por los órganos jurisdiccionales en su quehacer legal de resolver los asuntos que se someten a su consideración, sin que sea necesario que esté expuesta de manera formal, mediante una redacción especial, en la que se distinga un rubro, un texto, y datos de identificación del asunto en donde se sostuvo, ni menos aún, que constituya jurisprudencia obligatoria, en los términos previstos por los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, porque ni la Ley Fundamental ni la ordinaria en alguno de sus preceptos, establecen esos requisitos. Por lo tanto para denunciar una contradicción de tesis, basta con que se hayan sustentado criterios opuestos sobre la misma cuestión por Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o Tribunales Colegiados de Circuito, en resoluciones dictadas en asuntos de su competencia.

"Contradicción de tesis 9/95. Entre las sustentadas por el Cuarto y Séptimo Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 5 de junio de 1995. Unanimidad de once votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Jorge Dionisio Guzmán González.

"El Tribunal Pleno en su sesión privada celebrada el dieciséis de agosto en curso, por unanimidad de diez votos de los señores Ministros presidente José Vicente Aguinaco Alemán, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Mariano Azuela Güitrón, Juan Díaz Romero, Genaro David Góngora Pimentel, José de Jesús Gudiño Pelayo, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Humberto Román Palacios, Olga María Sánchez Cordero y Juan N. Silva Meza; aprobó, con el número LIII/95 (9a.) la tesis que antecede

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/7200-8693ae79/medidas-de-apremio-son-aplicables-supletoriamente-las-contenidas · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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