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Modo: Corpus Pro

SUSPENSIÓN. ES IMPROCEDENTE CUANDO EL ACTO RECLAMADO LO CONSTITUYE LA RESOLUCIÓN QUE RECAE A LA EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA, EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO POR LA LEY DE AMPARO, SIN QUE SEA FACTIBLE APLICAR OTRO ORDENAMIENTO LEGAL.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 15/99. · Registro digital (IUS): 7093
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO Y QUINTO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Abril de 2001, , Pág. 453.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 15/99. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO Y QUINTO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

SEGUNDO.-Las consideraciones que contiene el incidente en revisión RC. 185/99, promovido por Fábricas Orión, S.A. de C.V., y Sanitarios Orión, S.A. de C.V., radicado en el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, son del tenor siguiente:

"CUARTO.-Es fundado pero inoperante el agravio expresado por las sociedades quejosas a través de su apoderado.-En efecto, las inconformes se duelen fundamentalmente del hecho de que el Juez Tercero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, al resolver el incidente de suspensión de donde emana el presente recurso de revisión, omitió resolver sobre la suspensión del procedimiento de origen seguido ante el Juzgado Trigésimo Segundo de lo Civil, pese a que se solicitó la suspensión para tales efectos, ya que la concesión de la suspensión del acto reclamado solamente fue concedida para que no se hiciera efectiva la multa impuesta con motivo de la excepción de incompetencia por declinatoria hecha valer al contestar la demanda, omitiendo resolver sobre la paralización del procedimiento.-Es fundado pero inoperante el agravio a que se hace referencia. Lo anterior es así, ya que del capítulo de actos reclamados del escrito inicial de demanda, aparece que las inconformes al referirse al acto concreto de aplicación lo especificaron de la siguiente manera: ‘... 2. De la Magistrada de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, licenciada Griselda Nieblas Aldana, la sentencia de fecha 9 de noviembre del año en curso, publicada al día siguiente, que resolvió el toca 4554/98, confirmando la resolución de fecha 14 de agosto del mismo año, emitida por el Juez 32o. del D.F., misma que declaró infundada la incompetencia por declinatoria promovida por mi representada Fábricas Orión, S.A. de C.V., en el expediente 285/97. Entre otras cosas, el fallo de alzada confirmó la multa impuesta a mis mandantes con base en la ley aquí tildada de inconstitucional, por la cantidad de 50 días de salario mínimo general diario en el Distrito Federal, declarando infundados los agravios que al respecto se hicieron valer contra la resolución del Juez de primer grado. Desde este momento, aclaro que aunque el dispositivo tachado de inconstitucional fue aplicado por primera vez en la sentencia emitida por el Juez 32o. de lo Civil, la ley no está consentida y procede contra ella el juicio de amparo al haberla combatido inicialmente con un medio ordinario de defensa e invocar ahora la resolución recaída al mismo como acto reclamado, acorde a lo dispuesto por el artículo 73, fracción XII, tercer párrafo, de la Ley de Amparo ...’.-De la transcripción anterior aparece que el acto reclamado, tal como lo alegan las inconformes, no se hizo consistir exclusivamente en relación con la multa que les fue impuesta sino que también se hizo valer en relación con el procedimiento del que emana la multa aludida, es decir, el procedimiento de origen en el que se hizo valer la excepción de incompetencia por declinatoria; sin embargo, esa circunstancia resulta insuficiente para provocar la concesión de la suspensión definitiva del procedimiento aludido, ya que el artículo 124 de la Ley de Amparo establece que la suspensión del acto reclamado, a petición de parte en un juicio de amparo, procederá cuando se reúnan los siguientes requisitos: 1) Que lo solicite el agraviado; 2) Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público; y 3) Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado, con la ejecución del acto.-Ahora bien, si en el juicio de garantías se señaló, entre otras cuestiones, como acto reclamado la sentencia dictada en el recurso de apelación interpuesto contra la interlocutoria que resolvió la excepción dilatoria de incompetencia, solicitándose la suspensión de dicho acto ‘para que el procedimiento siga suspendido, hasta que se notifique a las responsables la ejecutoria que resuelva el presente juicio’, debe considerarse que no procede el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado, en relación con el procedimiento de donde emana tal resolución, por no cumplirse el segundo de los requisitos exigidos por el precepto legal aludido, pues dicha medida suspensional ocasionaría la suspensión del procedimiento en lo principal y, por tanto, la contravención a disposiciones de orden público, de conformidad con la jurisprudencia sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 1140, en la página 784 del Tomo VI, Materia Común, del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, que establece que: ‘El procedimiento judicial es de orden público, por lo que es inconducente conceder la suspensión que tienda a detenerlo.’.-No obsta a la anterior conclusión, el hecho de que en la legislación procesal civil del Distrito Federal, se prevé la excepción de incompetencia como una excepción de previo y especial pronunciamiento que suspende el procedimiento en el principal hasta en tanto no sea resuelta la misma, pues ello debe entenderse referido exclusivamente al juicio regulado por el ordenamiento respectivo, pero no al juicio de amparo que es un medio extraordinario de impugnación de los actos de las autoridades jurisdiccionales, cuando se estime que contravienen a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que se encuentra reglamentado por la Ley de Amparo. Considerar lo contrario, es decir, que del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal debe derivarse la procedencia de la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo, como una excepción a la regla general de que el procedimiento judicial no debe suspenderse, sería otorgarle a este ordenamiento un ámbito mayor al que realmente tiene y extender una excepción a un caso que no se encuentra expresamente consignado en la ley que regula el juicio de garantías.-Acorde con lo antes mencionado, es inconcuso que en contra del procedimiento del que emana el acto reclamado resulta improcedente el otorgamiento de la suspensión definitiva, motivo por el cual ninguna afectación le causa a la recurrente la circunstancia de que el a quo federal haya omitido resolver sobre tal acto de autoridad.-Sirve de apoyo a la consideración anterior, por analogía, la jurisprudencia número 3a./J. 2/88, que resolvió la contradicción de tesis 2/84, entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y Tercer y Cuarto Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito, la cual puede ser localizada en la página 253, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, que es del tenor siguiente: ‘PERSONALIDAD, SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE CONTRA LA SENTENCIA QUE RESUELVA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE.-El artículo 124 de la Ley de Amparo establece que la suspensión del acto reclamado, a petición de parte, en un juicio de amparo, procederá cuando se reúnan los siguientes requisitos: 1) Que lo solicite el agraviado; 2) Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público; y 3) Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado, con la ejecución del acto. Ahora bien, si en un juicio de amparo se reclama la sentencia dictada en el recurso de apelación interpuesto contra la interlocutoria que resolvió la excepción dilatoria de falta de personalidad, debe considerarse que no procede otorgar la suspensión del acto reclamado, por no cumplirse el segundo de los requisitos establecidos en el numeral en comento, pues ésta ocasionaría la suspensión del procedimiento en lo principal y, por tanto, la contravención a disposiciones de orden público, de conformidad con la tesis jurisprudencial de esta Tercera Sala que establece que «el procedimiento judicial es de orden público, por lo que es inconducente conceder la suspensión que tienda a detenerlo». No obsta a la anterior conclusión, el hecho de que en la legislación procesal civil del Estado respectivo se prevea la excepción de falta de personalidad como una excepción de previo y especial pronunciamiento que suspende el procedimiento en el principal hasta en tanto no sea resuelta la misma, pues ello debe entenderse referido exclusivamente al juicio ordinario regulado por el ordenamiento respectivo, pero no al juicio de amparo que es un medio extraordinario de impugnar los actos de las autoridades de un Estado cuando se estime que contravienen a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que se encuentra reglamentado por la ley de la materia, a saber, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Considerar lo contrario, es decir, que del Código de Procedimientos Civiles de la entidad federativa respectiva debe derivarse la procedencia de la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo, como una excepción a la regla general de que el procedimiento judicial no debe suspenderse, sería otorgarle a este ordenamiento un ámbito de aplicación mayor al que realmente tiene y extender una excepción a un caso que no se encuentra expresamente consignado en la ley.’.-Ahora bien, tomando en consideración que este Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, comparte el criterio sustentado en la tesis publicada en la página 253 del Tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, antes transcrita, bajo el epígrafe: ‘PERSONALIDAD, SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE CONTRA LA SENTENCIA QUE RESUELVA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE.’, resulta que no comparte los diversos criterios sustentados por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver los amparos en revisión 502/79 y 725/78, publicados en las páginas 51 y 131 de los tomos 127-132, Sexta Parte y 115-120, Sexta Parte, Tribunales Colegiados, de la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dicen: ‘DECLINATORIA O INHIBITORIA, RESOLUCIÓN QUE DECIDE SOBRE LA DILATORIA DE INCOMPETENCIA POR, EN UN JUICIO MERCANTIL. PROCEDE LA SUSPENSIÓN EN EL AMPARO.-Conforme al artículo 1097 del Código de Comercio, la incompetencia por inhibitoria o declinatoria, entraña la suspensión del procedimiento, mientras no se falle la dilatoria de previo y especial pronunciamiento, de donde es lógico razonar que debe otorgarse la suspensión definitiva en el amparo, contra la interlocutoria que haya decidido sobre una excepción de esa naturaleza, dado que la continuación del juicio respectivo se producirá, en su caso, cuando la propia excepción quede resuelta en definitiva, lo que sucederá cuando el amparo se falle en cuanto al fondo, por sentencia que cause estado.’ y ‘PROCEDIMIENTO JUDICIAL, SUSPENSIÓN DEL.-La tesis jurisprudencial 282 que determina que el procedimiento judicial es de orden público y por ello es inconducente conceder la suspensión que tienda a detenerlo, no es aplicable al caso en que el acto reclamado consiste en una resolución que decide una excepción dilatoria de incompetencia. De las normas del Código de Procedimientos Civiles, que son de orden público según la tesis citada, se desprende que el procedimiento debe suspenderse mientras no se resuelva en definitiva una excepción dilatoria de previo y especial pronunciamiento. Así, el artículo 36 del citado código dice: «En los juicios, sólo formarán artículo de previo y especial pronunciamiento y por ello, impiden el curso del juicio, la incompetencia, la litispendencia, la conexidad y la falta de personalidad en el actor.», y el 262 determina en su primer párrafo que «Si entre las excepciones opuestas hubiere de previo y especial pronunciamiento, se sustanciarán dejando en suspenso el principal. Resueltas que sean, continuará en su caso el curso del juicio.». En tal situación, si la legislación procesal decreta la suspensión del procedimiento hasta que se resuelva la dilatoria de previo y especial pronunciamiento, es lógico razonar en el sentido de que procede la suspensión en el amparo contra la resolución que decidió sobre una excepción de esa naturaleza, dado que la continuación del procedimiento se producirá en su caso, cuando la excepción quede resuelta en definitiva, lo que sucederá cuando el amparo se falle en cuanto al fondo, por sentencia que cause estado.’.-Por consiguiente, al no compartirse los criterios sustentados por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en las tesis antes transcritas, porque en los mismos se considera procedente el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado en relación con el procedimiento, en el que se impugna una interlocutoria que resuelva sobre una excepción dilatoria de incompetencia, es por ello que se considera que tal criterio riñe con el de este tribunal, puesto que en contra de la interlocutoria que resuelve sobre la incompetencia por declinatoria, no es procedente la concesión de la suspensión del procedimiento, por ser de orden público su continuación.-Luego entonces, al advertirse contradicción entre los criterios invocados, procédase a realizar la denuncia correspondiente, remitiendo para tal efecto copia certificada de esta ejecutoria a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo y el artículo 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal.-Cabe señalar, finalmente, que no es materia del recurso el resolutivo segundo de la interlocutoria recurrida que otorgó la suspensión definitiva a las quejosas para que no se haga efectiva la sanción pecuniaria que se les impuso, por no haber sido impugnada por la parte a quien pudo perjudicar.-En consecuencia, procede modificar la interlocutoria recurrida en la parte impugnada para negar a las quejosas la suspensión definitiva de los actos que reclamaron de la licenciada Griselda Nieblas Aldana, Magistrada integrante de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en cuanto a la suspensión del procedimiento a que aluden; debiendo quedar firme el punto resolutivo primero de la propia interlocutoria, en el que se negó a las quejosas la suspensión definitiva de los actos que reclamaron del presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Congreso de la Unión y secretario de Gobernación, por no haberse impugnado por las quejosas."

TERCERO.-El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, transcribió un proveído con el que da respuesta a la solicitud que le hizo esta Primera Sala, para que remitiera las ejecutorias de los amparos 502/79 y 725/78; en él refiere que no era posible su remisión, dado que después de una búsqueda minuciosa se advertía que posiblemente se extraviaron en los sismos de mil novecientos ochenta y cinco, por lo que no está en posibilidad de dar cumplimiento a su petición. En tales condiciones, se estima procedente hacer el estudio del criterio sostenido por dicho tribunal, al tenor de las tesis que emitió al resolver los amparos en comento, con los rubros: "DECLINATORIA O INHIBITORIA, RESOLUCIÓN QUE DECIDE SOBRE LA DILATORIA E INCOMPETENCIA POR, EN UN JUICIO MERCANTIL. PROCEDE LA SUSPENSIÓN EN EL AMPARO." y "PROCEDIMIENTO JUDICIAL, SUSPENSIÓN DEL.".

CUARTO.-El artículo 197-A, primer párrafo, de la Ley de Amparo, dispone:

"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. El procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días."

En la especie, los treinta días para que el procurador general de la República emitiera su parecer en relación con la contradicción a estudio, comenzaron a correr el siete de abril de mil novecientos noventa y nueve, y terminaron el diecinueve de mayo de mil novecientos noventa y nueve, descontándose por inhábiles los días diez, once, diecisiete, dieciocho, veinticuatro y veinticinco de abril y primero, dos, cinco, ocho, nueve, quince y dieciséis de mayo.

Consecuentemente, como en el caso el procurador general de la República se abstuvo de exponer por sí o por conducto de uno de los agentes del Ministerio Público de la Federación, su parecer en relación con la presente contradicción de tesis, debe entenderse que no estimó pertinente intervenir en este asunto, en virtud de que la facultad que le concede el artículo transcrito es potestativa y no obligatoria, lo que implica que procede se dicte la resolución que corresponda sin la opinión de mérito.

Es procedente la aplicación de la siguiente tesis:

"Octava Época

"Instancia: Tercera Sala

"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

"Tomo: 56, agosto de 1992

"Tesis: 3a./J. 13/92

"Página: 24

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. LA ABSTENCIÓN DEL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA DE EXPONER SU PARECER DEBE INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE QUE NO ESTIMÓ PERTINENTE INTERVENIR EN ELLA.-En el artículo 197-A, primer párrafo, de la Ley de Amparo concede una facultad potestativa al procurador general de la República para que, por sí o por conducto del agente del Ministerio Público Federal que al efecto designe, emita su parecer dentro del plazo de treinta días en relación con las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito; en consecuencia, cuando el mencionado servidor público se abstiene de formular su parecer en el término de referencia debe interpretarse que no estimó pertinente intervenir en el asunto de que se trate, lo que por consiguiente vuelve procedente se dicte la resolución que corresponda sin la opinión de mérito.

"Contradicción de tesis 19/90. Entre las sustentadas por el Primer y Segundo Tribunales Colegiados en Materia Civil del Tercer Circuito. 5 de noviembre de 1990. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Antonio Llanos Duarte. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot.

"Contradicción de tesis 35/90. Entre las sustentadas por el Segundo y el Cuarto Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito. 11 de febrero de 1991. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Sergio Hugo Chapital Gutiérrez. Secretario: Margarito Medina Villafaña.

"Contradicción de tesis 30/90. Entre las sustentadas por el Segundo y el Quinto Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito. 13 de mayo de 1991. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Sergio Hugo Chapital Gutiérrez. Secretario: Francisco Cárdenas Ramírez.

"Contradicción de tesis 11/90. Entre las sustentadas por el Primer y el Tercer Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito. 3 de agosto de 1992. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot.

"Contradicción de tesis 14/91. Entre las sustentadas por el Segundo y el Quinto Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito. 3 de agosto de 1992. Mayoría de cuatro votos. Votó en contra el Ministro Ignacio M. Cal y Mayor Gutiérrez. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot."

QUINTO.-Por razón de método debe estudiarse, en primer lugar, si en el presente asunto concurren o no las hipótesis de contradicción y, por ende, determinar si en la especie existe o no materia para resolver la presente denuncia.

De conformidad con los criterios sostenidos por este Alto Tribunal al interpretar lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, para que existan tesis contradictorias deben concurrir los siguientes supuestos:

a) Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten criterios o posiciones jurídicos discrepantes.

b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas.

c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

Sirven de apoyo las siguientes tesis:

"Octava Época

"Instancia: Cuarta Sala

"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

"Tomo: 58, octubre de 1992

"Tesis: 4a./J. 22/92

"Página: 22

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.-De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, o de la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

"Contradicción de tesis 76/90. Entre los Tribunales Colegiados Primero del Cuarto Circuito y Primero del Décimo Noveno Circuito. 12 de agosto de 1991. Cinco votos. Ponente: Ignacio Magaña Cárdenas. Secretario: Néstor Gerardo Domínguez.

"Contradicción de tesis 30/91. Entre los Tribunales Colegiados Tercero y Cuarto, ambos del Primer Circuito en Materia de Trabajo. 2 de marzo de 1992. Cinco votos. Ponente: Ignacio Magaña Cárdenas. Secretario: Pablo Jesús Hernández Moreno.

"Contradicción de tesis 33/91. Sustentadas por los Tribunales Colegiados Sexto en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el actual Primer Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito. 16 de marzo de 1992. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Ramón Gopar Aragón.

"Contradicción de tesis 71/90. Entre el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito. 30 de marzo de 1992. Cinco votos. Ponente: Carlos García Vázquez. Secretario: Elías Álvarez Torres.

"Contradicción de tesis 15/91. Sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 17 de agosto de 1992. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Carlos García Vázquez. Secretario: Elías Álvarez Torres."

"Octava Época

"Instancia: Tercera Sala

"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

"Tomo: 72, diciembre de 1993

"Tesis: 3a./J. 38/93

"Página: 45

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE SE GENERE SE REQUIERE QUE UNA TESIS AFIRME LO QUE LA OTRA NIEGUE O VICEVERSA.-La existencia de una contradicción de tesis entre las sustentadas en sentencias de juicios de amparo directo, no se deriva del solo dato de que en sus consideraciones se aborde el mismo tema, y que en un juicio se conceda el amparo y en otro se niegue, toda vez que dicho tema pudo ser tratado en diferentes planos y, en consecuencia, carecer de un punto común respecto del cual lo que se afirma en una sentencia se niegue en la otra o viceversa, oposición que se requiere conforme a las reglas de la lógica para que se genere la referida contradicción.

"Contradicción de tesis 21/89. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito; Segundo y Tercero, por una parte y Quinto por la otra, al resolver los amparos directos números 3027/88, 1078/89 y 3045/89, respectivamente. 12 de noviembre de 1990. Cinco votos. Ponente: Salvador Rocha Díaz. Secretario: Alejandro Sosa Ortiz.

"Contradicción de tesis 38/90. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito y el Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito. 4 de marzo de 1991. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Ma. Estela Ferrer Mac Gregor Poisot.

"Contradicción de tesis 43/90. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito. 27 de mayo de 1991. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Antonio Llanos Duarte. Secretario: Amado López Morales.

"Contradicción de tesis 5/92. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Quinto, Segundo y Cuarto, los tres en Materia Civil del Primer Circuito. 1o. de febrero de 1993. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Trinidad Lanz Cárdenas. Secretario: Arturo García Torres.

"Contradicción de tesis 7/93. Entre las sustentadas por el Primer y Tercer Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito. 8 de noviembre de 1993. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Trinidad Lanz Cárdenas. Secretario: Sabino Pérez García."

En ese orden de ideas, debe decirse que en el asunto a estudio se dan los supuestos que se citan, dado que, en primer término, los Tribunales Colegiados de Circuito resolvieron cuestiones jurídicas esencialmente iguales, según se desprende de los considerandos segundo y tercero del presente fallo, ya que en ellos se plantea, con motivo del juicio de amparo que objeta el fallo dictado en el recurso de apelación interpuesto contra la interlocutoria que resuelve la excepción dilatoria de incompetencia, donde uno de los tribunales alude que es factible se otorgue la suspensión del acto reclamado y el otro sostiene lo contrario.

En segundo término, la diferencia de criterios emitidos por los Tribunales Colegiados de Circuito se presenta en las consideraciones, en los razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias dictadas por ellos, lo que se puede observar en las consideraciones y razonamientos que se citan con antelación; a ese respecto, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, refiere que no fue posible remitir las ejecutorias relacionadas con los amparos en revisión 502/79 y 725/78, al no haberse encontrado, argumentando la posible pérdida en los sismos de mil novecientos ochenta y cinco; no obstante ello, los razonamientos que formaron el criterio que se plasma en las tesis emitidas con motivo de tales ejecutorias, son materia de estudio y sirven para confirmar la existencia de un criterio diferente al emitido por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.

El tercer supuesto se hace consistir en que los distintos criterios emitidos por los Tribunales Colegiados de Circuito, provienen del examen de los mismos elementos, dado que se solicitó por parte del quejoso la suspensión del acto reclamado, que se hizo consistir en el fallo emitido en el recurso de apelación interpuesto contra la interlocutoria que resolvió la excepción dilatoria de incompetencia, donde resolvieron, al efecto, en forma diferente, puesto que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito sostuvo la procedencia de la suspensión, en tanto que el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, refiere un punto de vista distinto.

En las relatadas consideraciones, se está dentro de los supuestos de la existencia de contradicción de tesis, pues uno de los Tribunales Colegiados refiere que es procedente la suspensión del acto reclamado, y otro sostiene lo contrario, cuando aduce éste, que dicha suspensión se debe regir por las disposiciones de la Ley de Amparo y no en diferente disposición legal.

En consecuencia, debe decirse que sí existe contradicción entre las tesis sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo y Quinto en Materia Civil del Primer Circuito, con residencia en el Distrito Federal, al resolver los juicios de amparo en revisión números 502/79 y 725/78; y RC. 185/99, promovidos por Multibanco Comermex, S.A. y Moisés Aguilar Lugo y, por otra parte, Fábricas Orión, S.A. de C.V. y Sanitarios Orión, S.A. de C.V., respectivamente.

Ahora bien, tomando en cuenta lo anteriormente expuesto, es correcta la apreciación que hace el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al sostener que para la procedencia de la suspensión del acto reclamado son de aplicarse las disposiciones de la Ley de Amparo, puesto que esa figura jurídica se encuentra reglamentada en dicho ordenamiento legal, como se desprende del numeral 124 de la ley en comento, pues se trata de la suspensión del acto reclamado a petición de parte y el numeral en cita regula los requisitos para su procedencia. De tal suerte que, de concederse la referida suspensión, se estaría contraviniendo dicho numeral, en tanto que la suspensión en comento ocasionaría la contravención a disposiciones de orden público, por tener este carácter el procedimiento judicial, siendo así incorrecto conceder la suspensión que tienda a detenerlo.

Para respaldar esta postura, es menester remontarse a los diversos conceptos jurídicos doctrinales y al contenido de los preceptos legales que se relacionan con el criterio en comento.

Por cuanto al concepto de suspensión, se ha sostenido por algunos autores que la suspensión, en el juicio de amparo, es aquel proveído judicial creador de una situación de paralización o cesación, temporal, limitada, de un acto reclamado de carácter positivo, consistente en impedir para lo futuro el comienzo o iniciación, desarrollo o consecuencias de dicho acto, a partir de la mencionada paralización o cesación, sin que se invaliden los estados o hechos anteriores a éstas y que

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/7093-320095b1/suspension-es-improcedente-cuando-el-acto-reclamado-lo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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