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Modo: Corpus Pro

PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA POR. OMISIÓN EN EL SEÑALAMIENTO DE ALGUNAS DE LAS AUTORIDADES QUE INTERVINIERON EN LOS ACTOS RECLAMADOS. PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. EL PLAZO PARA QUE PROMUEVA EL AMPARO NO SE COMPUTA SIEMPRE A PARTIR DE LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA, SINO A PARTIR DE CUANDO AQUÉLLA CONOCE EL PROCEDIMIENTO, SENTENCIA O ACTO QUE AFECTE SU INTERÉS (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 359, COMPILACIÓN DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO, TOMO VI). PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. EN EL AMPARO QUE PROMUEVA, SON AUTORIDADES RESPONSABLES LAS QUE DICTAN, ORDENAN, EJECUTAN O TRATAN DE EJECUTAR, LOS ACTOS QUE AFECTAN EL BIEN O DERECHO DEL QUE AQUÉLLA ES TITULAR.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 11/95. · Registro digital (IUS): 4625
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Enero de 1998, , Pág. 56.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 11/95. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

SEGUNDO. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver el amparo en revisión número 380/94, interpuesto por Virginia Moya de Piña, en su parte conducente señaló:

"TERCERO. El segundo de los agravios expuestos por la recurrente, resulta fundado pero a la postre inoperante para revocar la sentencia impugnada por las razones que se precisarán. En efecto, de las actuaciones judiciales que se tienen a la vista, y concretamente de la demanda de garantías, se deduce que la quejosa aquí recurrente reclama el auto de veintisiete de enero del presente año, dictado en el juicio ordinario civil número 847/90, seguido por Ramón Aguilera González contra María Guadalupe González de Moya, ante el Juzgado Cuarto de lo Civil de esta ciudad, por el que, según dice, se ha ordenado poner en posesión de la finca marcada con el número 1262 de la calle Privada Monte Ajusco del Sector Libertad de esta ciudad, no obstante que ella es la legítima propietaria por haberla adquirido de los señores Carlos y Roberto Pérez Delgadillo, por conducto de su apoderado Fernando Macías Medina, y que se le pretende desposeer de dicho inmueble sin haber sido oída ni vencida en juicio, por ser tercera ajena al mismo. Por su parte, la Juez Segundo de Distrito sobreseyó en el juicio de amparo en razón de que consideró improcedente el mismo, básicamente porque la quejosa no señaló como autoridad responsable a la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, no obstante que ésta tiene el carácter de autoridad ordenadora por haber pronunciado la sentencia que resolvió el recurso de apelación interpuesto por las partes en el juicio de origen, contra el fallo de primer grado; sentencia de segundo grado, que según la a quo federal es la que propiamente se pretende ejecutar por el juzgador natural. Ahora bien, este tribunal no comparte el criterio emitido por la Juez Federal, en atención a las siguientes consideraciones:-a) Porque aun cuando es verdad que la sentencia que se va a ejecutar es la dictada por la Sala, también es cierto que esa resolución no fue dictada contra la quejosa Virginia Moya de Piña, quien se ostenta como tercero extraño al juicio de origen de este amparo, sino contra María Guadalupe González Moya, por lo que, en concepto de este tribunal, la multicitada sentencia no lesiona los intereses jurídicos de la quejosa y, en consecuencia, ostentándose como tercero extraño no tiene por qué señalar como responsable al tribunal de alzada que la dictó. En apoyo del criterio aquí sustentado, debe citarse la jurisprudencia número 62 que aparece publicada en las páginas 90 y 91, Sexta Parte, del penúltimo Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, que dice: 'AUTO DE EXEQUENDO. SI NO FUE DICTADO CONTRA EL QUEJOSO DEBE SOBRESEERSE EL AMPARO. Aun cuando sea verdad que el auto de exequendum haya servido de antecedente para el embargo que el quejoso reclame, ostentándose como tercero extraño al juicio, si también es cierto que ese auto no fue dictado en contra del peticionario del amparo, sino que ahí se ordenó embargar bienes de quien figuraba como demandado en el juicio del que emanan los actos combatidos, es indudable, por lo mismo, que el auto de referencia, por sí solo no lesiona los intereses jurídicos del quejoso y debe al respecto sobreseerse el amparo, por estarse en la hipótesis que contempla el artículo 73, fracción V, en relación con el 74, fracción III, ambos de la ley reglamentaria del juicio constitucional.'. En el procedimiento civil deben distinguirse dos etapas, siendo éstas las de conocimiento y ejecución, con la circunstancia de que las Salas del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco sólo tienen intervención en la primera de ellas, es decir, en la de conocimiento, puesto que la ejecución está reservada a los Jueces de primera instancia, de acuerdo con los artículos 477 y siguientes de la ley adjetiva civil del Estado. Ahora bien, de conformidad con la parte conducente de la segunda ejecutoria relacionada con la jurisprudencia 1295, consultable a foja 2099, de la Segunda Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, los terceros extraños al juicio, como acontece en la especie, no pueden promover amparo contra las resoluciones dictadas en él, aun cuando tengan conocimiento de ellas, sino únicamente cuando se ejecutan en su perjuicio, razón por la cual el hecho de que judicial o extrajudicialmente se hayan demostrado sabedores de tales resoluciones, no es motivo para sostener que las han consentido. También cobra aplicación al caso, en lo conducente, el criterio que sostiene la tesis número 20, visible en las páginas 335 y 336 del Informe de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del año de 1988 (Tercera Parte), que es del siguiente tenor: 'PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO. OPORTUNIDAD PARA PROMOVER EL JUICIO DE GARANTÍAS. El artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo establece que se entenderán por actos consentidos tácitamente, aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los términos que la propia ley prevé. Sin embargo, cuando el quejoso no es parte en el juicio del que provienen los actos reclamados sino que es un tercero extraño, no es admisible estimar que deba promover juicio de garantías en contra de las actuaciones previas al mandamiento de la ejecución que se pretenda llevar a cabo en su perjuicio, pues precisamente por ser ajeno a la controversia suscitada, tales actuaciones no le causan por sí mismas el agravio personal y directo a que se refiere el artículo 4o. de la Ley de Amparo, para la procedencia del juicio de garantías, sino que esos actos afectarían por principio a las partes del juicio, quienes al estar en condiciones de promover los recursos de ley pueden lograr su modificación, revocación o nulificación. En cambio, cuando las resoluciones dictadas en un juicio pretenden ejecutarse en perjuicio de ese tercero extraño, es cuando a éste se le causa el agravio personal y directo y es hasta entonces cuando se justifica la promoción del juicio de amparo. De ahí que si el tercero no está en condiciones legales de promover juicio de amparo contra las actuaciones previas a la ejecución que sí afecta su esfera jurídica, se impone concluir que el conocimiento de esas actuaciones previas sin la consiguiente promoción del juicio de garantías dentro del plazo legal, no implica consentimiento tácito alguno, sino que el mandamiento de ejecución en su perjuicio, la notificación o el conocimiento del mismo constituirán los elementos que deban tomarse en cuenta para determinar la oportunidad de la presentación de la demanda de amparo.'. En esas condiciones y si como se deja visto, los terceros extraños sólo pueden intentar la acción constitucional contra las resoluciones dictadas en ejecución de sentencia, es claro que sólo pueden señalar como responsables al Juez que dictó tales resoluciones y al ejecutor en su caso."

TERCERO. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito resolvió el amparo en revisión número 270/92, interpuesto por María de Lourdes Munguía Ramírez, resolución que en su parte conducente dice:

"En efecto, de las constancias remitidas para la sustanciación del presente recurso, las cuales tienen valor probatorio pleno de acuerdo con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se infiere: 1) que el primero de diciembre de mil novecientos ochenta y cinco, en el juicio ejecutivo mercantil expediente número 4344/83, el Juez Primero de lo Civil en el Estado de Jalisco dictó sentencia de fondo, en la que -entre otras determinaciones- condenó al demandado al pago de las prestaciones reclamadas (fojas ciento cincuenta y cuatro y ciento cincuenta y cuatro vuelta del cuaderno de amparo); 2) que tal fallo fue recurrido en apelación por el demandado (foja cincuenta y cinco) y le correspondió conocer del recurso aludido a la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado quien, el treinta de julio de mil novecientos ochenta y cinco, dictó resolución de segunda instancia en la que confirmó en sus términos la sentencia apelada (fojas ciento cincuenta y nueve a la ciento sesenta vuelta). Por otra parte, en el juicio de garantías que aquí se revisa, la quejosa señaló como acto reclamado -entre otros- la desposesión del cincuenta por ciento del inmueble de su propiedad, el cual fue embargado y se pretende rematar en el juicio ejecutivo mercantil 4344/83, y como autoridades responsables, al Juez Primero de lo Civil del Primer Partido Judicial y a los secretarios del juzgado, en su carácter de autoridades ordenadora y ejecutoras, respectivamente. Ahora bien, de la anterior relación se llega al conocimiento de que los actos reclamados derivan de la sentencia de segunda instancia, pues al haber confirmado el fallo aludido la sentencia que dictó el Juez, aquella resolución sustituyó en sus efectos a la que pronunció el a quo; por consiguiente, es la resolución dictada por la Sala y no la que emitió el Juez, la que ordena sacar el bien embargado a remate y sus consecuencias, como es la desposesión y la escrituración; razón por la cual, la quejosa tenía la obligación de señalar a la Sala como autoridad ordenadora, lo que no sucedió, ni en el escrito de demanda ni con posterioridad, es decir, al conocer el informe justificado que se recibió mediante proveído del día veintitrés de marzo de mil novecientos noventa y dos y se notificó por lista, momento en el cual pudo ampliar su demanda de garantías, lo cual, como ya se dijo, no se hizo. Así pues, como el acto reclamado emana de una autoridad diferente a la que se señaló como responsable, no es posible estudiarlo, pues de hacerlo se omitiría oír en juicio a quien lo emitió, dejándose así de conocer los motivos que tuvo para emitir esa orden. Por consiguiente, debe estimarse como consentido en forma tácita el acto que emana de la Sala, y como derivados de aquel que se consintió, los actos que se reclaman del Juez y secretarios ejecutores, motivo por el cual el amparo es improcedente, de acuerdo con la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo; razón por la que procede revocar la sentencia que negó el amparo y, en su lugar, sobreseer con apoyo en la fracción III del artículo 74 del mismo ordenamiento. Tienen aplicación al caso, la única tesis relacionada con la de jurisprudencia número 294, y la que está relacionada en primer lugar con la número 302, consultables, respectivamente, en las páginas 516 y 522 de la Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes, del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, cuyos rubros y textos son, respectivamente: 'AUTORIDADES EJECUTORAS, AMPARO CONTRA LAS. Si la parte quejosa no señala a determinada autoridad como responsable, por más que sí la mencione en uno de los puntos de hechos de su demanda, y tampoco señala como acto reclamado, la resolución de esa autoridad, si a la que se atribuyen los actos reclamados, al rendir su informe, manifiesta que es simple ejecutora de los actos de aquélla, actos que aparecen consentidos tácitamente por el quejoso, en virtud de que en contra de ello no se instauró la demanda de amparo, es correcto el sobreseimiento que por causa de improcedencia, se dicte al respecto.'; y 'AUTORIDADES EJECUTORAS. AMPARO CONTRA LOS ACTOS DE LAS. Cuando el amparo se endereza contra una de las autoridades responsables, no se puede, conforme a las disposiciones del juicio de garantías, decidir sobre actos de la otra, pues equivaldría no solamente a suplir la deficiencia de la queja, sino a decidir una controversia sobre la responsabilidad constitucional, sin oír a la parte afectada y sin conocer las razones que le sirvieron de apoyo. Por tanto, solicitada la protección federal contra la autoridad ejecutora, únicamente puede ocuparse el juzgador de los vicios propios de ejecución, salvo, naturalmente, que no esté apoyada en resolución de autoridad competente, es decir, notoriamente arbitraria.'."

CUARTO. Previo el análisis de la contradicción que se plantea, este Tribunal Pleno considera conveniente relatar los antecedentes de los asuntos que motivaron dicha contradicción y que son los siguientes:

Amparo en revisión 270/92, resuelto por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, derivado del juicio de amparo 129/92, promovido por María de Lourdes Munguía Ramírez.

En la vía ejecutiva, ejercitando la acción cambiaria directa, Juan Manuel Barrera Sánchez, por conducto de sus endosatarios en procuración, demandó de Rafael Valencia Caballero, mediante escrito presentado ante el Juez Décimo Sexto de lo Civil en Tlaquepaque, Jalisco, el ocho de junio de mil novecientos ochenta y tres, el pago de lo siguiente:

a) La cantidad de 37,443.46 (treinta y siete mil cuatrocientos cuarenta y tres dólares con 46/100) (sic) o su equivalente en moneda nacional al efectuar su pago.

b) Intereses moratorios.

c) Gastos y costas.

Al admitirse la demanda, el Juez del conocimiento dictó auto de ejecución con efectos de mandamiento en forma, y en diligencia de fecha nueve de junio de mil novecientos ochenta y tres, el demandado señaló, bajo su responsabilidad, para su embargo, la finca en donde fue notificado, ubicada en la casa marcada con el número ciento setenta y dos de la calle A las Montañas, en el fraccionamiento Prados Vallarta.

Con fecha primero de diciembre de mil novecientos ochenta y cuatro, el Juez Primero de lo Civil en el Primer Partido Judicial de Jalisco (a quien le correspondió el conocimiento del asunto por haberse promovido recusación), dictó sentencia en primera instancia, resolviendo en términos de las siguientes proposiciones:

"PRIMERA. Ha procedido legalmente la vía mercantil ejecutiva.

"SEGUNDA. La parte actora probó su acción y la demandada no acreditó sus excepciones.

"TERCERA. Por lo expuesto en el cuerpo de esta resolución se condena al señor licenciado Rafael Valencia Caballero a pagar al señor licenciado Juan Manuel Barrera Sánchez o a sus endosatarios en procuración, la cantidad de 37,453.46 (sic) treinta y seis (sic) mil cuatrocientos cincuenta y tres pesos (sic) cuarenta y seis centavos de dólar, moneda americana o su equivalente en moneda nacional en el momento de efectuar su pago, esto como suerte principal así como el pago de intereses moratorios pactados más gastos y costas que se originen en el presente juicio los que serán regulados en ejecución de sentencia.

"CUARTA. Hágase trance y remate de los bienes embargados y con su producto pago al actor."

Inconforme con dicha sentencia, Rafael Valencia Caballero interpuso recurso de apelación.

Con fecha treinta de julio de mil novecientos ochenta y cinco, la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco resolvió el toca civil 637/85, declarando inatendibles e inoperantes los agravios hechos valer por el apelante, lo que dio motivo a confirmar la sentencia, bajo las siguientes proposiciones:

"PRIMERA. Se confirma en sus términos la sentencia del primero de diciembre de mil novecientos ochenta y cuatro, dictada por el Juez Primero de lo Civil del Primer Partido Judicial en el juicio referido en el encabezado de este fallo.

"SEGUNDA. Se condena al apelante a pagar en favor de su contraria las costas judiciales de segunda instancia, que serán reguladas en ejecución de sentencia.

"TERCERA. Notifíquese ..."

Inconforme con dicha sentencia, Rafael Valencia Caballero interpuso demanda de amparo, formándose el expediente D.C. 478/86, el cual fue resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito en sesión de fecha diez de febrero de mil novecientos ochenta y ocho, negando el amparo federal a la quejosa.

Con fecha nueve de enero de mil novecientos noventa y dos, el Juez común señaló, en ejecución de sentencia, las doce horas del dieciséis de marzo próximo para rematar el inmueble embargado en autos.

Ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Jalisco, María de Lourdes Munguía Ramírez presentó, con fecha once de marzo de mil novecientos noventa y dos, demanda de amparo en contra de actos del Juez Primero de lo Civil del Primer Partido Judicial de Guadalajara, Jalisco, y sus ejecutores, consistentes en el embargo trabado al bien de su propiedad, el remate, adjudicación, escrituración, entrega y desposesión del mismo así como todo el procedimiento que se llevó a cabo dentro del juicio mercantil 4344/83, alegando que el inmueble en conflicto le corresponde por estar casada con el tercero perjudicado (sic), Rafael Valencia Caballero, por lo que se consideró tercero extraño al procedimiento.

Dicha demanda dio origen al juicio de amparo 129/92.

Seguidos los trámites legales, con fecha veintisiete de marzo de mil novecientos noventa y dos, el Juez Primero de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco, dictó sentencia en la cual negó el amparo federal solicitado, toda vez que el inmueble al que le recayó el embargo no estaba inscrito en el Registro Público de la Propiedad, único medio de oponerse frente a actos de terceros relativos a la propiedad del multicitado inmueble.

Al no estar conforme con dicha sentencia, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, el que bajo el número 270/92 fue resuelto por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, revocando la sentencia motivo de la revisión para sobreseer en el juicio por no haberse señalado como acto reclamado la sentencia dictada en apelación por la Sala respectiva y como autoridad responsable a dicha Sala, por lo que debería tenerse como consentido, en forma tácita, el acto que emanaba de la Sala y, como derivados del consentido, los actos del Juez y sus secretarios, motivo que provocó la aplicación de la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo.

Amparo en revisión 380/94, resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, derivado del juicio de amparo 95/94, promovido por Virginia Moya de Piña.

En la vía ordinaria civil, Ramón Aguilera González demandó, por conducto de sus apoderados generales para pleitos y cobranzas, ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, de María Guadalupe González de Moya, las siguientes prestaciones:

a) La declaración judicial de que es legítimo cesionario de María Guadalupe González de Moya por la cesión de derechos de la propiedad ubicada en Privada Monte Ajusco número 1262, colonia San Ramón de la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

b) La declaración judicial de que es legítimo propietario del terreno y construcción ubicado en el lugar antes indicado.

c) La escrituración a su favor de la propiedad ya referida.

d) Pago de daños y perjuicios.

e) Entrega física y material del inmueble materia de la cesión.

f) Pago de frutos civiles.

g) Pago de gastos y costas.

El Juez Cuarto de lo Civil en Guadalajara, Jalisco, dictó sentencia, bajo las siguientes proposiciones:

"PRIMERA. Que la personalidad de las partes, la competencia de este juzgado para el conocimiento del juicio y la vía civil ordinaria elegida por la actora se encuentran debidamente acreditadas en autos, en los términos de los dos primeros considerandos de esta resolución.

"SEGUNDA. Que la parte actora probó parcialmente su acción, la demandada no justificó sus excepciones, en consecuencia;

"TERCERA. Por lo ya expresado en el considerando tercero de esta resolución se declara judicialmente que Ramón Aguilera González es legítimo cesionario de María Guadalupe González de Moya, respecto de los derechos que a éste correspondan en relación con la finca marcada con el número mil doscientos sesenta y dos de la calle Privada Monte Ajusco en la colonia San Ramón en esta ciudad, sin que proceda declarar judicialmente que Ramón Aguilera González resulte ser legítimo propietario y lo (sic) en construido respecto de la finca marcada con el número mil doscientos sesenta y dos de la calle Privada Monte Ajusco de la colonia San Ramón en esta ciudad; no se condena a la parte demandada a la escrituración en favor de la actora respecto de la finca antes aludida, puesto que no se justifica plenamente a quién le corresponde la propiedad del inmueble y que, en su caso, tenga la obligación de elevar a escritura pública el contrato correspondiente, pero sí se condena a la cedente María Guadalupe González de Moya a otorgar el documento respectivo de cesión de derechos en los términos del artículo 1952 del Código Civil del Estado, ante dos testigos para los efectos a que se refiere el artículo 1949 del mismo ordenamiento legal invocado con anterioridad, por lo que tendrá (sic) que se condena a la demandada en los términos del artículo 2167 del Código Civil del Estado a firmar los documentos necesarios para dar forma legal al contrato concertado y para el caso de que rehusara hacerlo este juzgado lo hará en rebeldía.

"CUARTA. Se absuelve a la parte demandada del pago de daños y perjuicios que le fueron reclamados, así como de la reclamación de la posesión material y jurídica del inmueble materia de la cesión en razón de lo expresado en el considerando tercero de esta resolución. Se dejan a salvo los derechos de la actora para que los haga valer mediante el procedimiento, vía y forma que estime pertinentes y también se absuelve a la demandada del pago de frutos civiles reclamados al no haberse justificado éstos.

"QUINTA. Se condena a la parte demandada al pago de gastos y costas del presente juicio, mismos que deberán regularse en ejecución de sentencia."

Las partes en el juicio ordinario apelaron la referida sentencia.

La Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco resolvió el toca 761/93, bajo las siguientes proposiciones:

"PRIMERA. Infundados e inatendibles resultaron los conceptos de agravio esgrimidos por los inconformes, por tanto:

"SEGUNDA. Se confirma en sus términos la sentencia definitiva de fecha 28 veintiocho de enero del año en curso, pronunciada por el Juez Cuarto de lo Civil del Primer Partido Judicial, dentro del juicio ordinario civil, expediente 847/90, a que se hizo alusión en el encabezado de este fallo.

"TERCERA. Procede declarar condena en costas por este segundo grado en contra de la parte demandada María Guadalupe González de Moya."

Fue el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito el que conoció de dicho juicio bajo el amparo directo número 771/93, resolviendo conceder el amparo federal al quejoso (actor en el juicio ordinario) para que la Sala dejara insubsistente su sentencia y, en su lugar, dictara otra en la que se condenara a su contraparte a la entrega del inmueble materia de la cesión de derechos, quedando intocadas las restantes prestaciones.

En cumplimiento a dicha ejecutoria, la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco resolvió el toca 761/93 determinando que, al haber resultado parcialmente fundados los agravios de Ramón Aguilera González, lo correcto era modificar la sentencia para el efecto de condenar a la demandada, María Guadalupe González de Moya, a entregar al actor física y materialmente el inmueble motivo de la cesión de derechos. Las proposiciones de dicha sentencia fueron:

"PRIMERA. Infundados e inatendibles resultaron los agravios de María Guadalupe González de Moya y parcialmente fundados los de Ramón Aguilera González, por tanto:

"SEGUNDA. Se modifica la sentencia definitiva dictada con fecha veintiocho de enero del año en curso por el Juez Cuarto de lo Civil de este Primer Partido Judicial dentro de los autos del juicio ordinario civil, expediente 847/90, promovido por Ramón Aguilera González en contra de María Guadalupe González de Moya, en los términos que han quedado precisados en el último considerando de esta resolución.

"TERCERA. No procede declarar condena en costas por esta segunda instancia.

"Notifíquese ..."

Por acuerdo de fecha veintiséis de enero de mil novecientos noventa y cuatro, el Juez Cuarto de lo Civil concedió a la parte demandada el término de cinco días para que cumpliera voluntariamente con la sentencia dictada por el tribunal de alzada, bajo apercibimiento de proceder a su ejecución forzosa.

Y por acuerdo de fecha doce de febrero de mil novecientos noventa y cuatro, el Juez ya indicado hizo efectivo el apercibimiento "respecto de la finca materia del presente juicio, debiéndosele entregar al actor Ramón Aguilera González, la posesión jurídica y material de tal inmueble ...".

Es así como acude al juicio de amparo Virginia Moya de Piña, alegando que es legítima propietaria de la finca en conflicto y que, sin haber sido parte en el juicio que se siguió a sus espaldas, se le pretende lanzar en términosdel acuerdo dictado por el Juez Cuarto de lo Civil en Guadalajara (a quien señaló como autoridad ordenadora), por los ejecutores de dicho juzgado (a quienes señaló como ejecutoras).

Con fecha veintisiete de abril de mil novecientos noventa y cuatro, el Juez Segundo de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco dictó sentencia en los autos del juicio de amparo 95/94, promovido por Virginia Moya de Piña, sobreseyendo en el juicio por no haberse señalado como responsable a la autoridad que pronunció la sentencia de segunda instancia.

Inconforme con dicha sentencia, la quejosa interpuso recurso de revisión.

El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito resolvió el amparo en revisión 380/94, declarando que, no obstante ser fundado el agravio hecho valer en el recurso, era inoperante para revocar la sentencia impugnada, pues aun cuando era verdad que no tenía que haberse señalado como responsable a la Sala de segunda instancia sino sólo al Juez que ordenó y al ejecutor, sin embargo, en el caso se surtía otra causal de improcedencia puesto que con los documentos exhibidos, la quejosa no había justificado la posesión en calidad de propietaria del inmueble en conflicto y, por ende, tampoco había acreditado debidamente la afectación a su interés jurídico; por tanto, confirmó el sobreseimiento.

QUINTO. Acorde con los antecedentes de los casos que se manejan en la contradicción de tesis, aparece que en el primero de ellos (amparo en revisión 270/92), quien comparece como persona extraña demandó el amparo contra todo el procedimiento, observándose que la condena al trance y remate del bien embargado se efectuó desde la sentencia de primera instancia, la que se confirmó en apelación, habiéndose negado el amparo en contra de la demandada; en el segundo (amparo en revisión 380/94), la condena a la entrega del inmueble se ordenó en cumplimiento a la ejecutoria dictada por el Tribunal Colegiado que conoció del amparo directo en contra de la sentencia emitida en apelación, la cual quedó insubsistente con motivo de la protección federal y, al cumplimentarla, se condenó a la demandada a entregar física y materialmente el inmueble a la actora; debe hacerse notar que la circunstancia de que la ejecución de la sentencia condenatoria haya sido ordenada en acatamiento de una ejecutoria de garantías, es ajena a esta contradicción, en virtud de que el Tribunal Colegiado correspondiente no la tomó en consideración.

Para esta contradicción, lo más relevante es que la afectación a ambos quejosos, como personas extrañas, se dio durante la secuela de los juicios ordinarios, puesto que habiendo invocado la protección constitucional como propietarios del bien inmueble relativo, pretendían que se les oyera desde el inicio del procedimiento.

También es importante señalar que, en ambos casos, las personas extrañas señalaron como responsables al Juez de primera instancia, ordenador de la ejecución y a los ejecutores, pero mientras en el primer caso el Primer Tribunal Colegiado del Tercer Circuito sobreseyó porque el quejoso no señaló como responsable a la Sala, el Segundo Tribunal Colegiado del mismo circuito, en el otro expediente, determinó que no era necesario llamar a la Sala, aunque sobreseyó por razón diferente que no trasciende a esta contradicción.

Por tanto, en los dos asuntos que se analizan, se planteó la misma hipótesis de persona extraña a juicio, por cuanto a que las quejosas no fueron señaladas como partes en los respectivos juicios ordinarios ni intervinieron en ellos, pero se afectaron bienes sobre los cuales afirmaron tener derechos de propiedad.

Se reitera que la contradicción de tesis denunciada no se produce en cuanto a la procedencia del juicio de garantías por actos emitidos en cumplimiento a una ejecutoria de amparo, puesto que en ningún momento se planteó ni se resolvió esta cuestión.

En este contexto, los temas que son materia de la contradicción de tesis son dos, a saber:

El primero se produce en cuanto a la discrepancia de criterios respecto al señalamiento de autoridades responsables en los juicios de amparo promovidos por personas extrañas a juicio.

El segundo se concreta a establecer cuál es la actitud que debe asumir el Juez de Distrito ante la circunstancia de que el quejoso no señale a todas las autoridades que intervinieron en el procedimiento o actos reclamados, esto es, si en tal supuesto debe decretar o no el sobreseimiento en el juicio.

Partiendo de tal hipótesis común, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver el recurso de revisión 270/92, sostiene que los terceros extraños a un juicio ordinario tienen la obligación de señalar como autoridad responsable ordenadora a la Sala que dictó la sentencia de segunda instancia, pues esta última sustituyó en sus efectos a la dictada por el Juez y es la que ordena su ejecución; por tanto, concluye, como el acto reclamado emana de una autoridad diferente a la que se señaló como responsable, no es posible estudiarlo, debiéndose tener como consentido el acto de la Sala y, como derivados de éste, a los reclamados del Juez

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/4625-92ee27f6/persona-extrana-a-juicio-concepto-de-persona-extrana · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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