Corpus
Modo: Corpus Pro

SUSPENSIÓN DE PAGOS. PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN EJERCIDA POR EL ACREEDOR, CON MOTIVO DE UN CRÉDITO CON GARANTÍA REAL, AUN CUANDO SE HAYA PRESENTADO LA DEMANDA RESPECTIVA, CON POSTERIORIDAD A LA FECHA EN QUE SE DECRETÓ AQUÉLLA EN FAVOR DEL DEUDOR.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 78/98. · Registro digital (IUS): 6705
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADOS POR EL PRIMER Y SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Octubre de 2000, , Pág. 203.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 78/98. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

CUARTO. Con el propósito de establecer y delimitar la materia de la contradicción, se estima conveniente transcribir en la parte que interesa de los asuntos sometidos al conocimiento de cada uno de los Tribunales Colegiados de Circuito mencionados.

El Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, el trece de noviembre de mil novecientos noventa y siete, al resolver el amparo directo 1497/97, promovido por Viajes Vikingo, Sociedad Anónima de Capital Variable, Armando Espinosa Ureña y Alicia Viramontes de Espinosa, por conducto de su represente legal, sostuvo en la parte que interesa, lo siguiente:

"CUARTO. Los conceptos de violación son fundados en la medida que este Tribunal Colegiado suple la deficiencia de la queja en términos de lo dispuesto por la fracción VI del artículo 76 bis de la Ley de Amparo. En efecto, en el concepto de violación marcado con el número dos, específicamente en el inciso c) el representante de los quejosos aduce que éstos no podían ser obligados a pagar en virtud de que a la fecha en que se presentó la demanda existía la declaración judicial de suspensión de pagos y en el contrato de crédito base de la acción, en su cláusula décima, se les había otorgado una espera, por lo que su primera obligación de pago vence hasta el treinta de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, fecha posterior a aquélla en que se presentó el escrito de demanda. Ahora bien, en los agravios que se expresaron con motivo del recurso de apelación que se hizo valer en contra de la sentencia de primera instancia, si bien es verdad que no se adujo dicho alegato en la misma forma también lo es que en el agravio tercero, en el que se quejaron los apelantes de conculcación a los artículos 408 y 409 de la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos, se argumentó que a virtud de la disposición contenida en el primero de los preceptos aludidos no se les podía exigir el pago de las prestaciones ni el deudor podía atender dicho pago, alegato que literalmente dice así: ‘... Por lo que es importante señalar que el principio contenido en el artículo 408 de la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos, que señala que: «Mientras dure el procedimiento ningún crédito constituido con anterioridad podrá ser exigido al deudor, ni éste podrá pagarlo», constituye el efecto típico de la suspensión de pagos, que viene a dar nombre a la institución, por tanto, ningún acreedor puede exigir el pago de sus prestaciones ni el deudor podría, por su cuenta, atender dicho pago, ya que si lo efectuase sería en contra del principio de la par condicio, que es la base sustancial a todos los diversos procedimientos concursales. En tal virtud, los créditos anteriores a la suspensión de pagos, no pueden ser satisfechos, ni aun con el consentimiento del Juez, que no puede darlo. Conviene aclarar, desde luego que se trata de obligaciones de contenido patrimonial, como se desprende del empleo de la palabra «crédito», porque las prestaciones exigibles al suspenso, que se refieran a prestaciones o derechos personales, sin significación económica, no hay razón ninguna para que queden en suspenso; dicho criterio lo sostiene el maestro Joaquín Rodríguez Rodríguez en sus comentarios a la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos.’. Es cierto que el día catorce de mayo de mil novecientos noventa y cinco el Juez Tercero de lo Civil dictó sentencia en el expediente 1408/95, en la que decretó la suspensión de pagos a favor de los quejosos, declaración que se hizo en el punto resolutivo segundo; lo que se acredita con la copia certificada de dicha interlocutoria, la que tiene valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por otra parte, también debe tenerse en consideración que el escrito que dio inicio al juicio natural se presentó ante el Juez Decimotercero de lo Civil de esta ciudad el día nueve de junio de mil novecientos noventa y cinco, esto es, con posterioridad a la fecha en que entró en vigor la suspensión de pagos que decreta el Juez Tercero de lo Civil de esta ciudad; dato que se deduce de las copias certificadas del juicio natural que se enviaron en vía de informe justificado, las que tienen también valor probatorio pleno de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por consiguiente, la Sala responsable debió tener en consideración que a los demandados se les había declarado en suspensión de pagos, y aplicar el artículo 408 de la Ley de Quiebras el cual es claro y contundente al prohibir expresamente al deudor hacer pago alguno en relación a créditos que se hayan constituido con anterioridad a la fecha en que se le declaró en suspensión de pagos al deudor y priva al acreedor de su facultad de exigir, también, los créditos cuya constitución aconteció con anterioridad a la fecha de tal declaración; por ende, si la demanda que dio inicio en el juicio natural se presentó con posterioridad al día en que se declaró la suspensión, nueve de junio siguiente, es evidente que la Sala responsable debió tener en consideración tal cuestión y declarar improcedente la reclamación de pago que hicieron los actores. El precepto antes mencionado dice así: ‘Mientras dure el procedimiento, ningún crédito constituido con anterioridad podrá ser exigido al deudor ni éste podrá pagarlo, quedando en suspenso el curso de la prescripción y de los términos en los juicios a que se refiere el artículo siguiente. Sin embargo, podrán levantarse los protestos que correspondan conforme a la ley.’. Es verdad que el artículo 409 de la invocada, Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos ordena la suspensión de los juicios seguidos en contra del deudor, con excepción, entre otros, de aquellos créditos que tuviesen garantía real; sin embargo este precepto, contrariamente a lo que opinó la autoridad responsable, se puede interpretar sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 408, puesto que el primero de dichos artículos alude a aquellos créditos respecto de los cuales no se hubiese formulado reclamación judicial alguna en el momento de la declaración de suspensión de pagos y, en cambio, el artículo 409 presupone la existencia de un juicio, al momento en que se hace la declaratoria de suspensión de pagos, en relación al crédito vencido y es este juicio precisamente al que afecta la suspensión del procedimiento, o queda exento de ella; por ende, si en el caso a estudio no existía reclamación alguna por parte de los acreedores en contra de los deudores al momento en que se les otorgó el beneficio de la suspensión de pagos, es obvio que los quejosos quedaron comprendidos dentro de la prohibición que contiene el artículo 408, en cuyo caso no se debió admitir la demanda de pago, por implicar ésta una exigencia del cumplimiento de la obligación. El artículo 409 es del siguiente texto: ‘Con excepción de las reclamaciones por deudas de trabajo, por alimentos o por créditos con garantía real, quedarán en suspenso los juicios contra el deudor que tengan por objeto reclamar el cumplimiento de una obligación patrimonial; pero se podrán practicar en ellos las actuaciones tendientes a prevenir perjuicios en las cosas sujetas a litigio o a conservar íntegramente los derechos de las partes.’. Consecuentemente, al haberse demostrado la violación al derecho común y la consecuente infracción a la garantía de legalidad que contiene el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, procede conceder el amparo a los quejosos para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente la sentencia reclamada y en una nueva que dicte desestime la acción ejercitada por el tercero perjudicado, con base en los lineamientos expresados en esta ejecutoria. Resulta innecesario estudiar y resolver los restantes conceptos de violación puesto que éstos están dirigidos a impugnar la resolución que ha dejado de tener existencia a virtud de la concesión del amparo. Tiene aplicación al caso la tesis de jurisprudencia número 440, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes, Octava, en la página 775, bajo el rubro: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. CUÁNDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO. Si el amparo que se concede por uno de los capítulos de queja, trae por consecuencia que se nulifiquen los otros actos que se reclaman, es inútil decidir sobre éstos.’. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en lo establecido por los dispositivos 190 y 191 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, se resuelve: ..."

La anterior resolución dio lugar a la tesis III.1o.C.79 C, sustentada por ese Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, que aparece publicada a foja trescientos noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, julio de 1998, y que a la letra dice:

"SUSPENSIÓN DE PAGOS. PROHIBICIÓN EXPRESA AL DEUDOR DE HACER PAGO ALGUNO. El artículo 409 de la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos ordena la suspensión de los juicios seguidos en contra del deudor, con excepción, entre otros, de aquellos créditos que tuviesen garantía real, sin embargo, este precepto se puede interpretar sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 408, puesto que este último alude a aquellos créditos respecto de los cuales no se hubiese formulado reclamación judicial alguna en el momento de la declaración de suspensión de pagos, y que no podrá exigirse al deudor mientras dure el procedimiento de suspensión en cambio, el primero de los preceptos mencionados presupone la existencia de un juicio al momento en que se hace la declaratoria de suspensión de pagos, en relación con el crédito vencido y es este juicio precisamente al que afecta la suspensión del procedimiento."

QUINTO. Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito el diecinueve de junio de mil novecientos noventa y ocho, al resolver el amparo directo civil 838/98, promovido por Viajes Vikingo, Sociedad Anónima de Capital Variable, Armando Espinoza Ureña y Alicia Viramontes de Ureña, contra la sentencia dictada por la Quinta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Jalisco, del cuatro de diciembre de mil novecientos noventa y siete, referente al toca 2002/96, textualmente sostuvo en la parte que interesa, lo siguiente:

"QUINTO. Los conceptos de violación expresados por el apoderado de la parte quejosa, son por una parte infundados y, por otra, inoperantes. Así es, en el primero de ellos, se alude a la incorrecta aplicación e interpretación de los artículos 408 y 409 de la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos; al respecto se estima conveniente precisar, para una mayor claridad, cuál es la finalidad que se persigue con las instituciones jurídicas de quiebra y suspensión de pagos. Mediante la primera, se establece la liquidación de los bienes del deudor común, para con su producto pagar, en lo posible, a los acreedores, pues la gravedad de la crisis económica es tal, que impide una recuperación patrimonial. En cambio, mediante la suspensión de pagos, que procede cuando sí existe dicha posibilidad recuperatoria, se busca la realización de un convenio entre el deudor común y sus acreedores, que permita una moratoria o quita o ambas cosas a la vez, y por tanto, que impida la quiebra, que implicaría gravísimas consecuencias, tanto para el Estado como para los comerciantes; para aquél, porque reportaría el cierre de una fuente de trabajo que en muchos casos es de gran importancia; para los comerciantes, se traduciría en el desapoderamiento de sus bienes. Por otra parte, en razón del estado de quiebra el deudor común es privado de la disposición y administración de su patrimonio, el cual se destina a la liquidación concursal de acreedores; por el contrario, en el procedimiento de suspensión de pagos, el comerciante suspenso conserva la administración de los bienes y sus acciones judiciales para reclamar a sus clientes las cantidades que le adeuden. Las figuras jurídicas de que se habla, se originan en supuestos similares, ya que involucran actos de comerciantes que cesan en sus pagos, lo que implica que sean instituciones paralelas en su estructura jurídica; de ahí que, las disposiciones que rigen en el juicio de quiebra, sean aplicables a los procedimientos de suspensión de pagos, en términos del artículo 429 de la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos que establece: ‘En todo lo no previsto expresamente para la suspensión de pagos y convenio preventivo, se aplicarán las normas de la quiebra y del convenio en la misma, siempre que no contradigan la esencia y caracteres de aquéllos.’. Bajo estos aspectos, se procede al análisis de las cuestiones planteadas y se tiene, que efectivamente uno de los efectos de la declaración de suspensión de pagos consiste en suspender toda diligencia o trámite de los juicios que se sigan contra el deudor suspenso, respecto de los créditos constituidos con anterioridad o que tengan por objeto reclamar el cumplimiento de una obligación patrimonial; pero, esta regla no es absoluta, sino que admite ciertas excepciones, según se desprende de la interpretación armónica y racional de los artículos 408 y 409 de la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos, cuyo texto es el siguiente: ‘Mientras dure el procedimiento, ningún crédito constituido con anterioridad podrá ser exigido al deudor ni éste podrá pagarlo, quedando en suspenso el curso de la prescripción y de los términos en los juicios a que se refiere el artículo siguiente. Sin embargo, podrán levantarse los protestos que correspondan conforme a la ley.’. ‘Con excepción de las reclamaciones por deudas de trabajo, por alimentos o por créditos con garantía real, quedarán en suspenso los juicios contra el deudor que tengan por objeto reclamar el cumplimiento de una obligación patrimonial; pero se podrán practicar en ellos las actuaciones tendientes a prevenir perjuicios en las cosas sujetas a litigio o a conservar íntegramente los derechos de las partes.’. De acuerdo con estos preceptos, deben quedar en suspenso todos los juicios en que se demande el cumplimiento de una obligación patrimonial, con excepción, entre otros de las reclamaciones por crédito con garantía real, como lo es aquel cuyo pago se reclama en el juicio natural, según lo establece el artículo 2893 del Código Civil para el Distrito Federal y para toda la República en Materia Federal, que a la letra dice: ‘La hipoteca es una garantía real constituida sobre bienes que no se entregan al acreedor, y que da derecho a éste, en caso de incumplimiento de la obligación garantizada, a ser pagado con el valor de los bienes, en el grado de preferencia establecido por la ley.’. Asimismo, en la quiebra, los acreedores no pueden ejercer sus acciones personales contra el quebrado, ya que el proceso es atractivo y a él deben acumularse todos los juicios que se instauren contra el patrimonio del comerciante fallido, conforme a lo dispuesto por los artículos 126 y 127 de la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos, del tenor literal siguiente: ‘Se acumularán a los autos de la quiebra todos los juicios pendientes contra el fallido, excepto los siguientes y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 122 y de los preceptos que atribuyen al síndico la realización de todo el activo: I. Aquellos en que ya esté pronunciada y notificada la sentencia definitiva de primera instancia. II. Los que procedan de créditos hipotecarios o prendarios.’. ‘En ambos casos, cuando hubiere sentencia ejecutoria, se acumulará a la quiebra, para los efectos de la graduación y pago.’. En la suspensión de pagos, no existe disposición específica en cuanto a la acumulación de juicios seguidos contra el suspenso que deben continuar en trámite, de tal manera que estas normas resultan aplicables al caso, conforme a lo estatuido por el artículo 429 de la mencionada ley, ya que la utilización indistinta de normas en ambas situaciones jurídicas, tiene su razón de ser, en el hecho de que las dos figuras se originan en supuestos muy similares, porque involucran actos de comerciantes que cesan en sus pagos. Conforme a lo establecido por el artículo 409 de la ley en comento, es claro que los juicios que procedan de créditos con garantía real, entre ellos los hipotecarios, no deben quedar en suspenso, sino que deben continuar su trámite. El numeral 126 precitado, ordena la acumulación de todos los juicios pendientes contra el fallido, excepto los que ya tengan sentencia de primera instancia notificada y los que procedan de créditos hipotecarios o prendarios. Ahora bien, por juicios pendientes no pueden entenderse sólo aquellos que se encuentren en trámite o no han sido concluidos al momento de declararse la quiebra o la suspensión de pagos, sino también todos aquellos que se promuevan con posterioridad a tal acto jurídico, por lo que los hipotecarios o prendarios que se promuevan en contra del suspenso o fallido después de la suspensión de pagos o a la quiebra, se encuentran exentos de la acumulación al juicio universal, ya que gozan de preferencia, por virtud de la garantía real constituida a voluntad de las partes y por disposición de la ley, tan es así, que el artículo 263 de la citada ley establece: ‘Los acreedores hipotecarios percibirán sus créditos del producto de los bienes hipotecarios con exclusión absoluta de los demás acreedores y con sujeción al orden que se determina con arreglo a las fechas de inscripción de sus títulos.’. Y por otro lado, el artículo 2981 del Código Civil para el Distrito Federal, en Materia Común, y para toda la República en Materia Federal, señala: ‘Los acreedores hipotecarios y los pignoraticios no necesitan entrar en concurso para hacer el cobro de sus créditos.’. Pueden deducir las acciones que les competen en virtud de la hipoteca o de la prenda, en los juicios respectivos, a fin de ser pagados con el valor de los bienes que garanticen sus créditos. De esta suerte, es inconcuso, que todos aquellos juicios en que se demanda el pago de un crédito con garantía real, debido a que persiguen la cosa y no al deudor (que en este caso resulta ser el suspenso), deben acumularse a la suspensión de pagos hasta que se dicte sentencia definitiva, pero sólo para los efectos de la graduación y pago, como lo expresa el artículo 127 de la Ley de Quiebras transcrito. Por tanto, la circunstancia de que en el caso a estudio, se hubiese promovido el juicio natural después de haberse decretado la suspensión de pagos, con efectos a partir del catorce de mayo de mil novecientos noventa y cinco, no constituyó ningún impedimento legal para la procedencia de la acción ejercida y los quejosos yerran al sostener lo contrario. Sobre el particular, es aplicable el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis cuya sinopsis y datos del precedente que la constituyó, en lo conducente rezan: ‘SUSPENSIÓN DE PAGOS. LA ACUMULACIÓN DE UN JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO A ELLA, SÓLO DEBE EFECTUARSE HASTA QUE SE DICTE SENTENCIA EJECUTORIA. En la suspensión de pagos no existe disposición específica en cuanto a la acumulación de juicios seguidos contra el suspenso que deben continuar en trámite en términos de lo dispuesto por el artículo 409 de la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos, de tal manera que, como lo establece el numeral 429 de la citada ley, resultan aplicables al caso los artículos 126 y 127 del mismo ordenamiento, ya que la utilización indistinta de las normas en la quiebra y la suspensión de pagos tiene su razón de ser en el hecho de que las dos figuras se originan en supuestos idénticos, dado que involucran actos de comerciantes que cesan en sus pagos y ambas son instituciones paralelas en su estructura económica y jurídica; luego, si las reclamaciones por créditos con garantía real no deben quedar en suspenso, a pesar de la suspensión de pagos, y deben acumularse a los autos de la quiebra todos los juicios pendientes contra el fallido, excepto aquellos en que ya esté pronunciada y notificada la sentencia definitiva y los que procedan de créditos hipotecarios o prendarios, debido a que por juicios pendientes no deben entenderse sólo los que se encuentren en trámite o no han sido concluidos al momento de declararse la quiebra o la suspensión de pagos, sino también todos aquellos que se promuevan con posterioridad a tal acto jurídico, los juicios especiales hipotecarios que se encuentren en estos supuestos, únicamente deben acumularse a la suspensión de pagos hasta que se dicte sentencia definitiva, sólo para los efectos de su graduación y pago, por la preferencia de que gozan, de acuerdo con lo establecido por los artículos antes citados, 263 de la propia ley y 2981 del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal. Competencia 23/97. Suscitada entre el Juez Vigésimo Sexto de lo Civil en el Distrito Federal y el Juez Segundo de Primera Instancia en Saltillo, Coahuila. 11 de febrero de 1998. 5 votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Manuel Rojas Fonseca.’. (Tesis aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de cuatro de marzo de mil novecientos noventa y ocho). Motivos por los que no se comparte el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver el amparo directo 1497/97, a que aluden los impetrantes de garantías. Tocante a la excepción derivada del beneficio de la suspensión de pagos a que aluden los quejosos, cabe destacar, que de ninguna manera puede aceptarse la omisión de su estudio; pues, en primer lugar, el tribunal ad quem, en la parte considerativa del fallo reclamado, expresamente se refirió a ella y estableció que ya había sido resuelta por el Juez natural en proveído fechado el ocho de enero de mil novecientos noventa y seis, el cual quedó firme para todos los efectos legales y se le dijo lo siguiente: ‘... que no había lugar a decretarla pues si bien se tenía ese beneficio el artículo 409 de la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos determinaba que era excluyente por lo que veía a los créditos con garantía real ...’. Máxime, que los agraviados omiten formular algún razonamiento jurídico idóneo para evidenciar, que no se dio ese pronunciamiento o que, no adquirió firmeza. En cuanto a este punto, es aplicable la jurisprudencia número J/13, visible en la página 75, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación número 72, correspondiente al mes de diciembre de 1993, cuya sinopsis es del tenor literal siguiente: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LO SON CUANDO NO SE COMBATEN LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO RECLAMADO NI SE ESTÁ EN ALGUNO DE LOS CASOS DE SUPLENCIA DE LA QUEJA PREVISTOS EN LA LEY. Si en un juicio de amparo en materia civil, el quejoso omite controvertir y, por lo mismo, demostrar, que las consideraciones medulares en que se sustenta el fallo reclamado son contrarias a la ley o a la interpretación jurídica de la misma, sin que, por otra parte, se surta alguna de las hipótesis previstas por el artículo 76 bis de la Ley de Amparo, en cuya virtud deba suplirse la queja deficiente en favor del agraviado; los conceptos de violación resultan inoperantes y debe negarse la protección constitucional solicitada.’. En segundo lugar, la Sala responsable determinó como corolario de lo antes expuesto, las siguientes consideraciones: ‘... Corolario de lo anterior es que al estimarse de que no obstante de que los demandados comparecieron a juicio en tiempo y forma dando contestación a la demanda, no ofertaron ningún solo elemento de convicción a efecto de robustecer sus excepciones y por tal motivo ante la certeza de existir una obligación y ésta se encuentra insoluta, nace el derecho de la actora para demandar el vencimiento anticipado al haber dejado de efectuar la demandada el pago de las amortizaciones en la forma y términos que se obligó, es decir, en este caso concreto al no haber cubierto oportunamente el pago del principal y los intereses y como aunado a lo anterior de la certificación contable se desprende el incumplimiento en que incurrió, acreditándose con este documento con toda claridad la manera como se integró el saldo dentro del estado de cuenta, por lo tanto deberá declararse procedente el vencimiento anticipado del contrato fundatorio de la acción contenido en el testimonio de la escritura pública número 9,550 pasada ante la fe del Notario Público número 73 de esta municipalidad celebrado entre las partes actora y demandada; asimismo se condena a la demandada al pago de la suma de $239,188.20 (doscientos treinta y nueve mil ciento ochenta y ocho pesos 20/100 M.N.) como saldo insoluto al corte del día 30 de mayo de 1995 dentro del cual quedan comprendidas en capital vencido anticipadamente esto es $200,000.00 (doscientos mil pesos 00/100 M.N.) de intereses naturales y moratorios más el I.V.A. sobre estos últimos más los intereses moratorios que se sigan venciendo y su correspondiente impuesto al valor agregado los que serán regulados en ejecución de sentencia de condena que se decreta desde que se constituyeron en mora hasta la total liquidación del adeudo. Por último y para el caso de que el demandado no cumpliera voluntariamente con las sentencias en los términos prescritos por la ley, sáquese a remate el inmueble dado en garantía hipotecaria que se encuentra plenamente identificado en el fundatorio con la superficie, medidas y linderos que se describen en dicho documento y previo avalúo y con su producto pago al acreedor. Desde luego no es obstáculo para la anterior determinación el que la parte demandada conforme a las constancias que exhibió se encuentre gozando del beneficio de la suspensión de pagos, dado que según lo dispone el numeral 409 de la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos es excluyente por lo que ve a los créditos con garantía real como acontece en el caso concreto, debiéndose en cuanto a la ejecución observarse las reglas de la suspensión de pagos relativas a la prelación de los créditos, por lo que en consecuencia en el momento procesal oportuno deberá de acumularse a aquella por ser atrayente el presente negocio ...’. Por lo que, como ya se dijo, no asiste razón a los agraviados al dolerse de la falta de estudio de dicha excepción. Finalmente, es inexacto, que los agraviados hubiesen opuesto como excepción, al contestar la demanda, el hecho de que no se les notificó la terminación o el vencimiento del contrato anticipadamente; o que, no incurrieron en mora porque desconocían el monto líquido de los intereses; habida cuenta de que su escrito de contestación a la demanda (fojas 18 a 38 del juicio natural), como bien lo afirmó la responsable, no se advierten esos argumentos y por tanto, las tesis que invocan con los rubros de: ‘INTERPELACIÓN AL DEUDOR PARA QUE CUMPLA CON LO QUE SE OBLIGÓ. DEBE SER PREVIA A LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, EN LA QUE SE EXIJA SU CUMPLIMIENTO.’ y ‘INTERPELACIÓN RESULTANTE DEL EMPLAZAMIENTO, NO GENERA LA EXISTENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DE UNA OBLIGACIÓN, SI CON ANTERIORIDAD A LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, NO SE ACREDITA HABER REQUERIDO DE PAGO AL OBLIGADO, NI SIRVE DE BASE A LA ACCIÓN INTENTADA.’; en nada les favorecen, pues se refieren a cuestiones que no formaron parte de la litis del juicio de origen. En tal virtud, como de lo actuado no se infiere alguna violación manifiesta de la ley que hubiese dejado indefensos a los agraviados y se esté en el caso de suplir la queja deficiente, en términos de la fracción VI, del artículo 76 bis de la ley de la materia, debe negarse la protección constitucional solicitada."

SEXTO. Precisado lo anterior, por cuestión de orden sistemático, antes de proceder al análisis correspondiente, es oportuno establecer si en el caso sujeto a estudio existe contradicción entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver el Primer Tribunal Colegiado el amparo directo 1497/97, y el Segundo Tribunal Colegiado, el juicio de amparo directo 838/98, cuyas consideraciones esenciales se transcribieron en los considerandos cuarto y quinto de esta resolución, ya que sólo bajo ese supuesto es posible efectuar el estudio relativo a fin de determinar cuál es el criterio que debe prevalecer.

Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación comparte el criterio de la desaparecida Cuarta Sala del mismo tribunal, en cuanto a que, para que exista materia a dilucidar respecto de cuál criterio debe prevalecer, debe existir, cuando menos formalmente, una oposición de criterios jurídicos en los que se controvierta la misma cuestión, es decir, para que se surta su procedencia, la contradicción denunciada debe referirse a las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas vertidos dentro de la parte considerativa de las sentencias respectivas, que son las que originaron, precisamente, la tesis que sustenta uno de los órganos jurisdiccionales.

En otros términos, se da la contradicción anterior, cuando concurren los siguientes supuestos:

a) Que al resolver los asuntos, se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten criterios discrepantes;

b) Que la diferencia de criterios se presente en las contradicciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas;

c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

La tesis de jurisprudencia se identifica con el número 4a./J. 22/92, y aparece publicada en la página 22, Octava Época, Instancia: Cuarta Sala, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 58, octubre de 1992, con el siguiente texto:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. R

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/6705-7d77bf33/suspension-de-pagos-procedencia-de-la-accion-ejercida · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.