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Modo: Corpus Pro

PAGARÉ. INTERESES MORATORIOS PACTADOS CONFORME AL CPP. BASTA LA INSERCIÓN DE ESTAS SIGLAS PARA QUE SE ENTIENDA QUE AQUÉLLOS FUERON ESTIPULADOS DE ACUERDO AL INDICADOR ECONÓMICO DENOMINADO COSTO PORCENTUAL PROMEDIO DE CAPTACIÓN. PAGARÉ. INTERESES MORATORIOS PACTADOS CONFORME AL INDICADOR ECONÓMICO DENOMINADO CPP. PARA SU CÁLCULO DEBE ESTARSE A ESTAS SIGLAS, DADO EL PRINCIPIO DE LITERALIDAD DE LOS TÍTULOS DE CRÉDITO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 110/98. · Registro digital (IUS): 6868
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER Y QUINTO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA CIVIL, AMBOS DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Enero de 2001, , Pág. 76.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 110/98. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER Y QUINTO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA CIVIL, AMBOS DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

TERCERO. La resolución pronunciada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo civil número 6355/98, promovido por Turbinas y Equipos Industriales, S.A. de C.V., hoy Sulzer Hydro, S.A. de C.V., fallado el doce de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, en lo conducente dice:

"CUARTO. Son suficientemente fundados los conceptos de violación expresados por la sociedad quejosa, los cuales serán analizados de manera conjunta, atendiendo a la estrecha vinculación que guardan entre sí. En efecto, le asiste la razón a la sociedad quejosa al manifestar que la sentencia definitiva que constituye el acto reclamado resulta violatoria de las garantías consagradas en los artículos 14 y 16 de nuestra Carta Magna, puesto que, tal como lo manifiesta, resultó ilegal que el ad quem haya condenado a la empresa demandada en el juicio natural, a pagar los intereses moratorios exclusivamente al interés legal del 6% (seis por ciento) anual, por considerar que las siglas ‘CPP’ no tienen significación alguna, atendiendo a la literalidad de los títulos de crédito. Además de que la sentencia combatida resulta incongruente, toda vez que en la parte considerativa originalmente se establece que el interés moratorio a pagar debe cuantificarse al 15% (quince por ciento) anual, que es el monto acordado por las partes después de las siglas ‘CPP’, que según la consideración de la responsable no significa nada; sin embargo, al momento de modificar los puntos resolutivos de la sentencia de primer grado, específicamente en el marcado con el numeral tercero, condena exclusivamente a la parte demandada a pagar a la actora los intereses moratorios a razón del seis por ciento anual (interés legal), lo cual evidencia la violación lo dispuesto por los artículos 14 y 16 de nuestra Carta Magna. Son fundados los argumentos antes referidos, ya que de los títulos de crédito exhibidos como documentos base de la acción, se evidencia que los contendientes acordaron bilateralmente que la falta de pago de los títulos causaría un interés moratorio al tipo de ‘CPP + 15 puntos porcentuales’. En el caso que nos ocupa, los títulos de crédito que se reclaman son de aquellos denominados pagarés, los cuales se regulan por las disposiciones contenidas en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, por considerarse cosas mercantiles en términos del artículo primero de tal ordenamiento. Por otro lado, en el artículo 2o. de tal ordenamiento, se establece lo siguiente: ‘Art. 2o. Los actos y las operaciones a que se refiere el artículo anterior, se rigen: I. Por lo dispuesto en esta ley, y en las demás leyes especiales relativas; en su defecto: II. Por la legislación mercantil general; en su defecto: III. Por los usos bancarios y mercantiles y, en defecto de éstos: IV. Por el derecho común, declarándose aplicable en toda la República, para los fines de esta ley, el Código Civil del Distrito Federal.’. En el caso que nos ocupa, en términos de la fracción III del artículo 2o. antes transcrito, los títulos de crédito se rigen por los usos bancarios y mercantiles, lo cual significa que si las partes en el texto de los pagarés base de la acción acordaron, de común acuerdo, que la falta de pago oportuno de los mismos traería consigo la generación de intereses moratorios al tipo del ‘CPP + 15 puntos porcentuales’, tal acuerdo de voluntades debe entenderse en el sentido de que las partes pactaron, de mutuo acuerdo, que el interés moratorio, por falta de pago oportuno, se determinará acorde con el costo porcentual promedio de captación determinado mensualmente por el Banco de México más quince puntos porcentuales. Lo anterior es así, tomando en consideración que conforme a los usos bancarios y mercantiles, se encuentra establecido que el ‘CPP’ no tiene otra significación que la que se ha referido, motivo por el cual si la fracción III del artículo 2o. de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, dispone que los actos mercantiles se deben de regir por los usos bancarios y mercantiles, es ilegal que el tribunal responsable haya determinado que las siglas ‘CPP’ no tenían significación alguna y que, por ello, el pago de los intereses moratorios tenía que realizarse exclusivamente al monto del 15% (quince por ciento) anual, según la parte considerativa de su fallo, para concluir finalmente en el resolutivo tercero que debería de ser al interés legal del 6% (seis por ciento) anual. Se debe de resaltar que para arribar a la conclusión anterior, se debe de tomar en cuenta que en la época actual, acorde con las publicaciones que día con día realizan los distintos medios de información masiva (prensa, radio, televisión, etcétera), es del dominio público el significado de las siglas ‘CPP’, además de que en los usos bancarios y comerciales se utilizan cotidianamente las mismas para representar al costo porcentual promedio de captación, motivo por el cual al tener la empresa demandada, hoy tercera perjudicada, el carácter de comerciante, con mucha mayor razón tenía la obligación de conocer y entender que tales siglas significan el costo porcentual promedio de captación determinado y publicado, mes con mes, a través del Diario Oficial de la Federación, por el Banco de México. Por tanto, si la máxima ley de los contratos es la voluntad de las partes, y en términos del artículo 78 del Código de Comercio, en las convenciones mercantiles, como la que nos ocupa, cada uno se obliga en la manera y términos que aparezca que quiso obligarse, si en los pagarés base de la acción la demandada se comprometió a pagar un interés moratorio conforme al del costo porcentual promedio de captación más quince puntos porcentuales, ello implica que al haber incumplido la demandada con la obligación de pago a su cargo, los intereses moratorios se debían cuantificar al monto acordado por las partes en el pagaré. Acorde con lo anterior, se debe concluir que fue ilegal el proceder del tribunal de alzada al condenar a la empresa demandada exclusivamente al pago de los intereses moratorios que serían cuantificados al interés legal del 6% (seis por ciento) anual, pues la condena sobre tal aspecto debió imponerla conforme al costo porcentual promedio de captación más quince puntos porcentuales mensuales. En las relatadas condiciones y a efecto de reparar la violación constitucional en que incurrió la Sala responsable, lo que procede es conceder a la quejosa la protección constitucional que impetra."

CUARTO. Por su parte, al pronunciarse en el juicio de amparo directo civil número 743/88, promovido por el Banco Obrero, S.A., con fecha siete de abril de mil novecientos ochenta y ocho, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, sostiene:

"V. Son infundados los conceptos de violación que expone la sociedad quejosa por conducto de su representante legal, los cuales se estudian en conjunto debido a la estrecha relación que existe entre los argumentos que esgrime en los mismos. Por principio, debe determinarse que no es procedente considerar que la tesis relacionada de jurisprudencia que transcribe la responsable no sea aplicable al caso, dado que aunque se reproduce íntegramente, su finalidad es resaltar su primera parte, en la que se establece cuál es el criterio que ha sustentado la Suprema Corte de Justicia de la Nación con respecto al principio de literalidad, por lo que resulta intrascendente en este caso que la tesis aludida haga referencia a otras situaciones diversas a las que se refiere el presente asunto; ahora bien, si se toma como base que nuestro Máximo Tribunal establece que la literalidad de un título de crédito es para precisar el contenido y alcance del derecho en él consignado, sin necesidad de recurrir a otras fuentes, así como también que esto es explicable, ya que si todo documento de este tipo trae incorporado un derecho, lo menos que puede pedirse es que éste se establezca en términos claros y precisos, resulta evidente que la Sala responsable estuvo en lo correcto al determinar que en el caso no era procedente la condena al pago de intereses moratorios en la forma que lo pretendía la hoy quejosa, dado que no puede hablarse de que se hayan pactado en forma clara y precisa en el texto del pagaré base de la acción, toda vez que de ninguna forma puede estimarse que las letras ‘CPP’ sean suficientes para ser consideradas como sinónimo del costo porcentual promedio de captación que fija el Banco de México, por el simple hecho de que éste las utilice en las publicaciones que emite para dar a conocer las tasas de interés, así como porque la amparista sea un banco y necesariamente por eso se esté en presencia de una operación bancaria, en virtud de que estos hechos, lejos de desvirtuar lo considerado, lo corroboran, al inferirse que se tiene que recurrir a otras fuentes, como son las publicaciones referidas para determinar el alcance de las abreviaturas que se anotaron en el título de crédito, con lo cual queda demostrado que, contrariamente a lo que asevera la solicitante de amparo, de la simple lectura del pagaré no es posible determinar en forma clara y precisa los intereses moratorios pactados. Por otra parte, con relación al argumento de la quejosa de que aun suponiendo sin conceder que las abreviaturas en comento no fueran suficientes para los fines pretendidos en ella, la responsable debió condenar a su contraparte a razón del 13% x 1.5 anual, debe establecerse que tal argumento tampoco es admisible, ya que estas cifras junto con las letras varias veces referidas integran una fórmula, la cual conforma un todo, que obviamente no puede hacerse efectiva ni valedera con tan sólo una de sus partes, por lo que resulta infundado el argumento cuestionado. Finalmente, también debe establecerse igual determinación con respecto a que la resolución reclamada sea incongruente por haber condenado a los ahora terceros perjudicados al pago de intereses legales, en primer lugar, porque esa condena de la Sala obedeció al hecho de que la amparista en la parte final del segundo agravio que sometió a la consideración de aquélla, manifestó que en última instancia se debió condenar a su contraparte al pago de intereses moratorios legales, de acuerdo con el artículo 362 del Código de Comercio; en segundo término, porque tal condena es acertada, dado que si se toma en cuenta que en la demanda original se reclamaron intereses moratorios y la Sala determinó que la forma de precisarlos se debió tener por no puesta, lo menos que podía resolverse era la procedencia de esa condena, porque así lo establece el precepto legal anotado, sin que por esto se pueda estimar que se contraviene el principio de literalidad de los títulos de crédito, en virtud de que la consideración de la responsable no tiene apoyo en el contenido del documento base de la acción, sino en lo establecido por la ley. En consecuencia, habiendo sido declarados infundados los conceptos de violación que esgrimió la quejosa, procede negarle el amparo y protección de la Justicia Federal."

De la anterior ejecutoria, se estableció la siguiente tesis:

"Octava Época

"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación

"Tomo: I, Segunda Parte-2, enero a junio de 1988

"Página: 737

"TÍTULOS DE CRÉDITO, LITERALIDAD DE LOS. DEBEN SER CLAROS Y PRECISOS LOS DERECHOS INCORPORADOS. Si se toma como base que la Suprema Corte ha establecido el criterio de que la literalidad de un título de crédito es para precisar el contenido y alcance del derecho en él consignado, sin necesidad de recurrir a otras fuentes, así como también que esto es explicable ya que si todo documento de este tipo trae incorporado un derecho, lo menos que puede pedirse es que éste se establezca en términos claros y precisos, resulta evidente que es correcto determinar que no es procedente la condena al pago de intereses moratorios si no se han pactado en forma clara y precisa en el texto del pagaré base de la acción, toda vez que en ninguna forma pueda estimarse que las letras ‘CPP’ sean suficientes para ser consideradas como sinónimo de costo porcentual promedio de captación que fija el Banco de México, por el simple hecho de que éste las utilice en las publicaciones que emite para dar a conocer las tasas de interés, así como porque el tenedor sea un banco y necesariamente por eso se esté en presencia de una operación bancaria.

"TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

"Amparo directo 743/88. Banco Obrero, S.A. 7 de abril de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Miguel Vélez Martínez."

QUINTO. En principio debe señalarse que es procedente que esta Primera Sala realice el estudio de la presente denuncia de contradicción de tesis y dicte la resolución correspondiente, aun cuando en autos no conste la opinión del procurador general de la República, pues ante la omisión de dicho funcionario debe entenderse que no estimó pertinente intervenir en la presente contradicción, facultad que le confiere el artículo 197-A, párrafo primero, de la Ley de Amparo.

Sobre este particular, sirve de apoyo la tesis aislada del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro, texto y datos de publicación a la letra dicen:

"Octava Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación

"Tomo: IX, enero de 1992

"Tesis: P. XXVI/92

"Página: 32

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. LA ABSTENCIÓN DEL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA DE EXPONER SU PARECER DEBE ENTENDERSE EN EL SENTIDO DE QUE NO ESTIMÓ PERTINENTE INTERVENIR EN ELLA. El artículo 197-A, primer párrafo, de la Ley de Amparo, concede una facultad potestativa al procurador general de la República para que, por sí o por conducto del agente del Ministerio Público que al efecto designe, emita su parecer dentro del plazo de treinta días en relación con las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito; en consecuencia, cuando el mencionado servidor público se abstiene de formular su parecer en el término de referencia, debe entenderse que no estimó pertinente intervenir en el asunto de que se trate, lo que posibilita dictar la resolución que corresponda.

"Contradicción de tesis 25/90. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito. 14 de noviembre de 1991. El proyecto se aprobó por unanimidad de quince votos de los señores Ministros presidente Schmill Ordóñez, de Silva Nava, Magaña Cárdenas, Lanz Cárdenas, Alba Leyva, López Contreras, Fernández Doblado, Llanos Duarte, Cal y Mayor Gutiérrez, Gil de Lester, Villagordoa Lozano, Moreno Flores, García Vázquez, Azuela Güitrón y Chapital Gutiérrez. Ausentes: Castañón León, Adato Green, Rodríguez Roldán, González Martínez y Díaz Romero. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Diógenes Cruz Figueroa."

SEXTO. Por otra parte, cabe precisar que tampoco impide la resolución de la presente contradicción de criterios, el que el sostenido por uno de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, el Quinto en Materia Civil del Primer Circuito, no se haya reflejado en tesis alguna, puesto que el vocablo "tesis" que se emplea en los artículos 197 y 197-A de la Ley de Amparo, debe entenderse en sentido amplio, como la expresión de un criterio respecto de un tema determinado por los órganos jurisdiccionales en su quehacer legal de resolver los asuntos de su competencia, sin que sea necesario que el criterio sustentado en una sentencia deba exponerse de manera formal, mediante una redacción especial, con un rubro, un texto y datos de identificación del asunto en el que se sustentó, esto es, mediante la publicación de una tesis, ni tampoco que deba constituir jurisprudencia obligatoria, conforme a los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, porque ni la Constitución ni la ley reglamentaria correspondiente, exigen estos requisitos, por lo que basta con que se acredite que las resoluciones materia de la contradicción contengan criterios opuestos sobre una misma cuestión jurídica por los Tribunales Colegiados de Circuito para que proceda su resolución por esta Primera Sala.

Encuentra fundamento la anterior consideración, por razón de identidad, en la tesis aislada P. LIII/95 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro, texto y datos de publicación a la letra dicen:

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: II, agosto de 1995

"Tesis: P. LIII/95

"Página: 69

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS OPUESTOS. Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, establecen el procedimiento para dirimir las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito o las Salas de la Suprema Corte. El vocablo ‘tesis’ que se emplea en dichos dispositivos debe entenderse en un sentido amplio, o sea, como la expresión de un criterio que se sustenta en relación con un tema determinado, por los órganos jurisdiccionales en su quehacer legal de resolver los asuntos que se someten a su consideración, sin que sea necesario que esté expuesta de manera formal, mediante una redacción especial, en la que se distinga un rubro, un texto, y datos de identificación del asunto en donde se sostuvo, ni menos aún, que constituya jurisprudencia obligatoria, en los términos previstos por los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, porque ni la Ley Fundamental ni la ordinaria en alguno de sus preceptos, establecen esos requisitos. Por lo tanto para denunciar una contradicción de tesis, basta con que se hayan sustentado criterios opuestos sobre la misma cuestión por Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o Tribunales Colegiados de Circuito, en resoluciones dictadas en asuntos de su competencia.

"Contradicción de tesis 9/95. Entre las sustentadas por el Cuarto y Séptimo Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 5 de junio de 1995. Unanimidad de once votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Jorge Dionisio Guzmán González."

Igualmente, es aplicable la jurisprudencia P. L/94 del mismo Pleno del Máximo Tribunal, cuyos rubro, texto y datos de publicación a la letra dicen:

"Octava Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

"Tomo: 83, noviembre de 1994

"Tesis: P. L/94

"Página: 35

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS. Para la procedencia de una denuncia de contradicción de tesis no es presupuesto el que los criterios contendientes tengan la naturaleza de jurisprudencias, puesto que ni el artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Federal ni el artículo 197-A de la Ley de Amparo, lo establecen así.

"Contradicción de tesis 8/93. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito (en la actualidad Tribunal Colegiado en Materia Penal). 13 de abril de 1994. Unanimidad de veinte votos. Ponente: Fausta Moreno Flores. Secretario: Juan Carlos Cruz Razo."

SÉPTIMO. A juicio de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sí existe la contradicción de criterios denunciada entre lo sustentado por los Tribunales Colegiados Tercero y Quinto en Materia Civil, ambos del Primer Circuito.

Empero, es conveniente establecer primero cuáles son los presupuestos requeridos para la existencia de una contraposición de criterios entre Tribunales Colegiados de Circuito.

Al interpretar los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estimado que para que exista materia a dilucidar respecto de cuál criterio debe prevalecer, es menester que exista, cuando menos formalmente, una oposición de criterios jurídicos en los que se controvierta una misma cuestión legal; es decir, para que se surta su procedencia, la contradicción denunciada debe referirse a las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas vertidos dentro de la parte considerativa de las sentencias respectivas, que son las que originaron, precisamente, las tesis que sustentan los órganos jurisdiccionales.

En otros términos, se da la contradicción anterior cuando concurren los siguientes supuestos:

a) Que al resolver los asuntos relativos, se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten criterios discrepantes;

b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y,

c) Que los distintos criterios provengan de los exámenes de los mismos elementos.

La anterior interpretación, la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la adoptó en la jurisprudencia 4a./J. 22/92, cuyos rubro, texto y datos de publicación a la letra dicen:

"Octava Época

"Instancia: Cuarta Sala

"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

"Tomo: 58, octubre de 1992

"Tesis: 4a./J. 22/92

"Página: 22

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, o de la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

"Contradicción de tesis 76/90. Sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero del Cuarto Circuito y Primero del Décimo Noveno Circuito. 12 de agosto de 1991. Cinco votos. Ponente: Ignacio Magaña Cárdenas. Secretario: Néstor Gerardo Domínguez.

"Contradicción de tesis 30/91. Sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero y Cuarto, ambos del Primer Circuito en Materia de Trabajo. 2 de marzo de 1992. Cinco votos. Ponente: Ignacio Magaña Cárdenas. Secretario: Pablo Jesús Hernández Moreno.

"Contradicción de tesis 33/91. Sustentadas por los Tribunales Colegiados Sexto en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el actual Primer Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito. 16 de marzo de 1992. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Ramón Gopar Aragón.

"Contradicción de tesis 71/90. Sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito. 30 de marzo de 1992. Cinco votos. Ponente: Carlos García Vázquez. Secretario: Elías Álvarez Torres.

"Contradicción de tesis 15/91. Sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 17 de agosto de 1992. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Carlos García Vázquez. Secretario: Elías Álvarez Torres.

"...

"Nota: Esta tesis también aparece en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, Primera Parte, tesis 178, página 120."

Hechas las anteriores precisiones, a continuación debe identificarse el aspecto de los criterios objeto de la presente contradicción de tesis que se ajusta a los requisitos que se contemplan en la jurisprudencia antes enunciada, para lo cual es de señalarse que de las ejecutorias parcialmente transcritas en el considerando tercero de esta ejecutoria, se desprenden los siguientes datos:

El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al emitir su fallo el siete de abril de mil novecientos ochenta y ocho, en el amparo directo número 743/88, sustentó el criterio de que la abreviatura "CPP", anotada en un título de crédito para identificar los intereses pactados, no puede ser considerada como sinónimo de costo porcentual promedio de captación, por el hecho de que el Banco de México las utilice en las publicaciones que emite para dar a conocer las tasas de interés, por lo que si estos últimos se pactaron con base en tal abreviatura, no es procedente la condena del pago de tales intereses, pues no se establecen en forma clara y precisa en el texto del documento base de la acción.

El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, por su parte, al resolver el doce de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, el amparo directo civil número 6355/98, estimó que las siglas "CPP", asentadas en los títulos de crédito, al pactar los intereses, representan el costo porcentual promedio de captación determinado por el Banco de México, en atención a los usos bancarios y mercantiles y por ser del dominio público tal significado.

Conforme con lo anterior, debe concluirse que se dan los supuestos de la contradicción denunciada, toda vez que los diversos Tribunales Colegiados analizan un problema jurídico común, llegando ambos a criterios divergentes, ya que por una parte, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, arribó a la conclusión de que la abreviatura "CPP", tiene el mismo significado que el costo porcentual promedio de captación; mientras que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito sostiene que, dado el principio de literalidad de un título de crédito, debe establecerse en forma clara y precisa en el pagaré el contenido y alcance del derecho consignado, y que por tanto, las letras "CPP" no deben ser consideradas como sinónimo del indicador económico de referencia, por el simple hecho de que el Banco de México las utilice en la publicación que emite para dar a conocer las tasas de interés.

Por lo tanto, es concluyente que en el caso a estudio se surten los presupuestos necesarios para estimar que ha surgido la contradicción de criterios, ya que de conformidad con la jurisprudencia número 4a./J. 22/92 supracitada, es indispensable que en los asuntos generadores de la contradicción de tesis: "... se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes ... en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas ...", lo que en la especie aconteció, conforme a lo razonado en los párrafos precedentes.

Precisada la materia de la presente contradicción de tesis, esta Primera Sala procederá a emitir el pronunciamiento correspondiente.

OCTAVO. Precisado el tema de la contradicción y examinadas las resoluciones que dieron origen a la misma, esta Primera Sala considera que debe prevalecer su criterio, coincidente en lo esencial, con el sustentado por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de acuerdo con las consideraciones que a continuación se formulan.

En primer término, se estima conveniente precisar que en los pagarés base de la acción en los juicios ejecutivos mercantiles de donde derivan los juicios de amparo directo en que fueron dictadas las ejecutorias materia de la presente contradicción de tesis, se estipuló que los intereses moratorios se calcularían conforme a la tasa denominada CPP.

A continuación, se impone establecer que el título de crédito denominado pagaré se encuentra regulado en los artículos 170 a 174, del capítulo III, intitulado "Del pagaré", de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

El artículo 174, párrafos primero y segundo, establece:

"Artículo 174. Son aplicables al pagaré, en lo conducente, los artículos 77, párrafo final, 79, 80, 81, 85, 86, 88, 90, 109 al 116, 126 al 132, 139, 140, 142, 143, párrafos segundo, tercero y cuarto, 144, párrafos segundo y tercero, 148, 149, 150, fracciones II y III, 151 al 162, y 164 al 169.

"Para los efectos del artículo 152, el importe del pagaré comprenderá los réditos caídos; el descuento del pagaré no vencido se calculará al tipo de interés pactado en éste, o en su defecto al tipo legal; y los intereses moratorios se computarán al tipo estipulado para ellos; a falta de esa estipulación, al tipo de rédito fijado en el documento, y en defecto de ambos, al tipo legal."

Conforme al precepto legal acabado de transcribir, los intereses moratorios que debe comprender el importe del pagaré se calculan de tres distintas maneras, a saber: 1) conforme al tipo estipulado para ellos en el pagaré; 2) a falta de esa estipulación, al tipo de rédito fijado en el documento; y 3) en defecto de ambos, al tipo legal.

A fin de determinar en cuál de las tres anteriores formas de cálculo de los intereses moratorios encuadra la hipótesis en que, como acontece en los procedimientos de origen de los juicios de amparo de donde derivan las ejecutorias materia de la presente contradicción de tesis, en el pagaré base de la acción se estipula que los intereses moratorios se calcularían conforme a la tasa denominada CPP, es necesario traer a la vista el texto del artículo 5o. de la citada Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, el cual a la letra dice:

"Artículo 5o. Son títulos de crédito, los documentos necesarios para ejercitar el derecho literal que en ellos se consigna."

El precepto legal transcrito consigna el principio de literalidad de los títulos de crédito, el cual la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justic

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/6868-d4ab0a9e/pagare-intereses-moratorios-pactados-conforme-al-cpp-basta · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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