ARRENDAMIENTO FINANCIERO. LA EXHIBICIÓN DE LOS PAGARÉS DERIVADOS DE ESTAS OPERACIONES, ES SUFICIENTE PARA EJERCITAR LA VÍA EJECUTIVA MERCANTIL.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 49/96. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y CUARTO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
SEGUNDO.-El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo directo DC. 5400/95, promovido por Líder en Video, S.A. de C.V., consideró lo siguiente:
"QUINTO.-Los agravios propuestos son infundados ... cabe mencionar que, sobre el tema en estudio, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, sustentó un criterio, el cual aparece publicado en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo I, abril de 1995, página 126, que establece: ‘ARRENDAMIENTO FINANCIERO, LA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA SE FUNDA EN EL CONTRATO PRINCIPAL Y NO EN LOS PAGARÉS DERIVADOS O RELACIONADOS CON EL CONTRATO DE.’ (la transcribe); dicha tesis no se comparte por este tribunal, en razón de lo siguiente: La exposición de motivos de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito publicada en el Diario Oficial de la Federación de catorce de enero de mil novecientos ochenta y cinco, en la parte conducente al debate planteado en esta instancia constitucional, contiene el párrafo siguiente: ‘A este respecto, con el fin de establecer principios de carácter jurídico que permitan diferenciar el arrendamiento financiero del arrendamiento de tipo común, inclusive en procedimientos judiciales, en la iniciativa se incluyen a las operaciones de arrendamiento financiero, en términos semejantes a las operaciones activas de crédito, ya que en la última instancia, esta forma de arrendamiento es asimilable a aquéllas. Lo anterior se hace necesario dado que, en la práctica forense, al aplicarse los principios correspondientes al arrendamiento común, se disminuye la agilidad que las arrendadoras financieras deben tener en la recuperación de sus activos, precisamente por tratarse de una operación financiera y no simplemente de la transferencia del uso y disfrute de los bienes en forma temporal, como es en el arrendamiento común.’.-Todas las llamadas operaciones activas de crédito tienen la nota común de consistir en concesiones de crédito hechas por la institución de que se trata, es decir, la institución proporciona dinero y el deudor se obliga a restituirlo.-La doctrina es unánime en encuadrar a los créditos refaccionarios y de habilitación o avío como operaciones activas de crédito, por ejemplo, Joaquín Rodríguez Rodríguez en su obra: ‘Curso de Derecho Mercantil’, tomo II, vigésima edición, Porrúa, México, 1991, página 75; así como Joaquín Garrigues en su obra: ‘Curso de Derecho Mercantil’, tomo II, novena edición, Porrúa, México, 1993, página 161.-El Tribunal Colegiado mencionado dice que, en relación con las operaciones como la denominada contrato de crédito refaccionario, existe el artículo 325 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, que prevé la suscripción de pagarés como garantía colateral del negocio financiero que les da origen, cuyos títulos difieren de los pagarés ordinarios porque se encuentran vinculados indisolublemente al negocio causal. Que conforme al contenido de la exposición de motivos de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, se hace una equiparación de las operaciones de arrendamiento financiero con las operaciones activas de crédito, y como dentro de éstas están los créditos refaccionarios, concluye que las disposiciones legales de estos últimos deben tener análoga interpretación respecto del contrato de arrendamiento financiero. Agrega que el artículo 26 de la ley mencionada en último término es parecido al citado en primer lugar, con esta premisa concluye que, los pagarés suscritos en los términos del artículo 26 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, por sí solos, no pueden dar pauta a la procedencia de la vía ejecutiva mercantil, sino que deben complementarse con el contrato del que derivan y la certificación contable a que se refiere el artículo 48 de la ley en cita. Ahora bien, en primer lugar, este tribunal ya dejó establecido en párrafos precedentes que los pagarés otorgados con motivo de los contratos de crédito refaccionario y de habilitación o avío, no carecen de naturaleza ejecutiva, por lo que queda desvirtuada la premisa en que se apoya el Tribunal Colegiado indicado; en segundo lugar, la normatividad interpretada en el otro sentido, es decir, que carecen de naturaleza ejecutiva, constituiría una regla de excepción respecto a una regla general, consistente en que los pagarés traen aparejada ejecución y, por tanto, sería de estricta aplicación al caso expresamente previsto; que por tanto no podría aplicarse sino a los pagarés suscritos en contratos de apertura de crédito refaccionario o para habilitación o avío, mas de ningún modo a los emitidos con motivo de un arrendamiento financiero por prohibirlo expresamente el artículo 11 del Código Civil para el Distrito Federal, que estatuye: ‘Las leyes que establecen excepción a las reglas generales no son aplicables a caso alguno que no esté expresamente especificado en las mismas leyes.’.-Es aplicable a lo anterior, la segunda tesis relacionada con la de jurisprudencia número 657, publicada en la página 1096, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que establece: ‘LEYES DE EXCEPCIÓN.-Las leyes que establecen excepciones, son de estricta interpretación, y, por tanto, no pueden aplicarse por analogía, a caso alguno no comprendido en ellas.’.-Cabe advertir que la iniciativa mencionada se refiere a que la actividad que desarrollan las arrendadoras financieras se asimila a las de crédito, porque tanto la arrendadora como la arrendataria persiguen la realización de operaciones de contenido esencialmente financiero, pero esta distinción se hizo porque el arrendamiento financiero es una figura con características propias que en mucho se distingue del arrendamiento común, con el que, no obstante presentar afinidad en razón del nombre y algunos otros elementos, mantiene profundas diferencias; sin embargo, la intención del legislador no fue la de que se aplicaran por analogía las disposiciones de las operaciones activas de crédito, sino solamente para hacer patente la diferencia apuntada y no inducir a confusión con otros contratos que las leyes tienen claramente nominados, ya que regular la figura en cuestión bajo la denominación de ‘arrendamiento financiero’ fue porque la costumbre mercantil así lo estableció en México, aun cuando no resulte ser la más adecuada.-De la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil de este circuito, derivada del juicio de amparo directo DC. 823/95, promovido por Hotelera Camu, S.A. de C.V., se desprende la existencia de una contradicción del criterio que se sostiene allí, con el sustentado en esta ejecutoria, respecto a la naturaleza jurídica del o de los pagarés que se pueden otorgar con la celebración del contrato de arrendamiento financiero. Consecuentemente, al suscitarse la contradicción de tesis en los términos del artículo 197-A de la Ley de Amparo, y como se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, procede denunciarla ante la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que conoce de la materia civil, en términos del punto segundo del Acuerdo 1/1995 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de fecha siete de febrero de 1995, relativo a la especialización de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a la adscripción de los Ministros, por conducto del presidente de este órgano colegiado, para cuya sustanciación envíese el original del expediente de amparo.-La quejosa alega que, como los pagarés base de la acción derivan de un contrato de arrendamiento financiero, la legislación aplicable debe ser la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito.-Es infundado lo anterior, porque los pagarés se rigen preponderantemente por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, como títulos ejecutivos mercantiles que son, independientemente de que su suscripción se haya dado con motivo de una relación causal que se rija por otros ordenamientos, por lo que, aun acreditada la causa de los pagarés, tal circunstancia no puede cambiar la esencia misma de los títulos ni las disposiciones de la legislación que los rige y, por ende, no puede pretenderse que los mismos se rijan por las disposiciones del contrato del que hayan derivado. Cabe agregar que la ley concede a las arrendadoras financieras dos formas para recuperar sus activos, a saber: a) la vía ejecutiva mercantil en ejercicio de la acción cambiaria, cuando se funde en los pagarés suscritos por el arrendatario; y b) la misma vía, cuando se exhiba el contrato de arrendamiento financiero y el estado de cuenta certificado por el contador de la organización auxiliar del crédito acreedora, y que el artículo 48 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito les da el carácter de título ejecutivo mercantil, sin necesidad de reconocimiento de firma ni de otro requisito alguno.-Empero, la amplitud mencionada para que las arrendadoras financieras hagan efectivo su activo, se encuentra limitada para evitar un doble pago, según se desprende de lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, el cual establece que ‘La arrendataria podrá otorgar a la orden de la arrendadora financiera, uno o varios pagarés, según se convenga, cuyo importe total corresponda al precio pactado, por concepto de renta global, siempre que los vencimientos no sean posteriores al plazo del arrendamiento financiero y que se haga constar en tales documentos su procedencia de manera que queden suficientemente identificados. La transmisión de estos títulos implica, en todo caso, el traspaso de la parte correspondiente de los derechos derivados del contrato de arrendamiento financiero y demás derechos accesorios en la proporción que correspondan.-La suscripción y entrega de esos títulos de crédito, no se considerarán como pago de la contraprestación ni de sus parcialidades.’.-El legislador permitió que se otorgara uno o varios pagarés, siempre que los vencimientos no sean posteriores al plazo del arrendamiento financiero y que se haga constar en tales documentos su procedencia de manera que queden suficientemente identificados, es decir, se permitió que el acreditante no tenga que esperar hasta el vencimiento del contrato para recuperar su crédito, en caso de incumplimiento, sino que lo puede obtener en la fecha de vencimiento que se fije en los pagarés, sin que éstos excedan al plazo del contrato.-Lo anterior es así, ya que el atractivo que han ofrecido las arrendadoras financieras es el de que se comprometen a adquirir en propiedad un bien específico que reúne las características requeridas por el cliente, con el que se obligan por un plazo determinado a entregar en arrendamiento, y transcurrido el mismo, alguna opción terminal que bien puede ser la venta del bien a un precio mínimo, el arrendamiento por una renta menor o el participar en el precio de la venta a un tercero. El alto costo que en muchos casos alcanzan los bienes materia de los contratos de arrendamiento financiero, obliga a estas instituciones a obtener un crédito, normalmente de una institución bancaria del país o del extranjero, situación permitida por la fracción IV del artículo 24 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, hasta por el importe total del valor de adquisición de los bienes, así pues, en virtud de que la operación de las arrendadoras financieras requiere de los mencionados apoyos, ésta puede necesitar numerario para hacer frente al pago de los recursos que captó, por ende, el legislador ha permitido que la arrendadora pueda negociar tales documentos para que consiga nuevas cantidades de dinero, al introducirlos al mercado de capitales. En efecto, la legislación mexicana, en materia de títulos de crédito, según se reconoce en la exposición de motivos de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito ‘propende, en primer término, a asegurar las mayores posibilidades de circulación para los títulos y, en segundo término, a obtener mediante esos títulos la máxima movilización de riqueza compatible con un régimen de sólida seguridad’. En la misma exposición se puntualizó que ‘el deseo de procurar una movilización de la riqueza en sus diversas formas inspira la reglamentación particular ... del pagaré’. Como se advierte, la intención del legislador, al regular la emisión de pagarés en los contratos de arrendamiento financiero, se orientó para que la arrendadora tuviera un medio de disponibilidad inmediata, pero en modo alguno el de constituir una garantía colateral al derecho de pedir la devolución de los bienes dados en arrendamiento, permitido en el artículo 33 de la ley en cita, ya que, de aceptar esto, implicaría que se hiciera nugatoria la consecución de la primera finalidad subrayada en la exposición de motivos indicada, es decir, se limitaría la circulación de los títulos de crédito, en contravención a lo dispuesto en la fracción VIII del artículo 24, de la ley indicada, que permite descontar, dar en garantía o negociar estos títulos. Por otra parte se exigió que dichos documentos quedaran suficientemente identificados, pues de lo contrario subsistiría el riesgo de un doble pago, ya que se podría intentar la vía ejecutiva mercantil en términos del artículo 48 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, y ante la posibilidad de que se transmitan dichos títulos, se le podría reclamar nuevamente el pago de la cantidad fijada, eventualidad que existe dada la literalidad que reviste tal clase de documentos.-Si las cosas no fueran como se plantearon en esta ejecutoria, las disposiciones legales que autorizan la suscripción de los pagarés en comento, carecerían de todo sentido lógico, jurídico y práctico, porque no generarían ninguna consecuencia específica en los contratos que se estudian aquí, ya que para hacer constar la disposición de la parte del crédito de que se trate, sería suficiente e indiscutible un simple recibo, como está previsto para los actos jurídicos en general, de modo que, para tan sencilla acreditación, el legislador no habría tenido necesidad de regular la autorización de suscribir pagarés en las condiciones apuntadas.-No es obstáculo a lo anterior, la mención contenida en la última parte del primer párrafo del artículo 26 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, en el sentido de que ‘La transmisión de esos títulos implica en todo caso el traspaso de la parte correspondiente de los derechos derivados del contrato de arrendamiento financiero y demás derechos accesorios en la proporción que correspondan.’, en razón de lo siguiente: El artículo 24 de la ley en cita establece que las sociedades que disfruten de autorización para operar como arrendadoras financieras, sólo podrán realizar, entre otras, las siguientes operaciones: ‘... IV. Obtener préstamos y créditos de instituciones de crédito, de seguros y de fianzas del país o de entidades financieras del exterior, destinados a la realización de las operaciones que se autorizan en este capítulo así como de proveedores, fabricantes o constructores de los bienes que serán objeto de arrendamiento financiero; ... VIII. Descontar, dar en garantía o negociar los títulos de crédito y afectar los derechos provenientes de los contratos de arrendamiento financiero o de las operaciones autorizadas a las arrendadoras, con las personas de las que reciban financiamiento, en términos de la fracción IV anterior así como afectar en fideicomiso irrevocable los títulos de crédito y los derechos provenientes de los contratos de arrendamiento financiero a efecto de garantizar el pago de las emisiones a que se refiere la fracción IV-bis de este artículo.’.-Como se desprende del análisis conjunto de dichos preceptos, la circulación de los títulos de crédito otorgados con motivo de un arrendamiento financiero no se encuentra prohibida, solamente limitada, en virtud de que aquélla se permite exclusivamente con las personas respecto de las cuales las arrendadoras reciban financiamiento, en cuyo caso la parte correspondiente de los derechos derivados del contrato de arrendamiento financiero y demás derechos accesorios en la proporción que corresponda se traspasan a las personas indicadas, para que éstas queden completamente aseguradas en sus créditos concedidos a la arrendadora financiera, evitando así que las arrendadoras negocien por una parte los pagarés y por otra los contratos derivados de una misma operación, y entren así a la especulación que les está vedada.-La quejosa alega que en el caso a estudio los documentos base de la acción no circularon y, por ende, dice que en términos del artículo 6o. de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito no le son aplicables las disposiciones de dicha ley.-Es infundado lo anterior, ya que el artículo en cita, contenido en el capítulo ‘De los títulos de crédito’, establece que: ‘Las disposiciones de este capítulo no son aplicables a los boletos, contraseñas, fichas u otros documentos que no estén destinados a circular y sirvan exclusivamente para identificar a quien tiene derecho a exigir la prestación que en ellos se consigna.’.-Los documentos base de la acción son títulos de crédito y como tales están esencialmente destinados a circular por medio del endoso.-Lo anterior es así, ya que el título de crédito es un documento que lleva incorporado un derecho, por lo que está dotado de una aptitud especial para pasar de un patrimonio a otro, sin las dilaciones y trabas que lleva consigo la transmisión de los créditos comunes; ‘títulos circulantes’ han sido llamados por antonomasia, porque son vehículos del crédito, portadores de toda clase de valores económicos, palancas que movilizan de contínuo la riqueza social. Por ende, resulta obvio que tales documentos tienen por destino la circulación, y no sólo identificar al acreedor de la prestación.-En consecuencia, la circunstancia de que no hayan circulado, no les quita a dichos documentos el carácter de título de crédito, puesto que, por su naturaleza, existe la posibilidad lógica y legal de que entren en circulación, aunque sea en forma limitada, según quedó precisado con antelación. El hecho de que no hayan circulado, sólo da pauta a que el obligado pueda oponer las excepciones personales que tenga contra el beneficiario, con fundamento en el artículo 8o., fracción XI, de la ley mencionada, entre las cuales puede estar la derivada de la relación causal que dio origen a los títulos de crédito.-Agrega la quejosa que el artículo 25 de la ley en cita faculta a los signatarios de un título a restringir su capacidad de circular mediante la inserción de la cláusula ‘no negociable’ o ‘no a la orden’, por tanto, dice que la circulación es un elemento indispensable de los títulos de crédito.-Cabe advertir que en los pagarés base de la acción se estableció que eran negociables, circunstancia que se encuentra reconocida en la fracción VIII del artículo 24 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito.-Independientemente de lo anterior, es infundado el argumento de mérito, tomando en consideración que la inserción de las cláusulas de no negociabilidad no le quitan al título de crédito dicho carácter, en razón de lo siguiente: El artículo en cita dice que ‘Los títulos nominativos se entenderán siempre extendidos a la orden, salvo inserción en su texto, o en el de un endoso, de las cláusulas «no a la orden» o «no negociable». Las cláusulas dichas podrán ser inscritas en el documento por cualquier tenedor y surtirán sus efectos desde la fecha de su inserción. El título que contenga las cláusulas de referencia sólo será transmisible en la forma y con los efectos de una cesión ordinaria.’. Es decir, en el supuesto de que se inserte dicha cláusula, el título ya no podrá transmitirse por endoso, sino sólo por cesión, esto significa que el traspaso debe constar en escritura privada que firmarán cedente, cesionario y dos testigos, cuando no sea preciso consignarla en escritura pública, en los términos del artículo 2033 del Código Civil para el Distrito Federal; de donde se colige que sólo limita su circulación por medio del endoso; sin embargo, no le quita la naturaleza de título de crédito, ya que sólo es una cláusula accesoria que puede ser inscrita en el documento, pero que no desvirtúa los requisitos a que se refiere el artículo 170 de la ley en comento. Lo anterior es así, ya que los efectos de la cesión ordinaria se circunscriben a sujetar al adquirente a todas las excepciones personales que el obligado había podido oponer al autor de la transmisión antes de ésta, según se precisa en la segunda parte del artículo 27 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, empero, no impide que se produzcan los efectos cambiarios.-La peticionaria argumenta que la actora no cumplió con el pago del precio de adquisición de los bienes arrendados, y que por tal motivo se excepcionó en el sentido de que la actora debió acreditar que había cumplido con las obligaciones a su cargo, derivadas de los contratos de arrendamiento financiero.-Es infundado lo anterior, ya que la vía ejecutiva mercantil en ejercicio de la acción cambiaria, se fundó en los pagarés suscritos por el arrendatario, los que tienen el carácter de título ejecutivo mercantil, por lo que constituyen una prueba preconstituida de la acción, que no está dirigida a que se declaren derechos dudosos o controvertidos, sino a llevar a efecto los que han sido reconocidos por un título de tal fuerza, que constituye una presunción de que el derecho del actor se legitima y está suficientemente probado para que se atienda y a que la demandada oponga y pruebe sus defensas, es decir, el juicio correspondiente sólo es para que la demandada justifique sus excepciones y defensas y no para que la actora pruebe su acción, por ende, es obvio que la carga de la prueba de su excepción le correspondía a la demandada, en términos del artículo 1194 del Código de Comercio."
TERCERO.-El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en la resolución dictada en el amparo directo civil número DC. 823/95, interpuesto por Hotelera Camu, Sociedad Anónima de Capital Variable, estimó en su parte considerativa lo siguiente:
"QUINTO.-Son fundados los conceptos de violación que expresa la quejosa por conducto de su apoderado, por las siguientes razones: Asiste la razón a la inconforme cuando señala que la Sala responsable interpretó aislada e inadecuadamente la disposición del artículo 26 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, en virtud de que la acción cambiaria directa y en particular la vía ejecutiva mercantil basada únicamente en el pagaré base de la pretensión, resultaba improcedente, por razón de que este título de crédito sólo constituyó una garantía colateral del contrato de arrendamiento financiero celebrado entre las partes con fecha veintiuno de noviembre de mil novecientos noventa y uno, siendo que ese convenio y el documento cambiario resultaban indisolublemente vinculados entre sí, siendo menester para el ejercicio de la acción y de la vía, la integración conjunta del contrato de arrendamiento financiero, con la certificación del contador de la organización auxiliar del crédito y el pagaré constitutivo de la garantía colateral. En efecto, de conformidad con lo previsto en el artículo 26 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, en las operaciones de arrendamiento financiero, la arrendataria puede otorgar como garantía colateral que simbolice e incorpore las rentas globales causadas, un pagaré en el que se haga constar su procedencia, de manera que queda suficientemente identificado con la operación que le dio origen. De acuerdo con lo anterior, se está en presencia de un documento mercantil que difiere en sus características esenciales de los pagarés ordinarios, en virtud de que se encuentra indisolublemente vinculado al contrato del que emanó, por lo que, por sí solo no puede dar pauta a la procedencia de la vía ejecutiva ni de la acción cambiaria directa, en razón de que ese tipo de títulos mercantiles sólo otorgan una legitimación incompleta a su tenedor, pues para que sea complementada e íntegra dicha legitimación, es menester que conjuntamente sean exhibidos el contrato de arrendamiento financiero, así como la certificación del contador de la organización auxiliar del crédito, en la que se plasmen todos los requisitos legales inherentes desde el punto de vista contable y probatorio, al igual que el pagaré que solamente constituye la multicitada garantía colateral del negocio financiero. De acuerdo con lo anterior, se puede establecer que es incorrecta la consideración vertida por la Sala responsable en la sentencia definitiva reclamada, en el sentido de que la citada ley otorga a la arrendadora financiera dos vías para tratar de obtener el pago de sus pasivos, como lo son la basada exclusivamente en el pagaré y la que se apoye en el contrato de arrendamiento financiero conjuntamente con la aportación de la certificación del contador de la organización auxiliar del crédito. Se afirma que es inaceptable lo establecido por la Sala responsable, en virtud de que el pagaré a que se ha hecho mérito, constituye un documento que forma parte integrante del negocio que le da origen y, conforme a lo previsto en los artículos 47 y 48 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, sólo puede existir la vía ejecutiva y la acción con base en la aportación conjunta del contrato de arrendamiento financiero, como negocio principal, así como con la exhibición de la certificación del contador de la organización auxiliar del crédito y el pagaré que solamente incorpora y simboliza las rentas causadas, que es garantía colateral e indisoluble del negocio causal. No son obstáculo a lo anterior las consideraciones que formula la Sala responsable en la sentencia definitiva impugnada, que trata de basar en la transcripción de la parte conducente de la exposición de motivos de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, publicada en el Diario Oficial de la Federación el catorce de enero de mil novecientos ochenta y cinco, en virtud de que la acreedora no pierde la agilidad en la obtención del pago de su adeudo, en virtud de que la vía ejecutiva se encuentra a su alcance, bastando con que la instaure aportando el contrato de arrendamiento financiero, la certificación del contador de la institución auxiliar del crédito, con los requisitos contables y legales inherentes, así como con la exhibición del pagaré que solamente constituye una garantía colateral y que es inseparable al negocio que le dio origen, quedando de esa forma integrada la legitimación para el ejercicio de la pretensión correspondiente. Además, debe de tenerse en consideración que conforme al contenido de la exposición de motivos de la citada ley, se hace una equiparación de las operaciones de arrendamiento financiero con las operaciones activas de crédito, de tal forma que debe de obtenerse como conclusión que las disposiciones legales tienen similar interpretación y alcance. Así tenemos que, en relación con operaciones como la denominada contrato de crédito refaccionario, existe el artículo 325 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, precepto similar al numeral 26 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, que prevén la suscripción de pagarés como garantía colateral del negocio financiero que les da origen, títulos que difieren de los pagarés ordinarios y que se encuentran vinculados indisolublemente al negocio causal, sin que con ello se derogue el principio general contenido en el artículo 167 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, ya que el título no deja de tener la incorporación del crédito, ni su literalidad, y sólo se encuentra relacionado con el negocio causal, de tal forma que una acción cuyo objetivo sea obtener el pago del adeudo, en ambos tipos de operaciones, esto es, la de crédito refaccionario y la de arrendamiento financiero, sólo puede instaurarse con la aportación conjunta del contrato, de la certificación del contador de la institución y con la exhibición del pagaré que solamente es una garantía colateral del crédito plasmado en esencia en el contrato principal; conforme a tales similitudes, cobran aplicación al caso, por analogía, los criterios sustentados por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis publicadas en las páginas 27 y 47 de la Cuarta Parte, del Volumen 59, de la Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que textualmente dicen: ‘CRÉDITO REFACCIONARIO, LA LEGITIMACIÓN EN CAUSA SE FUNDA EN EL CONTRATO PRINCIPAL Y NO EN LOS PAGARÉS DERIVADOS O RELACIONADOS CON EL CONTRATO DE APERTURA DE.-El acto jurigénico de la legitimatio ad causam lo constituye, esencialmente, el contrato de apertura de crédito refaccionario y no los pagarés relacionados con dicho contrato, porque si bien éstos concurren integrando el título fundatorio de la acción ejecutiva mercantil, los mismos guardan una situación jurídica de dependencia con el negocio que los originó, precisamente porque no se emitieron independientemente del negocio causal, es decir, no pueden ser autónomos respecto del acto jurídico que les dio origen, toda vez que fueron emitidos solamente para documentar la disposición que se vaya haciendo con cargo al crédito. En otras palabras, tales documentos representan la ejecución de cumplimientos parciales del contrato de apertura de crédito refaccionario, en las fechas y condicione
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/6741-5d5447ba/arrendamiento-financiero-la-exhibicion-de-los-pagares-derivados · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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