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Modo: Corpus Pro

CAPITULACIONES MATRIMONIALES. RÉGIMEN APLICABLE CUANDO HAY OMISIÓN DE FORMULARLAS (CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA COMÚN Y PARA TODA LA REPÚBLICA EN MATERIA FEDERAL VIGENTE PARA EL DISTRITO FEDERAL HASTA EL 31 DE MAYO DE 2000). SOCIEDAD CONYUGAL. A FALTA DE CAPITULACIONES MATRIMONIALES, COBRAN APLICACIÓN LOS PRINCIPIOS INHERENTES A LA SOCIEDAD DE GANANCIALES (CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA COMÚN Y PARA TODA LA REPÚBLICA EN MATERIA FEDERAL VIGENTE PARA EL DISTRITO FEDERAL HASTA EL 31 DE MAYO DE 2000). SOCIEDAD CONYUGAL. CONSECUENCIAS DE LA OMISIÓN DE FORMULAR CAPITULACIONES MATRIMONIALES EN ESE RÉGIMEN PATRIMONIAL (CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA COMÚN Y PARA TODA LA REPÚBLICA EN MATERIA FEDERAL VIGENTE PARA EL DISTRITO FEDERAL HASTA EL 31 de MAYO DE 2000). SOCIEDAD CONYUGAL. LOS BIENES ADQUIRIDOS INDIVIDUALMENTE A TÍTULO ONEROSO POR CUALQUIERA DE LOS CÓNYUGES O A TÍTULO GRATUITO POR AMBOS, DURANTE EL MATRIMONIO CONTRAÍDO BAJO ESE RÉGIMEN, AUN CUANDO NO SE HAYAN FORMULADO CAPITULACIONES MATRIMONIALES, FORMAN PARTE DEL CAUDAL COMÚN (CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA COMÚN Y PARA TODA LA REPÚBLICA EN MATERIA FEDERAL VIGENTE PARA EL DISTRITO FEDERAL HASTA EL 31 DE MAYO DE 2000). CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE RESOLVERSE AUN CUANDO LOS CRITERIOS QUE CONSTITUYEN SU MATERIA DERIVEN DE PRECEPTOS LEGALES DEROGADOS.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 89/96. · Registro digital (IUS): 7336
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SÉPTIMO Y CUARTO EN MATERIA CIVIL, AMBOS DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Septiembre de 2001, , Pág. 70.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 89/96. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SÉPTIMO Y CUARTO EN MATERIA CIVIL, AMBOS DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

TERCERO. El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo directo número DC. 494/95, promovido por Dolores Pérez Patiño y Rosa María Carrillo Martínez, el nueve de febrero de mil novecientos noventa y cinco, sustentó las siguientes consideraciones:

"QUINTO. Son inatendibles los conceptos de violación. Antes de entrar a su estudio, se estima pertinente resaltar los siguientes puntos: En los autos de la tercería excluyente de dominio quedó demostrado que: a) El trece de enero de mil novecientos sesenta y cuatro, Adolfo del Río Ponce y Dolores Pérez Patiño, contrajeron matrimonio civil bajo el régimen de sociedad conyugal; b) El ocho de noviembre de mil novecientos sesenta y seis, Alejandro del Río Ponce y Rosa María Carrillo Pérez, contrajeron matrimonio civil bajo el régimen de sociedad conyugal; c) Mediante escritura seis mil seiscientos treinta y ocho de fecha cuatro de febrero de mil novecientos ochenta y cinco, de la Notaría Pública Número Ciento Diecinueve del Distrito Federal, Luis Adolfo y Alejandro, ambos de apellidos del Río Ponce, adquirieron en copropiedad, pro indiviso y en partes iguales, de Teresa Vázquez Aviña, por compraventa, la casa marcada con el número treinta y ocho de la calle Ruiz Real y el terreno sobre el cual está construida, que es el lote veintiséis, de la colonia Alfonso Trece en Mixcoac, en esta ciudad, con superficie de trescientos dieciocho metros cuadrados, con las colindancias citadas en la escritura precitada. En efecto, conforme al segundo testimonio del instrumento notarial citado con antelación, quienes adquirieron el inmueble controvertido fueron exclusivamente Luis Adolfo y Alejandro del Río Ponce. Esto es, de acuerdo con dicha documental pública, las personas mencionadas adquirieron sólo para sí, pues no se aprecia que la adquisición la hubieran realizado en otros términos, por ejemplo, por ellos y su respectiva esposa, o bien, con la calidad de administradores de su respectiva sociedad conyugal, etcétera. No obstante lo anterior, las quejosas sostienen como punto central de su inconformidad, que en autos quedó demostrado que los referidos adquirentes están casados con ellas bajo el régimen de sociedad conyugal y que, por ello, les pertenece pro indiviso en un cincuenta por ciento el inmueble adquirido por aquéllos. De esto se advierte, que por el simple hecho de que el régimen patrimonial del matrimonio es la sociedad conyugal, sin más se afirma que los bienes adquiridos por los esposos les pertenecen pro indiviso en cincuenta por ciento a las esposas. La afirmación es infundada, porque al tenor de lo dispuesto por los artículos 98, fracción V, 99, 178 y 103, fracción VII, del Código Civil para el Distrito Federal, la constitución y la regulación de los regímenes patrimoniales se rigen por las capitulaciones matrimoniales, en las cuales los cónyuges pueden establecer los más diversos pactos. Así, en lo que respecta a los bienes futuros que se adquieran durante el matrimonio, el artículo 189, fracción VIII, del ordenamiento citado, permite que los esposos puedan decidir, en primer lugar, respecto a las siguientes dos posibilidades: a) que los bienes pertenezcan a uno solo de los dos consortes, o b) que esos bienes pertenezcan a los dos esposos. En este último caso, los cónyuges todavía pueden pactar libremente la proporción en la cual los bienes pueden repartirse. En estas circunstancias, no se encuentra ninguna razón lógica ni legal para aceptar lo expuesto en los conceptos de violación, en el sentido de que por la sola circunstancia de que exista una sociedad conyugal, los bienes pertenecen pro indiviso en un cincuenta por ciento a ambos consortes. En segundo lugar, desde ahora debe resaltarse el dato importantísimo que existe en el presente caso, consistente en que nadie ha sostenido ni demostrado que los cónyuges hubieren celebrado capitulaciones matrimoniales. Tampoco nadie ha afirmado ni demostrado que, en capitulaciones matrimoniales, los cónyuges hubieran pactado que los bienes que adquieran en el futuro durante el matrimonio, aunque uno solo de ellos fuera el adquirente, pertenecería pro indiviso a ambos esposos, en un cincuenta por ciento. En los conceptos de violación no se advierte algún razonamiento a través del cual se demuestre que, aun sin la existencia de capitulaciones matrimoniales y sin la existencia de un pacto expreso en ella, respecto a los bienes que los cónyuges adquieran en el futuro pertenecerían pro indiviso a ambos en un cincuenta por ciento. La demostración de lo anterior era fundamental, porque si en los conceptos de violación se concluye que Dolores Pérez Patiño y Rosa María Carrillo Martínez tienen un derecho pro indiviso en un cincuenta por ciento sobre el bien inmueble controvertido, tenía que estar plenamente acreditada la fuente de donde provenía tal derecho. En esta virtud, este tribunal estima que los conceptos de violación son inatendibles tanto por las razones antes indicadas como por las que se expresarán a continuación. Por principio, cabe tener en cuenta que, en el presente caso, los demandados en el juicio natural Adolfo y Alejandro, ambos del Río Ponce, contrajeron matrimonio con Dolores Pérez Patiño y Rosa María Carrillo Martínez, respectivamente, en las fechas precisadas en líneas precedentes. No existe controversia con relación a que en el renglón correspondiente de las actas de matrimonio, donde debía anotarse el régimen patrimonial bajo el cual los contendientes contraerían nupcias, se asentó ‘sociedad conyugal’. Además, nadie ha afirmado y menos demostrado, que los referidos esposos hubieran celebrado capitulaciones matrimoniales con un determinado contenido. Conforme a lo anterior, cabe afirmar que es verdad que Adolfo y Alejandro del Río Ponce se encuentran casados con Dolores Pérez Patiño y Rosa María Carrillo Martínez, respectivamente, bajo el régimen de sociedad conyugal; sin embargo, no está demostrada la celebración de capitulaciones matrimoniales en las que los esposos hubieran pactado que los bienes que uno de ellos adquiera en el futuro, podrían ser repartidos entre ambos, en la proporción del cincuenta por ciento. La falta de demostración de la celebración de un convenio en tal sentido, por parte de los consortes, que conste en capitulaciones matrimoniales produce la inatendibilidad apuntada. Esto es así, porque en lo que respecta específicamente a la manera en que deberá regularse la sociedad conyugal y a la adquisición de bienes futuros de los consortes, el Código Civil para el Distrito Federal vigente prevé, que tanto en la constitución como en la regulación de cualquiera de los regímenes patrimoniales del matrimonio, los consortes deben celebrar capitulaciones matrimoniales. En estas condiciones, si no hay capitulaciones no hay base para considerar que el bien adquirido para sí por uno solo de los cónyuges, le pertenezca también al otro consorte en un cincuenta por ciento, dado que no existe disposición alguna en tal sentido en el código antes mencionado. En efecto, el ordenamiento legal antes precisado regula los regímenes patrimoniales del matrimonio de manera distinta a las legislaciones que le precedieron, tales como la Ley sobre Relaciones Familiares de mil novecientos diecisiete y el Código Civil para el Distrito Federal y Territorio de Baja California de mil ochocientos ochenta y cuatro. Para mejor comprensión de estas diferencias, debe recordarse que en los artículos 1832 y 1859 del Código Civil para el Distrito Federal vigente es posible inquirir que, por principio, hay libertad de formas en la expresión de los actos jurídicos, salvo cuando la ley establece una forma determinada con relación a un acto jurídico en particular. De esta manera, el acto jurídico puede ser expresado en la forma más libre, esto es, oralmente, por escrito público o privado, mediante señales, o incluso por medio del silencio, de una abstención o de un no hacer. La salvedad se presenta cuando la ley prevé un formalismo, es decir, cuando la ley determina cuál es la forma en la que debe ser expresado el acto para que surta plenos efectos jurídicos, de modo que si en la emisión del acto, la forma prevenida se inobserva, el acto no se tiene por emitido (inexistencia), o bien, queda invalidado (nulidad) o los efectos producidos se ven disminuidos (nulidad relativa), o bien, aun cuando surta efectos, se impone una pena al emitente del acto, independientemente de la validez de éste, por ejemplo, una multa. De acuerdo a lo anterior, existen casos en los cuales, ante el no hacer, la abstención o el silencio del sujeto de derecho, la ley le da efectos jurídicos a esa actitud, porque si, por regla general, existe libertad de formas, el emitente del acto jurídico puede adoptar cualquiera de las señaladas para manifestar su voluntad, incluyendo el silencio o la pasividad. En materia contractual, la ley suple la abstención o el silencio de las partes en lo que se refiere a requisitos esenciales del contrato o las consecuencias jurídicas de su naturaleza ordinaria, según lo dispuesto en el artículo 1839 del Código Civil para el Distrito Federal. Sin embargo, no es válido invocar la suplencia de la ley, cuando ésta de manera expresa y terminante proscribe el silencio, la abstención o el no hacer y, por el contrario, exige que la voluntad se manifieste de manera expresa. En este caso excepcional, previsto en la parte final del artículo 1832 del Código Civil para el Distrito Federal, la única manera legal posible para que el acto jurídico exista o surta efectos, es que se exteriorice del modo indicado en la ley, puesto que si en lugar de ello sólo se da el silencio, la abstención o el no hacer, no existirá base legal para que ese acto jurídico pueda surtir efectos. En lo que respecta a los regímenes patrimoniales del matrimonio, la diferencia más ostensible que se advierte entre el sistema del Código Civil para el Distrito Federal con respecto a las legislaciones que le precedieron consiste en que, por cuanto hace a la constitución y regulación de la sociedad conyugal y de la separación de bienes, los ordenamientos vigentes proscriben, por regla general, el silencio, el no hacer o la abstención y establecer claramente la voluntad expresa de las personas como única forma para que esa voluntad admita sufrir efectos jurídicos, a diferencia de lo que sucedía con la Ley sobre Relaciones Familiares y en el Código Civil para el Distrito y Territorio de Baja California de mil ochocientos ochenta y cuatro, los cuales, a la abstención, al silencio o al no hacer de los cónyuges, la ley atribuía efectos jurídicos a tales actitudes, que daban lugar a un ‘régimen legal’ del matrimonio, si los consortes no escogían entre los regímenes de sociedad conyugal y de separación de bienes, o bien, si al escoger uno de éstos, por ejemplo, la sociedad conyugal, no pactaba capitulaciones matrimoniales para su regulación, o bien, lo hacían, pero defectuosamente. Por cuanto al Código Civil para el Distrito Federal y Territorio de Baja California, del contenido de sus artículos 1965, 1967, 1968, 1969 y del 1997 al 2071, sí era posible desprender la existencia de un régimen legal, que operaba cuando los cónyuges se abstenían de celebrar capitulaciones matrimoniales para regular un régimen de separación de bienes o de sociedad conyugal voluntaria, o bien, cuando al adoptar este último, en el pacto correspondiente no quedaban previstas algunas situaciones que en la práctica se podían presentar. Es decir, ante la falta de expresión de la voluntad de los consortes, la ley suplía esa omisión y establecía el régimen de sociedad conyugal, como régimen legal. En la Ley sobre Relaciones Familiares, de los artículos 270 y 271 era posible desprender que, el régimen legal era el de separación de bienes, ya que la primera de dichas disposiciones establecía, a manera de regla general, que al celebrar el contrato de matrimonio, el hombre y la mujer conservaban la propiedad y administración de los bienes que respectivamente les pertenecían y que, por consiguiente, todos los frutos y accesiones no eran comunes, sino del dominio exclusivo de la persona a quien correspondieran. Conforme al segundo de los preceptos, eran también propios de cada uno de los cónyuges, los salarios, sueldo, honorarios y ganancias obtenidos por un trabajo, el ejercicio de una profesión o de un comercio o industria. Los esposos estaban facultados para celebrar pactos para establecer una comunidad patrimonial; pero resultaba claro que en ausencia de esa clase de convenciones, la voluntad de las partes quedaba suplida por los citados preceptos. Como se ve, conforme a los ordenamientos mencionados, el efecto jurídico que la ley daba al silencio de los consortes al régimen patrimonial del matrimonio, era la vigencia de un régimen supletorio de la voluntad expresa de los cónyuges, que variaba según los distintos ordenamientos, pero que por provenir de la ley, y no de la voluntad de los esposos se denominaba ‘régimen legal’ y que podía ser el de sociedad o el de separación de bienes. En el Código Civil para el Distrito Federal existe una regulación distinta, puesto que como antes se dijo, tal ordenamiento sí prevé un formalismo para que la voluntad de los consortes surta efectos. Así, para la constitución de cualquiera de los dos regímenes patrimoniales del matrimonio previstos en la ley, la voluntad debe manifestarse de modo expreso y su regulación debe hacerse a través de capitulaciones matrimoniales, según se advierte en los artículos 98, fracción V, 99, 178, 179 y 103, fracción VII, del Código Civil para el Distrito Federal. El precepto citado en primer término, impone la obligación a los contrayentes de presentar con la solicitud del matrimonio, el convenio en el que se ‘expresará con claridad si el matrimonio se contrae bajo el régimen de sociedad conyugal o bajo el régimen de separación de bienes’. Lo anterior se encuentra apoyado con la segunda de las disposiciones invocadas al prevenir que, si los pretendientes, por falta de conocimiento, no puedan redactar el convenio a que se refiere el precepto antes citado, tendrá obligación de redactarlo el Juez del Registro Civil, con los datos que los mismos pretendientes le proporcionen. El artículo 178 del ordenamiento citado establece que, el contrato de matrimonio debe celebrarse bajo el régimen de sociedad conyugal o bajo el de separación de bienes. El artículo 179 del código mencionado, preceptúa que las capitulaciones son los pactos mediante los cuales, los consortes eligen la constitución de uno de los indicados tipos de régimen patrimonial, así como la administración de los bienes en cualquiera de los dos casos. Por último, el artículo 103, fracción VII, del mismo código, precisa que en el acto de matrimonio debe constar la manifestación de los cónyuges de que contraen matrimonio bajo el régimen de sociedad conyugal o de separación de bienes. Como se ve, el Código Civil para el Distrito Federal tiene un sistema diferente a los ordenamientos de pasadas épocas, pues mientras que en éstos, ante el silencio de los cónyuges o ante el ‘no hacer’ de su parte, la ley suplía tal omisión y producía el efecto de que en tal caso operara el ‘régimen legal’ del matrimonio, que según las distintas legislaciones fue primero la ‘sociedad legal’ y después la ‘separación de bienes’, en la actualidad ya no parten de la base de que pueda existir una conducta omisa de parte de los contrayentes del matrimonio o de los cónyuges, en lo que respecta a la constitución y reglamentación de algún régimen patrimonial, sino que la ley impone el formalismo de que la voluntad se manifiesta expresamente en capitulaciones matrimoniales, pues sólo así es como esa voluntad produce efectos jurídicos. Esto se confirma con lo señalado por Ignacio García Téllez, en su obra ‘Motivos, Colaboración y Concordancia del Nuevo Código Civil Mexicano’, Editorial Porrúa, S.A., Segunda edición 1965, página cuarenta y siete, pues precisa que la Comisión Redactora del Código Civil de mil novecientos veintiocho, al concluir sus trabajos sobre la formación del proyecto del nuevo Código Civil para el Distrito y Territorios Federales, al presentar su informe al secretario de Gobernación, acerca de las principales reformas que contenía dicho proyecto, expuso que ‘Se obligó a que al contraerse matrimonio forzosamente pactaran los cónyuges acerca de si establecían comunidad o separación de bienes, procurándose por este medio garantizar debidamente los intereses de la esposa en el momento más propicio, cuando el hombre desea hacerla compañera de su vida. De esta manera, se combaten prejuicios muy arraigados que impiden, por falsa vergüenza o mal entendida dignidad, tratar de asuntos pecuniarios cuando se funda una familia, que imperiosamente exige muchos y continuados gastos.’. En lo que respecta específicamente a la sociedad conyugal y a la adquisición de bienes futuros de los consortes, cuestiones que tienen que ver con el problema planteado, el artículo 189, fracción VIII, del Código Civil para el Distrito Federal establece como un punto esencial de esas capitulaciones la declaración acerca de si los bienes futuros que adquieran los cónyuges en el matrimonio pertenecerán exclusivamente al adquirente o si deben repartirse entre ellos y en qué proporción. Consecuentemente, conforme al sistema del Código Civil para el Distrito Federal vigente, en una sociedad conyugal, la única manera de determinar que el bien adquirido individualmente por uno de los cónyuges debe repartirse entre ambos, en una determinada proporción, es a través de lo que expresamente se hubiera establecido en las capitulaciones matrimoniales. Si no se cumplió con ese formalismo, no hay base para considerar que de una adquisición hecha en lo individual por uno de los consortes para sí, ambos consortes tienen derecho de la propiedad sobre el bien adquirido en un cincuenta por ciento, puesto que como se ha visto con anterioridad, al silencio de los consortes en este punto, la ley no le atribuye algún efecto jurídico. Además, en las disposiciones que regulan los regímenes patrimoniales del matrimonio y en las que reglamentan el contrato de sociedad, no hay alguna disposición que prevenga que lo que una persona adquiere en lo individual para sí, pertenecerá al fondo común de los consortes o, en su caso, a la sociedad. Al aplicar lo expuesto al presente caso, se encuentra que conforme al título de propiedad exhibido por las terceristas, hoy quejosas, la casa marcada con el número treinta y ocho de la calle Ruiz Dael y el terreno sobre el cual está construida, que es el lote veintiséis, de la colonia Alfonso Trece, en Mixcoac, en México, Distrito Federal, fue adquirida para sí por Adolfo y Alejandro, ambos de apellidos del Río Ponce. Por tanto, conforme a lo dispuesto por los artículos 387, fracción I y 403 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, con esa probanza lo único que se demuestra es que los propietarios del bien inmueble controvertido son Adolfo y Alejandro del Río Ponce. Sin embargo, se insiste, no está acreditada la existencia de capitulaciones matrimoniales en las que los esposos hubieran pactado que los bienes que uno de ellos adquiera en el futuro podrían ser repartidos entre ambos, en una proporción del cincuenta por ciento, según lo sostienen las peticionarias en los conceptos de violación. Por ello, lo único evidenciado es un silencio de los esposos respecto a la situación de los bienes adquiridos por ellos en el futuro y a ese silencio, la ley no le otorga el efecto jurídico señalado por las peticionarias. En este orden de ideas, resultan inoperantes los argumentos consistentes en que la Sala responsable no estudió adecuadamente las pruebas aportadas al procedimiento de tercería excluyente de dominio, así como los relativos a que no se analizaron correctamente los agravios expresados a ese respecto en la alzada, puesto que aun cuando así hubiera sucedido, no les irroga agravio alguno, ni obtendrían la revocación o modificación de la sentencia reclamada, pues ya quedó asentado que, conforme al artículo 179 del Código Civil para el Distrito Federal, las capitulaciones matrimoniales son los pactos que los esposos celebran para constituir la sociedad conyugal o la separación de bienes y reglamentar la administración de éstos en uno y en otro caso; y aun al tenor del numeral 189, fracción VIII, del propio ordenamiento, las capitulaciones matrimoniales deben contener la declaración acerca de si los bienes futuros que adquieran los cónyuges durante el matrimonio pertenecen exclusivamente al adquirente, o si deben partirse entre ellos y en qué proporción; y en la especie, no está acreditada la existencia de capitulaciones matrimoniales en las que los esposos hubieran hecho la declaración de mérito. Entonces, analizadas las pruebas documentales aportadas por las quejosas a la tercería, se obtiene que con ellas exclusivamente se prueba que contrajeron matrimonio civil con Adolfo y Alejandro del Río Ponce, respectivamente, bajo el régimen de sociedad conyugal, en la fecha y en las condiciones ahí asentadas; con el segundo testimonio de la escritura pública número seis mil seiscientos treinta y ocho, se demuestra lo ya razonado en otro apartado de esta ejecutoria; y con la confesión del ejecutante en el sentido de que a las terceristas les corresponde el cincuenta por ciento del inmueble embargado, por estar casadas con los ejecutados bajo el régimen de sociedad conyugal, no se demuestran los derechos alegados, en primer lugar, porque no se trata de una verdadera confesión, puesto que no contiene el reconocimiento de un hecho propio; y en segundo término, por sustentarse también en la premisa falsa de que basta con que el matrimonio civil sea celebrado bajo el régimen de sociedad conyugal para que los bienes adquiridos por uno de los consortes individualmente y para sí, corresponde en un cincuenta por ciento al otro cónyuge, lo cual no es así, pues es menester que los matrimonios multicitados hubieren celebrado capitulaciones matrimoniales, y que éstas contuvieran la declaración de que los bienes futuros adquiridos por los cónyuges durante el matrimonio pertenecen sólo al adquirente, o si deben repartirse entre ellos y en qué proporción; de ahí la inoperancia apuntada. Son inoperantes también los argumentos enderezados a demostrar la indebida aplicación de la tesis de jurisprudencia, cuyo rubro es: ‘SOCIEDAD CONYUGAL. LA FALTA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DE LOS BIENES INMUEBLES ADQUIRIDOS DURANTE ELLA, NO IMPIDE QUE EXISTA LEGITIMACIÓN PARA HACER VALER TERCERÍA EXCLUYENTE DE DOMINIO.’, porque aun cuando se estimara fundado, la posible concesión de la protección constitucional no tendría ningún efecto restitutorio, al quedar subsistente su parte resolutiva, por las consideraciones expuestas en esta ejecutoria en los precedentes párrafos. En consecuencia, al no demostrarse la ilegalidad atribuida a la sentencia reclamada, ni el tribunal advertir motivo alguno para suplir la queja, se debe negar la protección constitucional."

CUARTO. El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver la revisión civil 1277/96, promovida por Rosario Ceijas Palma, su sucesión, el treinta y uno de octubre de mil novecientos noventa y seis, sustentó las siguientes consideraciones:

"CUARTO. Este tribunal considera esencialmente fundado el agravio formulado por la recurrente. A fin de respaldar lo anterior, es menester ante todo recordar que para decretar el sobreseimiento en el juicio constitucional, la Juez Federal señaló que la sucesión de la quejosa no acreditó tener interés jurídico para promover el juicio de garantías, puesto que no fue parte en el procedimiento de origen y lo ahí deducido sólo afectó a Fortino Delgadillo Pérez, parte demandada en el juicio del que se hacen derivar los actos reclamados. Para arribar a dicha conclusión, la Juez de amparo consideró que Fortino Delgadillo Pérez y Rosario Ceijas Palma, contrajeron matrimonio bajo el régimen de sociedad conyugal, pero no se demostró que la sucesión a bienes de la segunda, sea propietaria del cincuenta por ciento del inmueble controvertido, ni mucho menos que el bien embargado y rematado en el procedimiento natural haya formado parte de la sociedad conyugal, toda vez que quien promovió el amparo no afirmó ni demostró que se hubieran celebrado capitulaciones matrimoniales, o que los cónyuges hubieran pactado que los bienes que adquirieran en el futuro durante el matrimonio, aunque uno solo de ellos fuera el adquirente, pertenecieran a ambos, en cincuenta por ciento, no existiendo así fundamento para sostener la existencia de la copropiedad o comunidad de bienes. También sostuvo la juzgadora federal que el demandado en el juicio natural contrajo matrimonio con la autora de la sucesión quejosa el veinte de diciembre de mil novecientos cincuenta y seis, bajo el régimen de sociedad conyugal y que por no haber capitulaciones matrimoniales donde quedara incluido el inmueble como bien común, no se puede tener por demostrada la existencia de los derechos que la solicitante de garantías consideró afectados. En consecuencia, determinó en la sentencia sujeta a revisión que como no existía base para considerar si el bien embargado pertenece al fondo común de los consortes o en su caso a la sucesión, al no acreditarse la copropiedad del inmueble no se afectó el interés jurídico de la sucesión quejosa. No estuvo en lo correcto la Juez de Distrito, a propósito de lo cual es conveniente recordar que el artículo 4o. de la Ley de Amparo, establece que el juicio de garantías sólo puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier acto que se reclame y, por su parte, la fracción V del artículo 73 del propio ordenamiento, prevé la improcedencia del juicio constitucional cuando los actos reclamados no afecten los intereses jurídicos del quejoso. Lo anterior pone de relieve que el interés jurídico es la base primordial para la procedencia del juicio de amparo, pues el artículo 4o. indicado, alude al perjuicio que un acto causa a una persona, lo que ocurre cuando se ocasiona una lesión a los intereses jurídicos en la persona o en su patrimonio que es lo que da lugar a la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse de manera fehaciente y no inferirse a base de presunciones, de modo que la naturaleza intrínseca del acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en jurisprudencia visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, Primera Parte, página 241, ha establecido lo siguiente: ‘PERJUICIO PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. El concepto perjuicio, para los efectos del amparo, no debe tomarse en los términos de la ley civil, o sea, como la privación de cualquier ganancia lícita que pudiera haberse obtenido, o como el menoscabo en el patrimonio, sino como sinónimo de ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona.’. De esta manera, el tribunal estima que el interés jurídico a que se refiere la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, consiste en la titularidad que al quejoso corresponde respecto a los derechos o posesiones afectados por el acto reclamado. En consecuencia, si éste le causa perjuicio a una persona física o moral en su ámbito jurídico, es indiscutible que lesiona directamente su interés, ya sea en su persona, o bien, en su patrimonio, siendo tal momento cuando nace en su favor la acción constitucional que habrá de hacer valer mediante el juicio de amparo correspondiente. Conforme con lo hasta aquí dicho, resulta que el interés jurídico de la sucesión de la quejosa deriva de la forma en que se celebró el contrato matrimonial, y no como lo expresó la Juez de Distrito, de una formalidad como lo es la existencia o no de las capitulaciones matrimoniales, cuenta habida que la ausencia de esta condición formal no puede traer consigo la inexistencia de los derechos de la sociedad conyugal sobre los bienes adquiridos por uno de los cónyuges, pues al no percatarse ha de estarse al espíritu de la justicia y equidad que norman el régimen de la sociedad conyugal. A fin de respaldar lo expuesto, es pertinente transcribir el artículo 184 del Código Civil para el Distrito Federal, que dice: ‘La sociedad conyugal nace al celebrarse el matrimonio o durante él. Puede comprender no sólo los bienes de que sean dueños los esposos al formarla, sino también los bienes futuros que adquieran los consortes.’. De la anterior transcripción se advierte que la constitución de la sociedad conyugal comienza o tiene su génesis al celebrarse el matrimonio, esto es, su nacimiento no está sujeto a la formulación de capitulaciones matrimoniales, sino única y exclusivamente a la voluntad de los consortes. Es por ello que el régimen de sociedad conyugal nace cuando así lo pacten los contrayentes, lo que sucede en el acto de celebrarse el matrimonio, aunque se omitan las capitulaciones matrimoniales. De esta manera, se sigue que a pesar de que no se haya observado este formalismo jurídico, existe y opera la sociedad conyugal, sin que sea óbice al efecto lo dispuesto por el artículo 179 del Código Civil para el Distrito Federal, en el sentido siguiente: ‘Artículo 179. Las capitulaciones matrimoniales son los pactos que los esposos celebran para constituir la sociedad conyugal o la separación de bienes y reglamentar la administración

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/7336-83858891/capitulaciones-matrimoniales-regimen-aplicable-cuando-hay-omision-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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