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Modo: Corpus Pro

SINDICATOS. LA JUBILACIÓN DE UN TRABAJADOR NO LE HACE PERDER LA CALIDAD DE MIEMBRO SINDICALIZADO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 59/96. · Registro digital (IUS): 4330
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Julio de 1997, , Pág. 147.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 59/96. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo del Acuerdo 1/1997, emitido por el Tribunal Pleno el veintisiete de mayo de mil novecientos noventa y siete, en virtud de que se trata de la denuncia de posible contradicción entre criterios derivados de un amparo en revisión resuelto por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito y de un juicio de amparo directo cuya resolución pronunció el Segundo Tribunal Colegiado de ese mismo circuito; criterios que versan sobre aspectos vinculados con la materia laboral, especialidad conferida a esta Segunda Sala, habida cuenta de que ambos tribunales, en los asuntos respectivos, abordaron la cuestión relativa al momento en que un trabajador, de acuerdo con los estatutos de un sindicato determinado, deja de tener el carácter de sindicalizado.

SEGUNDO.-La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima pues la formuló Gonzalo de la Coba Sepúlveda, quejoso en los juicios de amparo en que se emitieron los aparentes criterios contradictorios, lo cual satisface lo dispuesto en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, que legitima, entre otros, a las partes que intervinieron en los juicios de amparo en que tales tesis hubieran sido sustentadas, para denunciar la contradicción relativa ante esta Suprema Corte de Justicia.

TERCERO.-El Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al resolver el amparo en revisión 439/95, promovido por Rafael Lomelí Ramírez, en representación de Isaac Herrera Reyes, Adolfo del Razo Ramos y Rodolfo Gavica Peraza (en la ejecutoria también se menciona como quejoso al denunciante de la contradicción Gonzalo de la Coba Sepúlveda), en contra de actos de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje de Tijuana, Baja California, mediante ejecutoria pronunciada el veintinueve de febrero de mil novecientos noventa y seis, en lo conducente consideró lo siguiente:

"Por otra parte, resulta infundada la inconformidad que el sindicato quejoso hace consistir en que el a quo para afirmar que el acto reclamado deriva de un conflicto entre el sindicato y sus agremiados y que por ello el conocimiento del conflicto corresponde a las autoridades del trabajo, partió del supuesto de que los quejosos son agremiados o trabajadores; empero, afirma que éstos no tienen ninguna de las dos categorías, porque de conformidad con los estatutos que rigen la vida interna de dicho sindicato, para ser miembro del mismo se requiere laborar o tener contratado, por lo menos, un día de trabajo con la empresa Hipódromo de Agua Caliente, S.A. de C.V., con la que el sindicato tiene celebrado un contrato colectivo de trabajo y ninguno de los quejosos labora en dicha empresa. Sin embargo, si bien es cierto que el artículo 7o. de los referidos estatutos dispone que para ser miembro del sindicato se requiere: 'IX. Tener por lo menos un día de servicio contratado', también lo es que una correcta interpretación de dicho precepto debe llevar a la conclusión de que este requisito se impuso exclusivamente para las personas que desearan ingresar como agremiados al sindicato, tan es así, que el dispositivo en comento se encuentra inmerso en el capítulo tercero de los estatutos del sindicato recurrente, el cual se denomina 'Requisitos para ingresar al sindicato'; por ende, como lo estimó el Juez de amparo, una vez que se es miembro del sindicato, sólo se deja de tener ese carácter cuando el agremiado renuncia al sindicato o cuando se le expulsa por haber incurrido en una falta grave y para ello se hace necesario que se siga el procedimiento establecido en los artículos 54 al 59 de los estatutos del sindicato recurrente, lo cual no ocurrió en el caso a estudio, y por ello, contrario a lo alegado por el inconforme, el hecho de que los quejosos ya no laboraran en la empresa con la que el sindicato tiene celebrado contrato colectivo de trabajo, no les impide seguir siendo miembros del mismo, por lo que al así haberlo considerado el Juez de amparo, este apartado de la sentencia recurrida no resulta violatorio de los preceptos invocados en el agravio que se analiza.

"Por lo que se refiere a lo alegado en cuanto a que el Juez de amparo omitió estudiar y analizar que en los autos del juicio ordinario laboral constaba que los quejosos renunciaron al sindicato, recibieron las cantidades a que tuvieron derecho tanto de la empresa Hipódromo de Agua Caliente, S.A. de C.V., como del sindicato por concepto de liquidación laboral, en la que quedó incluido el importe de su prima de antigüedad, recibieron del sindicato el fondo de pensiones a que tuvieron derecho y la cantidad que les correspondió por la venta de las acciones, por lo que firmaron de su puño y letra su renuncia al trabajo que desempeñaban en la empresa mencionada y firmaron su renuncia al sindicato otorgándole el finiquito más amplio que en derecho procedía; a este respecto debe decirse que, contrario a lo alegado por el inconforme, el Juez de amparo sí se ocupó de analizar las circunstancias mencionadas, pues como puede apreciarse del párrafo tercero del considerando cuarto de la sentencia recurrida, en el mismo, el Juez expresamente expuso que los quejosos tenían el carácter de pensionados, formaban parte del sindicato por no estar en ninguno de los supuestos que la ley establece para estar fuera del mismo, como lo eran la renuncia o expulsión; y si a juicio del recurrente la afirmación realizada por el a quo al referir que no estaba demostrado que los quejosos hubiesen renunciado al sindicato, debió, a través de los agravios, expresar precisamente los motivos por los que consideraba desacertada esa afirmación y no genéricamente mencionar que se omitió el estudio y análisis de esa circunstancia, y además debió exponer en sus agravios qué pruebas demostraban que la afirmación del a quo era errónea, es decir, a través de qué medios se llegaba a la convicción de que los quejosos habían renunciado al sindicato y el porqué, en su concepto, consideraba que merecían valor probatorio, lo cual omitió realizar el inconforme, de tal manera que no existiendo suplencia de la queja en favor del sindicato como ente moral, este Tribunal Colegiado se encuentra legalmente impedido para realizar algún pronunciamiento respecto a la legalidad o ilegalidad del razonamiento vertido por el Juez de amparo, en cuanto a que en autos no se acreditó que los peticionarios de garantías hubiesen renunciado al sindicato.

"Por otra parte, si bien es cierto que el Juez de amparo no se refirió en forma expresa a la confesión de los quejosos en el sentido de que son pensionados, también lo es que esa circunstancia sí la tuvo por acreditada y la mencionó en el considerando cuarto de la sentencia recurrida, al considerar violatoria de garantías la parte de la resolución reclamada en el amparo en que la Junta responsable dio por concluida la calidad de socios de los quejosos del sindicato (sic), dado el carácter de pensionados, argumentando que no obstante que éstos tenían ese carácter, formaban parte del sindicato, por no estar en ninguno de los supuestos que la ley establece para estar fuera del mismo, como lo eran la renuncia o la expulsión, razonamiento que, como ya se estableció en el párrafo precedente, no combate el inconforme y, por ende, no puede analizarse oficiosamente su legalidad o ilegalidad ante la ausencia de argumentos tendientes a destruirlo.

"También resulta infundada la inconformidad que el recurrente expone en último término, toda vez que aun cuando es cierto que la fracción XXXI del artículo 123 constitucional se limita a establecer la competencia en materia federal o local, ello no es motivo para estimar ilegal la sentencia recurrida, pues de su contenido se obtiene que el Juez de amparo realizó un pronunciamiento específico respecto a que, con base en dicho precepto, la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje de Tijuana, Baja California, era competente para resolver lo relativo a la acción del reparto del producto de la venta de acciones que intentaron los actores, pues en realidad en relación con la competencia constitucional de las Juntas de Conciliación y Arbitraje para conocer de ese tipo de asuntos, ya la había dilucidado previamente, y en cuanto a la aplicación que de los artículos 358 y 395 de la ley laboral realizó el a quo, ello tampoco causa agravios al recurrente, pues si bien es cierto lo que afirma en cuanto que en el primero se contiene el principio de la libertad individual de pertenecer o no a un sindicato y el segundo a la aplicación de la cláusula de exclusión por separación del sindicato, también lo es que el Juez de amparo los invocó precisamente para explicar que en el caso los quejosos no habían renunciado a su derecho de pertenecer al sindicato, ni se les había aplicado la cláusula de exclusión y que, por ende, era indebido que se declarara concluida su calidad de socios, razonamiento que por otra parte no expuso para fundar su determinación de que la Junta responsable era competente para conocer del juicio de origen, como equivocadamente lo sostiene el inconforme.

"En consecuencia, ante la ineficacia y lo infundado de los agravios expresados por el sindicato recurrente, procede confirmar la sentencia recurrida."

CUARTO.-Asimismo, el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al fallar el juicio de amparo directo 343/96, promovido por el Sindicato de Trabajadores de Espectáculos Públicos y Similares "Alba Roja" CROC, al que se acumularon los diversos juicios de amparo directo 344/96 y 345/96 (éste promovido por Gonzalo de la Coba Sepúlveda), mediante sentencia de veintisiete de agosto de mil novecientos noventa y seis, dicho órgano de control constitucional estimó lo siguiente:

"En las condiciones esbozadas, lo fundado de los conceptos de violación hechos valer por el sindicato quejoso radica en argumentar que la Junta responsable incurrió en un desacierto al sostener que la ejecutoria de amparo mencionada determinó que los jubilados, en este juicio terceros perjudicados, tenían el carácter de socios del sindicato quejoso.

"En efecto, dicha consideración deviene inexacta en razón de que la sentencia de amparo únicamente delinea una parte del problema de la subsistencia de la calidad de los socios y al establecerse en la propia ejecutoria que la Junta responsable emitiera otro laudo con amplitud (sic) de jurisdicción, dentro de esa tesitura ordenó a la responsable que resolviera sobre si se debía o no conceptuar que en los trabajadores pensionados subsistía la calidad de socios del sindicato, lo cual difiere de la percepción asumida por dicha responsable, quien determinó que, en mérito de la ejecutoria en mención, debía de conceptuarse a los pensionados como socios del sindicato, por así haberlo propuesto el propio Juez Federal, cuestión esta última que genera las violaciones que en el capítulo de queja se hacen valer, en cuya reparación es preciso conceder al sindicato quejoso la protección federal que solicita, sin que escape a la atención de este órgano colegiado de control constitucional, que el recurso de queja por defecto o exceso en la ejecución del fallo constitucional sea procedente en el particular, toda vez que al asumir su plena jurisdicción la Junta responsable para dilucidar si los pensionados terceros perjudicados tenían o no la calidad de socios del sindicato quejoso, quedó desvinculada de la ejecutoria en mención.

"Del mismo modo y dentro del anterior contexto, resulta fundado el concepto de violación mediante el cual el sindicato quejoso se duele de que la Junta responsable estimó que los terceros perjudicados continuaban teniendo el carácter de miembros activos de dicho sindicato, pues tal apreciación es desacertada en la medida en que sobre el particular debe establecerse que, de conformidad con el artículo 354 (sic) de la Ley Federal del Trabajo, los sindicatos deben estar constituidos con trabajadores en servicio activo, cuyo requisito es permanente, ya que por su parte el numeral 369 del propio código laboral determina que el registro sindical podrá cancelarse al dejarse de tener los requisitos legales y el principal es el de estar constituido por trabajadores en servicio activo; tales consideraciones nos llevan a su vez a la definición de trabajador dada por el artículo 8o. de la propia ley, que lo describe como la persona física que preste a otra, física o moral, un servicio personal subordinado. Con base en tales consideraciones, se autoriza concluir que el trabajador se jubila en el momento en que, dejando de prestar un servicio, sustituye su status de asalariado por el de pensionado, lo cual interfiere con su calidad de sindicalizado, pues deja de ser trabajador en servicio activo. Esta premisa legal se encuentra recogida por los propios estatutos del sindicato demandado, toda vez que el artículo 7o., fracción IX, previene que para ser miembro del sindicato se requiere tener por lo menos un día de trabajo contratado. Los anteriores requisitos dejaron de ser satisfechos por los trabajadores al asumir la categoría de pensionados y jubilados, pues en esa condición dejaron de ser trabajadores en servicio activo, lo cual, como queda dicho, interfiere con su calidad de sindicalizado y al no haberlo apreciado así la Junta responsable en el laudo reclamado, vulneró los derechos fundamentales que el sindicato quejoso estima infringidos en su perjuicio, en cuya reparación es procedente concederle el amparo y protección de la Justicia Federal que demanda."

QUINTO.-La lectura de la parte considerativa de las resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, permite determinar que existe la contradicción de tesis denunciada, de acuerdo con lo siguiente:

En las resoluciones respectivas se analizó un problema jurídico idéntico, en tanto que en ellas se decidió si un trabajador que adquiere el carácter de pensionado, por esta razón deja de pertenecer al Sindicato de Trabajadores de Espectáculos Públicos y Similares "Alba Roja" CROC.

En ambas resoluciones se examinó una misma disposición estatutaria, pues el Primer y Segundo Tribunales Colegiados del Décimo Quinto Circuito consideraron lo dispuesto en el artículo 7o., fracción IX, de los Estatutos del Sindicato de Trabajadores de Espectáculos Públicos y Similares "Alba Roja", el cual dispone: "Para ser miembro del sindicato se requiere: ... IX. Tener por lo menos un día de trabajo contratado ...".

Y por último, el Primer y Segundo Tribunales Colegiados del Décimo Quinto Circuito arribaron a decisiones opuestas, en atención a que, mientras el primero estableció que los miembros del Sindicato de Trabajadores de Espectáculos Públicos y Similares "Alba Roja" no dejan de tener el carácter de sindicalizados por el hecho de que hubieren obtenido la jubilación respectiva, en ese mismo supuesto, el segundo determinó que con motivo de la jubilación sí se pierde la calidad de sindicalizado, en tanto que ya no se trata de trabajadores en activo.

De esta manera queda precisada la contradicción de tesis denunciada.

SEXTO.-Con el propósito de determinar cuál es el criterio que debe prevalecer en la presente contradicción, es pertinente tomar en consideración, en principio, lo dispuesto en el artículo 123, fracción XVI, de la Constitución Federal, por cuanto que en este precepto se reconoce el derecho de los trabajadores para organizarse en defensa de sus intereses, a través de sindicatos, al disponer:

"Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la ley.

"El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes, deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: "...

"XVI. Tanto los obreros como los empresarios tendrán derecho para coaligarse en defensa de sus respectivos intereses, formando sindicatos, asociaciones profesionales, etcétera; ..."

La fracción XVI de la citada disposición constitucional, en lo tocante a los sindicatos de trabajadores y patrones, se reglamenta en detalle en el título séptimo, capítulo II, denominado Sindicatos, federaciones y confederaciones, que comprende los artículos 356 al 385 de la Ley Federal del Trabajo. De estas disposiciones interesa conocer los artículos 356, 360, 364 y 365, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo, que señalan:

"Artículo 356. Sindicato es la asociación de trabajadores o patrones, constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses."

"Artículo 360. Los sindicatos de trabajadores pueden ser:

"I. Gremiales, los formados por trabajadores de una misma profesión, oficio o especialidad;

"II. De empresa, los formados por trabajadores que presten sus servicios en una misma empresa;

"III. Industriales, los formados por trabajadores que presten sus servicios en dos o más empresas de la misma rama industrial;

"IV. Nacionales de industria, los formados por trabajadores que presten sus servicios en una o varias empresas de la misma rama industrial, instaladas en dos o más entidades federativas; y

"V. De oficios varios, los formados por trabajadores de diversas profesiones. Estos sindicatos sólo podrán constituirse cuando en el municipio de que se trate, el número de trabajadores de una misma profesión sea menor de veinte."

"Artículo 364. Los sindicatos deberán constituirse con veinte trabajadores en servicio activo o con tres patrones, por lo menos. Para la determinación del número mínimo de trabajadores, se tomarán en consideración aquellos cuya relación de trabajo hubiese sido rescindida o dada por terminada dentro del periodo comprendido entre los treinta días anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de registro del sindicato y la en que se otorgue éste."

"Artículo 365. Los sindicatos deben registrarse en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en los casos de competencia federal y en las Juntas de Conciliación y Arbitraje en los de competencia local, a cuyo efecto remitirán por duplicado:

"...

"II. Una lista con el número, nombres y domicilios de sus miembros y con el nombre y domicilio de los patrones, empresas o establecimientos en los que se prestan los servicios;"

De las disposiciones transcritas deriva que para la constitución de un sindicato de trabajadores, es requisito legal indispensable que se integre con veinte trabajadores en servicio activo (artículo 364); la exigencia de que se trate en el caso de trabajadores en activo aparece también en los demás preceptos, pues al hacerse mención de los sindicatos de trabajadores de empresa, industriales o nacionales de industria (artículo 360, fracciones II, III y IV), se utiliza la expresión "que presten sus servicios", la cual, como puede advertirse, está empleada en presente, lo que es indicativo de que comprende una acción permanente; esta situación se reitera inclusive, en el artículo 365, fracción II.

Debe destacarse la imperativa composición de un sindicato de trabajadores con veinte trabajadores en servicio activo, como mínimo, pues de no cumplirse con este requisito legal, el registro correspondiente puede negarse en términos del artículo 366 de la Ley Federal del Trabajo, que al efecto dispone:

"Artículo 366. El registro podrá negarse únicamente:

"...

"II. Si no se constituyó con el número de miembros fijado en el artículo 364;"

Aún más, si al presentarse la solicitud de registro del sindicato éste se encontraba válidamente constituido, porque satisfacía el requisito contenido en el artículo 364 de la Ley Federal del Trabajo, pero posteriormente la composición del sindicato disminuye a menos de veinte trabajadores en servicio activo, esta circunstancia acarrea consecuencias en torno a la existencia jurídica del sindicato relativo, en tanto que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 369, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo, el registro de un sindicato puede cancelarse, entre otros supuestos, cuando deje de tener los requisitos legales, como lo es, sin duda, el número de trabajadores necesarios para la constitución del sindicato, previsto en el artículo 364 de la propia ley.

Resalta de lo anterior, que la exigencia legal de que un sindicato de trabajadores esté integrado precisamente con trabajadores en servicio activo, obedece simplemente a la satisfacción de un requisito necesario para la constitución de aquel órgano o de su registro, porque ese es el sentido a que se refieren los artículos 360, 364, 365, 366 y 369 de la Ley Federal del Trabajo, y no el relativo a considerar que la condición de trabajador en activo determina, en todo caso, la permanencia dentro del sindicato correspondiente, pues no hay razón constitucional o legal que sustente un criterio de esa naturaleza.

Sobre la base anterior, para estar en aptitud de resolver la presente contradicción, es indispensable ocuparse del tema de la jubilación.

Pues bien, la jubilación, de acuerdo con la definición proporcionada por Santiago Barajas Montes de Oca, contenida en el Diccionario Jurídico Mexicano (páginas 1838-1840, Editorial Porrúa, S.A., novena edición), "es la cesación de toda relación laboral que termina al mismo tiempo cualquier contrato de trabajo vigente y que permite al trabajador acogerse a un régimen de retiro a través del cual obtiene una remuneración mensual vitalicia cuando ha alcanzado una edad límite o ha prestado determinado número de años de trabajo a un patrono, sea persona, empresa, o negociación o el propio Estado.".

Al respecto, la anterior Cuarta Sala estableció en repetidas ocasiones -criterio que la actual Segunda Sala reitera- que la jubilación constituye una prestación de carácter eminentemente contractual, la cual se equipara al retiro voluntario, en tanto que ambas figuras entrañan una terminación del contrato de trabajo. Este criterio está contenido en la tesis de jurisprudencia 272, visible en las páginas 178 y 179, Tomo V, Materia del Trabajo, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con el rubro y texto siguientes:

"JUBILACION Y PRIMA DE ANTIGÜEDAD.-El hecho de que un trabajador sea jubilado por la empresa, por haber cumplido los presupuestos que para tal efecto señala el pacto colectivo, integra una terminación del contrato individual de trabajo por mutuo consentimiento, lo cual implica el retiro voluntario por parte del trabajador, ya que por una parte el jubilado deja de prestar servicios a la empresa y por la otra, ésta deja de cubrir el salario percibido por el trabajador como una remuneración a los servicios prestados, creándose así un régimen distinto de prestaciones que tienen su origen en el pacto colectivo. Consecuentemente, debe decirse que si bien es verídico que tanto la jubilación como la prima de antigüedad por retiro voluntario a que se refiere la ley de la materia, tienen su origen en la continuidad de los servicios prestados por el trabajador durante determinado lapso, lo cierto es que la primera de esas prestaciones es una conquista que los sindicatos han obtenido en los pactos colectivos; en cambio, la prima de antigüedad es una prestación de carácter general para todos los trabajadores, creada bajo el amparo de la ley laboral de 1970, la cual es de orden público, que el artículo 162, fracción VI, literalmente prevé: 'La prima de antigüedad a que se refiere este artículo se cubrirá a los trabajadores o a sus beneficiarios, independientemente de cualquier otra prestación que les corresponda.'"

Al analizar la figura jurídica de la jubilación, la Suprema Corte ha establecido con claridad que en ella inciden los siguientes elementos:

1) Se trata de una figura establecida contractualmente, no en la ley, por virtud de la cual el patrón se obliga libremente a cubrir a los trabajadores que han acumulado la antigüedad requerida a su servicio, una pensión (renta vitalicia) como contraprestación por el desgaste orgánico o incapacidad sufridos con motivo de la relación de servicio, que sustituye al salario.

2) En los contratos colectivos de trabajo se fijan los límites mínimos de tiempo de servicios requerido y, aunque puede distinguirse entre diversos tipos de jubilación, todos ellos atienden al estado físico de la persona.

3) El derecho a la jubilación se adquiere por reunir los requisitos contractuales, de tal manera que al ser cumplidos, se configura un derecho adquirido para el trabajador, independientemente de que su ejercicio no se realice de inmediato.

4) El derecho a la jubilación es imprescriptible, inalienable e irrenunciable.

Como se ve, la jubilación genera una relación jurídica diversa entre el patrón y el trabajador jubilado, pues ahora las contraprestaciones que se otorgan las partes no son ya el intercambio de fuerza de trabajo por salario, sino una pensión cubierta por el patrón en reconocimiento del desgaste orgánico que incuestionablemente sufre todo trabajador por razones de orden fisiológico, merced al tiempo de servicios acumulado durante su vida económicamente productiva, conocido en términos jurídicos como antigüedad y, en algunos casos, condicionado a la realización de un hecho generador (vejez, incapacidad).

Así lo ha sostenido esta Segunda Sala al resolver, por unanimidad de cinco votos, la contradicción de tesis 50/96, entre las sustentadas por el Primer y Noveno Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en la sesión de nueve de abril de mil novecientos noventa y siete; de esta contradicción derivó la tesis de jurisprudencia, pendiente de publicación, con el rubro y texto siguientes:

"JUBILACIÓN. LA LIQUIDACIÓN DEL TRABAJADOR, AUNQUE PONE FIN A LA RELACIÓN DE TRABAJO, NO HACE IMPROCEDENTE LA ACCIÓN DE OTORGAMIENTO Y PAGO DE PENSIÓN JUBILATORIA.-Esta Suprema Corte ha sostenido el criterio de que con motivo de la jubilación, la relación de trabajo termina y se inicia otra en que las contraprestaciones que se otorgan las partes ya no son el intercambio de fuerza de trabajo por salarios, sino que ahora el patrón otorga una pensión en reconocimiento del desgaste que incuestionablemente sufre todo trabajador, a lo largo del tiempo mínimo acumulado de servicios durante su vida económicamente productiva, conocido en términos jurídicos como antigüedad; de tal manera que si un trabajador que reúne los requisitos contractualmente establecidos para merecer su pensión, se separa del servicio, con motivo de un convenio de liquidación celebrado con la empresa, aunque esto constituye otra forma de terminación de la relación de trabajo, no autoriza a desconocer el derecho adquirido que se generó durante el desarrollo de la relación laboral."

Por lo que ve a la relación jurídica entre sindicato de trabajadores y el trabajador jubilado, ninguna disposición de la Ley Federal del Trabajo establece que un trabajador, a partir de que obtiene la jubilación, deja de fungir como miembro del sindicato de que se trate.

En cambio, sostener el criterio de que los jubilados, a partir de que adquieren esta calidad, dejan de ser miembros del sindicato de trabajadores al que están afiliados, sería contrario a lo dispuesto en el artículo 356 de la Ley Federal del Trabajo, en el cual se fijan los fines de los sindicatos, tanto de trabajadores como de patrones. El precepto citado dispone:

"Artículo 356. Sindicato es la asociación de trabajadores o patrones, constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses."

El artículo transcrito debe interpretarse con sentido de justicia social, en la forma que autoriza el artículo 17 de la Ley Federal del Trabajo, al disponer lo siguiente:

"Artículo 17. A falta de disposición expresa en la Constitución, en esta ley o en sus reglamentos, o en los tratados a que se refiere el artículo 6o., se tomarán en consideración sus disposiciones que regulen casos semejantes, los principios generales que deriven de dichos ordenamientos, los principios generales del derecho, los principios generales de justicia social que derivan del artículo 123 de la Constitución, la jurisprudencia, la costumbre y la equidad."

Así, orientado sobre el principio de justicia social, ha de entenderse que el estudio, el mejoramiento y la defensa de los intereses de la clase trabajadora conlleva a la búsqueda y fortalecimiento de un derecho individual del trabajo y una seguridad social digna y suficiente para cada uno de sus miembros, que no se agota en la conquista de derechos y beneficios con motivo de la prestación inmediata del servicio personal subordinado, sino que va más allá, pues está también encaminada a la obtención de derechos y beneficios en favor de quien realizó durante un tiempo prolongado ese servicio y recibió con posterioridad su jubilación, cuya satisfacción cabal no sólo debe confiarse al propio trabajador jubilado -por lo general mermado en sus condiciones físicas debido al desgaste orgánico realizado-, sino también al sindicato al que pertenece, en tanto que con ello este último puede preservar con mayor eficacia su tutela.

Lo anterior encuentra justificación, además, en la circunstancia de que si la jubilación, como se dijo, constituye una prestación de origen contractual, el pacto en que está contenida es un contrato colectivo de trabajo que lleva a cabo un sindicato de trabajadores y un patrón. Luego, el cumplimiento de la obligación contractual correlativa a la jubilación y los derechos inherentes, puede ser exigido por el propio titular individual de tales derechos, o bien, por el sindicato de trabajadores que intervino como parte en el contra

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/4330-195d98b4/sindicatos-la-jubilacion-de-un-trabajador-no-le · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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