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Modo: Corpus Pro

ACTOS RECLAMADOS EN UN SOLO AMPARO DERIVADOS DE JUICIOS DIVERSOS, DESVINCULADOS ENTRE SÍ. ES PROCEDENTE EL JUICIO DE GARANTÍAS. SEPARACIÓN DE JUICIOS. EL JUEZ DE DISTRITO, AL DECRETARLA, DEBERÁ TOMAR LAS MEDIDAS Y SEÑALAR EL TRATO QUE A CADA UNO CORRESPONDA. SEPARACIÓN DE JUICIOS. REGLAS PARA SU TRAMITACIÓN EN EL JUICIO DE GARANTÍAS. SEPARACIÓN DE JUICIOS. SU PROCEDENCIA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 6/96. · Registro digital (IUS): 4515
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y EL SEGUNDO RIBUNALES COLEGIADOS DEL QUINTO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Noviembre de 1997, , Pág. 261.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 6/96. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y EL SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS DEL QUINTO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

SEGUNDO. El Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, el día dieciocho de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, al resolver, por unanimidad de votos de sus Magistrados integrantes, el amparo en revisión penal número 298/94, promovido por Reginaldo Montaño Huerta, en la parte considerativa conducente y en la resolutiva de la sentencia, estableció:

"V. Resultan fundados, en cambio, los agravios que en suplencia de la queja deficiente hace valer este Tribunal Colegiado. De las constancias procesales allegadas al juicio de garantías, se advierte que el hoy recurrente señaló como acto reclamado la orden de aprehensión decretada en su contra y señaló a diversas autoridades ordenadoras y ejecutoras como responsables; de los informes justificados rendidos por el Juez Segundo del Ramo Penal y por el Juez Cuarto del Ramo Penal de carácter Supernumerario (fojas 15 y 99 del expediente que se revisa), respectivamente, se viene en conocimiento que cada una de estas autoridades, en diversos procesos penales y por diversos hechos, dictaron órdenes de aprehensión en contra del quejoso. Ahora bien, el Juez de Distrito estimó que, por tratarse de dos órdenes de aprehensión giradas por responsables distintas, derivadas de procesos diferentes y desvinculados entre sí, sin ninguna relación entre ambas, no podía resolver sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, porque consideró que, de hacerlo, rompería la técnica procesal de amparo y haría nugatorias las disposiciones relativas a la acumulación, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 57 de la ley reglamentaria del juicio de garantías; sin embargo, tal razonamiento no es acertado, debido a que, contrario a lo determinado por el Juez de Distrito, este tribunal advierte que hizo una incorrecta interpretación del artículo 57 de la Ley de Amparo, pues independientemente de que las órdenes de aprehensión hayan sido dictadas por autoridades diferentes, no exista vinculación entre ellas ni relación alguna, ello no es suficiente razón para concluir la existencia de un motivo manifiesto que conlleve al sobreseimiento en el juicio que se revisa, ya que las causas de improcedencia deben ser claras y sin lugar a dudas y, en la especie, no se actualiza la invocada por el a quo, ya que la circunstancia de que en el escrito de demanda de amparo se haya reclamado un acto y en el curso del procedimiento hayan resultado dos de la misma naturaleza, pero dictados por autoridades distintas y emanados de procesos diferentes, ello no conlleva a determinar que se surta la hipótesis prevista en el último párrafo (sic) del artículo 73, en relación con el 57, de la Ley de Amparo al no tener la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia invocada sea operante, pues de ningún precepto de la Ley de Amparo se advierte como requisito para su procedencia tal circunstancia y, al contrario, en su artículo 116 expresamente establece que debe señalarse la autoridad o autoridades responsables y los actos que de cada una de ellas se reclamen, sin que exija que tales actos deban estar vinculados entre sí, por lo que no existe motivo manifiesto para sobreseer en el juicio de garantías, ya que las causales de improcedencia, en este procedimiento, deben estar plenamente demostradas y no inferirse con base en presunciones. En esas condiciones, lo procedente es revocar la sentencia que se revisa y entrar al estudio de los conceptos de violación, con fundamento en el artículo 91, fracción III, de la Ley de Amparo ... Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida, dictada el veintinueve de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro por el Juez Segundo de Distrito en el juicio de amparo indirecto 660/94, promovido por Reginaldo Montaño Huerta. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Reginaldo Montaño Huerta en contra del acto consistente en la orden de aprehensión dictada por el Juez Segundo del Ramo Penal de este Distrito Judicial, en el proceso penal número 45/94, el primero de febrero de mil novecientos noventa y cuatro. TERCERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Reginaldo Montaño Huerta en contra del acto consistente en la orden de aprehensión emitida por el Juez Primero Supernumerario del Ramo Penal de este Distrito Judicial en el proceso penal número 80/94, el tres de mayo de mil novecientos noventa y cuatro."

TERCERO. A su vez, el Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, el día veintisiete de junio de mil novecientos noventa y uno, al resolver, por unanimidad de votos de sus Magistrados, el amparo en revisión penal número 86/91, promovido por Carlos Castro Dozal, en la parte considerativa conducente y en la resolutiva del fallo, sostuvo:

"IV. Los agravios insertos son infundados. En efecto, el recurrente aduce que la sentencia materia de la revisión, es violatoria de los artículos 76 (sic), fracción XVIII, último párrafo, 74, fracción III y 176 (sic), fracción IV, ambos (sic) de la Ley de Amparo; que contrariamente a lo argumentado por el juzgador de primera instancia, éste quebranta la técnica procesal del amparo y viola las reglas relativas a la acumulación, porque no es obstáculo para entrar al estudio de la inconstitucionalidad del acto o actos reclamados, consistentes en las órdenes de aprehensión, la circunstancia de que sean tres procesos diversos en que fueron giradas aquéllas, ni por el hecho de que sean dos Jueces penales los que las dictaron; asimismo, aduce que sí es procedente el trámite y resolución del juicio de amparo y que era obligación del Juez de Distrito entrar al estudio del fondo de la litis planteada, porque en la demanda de amparo promovida por el quejoso se planteó de hecho y de derecho la acumulación prevista por el artículo 57, fracción I, de la Ley de Amparo, aduciendo que en la demanda se cumple con la hipótesis señalada por dicho precepto; que la circunstancia de la diversidad de autoridades responsables no implica que exista obstáculo legal para entrar al estudio de la inconstitucionalidad de las órdenes de aprehensión, por el hecho de que no haya vínculo entre los procesos. Lo anterior es inexacto, porque el artículo 57 de la Ley de Amparo establece que procede la acumulación de los juicios de amparo que se encuentren en tramitación ante los Jueces de Distrito, cuando se trate de juicios promovidos por el mismo quejoso, por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean distintas, siendo diversas las autoridades responsables o cuando se trate de juicios promovidos contra las mismas autoridades, por el mismo acto reclamado, siendo diversos los quejosos, ya sea que éstos hayan intervenido en el negocio o controversia que motivó el amparo, o sean extraños a los mismos. En el caso que nos ocupa, el quejoso señaló como acto reclamado la orden de aprehensión dictada en su contra así como la inminente ejecución de la misma, y como autoridades responsables, entre otras, al Juez Primero del Ramo Penal de esta ciudad, Juez Segundo del Ramo Penal, Juez Tercero del Ramo Penal y Juez Cuarto del Ramo Penal de Nogales, Sonora; las responsables Juez Primero del Ramo Penal y Juez Tercero, al rendir sus informes con justificación, aceptaron la existencia del acto reclamado, manifestando que las órdenes de aprehensión fueron emitidas en las diversas causas penales 309/89, 423/89 y 352/89. Ahora bien, conforme a lo anterior, en el caso que nos ocupa no se reúnen los supuestos señalados en ninguna de las dos fracciones del artículo 57 de la Ley de Amparo, por lo siguiente: La fracción I del precepto en cita establece la acumulación cuando hay identidad del mismo quejoso, por el mismo acto reclamado, aunque la violación constitucional sea distinta, siendo distinta la autoridad responsable. En el caso, es evidente que, contra lo que señala el recurrente, no se trata del mismo acto reclamado, porque son distintas las órdenes de aprehensión que se tildan de inconstitucionales, lo que desde luego implica diversidad de actos reclamados. Tampoco se surte la hipótesis de la fracción II, que señala que procede la acumulación cuando se trate de juicios promovidos contra las mismas autoridades, contra el mismo acto reclamado, siendo diversos los quejosos, ya que es condición para que proceda la figura jurídica referida, es decir, la acumulación, el que se trate del mismo acto reclamado, lo que confirma los razonamientos expuestos en el párrafo precedente, no se da en el caso. Por lo demás, este Tribunal Colegiado considera acertada la solución contenida en la recurrida, puesto que, ciertamente, las circunstancias de examinar en un solo juicio de garantías multitud de actos reclamados que no guardan conexidad entre sí, en los términos que la ley de la materia establece en el artículo 57 acabado de citar, implicaría violación al propio precepto legal, de ahí la improcedencia del juicio de amparo. En este orden de ideas, cabe estimar que es inatendible la afirmación del recurrente, quien manifiesta que al omitir el Juez de Distrito examinar el fondo de la cuestión planteada, lo hizo sin fundamento para eludir su examen, ya que nada le impedía realizarlo. Sin embargo, es de considerar que si bien no existe un impedimento material para efectuar un examen de los actos reclamados en un solo juicio de amparo, sin importar que entre ellos no haya conexidad, no significa que tal estudio debe hacerse, porque el impedimento es de orden jurídico y tiene su apoyo legal en el artículo en que se señalan los casos de acumulación. Sostener lo contrario llevaría al absurdo de que en un solo juicio, por la mera circunstancia de que se tratara de un solo quejoso, se analizaran actos desvinculados, de naturaleza tan disímbola, como pudieran ser actos provenientes de autoridades civiles, penales, administrativas e, incluso, de fueros diversos, lo que desde luego no es aceptable. En el considerando tercero de la resolución que se reclama, el cual se examina en este lugar por razón de método, se aduce que la tesis invocada por el resolutor de primer grado no tiene aplicación al caso concreto, especialmente porque este asunto versa sobre materia penal. Es inexacto lo aquí argumentado; contrariamente a lo aducido por el quejoso, resulta aplicable al caso que nos ocupa la tesis citada por el Juez de Distrito en la sentencia combatida, ya que el acto reclamado lo constituye una orden de aprehensión, mismo acto que fue aceptado por las autoridades responsables, quienes manifestaron que las órdenes de aprehensión emanaron de causas desvinculadas, es por ello que resulta la aplicación de la tesis referida por la responsable, porque en ambos casos el acto reclamado proviene de juicios desvinculados y, por tanto, de acuerdo con este supuesto, debe promoverse un juicio de garantías por cada uno de ellos, sin que importe la materia sobre la cual versen los juicios de garantías, dado que las reglas contenidas por la Ley de Amparo para la acumulación se aplican para todos los juicios, sin importar la materia. En cambio, resulta fundada, pero inoperante, la segunda consideración vertida por el recurrente en sus agravios. Ciertamente, el recurrente en revisión argumenta que la fracción IV del artículo 166 de la Ley de Amparo no tiene relación con las consideraciones vertidas en la resolución que se impugna, al estimar que dicho dispositivo se refiere a los requisitos que debe contener la demanda de amparo directo. Efectivamente, la fracción IV del artículo 166 de la Ley de Amparo, hace referencia a los requisitos que debe contener la demanda de amparo directo, pero ello no puede conducir a la revocación de la sentencia que se recurre, ya que del examen de las consideraciones hechas se ve claramente que al referirse el juzgador a ese precepto, incurre en un error en la cita del precepto que se (sic) conduce a revocar su fallo, porque la realidad es que sí se encuentra probada la causa de improcedencia en que se funda. Ciertamente, los preceptos que se actualizan en el caso, lo son la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en el artículo 57 del mismo ordenamiento legal, ya que este último numeral limita los casos en que se faculta a los órganos que conocen de los juicios de amparo para decidir en una sola sentencia diversos actos reclamados, de suerte que al aplicar dicho precepto, el cual no permite que en casos como el presente se fallen los negocios, cobra vigor y obliga a concluir con la improcedencia del amparo en los términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, invocados con anterioridad. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 1776, visible en la página 2851, de la Segunda Parte, del Tomo de Salas y Tesis Comunes del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que dice: ‘SENTENCIAS. CITA EQUIVOCADA EN ELLAS, DE PRECEPTOS LEGALES INAPLICABLES. La cita equivocada que en una resolución se hace de preceptos legales inaplicables, no basta para conceder el amparo, si del examen de los hechos se ve claramente que la resolución encuentra su apoyo en otras disposiciones y ranes (sic) legales.’. En estas condiciones, al resultar infundados los agravios vertidos por el recurrente, lo procedente es confirmar la resolución recurrida. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 83, fracción I, 85 y 91 de la Ley de Amparo y 44, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve: PRIMERO. Se confirma la sentencia que se revisa. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo número 1351/90, promovido por Carlos Castro Dozal, por los actos y autoridades que se precisaron en el resultando primero de esta ejecutoria."

CUARTO. El propio Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, el día veintiuno de agosto de mil novecientos noventa y uno, cuando resolvió por unanimidad de votos el amparo en revisión penal 120/91, promovido por Manuel Corral Mendoza, decidió:

"TERCERO. Se considera innecesario transcribir los fundamentos de la resolución que se revisa, así como los agravios que contra los mismos se hacen valer, toda vez que habrá de sobreseerse en el juicio de garantías, respecto del acto reclamado, sobre el cual se negó la protección constitucional solicitada, al aparecer una causa de improcedencia cuyo estudio debe hacerse de oficio al ser ésta una cuestión de orden público. Al respecto, es aplicable la tesis de jurisprudencia número 158, que bajo el rubro de: ‘IMPROCEDENCIA.’ se encuentra publicada en la página 262, Octava Parte, del penúltimo Apéndice al Semanario Judicial de la Federación. De la lectura de la demanda de amparo se advierte que el quejoso reclama de diversas autoridades cualquier posible orden de aprehensión que hubiera en su contra. Al rendir sus informes justificados, el Juez Primero del Ramo Penal de este Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora, reconoció la existencia de dos órdenes de aprehensión giradas en contra del quejoso en los procesos penales números 437/89 y 151/89, que por los delitos de fraude cometidos en perjuicio de Jesús Armando Ayala y Emma Alicia Contreras de Ayala, y Rafael Pérez Preda, respectivamente, se siguen al quejoso. Respecto de la primera de esas órdenes se concedió la protección constitucional solicitada. Respecto a la segunda se negó el amparo por considerarse que no era violatoria de garantías. Ahora bien, el artículo 57 de la Ley de Amparo establece que procede la acumulación de los juicios de amparo que se encuentren en tramitación ante los Jueces de Distrito, cuando se trate de juicios promovidos por el mismo quejoso, por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean distintas, siendo diversas las autoridades responsables o cuando se trate de juicios promovidos contra las mismas autoridades, por el mismo acto reclamado, siendo diversos los quejosos, ya sea que éstos hayan intervenido en el negocio o controversia que motivó el amparo, o sean extraños a los mismos. Como se ve, el común denominador de las dos hipótesis de acumulación es el acto reclamado. Éste tiene que ser el mismo para que proceda la acumulación. Aunque en dicho precepto no se dice de forma expresa, el mismo impide, implícitamente, al juzgador de amparo, resolver en un juicio de garantías respecto de diversos actos reclamados, que no deriven lógicamente del mismo proceso pues, en este supuesto, es claro que sí puede resolverse. En el anterior contexto, toda vez que en el presente asunto no se está en ninguna de las dos hipótesis señaladas, pues los actos reclamados por el quejoso, aunque provienen de la misma autoridad son distintos, y ello basta, según ya se dijo, para impedir su acumulación, no queda sino concluir que tampoco pueden ser resueltos en el mismo juicio de garantías, por lo que éste resulta improcedente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 57, ambos de la Ley de Amparo. Sobre el particular, debe decirse que si bien no existe impedimento material para efectuar en un mismo juicio de garantías el examen de determinados actos reclamados entre los cuales exista conexidad, ello no significa que tal estudio deba hacerse, porque el impedimento es de orden jurídico y tiene su apoyo en el artículo en que se prevén los únicos casos de acumulación. Sostener lo contrario llevaría al absurdo de que en un solo juicio, por la mera circunstancia de que se tratara del mismo quejoso, se analizaran actos desvinculados, de naturaleza tan disímbola, como pudieran ser actos provenientes de autoridades civiles, penales, administrativas e incluso de fueros diversos, lo que desde luego no es admisible jurídicamente. En este propio sentido se pronunció el Tribunal Colegiado que actúa, al resolver, en sesión celebrada el veintisiete de junio de mil novecientos noventa y uno, por unanimidad de votos de los CC. Magistrados Hugo Ricardo Ramos Carreón, José Enrique Moya Chávez y Juan Manuel Arredondo Elías, quien fue el ponente, el amparo en revisión penal número 86/91, quejoso: Carlos Castro Dozal. También se sostuvo el mismo criterio en el toca de revisión 233/69, resuelto por unanimidad de votos por este Tribunal Colegiado el día veintiuno de agosto de mil novecientos sesenta y nueve, ejecutoria esta que aparece publicada en la página 16, Volumen 8, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: ‘ACTOS RECLAMADOS EN UN SOLO AMPARO, DERIVADOS DE JUICIOS DIVERSOS. IMPROCEDENCIA. El juicio de amparo es notoriamente improcedente, cuando con una sola demanda se combatan actos emanados de juicios diversos desvinculados entre sí, ya que en tal caso debe presentarse una demanda por cada uno de dichos actos, a fin de no romper con la técnica procesal del amparo y no hacer nugatorias las disposiciones relativas a la acumulación.’. Así las cosas, como el Juez de Distrito no lo consideró de esta manera, sino que, por un lado, concedió la protección constitucional respecto del acto reclamado consistente en la orden de aprehensión derivada del expediente 437/89 y, por otra, negó el amparo respecto de la diversa orden de aprehensión reclamada, que derivó del expediente 151/89, no queda sino revocar la concesión solicitada y, en su lugar, sobreseer en el juicio de garantías respecto de este último acto, con fundamento en el artículo 74, fracción III, en relación con el 73, fracción XVIII y 57 todos de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y con apoyo en los artículos 107, fracción VIII, in fine, de la Constitución Federal, 83, fracción IV, 85, 91 y relativos de la Ley de Amparo y 44, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve: PRIMERO. Quedan intocados el primero y segundo de los puntos resolutivos de la sentencia objeto del recurso. SEGUNDO. En lo que fue materia del recurso se revoca la sentencia que se revisa. TERCERO. Se sobresee el juicio de garantías respecto del acto reclamado consistente en la orden de aprehensión girada por el Juez Primero del Ramo Penal en el expediente 151/89, seguido en contra del hoy quejoso."

QUINTO. El citado Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, en resolución pronunciada por unanimidad de votos el día cinco de noviembre de mil novecientos noventa y uno, en el amparo en revisión civil número 208/91, promovido por José Manuel Castro Esquer y otro, expuso:

"II. Este Tribunal Colegiado estima innecesario transcribir los fundamentos de la sentencia recurrida, así como los agravios que contra los mismos se hacen valer, toda vez que en la especie se actualiza una causa de improcedencia cuyo estudio debe hacerse de oficio por ser ésta una cuestión de orden público. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis jurisprudencial número 940, página 1538 del Tomo Común a las Salas, del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: ‘IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías.’. De la lectura de la demanda de garantías se advierte que los quejosos reclaman del C. Juez Primero del Ramo Civil de Ciudad Obregón, Sonora, diversos actos que fueron transcritos en el resultando primero de esta resolución. Con las copias certificadas existentes en el juicio de amparo número 1117/90-II, del que emana la resolución constitucional impugnada, las cuales constituyen documentos públicos en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y, por tanto, merecen pleno valor probatorio de conformidad con el dispositivo 202 del mismo ordenamiento procesal, se acredita que los diversos actos reclamados fueron pronunciados en distintos juicios ejecutivos mercantiles, los cuales la autoridad responsable registró con los números 1493/90, 1496/90 y 1497/90. De lo anterior se colige que el C. Juez de amparo, al resolver la controversia constitucional, se encontraba ante la presencia de actos desvinculados, es decir, que no guardan conexidad entre sí, aun cuando éstos provienen de la misma autoridad y, por tanto, el a quo estaba impedido jurídicamente para hacer el análisis de dichos actos en un mismo juicio de garantías, pues lo contrario implicaría una violación a lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley de Amparo. En efecto, de conformidad con el artículo 57 de la ley reglamentaria, en los juicios de amparo que se encuentren en trámite ante los Jueces de Distrito, podrá decretarse la acumulación: ‘I. Cuando se trate de juicios promovidos por el mismo quejoso, por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean distintas, siendo diversas las autoridades responsables; II. Cuando se trate de juicios promovidos contra las mismas autoridades, por el mismo acto reclamado, siendo diversos los quejosos, ya sea que éstos hayan intervenido en el negocio o controversia que motivó el amparo o que sean extraños a los mismos.’. Como puede advertirse de la anterior transcripción, el común denominador de las dos hipótesis de acumulación lo es el acto reclamado. De ello se infiere que podrán ser distintas las violaciones, las autoridades responsables, incluso los quejosos, pero no el acto reclamado. Éste tiene que ser el mismo en ambos casos para que proceda la acumulación. Ahora bien, aun cuando el precepto legal invocado no lo establezca en forma expresa, el mismo precepto impide, implícitamente, al juzgador de amparo, resolver en un mismo juicio de garantías respecto de diversos actos reclamados que no derivan, lógicamente, del mismo juicio natural, pues en este supuesto es claro que sí pueden resolverse. En semejante contexto, como en la especie no se surte ninguna de las dos hipótesis comentadas, ya que los actos reclamados por los quejosos, no obstante que provienen de la misma autoridad, son distintos, puesto que emanan de diferentes juicios ejecutivos mercantiles, los cuales fueron registrados con los numerales 1493/90, 1496/90 y 1497/90, ello bastaba para impedir su acumulación; y si esto es así, se arriba a la ineludible conclusión de que tampoco pueden resolverse este tipo de actos en un mismo juicio de garantías, razón por la cual, en el que se resuelve, resulta improcedente de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el numeral 57, ambos de la Ley de Amparo, lo que motiva a revocar la resolución constitucional que se revisa y, en su lugar, decretar el sobreseimiento en el juicio con apoyo en el artículo 74, fracción III, de la ley de la materia. Sobre el particular es aplicable la ejecutoria que este mismo Tribunal Colegiado invocó al resolver, en sesión celebrada el veintisiete de junio de mil novecientos noventa y uno, por unanimidad de votos de los CC. Magistrados Hugo Ricardo Ramos Carreón, José Enrique Moya Chávez y Juan Manuel Arredondo Elías, este último ponente, el amparo en revisión penal número 86/91, quejoso: Carlos Castro Dozal, bajo la voz: ‘ACTOS RECLAMADOS EN UN SOLO AMPARO, DERIVADOS DE JUICIOS DIVERSOS. IMPROCEDENCIA. El juicio de amparo es notoriamente improcedente, cuando con una sola demanda se combatan actos emanados de juicios diversos desvinculados entre sí, ya que en tal caso debe presentarse una demanda por cada uno de dichos actos, a fin de no romper con la técnica procesal del amparo y no hacer nugatorias las disposiciones relativas a la acumulación.’. Por lo expuesto y con apoyo en los artículos 107, fracción VIII, in fine, de la Constitución Federal, 83, fracción IV, 85, 91 y relativos de la Ley de Amparo y 44, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve: PRIMERO. Se revoca la sentencia que se revisa. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de garantías número 1117/91-II, promovido ante el C. Juez Séptimo de Distrito en el Estado, con residencia en Ciudad Obregón, Sonora, por José Manuel Castro Esquer y Luz María Leyva L. de Castro, contra actos del C. Juez Primero del Ramo Civil de aquella ciudad."

SEXTO. El Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito resolvió, por unanimidad de votos, el día veinte de octubre de mil novecientos noventa y tres, el amparo en revisión civil número 205/93, promovido por el Sindicato de Trabajadores del Campo, Agrícolas y Similares del Distrito de Altar, C.T.M. y señaló:

"CUARTO. Resultan infundados los agravios que aduce el recurrente. Sostiene en concreto el promovente, que se violan en su perjuicio los artículos 77, 78, 79 y 80 de la Ley de Amparo, por existir inexacta apreciación de pruebas por parte del Juez a quo, puesto que dicho juzgador estimó improcedente el juicio de amparo, ya que se reclamaban autos de inicio y diligencias de emplazamiento que se verificaron en dos diversos expedientes civiles, olvidando considerar el Juez de Distrito que los argumentos planteados son idénticos y que la única diferencia es que son demandados y montos distintos, por lo que resultó incorrecto que se declarara improcedente el juicio de amparo, ya que conforme al artículo 57 de la Ley de Amparo, la anterior excepción no se contempla, además de que los juicios impugnados están íntimamente relacionados. A fin de una mayor comprensión del asunto, resulta procedente puntualizar, en este apartado, que el sindicato recurrente, ante el Juez Federal, reclamó: Del Juez de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Altar, con sede en Caborca, Sonora, la ilegal orden dictada para emplazar a los terceros perjudicados (foja 2), así como la expedición del acto con efectos de mandamiento en forma y la expedición de la cédula hipotecaria en contra de las Sociedades de Producción Rural de Responsabilidad Ilimitada de Los Cuñados y Santa Lidia, emitidas el siete de mayo de mil novecientos noventa y tres, resultando que ambas sociedades de producción rural se encontraban emplazadas a huelga por el sindicato quejoso, razón por la cual reclamaba también el cumplimiento que del acuerdo impugnado se realizara por el actuario ejecutor. Desprendiéndose de autos (fojas 108-136), y específicamente del informe justificado que rindió el Juez natural, que los acuerdos impugnados se dictaron en dos distintos juicios hipotecarios, siendo éstos los números 978/93 y 977/93, correspondiendo el primero de los mencionados al actor Maceo Peralta Martínez, quien en su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas del Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, antes Sociedad Nacional de Crédito, en la vía hipotecaria demandó de la Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Ilimitada Los Cuñados y otros, el pago de la cantidad de cinco millones trescientos un mil cincuenta y cuatro nuevos pesos, por concepto de suerte ... principal y diversas prestaciones; y por lo que respecta al expediente 977/93, se aprecia que las partes intervinientes lo son el indicado Banco de México, Sociedad Anónima, a través de su apoderado, quien como actor reclama de la Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Ilimitada Santa Lidia y otros, el pago de cinco millones ochocientos cuarenta y cuatro mil sesenta y tres nuevos pesos. Así las cosas, es de decirse, como se apuntó al inicio del considerando, que los agravios expuestos por el recurrente son infundados, atento que de conformidad con lo establecido en el artículo 57 de la Ley de Amparo, procede la acumulación de los juicios de amparo que se encuentran en trámite ante los Jueces de Distrito cuando se trate de juicios promovidos por el mismo quejoso y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean distintas, siendo diversas las autoridades responsables, o bien, cuando se trate de juicios promovidos contra las mismas autoridades, por el mismo acto reclamado, siendo diversos los quejosos, ya sea que éstos haya

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/4515-0f72487e/actos-reclamados-en-un-solo-amparo-derivados-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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