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Modo: Corpus Pro

DOCUMENTAL PÚBLICA CONSISTENTE EN EXPEDIENTES QUE SE ENCUENTRAN EN LOS ARCHIVOS DE LA MISMA JUNTA QUE CONOCE DEL ASUNTO. SU OFRECIMIENTO Y ADMISIÓN DEBEN SATISFACER LOS REQUISITOS LEGALES QUE ESTABLECE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, ATENDIENDO A LOS PRINCIPIOS DE ECONOMÍA Y SENCILLEZ DEL PROCESO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 105/98. · Registro digital (IUS): 5938
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL CUARTO Y SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS DEL SEXTO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Octubre de 1999, , Pág. 304.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 105/98. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL CUARTO Y SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS DEL SEXTO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

SEGUNDO.-El mencionado Cuarto Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, al resolver en el amparo directo número 726/97, promovido por Ferrocarriles Nacionales de México, niega el amparo al quejoso, con apoyo en las consideraciones que en el caso importa destacar, las cuales son del siguiente tenor:

"SÉPTIMO.-Por razón de método, deben de analizarse primeramente los argumentos relativos: a violaciones procesales, pues de resultar fundados éstos, sería innecesario examinar los diversos planteamientos que se exponen en la demanda de garantías, por cuanto hace al fondo del laudo reclamado.-La peticionaria del amparo, en el primero de los conceptos de violación, en concreto, alega que existe una violación al procedimiento laboral que se ajusta a lo previsto por la fracción XI, del artículo 159 de la Ley de Amparo, y que es equiparable a la hipótesis de la fracción III a contrario sensu, porque según dijeron, durante la tramitación del juicio se recibieron pruebas que no fueron legalmente ofrecidas por los actores, como en el caso lo fue la prueba documental pública consistente en el expediente 277/94, que argumentaron se tramitaba ante la propia responsable y pidieron al mismo tiempo se tuviera a la vista al momento de emitir el laudo, y no obstante su objeción, se admitió dicha documental en los términos propuestos, lo que constituye una violación al procedimiento, ya que tratándose de una prueba documental pública como en el caso lo es un expediente laboral, aun cuando se encuentre ante la misma responsable, su ofrecimiento no está eximido de la observancia de las reglas que la ley establece, ya que conforme al artículo 780 de la Ley Federal del Trabajo, las pruebas deben ofrecerse acompañadas de todos los elementos necesarios para su desahogo, y en el caso de pruebas documentales se debe estar a lo previsto en el numeral 803, del mismo ordenamiento legal, esto es, se deben acompañar los documentos que se ofrezcan para que obren en autos.-Que la responsable actuó de motu proprio, pues la ley no le autoriza localizar y estudiar un expediente aun cuando lo tenga en sus archivos, ya que ello rompe el equilibrio procesal entre las partes, pues si bien en el citado expediente los actores fueron parte, es indudable que tienen acceso a él y obtener las copias que estimen necesarias y ofrecerlas en el juicio de origen, observando las reglas que disponen los artículos 795, 803 y 807 de la ley laboral, pero al no hacerlo así, y admitir la prueba, la Junta responsable violó el procedimiento, por existir una causa análoga a las previstas en la fracción III del artículo 159 de la Ley de Amparo, al haber recibido una prueba que no se ofreció conforme a la ley, y por ende solicitan la reposición del procedimiento.-La violación procesal reclamada en caso de existir, debe ser impugnada mediante el presente juicio de amparo directo, ya que de acuerdo con los artículos 158, 159 y 160 de la Ley de Amparo, se obtiene que ésta es la vía idónea para combatir violaciones al procedimiento, y sólo tiene lugar en el caso de los juicios laborales al emitir el laudo que resuelva la controversia, porque es hasta entonces cuando se podrá saber si la admisión de dichas pruebas agravió a una de las partes; en la especie, los hoy quejosos argumentaron que la prueba documental ofrecida por su contraparte, consistente en el expediente 277/94, fue ofrecida y admitida en forma contraria a la ley laboral.-Precisado lo anterior, con la finalidad de determinar si existen o no los hechos en que se hace descansar la citada violación procesal reclamada, que encuadraría en la fracción XI del artículo 159 de la Ley de Amparo, por ser un caso análogo a las diversas fracciones III y VII, conviene referir que a foja cuarenta del expediente natural consta que los actores ofrecieron como documental pública el expediente laboral 277/94, radicado en esa Junta, en el que se encontraban incluidos los trabajadores Juan Ortega Maldonado, Mario Gutiérrez Olvera y Florentino Araos Munguía, expediente en el cual la demandada, Ferrocarriles Nacionales de México, reconoció la relación laboral que existía entre los actores y la propia demandada; de igual modo, en la foja cuarenta y uno del expediente de origen, se evidencia que la Junta responsable acordó tener por admitida la citada prueba documental.-Y del laudo reclamado dentro del presente juicio constitucional se desprende que la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la ciudad de Tlaxcala, una vez que estableció que se fijaba la litis para resolver si los actores tenían derecho a las prestaciones que reclamaban, o bien como lo afirmaba la demandada no procedían, porque con ellos no les unió relación de trabajo alguno, por ende les correspondía a los actores justificar el nexo de trabajo que fue negado por la empresa, por lo que estableció respecto de la prueba documental ofrecida por los actores, que el laudo que se dictó en el referido expediente laboral 277/94, había quedado cumplimentado, con ello implicaba una aceptación tácita de la existencia del elemento distintivo del nexo laboral, entendido éste como el poder jurídico de mando como patrón, correlativo a un deber de obediencia por el trabajador y el pago de un salario como contraprestación por el servicio, lo que se adminiculaba con las diversas probanzas que se ofrecieron al juicio, y tenían el valor de indicio y hacían prueba de que efectivamente se justificaba el nexo de trabajo.-En las relacionadas condiciones, es dable mencionar que a pesar de que existe el hecho en que se hace descansar la violación procesal, dado que la Junta admitió a los terceros perjudicados, como prueba documental, el expediente que se había tramitado ante ella, resulta que no se actualiza dicha violación, puesto que el ofrecimiento de la prueba documental consistente en el expediente laboral 277/94 radicado en esa Junta, fue hecho en tiempo y conforme a derecho, por lo que si al dictar el laudo correspondiente la Junta responsable consideró que con la citada probanza se desprendía el nexo laboral entre la demandada y los actores trabajadores, y que por ello, tenía el alcance probatorio esperado por su oferente, fue porque su ofrecimiento y admisión en modo alguno fue contrario a la ley.-Esto es así, porque el artículo 880 de la Ley Federal del Trabajo, textualmente dispone: ‘Artículo 880. La etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas se desarrollará conforme a las normas siguientes: I. El actor ofrecerá sus pruebas en relación con los hechos controvertidos. Inmediatamente después el demandado ofrecerá sus pruebas y podrá objetar las de su contraparte y aquél a su vez podrá objetar las del demandado. II. Las partes podrán ofrecer nuevas pruebas, siempre que se relacionen con las ofrecidas por la contraparte; y que no se haya cerrado la etapa de ofrecimiento de pruebas. Asimismo, en caso de que el actor necesite ofrecer pruebas relacionadas con hechos desconocidos que se desprendan de la contestación de la demanda, podrá solicitar que la audiencia se suspenda para reanudarse a los diez días siguientes a fin de preparar dentro de este plazo las pruebas correspondientes a tales hechos; III. Las partes deberán ofrecer sus pruebas, observando las disposiciones del capítulo décimo segundo, de este título; y IV. Concluido el ofrecimiento, la Junta resolverá inmediatamente sobre las pruebas que admita y las que deseche.’.-De lo anteriormente transcrito se desprende que existe carga procesal, tanto para las partes del juicio, como para la Junta del conocimiento; es decir, para las partes del juicio su carga procesal consiste en ofrecer las pruebas que a su derecho corresponda aportando los elementos necesarios para su desahogo; esto es, deben precisar en qué consiste el medio probatorio ofrecido, sobre qué deberá versar el mismo (documentos, instalaciones, periodos) y el objeto que se persigue con éste, mientras que a la Junta responsable le corresponde decidir qué pruebas son propias para dirimir la litis, tomar las providencias necesarias para que sean desahogadas las admitidas, en su caso relevar de la carga de la prueba a una parte y atribuírsela a otra, certificar que no existan pruebas pendientes por desahogar y decretar el cierre de la instrucción.-Luego, son infundados los argumentos de la quejosa, pues no existe impedimento legal para que las Juntas responsables admitan aquellas pruebas ofrecidas por las partes, como en el caso lo fue otro expediente diverso al del juicio laboral en que se actúa, siempre y cuando se cumplan los requisitos que para tal efecto establece la ley, tratándose de documentales, pues si bien el artículo 795 y demás relativos a las pruebas documentales de la Ley Federal del Trabajo, establecen ciertas reglas para su desahogo, y en el diverso 803, se contempla la necesidad de que se acompañen los documentos que se ofrecen, ello en modo alguno le resta la posibilidad a las partes del ofrecimiento de la probanza en los términos en que se hizo, ni tampoco quiere decir que la Junta responsable haya obrado de motu proprio, al buscar y analizarla, dado que si no se acompañó dicha probanza, fue por la razón de que se dijo que esa documental se encontraba radicado en la propia Junta, y además el mismo precepto legal faculta a las Juntas, que si se trata de informes o copias que deba expedir alguna autoridad, la Junta deberá solicitarlos directamente, lo que quiere decir que si como en el caso, en la Junta se encontraba el expediente que debía tener a la vista como prueba, es evidente que si el tribunal obrero al momento de emitir el laudo que se reclama, mencionó que tuvo a la vista el citado expediente laboral ofrecido por los actores, su actuación, en modo alguno resulta violatorio del procedimiento, en atención a la facultad que le confiere la ley obrera, en el sentido de apreciar el material probatorio que se le ofrezca y sea admitido.-Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis de jurisprudencia 11/95, que resolvió la contradicción de tesis 27/94, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 179, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del mes de noviembre de mil novecientos noventa y cinco, cuyo rubro dice: ‘CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO, PRESTACIONES DEDUCIDAS DEL. EL TRABAJADOR PUEDE VÁLIDAMENTE ACREDITAR SUS TÉRMINOS CON CUALQUIERA DE LOS ELEMENTOS PROBATORIOS AUTORIZADOS POR LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, INCLUSIVE LA CONFESIÓN FICTA, Y NO SÓLO CON EL DOCUMENTO QUE LO CONTIENE.-De los artículos 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783 y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo, se deduce que las partes en el juicio laboral pueden válidamente ofrecer toda clase de pruebas, con tal de que se refieran a la litis y no sean contrarias a la moral o al derecho, para demostrar los hechos cuya carga les corresponde y que, inclusive, la autoridad tiene facultades para allegarse, de oficio, las que estime pertinentes para acceder a la verdad. Por tanto, cuando el trabajador demanda la efectividad de prestaciones extralegales que se apoyan en un contrato colectivo, pueden probar los términos de éste, no solamente exhibiendo dicho contrato o las cláusulas correspondientes, sino también con cualquier otro elemento probatorio, inclusive con la confesión ficta derivada de la incomparecencia del patrón demandado, si se rinde y aprecia conforme a las disposiciones legales.’.-Sobre la base anterior, se debe decir que en el presente caso, no se actualizó la violación procesal reclamada, en razón a que como se ha precisado con antelación, la responsable, no obstante de que la citada prueba documental ofrecida por los actores, no se acompañó físicamente, ello en modo alguno contravino lo dispuesto en los dispositivos mencionados por los hoy impetrantes de garantías, por las razones anteriores.-En ese orden de ideas, toda vez que resultó infundado el concepto de violación formulado por los impetrantes de garantías, respecto de la violación a las normas del procedimiento, es necesario efectuar el estudio de los demás conceptos de violación que se encuentran orientados a controvertir el fondo del presente asunto.-OCTAVO.-En el segundo concepto de violación, los quejosos aducen esencialmente de que se hizo una indebida apreciación de los hechos, así como una impropia estimación del material probatorio, que resulta contrario a lo establecido en el artículo 841 de la Ley Federal del Trabajo, y consecuentemente violatorio de la garantía de legalidad, pues decide condenarla a pagar las reclamaciones hechas por los accionantes con base en un ilógico e ilegal análisis del material probatorio, ya que la documental pública ofrecida por los actores, en ningún momento se acompañó, y al no hacerlo de esa manera no se le podía dar valor alguno.-Resulta infundado lo anterior, en virtud de que si bien no precisa en qué consistió el material probatorio, también es cierto que si el tribunal obrero responsable condenó a la hoy quejosa, a pagar las reclamaciones hechas por los accionantes, lo hizo en base al análisis del material probatorio que se ofreció en el juicio de origen, esencialmente, con el valor probatorio que le dio a la documental pública consistente en el expediente 277/94, tramitado ante esa propia Junta, con el que se acreditaba el nexo laboral; ello con independencia de que no obre en autos el expediente, pues no existía obligación de parte de los accionantes en ofrecer copias, ya sea certificadas o simples del mismo, pues por existir en la propia Junta, el ofrecimiento en los términos en que se hizo, porque se encontraba radicado ante ella, resultaba más que suficiente para la admisión en los términos propuestos, ya que ésta se ofreció de la manera siguiente: ‘7. La documental pública consistente en el expediente laboral 388/95, radicado en esta Junta Especial y que sigue el actor Nicasio Díaz Meneses en contra de Ferrocarriles Nacionales de México, en la que se encuentran incluidos los actores Juan Ortega Maldonado, Mario Gutiérrez Olvera y Florentino Araos Munguía, y en el que Ferrocarriles Nacionales de México reconoció la relación laboral que existe entre los actores y la propia demandada que absurdamente niega en este juicio; aclarando que el expediente que se ofrece lo es el 277/94, solicitando que de igual manera sea aceptada dicha probanza.’ (foja 43 expediente laboral).-Por otra parte, los peticionarios de garantías aducen que la responsable procede con falta de razón al afirmar que las copias simples de recibos aportados como pruebas por los actores, aun cuando no fueron cotejadas con sus originales, adquieren valor adminiculadas con la documental pública consistente en el expediente laboral número 277/94, lo que es incorrecto dado que no puede adminicularse una probanza con otra que no figure en autos del juicio; refieren también que tampoco es correcto el argumento de la responsable, pues al no haberse cotejado las copias simples ofrecidas por los actores, arrojó de manera indebida la carga de la prueba a la demandada para demostrar las objeciones, con lo que contravino, dicen, lo dispuesto por el artículo 807 de la propia ley laboral; además, indican que los hechos no se apreciaron en conciencia, ni el material probatorio se analizó con lógica en el raciocinio, ni se expuso motivo ni fundamento legal en el que la responsable se hubiera apoyado para darles valor legal.-De lo anteriormente planteado, debe decirse que dichos argumentos resultan también infundados, pues si bien es cierto que dentro del juicio laboral se estableció que mediante las copias fotostáticas de los recibos de cobro aportados por los actores, adminiculados con la documental pública consistente en el expediente laboral número 277/94, se desprendía el nexo laboral de los trabajadores Juan Ortega Maldonado, Mario Gutiérrez Olvera, Florentino Araos Munguía, Rafael Zenteno Arteaga y José Aarón Ignacio Espinoza Pérez, el hecho de que no se haya acompañado el multicitado juicio laboral, en modo alguno indica que no se hayan apreciado los hechos ni se haya dejado de analizar el material probatorio, ni que tampoco se pudiera adminicular ésta, con las otras probanzas, como en el caso lo fueron las copias fotostáticas de los recibos de pago de los actores; incluso, debe decirse que si no se cotejaron fue por causas imputables a la demandada, porque a decir del actuario que practicó la diligencia de cotejo, en esa diligencia, si bien se le pusieron a la vista listas de raya y recibos de pago, de los años de mil novecientos noventa y cuatro y mil novecientos noventa y cinco, de los que no aparecían los nombres de los actores, también lo era que aun cuando no fueron cotejadas con sus originales, pero sí adminiculadas con el expediente 277/94 tenían valor de indicio y hacían prueba plena, en tanto no fueran desvirtuadas, y con mayor razón resultaban tener eficacia probatoria, pues pese a que fueron objetadas por la demandada, y tampoco se cotejaron con sus originales, también era cierto que competía a la demandada la carga de la prueba de su objeción, aspecto que no se cumplió, de allí que sea inexacto se viole lo dispuesto en el artículo 807 de la ley laboral, por lo que con independencia de ello, tratándose de prestaciones extralegales, corresponde la carga de la prueba a la parte trabajadora, es evidente entonces que aquéllos sí acreditaron tales extremos, y por ende la carga de la prueba de su pago correspondía legalmente a la demandada, aquí cabe advertir que deviene inoperante la alegación de la quejosa en el sentido de que no fue correcto que la autoridad, frente a la falta del cotejo de las copias simples ofrecidas por los actores, le arrojara la carga de la prueba a la demandada, en franca contravención a lo dispuesto por el artículo 807 de la ley laboral, pues la impetrante del amparo olvida cuestionar el argumento toral que adujo la Junta para ello, a saber, que las referidas copias simples contenían en su parte superior izquierda el nombre de la empresa, en la parte superior derecha el número de recibo, enseguida el nombre del actor, su registro federal de causantes, su antigüedad, el mes a que se refiere el pago, así como las percepciones y deducciones, de modo que en ese caso, dijo la Junta, correspondía al patrón probar la causa de su objeción y demostrarla, señalando algún vicio que la invalidara, previa su justificación, y resulta que acerca de estas consideraciones nada dijo la quejosa en la demanda; de allí que aquéllas deban permanecer inalterables, dado que no es posible emprender la suplencia de la queja por no permitirlo el artículo 76 bis de la ley de la materia.-Es de señalarse, por otro lado, que si bien le asiste razón a la amparista en el sentido de que la Junta, en el laudo reclamado, no expresó razones ni fundamento legal para darle valor a la documental pública, a nada práctico conduciría conceder el amparo y protección solicitado, para el único efecto de que la Junta responsable expresara los motivos por los que las referidas documentales tienen valor, ya que esto en nada variaría el sentido del fallo."

TERCERO.-Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, al resolver el amparo directo número 116/95, promovido por el Sindicato Unitario de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Puebla, concedió el amparo al quejoso, con apoyo en las consideraciones que en el caso importa destacar, las cuales a continuación se transcriben:

"QUINTO.-Son parcialmente fundados los conceptos de violación.-En el primero y parte del sexto de dichos conceptos, el sindicato quejoso hace valer una violación al procedimiento laboral de origen, argumentando que el acuerdo de trece de enero de mil novecientos noventa y cinco, por el cual la Junta responsable admitió entre otras pruebas, la documental pública ofrecida por los actores también como instrumental de actuaciones, relativa al expediente de registro 4/980, infringe lo dispuesto por los artículos 780 y 803 de la Ley Federal del Trabajo, dado que dejó sin defensa al quejoso porque se admitió sin que los actores aportaran los elementos esenciales para su desahogo y trascendió al resultado del fallo, porque el laudo reclamado se apoyó en esas constancias. También sostiene que las partes deben exhibir los documentos que ofrezcan como pruebas, lo que en el caso no hicieron los actores, sino que únicamente solicitaron que al momento de resolver se tuviera a la vista el expediente 4/980, relativo al registro del sindicato demandado, ahora quejoso, a pesar de que ningún precepto autoriza esa práctica de ‘tener a la vista al momento de laudar’ y por el contrario, el artículo 803 invocado, establece la carga de las partes de acompañar esos documentos. Agrega que la responsable hizo caso omiso de sus objeciones y que aun cuando la parte actora hubiera ofrecido la documental de que se trata como instrumental de actuaciones, debe tenerse en cuenta que según el artículo 836 de la ley de la materia, las Juntas están obligadas a tomar en cuenta sólo las actuaciones que obran en el expediente del juicio; en apoyo de esas aseveraciones invocó la tesis jurisprudencial cuyo rubro dice: ‘PRUEBA DOCUMENTAL, DESECHAMIENTO DE LA.’.-De lo anterior se desprende que el hecho alegado por el sindicato quejoso, efectivamente encuadra en lo dispuesto por el artículo 159 fracción XI de la Ley de Amparo, en relación con la fracción III de esa misma disposición legal, en virtud de que a decir del sindicato aludido se admitieron pruebas de su contraria con infracción de la ley, por lo que, al tratarse de uno de los supuestos en que se consideran violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, procede por razón de orden, entrar a su análisis en primer lugar.-Sobre el tema en cuestión, cabe señalar que el artículo 776 de la Ley Federal del Trabajo, establece que en el procedimiento laboral son admisibles todos los medios de prueba que no sean contrarios a la moral y al derecho, y en especial la documental.-El artículo 780 del mismo ordenamiento legal, indica que las pruebas se ofrecerán acompañadas de todos los elementos necesarios para su desahogo.-A su vez, el artículo 803 de la ley de la materia, precisa que cada parte exhibirá los documentos u objetos que ofrezca como prueba para que obren en autos y que si se trata de informes o copias que deba expedir alguna autoridad, la Junta deberá solicitarlos directamente. El artículo 806 señala que siempre que uno de los litigantes pida copia o testimonio de un documento, pieza o expediente que obre en las oficinas públicas, la parte contraria tendrá derecho de que a su costa, se adicione con lo que crea conducente. El artículo 807 establece que los documentos existentes en el lugar donde se promueva el juicio, que se encuentren en poder de la contraparte, autoridades o terceros, serán objeto de cotejo o compulsa a solicitud de la oferente, por conducto del actuario; y que para que proceda la compulsa o cotejo, deberá exhibirse en la audiencia de ofrecimiento de pruebas, copia del documento que por este medio deba ser perfeccionado.-Finalmente, el artículo 835 establece que la instrumental es el conjunto de actuaciones que obren en el expediente formado con motivo del juicio, y el siguiente artículo 836, precisa que la Junta estará obligada a tomar en cuenta las actuaciones que obren en el expediente del juicio.-Del análisis e interpretación de las disposiciones legales de referencia, se llega a la convicción de que en el procedimiento laboral corresponde a las partes ofrecer las pruebas que a su interés convenga; y específicamente tratándose de la documental, los interesados tienen la carga de allegar a la Junta las constancias respectivas, es decir, deben gestionar ante la autoridad que físicamente las tenga en su poder y no corresponde a las Juntas de Conciliación, recabar pruebas que ofrezcan las partes, salvo en los casos y con las condiciones señaladas en la propia ley; concretamente, el artículo 803 referido establece que las partes han de exhibir los documentos u objetos que ofrezcan como pruebas para que obren en autos y según se vio, si se trata de informes o copias que deba expedir alguna autoridad, en tal caso, la Junta los solicitará directamente; además, el diverso artículo 807 del mismo ordenamiento establece que los documentos existentes en el lugar donde se promueva el juicio, que se encuentren entre otros, en poder de autoridades, serán objeto de cotejo o compulsa a solicitud del oferente, para lo cual deberá exhibirse en la audiencia de ofrecimiento de pruebas, copia de los documentos que por ese medio puedan ser perfeccionados y por último, los citados artículos 835 y 836 de la Ley Federal del Trabajo, señalan que la prueba denominada instrumental de actuaciones, es precisamente el conjunto de actuaciones que obran en el expediente formado con motivo del juicio respecto de lo cual la Junta tiene obligación de tomar en cuenta.-Así las cosas y toda vez que en ninguno de los artículos de referencia se alude al supuesto en que alguna de las partes ofrezca como pruebas la documental pública o instrumental de actuaciones, relativa a un diverso expediente que obre ante la misma Junta del conocimiento, debe concluirse que el interesado debió sujetarse a la regla general prevista en las disposiciones antes relatadas, esto es, solicitar la expedición de copias certificadas a efecto de que de admitirse formaran parte del expediente integrado con motivo del juicio, o bien que exhibiera copias simples solicitando el cotejo, o por lo menos exhibiera copia sellada del escrito por el que hubiera solicitado la expedición de tales copias, para que en el supuesto de que no le fueran entregadas o de que tuviera imposibilidad para recabarlas, fuera la propia Junta quien lo hiciera mandando expedirlas en términos del artículo 803 de la Ley Federal del Trabajo. En efecto, la razón fundamental por la que se considera que el legislador plasmó en la Ley Federal del Trabajo, un capítulo en donde se enumeran las pruebas, se fijan las bases para su admisión, desechamiento, forma de aportarse, desahogo y perfeccionamiento de algunas en caso de incumplirse con lo ahí establecido, es precisamente para que las partes que intervengan en un conflicto laboral y ofrezcan medios de convicción, satisfagan esos extremos y la Junta pueda constatar su observancia, pues de no ser así, debe desecharlas.-En el caso, como bien lo alega el sindicato quejoso, en la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, los actores ofrecieron, entre otras, la documental pública que se hizo consistir en el expediente 4/980, relativo al registro del sindicato demandado y solicitaron se tuviera a la vista al momento de resolver. Pero no cumplieron con la carga de exhibir, al menos en copia, las constancias integrantes de ese expediente. Y si bien esta probanza se ofreció también como instrumental de actuaciones (foja catorce) sin embargo, omitieron aportar a la Junta del conocimiento los elementos necesarios para su desahogo, puesto que no exhibieron las copias certificadas correspondientes ni copias simples de las actuaciones de ese expediente, para que a solicitud del propio interesado se llevara a cabo la compulsa o cotejo, todo ello con la finalidad de que las constancias de ese expediente 4/980, se agregaran al expediente del inicio y así pudieran ser tomadas en cuenta como instrumental de actuaciones.-Dicho de otro modo, ninguna disposición de la Ley Federal del Trabajo, faculta a las Juntas de Conciliación y Arbitraje a traer a la vista documentos no exhibidos por las partes, o no recabados en términos del artículo 803 de la Ley Federal del Trabajo; por el contrario las disposiciones legales citadas con anterioridad permiten establecer que los documentos que como medios de prueba ofrezcan las partes, deben encontrarse agregados al expediente del juicio, pues es claro que el tribunal del conocimiento no pueda resolver con base en constancias o documentos que únicamente se puedan tener a la vista en el momento de dictar el fallo respectivo, dado que toda prueba y principalmente la documental, debe desahogarse integrándose al expediente del juicio, al cual tiene que glosarse.-De acuerdo con lo anterior, la admisión de la prueba documental a que se ha venido haciendo referencia, que la Junta responsable acordó mediante proveído de trece de enero de mil novecientos noventa y cinco, resulta ilegal porque como se ha demostrado con antelación, la parte oferente no proporcionó los elementos necesarios para su desahogo en términos del artículo 780 de la Ley Federal del Trabajo; y esta circunstancia constituye una violación al procedimiento que dejó al sindicato demandado hoy quejoso en estado de indefensión, porque quedó imposibilitado para objetar los documentos mencionados por la parte oferente en forma genérica, tal como lo externó la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial visible en la página 23 del Volumen 90, Quinta Parte de la Séptima Época, que dice: ‘PRUEBA DOCUMENTAL, DESECHAMIENTO DE LA.-Las fracciones IV y V del artículo 760 de la Ley Federal del Trabajo preceptúan que las pruebas al ofrecerse deberán acompañarse de los elementos necesarios para su desahogo; que el oferente exhibirá desde luego los documentos ofrecidos y que si se trata de informes o copias que debe expedir alguna autoridad, el oferente está obligado a indicar los motivos que le impiden obtenerlos directamente. Por lo anterior, quien ofrece una prueba documental le corresponde exhibir los documentos a los cuales tiene acceso; pretender lo contrario, sería tanto como dejar a la contraparte en estado de indefensión, porque estaría imposibilitada para objetar las documentales mencionadas por el oferente en forma genérica. Por tanto,

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5938-a5fdbe6e/documental-publica-consistente-en-expedientes-que-se-encuentran · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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