PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. PUEDE ANALIZARSE EN AMPARO INDIRECTO AUN CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO SE HAYA PRONUNCIADO AL RESPECTO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 56/98. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER Y CUARTO TRIBUNALES COLEGIADOS DEL SEXTO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
SEGUNDO.-El Cuarto Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, al resolver el juicio de amparo en revisión 718/97, promovido por Juan Galeazzi Minutti, consideró lo siguiente:
"QUINTO.-Por otra parte, por lo que hace al agravio relativo a que el Juez de Distrito al emitir la sentencia, no estudió ni resolvió sobre la prescripción de la acción persecutoria a su favor, debe decirse que resulta fundado pero ineficaz tal alegato.-En efecto, el recurrente, en contra de las consideraciones del Juez Federal, vertidas en la sentencia recurrida, por cuanto al pronunciamiento que hizo del concepto de violación relativo a la prescripción de la acción persecutoria, sostiene que debió de aplicar en su favor la prescripción de la acción persecutoria, en términos del artículo 129, fracción I, del Código de Defensa Social, pues el delito de falsificación de documentos, previsto y sancionado por los artículos 250, fracciones III y IV, 251, fracción I, y 252, del Código de Defensa Social para el Estado de Puebla, es instantáneo porque su consumación se agota en el mismo momento en que se realizaron todos sus elementos constitutivos, luego al contarse el plazo para la prescripción de la acción persecutoria a partir del día treinta de agosto de mil novecientos noventa y tres, fecha en que se tuvo por consumado el delito, pues fue el día en que se promovió el juicio ejecutivo mercantil, mediante el cual el pasivo se dio cuenta de la alteración del documento, hasta aquel en que compareció ante el tribunal de la causa a que se le tomara su declaración preparatoria (nueve de mayo de mil novecientos noventa y siete), transcurrieron los tres años, de estar sustraído a la acción de la justicia, circunstancia que evidencia que ha prescrito la acción persecutoria y por consiguiente se le debe dictar auto de libertad por el delito que se le acusa.-Por su parte, el Juez Federal, al emitir la sentencia que se combate, únicamente se ocupó de analizar lo relativo al acto reclamado consistente en el auto de formal prisión que dictó el Juez Tercero de Defensa Social de la ciudad de Puebla, dentro de la causa penal 65/97, sin que analizara lo relativo al concepto de violación que esgrimió el quejoso respecto a la prescripción de la acción persecutoria, ya que de dicho aspecto estimó ‘... que sólo exige para esta clase de resoluciones que aparezcan datos suficientes que acrediten los elementos del tipo penal del delito que se impute al detenido y que hagan probable su responsabilidad en su comisión, por lo que reunidos tales requisitos si se pretendiera declarar su inconstitucionalidad por el solo hecho de haber transcurrido el tiempo para la prescripción de la acción persecutoria, sin previamente mediar gestión alguna del interesado alegando ante el propio Juez de los autos que había operado la prescripción de la acción persecutoria, ello no resulta jurídico, ya que el acto reclamado debe analizarse como aparezca probado ante la responsable de conformidad con el artículo 78, de la Ley de Amparo’; determinación que no resulta incorrecta, si atendemos a que si bien es cierto que el Juez de Distrito omitió analizar la prescripción de la acción persecutoria, ello no constituye una violación procesal, porque el Juez del amparo se encontraba impedido legalmente para analizar lo relativo a la figura jurídica de la prescripción de la acción persecutoria, ya que las autoridades facultadas para dilucidar si en el caso había prescrito o no la acción persecutoria son los tribunales de instancia y no los de amparo; de allí que este órgano colegiado se encuentre impedido para analizar la prescripción de que se habla, ya que de hacerlo se sustituiría en las facultades propias de los tribunales de instancia, toda vez que son éstos los que cuentan con las facultades necesarias para analizar la cuestión de la prescripción, y si el hoy recurrente no hizo valer el derecho que le asiste ante el Juez de la causa, dado que de las constancias del proceso 66/97, no obra indicio alguno que demuestre gestión en tal sentido, resulta obvio que los tribunales de amparo, no pueden analizar una cuestión como la que hoy nos ocupa, cuando no existe resolución de por medio para advertir en ella si se violaron o no las garantías individuales del inconforme, ya que de haber obrado resolución en tal sentido, sería la excepción a la regla para que los órganos de control constitucional analizaran las violaciones; por ende, al no advertirse que el hoy inconforme haya hecho valer la prescripción de la acción persecutoria en su favor ante los tribunales de instancia y que éstos hayan resuelto sobre el particular, ello impidió que el Juez Federal analizara la prescripción, como tampoco lo puede hacer este cuerpo colegiado, en virtud de que como ya se dijo, no fue planteado con antelación ante la autoridad competente.-Así las cosas, con independencia de que el recurrente no gestionó ante el tribunal de la causa la prescripción de la acción persecutoria, el Juez responsable, cuando resolvió la situación jurídica, soslayó una de las formalidades previstas en el artículo 211 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social, concretamente la fracción IV que dice: ‘Artículo 211. Ninguna detención podrá exceder del término de setenta y dos horas, contando desde que el indiciado sea puesto a disposición del Juez, sin que se justifique con auto de formal prisión, el cual sólo podrá determinarse cuando aparezcan reunidos los requisitos siguientes: ... IV. Que no concurra en favor del indiciado alguna causa excluyente de responsabilidad o que extinga la acción persecutoria.’.-Del análisis de la citada hipótesis se advierte que el Juez de la causa no examinó, entre otras cosas, el día en que se cometió el delito (treinta de agosto de mil novecientos noventa y tres) y que éste fue consumado en el mismo momento en que se realizaron todos sus elementos constitutivos, por tratarse de un delito instantáneo, ya que se consuma en el momento en que se ejecuta el hecho en que consiste, esto es, la alteración de carácter material que se hace en el documento verdadero, como fue el alterar una fecha, como tampoco observó la responsable, el plazo para la prescripción de la acción persecutoria de conformidad con los artículos 129, fracción I, 130 y 131, del Código de Defensa Social para el Estado de Puebla, disposiciones que dicen lo siguiente: ‘Artículo 129. El plazo para la prescripción de la acción persecutoria se contará: fracción I. A partir del día en que se cometió el delito si fuere consumado ...’, ‘Artículo 130. La acción persecutoria prescribe en un año, si el delito sólo mereciere multa; pero si el delito se sanciona con multa o prisión, con pena alternativa o sanción corporal y alguna otra accesoria, se atenderá en todo caso a la prescripción de la sanción corporal.’, ‘Artículo 131. La acción persecutoria prescribe en un plazo igual al máximo de la sanción corporal que corresponda al delito; pero no será menor de tres años para los delitos que se persiguen de oficio.’. Luego entonces, atento al artículo 211, fracción IV, del referido código, el Juez de la causa, al dictar el auto de formal prisión debió examinar de oficio la extinción de la acción persecutoria, y no únicamente cuando haya mediado gestión expresa del interesado; de ahí que tal situación debió apreciarla el Juez responsable y si no lo hizo así, resulta violatoria de la garantía de legalidad, el auto de bien preso combatido. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 25, visible en la página 40, Segunda Parte del Semanario Judicial de la Federación de 1917-1988, que dice: ‘ACCIÓN PENAL. PRESCRIPCIÓN DE LA.-La prescripción producirá sus efectos aunque no lo alegue como excepción el acusado, los Jueces la suplirán de oficio en todo caso, tan luego cuando tengan conocimiento de ella, sea cual fuere el estado del proceso.’.-Las consideraciones que preceden conducen a revocar la sentencia sujeta a revisión y conceder el amparo solicitado para el efecto de que se deje insubsistente el auto de formal prisión combatido, y en su lugar, la responsable dicte una nueva resolución en la que siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria, analice con plenitud de jurisdicción la procedencia de la extinción de la acción persecutoria, de conformidad con el artículo 211, fracción IV, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, y dependiendo de su resultado resuelva la situación jurídica del quejoso como en derecho corresponda.".
TERCERO.-El Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, en la resolución dictada en el amparo número 716/97, interpuesto por María Alejandra Ramírez Romero, estimó en su parte considerativa lo siguiente:
"CUARTO.-Por ser una cuestión previa, de conformidad con lo establecido en el artículo 183, de la Ley de Amparo, este Tribunal Colegiado analizará el agravio en el que la quejosa María Alejandra Ramírez Romero, plantea la prescripción de la acción persecutoria.-El citado artículo 183 de la Ley de Amparo estatuye: ‘Cuando el quejoso alegue entre las violaciones de fondo, en asuntos del orden penal, la extinción de la acción persecutoria, el tribunal de amparo deberá estudiarla de preferencia; en el caso de que la estime fundada, o cuando, por no haberla alegado el quejoso, considere que debe suplirse la deficiencia de la queja, conforme al artículo 76 bis, se abstendrá de entrar al estudio de las otras violaciones. Si encontrare infundada dicha violación, entrará al examen de las demás violaciones.’.-Cabe mencionar que si bien el precepto legal antes transcrito, se ubica dentro del título tercero de la Ley de Amparo, relativo a los juicios de amparo directo, sin embargo, este Tribunal Colegiado considera que atendiendo al principio general de derecho que dice que donde existe la misma razón, debe existir la misma disposición, dicho precepto, al ser en beneficio del quejoso, debe aplicarse también tratándose de los juicios de amparo indirecto en que se reclame un auto de formal prisión, sobre todo si se toma en cuenta que de conformidad con el artículo 211, fracción IV, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social en el Estado, el auto de formal prisión no podrá dictarse si concurre en favor del indiciado alguna causa que extinga la acción persecutoria.-Lo anterior corrobora que en el amparo se promueva contra el auto de formal prisión, el quejoso válidamente puede plantear como violación, que dicho auto se dictó a pesar de encontrarse prescrita la acción penal y el Juez de amparo debe estudiar tal cuestión.-En el caso, de las constancias existentes en el proceso de origen, se deduce que la conducta típica que se imputa a la procesada Alejandra Ramírez Romero, es la de haber vendido un inmueble que sabía no era de su propiedad, y haber recibido la cantidad de tres mil quinientos pesos, cero centavos, por dicha venta.-Ahora bien, en su escrito de denuncia, presentado el seis de agosto de mil novecientos noventa y seis, la agraviada Nora Hernández Lagunez, manifestó que fue el día dos de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, cuando celebró con la procesada Alejandra Ramírez Romero, un contrato de compraventa, respecto de una fracción del predio ubicado en la calle Ciento Cuatro Oriente, número once, de la colonia bosques de Santa Anita, de la ciudad de Puebla, fecha en la cual dicha procesada recibió el cincuenta por ciento del precio convenido; asimismo, anexó a tal denuncia el referido contrato que se encuentra suscrito por la denunciante, la procesada y dos testigos.-Al respecto, cabe señalar que el artículo 133 del Código de Defensa Social para el Estado, estatuye: ‘La acción persecutoria que nazca de un delito, sea o no continuo, que sólo pueda perseguirse por querella de parte, prescribirá en dos años, a partir de la consumación o primer acto de ejecución. Satisfecho el requisito inicial de la querella, para la prescripción de la acción se observarán las demás reglas señaladas por este código, para tal efecto.’.-De lo antes expuesto se deduce que en el caso a estudio, la conducta típica que se atribuye a la quejosa María Alejandra Ramírez Romero, se consumó el día dos de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, que fue la fecha en que vendió a la querellante Nora Hernández Lagunez, el referido inmueble a sabiendas que no tenía derecho para hacerlo. Consecuentemente, si esta persona presentó su escrito de querella el seis de agosto de mil novecientos noventa y seis, es evidente que para esta fecha la acción persecutoria se encontraba prescrita, pues ya habían transcurrido más de dos años.-En tales condiciones, es evidente que el auto de formal prisión reclamado resulta violatorio de garantías individuales de la quejosa, por lo que lo procedente es modificar la sentencia recurrida y conceder a la quejosa el amparo y protección que solicita. Tiene aplicación al caso la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible a foja 633, del Tomo IV, agosto de 1996, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, que este Tribunal Colegiado comparte y que dice: ‘AUTO DE FORMAL PRISIÓN. ILEGALIDAD DEL, CUANDO LA ACCIÓN PERSECUTORIA DEL DELITO SE ENCUENTRA PRESCRITA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).-De la interpretación armónica de los artículos 19 constitucional, 211 y 212 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, se deduce que el auto de formal prisión sólo podrá decretarse cuando se encuentren reunidos los elementos que acrediten el tipo penal y existan datos que hagan probable la responsabilidad del inculpado y no concurra en favor del indiciado alguna causa excluyente de responsabilidad o que extinga la acción persecutoria; por tanto, si en la causa penal se dicta auto de formal procesamiento por un delito respecto del cual ha operado la prescripción de la acción penal, tal auto es ilegal y por consecuencia es violatorio de garantías individuales en perjuicio del quejoso, pues en esa hipótesis existe un obstáculo legal para el ejercicio de la acción penal y por ende para dictar el auto de formal prisión.’.-Finalmente, debe decirse que resulta innecesario el estudio de los agravios que expresa el Juez Tercero de lo Penal de esta ciudad, ya que los mismos tienen relación con el fondo del asunto, mismo que resulta innecesario analizar, toda vez que, según quedó precisado se encuentra prescrita la acción persecutoria."
CUARTO.-Existe contradicción de criterios, pues los tribunales involucrados, al conocer de los asuntos que fueron descritos, analizaron cuestiones semejantes, tomaron en cuenta los mismos elementos y, al resolver, llegaron a conclusiones opuestas.
Así es, el Cuarto Tribunal Colegiado del Sexto Circuito sostiene que cuando en un juicio de garantías se impugne la legalidad de un auto de formal prisión, el juzgador no tiene el deber de analizar la prescripción de la acción penal, si ésta no se propuso ante la autoridad responsable, pues en términos del artículo 78 de la Ley de Amparo, el acto reclamado debe analizarse tal como aparezca probado ante ella.
El Tercer Tribunal Colegiado del mismo circuito, sostiene, en cambio, algo distinto:
"En el amparo que se promueva contra un auto de formal prisión, el quejoso puede válidamente plantear como violación que dicho auto se dictó a pesar de encontrarse prescrita la acción penal y el Juez Federal debe estudiar tal cuestión, aun cuando no se haya planteado ante la autoridad responsable; esto es así, tomando en cuenta lo dispuesto por el artículo 183 de la Ley de Amparo, que aunque se ubica en el capítulo tercero, relativo a los juicios de amparo directo, atendiendo al principio general de derecho que dice que donde existe la misma razón debe existir la misma disposición, al ser benéfico para el quejoso lo dispuesto en dicho precepto, debe aplicarse también, tratándose de los juicios de amparo indirecto en que se reclame un auto de formal prisión."
Así, es claro que existe contradicción de tesis, pues en ambos casos el problema jurídico es el mismo, y las posturas sustentadas son opuestas; por ello, lo procedente es determinar cuál de los criterios es el correcto.
Esta consideración encuentra apoyo en la siguiente tesis de jurisprudencia:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. REQUISITOS PARA LA PROCEDENCIA DE LA DENUNCIA.-Es verdad que en el artículo 107, fracción XIII, de la Constitución y dentro de la Ley de Amparo, no existe disposición que establezca como presupuesto de la procedencia de la denuncia de contradicción de tesis, la relativa a que ésta emane necesariamente de juicios de idéntica naturaleza, sin embargo, es la interpretación que tanto la doctrina como esta Suprema Corte han dado a las disposiciones que regulan dicha figura, las que sí han considerado que para que exista materia a dilucidar sobre cuál criterio debe prevalecer, debe existir, cuando menos formalmente, la oposición de criterios jurídicos en los que se controvierta la misma cuestión. Esto es, para que se surta su procedencia, la contradicción denunciada debe referirse a las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas vertidas dentro de la parte considerativa de las sentencias respectivas, que son las que constituyen precisamente las tesis que se sustentan por los órganos jurisdiccionales. No basta, pues, que existan ciertas o determinadas contradicciones si éstas sólo se dan en aspectos accidentales o meramente secundarios dentro de los fallos que originan la denuncia, sino que la oposición debe darse en la sustancia del problema jurídico debatido; por lo que será la naturaleza del problema, situación o negocio jurídico analizado, la que determine materialmente la contradicción de tesis que hace necesaria la decisión o pronunciamiento del órgano competente para establecer el criterio prevaleciente, con carácter de tesis de jurisprudencia." (Octava Época, Tercera Sala, Semanario Judicial de la Federación, Tomo IV, Primera Parte, tesis CLXXIV/89, página 219).
QUINTO.-Debe prevalecer la tesis sustentada por esta Sala, que coincide con la sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito.
Esto es, la prescripción de la acción penal puede analizarse en el amparo indirecto que se promueva en contra de un auto de formal prisión, aun cuando la autoridad responsable no se haya pronunciado al respecto.
Tal conclusión se sustenta en lo siguiente:
Los artículos 76 bis, fracción II, y 78 de la Ley de Amparo textualmente disponen:
"76 bis. Las autoridades que conozcan del juicio de amparo deberán suplir la deficiencia de los conceptos de violación de la demanda, así como la de los agravios formulados en los recursos que esta ley establece, conforme a lo siguiente:
"...
"II. En materia penal, la suplencia operará aun ante la ausencia de conceptos de violación o de agravios del reo."
"78. En las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable, y no se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad para comprobar los hechos que motivaron o fueron objeto de la resolución reclamada.
"En las propias sentencias sólo se tomarán en consideración las pruebas que justifiquen la existencia del acto reclamado y su constitucionalidad o inconstitucionalidad.
"El Juez de amparo deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto."
En el juicio de amparo, en general, el juzgador tiene la obligación de revisar la legalidad de los actos reclamados; este examen puede realizarse bajo diversos aspectos: competencia, requisitos de procedibilidad, extinción de la acción, etc.
En el juicio de amparo en materia penal, en particular, al hacer ese examen, el Juez tiene el deber de suplir la deficiencia de la queja; es decir, de corregir los errores en la cita de preceptos y de intervenir de oficio en el análisis de la demanda, haciendo valer los argumentos que a su juicio sean necesarios o conduzcan al conocimiento de la verdad.
La suplencia de la queja en esta materia es tan amplia que, por disposición de la ley, opera aun ante la ausencia de conceptos de violación o de agravios. De ahí que, en debido cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional tenga la obligación, no sólo de estudiar los argumentos que le fueron propuestos, sino, incluso, de introducir oficiosamente aquellos que a su juicio lo conduzcan a la verdad legal.
Tal es el caso del planteamiento de prescripción de la acción penal, que bien pudo hacerse valer ante la autoridad responsable, o proponerse hasta la presentación del juicio de amparo; en cualquier hipótesis, el Juez de Distrito tiene el deber de analizarlo, como parte del examen de la legalidad del acto reclamado.
Este proceder en modo alguno constituye una sustitución del juzgador en un caso no autorizado por la ley, ni pugna con lo dispuesto por el artículo 78 de la Ley de Amparo. Se trata únicamente del ejercicio de las particulares atribuciones que en materia penal le corresponden.
Así es, el artículo 78 antes transcrito sólo lo obliga a apreciar el acto reclamado tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable; es decir, a no allegarse de más pruebas que le permitan conocer los hechos, que de aquellas que hubiere tenido la autoridad antes de emitir el acto. El estudio de la prescripción de la acción penal (contrariamente a lo que interpreta uno de los Tribunales Colegiados de Circuito) no implica el valorar pruebas ajenas a las que consideró el Juez al dictar el auto de formal prisión, ni a considerar elementos que éste no tuvo en cuenta al momento de pronunciarse.
Esto resulta más claro si se atiende a lo dispuesto por el artículo 211 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado de Puebla que, entre otras cosas, dispone lo siguiente:
"211. Ninguna detención podrá exceder del término de 72 horas contando desde que el indiciado sea puesto a disposición del Juez, sin que se justifique con un auto de formal prisión, el cual sólo podrá determinarse cuando aparezcan reunidos los requisitos siguientes:
"...
"IV. Que no concurra en favor del indiciado alguna causa excluyente de responsabilidad o que extinga la acción persecutoria."
De acuerdo con esta norma, el Juez, al dictar el auto de formal prisión, debe considerar, entre otros aspectos, que la acción persecutoria no se haya extinguido.
Tal consideración no necesariamente quedará plasmada en el acuerdo que pronuncie, pues si estima que no existen elementos que extingan la acción persecutoria, ni se propuso por el reo planteamiento alguno al respecto, no habrá necesidad de motivar su conclusión, ya que el hecho de que no declare extinta la acción evidencia que, a su juicio, no se presenta ninguna de las circunstancias a que se refiere la fracción IV del artículo invocado, resultando ocioso mencionarlo.
Luego, si el quejoso, al promover el juicio de garantías, propone ante el Juez que la acción se encontraba prescrita y así debió considerarlo la autoridad responsable, tal argumento debe ser considerado en la sentencia y, de no proceder de ese modo, es claro que se habrá cometido en contra del recurrente una violación de naturaleza formal, que obliga al Tribunal Colegiado a subsanarla, analizando tal concepto.
Existe una razón más para sustentar este criterio.
En tratándose de amparo directo, la propia ley de la materia establece, en el artículo 183 lo siguiente:
"183. Cuando el quejoso alegue entre las violaciones de fondo, en asuntos del orden penal, la extinción de la acción persecutoria, el tribunal de amparo deberá estudiarla de preferencia; en el caso de que la estime fundada, o cuando, por no haberla alegado el quejoso, considere que debe suplirse la deficiencia de la queja, conforme al artículo 76 bis, se abstendrá de entrar al estudio de las otras violaciones. Si encontrare infundada dicha violación, entrará al examen de las demás violaciones."
Véase que la ley exige que el tribunal de amparo supla la deficiencia de la queja, cuando estando prescrita la acción penal el quejoso no la alegue.
Habiendo similar disposición en el amparo indirecto (artículo 76 bis) y la misma razón jurídica, es claro que el Juez tiene el deber de analizar ese tema, sobre todo si el promovente lo hizo valer y las constancias en que se apoya el acto reclamado son aptas para tal examen.
Ilustra esta consideración la tesis de jurisprudencia que enseguida se reproduce con sus datos de consulta:
"PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL Y SUPLENCIA DE LA QUEJA.-Si de acuerdo con el artículo 183 de la Ley de Amparo, esta Primera Sala debe suplir la deficiencia de la queja cuando estando prescrita la acción penal el quejoso no la alega, por la misma razón jurídica debe considerar la extinción de la acción persecutoria cuando, aducida en la apelación, la responsable deja de estudiarla. Es decir, en puridad, esta Sala siempre debe estudiar, como presupuesto de las violaciones de fondo que se invocan, si la acción penal está o no prescrita, pero si, como sucede en la infinita mayoría de asuntos, el quejoso no la argumenta como concepto de violación y además no existe tal prescripción, resultaría ocioso hacer relación de ella. Como consecuencia, no es el caso de que se conceda el amparo para el efecto de que la responsable estudiara la prescripción, en virtud de que como se ha dicho, esta Suprema Corte de Justicia, por imperativa del artículo 183 mencionado, tiene la obligación preferente de resolver la citada prescripción tratándose de la acción penal." (Séptima Época, Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación, Tomo 5, Segunda Parte, página 43).
Así, como conclusión de todo lo antes dicho, el criterio que debe prevalecer es el que sustenta esta Primera Sala, resumido en la siguiente tesis jurisprudencial:
-El Juez de Distrito tiene la obligación de analizar la legalidad del acto reclamado, tomando en cuenta diversos aspectos: competencia de la autoridad, requisitos de procedibilidad, causas de extinción de la acción penal, etc. Esta obligación es más intensa tratándose del juicio de garantías en materia penal, pues el artículo 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo, previene la suplencia total de la queja en beneficio del reo, aun ante la ausencia de conceptos de violación. De ahí que cuando en la demanda de garantías el quejoso haga valer como concepto de violación en contra del auto de formal prisión reclamado, que la acción penal se encontraba prescrita, el juzgador tiene el deber de estudiar tal argumento, a pesar de que no se le hubiera propuesto a la autoridad responsable. Tal proceder, en modo alguno puede estimarse como una indebida sustitución del Juez, o infracción a lo dispuesto por el artículo 78 de la Ley de Amparo, pues este precepto sólo lo obliga a apreciar el acto reclamado tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable; esto es, a no allegarse más pruebas que le permitan conocer los hechos, que aquellas que formen parte de la averiguación previa, o que hayan sido admitidas por la autoridad responsable. Por otra parte, en relación al amparo directo, la propia ley de la materia, en su artículo 183, exige que el tribunal supla la deficiencia de la queja cuando estando prescrita la acción penal el quejoso no la alegue; al existir la misma razón jurídica en el amparo indirecto, no hay obstáculo para realizar su estudio, sobre todo si lo alega el quejoso y las constancias en que se apoya el acto reclamado son aptas y suficientes para dicho examen.
Por lo expuesto y fundado, es de resolverse y se resuelve:
PRIMERO.-Sí existe contradicción entre las tesis sostenidas por los Tribunales Tercero y Cuarto del Sexto Circuito.
SEGUNDO.-Debe prevalecer el criterio sustentado por esta Sala.
TERCERO.-Remítase de inmediato la tesis de jurisprudencia a la Coordinación General de Compilación y Sistematización de Tesis para su publicación, a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tribunales Colegiados de Circuito y Jueces de Distrito.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos al lugar de su origen y, en su oportunidad archívese el toca.
Así, lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: Juventino V. Castro y Castro, José de Jesús Gudiño Pelayo (ponente), Juan N. Silva Meza, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y presidente Humberto Román Palacios.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5614-9f4e6417/prescripcion-de-la-accion-penal-puede-analizarse-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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