SUSPENSIÓN DE PAGOS. EXISTIENDO SENTENCIA QUE LA DECLARE, PROCEDE SUSPENDER EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL PROMOVIDO PARA OBTENER EL PAGO DE UN CRÉDITO CON GARANTÍA PRENDARIA, PORQUE ÉSTE NO SE UBICA EN LOS CASOS DE EXCEPCIÓN PREVISTOS POR EL ARTÍCULO 409 DE LA LEY DE QUIEBRAS Y SUSPENSIÓN DE PAGOS.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 78/96. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO Y PRIMER TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS DEL QUINTO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
SEGUNDO.-El Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, al resolver el amparo en revisión 233/96 promovido por Banpaís, Sociedad Anónima, sustentó el siguiente criterio:
"CUARTO.-Son infundados los agravios hechos valer.-En efecto, contrario a lo aducido por la recurrente, estuvo en lo correcto el Juez de Distrito al considerar en la sentencia reclamada que al haber elegido la accionante la vía ejecutiva mercantil para demandar a la suspensa Teresita su Tintorería, Sociedad Anónima de Capital Variable, ahora tercera perjudicada, el cumplimiento forzoso del contrato de apertura de crédito para la adquisición de un bien de consumo duradero y el pago de las cantidades de dinero que se precisan en los incisos a), b), c), d), e) y f) del escrito inicial de demanda que dio origen al juicio ejecutivo mercantil número 266/96 (fojas cincuenta y cinco a sesenta y dos del juicio de amparo que se revisa) sin ejercitar el derecho real que con motivo de la garantía prendaria se constituyó en el referido contrato respecto del bien adquirido; dicho juicio ejecutivo mercantil no se ubica en el supuesto de excepción previsto en el artículo 409 de la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos para los créditos con garantía real, por lo cual le es aplicable la regla general establecida en el citado numeral en relación con el 408 de la invocada ley, en el sentido de que mientras dure el procedimiento de suspensión de pagos, ningún crédito constituido con anterioridad podrá ser exigible al deudor, ni éste podrá pagarlo y quedarán en suspenso los juicios contra el deudor que tengan por objeto reclamar el cumplimiento de una obligación patrimonial.-Esa determinación del a quo es correcta, porque como acertadamente estableció en la sentencia recurrida, la peticionaria de garantías no puede válidamente variar la naturaleza y procedimiento del juicio ejecutivo mercantil; cuya técnica procesal implica que se requiera a la demandada para que en el momento de la diligencia respectiva haga el pago de las cantidades que se le reclaman, y en su defecto señale bienes de su propiedad suficientes para cubrir lo adeudado, y en caso de que no lo haga, el señalamiento lo realice la parte actora; pero de ninguna manera el procedimiento de referencia está dirigido a ejercitar el derecho real derivado de la garantía real consistente en la prenda constituida sobre el bien adquirido con el producto del contrato de crédito exhibido como base de la acción en el juicio ejecutivo mercantil de que se trata.-Contrario a lo expresado en los agravios, esa consideración del juzgador no es una apreciación subjetiva, sino que se apoya en las constancias que obran en el juicio de amparo que se revisa, concretamente, en el escrito inicial de demanda de fecha diecinueve de febrero de mil novecientos noventa y seis, relativo al juicio ejecutivo mercantil del que derivó el acto reclamado, que en copia certificada obra a fojas cincuenta y cinco a sesenta y dos del mencionado juicio de amparo, del que se advierte que la ahora recurrente ninguna referencia hizo a la prenda establecida sobre el bien adquirido con el contrato de crédito que acompañó como base de la acción; y en el auto de ejecución dictado el veintisiete de febrero de mil novecientos noventa y seis por el Juez responsable, en el que ordenó requerir a la ahora tercera perjudicada por el pago de las cantidades señaladas en la demanda de referencia, y el embargo en bienes de su propiedad suficientes para cubrir lo adeudado, según se desprende de la copia certificada del propio auto que corre agregada a fojas ochenta del juicio de amparo.-Es oportuno señalar que el privilegio que da la ley a los acreedores con garantía real para no entrar al concurso, no puede extenderse a otros bienes que indudablemente están afectados a la garantía general de los créditos a cargo del concurso de acreedores, de modo que si en la especie el acreedor prendario no hizo uso de su privilegio e inició sólo acción personal sin perseguir el bien afectado con la prenda, no puede válidamente hacer extensivo dicho privilegio de no acumulabilidad para cubrir su crédito con bienes secuestrados con motivo de la vía ejecutiva mercantil intentada, puesto que ello entrañaría un privilegio injustificado, con detrimento de los intereses de los demás acreedores, quienes tienen a su favor la garantía general de los bienes de la suspensa.-En esas condiciones, al haber tomado en cuenta el Juez de Distrito la naturaleza de la acción ejercitada en el juicio natural por la peticionaria de garantías, y la vía que intentó, para considerar infundados los conceptos de violación hechos valer, no causa a la recurrente el agravio que por esos motivos delata. Y resulta también inexacto que el juzgador no haya apreciado el acto reclamado en la forma en que resultó probado, como infundadamente se aduce en el escrito de expresión de agravios.-Por otra parte, si bien de conformidad con lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley de Instituciones de Crédito: ‘Cuando el crédito tenga garantía real, el acreedor podrá ejercitar sus acciones en juicio ejecutivo mercantil, ordinario, o el que en su caso corresponda, conservando la garantía real y su preferencia aun cuando los bienes gravados se señalen para la práctica de la ejecución.’; lo cierto es que en la especie la ahora recurrente no ha perdido la garantía establecida sobre el bien de consumo duradero adquirido con motivo del contrato de crédito base de la acción ejercitada en el juicio natural, pues como acertadamente lo consideró el Juez de Distrito en la sentencia impugnada, la suspensión del procedimiento en dicho juicio, que no implica improcedencia, no causa a la accionante perjuicio alguno en sus derechos, toda vez que la garantía real la conserva y puede hacerla valer en todo momento, e incluso concurrir a la junta de acreedores en el juicio que ordena la suspensión de pagos; tomando en cuenta que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 126 y 127 de la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos, incluso los créditos hipotecarios o prendarios, cuya tramitación individual autoriza la citada ley, una vez que cause ejecutoria la sentencia definitiva, se acumularán a la quiebra para los efectos de la graduación y pago; por lo cual la sentencia recurrida no resulta violatoria de dichos preceptos legales, como infundadamente aduce la inconforme.-En esas condiciones, no le asiste la razón a la recurrente argumentar que el Juez de Distrito hizo una indebida interpretación y aplicación de las tesis de los tribunales federales invocados en apoyo de las consideraciones en que se sustenta la sentencia impugnada, y tampoco resulta violatorio de garantías en perjuicio de la accionante lo dispuesto en el artículo 409 de la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos, al autorizar la suspensión del juicio ejecutivo mercantil ordenada en el acto reclamado; y al haberlo determinado así el Juez de Distrito en la sentencia recurrida, no incurrió en el agravio que por ese motivo infundadamente se hizo valer.-Es aplicable a las anteriores consideraciones, en lo conducente, la vigésima primera tesis relacionada con la tesis de jurisprudencia número mil quinientos cincuenta y tres, visible en la página dos mil cuatrocientos ochenta de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación mil novecientos diecisiete-mil novecientos ochenta y ocho, que dice: ‘QUIEBRAS, JUICIOS ACUMULABLES A LAS, AUNQUE SE RECLAME EL IMPORTE DE UNA HIPOTECA.-El privilegio que da la ley a los acreedores hipotecarios, para no entrar al concurso, al cobrar sus créditos, no puede extenderse a otros bienes que indudablemente están afectados a la garantía general de los créditos a cargo del concurso, de modo que si el acreedor hipotecario no hace uso de su privilegio e inicia sólo acción personal sin perseguir el bien afectado con la hipoteca, no puede hacer extensivo dicho privilegio de no acumulabilidad, para cubrir su crédito extraquiebra, con los bienes secuestrados con motivo de la acción intentada, puesto que esto entrañaría un privilegio injustificado, con detrimento de los intereses de los demás acreedores, quienes tienen, a su favor, la garantía general de los bienes del concursado.’.-Es también aplicable, por analogía, el criterio sustentado por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo LXI, página tres mil doscientos cuatro, que dice:-‘QUIEBRAS, JUICIOS ACUMULABLES A LAS, AUNQUE SE RECLAME EL IMPORTE DE UNA HIPOTECA.-El juicio ejecutivo mercantil, promovido contra una persona declarada en quiebra, no está exceptuado de la acumulación, si en él se deduce exclusivamente la acción personal de pago, derivada de un contrato de mutuo, prescindiéndose de la acción real de hipoteca con que estaba garantizado dicho contrato, acción que no se ejercita, renunciándose a todos los derechos y beneficios que la ley confiere, para el ejercicio de esta clase de acciones; no pugna esta conclusión con el principio legal de que el acreedor hipotecario no entra en el concurso, porque en este caso, la acumulabilidad se surte respecto de los bienes embargados, que sean distintos del hipotecado, sobre los que no existe preferencia determinada pero el acreedor hipotecario conserva, en su condición de tal, el derecho de ser pagado fuera de concurso, con el inmueble objeto de la garantía real, si aquéllos no bastaran. Además, no hay incompatibilidad entre que dicha persona sea acreedora hipotecaria y pueda ser pagado con el bien hipotecado, precisamente fuera de concurso, y en que se acumule a éste un juicio en que no se hace valer la hipoteca, sino en que persiguió el pago, asegurando bienes diferentes, respecto de los cuales no hay razón para la exclusión, pues constituyen la prenda general de los acreedores, pero esto no quiere decir que el acreedor hipotecario, al no ejercitar su acción real, pierda la garantía constituida por la hipoteca, o sea que el ejercicio de la segunda de dichas acciones, extingue la primera, pues se trata de un caso de excepción, dentro de la legislación del Código de Procedimientos Civiles de 1884, respecto a que cuando haya varias acciones contra una misma persona y referentes a una misma cosa, deben intentarse todas las que no sean contrarias, y que por el ejercicio de una extinguen las demás, pues dicho ordenamiento faculta al acreedor hipotecario para entablar separadamente las acciones real y personal, cuando para garantía de la primera, se haya constituido prenda con hipoteca.’.-En mérito de todo lo anterior, lo procedente es confirmar la resolución recurrida."
TERCERO.-El Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, al resolver el toca de revisión número 167/91, relativo al juicio de amparo número 270/91, promovido por Banco del Atlántico, Sociedad Nacional de Crédito, sostuvo lo siguiente:
"CUARTO.-El primer agravio que hace valer la parte recurrente es fundado y suficiente para revocar la resolución recurrida.-En la primera parte del agravio en comento la parte recurrente sostiene que el Juez de Distrito omitió analizar otros cuestionamientos que formularon en los conceptos de violación, de tal modo que es evidente esta violación y procede revocar el fallo recurrido para que una vez analizados en su totalidad, se dicte resolución concediendo la protección de la Justicia Federal solicitada.-El anterior argumento resulta inatendible por insuficiente.-Ciertamente la parte recurrente se constriñe a señalar que el órgano de control constitucional omitió analizar la totalidad del primer concepto de violación, sin precisar qué parte de éste no fue materia de análisis por parte del Juez de amparo, luego entonces ante lo insuficiente del agravio, este Tribunal Colegiado se encuentra impedido para analizar la violación delatada, máxime que en el caso se está ante la presencia de un amparo en materia civil cuyo estudio es de estricto derecho y ante ello no procede la suplencia de la queja deficiente en los términos del artículo 76 bis, de la Ley de Amparo.-La segunda parte del primer agravio es fundado y suficiente para revocar la resolución que se revisa.-El Juez de Distrito estimó que en la especie procedía negar el amparo solicitado sosteniendo para ello que los efectos típicos de la suspensión de pagos es que los acreedores no pueden exigir los pagos a cargo del deudor suspenso de conformidad con lo dispuesto por el artículo 408 de la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos, debiendo paralizarse todos aquellos juicios donde se reclame el cumplimiento de una acción patrimonial, con excepción de aquellos relacionados con deudas por alimentos, de trabajo o créditos con garantía real conforme al artículo 409 de la legislación en cita; que los ahora terceros perjudicados en el juicio de amparo fueron demandados en la vía ejecutiva mercantil en base a un contrato de crédito simple con garantía hipotecaria, y por tanto el juicio referido no encuadra en los supuestos del artículo últimamente citado porque al haberse ejercitado una acción personal en base al criterio hipotecario se pierde el privilegio de exclusión que prevé el artículo 409 de la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos, porque de no suspenderse el juicio además de quebrantarse los principios rectores de un procedimiento de carácter público y social como lo es de quiebras y suspensión de pagos, la quejosa entraría en una situación de privilegio respecto de los diversos acreedores que tienen como garantía la masa universal de los bienes de la fallida, ya que por virtud del juicio ejecutivo mercantil puede trabarse embargo sobre bienes diversos a los otorgados en garantía.-Los argumentos del Juez de amparo carecen de sustento.-El artículo 409, de la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos, dispone: ‘Con excepción de las reclamaciones por deudas de trabajo, por alimentos o por créditos con garantía real, quedarán en suspenso los juicios contra el deudor que tengan por objeto reclamar el cumplimiento de una obligación patrimonial; pero se podrán practicar en ellos las actuaciones tendientes a prevenir perjuicios en las cosas sujetas a litigio o a conservar íntegramente los derechos de las partes.’.-Del análisis de lo antes transcrito no se desprende que el numeral en cita condicione su aplicación a que el promovente de la acción la haga valer en alguna vía específica, sino que como única condición para que se actualice el caso de excepción en él contenido, es que la deuda derive de un crédito con garantía real, como resulta ser en la especie, ya que el ahora tercero perjudicado celebró con la ahora parte recurrente un crédito simple con garantía hipotecaria, suscribiéndose para ello diversos pagarés con los cuales la ahora recurrente promovió el juicio ejecutivo mercantil.-Ahora bien, el hecho de que la parte actora en el juicio natural haya optado por promover el juicio ejecutivo mercantil y no la vía hipotecaria para reclamar las prestaciones contraídas por virtud del contrato celebrado, no debe entenderse como la pérdida del privilegio a que alude el artículo 409 de la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos, ya que el numeral en cita no limita la reclamación de un crédito con garantía real a una vía determinada, sino que condiciona tal beneficio a que la deuda derive entre otros supuestos de un crédito con garantía real, como resulta ser en la especie, luego entonces contrario a lo que sostiene el Juez de amparo el caso en estudio sí encuadra dentro de los supuestos de excepción a que alude el numeral citado con antelación, porque con independencia de que el juicio ejecutivo mercantil otorgue a la parte actora la posibilidad de señalar para embargo la universalidad de bienes de la suspensa y no únicamente aquellos otorgados en garantía, también es verdad que al no existir disposición expresa en la ley de la materia que regule alguna vía específica que deba ejercitarse al reclamar una deuda derivada de un crédito con garantía real, el juzgador no debe distinguir con independencia de las consecuencias que traiga consigo la vía ejercitada.-Además no son exactamente aplicables los criterios en que se apoya la resolución recurrida, por referirse éstos a juicios de quiebras, supuesto este en el que no se está por estarse ante la presencia de una suspensión de pagos, que aun cuando ambas instituciones son semejantes, de los referidos criterios no se desprende alguna interpretación de los artículos 408, 409 y 126 de la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos de ahí lo inaplicable de los mismos.-A mayor abundamiento existe criterio del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el que se interpretan los artículos 408, 409, y 126 de la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos, en el que se concluye que las deudas que proceden de créditos con garantía real no deben suspenderse ni acumularse a los juicios de suspensión de pagos o de quiebra y además se sostiene que si se promueve un juicio ejecutivo mercantil y éste tiene como base un crédito con garantía real no debe acumularse al juicio de suspensión de pagos, por encontrarse en el caso de excepción del artículo 409 de la legislación citada con antelación. Este criterio se encuentra en la página cincuenta del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, Volumen Tomo XCVII, Primera Parte, ejecutorias del Pleno, bajo el tenor literal siguiente:-‘QUIEBRAS O SUSPENSIÓN DE PAGOS. ACUMULACIÓN IMPROCEDENTE A JUICIOS DE.-El artículo 408 de la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos establece, como efectos de la declaración de suspensión de pagos, que mientras dure el procedimiento, ningún crédito constituido con anterioridad podrá ser exigido al deudor ni éste podrá pagarlo, quedando en suspenso el curso de la prescripción y de los términos en los juicios a que se refiere el siguiente artículo; el artículo 409 del mismo ordenamiento establece que con excepción de las reclamaciones por deudas de trabajo, por alimentos o por créditos con garantía real, quedarán en suspenso los juicios contra el deudor que tengan por objeto reclamar el cumplimiento de una obligación patrimonial. El artículo 126 de la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos establece que se acumularán a los autos de la quiebra todos los juicios pendientes contra el fallido, con excepción de aquellos en que ya esté pronunciada y notificada la sentencia definitiva de primera instancia y los que procedan de créditos hipotecarios o prendarios; ahora bien, tanto la quiebra como la suspensión de pagos constituyen dos instituciones semejantes, por lo que interpretando armónicamente los artículos que se acaban de citar, debe concluirse en el sentido de que aquellos juicios que tengan como base créditos con garantía real, no podrán suspenderse ni podrán acumularse a los juicios de suspensión de pagos o de quiebra, sin perjuicio del procedimiento que deba seguirse para hacer efectivo el crédito una vez dictada sentencia definitiva, ahora bien, si un juicio ejecutivo mercantil tiene como base los créditos con garantía real consignados en los pagarés suscritos por las demandadas, y que fueron expedidos en relación con un contrato de crédito refaccionario y de habilitación o avío entre el actor y las demandadas, no procede su acumulación al juicio de suspensión de pagos de la demandada, por encontrarse en el caso de excepción previsto por la ley.’.-Por otra parte, asiste la razón a la parte recurrente en cuanto arguye que el Juez de amparo indebidamente sostuvo que de no suspenderse el procedimiento mercantil se quebrantarían los principios rectores de un procedimiento de carácter eminentemente público y social como es el de quiebras y suspensión de pagos.-Ciertamente la consideración del Juez carece de sustento habida cuenta que es precisamente el artículo 409 de la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos el que regula los casos de excepción a la regla general entre los cuales se encuentran las deudas provenientes de un crédito con garantía real, como resulta en la especie, por ello no puede sostenerse como pretende el órgano de control constitucional que se quebrante el principio rector de la suspensión de pagos, por existir en la ley de la materia disposición expresa, que excluye de ser suspendido aquel juicio donde se reclame un crédito con garantía real y ante ello debe revocarse la resolución materia del recurso y conceder el amparo solicitado.-En virtud de lo anterior resulta innecesario analizar el diverso agravio que se hace valer.-En las apuntadas condiciones lo procedente es revocar la resolución que se revisa y conceder el amparo solicitado, para el efecto de que la Sala responsable deje insubsistente la resolución interlocutoria de fecha cuatro de marzo de mil novecientos noventa y uno, pronunciada en el toca de apelación número 720/90, y siguiendo los lineamientos de la presente ejecutoria revoque la resolución apelada y emita una nueva en la que ordene levantar la suspensión del procedimiento."
CUARTO.-Antes de entrar en materia cabe destacar que en los presentes autos aparece la razón asentada de que a la Procuraduría General de la República, mediante la Dirección General de Amparo, con fecha veintiocho de noviembre de mil novecientos noventa y seis, se le dio a conocer la contradicción de tesis de mérito.
El artículo 197-A, primer párrafo de la Ley de Amparo, dispone:
"Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. El procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días."
En la especie, los treinta días para que el procurador general de la República emitiera su parecer en relación con la contradicción a estudio, comenzaron a correr el doce de diciembre de mil novecientos noventa y seis y terminaron el once de febrero de mil novecientos noventa y siete, descontándose por inhábiles los días diecisiete al treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y seis, uno, cuatro, cinco, once, doce, dieciocho, diecinueve, veinticinco, veintiséis, de enero y uno, dos, ocho y nueve de febrero de mil novecientos noventa y siete.
Consecuentemente, como en el caso el procurador general de la República se abstuvo de exponer por sí o por conducto de uno de los agentes del Ministerio Público Federal, su parecer en relación a la presente contradicción de tesis, debe entenderse que no estimó pertinente intervenir en este asunto, en virtud de que la facultad que le concede el artículo comentado es potestativa y no obligatoria, lo que implica, que procede se dicte la resolución que corresponda sin la opinión de mérito.
QUINTO.-El análisis de los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados referidos en los juicios de amparo que se han hecho mérito, revela la contradicción de tesis denunciada, que se produce porque mientras el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, sostiene que al haber elegido la accionante la vía ejecutiva mercantil para demandar a la suspensa el cumplimiento forzoso del contrato de apertura de crédito para la adquisición de un bien de consumo duradero, que dio origen al juicio ejecutivo mercantil sin ejercitar el derecho real que con motivo de la garantía prendaria, se constituyó en el referido contrato; dicho juicio ejecutivo mercantil no se ubica en el supuesto de excepción previsto en el artículo 409 de la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos para los créditos con garantía real, por lo que es aplicable la regla general establecida en el numeral 408 de la ley citada, en el sentido de que mientras dure el procedimiento de suspensión de pagos ningún crédito constituido con anterioridad podrá ser exigible al deudor, ni éste podrá pagarlo y quedarán en suspenso los juicios contra el deudor que tengan por objeto reclamar el cumplimiento de una obligación patrimonial; sostiene que la suspensión del procedimiento en el juicio ejecutivo mercantil, no implica improcedencia, ni causa al accionante perjuicio alguno en sus derechos, toda vez que la garantía real la conserva y puede hacerla valer en todo momento e incluso concurrir a la junta de acreedores en el juicio que ordena la suspensión de pagos, pues tomando en consideración lo dispuesto por los artículos 126 y 127 de la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos, incluso los créditos hipotecarios o prendarios, cuya tramitación individual autoriza la citada ley, una vez que cause ejecutoria la sentencia definitiva, se acumularán a la quiebra para los efectos de la graduación y pago.
En cambio, el Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, sostiene que el artículo 409 de la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos de cuyo análisis se desprende que no condiciona su aplicación a que el promovente de la acción la haga valer en alguna vía específica, sino que se actualice el caso de excepción en el contenido, que no es otro que la deuda derive de un crédito con garantía real, como resulta en la especie, pues el tercero perjudicado celebró con la recurrente un crédito simple con garantía hipotecaria, suscribiéndose varios pagarés con los cuales el recurrente promovió el juicio ejecutivo mercantil, luego el hecho de que haya promovido el juicio ejecutivo mercantil y no la vía hipotecaria, para reclamar las prestaciones por el contrato celebrado, no debe entenderse como la pérdida del privilegio a que alude el artículo 409 de la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos, ya que el numeral en cita no limita la reclamación de un crédito con garantía real a una vía determinada, sino que condiciona tal beneficio a que la deuda derive entre otros supuestos de un crédito con garantía real, por lo tanto sí se encuentra dentro de los supuestos de excepción del artículo en comento.
A mayor abundamiento cabe hacer notar diversos conceptos que van a esclarecer la postura que finalmente se adopte, para ello se recurre a lo siguiente:
Doctrinalmente se ha sostenido por diversos autores que por lo que hace al concepto del juicio ejecutivo, Eusebio Ramos y Ana Rosa Tapia Ortega en su obra intitulada "Prontuario Tematizado de Juicios Civiles, Mercantiles, Quiebra y Suspensión de Pagos", Editorial Sista, S.A. de C.V., México, 1997, página 117, refieren a que:
"Juicio ejecutivo es un procedimiento especial que tiene por objeto el cobro, mediante el embargo y venta de bienes del deudor, el cobro de créditos líquidos que constan en títulos de fuerza suficiente para hacer prueba plena por sí mismos."
Sin apartar la vista de tal concepto, cabe referirse que en especial Federico Ramírez Baños en su obra "Tratado de Juicios Mercantiles", Antigua Librería Robledo, México, D.F. 1963, página 155, refiere lo siguiente:
"El juicio ejecutivo mercantil, que también se encuentra regulado por las leyes de ese orden y la propia doctrina es conocido como aquel procedimiento empleado por un acreedor en contra de un deudor moroso, para exigirle sumariamente el pago de la cantidad líquida que le debe de plazo vencido y en virtud de documento indubitado.-El juicio ejecutivo es un procedimiento sumario a través del cual y por medio del embargo y remate de bienes, se trata de realizar el cobro de adeudos que constan en título que trae aparejado ejecución."
De lo cual se desprende que del juicio ejecutivo mercantil se involucra un cobro forzoso entablado por el actor que elige esa vía contra el deudor para hacer efectivo el cobro de un crédito o documento, que trae aparejada la ejecución a la parte morosa que ha dejado de cumplir con la obligación que tenía de cubrir una determinada cantidad al acreedor, con quien se comprometió a hacerlo en determinado tiempo y no lo hizo.
Continuando con el estudio de los conceptos que se involucran en el asunto, cabe destacar que los autores Eusebio Ramos y Ana Rosa Tapia Ortega en su obra intitulada "Prontuario Tematizado de Juicios Civiles, Mercantiles, Quiebra y Suspensión de Pagos", página 125, refieren respecto del juicio especial hipotecario lo siguiente:
"De acuerdo con el artículo 468 del Código de Procedimientos Civiles se tramitará en la vía especial hipotecaria juicio que tenga por objeto la constitución ampliación o división y registro de una hipoteca, así como la cancelación o bien el pago o prelación del crédito que la hipoteca garantice.-Para que el juicio tenga por objeto el pago o la prelación de un crédito hipotecario se siga según las reglas del presente capítulo, es requisito indispensable que el crédito conste en escritura debidamente registrada y que sea de plazo cumplido o que deba anticiparse conforme a lo prevenido en los artículos 1959 y 2907 del Código Civil.-La acción respectiva es de carácter real puede seguirse contra el deudor hipotecario, si está en posesión del inmueble hipotecado y en caso contrario, contra el poseedor del mismo (artículo 12 del Código de Procedimientos Civiles)."
Por cuanto al procedimiento de ejecución de prenda Eduardo Castillo Lara en su obra "Juicios Mercantiles", de la Colección Textos Jurídicos Universitarios, Harla, México, 1970, página 112 dice lo siguiente:
"Es conveniente indicar que el procedimiento al cual se alude en este apartado es un procedimiento especial regulado en la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, específicamente en su artículo 334. Se lleva a cabo para obtener, por parte del órgano jurisdiccional (Juez), la autorización correspondiente a fin de vender los bienes o títulos dados en prenda. ¿En qué momento se constituye una prenda para efectos mercantiles? El maestro Mario Bauche Garc
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5079-13c1f000/suspension-de-pagos-existiendo-sentencia-que-la-declare · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- ACTOS RECLAMADOS EN UN SOLO AMPARO DERIVADOS DE JUICIOS DIVERSOS, DESVINCULADOS ENTRE SÍ. ES PROCEDENTE EL JUICIO DE GARANTÍAS. SEPARACIÓN DE JUICIOS. EL JUEZ DE DISTRITO, AL DECR (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
- JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ANTE EL TRIBUNAL FISCAL. PROCEDE EN CONTRA DE OFICIOS EN QUE SE "SUGIERE" LA ADQUISICIÓN DE MÁQUINAS REGISTRADORAS DE COMPROBACIÓN FISCAL. (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
- SINDICATOS. LA JUBILACIÓN DE UN TRABAJADOR NO LE HACE PERDER LA CALIDAD DE MIEMBRO SINDICALIZADO. (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
- INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, INEFICACIA DEL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE FECHA INCIERTA, PARA ACREDITARLO. (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- SENTENCIAS CIVILES. (XXI.65 K)
- RESOLUCIONES QUE NO CAUSAN ESTADO. (XX.71 K)
- ACTOS NEGATIVOS. (VI.1o.235 K)
- JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE. (s/clave)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis