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Modo: Corpus Pro

INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, INEFICACIA DEL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE FECHA INCIERTA, PARA ACREDITARLO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 52/97. · Registro digital (IUS): 5929
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO Y PRIMER TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS DEL CUARTO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Octubre de 1999, , Pág. 162.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 52/97. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO Y PRIMER TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS DEL CUARTO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

TERCERO.-A fin de establecer y determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se estima conveniente transcribir para su posterior análisis las consideraciones y argumentaciones en que basaron sus resoluciones los Tribunales Colegiados contendientes.

El Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, con sede en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, al emitir resolución en el toca de revisión número 487/96, promovido por Jaime Ismael Tapia Cortez en fecha dos de abril de mil novecientos noventa y siete, en la parte que interesa sustentó el criterio siguiente:

"TERCERO.-Los agravios que hace valer el recurrente, quejoso en el amparo, son infundados.-El quejoso, ostentándose tercero extraño al juicio ejecutivo mercantil número 2418/93, promovido por Juan Manuel Neira Garza, endosatario en procuración de Leopoldo Lozano Caballero, en contra de José León Reyna de la Cruz, promovió el presente juicio de amparo contra el embargo, remate, adjudicación y entrega a terceras personas de los bienes inmuebles que identifica en la demanda de garantías, recaídos en el citado juicio ejecutivo mercantil, argumentando ser propietario de esos bienes inmuebles desde el siete de enero de mil novecientos noventa y tres, por haber celebrado contrato de compraventa con el demandado José León Reyna de la Cruz.-El Juez de Distrito sobreseyó en el juicio de garantías, al considerar que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, porque el quejoso no justificó la posesión de los inmuebles con el contrato privado de compraventa del siete de enero de mil novecientos noventa y tres, pues sólo produce efectos entre las partes pero no contra terceros, conforme a lo dispuesto por el artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, además de ser un documento privado que carece de fecha cierta por no haberse presentado ante algún funcionario público. En apoyo de su consideración citó la tesis jurisprudencial sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: ‘DOCUMENTOS PRIVADOS, FECHA CIERTA DE LOS.’. Desestimó la inspección judicial y las testimoniales a cargo de Reynoso Sosa Salas, María Guadalupe Judith Huerta Aguirre y Yaneth Salgado Sandoval, porque aunque los testigos manifestaron que el quejoso posee dichos bienes, no se desprende a partir de qué fecha lo consideran poseedor.-Alega el quejoso que el juzgador partió de un supuesto equivocado, pues no hizo valer derechos posesorios, sino de propiedad, la que acreditó con el contrato privado de compraventa de siete de enero de mil novecientos noventa y tres, porque ninguna de las partes lo objetó, y es la prueba idónea para ello, en términos de los artículos 203 y 205 del Código Federal de Procedimientos Civiles, conforme a los cuales el documento proveniente de tercero prueba contra el colitigante del oferente cuando no se objeta, en cuyo caso se tendrán por reconocidas la suscripción y la fecha ahí contenidas; que además, los testigos informaron sin dudas ni reticencias que tiene la posesión de los inmuebles, lo que se constató al desahogarse la inspección ocular.-Es cierto que el quejoso no se dolió de la privación del derecho de posesión de los inmuebles embargados en el juicio común, sin embargo el sobreseimiento decretado debe subsistir, toda vez que el recurrente no acreditó tener la propiedad de los inmuebles embargados y adjudicados.-El contrato privado de compraventa que refiere el impugnante es un documento de fecha incierta, como acertadamente lo estimó el Juez de Distrito, ya que no se presentó ante el Registro Público de la Propiedad o ante funcionario público, ni aconteció la muerte de cualquiera de los firmantes. El citado contrato, es cierto, no fue objetado por los terceros perjudicados, pero esa omisión no prueba que su concertación hubiese ocurrido en la fecha que en él se consigna, como lo pretende el recurrente apoyándose en lo dispuesto por los artículos 203 y 205 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, pues tratándose de documentos que consignan contratos o actos traslativos de dominio, es menester que se inscriban en el Registro Público de la Propiedad, como lo exige el artículo 2894, fracción I, del Código Civil de esta entidad federativa, conforme al cual se inscribirán en el registro los títulos por los cuales se adquiere, transmite, modifica, grava o extingue el dominio, la posesión o los demás derechos reales sobre inmuebles, por lo que si no pasó por la oficina registral el contrato a que alude el revisionista, el mismo sólo produce efectos entre quienes lo suscribieron, pero no podrán producir perjuicios a terceros, como lo ordena el artículo 2895 del invocado Código Civil. Es aplicable al caso la jurisprudencia número 131 y su quinta tesis relacionada, sustentadas por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada a fojas 379 del Volumen IV, Segunda Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, que respectivamente dicen: ‘DOCUMENTOS PRIVADOS, FECHA CIERTA DE LOS.-Solamente puede considerarse que los documentos privados tienen fecha cierta cuando han sido presentados a un Registro Público, o ante un funcionario en razón de su oficio, o a partir de la fecha de la muerte de cualquiera de sus firmantes.’. ‘DOCUMENTOS SIMPLES PROVENIENTES DE TERCEROS, VALOR PROBATORIO DE LOS.-Los documentos simples provenientes de tercero, no objetados por la parte a quien perjudiquen hacen prueba plena, con excepción de aquellos documentos que consignan contratos o actos traslativos de dominio, los cuales, para tener eficacia, es necesario que sean de fecha cierta.’.-Cabe aclarar que el original del contrato fue presentado por el recurrente ante notario público el primero de agosto de mil novecientos noventa y seis, fecha muy posterior al embargo (23 de agosto de 1993), pero sólo lo hizo para certificar la existencia del original, mas no para ratificar el contrato conjuntamente con su contraparte, de manera que el notario en ningún momento dio fe de la veracidad de la operación.-Es inaplicable la tesis de jurisprudencia del rubro: ‘EMBARGO, ES ILEGAL EL TRABADO EN BIENES SALIDOS DEL DOMINIO DEL DEUDOR, AUN CUANDO NO SE ENCUENTREN INSCRITOS EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD A NOMBRE DE NUEVO ADQUIRENTE (LEGISLACIÓN DE DURANGO SIMILAR A LA DEL DISTRITO FEDERAL).’, que transcribe el revisionista, pues no demostró en forma fehaciente que el bien ya no pertenecía al deudor en el juicio natural, dada la incertidumbre de la fecha contenida en el contrato por él exhibido, sin que baste que sus testigos en la audiencia constitucional indicaran que él es el actual propietario y que conocen los inmuebles que se describen en el mismo (f. 8), pues al margen de que la testimonial es ineficaz para demostrar el derecho de propiedad, el testigo Reynoso Sosa Salas, expresó como razón de su dicho, que supo lo que declaró por ser camarada del oferente y lo ha invitado a tomarse unas cervezas y una carne asada, cada quince días o cada mes; María Guadalupe Judith Huerta Aguirre, que conoce las propiedades porque seguido ha ido a la presa y cuando pasa por ahí en ocasiones ha saludado al ingeniero Tapia Cortez; y Yaneth Salgado Sandoval, dijo que conoce los dos terrenos porque su papá tenía un taller y conoció al ingeniero Jaime Tapia Cortez. Lo que es insuficiente para concederles valor a sus atestados, pues los deponentes no especifican la forma y términos en que el ahora recurrente adquirió los inmuebles.-Lo manifestado por los testigos del revisionista también son ineficaces para demostrar la posesión de los inmuebles, pues aunque expresaron que los posee, de la razón de sus dichos solamente se desprende que lo han encontrado dentro de los mismos, pero no que ejerza un poder de hecho continuo y en concepto de dueño, y ni siquiera la fecha de su detentación, pues el inconforme se concretó a preguntarles si sabían quién es el actual propietario y poseedor de los dos inmuebles materia de la controversia.-En lo tocante a la inspección ocular desahogada en el juicio de garantías, una prueba de esa naturaleza no es bastante para acreditar el hecho de la posesión de un inmueble, como lo establece la tesis de jurisprudencia de la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 262, del Tomo VI, último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: ‘POSESIÓN. PRUEBA, INSPECCIÓN JUDICIAL NO ES BASTANTE.’.-En estas condiciones, no ocasionándole agravio al quejoso la sentencia recurrida, procede confirmarla en sus términos."

Por su parte el Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, con sede en esa misma ciudad de Monterrey, Nuevo León, al emitir sus resoluciones en fechas diez de diciembre de mil novecientos noventa y seis; veintisiete de enero y diecisiete de febrero, ambas del año de mil novecientos noventa y siete, en los tocas de revisión números: 390/96, 396/96 y 437/96, respectivamente; en la parte que interesa sostuvo el criterio siguiente:

"TERCERO.-Son fundados, en lo esencial, los agravios que anteceden.-En el caso, el Juez de Distrito estima actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, fundamentalmente, porque de la escritura pública 20046, de trece de junio de mil novecientos ochenta y ocho, pasada ante la fe del notario público 62, que ofreció como prueba la quejosa, sólo se advierte la celebración de una compraventa de un bien inmueble, celebrada entre Rodolfo Torres Pecina, en representación de Provivienda, Sociedad Anónima, como vendedora, y Luis Muñoz Sanmiguel y su esposa Guadalupe Iglesias Delgado de Muñoz, como compradores, pero que de manera alguna tiene valor probatorio para acreditar el interés jurídico o la propiedad o posesión por parte de la quejosa; y en cuanto a los originales de diversos recibos de consumo en energía eléctrica, a nombre de Luis Garza G., sólo acreditan la prestación de tal servicio por parte de la Comisión Federal de Electricidad, en el domicilio que se indica, máxime que no están expedidos a nombre de la quejosa; y respecto del contrato privado de compraventa de veinte de agosto de mil novecientos ochenta y ocho, celebrado entre Luis Muñoz Sanmiguel y Clara Guadalupe Iglesias Delgado, como vendedores, y Ana Cecilia Garza Galindo, como compradora, carece de eficacia probatoria para el fin que se pretende porque sólo produce efectos entre las partes que lo suscriben, pero no contra terceros, ‘en razón de ser un documento privado y que carece de fecha cierta, al no haber sido presentado nunca ante ningún funcionario público, y a mayor abundamiento, tal instrumento no se encuentra corroborado con otros datos ciertos y contundentes que justifiquen la posesión del inmueble en una forma fehacientemente, y así tener una certeza (de) que el acto de autoridad afecta el interés jurídico de Ana Cecilia Garza Galindo, pues tal instrumento, que es obra únicamente de las partes, las que incluso pueden ponerse de acuerdo para antedatar o estampar una fecha posterior a la verdadera y por tanto no puede refutarse como cierta’, criterio este, que su autor apoya en la tesis de jurisprudencia número 697, visible en la página 1160, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, Salas y Tesis, que dice: ‘DOCUMENTOS PRIVADOS, FECHA CIERTA.-Solamente puede considerarse que los documentos privados tienen fecha cierta cuando han sido presentados a un Registro Público, o ante un funcionario en razón de su oficio, o a partir de la fecha de la muerte de cualquiera de sus firmantes.’, y quinta tesis relacionada, visible en la página 1162, del citado Apéndice, rubro: ‘DOCUMENTOS SIMPLES PROVENIENTES DE TERCEROS, VALOR PROBATORIO DE LOS.’.-Sostiene la recurrente, en lo esencial, que el Juez de Distrito, para tomar su determinación se sustituye a los intereses de las partes en el juicio constitucional, ‘en vista de que realizó observaciones legales a las pruebas en cuanto a su eficacia probatoria, que fueron del desinterés de las partes del juicio de amparo, como lo son las autoridades responsables y los perjudicados, como lo es la incertidumbre en la fecha de la celebración de la compraventa contenida en el documento privado que acompañé como prueba, y que el documento provenía de un tercero, lo que también le restaba eficacia jurídica, lo que le fue suficiente para considerar con el mismo la lesión constitucional y consecuentemente mi interés jurídico en el conflicto, pasando por inadvertido el Juez de amparo, que el documento aludido en primer término reúne todos los requisitos legales de una operación de compraventa por haber sido perfecta en los términos de los artículos 2142 y 2143 del Código Civil vigente en la entidad ...’.-Tales argumentos son justificados y suficientes para desvirtuar las consideraciones expuestas por el Juez de Distrito, que lo llevaron a sobreseer en el juicio de garantías, por la causal prevista en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, al estimar que no se afectan los intereses jurídicos de la quejosa. En el caso, el examen de las constancias de autos revela que, tal como lo sostiene en sus agravios, no fue objetado por ninguna de las partes, en el juicio constitucional, el contrato privado de compraventa en que apoya su acción de amparo. Así, debe estarse a la regla que respecto de los documentos de esa especie establece el artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en tanto señala que el documento proveniente de un tercero sólo prueba en favor de la parte que quiere beneficiarse con él y contra su colitigante cuando éste no lo objeta, y de ahí que no operando, en el caso, la causal de improcedencia invocada por el Juez de Distrito, debe revocarse la sentencia de sobreseimiento impugnada y examinar el fondo del amparo.-La quejosa expresa los siguientes conceptos de violación: ‘Las responsables con los actos que se les reclaman cometen en mi perjuicio la violación de los preceptos constitucionales señalados oportunamente cuyo texto y alcance es justamente conocido por esa autoridad encomendada por nuestra Carta Magna de salvaguardar el respeto de nuestras garantías individuales por nuestras autoridades, en vista de que estoy siendo molestada en mis propiedades y derechos por las responsables sin haberse cumplido en forma previa con las formalidades que señala la ley de la materia al efecto, en vista de que el artículo 1392 del Código de Comercio en vigor, señala que tratándose de juicios ejecutivos mercantiles, al requerirse al deudor de pago y de no hacerlo, se le embarguen bienes suficientes para cubrir la deuda y costas, los que deberán ser de su propiedad, así como se me pretende privar de mis derechos de propiedad al establecer sobre los mismos embargos que garantizan deudas que yo jamás contraje, sino que los posibles adeudos serían de los anteriores propietarios del inmueble, señalándole que tales personas aprovechando que el inmueble aún se encontraba registrado a su nombre en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, utilizaron tal circunstancia, para dar el inmueble en garantía de préstamos de dinero, y tales gravámenes, me están impidiendo gozar y disponer plenamente de tal inmueble, circunstancias correspondientes a mi derecho de propiedad sobre el mismo, conforme al artículo 830 del Código Civil estatal; no es suficiente el hecho de que se encuentren inscritos los citados gravámenes en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en la inscripción correspondiente a la antecedente de la propiedad que me vendieron pues dicho embargo sólo puede ser eficaz cuando recae en bienes que corresponden al demandado y el hecho de que mi compraventa no se haya registrado no es suficiente para que los acreedores de mis vendedores tengan derecho a secuestrar lo que ha salido del patrimonio de éste por lo que carecen de validez los embargos aludidos. ‘EMBARGO PRACTICADO EN BIENES SALIDOS DEL PATRIMONIO DEL DEUDOR. ILEGALIDAD DEL.-El embargo sólo puede ser eficaz cuando recae en bienes que corresponden al demandado, y no es jurídico que por no haberse inscrito oportunamente la compraventa, el acreedor del vendedor tenga derecho a secuestrar lo que ha salido del patrimonio de éste.’. ‘EMBARGO, DEBE RECAER SOBRE BIENES DEL DEUDOR (REGISTRO PÚBLICO).-Sin necesidad de negar la posibilidad de que un embargo registrado confiera derechos reales en favor del ejecutante, es indispensable considerar que tal cosa sucede cuando dicho embargo recae sobre bienes del ejecutado, caso en que la carga impuesta sobre el bien secuestrado sigue a éste y prevalece a pesar de una transmisión posterior de la propiedad en forma de que el adquirente queda obligado a responder de las consecuencias de la deuda; pero nada de esto sucede si, al practicarse el embargo, el bien ha salido ya del patrimonio del ejecutado, pues entonces no solamente no prevalecen los derechos del embargante sobre los del adquirente, sino que carece de validez el embargo. En efecto, todo mandamiento de ejecución descansa sobre el supuesto de que debe realizarse en bienes del deudor, y no en bienes ajenos. Si existe prueba de que el deudor ha transferido el bien a un tercero, éste está capacitado para ejercer la acción de dominio para recuperar lo que es suyo. No es eficaz para destruir su acción, una excepción de preferencia de derechos del embargante, en primer lugar, porque lo que se discute no es una cuestión de preferencia, sino de dominio, y, en segundo lugar, porque la excepción se apoya en un acto carente de validez jurídica, en cuanto que al embargarse en la especie, se ha desobedecido el mandamiento de ejecución, que en manera alguna puede afectar derechos y bienes que no le pertenecen; y no es pertinente afirmar, como lo hace la responsable, que la compraventa no puede producir perjuicios al embargante, porque su registro se hizo con posterioridad al secuestro, pues la preferencia que la ley establece respecto de las inscripciones en el Registro Público, se refiere sólo a acreedores con iguales derechos, esto es, con derechos reales, y si bien el embargo limita el derecho de propiedad, tal limitación no puede oponerse a quien invoca el dominio, adquirido de manera indudable, con anterioridad al secuestro; y no se establece para el simple acreedor quirografario, como lo es el ejecutante en este caso, esa preferencia.’. CUARTO.-Los conceptos de violación que anteceden son fundados.-En efecto, la certificación de constancias, que el Juez Quinto de lo Civil de esta ciudad, adjuntó a su informe justificado, con el valor probatorio pleno que les corresponde, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, acredita que ante dicha autoridad, Jaime Ríos Rodríguez, como endosatario en procuración de Asfaltex, Sociedad Anónima de Capital Variable, promovió juicio ejecutivo mercantil en contra de Luis Muñoz Sanmiguel, formándose al efecto el expediente número 3392/95.-Las propias constancias demuestran que en cumplimiento del auto de exequendo dictado en dicho juicio, mediante diligencia practicada el tres de noviembre de mil novecientos noventa y cinco, el actuario adscrito al citado Juez responsable trabó embargo sobre el siguiente bien: ‘Los derechos de propiedad que le corresponden al demandado sobre el siguiente bien inmueble consistente en un lote de terreno marcado con el No. 31 de la manzana No. 89 del Fraccionamiento Villas de Oriente ubicado en el Municipio de San Nicolás de los Garza, N.L., juntamente con sus mejoras en él construidas, consistentes en la finca marcada con el No. 1115 de la Avenida Fundidores del citado fraccionamiento, así como sus accesiones, construcciones, derechos y servidumbres que le correspondan, inmueble que se encuentra inscrito ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el No. 2687, volumen 46, libro 54, sección propiedad, Unidad San Nicolás, de fecha 18 de mayo de 1989.’ (fs. 65).-Se acredita también, a través de las mismas constancias, el carácter de tercero extraño de la quejosa, al citado procedimiento, puesto que éste no se enderezó en su contra, sino de diversa persona.-Ahora bien, para demostrar los derechos de propiedad y posesión que dice corresponderle sobre el inmueble descrito en su demanda de garantías, mismo que coincide con el que fue objeto de la traba, en cuanto a su ubicación, número de manzana, y datos registrables, la quejosa allegó los siguientes documentos: contrato privado de compraventa, de veinte de agosto de mil novecientos ochenta y ocho, celebrado entre Luis Muñoz Sanmiguel y Clara Guadalupe Iglesias Delgado de Muñoz, como vendedores y Ana Cecilia Garza Galindo como compradora, respecto del siguiente inmueble: ‘lote de terreno marcado con el número 31 treinta y uno de la manzana número 89 ochenta y nueve, del Fraccionamiento Villas de Oriente, ubicado en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, el cual tiene una superficie de 131.25 M2. (ciento treinta y un metros cuadrados veinticinco decímetros de metro cuadrado), y las siguientes medidas y colindancias: al norte mide 7.50 siete metros cincuenta centímetros a lindar con el lote número 16; al sur mide 7.50 siete metros cincuenta centímetros a dar frente a la Avenida Fundidores, al oriente mide 17.50 diecisiete metros cincuenta centímetros a lindar con el lote 30; y al poniente mide 17.50 diecisiete metros cincuenta centímetros a lindar con el lote No. 32. La manzana de referencia se encuentra circundada por las siguientes calles: al norte Río Guadalquivir; al sur, Avenida Fundidores; al oriente, Río Pablillos; y al poniente Río Grande. Dicho inmueble tiene como mejoras la finca marcada con el número 1115 de la Avenida Fundidores del citado fraccionamiento; inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el No. 2687, volumen 46, libro 54, sección propiedad, Unidad San Nicolás registrada en fecha 18 de mayo de 1989.’ (fs. 7 y 8); escritura pública número 20046, del trece de junio de mil novecientos ochenta y ocho, celebrada ante el licenciado Juan Manuel García García, notario público suplente, adscrito a la Notaría Pública Número 62, con ejercicio en San Pedro Garza García, Nuevo León, entre el licenciado Ramón Rodolfo Torres Pecina, en representación de ‘Provivienda’, Sociedad Anónima de Capital Variable, como vendedora y Luis Muñoz Sanmiguel, como comprador, en relación al inmueble antes descrito (fs. 19 a 31) y certificado de gravámenes, atinente al mismo bien raíz, expedido el veintidós de mayo de mil novecientos noventa y seis, por el registrador público de la Propiedad y del Comercio, de esta ciudad, respecto al gravamen que acusa el propio inmueble, con motivo del procedimiento judicial al que alude la quejosa.-Las constancias descritas permiten establecer que el veinte de agosto de mil novecientos ochenta y ocho, la quejosa, Ana Cecilia Garza Galindo, celebró contrato de compraventa con Luis Muñoz Sanmiguel y Clara Guadalupe Iglesias Delgado de Muñoz, el primero de estos demandados en el juicio del que emana el acto reclamado, respecto de un lote de terreno, descrito anteriormente, el que a su vez adquirió dicho demandado, según escritura pública, de que ya se hizo mención, el trece de junio del indicado año, de la persona moral denominada ‘Provivienda’, Sociedad Anónima de Capital Variable.-Precisado lo anterior, y en atención a que de las constancias previamente señaladas se desprende, como ya se dijo, que la quejosa es tercera extraña al juicio ejecutivo mercantil del que emanan los actos reclamados, es obvio que la actuación de la autoridad civil responsable es violatoria de las garantías de legalidad y seguridad jurídica tuteladas por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es así, porque a través de dichos actos se le molesta en sus derechos de propiedad y posesión del inmueble indicado, específicamente en cuanto a que el tres de noviembre de mil novecientos noventa y cinco, se trabó embargo sobre el bien inscrito bajo el número 2687, volumen 46, libro 54, sección propiedad, Unidad San Nicolás de los Garza, Nuevo León, de fecha dieciocho de mayo de mil novecientos ochenta y nueve, consistente en el lote de terreno número 31, de la manzana 89, fraccionamiento Villas de Oriente, ubicado en el Municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, adquirido por la impetrante mediante contrato de compraventa celebrado el veinte de agosto de mil novecientos ochenta y ocho.-En esas circunstancias, es inconcuso que el embargo trabado sobre el bien inmueble motivo de la litis, es ilegal, toda vez que para que cuando éste se efectuó, que lo fue el tres de noviembre de mil novecientos noventa y cinco, es decir, con posterioridad a la fecha en que la quejosa lo adquirió mediante el contrato de compraventa antes aludido, dicho bien ya había salido del patrimonio de los demandados, de lo que resulta la ilegalidad del embargo, en tanto éste suele ser eficaz, cuando recae en bienes que corresponden al demandado, acorde con el criterio jurisprudencial número 540, visible en la página 386, del Tomo IV, Materia Civil, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, que dice: ‘EMBARGO PRACTICADO EN BIENES SALIDOS DEL PATRIMONIO DEL DEUDOR. ILEGALIDAD DEL.-El embargo sólo puede ser eficaz cuando recae en bienes que corresponden al demandado, y no es jurídico que por no haberse inscrito oportunamente la compraventa, el acreedor del vendedor tenga derecho a secuestrar lo que ha salido del patrimonio de éste.’, siendo ilustrativa además, al caso, la jurisprudencia número 242, consultable en la misma obra oficial en la página 165, surgida de la contradicción de tesis número 7/94, del tenor siguiente: ‘EMBARGO, ES ILEGAL EL TRABADO EN BIENES SALIDOS DEL DOMINIO DEL DEUDOR, AUN CUANDO NO SE ENCUENTREN INSCRITOS EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD A NOMBRE DEL NUEVO ADQUIRENTE (LEGISLACIÓN DE DURANGO SIMILAR A LA DEL DISTRITO FEDERAL).-De conformidad con lo dispuesto en el código sustantivo civil del Estado de Durango, la falta de registro del documento traslativo de la propiedad ocasiona que el derecho respectivo no sea oponible frente a terceros. No obstante lo anterior, el acreedor quirografario no tiene un derecho real, ni poder directo e inmediato sobre la cosa; el embargo, aun cuando se encuentre registrado no puede ser oponible a quienes adquirieron con anterioridad la propiedad del bien. Luego entonces, dado que el mandamiento de ejecución debe recaer en bienes del deudor, es de establecerse que una vez demostrado fehacientemente que el bien ya no pertenecía al deudor, el embargo registrado sobre este bien con posterioridad al acto traslativo de la propiedad, es ilegal, por más que no se encuentre inscrito a nombre del nuevo propietario, de cuya omisión no puede prevalerse el acreedor quirografario.’.-En consecuencia, es procedente conceder a Ana Cecilia Garza Galindo, el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que el Juez Quinto de lo Civil del Primer Distrito Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, deje insubsistente el embargo decretado mediante diligencia actuarial de tres de noviembre de mil novecientos noventa y cinco, únicamente respecto del lote de terreno inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, bajo el número 2687, volumen 46, libro 54, sección propiedad, Unidad San Nicolás, que fue adquirido mediante contrato de compraventa celebrado el veinte de agosto de mil novecientos ochenta y ocho, ya que la amparista acreditó la posesión del bien inmueble en comento, protección que se hace extensiva al actuario adscrito al citado órgano jurisdiccional y registrador Público de la Propiedad y del Comercio, de esta ciudad.-Consecuentemente, se resuelve: PRIMERO.-Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO.-La Justicia de la Unión ampara y protege a Ana Cecilia Garza Galindo contra los actos que reclama del Juez Quinto de lo Civil de esta ciudad y otras autoridades, actos que se precisan en el resultando único de esta ejecutoria."

CUARTO.-Cabe hacer la aclaración que para integrar una contradicción de tesis, cuando menos formalmente, debe existir oposición sobre las cuestiones jurídicas sometidas a debate, misma que debe recaer sobre la esencia o sustancia de la temática sujeta a discusión y no solamente sobre aspectos accidentales o secundarios contenidos en las consideraciones en las que se sustentan las ejecutorias dictadas por los Tribunales Colegiados Segundo y Primero ambos del Cuarto Circuito, en los juicios y recursos ya anunciados.

De lo que se colige, que será la naturaleza de la problemática o situación jurídica planteada la que determine si en el caso, existe o no materialmente, una contradicción de tesis que requiera de la decisión o del pronunciamiento por parte de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de definir el criterio que deberá prevalecer con carácter de jurisprudencia sobre la contradicción denunciada. Es aplicable a esta consideración lo sustentado por este Supremo Tribunal en la tesis visible en la página 120, Tomo VI, Octava Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, la que en su literalidad establece:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.-De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, o la Sala que corresponda

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5929-d4051e14/interes-juridico-en-el-amparo-ineficacia-del-contrato · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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