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Modo: Corpus Pro

SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. SU CONTENIDO Y FINALIDAD EN RELACIÓN CON LA PRETENSIÓN DEDUCIDA.

Tipo de asunto: REVISIÓN ADMINISTRATIVA 343/2002. · Registro digital (IUS): 17443
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: TITULAR DE LA DIVISIÓN NORMATIVA FISCAL Y DE ASUNTOS ESPECIALES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Febrero de 2003, , Pág. 945.

REVISIÓN FISCAL 343/2002. TITULAR DE LA DIVISIÓN NORMATIVA FISCAL Y DE ASUNTOS ESPECIALES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.

CONSIDERANDO:

QUINTO. Resultan infundados los conceptos de agravio hechos valer por la autoridad recurrente, por las razones que a continuación se exponen.

Alega, en esencia, que la sentencia dictada por la Sala no se ajusta a derecho, pues si la misma estimó que era fundado el argumento de la actora en el sentido de que el instituto al momento de resolver el recurso de inconformidad omitió el estudio de uno de los agravios, no debió resolver el fondo de la cuestión planteada, sino que, a su juicio, por tratarse de una violación a las normas del procedimiento debió declarar la nulidad de la sentencia para el efecto de que la autoridad demandada analizara la omisión referida y resolviera lo que en derecho procediera, por lo que estima que violó lo dispuesto por el artículo 237 del Código Fiscal de la Federación.

Continúa manifestando que la Sala aplicó indebidamente los artículos 25 y 26 del Reglamento para la Clasificación de Empresas y Determinación del Grado de Riesgo del Seguro de Riesgos de Trabajo de 1994, pues consideró que el dictamen de modificación de grado de riesgo no estaba debidamente fundado ni motivado, cuando a su juicio sí se satisfacen dichos requisitos, pues la parte actora tuvo los elementos suficientes para saber cuáles fueron las causas que determinaron la rectificación del grado de riesgo, pues se proporcionaron los números de casos, el número de días subsidiados por incapacidad temporal para el trabajo, la suma en porciento de las valuaciones de las incapacidades permanentes parciales o totales, el número de defunciones y el número de trabajadores promedios expuestos al riesgo, por lo que estima que la determinación se encuentra debidamente fundada y motivada.

Añade, además, que el caso a estudio no se ubica en ninguno de los supuestos señalados en el artículo 25 del referido reglamento, sino en la fracción VI del diverso 24 del mismo ordenamiento, por encontrarse una diferencia en la información en el grado de riesgo, y que contra lo dicho por la Sala el dictamen de rectificación del grado de riesgo no es extemporáneo en su notificación, pues la fracción VI del artículo 24 referido no establece plazo "fatal" para notificar el dictamen de modificación, sino que dicho numeral únicamente establece la obligación de notificar al patrón y que la empresa actora tiene la obligación de seguir cubriendo las aportaciones correspondientes, por lo que la Sala no debía tomar en cuenta lo dispuesto en el numeral 25 del citado reglamento para determinar que la notificación es extemporánea, razón por la cual estima que la sentencia es ilegal.

En primer lugar, cabe decir que carece de razón cuando señala que ante la omisión de la parte demandada de resolver sobre uno de los agravios ante ella propuestos, la Sala debió ordenar que se hiciera cargo de ellos y no entrar al fondo del asunto, por las razones que a continuación se exponen.

En efecto, la Sala del conocimiento al advertir la omisión de analizar un agravio en el recurso de inconformidad ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, aplicó correctamente lo dispuesto por los artículos 197, último párrafo y 237 del Código Fiscal de la Federación, pues al tener a su vista elementos suficientes para resolver sobre la omisión de la autoridad demandada, era dable analizar dicha omisión y resolver conforme a derecho.

Esto es así, pues los numerales en cita disponen:

"Artículo 197. ... Cuando la resolución recaída a un recurso administrativo no satisfaga el interés jurídico del recurrente y éste la controvierta, se entenderá que simultáneamente impugna la resolución recurrida en la parte que continúe afectándolo, pudiendo hacer valer conceptos de impugnación no planteados en el recurso."

"Artículo 237. Las sentencias del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se fundarán en derecho y resolverán sobre la pretensión del actor que se deduzca de su demanda, en relación con una resolución impugnada, teniendo la facultad de invocar hechos notorios.

"Cuando se hagan valer diversas causales de ilegalidad, la sentencia o resolución de la Sala deberá examinar primero aquellos que puedan llevar a declarar la nulidad lisa y llana. En el caso de que la sentencia declare la nulidad de una resolución por la omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes, o por vicios de procedimiento, la misma deberá señalar en qué forma afectaron las defensas del particular y trascendieron al sentido de la resolución.

"Las Salas podrán corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto los agravios y causales de ilegalidad, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en la demanda y en la contestación.

"Tratándose de las sentencias que resuelvan sobre la legalidad de la resolución dictada en un recurso administrativo, si se cuenta con elementos suficientes para ello, el tribunal se pronunciará sobre la legalidad de la resolución recurrida, en la parte que no satisfizo el interés jurídico del demandante. No se podrán anular o modificar los actos de las autoridades administrativas no impugnados de manera expresa en la demanda.

"En el caso de sentencias en que se condene a la autoridad a la restitución de un derecho subjetivo violado o a la devolución de una cantidad, el tribunal deberá previamente constatar el derecho que tiene el particular, además de la ilegalidad de la resolución impugnada."

De la interpretación armónica de estos numerales, cabe decir que tratándose de sentencias que resuelvan sobre la legalidad de una resolución dictada en un recurso administrativo, las Salas Fiscales tienen la obligación de pronunciarse sobre el tema de fondo propuesto en el recurso administrativo a través del análisis de la resolución recaída en él, siempre y cuando cuenten con los elementos suficientes para hacerlo, lo que en la especie acontece, pues con las documentales que existen en autos la Sala se encuentra en posibilidad de analizar el fondo de la litis planteada en el recurso de inconformidad cuyo análisis omitió la autoridad demandada, razón por la cual dicho argumento es infundado.

Apoya el anterior criterio la tesis de este tribunal, cuyos rubro y texto son:

"CONTENIDO Y FINALIDAD DE LAS SENTENCIAS QUE EMITEN LAS SALAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, EN RELACIÓN CON LA PRETENSIÓN DEDUCIDA. Del contexto de los artículos 237 y 238 del Código Fiscal de la Federación, se desprende que las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al dictar sus fallos, resolverán: ‘sobre la pretensión del actor que se deduzca de su demanda, en relación con una resolución impugnada’; lo que determina el contenido y finalidad de las sentencias e implica considerar: a) el petitum en relación con un bien jurídico; y, b) la razón de la pretensión o título que es la causa petendi. Es así que el juzgador, sobre la base no formalista de un fundamento de hecho, debe evaluar si la esencia y relevancia de lo planteado es conforme con el ordenamiento, todo ello de una manera razonable, integral y no rigorista, sin desvincularlo de los efectos o consecuencias de la esencia de la pretensión, privilegiando una respuesta basada en la verdad fáctica y real por encima de lo procesal. Ello implicará un pronunciamiento completo y amplio de la litis propuesta atendiendo a la solución de fondo, al problema jurídico y de la controversia, tal y como lo ordena el artículo 17 constitucional. En abono a lo anterior, se tiene que el Código Fiscal de la Federación -especialmente en su artículo 237 y demás relativos-, así como criterios jurisprudenciales relativos a su reforma, facultan y conminan a las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa a pronunciarse sobre aspectos, tales como: a) una litis abierta, b) eventual sustitución en lo que deban resolver las autoridades demandadas, c) invocar hechos notorios, d) resolver el tema de fondo con preferencia a las violaciones formales, e) corrección de errores en la cita de preceptos y suplencia de agravios, en el caso de ciertas causas de ilegalidad, f) examen conjunto de los agravios, causales de ilegalidad y argumentaciones, g) constatar el derecho que en realidad asista a las partes y, h) aplicar los criterios y principios jurisprudenciales dictados y reconocidos por los tribunales del Poder Judicial de la Federación.

"CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

"Amparo directo 361/2002. Lilia Hurtado González. 8 de enero de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Alma Margarita Flores Rodríguez.

"Amparo directo 427/2002. Jorge Alberto Gamboa Soto. 8 de enero de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Cristina Fuentes Macías.

"Revisión fiscal 313/2002. Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en Pemex Exploración y Producción, en ausencia del Titular del Órgano Interno de Control. 8 de enero de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretario: Alfredo A. Martínez Jiménez."

Una vez hecho lo anterior, la Sala del conocimiento, al analizar la omisión de la autoridad demandada, concluyó que era fundado el concepto de impugnación por lo que hace al incumplimiento de lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 25 del Reglamento para la Clasificación de Empresas y Determinación del Grado de Riesgo del Seguro de Riesgos de Trabajo, en virtud de que la resolución recurrida fue notificada con fecha diecisiete de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, habiendo transcurrido dos años ocho meses, es decir, fuera del plazo señalado en el citado artículo 25 del Reglamento de Clasificación de Empresas y Determinación del Grado de Riesgo del Seguro de Riesgos de Trabajo, es decir, fue extemporánea.

Ahora bien, los argumentos de la recurrente en contra de esta determinación de la Sala, son ineficaces para modificar el fallo sujeto a estudio.

En efecto, la Sala del conocimiento determinó que de conformidad con lo que disponen los artículos 24 al 26 del reglamento en cita, la notificación de la modificación del grado de riesgo fue extemporánea pues, en particular, el artículo 25 establece de manera expresa el término que tiene la autoridad para notificar sobre las modificaciones del grado de riesgo, tomando en cuenta el reglamento aplicable al caso (1994), en razón de la fecha en que se sucedieron los hechos, así como las circunstancias particulares por las cuales estimó que la notificación del grado de riesgo debe hacerse dentro de determinado plazo.

Esto es así, pues los numerales en comento disponen:

"Artículo 24. Las empresas revisarán anualmente su grado de riesgo, para determinar si permanece el mismo, disminuye o aumenta de acuerdo a las siguientes reglas:

"...

"II. La disminución o aumento del grado de riesgo y prima procederá cuando el índice de siniestralidad, de los riesgos terminados en el último año calendario, sea inferior o superior al del grado de riesgo en que la empresa se encuentre cotizando;

"En uno u otro caso, se colocará la empresa en el grado más cercano que le corresponda dentro de la escala de la clase en que se encuentre.

"El periodo anual a considerar por los patrones correspondientes a las cinco clases, para determinar sus índices de frecuencia, gravedad y siniestralidad, será del 1o. de enero al 31 de diciembre;

"III. Las modificaciones al grado de riesgo y prima, tendrán vigencia durante el periodo comprendido entre el 2o. bimestre de cotización del año siguiente a aquel en que concluyó el periodo computado y el primer bimestre del año subsecuente.

"Al término de la vigencia, la empresa fijará el nuevo grado de riesgo y prima que procedan, en los términos del presente capítulo;

"IV. Si se tratara de empresas de reciente registro en el instituto o que hayan cambiado de clase en los términos de los artículos 5o. y 20 de este reglamento, la disminución o aumento del grado de riesgo procederá atendiendo a lo dispuesto por las fracciones I y II anteriores y en consideración a los riesgos terminados, hasta que hayan completado un periodo anual del 1o. de enero al 31 de diciembre;

"...

"VI. Los patrones deberán presentar al instituto durante el mes de febrero los formularios debidamente requisitados y autorizados que se publiquen en el Diario Oficial de la Federación, los que se podrán reproducir en los términos que determine el instituto, en los que se harán constar los casos de riesgos de trabajo terminados durante el año a que se refiere la declaración correspondiente, precisando la identificación de los trabajadores y las consecuencias de cada riesgo, así como el número de trabajadores promedio expuestos al riesgo, dados éstos en razón a la mecánica bajo la cual efectúen los pagos de cuotas obrero-patronales.

"Precisarán además el grado de riesgo y prima que les corresponda, con base en los datos proporcionados al instituto, y pagarán las cuotas por riesgos de trabajo, según lo hayan determinado.

"Se eximirá a los patrones de la obligación de presentar los formularios mencionados, cuando al determinar su grado de riesgo, éste resulte igual al del ejercicio anterior.

"El instituto conciliará la información proporcionada por las empresas contra sus registros, y si estimare que lo manifestado por el patrón, en lo relativo al grado de riesgo y prima no es congruente con los resultados obtenidos por el instituto, hará la rectificación correspondiente, la cual surtirá efectos a partir del 2o. bimestre del año posterior a que se refiere el cómputo, debiendo ser notificado al patrón;

"VII. En los casos en que un patrón haya efectuado su determinación del grado de riesgo y sobrevenga una baja, con posterior restablecimiento en la misma actividad, en un lapso de hasta seis meses dentro del periodo que rija la determinación antedicha, continuará cubriendo la misma prima. En caso de que exceda el límite de seis meses, se asignará la prima media.

"Para el periodo subsecuente realizará su nueva determinación si el lapso transcurrido entre la baja y el restablecimiento suman seis meses o menos. En caso contrario la empresa continuará en el grado medio de su misma clase, y

"VIII. Cuando por las modalidades de los sujetos de aseguramiento o tipo de contribución la empresa tenga asignados diversos números de registro patronal en un mismo Municipio o en el Distrito Federal, con excepción de los casos señalados en el artículo 6o. de este reglamento, para el cálculo del índice de siniestralidad y determinación del grado de riesgo y prima, se tomarán los riesgos de trabajo sufridos por todo el personal de la empresa, en un mismo Municipio o en el Distrito Federal y terminados durante el periodo de cómputo.

"En caso de que la empresa tenga registrados centros de trabajo en distintos Municipios, determinará el grado de riesgo a dichos centros, inclusive a aquellos que cuenten únicamente con trabajadores eventuales, temporales o estacionales, con independencia de los que se encuentren en otro Municipio; lo mismo sucederá cuando una misma empresa tenga centros de trabajo en el Distrito Federal y fuera de él."

"Artículo 25. El instituto podrá rectificar o asignar el grado de riesgo de una empresa en los supuestos siguientes:

"I. Cuando el grado de riesgo manifestado por el patrón no esté conforme a lo dispuesto en este reglamento;

"II. Cuando el patrón en su declaración no manifieste su grado de riesgo, el instituto lo asignará en los términos de este reglamento, y

"III. Los previstos en las fracciones I y II del artículo 4o. de este reglamento.

"En los casos a que se refieren las fracciones anteriores, la rectificación o asignación será notificada al patrón en un plazo que no exceda al 31 de enero del año siguiente.

"El instituto podrá modificar una actividad o rama industrial, de una clase a otra, en los términos de la Ley del Seguro Social y de los artículos 7o. y 20 de este reglamento."

"Artículo 26. Si el instituto modifica el grado de riesgo y prima declarados por la empresa, lo hará mediante resolución debidamente fundada y motivada, la cual le será notificada personalmente al patrón o a su representante legal, dentro del plazo señalado en el artículo 25 de este reglamento."

Así tenemos que, contra lo que menciona la recurrente, no es verdad que no se establezca un término fatal para notificar al patrón en forma expresa, en atención a que si bien el artículo 25 pretranscrito no establece todas las posibilidades de rectificación del grado de riesgo, el numeral 26 es muy claro al disponer que en caso de que el instituto modifique el grado de riesgo deberá hacerlo mediante resolución debidamente fundada y motivada, y "dentro del plazo señalado en el artículo 25 de este reglamento", por lo que sí existe plazo para que el instituto notifique al patrón sobre tal modificación.

Asimismo, y en relación con que sólo es aplicable a lo dispuesto en la fracción VI del diverso 24, también carece de eficacia jurídica, pues el numeral dispone los mecanismos mediante los que las empresas revisarán anualmente su grado de riesgo para determinar su situación, y la fracción VI, particularmente señala el caso de que el instituto tendrá la obligación de cotejar los datos proporcionados por el patrón contra su registro, a fin de que si se encuentran diferencias rectifique el grado de riesgo y notifique al patrón, pues dicha rectificación surtirá efectos a partir del segundo bimestre del año posterior a que se refiere el cómputo, cuestión que sí es dable llevarse acabo pero siguiendo, además, los lineamientos que señalan los artículos 25 y 26 pretranscritos pues, se insiste, son parte del procedimiento de rectificación del grado de riesgo.

En este orden de ideas, y como ya se vio, los argumentos de la autoridad son ineficaces para desvirtuar las consideraciones de la Sala para arribar a la conclusión de que la notificación de la modificación del grado de riesgo es extemporánea y por ello se declaró nula.

Sirve de apoyo a la anterior consideración, la tesis de este tribunal publicada en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, mayo de 1992, página 534, que a la letra dice:

"SEGURO SOCIAL. MODIFICACIÓN DE GRADO DE RIESGO. LA NOTIFICACIÓN DEL DICTAMEN RELATIVO DEBE HACERSE NECESARIAMENTE ANTES DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA NUEVA CLASIFICACIÓN. Si bien el artículo 24 del Reglamento para la Clasificación de Empresas y Determinación del Grado de Riesgo del Seguro de Riesgos del Trabajo no señala en forma categórica que la notificación del cambio de clasificación de grado de riesgo deba notificarse con anterioridad a su entrada en vigencia, es lógico que los particulares a los que se les impongan una nueva carga fiscal, conozcan las bases conforme a las cuales habrán de cubrir dicha carga."

Por último, y en relación con la debida fundamentación y motivación del dictamen de modificación de grado de riesgo que menciona, sí se encuentra debidamente fundado y motivado, por lo que tampoco le asiste la razón.

En efecto, el artículo 16 constitucional dispone que todo acto de autoridad debe de constar por escrito, estar debidamente fundado y motivado, y emitido por autoridad competente.

En el caso a estudio, la autoridad demandada para establecer la modificación del grado de riesgo, si bien tomó en parte los datos que obraban en su poder presentados en su momento por el entonces actor en su declaración anual de grado de riesgo y prima de seguro de riesgo de trabajo, al momento de emitir la resolución de rectificación de grado de riesgo no motivó ni fundamentó debidamente la misma, en virtud de que no precisó los casos tomados en cuenta, las causas para considerar los riesgos de trabajo, el procedimiento llevado a cabo para determinar las cantidades ahí citadas, los hechos generadores de cada uno de los rubros, así como las razones por las cuales estimó que las cifras ahí anotadas correspondían exactamente a cada uno de los rubros, pues se citaron de manera aislada los números de afiliación, nombres de los asegurados, fechas de los supuestos accidentes, tipo de riesgo, días subsidiados, incapacidades, sin precisar los datos exactos en que ocurrieron cada uno de los rubros, así como señalar específicamente los porcentajes de incapacidad que en su caso se hubieren actualizado.

Lo anterior transgrede lo dispuesto por el artículo 16 constitucional, en virtud de que para aumentar el grado de riesgo y prima determinados, la autoridad demandada estaba obligada a especificar las circunstancias, causas y consecuencias que generaron la modificación del grado de riesgo del actor, razón por la cual se declaró correctamente la nulidad de la resolución.

Sirve de apoyo a la anterior consideración la jurisprudencia número 42/95, visible en la página 322 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, septiembre de 1995, Segunda Sala, Novena Época, cuyo texto es:

"SEGURO SOCIAL. MODIFICACIÓN DEL GRADO DE RIESGO. SI EN LA INSTANCIA ADMINISTRATIVA EL PATRÓN NIEGA EN FORMA LISA Y LLANA LOS HECHOS QUE MOTIVARON LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA, A LA DEPENDENCIA QUE EMITIÓ ÉSTA, CORRESPONDE PROBAR LOS HECHOS EN QUE SE BASÓ.-De conformidad con el artículo 68 del Código Fiscal de la Federación, los actos y resoluciones de las autoridades fiscales se presumirán legales, pero dichas autoridades deberán probar los hechos que motiven esos actos o resoluciones cuando el afectado los niegue lisa y llanamente, a menos que la negativa implique la afirmación de otro hecho. Esta regla, ordinariamente aceptada en juicios de nulidad fiscal, también es aplicable con motivo de las instancias administrativas establecidas en el régimen del seguro social en contra de las resoluciones que modifican el grado de riesgo con base en el cual el patrón está cotizando en el seguro de riesgos de trabajo, pues si éste niega lisa y llanamente los hechos en que se apoyó la dependencia técnica responsable de la clasificación de empresas y determinación del grado de riesgo, y esa negativa no implica una afirmación, el referido patrón queda liberado de la carga de la prueba de tales hechos. En las mencionadas instancias administrativas, que son la aclaración o el recurso de inconformidad previstos, respectivamente, en los artículos 35 del Reglamento para la Clasificación de Empresas y Determinación del Grado de Riesgo del Seguro de Riesgos de Trabajo y 274 de la Ley del Seguro Social, las dependencias a las que corresponde resolverlas, o sea, el Comité Consultivo del Seguro de Riesgos de Trabajo o el Consejo Técnico, deberán recabar los elementos de prueba idóneos y necesarios a fin de que estén en aptitud de solucionar la contienda puesta a su consideración, conduciéndose, desde luego, con la imparcialidad que exige la función que les adscriben las disposiciones que los rigen, en la inteligencia de que no pueden legalmente mejorar la fundamentación y motivación de esas determinaciones, sino que se deben limitar a dilucidar dicha contienda con base en los planteamientos formulados y el material probatorio que se allegue; de ahí que en la hipótesis señalada, el instituto no quede eximido de estas cargas u obligaciones con la sola suministración al patrón de los datos relativos a través de la resolución objeto de la inconformidad."

Así las cosas, y al resultar infundados e ineficaces los agravios propuestos, debe dejarse intocada la sentencia sujeta a estudio.

Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en lo que disponen los artículos 104, fracción I-B, de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos; 83, 85 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve:

ÚNICO.-Es procedente pero infundado el recurso de revisión hecho valer por el titular de la División Normativa Fiscal y de Asuntos Especiales, en ausencia del titular de la Coordinación Normativo Contenciosa, unidad administrativa encargada de la defensa jurídica de los intereses del Instituto Mexicano del Seguro Social, y representante de sus dependencias a nivel central, en nombre del C. Director general del mismo, en contra de la sentencia de fecha dieciséis de agosto de dos mil dos, dictada por la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en el juicio contencioso número 4186/00-09-I/435/01-PL-07-04, en términos del último considerando de esta resolución.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución devuélvase el expediente fiscal a la Sala Superior de su origen; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el toca como asunto concluido.

Así, por unanimidad de votos de los señores Magistrados Jean Claude Tron Petit (presidente), Rubén Pedrero Rodríguez y Jesús Antonio Nazar Sevilla, lo resolvió este Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, siendo relator el segundo de los nombrados.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17443-f1d0bb41/sentencias-del-tribunal-federal-de-justicia-fiscal-y · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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