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Modo: Corpus Pro

AGRAVIOS EN LA REVISIÓN FISCAL, SU ANÁLISIS ES DE ESTRICTO DERECHO, POR LO QUE SON INOPERANTES SI NO SE CONTROVIERTEN LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA SALA.

Tipo de asunto: REVISIÓN ADMINISTRATIVA 125/2002. · Registro digital (IUS): 17456
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ADMINISTRADOR LOCAL JURÍDICO DE XALAPA, EN REPRESENTACIÓN DEL SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y OTROS.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, , Pág. 1410.

REVISIÓN FISCAL 125/2002. ADMINISTRADOR LOCAL JURÍDICO DE XALAPA, EN REPRESENTACIÓN DEL SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y OTROS.

CONSIDERANDO:

QUINTO. Son inoperantes, por insuficientes, los agravios transcritos en el considerando tercero de esta ejecutoria.

En efecto, lo anterior se afirma así, ya que del análisis de la sentencia recurrida, pronunciada el trece de agosto de dos mil dos por la Sala Regional Fiscal del conocimiento, se advierte con meridiana claridad que ésta para declarar la nulidad lisa y llana, tanto de la resolución contenida en el oficio número 325-SAT-30-III-6311, de seis de septiembre de dos mil uno, cuanto de la diversa a que se refiere el oficio número 324-SAT-L39-3-02574, de veintiocho de marzo del propio año, emitidas, respectivamente, por el administrador local jurídico y por el administrador local de Auditoría Fiscal, ambos de Xalapa, se apoyó de manera sustancial en que: "atendiendo a los fundamentos y motivos expresados por la Administración Local de Auditoría Fiscal de Xalapa, al emitir el oficio 324-SAT-L39-3-02574, respecto del rechazo de deducciones efectuadas por la hoy actora al considerarlas como improcedentes y cuya validez fue confirmada por la hoy demandada al emitir la resolución impugnada, destaca que al determinar la situación en comento, la autoridad revisora en el último párrafo de la hoja 15 de la resolución determinativa del crédito fiscal, textualmente señaló lo siguiente: 'Las deducciones no procedentes en cantidad de $2'340,943.96, que se citan en la hoja número 13 de la presente resolución, se conocieron al analizar la documentación comprobatoria, soporte de las deducciones de la contribuyente Grupo Constructor e Inmobiliaria Fernández Orozco, S.A. de C.V., conociéndose que algunas deducciones registradas en los rubros contables de costo directo de obra, compras, gastos de operación y de administración se encuentran amparados contablemente con documentación comprobatoria que para efectos fiscales no reúnen requisitos para que proceda su deducción para efectos del impuesto sobre la renta, en virtud de que se encuentran amparados con documentación que no fue impresa por persona autorizada para estos fines por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como de que no cuentan con el soporte documental respectivo, determinándose por estos conceptos una diferencia en cantidad de $2'340,943.96.'. De lo anterior se aprecia que la autoridad revisora expresó en la determinación del crédito a cargo de la hoy demandante, argumentos que resultan carentes de sustento legal, ya que los mismos se refieren a hechos no imputables a la entonces visitada, como lo son que la impresora de las documentales con las que sustentó las deducciones efectuadas, no se encuentre autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para tales fines, ya que dicha situación le es del todo ajenas a la hoy actora y, por ello, no le pueden derivar en afectación alguna. Lo anterior es así, ya que en materia de requisitos formales que deben cumplir los comprobantes fiscales, para que su contenido pueda ser susceptible de acreditamiento y deducción, sólo debe atenderse lo que al efecto disponen los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, preceptos que a la letra señalan lo siguiente: 'Artículo 29. Cuando las leyes fiscales establezcan la obligación de expedir comprobantes por las actividades que se realicen, dichos comprobantes deberán reunir los requisitos que señala el artículo 29-A de este código. Las personas que adquieran bienes o usen servicios deberán solicitar el comprobante respectivo. Los comprobantes a que se refiere el párrafo anterior deberán ser impresos en los establecimientos que autorice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que cumplan con los requisitos que al efecto se establezcan mediante reglas de carácter general. Las personas que tengan establecimientos a que se refiere este párrafo deberán proporcionar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la información relativa a sus clientes, a través de medios magnéticos, en los términos que fije dicha dependencia mediante disposiciones de carácter general. Para poder deducir o acreditar fiscalmente con base en los comprobantes a que se refiere el párrafo anterior, quien los utilice deberá cerciorarse de que el nombre, denominación o razón social y clave del Registro Federal de Contribuyentes de quien aparece en los mismos son los correctos. Asimismo, quienes expidan los comprobantes referidos deberán asegurarse de que el nombre, denominación o razón social de la persona a favor de quien se expidan los comprobantes correspondan con el documento con el que acrediten la clave del Registro Federal de Contribuyentes que se asienta en dichos comprobantes. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante disposiciones de carácter general, podrá establecer facilidades para la identificación del adquirente. Lo dispuesto en el párrafo anterior, no será aplicable para las operaciones que se realicen con el público en general. Los contribuyentes con local fijo están obligados a registrar el valor de los actos o actividades que realicen con el público en general, así como a expedir los comprobantes respectivos conforme a lo dispuesto en este código y su reglamento. Los equipos y sistemas electrónicos que para tal efecto autorice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, deberán ser mantenidos en operación por el contribuyente, cuidando que cumplan con el propósito para el cual fueron instalados. Cuando el adquirente de los bienes o el usuario del servicio solicite comprobante que reúna requisitos para efectuar deducciones o acreditamiento de contribuciones, deberán expedir dichos comprobantes además de los señalados en este párrafo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público llevará el registro de los contribuyentes a quienes corresponda la utilización de equipos y sistemas electrónicos de registro fiscal y éstos deberán presentar los avisos y conservar la información que señale el reglamento de este código. En todo caso, los fabricantes e importadores de equipos y sistemas electrónicos de registro fiscal, deberán presentar declaración informativa ante las autoridades administradoras dentro de los veinte días siguientes al final de cada trimestre, de las enajenaciones realizadas en ese periodo y de las altas o bajas, nombres y número de registro de los técnicos de servicio encargados de la reparación y mantenimiento.'. (lo subrayado es nuestro). 'Artículo 29-A. Los comprobantes a que se refiere el artículo 29 de este código, además de los requisitos que el mismo establece, deberán reunir lo siguiente: I. Contener impreso el nombre, denominación o razón social, domicilio fiscal y clave del Registro Federal de Contribuyentes de quien los expida. Tratándose de contribuyentes que tengan más de un local o establecimiento, deberán señalar en los mismos el domicilio del local o establecimiento en el que se expidan los comprobantes. II. Contener impreso el número de folio. III. Lugar y fecha de expedición. IV. Clave del Registro Federal de Contribuyentes de la persona a favor de quien expida. V. Cantidad y clase de mercancías o descripción del servicio que amparen. VI. Valor unitario consignado en número e importe total consignado en número o letra, así como el monto de los impuestos que en los términos de las disposiciones fiscales deban trasladarse, en su caso. VII. Número y fecha del documento aduanero, así como la aduana por la cual se realizó la importación, tratándose de ventas de primera mano de mercancías de importación. VIII. Fecha de impresión y datos de identificación del impresor autorizado. Los comprobantes a que se refiere este artículo podrán ser utilizados por el contribuyente en un plazo máximo de dos años, contados a partir de su fecha de impresión. Transcurrido dicho plazo sin haber sido utilizados, los mismos deberán cancelarse en los términos que señala el reglamento de este código. La vigencia para la utilización de los comprobantes, deberá señalarse expresamente en los mismos. Los contribuyentes que realicen operaciones con el público en general deberán expedir comprobantes simplificados en los términos que señale el reglamento de este código.'. En este orden de ideas y al respecto de lo contenido en la resolución impugnada, se puede concluir que la apreciación de la autoridad resulta improcedente, en tanto que pretende que, en su carácter de consumidor, la hoy actora cumpla con situaciones legales que le son ajenas y, por ende, imposible de atender, dado que respecto de los comprobantes que reciban de sus proveedores o prestadores de servicios, los consumidores de los mismos deberán estarse a lo que al respecto señala el primer párrafo del artículo 29 en comento, donde sólo se impone la obligación a la persona que adquiere bienes o use servicios de solicitar el comprobante respectivo, y por lo que se refiere a lo previsto en el segundo párrafo del multialudido artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, la obligación de imprimir en lugares autorizados recae en aquella persona que esté obligado a emitir los comprobantes de mérito y no en las personas que reciben el bien o servicio ahí amparado. Ahora bien, continuando con el análisis de lo contenido en el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, referente a la deducción y acreditamiento fiscal con base en los comprobantes que al efecto emitan los prestadores de bienes o servicios, aquellos contribuyentes, como el caso de la hoy actora, que los registren en su contabilidad, sólo deberán cerciorarse de que el nombre, denominación o razón social y clave del Registro Federal de Contribuyentes, de quien aparece en los mismos, son los correctos, de donde resulta, sin lugar a duda, que la autoridad al determinar el crédito a cargo de la demandante pretende el cumplimiento de requisitos legales cuya atención no recae sobre la responsabilidad legal de la entonces visitada. Sirve de apoyo a las anteriores consideraciones, en lo conducente, lo contenido en la jurisprudencia 2a./J. 18/94, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 83, noviembre de 1994, visible en la página 15, que a la letra señala lo siguiente: 'COMPROBANTES FISCALES. REQUISITOS DE LOS, PARA EFECTOS DE DEDUCCIÓN O ACREDITAMIENTO. El artículo 29, párrafo segundo, vigente en mil novecientos noventa, del Código Fiscal de la Federación, consigna una obligación expresa, clara y precisa, no sujeta a reglamentación alguna, dirigida a quien recibe comprobantes fiscales, consistente en cerciorarse de que el nombre, denominación o razón social y clave del Registro Federal de Contribuyentes de quien expide el comprobante sean los correctos. Por tanto, quien pretende deducir o acreditar fiscalmente, no está obligado a verificar que los comprobantes que se le expidan satisfagan, además, los requisitos señalados en el artículo 36 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, ya que éstos deben ser satisfechos por quien los expide, sin que su incumplimiento pueda afectar a quien los recibe. Contradicción de tesis 43/93. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito y Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. 19 de octubre de 1994. Cinco votos. Ponente: Noé Castañón León. Secretario. Jorge Farrera Villalobos. Tesis de jurisprudencia 18/94. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión pública de diecinueve de octubre de mil novecientos noventa y cuatro, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: presidente Atanasio González Martínez, Carlos de Silva Nava, José Manuel Villagordoa Lozano, Fausta Moreno Flores y Noé Castañón León.'. En tales consecuencias, resulta procedente con fundamento en lo previsto en la fracción IV del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación, declarar la nulidad de la resolución impugnada, dado que la Administración Local Jurídica de Xalapa, al emitir dicho acto, no efectuó una debida apreciación de los hechos y, en este orden de ideas, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 237, último párrafo y fracción IV del artículo 238, ambos del Código Fiscal antes aludido, se declara la nulidad del oficio número 324-SAT-L39-3-02574, dictada por la Administración Local de Auditoría Fiscal de Xalapa, dado que la autoridad dictó dicho acto en contravención a lo previsto en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal citado, tal y como se dejó asentado en párrafos anteriores."; por tanto, si el disconforme a través de sus agravios aquí propuestos, se limita única y exclusivamente a exponer que: "Esta representación considera que existe violación a lo dispuesto por el artículo 237 del Código Fiscal de la Federación, por su inobservancia y falta de aplicación, en virtud de que la Sala responsable de su conocimiento, no se ajustó a derecho al emitir la sentencia recurrida, en virtud de que emite su fallo, careciendo de todo sustento legal y con base en inferencias, consideraciones subjetivas y presunciones, todos estos elementos que en su conjunto se manifiestan por la responsable al emitir una sentencia definitiva que no aprecia correctamente los argumentos expuestos por esta representación habiéndose acreditado que efectivamente se ha cumplido con la garantía de legalidad de un acto de autoridad que contiene y cumple con los requisitos exigidos por los artículos 14 y 16 constitucionales, así como con el correspondiente artículo 38 del Código Fiscal de la Federación; en este sentido la a quo en su considerando tercero, a partir de la foja 3 a la 13, resuelve en el siguiente sentido: ... Se reitera lo ilegal de la sentencia de mérito, para el caso en concreto de las situaciones asentadas y conocidas por las autoridades fiscales en las actas correspondientes relativas al procedimiento de fiscalización bajo el ejercicio de sus facultades de comprobación, y que efectivamente en forma apegada a derecho realizan las autoridades bajo la presunción y al tenor de lo dispuesto en el artículo 68 del ya multicitado Código Fiscal de la Federación; asimismo por resultar hechos conocidos por la autoridad y debidamente asentados, corresponde desvirtuar que efectivamente los hechos y omisiones detectados por el ejercicio de las facultades de comprobación de las autoridades no lo son en el sentido que se le dan a conocer al contribuyente auditado, y siendo así para el caso que nos ocupa, al tratarse de deducciones realizadas en el ejercicio fiscal es procedente que si el causante no acredita su debida procedencia, entonces la autoridad no cuente con los elementos necesarios para otorgar la validez a los asientos realizados en ese sentido y no como sucede, en la especie, al considerar la Sala responsable que se pretende por parte de la autoridad fiscalizadora que la contribuyente demuestre que la impresora de las documentales con las que sustentó las deducciones se encuentre autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, supuesto en el cual la Sala del conocimiento desvía la atención del asunto en lo principal, al pretender acreditar una situación que también de hecho no existe ni se presume su existencia para el caso en concreto. De las manifestaciones realizadas en el párrafo anterior se desprende claramente que la Sala del conocimiento funda su sentencia en aseveraciones y curiosamente actúa bajo meras presunciones de ilegalidad, sin atender a lo que efectivamente se demuestra por parte de esta representación fiscal y a lo que se logra acreditar por parte de la accionante del juicio de nulidad, y siendo así que efectivamente se respetaron las garantías de audiencia, seguridad jurídica y legalidad que consagra nuestra Constitución, y no obstante lo anterior, ante las meras presunciones se pretende dar fuerza legal a una situación que no se acreditó debidamente por quien se audita. En conclusión, ante la ilegalidad de la sentencia de mérito, se reitera que efectivamente se actúa contra derecho al considerar como procedentes las deducciones que realizó la contribuyente visitada, las cuales carecen del sustento legal suficiente para su debido acreditamiento, partiendo de la base de que los documentos con los cuales se amparan dichas operaciones no reúnen los requisitos fiscales correspondientes y al no haberse logrado desvirtuar los hechos conocidos por las autoridades en el ejercicio de sus facultades de comprobación, corresponde entonces que se tomen como deducciones realizadas en forma ilegal y, por tanto, se traduzcan en omisiones formales. Siendo así, se reitera lo ilegal de la sentencia en comento y en este sentido resulta procedente señalar que, en el caso que nos ocupa, corresponde a la parte actora acreditar los extremos de su acción con los documentos que demuestren en forma fehaciente el porqué de la conducta asumida, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en materia fiscal en relación con el artículo 5o. del Código Fiscal de la Federación, debiéndose reconocer la legalidad y validez de la multicitada resolución controvertida, de conformidad con lo que dispone el artículo 68 del mencionado Código Fiscal, resultando aplicable al caso, la tesis que se encuentra a página 473 de la revista No. 84 del Tribunal Fiscal de la Federación, 2a. Época, año VIII, diciembre de 1986, que dice: 'RESOLUCIONES FISCALES. AL TENER LA PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD CORRESPONDE AL ACTOR COMPROBAR SU ILICITUD. De conformidad con el artículo 89 del Código Fiscal de la Federación anterior y 68 del Código Fiscal de la Federación vigente, las resoluciones fiscales tienen presunción de legalidad, por lo que corresponde al actor alegar y demostrar fehacientemente las razones por las que deben anularse, sin que la autoridad que las emita tenga obligación de probar esa legalidad. Consecuentemente, si la actora no alega expresamente argumentos que demuestren la ilegalidad de la resolución que combate, ni tampoco prueba sus afirmaciones, procede reconocer la validez de dicha resolución.'. Igualmente resulta aplicable, la jurisprudencia No. 4 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se encuentra en la página 16 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, Cuarta Parte, Tercera Sala, que es del tenor siguiente: 'ACCIÓN. FALTA DE LA PRUEBA DE LA. Dado que la ley ordena que el actor debe probar los hechos constitutivos de su acción, es indudable que, cuando no los prueba, su acción no puede prosperar, independientemente de que la parte demandada haya o no opuesto excepciones y defensas.'. Igualmente es aplicable al caso, el criterio jurisprudencial emitido por la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación, visible en la revista del mismo, 2a. Época, Números 1 al 6, agosto de 1978-julio de 1979, página 394, que a la letra señala: 'CARGA DE LA PRUEBA, CUÁNDO CORRESPONDE A LA AUTORIDAD FISCAL Y CUÁNDO AL CAUSANTE. La situación de un causante frente a las afirmaciones de la autoridad fiscal difiere de cuándo esas aseveraciones se hacen sin base alguna o cuándo se hacen con base en datos asentados en un acta levantada de conformidad con los preceptos legales aplicables. En el primer caso, la negativa por parte del causante traslada la carga de la prueba a la autoridad; en el segundo, habiéndosele dado a conocer al contribuyente los hechos asentados en el acta, será él quien tenga la carga de la prueba para desvirtuar tales hechos. Si bien es cierto que los hechos asentados en el acta no implican su veracidad, puesto que admiten prueba en contrario, también lo es que si esta prueba no se aporta o no es idónea, deberá estarse a la presunción de legalidad de tales elementos. Revisión No. 806/77. Juicio 2/76. Resolución de la H. Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación, de fecha 26 de febrero de 1979, por 7 votos a favor y 1 con los resolutivos. Ponente: Mag. Lic. Mariano Azuela Güitrón.'.-De acuerdo con lo anterior, si en la especie primeramente se hace exigible el requisito que pretende hacer valer como causal de nulidad el órgano jurisdiccional sentenciante, entonces resulta por demás evidente que al momento de resolver el asunto en cuestión viola en perjuicio el fisco federal lo dispuesto por el artículo 237 del Código Fiscal de la Federación, por tanto, debe atenderse a las consideraciones anteriores para el efecto de que revoque la sentencia de mérito y se dicte otra en la que atendiendo a lo ya resuelto, en el sentido de que sus agravios resultaban del todo infundados, también resuelva infundada la manifestación realizada por la cual anuló el acto de autoridad; asimismo, en la especie resulta aplicable la tesis jurisprudencial VI.3o.A.2 K, de la Novena Época, que tuvo como instancia el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, abril de 2001, página 1069, que a la letra nos dice lo siguiente: 'GARANTÍA DE DEFENSA Y PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD Y CONGRUENCIA. ALCANCES.-La garantía de defensa y el principio de exhaustividad y congruencia de los fallos que consagra el artículo 17 constitucional, no deben llegar al extremo de permitir al impetrante plantear una serie de argumentos tendentes a contar con un abanico de posibilidades para ver cuál de ellos le prospera, a pesar de que muchos entrañen puntos definidos plenamente, mientras que, por otro lado, el propio numeral 17 exige de los tribunales una administración de justicia pronta y expedita, propósito que se ve afectado con reclamos como el comentado, pues en aras de atender todas las proposiciones, deben dictarse resoluciones en simetría longitudinal a la de las promociones de las partes, en demérito del estudio y reflexión de otros asuntos donde los planteamientos verdaderamente exigen la máxima atención y acuciosidad judicial para su correcta decisión. Así pues, debe establecerse que el alcance de la garantía de defensa en relación con el principio de exhaustividad y congruencia, no llega al extremo de obligar a los órganos jurisdiccionales a referirse expresamente en sus fallos, renglón a renglón, punto a punto, a todos los cuestionamientos, aunque para decidir deba obviamente estudiarse en su integridad el problema, sino a atender todos aquellos que revelen una defensa concreta con ánimo de demostrar la razón que asiste, pero no, se reitera, a los diversos argumentos que más que demostrar defensa alguna, revela la reiteración de ideas ya expresadas.-Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito.-Amparo directo 37/2000. Hilados de Lana, S.A. de C.V. 1o. de diciembre de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Antonio Pescador Cano. Secretario: Jorge Arturo Gamboa de la Peña.'.-Por las consideraciones anteriores antes expuestas, al haber quedado debidamente acreditada la violación incurrida por la a quo, a lo dispuesto por el artículo 237 del Código Fiscal de la Federación, atentamente solicita a ese H. Colegiado, revoque la sentencia que se recurre para el efecto de que se emita otra en la cual se reconozca la legalidad y validez de la resolución origen del crédito fiscal, por encontrarse adecuada a lo dispuesto por el artículo 38, fracción III, del Código Fiscal de la Federación."; de ahí que resulta claro que estos motivos de desacuerdo no se encuentran encaminados a combatir las consideraciones antes transcritas, en que se sustenta el fallo sujeto a revisión por lo que, independientemente de lo correcto o incorrecto de ellas, es evidente que las mismas deben seguir rigiendo su sentido, pues conforme al principio de estricto derecho que impera en tratándose de revisiones fiscales, obliga a que la parte disconforme con una determinada resolución demuestre su ilegalidad por lo que, se insiste, si la autoridad recurrente formuló sus agravios sin controvertir las consideraciones expresadas por la Sala Regional Fiscal en la sentencia combatida, los mismos devienen inoperantes y, en tal virtud, debe confirmarse ésta, al encontrarse legalmente subsistentes las razones que le sirvieron de apoyo.

Al respecto, cobra aplicación la tesis sustentada por este Tribunal Colegiado que se consulta en la página mil doscientos veintiocho, Tomo XVI, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, relativo al mes de agosto de dos mil dos, que dispone: "AGRAVIOS EN LA REVISIÓN FISCAL. SU ANÁLISIS ES DE ESTRICTO DERECHO, POR LO QUE SON INOPERANTES SI NO CONTROVIERTEN LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA SALA.-El principio de estricto derecho que impera en tratándose de revisiones fiscales, obliga a que la parte disconforme con una determinada resolución demuestre su ilegalidad; consecuentemente, si la autoridad recurrente formula sus agravios sin controvertir las consideraciones expresadas por la Sala Fiscal en la sentencia recurrida, los mismos devienen inoperantes y, en tal virtud, debe confirmarse ésta, al encontrarse legalmente subsistentes las razones que le sirvieron de apoyo.", emitida al resolver el toca fiscal número 18/2002, criterio que se reiteró al resolver los diversos tocas de igual naturaleza números 80/2002, 99/2002 y 132/2002.

En las relatadas condiciones, se impone confirmar la sentencia recurrida.

Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 104, fracción I-B, de la Constitución General de la República, 37, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 248 del Código Fiscal de la Federación, se resuelve:

ÚNICO.-Se confirma la sentencia pronunciada el trece de agosto de dos mil dos por la Sala Regional del Golfo del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, residente en Xalapa, Veracruz, en el juicio de nulidad número 1956/01-13-01-6, promovido por Arturo Fernández Vega, en su carácter de representante legal de la persona moral denominada Grupo Constructor e Inmobiliaria Fernández Orozco, Sociedad Anónima de Capital Variable, mediante la cual se declaró la nulidad lisa y llana, tanto de la resolución contenida en el oficio número 325-SAT-30-III-6311, de seis de septiembre de dos mil uno, cuanto de la diversa a que se refiere el oficio número 324-SAT-L39-3-02574, de veintiocho de marzo del propio año, dictadas, respectivamente, por el administrador local jurídico y por el administrador local de Auditoría Fiscal, ambos de Xalapa.

Notifíquese como corresponda; con testimonio de la presente resolución vuelvan los autos a su lugar de origen y, en su oportunidad, archívese el expediente.

Así, por unanimidad de votos de los Magistrados Graciela Guadalupe Alejo Luna, Manuel Francisco Reynaud Carús y Eliel E. Fitta García, lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito. Fue ponente el segundo de los nombrados.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17456-09cb519a/agravios-en-la-revision-fiscal-su-analisis-es · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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