RENTA. ES IMPROCEDENTE LA DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO RELATIVO, RETENIDO CON MOTIVO DE LA INDEMNIZACIÓN AL EXTINGUIRSE LA RELACIÓN LABORAL, YA QUE NO SE UBICA EN EL SUPUESTO DE EXENCIÓN A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO DECIMOSEXTO TRANSITORIO DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FINANCIERA RURAL.
REVISIÓN FISCAL 11/2005. ADMINISTRADOR LOCAL JURÍDICO DE XALAPA, VERACRUZ, EN REPRESENTACIÓN DEL SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y DE LA AUTORIDAD DEMANDADA.
CONSIDERANDO:
SEXTO. Los agravios que se hacen valer por la autoridad recurrente son parcialmente fundados.
Argumenta la parte recurrente, en esencia, que la sentencia que se combate viola el artículo 237 del Código Fiscal de la Federación, pues la Sala Regional responsable no se ajustó a derecho al emitirla, ya que su fallo carece de todo sustento legal y se basa en consideraciones subjetivas y presunciones, pues la negativa de devolución tiene como sustento la aplicación aislada de los artículos transitorios decimocuarto y decimosexto de la Ley Orgánica de la Financiera Rural, lo cual lesiona los intereses del fisco federal al pretender reconocer al contribuyente el derecho a la devolución de una cantidad que en ningún caso fue enterada indebidamente al erario público; que no toma en cuenta que la actora solicitó la devolución con base en una exención que no aplicaba en su beneficio, supuestamente contenida en los artículos transitorios de mérito, e indebidamente los interpreta, cuando que, tratándose de disposiciones transitorias debió analizar la ley en cuestión en su conjunto para proceder a la aplicación de las disposiciones señaladas con anterioridad, pues no se ubica al actor en el supuesto de exención a que se refieren tales artículos transitorios.
Es fundado lo que asevera la parte recurrente. Para evidenciar lo anterior se hace necesario poner de manifiesto que del escrito inicial de demanda se viene en conocimiento que la parte actora Lucía Saldaña Domínguez, demandó la nulidad de la resolución contenida en el oficio número 322-SAT-30-I-02-12263, de fecha diecinueve de noviembre del año dos mil tres, emitida por el administrador local de recaudación de Veracruz, Veracruz, mediante la cual se niega su solicitud de devolución de un saldo a favor del impuesto sobre la renta, derivado del pago indebido por concepto de retención efectuada por el Banco de Crédito Rural del Golfo, Sociedad Nacional de Crédito, por la cantidad de diecisiete mil cinco pesos.
Los hechos en que apoyó su demanda los hizo consistir, entre otros, en que: "1. Con fecha del 26 de diciembre del 2002, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que se modifica y adiciona el artículo 2o. de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2002 y se expide la Ley Orgánica de la Financiera Rural. En el artículo decimocuarto transitorio de la Ley Orgánica de la Financiera Rural, se establece lo siguiente: ‘Artículo decimocuarto. Los trabajadores en activo que al 30 de junio de 2003 laboren en las sociedades nacionales de crédito que se liquidan, deberán ser indemnizados y su relación laboral quedará extinguida, conforme a lo establecido en la normatividad aplicable. Todos sus derechos laborales serán respetados en términos de ley. Las sociedades nacionales de crédito que integran el Sistema Banrural o el liquidador serán responsables de la terminación de la relación laboral y liquidación de los trabajadores antes citados. En términos del artículo octavo transitorio anterior, el Gobierno Federal realizará las acciones necesarias para que el liquidador cuente con los recursos suficientes para estos efectos y para las contingencias que en materia laboral tenga el Sistema Banrural.’. Asimismo, en el artículo decimosexto transitorio de la Ley Orgánica de la Financiera Rural, se establece: ‘Artículo decimosexto transitorio. Las transferencias de bienes y derechos previstas en los artículos transitorios noveno, décimo, decimoprimero y decimocuarto anteriores no quedarán gravadas por impuesto federal alguno.’. 2. Es el caso que la suscrita fue indemnizada por el Banco de Crédito Rural, Sociedad Nacional de Crédito, con motivo de la terminación de la relación laboral, efectuándose indebidamente la retención del impuesto sobre la renta por la cantidad de $17,005.00 (diecisiete mil cinco pesos 00/100 M.N.), mismo importe que la institución bancaria mencionada enteró a favor de la Tesorería de la Federación, en su carácter de retenedor responsable solidario. 3. En virtud de que la retención del impuesto sobre la renta efectuada por el banco es indebida por contravenir lo dispuesto por los artículos decimocuarto y decimosexto transitorios de la Ley Orgánica de la Financiera Rural, con escrito de fecha 21 de octubre de 2003, presentado ante la Administración Local de Recaudación de Veracruz, en el Estado de Veracruz, el ahora demandante solicitó la devolución del impuesto sobre la renta que por la cantidad de $17,005.00 (diecisiete mil cinco pesos 00/100 M.N.), me fuera indebidamente retenido por el Banco de Crédito Rural del Golfo, Sociedad Nacional de Crédito, al hacerme el pago de la liquidación correspondiente por terminación de la relación laboral. 4. El día 19 de noviembre de 2003, la Administración Local de Recaudación de Veracruz da respuesta a la solicitud de devolución efectuada por el suscrito (sic), emitiendo para tal efecto la resolución contenida en el oficio número 322-SAT-30-I-02-12263, en la que resuelve negar la solicitud de devolución del saldo a favor de la ahora demandante."
A su vez, la Sala Regional del Golfo del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con residencia en esta ciudad, para declarar la nulidad de la resolución impugnada estimó fundamentalmente que: "A juicio de los Magistrados que integran esta Sala los conceptos de impugnación a estudio son fundados, en virtud de las siguientes consideraciones: En esencia, el accionante se duele de lo siguiente: Que la resolución impugnada no se encuentra debidamente fundada ni motivada. Que la autoridad demandada le niega la devolución del impuesto sobre la renta, que le fuera indebidamente retenido por la institución bancaria denominada Banco de Crédito del Golfo, Sociedad Nacional de Crédito. Que la resolución impugnada se dictó en contravención a lo dispuesto en los artículos 22 del Código Fiscal de la Federación, decimocuarto y decimosexto de la Ley Orgánica de la Financiera Rural, al disponer este último artículo que las transferencias de bienes y derechos previstos en los artículos transitorios noveno, décimo, decimoprimero y decimocuarto no se gravarían por impuesto federal alguno. Ahora bien, en la especie la autoridad demandada en la resolución impugnada que obra a fojas 29 y 30 del expediente en que se actúa, en la parte que interesa, señala lo siguiente: (vuelve a transcribir párrafo). De lo antes transcrito se concluye que como motivo para negar la solicitud de la devolución presentada por el hoy actor, la autoridad le señaló que los bienes y derechos a los que se refería el artículo decimosexto transitorio del decreto que expide la Ley Orgánica de la Financiera Rural, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de diciembre de 2002, son los bienes y derechos que corresponden a las transferencias que realice el Ejecutivo Federal para constituir el patrimonio inicial de la financiera y a las transferencias de cuentas y cheques y depósitos que Banrural haga a otras instituciones bancarias para contar con los recursos suficientes para llevar a cabo la liquidación e indemnización de los trabajadores de las sociedades que se liquidaba. Al efecto conviene transcribir los artículos de trato que disponen lo siguiente: (se transcribe nuevamente artículos). De una interpretación concatenada de los mencionados artículos transitorios, se tiene que el artículo noveno se refiere al patrimonio inicial de la financiera, el décimo a la transferencia de los depósitos y cuentas de cheques, el decimoprimero a la transferencia de los préstamos y créditos otorgados por el Banrural a la Financiera, el decimocuarto señala que los trabajadores del Banrural que se liquiden deberán ser indemnizados y por último el decimosexto hace mención a que las transferencias de bienes y derechos previstas en los artículos señalados no se gravarían por impuesto federal alguno. Por lo que en esa tesitura la autoridad demandada, de manera indebida negó la solicitud de devolución del pago de lo indebido, toda vez que la indemnización pagada por la institución de crédito denominada Banco de Crédito Rural, conforme a lo previsto en el artículo decimosexto transitorio de la Ley Orgánica de la Financiera Rural, se encontraba exenta de pago de impuesto federal alguno. En virtud de que el artículo decimocuarto de la mencionada ley, se refiere a los derechos de los trabajadores que se liquidaban y a los que se deberían de indemnizar, por lo que si el artículo decimosexto de la mencionada ley contempla que las transferencias de bienes y derechos previstas en los artículos noveno, décimo, decimoprimero y decimocuarto, no quedarían gravados por impuesto federal alguno, es claro que se refiere a la indemnización que como derecho laboral tienen los trabajadores de las instituciones de crédito que se liquidaban, por lo que de manera indebida la autoridad demandada negó la devolución de la retención del impuesto sobre la renta que la institución liquidada realizó al hoy accionante. Sin que sea óbice el argumento de las demandadas al momento de contestar la demanda, en el sentido de que los bienes y derechos referentes en los artículos noveno, décimo, decimoprimero y decimocuarto transitorios corresponden a las transferencias que realice el Ejecutivo Federal para constituir el patrimonio inicial de la Financiera Rural y no a los derechos de los trabajadores. Lo anterior es inexacto porque el artículo decimocuarto se refiere única y exclusivamente a los derechos de los trabajadores de las instituciones de crédito que se liquidaban y el decimosexto contempla las transferencias y derechos señalados en los artículos mencionados, y al ser la indemnización pagada a los trabajadores un derecho, es claro que la misma no se vería gravada por impuesto federal alguno acorde con lo dispuesto en el citado artículo. Sin que sea óbice el argumento de la autoridad demandada al momento de contestar la demanda para desvirtuar la pretensión del actor, de que al no ubicarse en ninguno de los supuestos de excepción que señalan los artículos 109, fracción I, 112 y 113 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, no era procedente su solicitud de devolución de impuestos y por lo mismo su representada procedió a su rechazo conforme al artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, ya que al caso concreto no era aplicable el artículo decimosexto transitorio de la Ley Orgánica de la Financiera Rural como lo argumenta el actor. Al efecto, es conveniente hacer las siguientes precisiones: Si bien la autoridad cita como fundamento los artículos a que hace referencia en la resolución impugnada, tal como se comprueba de la hoja 2 de la resolución impugnada (foja 30 de autos), en la que se señaló lo siguiente: (se transcribe párrafo anterior). De lo anterior se concluye que la autoridad, sí se apoyó en el referido artículo decimosexto para negar la devolución, señalando para ello que existe una incorrecta apreciación por parte del contribuyente al considerar que la indemnización recibida por la terminación laboral estaba exenta del impuesto sobre la renta, ya que el referido artículo en que basa su petición no hace referencia a una exención con motivo de la indemnización, sino a las transferencias de bienes y derechos para la desintegración de Banrural y la creación de la Financiera Rural. Sin embargo, si la disposición expresa contempla que la indemnización que reciban los trabajadores de la institución crediticia en liquidación, no estaría gravada por impuesto federal alguno, es claro que, si se le retuvo el impuesto sobre la renta por esa indemnización, esta retención se considera un pago de lo indebido, acorde con lo que dispone el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, y susceptible de solicitarse su devolución, en concordancia con el artículo citado, que fue lo que ocurrió, pues el hoy actor solicitó vía devolución de impuestos y siendo que la autoridad negó su solicitud bajo el argumento de que no era procedente devolver el impuesto retenido, toda vez que la indemnización cubierta no estaba exenta del impuesto sobre la renta. Sin que sea óbice el argumento de la autoridad demandada, al momento de contestar la demanda, de que el artículo decimosexto transitorio de la Ley Orgánica de la Financiera Rural, en el que el actor basa su solicitud de devolución, exenta del pago de impuestos federales únicamente a las transferencias realizadas por el Ejecutivo Federal, mas no así a las indemnizaciones por la terminación de la relación laboral, ya que con su argumento no desvirtúa la pretensión del actor, porque el tantas veces referido artículo decimosexto, menciona a las transferencias y derechos que contemplan los artículos noveno, décimo, decimoprimero y decimocuarto transitorios, siendo que este último contempla los derechos de los trabajadores de la institución que se liquida para recibir una indemnización. Sin que tampoco sea contundente el argumento de la autoridad demandada al momento de contestar la demanda para demostrar la legalidad de la resolución hoy impugnada, en el sentido de que la pretensión del actor de que la indemnización que le fue pagada debe ser exceptuada del pago de impuestos federales, señalando para ello que el actor confunde dos situaciones que son totalmente diferentes, ya que la exención en el pago de impuestos federales que contempla el artículo decimosexto transitorio de la Ley Orgánica de la Financiera Rural, la concede a las transferencias de bienes y derechos que efectúa el Ejecutivo Federal para constituir el patrimonio inicial de la financiera, así como para los recursos suficientes para llevar a cabo la liquidación e indemnización de los trabajadores y el derecho que tienen los trabajadores para ser indemnizados al término de la relación laboral, lo que no entra en el supuesto de excepción conforme al mencionado artículo. Sigue señalando la autoridad al momento de contestar la demanda que no se actualiza ninguna de las excepciones previstas en el artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, ya que la Institución Banrural como patrón y retenedor del impuesto en mención, se encuentra obligada a calcular y retener el impuesto sobre la renta causado por las percepciones obtenidas por el ahora accionante con motivo de la indemnización laboral, en términos de lo exigido por los artículos 112 y 113 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, sin perderse de vista que la mencionada institución se encuentra obligada a la retención del impuesto causado, también lo es que Banrural no es quien realiza el pago del impuesto retenido, sino que proviene de las cantidades pagadas al accionante por concepto de indemnización. Su anterior argumento no desvirtúa la ilegalidad de la resolución impugnada, porque aquí no se están dilucidando las obligaciones que tiene el patrón y el trabajador conforme a los artículos 109, 112 y 113 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, sino que si la ley específica de la materia para la liquidación del Banco de Crédito Rural, dispuso en un artículo transitorio, en específico, el decimosexto que las transferencias y derechos que contemplaban los artículos noveno, décimo, decimoprimero y decimocuarto, no se gravarían por impuesto federal alguno, y siendo que este último artículo alude a la indemnización a que tienen derecho los trabajadores, es claro que conforme al artículo decimosexto esta indemnización no estará gravada por impuesto federal alguno, independientemente de lo que disponen los artículos 109, fracción X, 112 y 113 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Sin que tampoco pueda considerarse como válido el argumento de las demandadas, en el sentido de que los bienes y derechos que no se gravarían con impuesto federal alguno, eran únicamente a los de la institución que se liquidaba, y sin que dicha exención se aplicara sobre las retenciones que pretende el accionante se le devuelvan, ya que él es quien tiene la obligación de pagar el impuesto sobre la renta por los ingresos que perciba y en este caso la institución financiera sólo actúa en carácter de retenedor conforme al artículo 118 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Ya que si la ley específica dispuso que el patrimonio inicial para constituir a la Financiera Rural, los depósitos en cuentas de cheques y los depósitos de las sociedades nacionales de crédito, préstamos y créditos otorgados por las sociedades de créditos que se liquidaban, así como las indemnizaciones que recibieran los trabajadores no se gravarían por impuesto federal alguno, se concluye que estos conceptos estaban exentos del pago de impuestos federales, independientemente de lo dispuesto por la Ley del Impuesto sobre la Renta. Por lo que en ese orden de ideas, lo procedente es declarar la nulidad de la resolución impugnada, para el efecto de que la autoridad demandada proceda a la devolución del pago de lo indebido de impuesto sobre la renta solicitada por la cantidad de $17,005.00. Cabe señalar que idéntico criterio al aquí expresado, lo sostuvo esta Sala al resolver el diverso expediente 1295/04-13-01-3, promovido por Manuel Vergara Herrera."
Ahora bien, los artículos octavo, noveno, décimo, decimoprimero, decimocuarto y decimosexto transitorios de la Ley Orgánica de la Financiera Rural, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de diciembre del año dos mil dos, establecen lo siguiente:
"Octavo. Para atender los requerimientos vinculados al Sistema Banrural señalados en la presente ley, se autoriza al Ejecutivo Federal a transferir al Banco Nacional de Crédito Rural, S.N.C., en el ejercicio del 2002 y con cargo al Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal 2002, la cantidad de $31,363,000,000.00 (treinta y un mil trescientos sesenta y tres millones de pesos 00/100 moneda nacional). Del monto señalado en el primer párrafo de este artículo, se destinarán hasta $15,682,000,000.00 (quince mil seiscientos ochenta y dos millones de pesos 00/100 moneda nacional) para cumplir con los requerimientos siguientes: I. Pasivos y contingencias, así como ajustes al valor de los activos de las sociedades nacionales de crédito que integran el Sistema Banrural, incluida su cartera; II. Las transferencias de los bienes muebles e inmuebles que el Sistema Banrural realice a dependencias y entidades paraestatales de la Administración Pública Federal en términos del artículo decimotercero transitorio de esta ley; III. Pasivos vinculados con las pérdidas que dichas sociedades nacionales de crédito hayan acumulado, y IV. Los gastos de administración que el liquidador de las sociedades nacionales de crédito que integran el Sistema Banrural efectúe en cumplimiento de su cargo. Adicionalmente a las cantidades que se señalan en este artículo, el liquidador deberá destinar también los recursos que resulten de la recuperación de los activos del Sistema Banrural para atender los requerimientos establecidos en las fracciones I a IV del segundo párrafo de este mismo artículo. De igual forma, se destinarán del monto señalado en el primer párrafo de este artículo hasta $4,034,000,000.00 (cuatro mil treinta y cuatro millones de pesos 00/100 moneda nacional) para atender las contingencias y cumplir con las obligaciones laborales a que se refiere el artículo decimocuarto transitorio de la presente ley. Del monto señalado en el primer párrafo del presente artículo, para el cumplimiento de las obligaciones con los trabajadores jubilados y pensionados del Sistema Banrural que se establecen en el artículo decimoquinto transitorio de esta ley, se destinarán hasta $11,647,000,000.00 (once mil seiscientos cuarenta y siete millones de pesos 00/100 moneda nacional). La Comisión determinará la forma en la que el Banco Nacional de Crédito Rural, S.N.C., registrará contablemente los recursos señalados en el primer párrafo de este artículo. Asimismo, la Secretaría de Hacienda determinará las condiciones a las que se sujetará su administración y autorizará las adecuaciones necesarias a dichos requerimientos, siempre y cuando no se rebase la cantidad autorizada en el primer párrafo de este artículo, actualizada por los productos derivados tanto de sus intereses como de la recuperación de activos. En el evento de que los recursos para atender los requerimientos a que se refiere este artículo resulten inferiores a la cantidad fijada en dicho párrafo, el remanente deberá reintegrarse a la Tesorería de la Federación, en términos de la ley de ingresos del año correspondiente. En el supuesto de que dichos requerimientos sean superiores, la Secretaría de Hacienda deberá cuidar que la diferencia se prevea en el presupuesto de egresos de la Federación del ejercicio fiscal respectivo. En el balance final de la liquidación de las sociedades nacionales de crédito que integran el Sistema Banrural se deberá precisar el destino desglosado de todos los recursos señalados en este artículo y, una vez publicado dicho balance, el remanente será entregado a la Tesorería de la Federación."
"Noveno. Para constituir el patrimonio inicial de la financiera, se autoriza al Ejecutivo Federal a transferir en el ejercicio 2002 y con cargo al Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal 2002 la cantidad de $17,515,000,000.00 (diecisiete mil quinientos quince millones de pesos 00/100 moneda nacional). De la cantidad establecida en el párrafo anterior de este artículo, se transferirán $10,944,000,000.00 (diez mil novecientos cuarenta y cuatro millones de pesos 00/100 moneda nacional) directamente a la financiera como recursos líquidos, de los cuales hasta $9,644,000,000.00 (nueve mil seiscientos cuarenta y cuatro millones de pesos 00/100 moneda nacional) serán destinados a la colocación crediticia; hasta $500,000,000.00 (quinientos millones de pesos 00/100 moneda nacional) para actividades de capacitación, organización y asesoría a los productores e intermediarios financieros rurales, en términos de lo dispuesto por las fracciones XVI y XVII del artículo 7o. de esta ley; y hasta $800,000,000.00 (ochocientos millones de pesos 00/100 moneda nacional) para los gastos iniciales de administración y operación de la financiera. El patrimonio inicial de la financiera se complementará hasta con $6,571,000,000.00 (seis mil quinientos setenta y un millones de pesos 00/100 moneda nacional) constituidos por activos que en términos de los artículos decimoprimero y decimotercero transitorios siguientes que le transfiera el Banco Nacional de Crédito Rural, S.N.C., a la propia financiera. El Ejecutivo Federal canalizará los recursos señalados al Banco Nacional de Crédito Rural, S.N.C., para que éste a su vez entregue a la financiera activos hasta por el importe señalado sin contraprestación alguna. El registro contable y la administración de estos recursos se sujetarán a lo señalado en el artículo anterior. En el caso de cartera, dicha transferencia se realizará a valor neto de reserva. La financiera constituirá el fondo a que se refiere el segundo párrafo del artículo 22 de esta ley con los recursos líquidos y activos señalados en el presente artículo, los cuales se canalizarán para realizar las operaciones mencionadas en el artículo 7o. de la referida ley. El consejo establecerá las reglas de operación del fondo. La Secretaría de Hacienda autorizará las adecuaciones necesarias a los requerimientos establecidos en este artículo, siempre y cuando no se rebase la cantidad autorizada en el primer párrafo del mismo."
"Décimo. A los 90 días posteriores a la publicación de la presente ley en el Diario Oficial de la Federación, la Secretaría de Hacienda podrá instruir a las sociedades nacionales de crédito del Sistema Banrural o, en su caso, al liquidador, a realizar todos los actos conducentes a efecto de que los depósitos en cuenta de cheques y los depósitos de aquéllas, sean transferidos a las instituciones de crédito que la propia Secretaría de Hacienda designe."
"Decimoprimero. La Secretaría de Hacienda, en consulta con la financiera y el liquidador, determinará aquellos préstamos o créditos otorgados por las sociedades nacionales de crédito que se liquidan susceptibles de ser transferidos, junto con sus respectivas garantías, a la propia financiera, así como los plazos, términos y condiciones en los que dichas transferencias se lleven a cabo. Para tales efectos, la Secretaría de Hacienda considerará, entre otros elementos, la clasificación de los créditos de conformidad con las Reglas para la Calificación de la Cartera Crediticia de las Sociedades Nacionales de Crédito e Instituciones de Banca de Desarrollo, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 24 de octubre de 2000."
"Decimocuarto. Los trabajadores en activo que al 30 de junio de 2003 laboren en las sociedades nacionales de crédito que se liquidan, deberán ser indemnizados y su relación laboral quedará extinguida, conforme a lo establecido en la normatividad aplicable. Todos sus derechos laborales serán respetados en términos de ley. Las sociedades nacionales de crédito que integran el Sistema Banrural o el liquidador serán responsables de la terminación de la relación laboral y liquidación de los trabajadores antes citados. En términos del artículo octavo transitorio anterior, el Gobierno Federal realizará las acciones necesarias para que el liquidador cuente con los recursos suficientes para estos efectos y para las contingencias que en materia laboral tenga el Sistema Banrural."; y,
"Decimosexto. Las transferencias de bienes y derechos previstas en los artículos transitorios noveno, décimo, decimoprimero y decimocuarto anteriores no quedarán gravadas por impuesto federal alguno."
Ahora bien, de la lectura de este último precepto se viene en conocimiento que en él se establece que no quedarán gravadas por impuesto federal alguno "las transferencias de bienes y derechos previstas en los artículos transitorios noveno, décimo, decimoprimero y decimocuarto".
Para saber a qué se refieren los términos "bienes", "derechos", "derecho" e "impuestos", es necesario establecer su significado.
En la obra denominada "Nuevo Diccionario Jurídico Mexicano", del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Editorial Porrúa, México, 1998, página trescientos noventa y cuatro, se definen los términos "bienes" y "derechos" de la siguiente manera: "Bienes. (Del latín bene, entre sus acepciones están: utilidad, beneficio, hacienda, caudal) jurídicamente ‘bien’ es todo aquello que puede ser objeto de apropiación, entendiendo como tales, las cosas u objetos que no se encuentran fuera del comercio por naturaleza o por disposición de la ley (aa 747 a 749,CC)."; y, "Derechos. I. Son las contribuciones establecidas en la ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la nación, así como percibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando, en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en la Ley Federal de Derechos. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado, según lo dispone el a. 2o. Fr. IV, del CFF."
Asimismo, en la obra en mención, se alude a la palabra "derecho", entre otros sentidos, como: "5. Derecho como reclamos justificados (interés legítimo). El término ‘derecho’, además de designar un orden jurídico (o una parte significativa del mismo), se usa para referirse a una ventaja o beneficio normativo conferido a un individuo o a una clase de individuos. En este sentido, ‘derecho’ designa una permisión otorgada a alguien (o algunos para hacer u omitir cierta conducta, con la garantía de la protección judicial). Así se dice: ‘el arrendador tiene derecho de ...’, ‘el propietario tiene derecho ...’, etc. En este sentido, se dice que el comportamiento (o una esfera del mismo) se encuentra jurídicamente tutelado.".
Por otra parte, por cuanto a la connotación fiscal del término "derechos", el Código Fiscal de la Federación en su artículo 2o., fracciones I y IV, establece qué debe entenderse por "impuestos" y "derechos"; así tenemos que los primeros son: "las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las personas físicas y morales que se encuentren en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que sean distintas de las señaladas en las fracciones II, III y IV de este artículo"; y, los segundos: "las contribuciones establecidas en ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la nación, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando, en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en la Ley Federal de Derechos. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado. Cuando sean organismos descentralizados los que proporcionen la seguridad social a que hace mención la fracción II, las contribuciones correspondientes tendrán la naturaleza de aportaciones de seguridad social. Los recargos, las sanciones, los gastos de ejecución y la indemnización a que se refiere el séptimo párrafo del artículo 21 de este código son accesorios de las contribuciones y participan de la naturaleza de éstas. Siempre que en este código se haga referencia únicamente a contribuciones no se entenderán incluidos los accesorios, con excepción de lo dispuesto en el artículo primero."
De lo expuesto con anterioridad, resulta claro que el significado de las palabras "bienes", "derechos", "derecho" e "impuestos", tienen una connotación totalmente diferente entre ellas; habida cuenta que po
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19044-8bcffce0/renta-es-improcedente-la-devolucion-del-impuesto-relativo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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