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Modo: Corpus Pro

CRÉDITO FISCAL DERIVADO DEL EJERCICIO DE LA FACULTAD DISCRECIONAL DE LA AUTORIDAD HACENDARIA. SU EJECUCIÓN YA NO DEPENDE DEL ARBITRIO DE LA EXACTORA.

Tipo de asunto: REVISIÓN ADMINISTRATIVA 51/2004. · Registro digital (IUS): 18496
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ADMINISTRADOR LOCAL JURÍDICO DE XALAPA, CON SEDE EN XALAPA, VERACRUZ, UNIDAD ADMINISTRATIVA ENCARGADA DE LA DEFENSA JURÍDICA DEL SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, DEL JEFE DEL SERVICIO DE ADMI
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Diciembre de 2004, , Pág. 1184.

REVISIÓN FISCAL 51/2004. ADMINISTRADOR LOCAL JURÍDICO DE XALAPA, CON SEDE EN XALAPA, VERACRUZ, UNIDAD ADMINISTRATIVA ENCARGADA DE LA DEFENSA JURÍDICA DEL SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, DEL JEFE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y DE LAS AUTORIDADES DEMANDADAS.

CONSIDERANDO:

QUINTO.-Resultan fundados los agravios que en el caso se expresan.

En efecto, en ellos argumenta la autoridad recurrente, en síntesis, que la Sala Fiscal transgredió en su perjuicio lo dispuesto por el artículo 237 del Código Fiscal de la Federación, al declarar la nulidad de la resolución impugnada con fundamento en la fracción IV del artículo 238, en relación con la fracción II del diverso precepto 239, ambos del cuerpo de leyes en cita, no obstante que al tratarse de una violación de requisitos formales que actualiza la hipótesis de ilegalidad prevista por la fracción II del citado artículo 238, la declaratoria de nulidad debió haber sido para efectos, de conformidad con la fracción III del numeral 239, no lisa y llana destacando, asimismo, la inconforme, que al existir un crédito fiscal determinado a favor de la autoridad hacendaria se "agota la facultad discrecional prevista por la norma de referencia y, en consecuencia, a partir de entonces queda en presencia de una facultad reglamentada que consiste en exigir el pago de los créditos fiscales, que no hubieran sido cubiertos y garantizados, en consecuencia, al tratarse de un vicio formal, la a quo incorrectamente emitió una nulidad lisa y llana de la autoridad, de conformidad con el artículo 239, fracción II, siendo que debería haber emitido una nulidad para efectos, de conformidad con el artículo 239, fracción III, del Código Fiscal de la Federación". El anterior argumento, como se dijo, resulta fundado.

Ello es así, teniendo en cuenta que si para la Sala Fiscal es ilegal el mandamiento de ejecución de trece de febrero de dos mil uno, mediante el cual se ordena requerir al enjuiciante para que cubra el importe del crédito fiscal L-68329, en cantidad de ciento seis mil seiscientos treinta y tres pesos, toda vez, apuntó, que en dicho mandamiento de ejecución se apreciaban dos tipos diferentes de letra, uno que corresponde al texto mismo del documento y otro tipo distinto que se asentó en los espacios en blanco en que se anotaron, entre otros datos, el nombre de la persona designada para llevar a cabo la diligencia de requerimiento de pago, además de que en el caso existía la certeza de que tales espacios no fueron llenados por quien emitió el acto "y queda la presunción que se dejó a cargo del personal que va a desahogar la diligencia, la determinación de elementos que resultan esenciales para el acto administrativo"; evidente es, como lo resalta la recurrente, que resulta desafortunada su decisión de ubicar tal causa de ilegalidad en la fracción IV del artículo 238 y, en consecuencia, declarar la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada con apoyo en la fracción II del diverso precepto 239 del código tributario.

En efecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 238 y 239 del Código Fiscal de la Federación, la Sala Fiscal puede declarar la nulidad lisa y llana del acto impugnado, o bien, la nulidad para efectos. La nulidad lisa y llana, que se deriva de las fracciones I y IV del artículo 238 invocado, se actualiza cuando existe incompetencia de la autoridad, que puede suscitarse tanto en la resolución impugnada como en el procedimiento del que deriva; y cuando los hechos que motivaron el acto no se realizaron, fueron distintos o se apreciaron en forma equivocada, o bien, se dictó en contravención de las disposiciones aplicables o dejó de aplicar las debidas. En ambos casos implica, en principio, que la Sala Fiscal realizó el examen de fondo de la controversia. En cambio, las hipótesis previstas en las fracciones II y III del precepto legal de que se trata, conllevan a determinar la nulidad para efectos, al establecer vicios formales que contrarían el principio de legalidad, pero mientras que la fracción II se refiere a la omisión de formalidades en la resolución administrativa impugnada, inclusive, la ausencia de fundamentación y motivación, en su caso, la fracción III contempla los vicios en el procedimiento del cual derivó dicha resolución, vicios que bien pueden implicar también la omisión de formalidades establecidas en las leyes, violatorias de las garantías de legalidad, pero que se actualizaron en el procedimiento, es decir, en los antecedentes o presupuestos de la resolución impugnada.-Así, de actualizarse los supuestos previstos en las fracciones I y IV del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación, que implica el estudio de fondo del asunto, la nulidad debe declararse en forma lisa y llana, lo que impide cualquier actuación posterior de la autoridad; en cambio, si se trata de los casos contenidos en las fracciones II y III, que contemplan violaciones de carácter formal, la nulidad debe ser para efectos, la cual no impide que la autoridad pueda ejercer nuevamente sus facultades, subsanando las irregularidades y dentro del término que para el ejercicio de dichas facultades establece la ley. Lo hasta aquí apuntado encuentra apoyo en la jurisprudencia que este Tribunal Colegiado comparte con el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, consultable con el número VIII.2o. J/24, en la página cuatrocientos cincuenta y cinco, Tomo IX, febrero de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN, CUANDO LA VIOLACIÓN ADUCIDA IMPLICA UN ESTUDIO DE FONDO, LA NULIDAD SERÁ LISA Y LLANA, EN CAMBIO, CUANDO SE TRATA DE VICIOS FORMALES, LA NULIDAD SERÁ PARA EFECTOS.-En términos de lo dispuesto por los artículos 238 y 239 del Código Fiscal de la Federación, las sentencias del Tribunal Fiscal de la Federación pueden declarar la nulidad lisa y llana del acto impugnado o para efectos. La nulidad lisa y llana, que se deriva de las fracciones I y IV del artículo 238 invocado, se actualiza cuando existe incompetencia de la autoridad, que puede suscitarse tanto en la resolución impugnada como en el procedimiento del que deriva; y cuando los hechos que motivaron el acto no se realizaron, fueron distintos o se apreciaron en forma equivocada, o bien, se dictó en contravención de las disposiciones aplicables o dejó de aplicar las debidas. En ambos casos, implica, en principio, que la Sala Fiscal realizó el examen de fondo de la controversia. En cambio, las hipótesis previstas en las fracciones II, III y V del precepto legal de que se trata, conllevan a determinar la nulidad para efectos, al establecer vicios formales que contrarían el principio de legalidad, pero mientras que la fracción II se refiere a la omisión de formalidades en la resolución administrativa impugnada, inclusive la ausencia de fundamentación y motivación en su caso, la fracción III contempla los vicios en el procedimiento del cual derivó dicha resolución, vicios que bien pueden implicar también la omisión de formalidades establecidas en las leyes, violatorias de las garantías de legalidad, pero que se actualizaron en el procedimiento, es decir, en los antecedentes o presupuestos de la resolución impugnada. En el caso de la fracción V, que se refiere a lo que la doctrina reconoce como ‘desvío de poder’, la sentencia tendrá dos pronunciamientos, por una parte implica el reconocimiento de validez del proveído sancionado y por otra supone la anulación del proveído sólo en cuanto a la cuantificación de la multa que fue realizada con abuso de poder, por lo que la autoridad puede imponer un nuevo proveído imponiendo una nueva sanción. Así, de actualizarse los supuestos previstos en las fracciones I y IV del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación, que implica el estudio de fondo del asunto, la nulidad debe declararse en forma lisa y llana, lo que impide cualquier actuación posterior de la autoridad; en cambio, si se trata de los casos contenidos en las fracciones II y III y en su caso V del artículo en comento, que contemplan violaciones de carácter formal, la nulidad debe ser para efectos, la cual no impide que la autoridad pueda ejercer nuevamente sus facultades, subsanando las irregularidades y dentro del término que para el ejercicio de dichas facultades establece la ley."

Ahora bien, como correctamente lo aduce la autoridad recurrente, en la especie, la ilegalidad habida en el mandamiento de ejecución de trece de febrero de dos mil uno, relativa a que en éste se aprecian dos tipos de letra distintos, existiendo la presunción de que se dejó a cargo del ejecutor la determinación de elementos esenciales para el acto administrativo, constituye una violación de carácter formal que actualiza la hipótesis prevista por la fracción II del multicitado numeral 238 del código tributario; de tal suerte que si además estamos en presencia de una facultad reglamentada de la autoridad administrativa, dado que mediante la resolución impugnada se pretende exigir el pago de un crédito fincado a favor del fisco federal a través del procedimiento económico-coactivo o administrativo de ejecución, es claro que la declaración de nulidad debió ser apoyada en la fracción III del artículo 239 del Código Fiscal, esto es, para el efecto de que la autoridad demandada repusiera el procedimiento y subsanara la ilegalidad habida en el mandamiento de ejecución con que inició el procedimiento económico-coactivo. Al no hacerlo así, es claro que la autoridad responsable conculcó garantías en perjuicio de la recurrente. Orienta lo anterior, la tesis sostenida por este Tribunal Colegiado, publicada con el número VII.3o.C.18 A, en la página mil doscientos diecisiete, Tomo XVII, correspondiente al mes de mayo de dos mil tres, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "-La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia por contradicción de tesis 16/2000, estableció el criterio de que las autoridades hacendarias pueden obrar de dos maneras, discrecional y reglamentada; en tratándose del ejercicio de la facultad discrecional, la legislación otorga a la autoridad un margen libre de apreciación para determinar la forma de actuar. El Código Fiscal de la Federación en su artículo 42 contempla las formas de ejercer esas facultades discrecionales de revisión, comprobación y determinación de que dispone, tendentes a verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, pues la ley otorga a la autoridad un margen de libre apreciación para determinar su forma de actuar, al contar con la facultad de decidir libremente si despliega o no esas atribuciones. En la facultad reglada o reglamentada, la actuación de la autoridad fiscal debe ceñirse al marco legal fijado por la norma jurídica que señala la conducta específica que debe seguirse ante la actualización de la hipótesis que la disposición legal prevé, por lo que, en términos de lo dispuesto por el artículo 145 del Código Fiscal de la Federación, llevada a cabo la autodeterminación por parte del contribuyente, o bien, determinado un crédito por las propias autoridades hacendarias, surge la obligación de enterar el monto del adeudo dentro de los plazos que establece la ley, tornándose exigible a través del procedimiento administrativo de ejecución. Por su parte, el artículo 239 del referido ordenamiento indica que en las sentencias definitivas se podrá: a) reconocer la validez de la resolución impugnada; b) declarar la nulidad de la sentencia combatida; y, c) en su caso, declarar la nulidad para determinados efectos, debiendo precisar con claridad la forma y términos en que la autoridad debe cumplirla, salvo que se trate de facultades discrecionales. La interpretación armónica de dichos preceptos legales permite concluir que cuando la autoridad fiscal, a través de alguna de las formas de verificación a que alude el numeral citado en primer término, finca un crédito a favor del fisco federal, con dicho procedimiento y determinación agota la facultad discrecional prevista por la norma de referencia; en consecuencia, a partir de entonces queda en presencia de una facultad reglamentada y, por tanto, constreñida a exigir el pago de los créditos fiscales que no hubieren sido cubiertos o garantizados a través del referido procedimiento económico-coactivo; luego, cuando en el ejercicio de éstos se advierta alguno de los vicios de nulidad a que se refieren las fracciones II y III del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación, durante el procedimiento administrativo de ejecución, la Sala Fiscal que conozca del juicio, debe declarar la nulidad para el efecto de que se reponga el procedimiento o se emita nueva resolución pues, en esos casos, ya no opera la excepción contenida en el 239 del citado ordenamiento, por no encontrarse ante el ejercicio de facultades discrecionales."

Lo anterior conlleva la revocación de la sentencia recurrida para el efecto de que la Sala Fiscal, tomando en cuenta lo aquí plasmado, reitere las consideraciones, apoyo de su sentencia, y concluya en el sentido de que la infracción que advirtió cometida en perjuicio del enjuiciante, se ubica en la hipótesis de ilegalidad contemplada por el artículo 238, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, declarando la nulidad en términos de lo dispuesto por el diverso precepto 239, fracción III, de ese mismo ordenamiento jurídico.

Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en lo dispuesto por los artículos 248 del Código Fiscal de la Federación y 37, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

PRIMERO.-Es procedente y fundado el recurso de revisión interpuesto por el administrador local jurídico de Xalapa, en el Estado de Veracruz, Unidad Administrativa encargada de la defensa jurídica del secretario de Hacienda y Crédito Público, del jefe del servicio de Administración Tributaria y de las autoridades demandadas.

SEGUNDO.-Se revoca la sentencia recurrida de once de mayo de dos mil cuatro, pronunciada por la Sala Regional del Golfo del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, residente en esta ciudad, en el juicio de nulidad 1312/01-13-01-1, promovido por Heriberto Aguilar Esteva, por conducto de su representante legal.

Notifíquese; con testimonio de la presente resolución, envíense los autos al tribunal de origen y, en su oportunidad, archívese el expediente.

Así lo resolvió el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados: presidente Mario Alberto Flores García, Hugo Arturo Baizábal Maldonado y Adrián Avendaño Constantino. Fue ponente el segundo de los nombrados.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18496-1ef45fd6/credito-fiscal-derivado-del-ejercicio-de-la-facultad · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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