JUICIO DE NULIDAD. EL PRINCIPIO DE LITIS ABIERTA CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 197, ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE, PERMITE AL DEMANDANTE ESGRIMIR CONCEPTOS DE ANULACIÓN NOVEDOSOS O REITERATIVOS REFERIDOS A LA RESOLUCIÓN RECURRIDA, LOS CUALES DEBERÁN SER ESTUDIADOS POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 171/2002-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO, AMBOS DEL SÉPTIMO CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL.
SECRETARIO: ROLANDO JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ.
CONSIDERANDO:
TERCERO. A fin de estar en posibilidad de resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, es conveniente conocer las consideraciones sostenidas por los Tribunales Colegiados de Circuito en las ejecutorias respectivas.
A. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, al resolver el diecisiete de octubre de dos mil dos el juicio de amparo directo fiscal número 582/2002 sostuvo, en lo que interesa, lo siguiente:
"QUINTO. Deviene fundado y suficiente para el otorgamiento de la protección constitucional el primero de los conceptos de violación formulados; veamos por qué.
"Al analizar la sentencia reclamada, tenemos que la entonces Tercera Sala Regional del Golfo Centro del Tribunal Fiscal de la Federación determinó la improcedencia de la acción de nulidad al considerar que los conceptos de impugnación plasmados ante su potestad resultaban inoperantes, porque la parte actora se concretó a reproducir las consideraciones que en su momento planteó en el recurso administrativo de revocación.
"Este tribunal federal considera que la Sala responsable, con el proceder de mérito, se apartó de lo dispuesto en los dispositivos 197 y 237, ambos del Código Fiscal de la Federación, los cuales expresamente establecen:
"‘197. Los juicios que se promuevan ante el Tribunal Fiscal de la Federación, se regirán por las disposiciones de este título, sin perjuicio de lo dispuesto por los tratados internacionales de que México sea parte. A falta de disposición expresa se aplicará supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles siempre que la disposición de este último ordenamiento no contravenga al procedimiento contencioso que establece este código. En los casos en que la resolución impugnada afecte los intereses jurídicos de dos o más personas, y éstas promuevan juicio, en el escrito inicial de la demanda deberán designar un representante común que elegirán de entre ellas mismas, y si no lo hicieren, el Magistrado instructor designará con tal carácter a cualquiera de los interesados al admitir la demanda. Cuando la resolución recaída a un recurso administrativo no satisfaga el interés jurídico del recurrente y éste la controvierta, se entenderá que simultáneamente impugna la resolución recurrida en la parte que continúe afectándolo, pudiendo hacer valer conceptos de impugnación no planteados en el recurso.’
"‘237. Las sentencias del Tribunal Fiscal se fundarán en derecho y examinarán todos y cada uno de los puntos controvertidos del acto impugnado, teniendo la facultad de invocar hechos notorios. Cuando se hagan valer diversas causales de ilegalidad, la sentencia o resolución de la Sala deberá examinar primero aquellos que puedan llevar a declarar la nulidad lisa y llana. En el caso de que la sentencia declare la nulidad de una resolución por la omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes, o por vicios de procedimiento, la misma deberá señalar en qué forma afectaron las defensas del particular y trascendieron al sentido de la resolución. Las Salas podrán corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto los agravios y causales de ilegalidad, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en la demanda y en la contestación. Tratándose de las sentencias que resuelvan sobre la legalidad de la resolución dictada en un recurso administrativo, si se cuenta con elementos suficientes para ello, el tribunal se pronunciará sobre la legalidad de la resolución recurrida, en la parte que no satisfizo el interés jurídico del demandante. No se podrán anular o modificar los actos de las autoridades administrativas no impugnados de manera expresa en la demanda.’
"Conforme al último párrafo del precepto transcrito en primer lugar, tenemos que cuando la resolución recaída a un recurso administrativo no satisfaga el interés jurídico del recurrente y éste la controvierta, se entenderá que simultáneamente impugna el fallo recurrido en la parte que continúe afectándolo, es decir, cuando el recurrente ejercita la acción de nulidad en contra de la sentencia dictada en el recurso, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa debe considerar que también impugna la resolución recurrida en la parte en la cual lo continúe afectándolo, aunque no lo exprese, pues tal precepto establece la presunción en beneficio del gobernado de que también combate la resolución recurrida.
"Ahora, si se presume que la sentencia recurrida se impugna en la parte que continúa afectando debe entenderse, como consecuencia lógica, que el Tribunal Fiscal está obligado a pronunciarse sobre su legalidad en la parte que no satisfizo el interés jurídico del demandante, siempre y cuando dicho tribunal cuente con elementos suficientes para ello, según se colige de la concatenación del artículo 197, último párrafo y 237, párrafo cuarto, ambos de la codificación tributaria respectiva.
"Entonces, indudablemente se está en presencia de la litis abierta la cual comprende no solamente la resolución impugnada, sino también la recurrida en la parte que continúe afectando al demandante y, por otra, abarca los nuevos argumentos que propiamente pueden incluir tanto los razonamientos que se refieran a la resolución recurrida como aquellos dirigidos a impugnar la nueva sentencia (sic) emitida en el recurso administrativo, que son propios de la demanda fiscal; si bien, aun cuando éstos no se formulen respecto a la resolución recurrida, ésta se entenderá impugnada en la parte que afecte y el tribunal guarda la obligación de pronunciarse sobre la misma, si tiene elementos suficientes para ello.
"Lo anterior, tomando en consideración el diverso carácter jurídico que asume el órgano de la administración pública involucrado, pues mientras en el juicio de nulidad es sólo una de las partes en la controversia y está sujeta a la jurisdicción del citado tribunal en plena igualdad con las demás partes en el juicio, al emitir el acto administrativo y al resolver el recurso conducente actúa como autoridad ejerciendo su imperio sobre los particulares, siendo además revisor de sus propios actos. Sostener lo contrario atentaría en contra de las normas especiales expresas que regulan el juicio fiscal.
"En este orden de ideas, si como se ha dicho, al acudir al juicio de nulidad fiscal en contra del fallo (sic) del recurso de revocación se entiende que, simultáneamente, se impugna la que dio origen a éste, teniendo la posibilidad de introducir razonamientos o argumentaciones ajenas a las planteadas en aquel medio de impugnación administrativo, por mayoría de razón debe aceptarse que pueden replantearse las mismas inconformidades formuladas en el recurso ante la potestad del órgano de la administración pública involucrada. Por ello, lo incorrecto de la Sala Regional al calificar de inoperantes los conceptos de impugnación, bajo la circunstancia de ser una repetición de lo expuesto en la revocación.
"Pretender estimar lo contrario, o sea, que no se puedan introducir las mismas cuestiones, sería tanto como considerar que no se impugna simultáneamente la resolución recurrida como el fallo del recurso, controvirtiendo la intención del legislador federal plasmada en los preceptos legales referidos. Cabe invocar al respecto, en lo conducente, la jurisprudencia derivada de la contradicción de tesis 80/2001, visible a fojas doscientos veintitrés del Tomo XIV, diciembre de 2001, Novena Época, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, la cual reza de la siguiente forma:
"‘CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LAS PRUEBAS DEBEN ADMITIRSE EN EL JUICIO Y VALORARSE EN LA SENTENCIA, AUN CUANDO NO SE HUBIERAN OFRECIDO EN EL PROCEDIMIENTO.’ (no se transcribe por innecesaria).
"Así las cosas, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada, para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente la sentencia reclamada y pronuncie otra, en la cual estudie todos y cada uno de los conceptos de impugnación formulados por el representante legal de la persona moral Distribuidora Maravilla, Sociedad Anónima de Capital Variable y, con plenitud de jurisdicción, resuelva lo conducente ..."
B. El Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, por su parte, al resolver el juicio de amparo directo 248/2002, en sesión de diecisiete de mayo de dos mil dos, consideró:
"IV. Son ineficaces los conceptos de violación transcritos, cuenta habida de que si bien es cierto que de conformidad con el artículo 197 del Código Fiscal de la Federación que, en su parte conducente, establece que: ‘Cuando la resolución recaída a un recurso administrativo no satisfaga el interés jurídico del recurrente y éste la controvierta, se entenderá que simultáneamente impugna la resolución recurrida en la parte que continúe afectándolo, pudiendo hacer valer conceptos de impugnación no planteados en el recurso.’, en materia contenciosa administrativa se da la posibilidad de que la litis sea abierta en cuanto a que se pueden hacer valer conceptos de impugnación nuevos, o no propuestos en el recurso correspondiente siempre y cuando no satisfagan el interés jurídico del recurrente, entendiéndose que se está impugnando tanto la resolución recaída en el recurso, como la recurrida en el mismo, y que la autoridad tiene la obligación de examinarlos exhaustivamente; también lo es que en el caso es correcto que la Sala Fiscal no analizara los conceptos que le fueron planteados en la demanda de nulidad, porque los mismos se orientan, como acertadamente lo consideró, a controvertir únicamente la resolución originalmente recurrida por medio del recurso administrativo de revocación RR. 1/99, de catorce de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, emitida por la Jefatura de Responsabilidades, Inconformidades, Quejas, Denuncias y Atención Ciudadana de Distribuidora Conasupo de Veracruz, Sociedad Anónima de Capital Variable, por medio de la cual se inhabilitó al quejoso por dos años para desempeñar cualquier cargo o comisión en el servicio público federal y, además, se le impuso una sanción económica por la cantidad de $204.00 (foja 34) sin manifestar, en los propios conceptos de anulación, que la autoridad que emitió la resolución en el recurso lo haya hecho ilegalmente o controvirtiera los razonamientos de ella, señalando qué agravios no fueron examinados correctamente y, posteriormente, de existir alguna parte que no satisfizo su interés jurídico, impugnara la combatida mediante el recurso (foja 38), siendo pertinente destacar que es inexacto que dichos conceptos de impugnación se dirijan a controvertir la resolución recaída al recurso, como puede corroborarse de la simple lectura de los mismos, cuya síntesis realizó la responsable en la propia sentencia impugnada, sin que el quejoso precise, como es su obligación, por ser de estricto derecho el presente juicio, por qué estima que no es requisito necesario el que controvierta en forma conjunta tanto la resolución recurrida, como la relativa al recurso, si precisamente como lo previene el citado artículo 197 del código tributario, se requiere que esta última no satisfaga el interés jurídico del quejoso sea controvertida por ello (sic) para que se puedan hacer valer conceptos de impugnación no planteados en el propio recurso, así como con base en qué considera que es suficiente para tener por impugnada la resolución del recurso que se señale expresamente como recurrida, sin expresar ningún agravio, máxime que es evidente que de la detenida lectura de ese precepto se colige que necesariamente deben expresarse conceptos anulatorios contra la determinación que resolvió el recurso intentado contra la originaria, pudiendo en esa hipótesis hacer valer otros no planteados en ese recurso, de lo que se colige que si no se produce lo primero, técnicamente no podría acontecer esto último, de modo que los conceptos que se adujeran en este último supuesto devendrían inoperantes e ineficaces, siendo aplicables, en la especie, pero en perjuicio del quejoso, las tesis que invocan al respecto, en especial la de rubro: ‘TRIBUNAL FISCAL. SUS SENTENCIAS DEBEN ANALIZAR TODOS LOS CONCEPTOS DE ANULACIÓN HECHOS VALER EN EL JUICIO DE NULIDAD, AUN AQUELLOS NO PROPUESTOS EN EL RECURSO ADMINISTRATIVO CUYA RESOLUCIÓN SE IMPUGNA (ARTÍCULO 197 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN REFORMADO).’, en virtud de que de la sinopsis de la misma, claramente se advierte que ‘... para salvar la observancia de los principios de preclusión, definitividad, litis cerrada y paridad procesal, involucrados en los artículos 125, 132, 202, fracciones V y VI, y 215 del código tributario, el tercer párrafo de la misma disposición legal crea la ficción de que, en ese supuesto de conceptos de impugnación novedosos, se entenderá que el actor está controvirtiendo en la demanda de nulidad, simultáneamente, tanto la resolución recaída al recurso administrativo, como el acto atacado a través del recurso, a fin de que el Tribunal Fiscal de la Federación, ante tal apariencia de la ley, pueda pronunciarse sobre los nuevos motivos de anulación.’, lo que no aconteció en la especie, porque no se controvierte a través de conceptos anulatorios en forma alguna la resolución recaída en el recurso, sino sólo se afirma que se hace, como ya quedó establecido ..."
Dicho fallo dio lugar a la tesis aislada VII.1o.A.T.60 A, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, agosto de 2002, página 1261, que dice:
"CONCEPTOS DE IMPUGNACIÓN EN EL JUICIO DE NULIDAD. SON INEFICACES CUANDO TIENDEN A CONTROVERTIR SÓLO LA RESOLUCIÓN RECURRIDA EN EL RECURSO ADMINISTRATIVO, SIN ATACAR LA DICTADA EN ÉSTE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 197 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN). De conformidad con el artículo 197 del Código Fiscal de la Federación, que da la posibilidad de que la litis sea abierta, el actor tiene derecho a introducir en su libelo conceptos de impugnación novedosos no hechos valer en el recurso administrativo, con la única salvedad de que debe combatir también la resolución dictada en ese recurso, exponiendo conceptos de impugnación en su contra y señalando el porqué dicha resolución no satisface su interés, para que se entienda que simultáneamente impugna tanto la recaída en el recurso, como la controvertida mediante el mismo, por lo que si en el caso el contribuyente actor en el juicio de nulidad respectivo sólo se limitó a afirmar en la demanda origen del mismo que combate la recaída en el recurso, sin hacer valer conceptos de anulación en su contra o señalar qué agravios no fueron examinados correctamente y, posteriormente, de existir alguna parte que no satisfizo su interés jurídico, impugnar la resolución originaria controvertida mediante el recurso, limitándose a plantear conceptos de impugnación nuevos, orientados a cuestionar esa resolución originaria, debe concluirse que los mismos son ineficaces, al no surtirse la hipótesis a que se refiere el aludido artículo 197, porque tales conceptos no se enderezan contra ambas resoluciones, sino sólo respecto a la determinación originaria que motivó el recurso administrativo."
CUARTO. Como cuestión previa debe determinarse si la contradicción de tesis reúne o no los requisitos para su existencia, conforme lo dispone la jurisprudencia 26/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, abril de 2001, Novena Época, página 76, que dice:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."
Son también de citarse los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, que junto con la jurisprudencia antes transcrita sirven como marco de referencia para dilucidar si en el presente caso existe o no la contradicción de tesis denunciada. Dichos numerales dicen:
"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:
"...
"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, a fin de que el Pleno o la Sala respectiva, según corresponda, decidan la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia."
"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. El procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días.
"La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias.
"La Suprema Corte deberá dictar la resolución dentro del término de tres meses y ordenar su publicación y remisión en los términos previstos por el artículo 195."
Como se ve, los preceptos constitucional y reglamentario, así como el criterio jurisprudencial transcritos, previenen la figura jurídica de la contradicción de tesis como medio para integrar jurisprudencia. Tal mecanismo se activa cuando existen dos o más criterios discrepantes, divergentes u opuestos en torno a la interpretación de una misma norma jurídica o punto concreto de derecho y que por seguridad jurídica deben uniformarse a través de la resolución que proponga la jurisprudencia que debe prevalecer y dada su generalidad, pueda aplicarse para resolver otros asuntos de idéntica o similar naturaleza.
En la jurisprudencia aludida se precisan los requisitos de existencia que debe reunir la contradicción de tesis, como son: a) que en las ejecutorias materia de la contradicción se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten criterios discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, argumentaciones o razonamientos que sustentan las sentencias respectivas; y, c) que los criterios discrepantes provengan del examen de los mismos elementos.
De lo anterior, cabe destacar que la existencia de la contradicción de tesis requiere de manera indispensable que la oposición de criterios surja de entre las consideraciones, argumentaciones o razonamientos que sustentan la interpretación de un mismo precepto legal o tema concreto de derecho, ya que precisamente, como antes se definió, esas consideraciones justifican el criterio jurídico que adopta cada uno de los órganos jurisdiccionales para decidir la controversia planteada, a través de las ejecutorias de amparo materia de la contradicción de tesis.
Ahora bien, para determinar si existe algún punto de contradicción entre los criterios contenidos en las ejecutorias transcritas en el considerando precedente, es conveniente conocer los antecedentes de ambos asuntos.
A. De la ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito el diecisiete de octubre de dos mil dos, al resolver el amparo directo fiscal 582/2002, se desprende lo siguiente:
1. Por escrito presentado el veinte de mayo de mil novecientos noventa y ocho ante la Sala Regional Golfo Centro del Tribunal Fiscal de la Federación -hoy Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa- el representante legal de Distribuidora Maravilla, Sociedad Anónima de Capital Variable, promovió juicio de nulidad en contra de la resolución contenida en el oficio número 325-SAT-R5-L39651, expediente DMA-820415-N15, de fecha trece de marzo de mil novecientos noventa y ocho, emitido por la Administración Local Jurídica de Ingresos de Xalapa, a través de la cual se determinó a cargo de la demandante el crédito fiscal número L-75401 por la cantidad de cincuenta y cinco mil seiscientos dieciséis pesos con setenta centavos, por concepto de multas por contribuciones omitidas, infracciones formales y agravantes, derivado de la visita domiciliaria practicada al amparo de la orden número VRM. 240022/97, contenida en el oficio 324-A-VI-6-5137, de fecha cuatro de junio de mil novecientos noventa y siete.
2. El conocimiento del juicio de nulidad número 1164/98-07-03-7, le correspondió a la entonces Tercera Sala Regional del Golfo Centro del Tribunal Fiscal de la Federación, con residencia en la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz, la que con fecha veintiocho de septiembre de mil novecientos noventa y nueve dictó resolución reconociendo la validez de la resolución impugnada señalando, en la parte que interesa al caso, lo siguiente:
a) Deben declararse inoperantes los agravios por referirse a los hechos valer en el recurso de revocación, y no a la resolución que se impugna ante este tribunal, toda vez que del análisis de las constancias que obran en autos se desprende que el actor hace valer los mismos agravios que presentó en la instancia administrativa mediante el recurso de revocación, lo que no está (sic) controvirtiendo; sin embargo, dichos agravios están encaminados a los actos materia del recurso administrativo y no a la resolución al mismo y que hoy se impugna ante este tribunal, siendo que respecto de ésta no plantea ningún agravio, por lo que no se surte la hipótesis prevista en los artículos 197 y 237 del Código Fiscal de la Federación ... Aunado a que la Sala Superior de este tribunal ha sostenido la siguiente tesis: "CONCEPTOS DE IMPUGNACIÓN PLANTEADOS EN EL RECURSO ADMINISTRATIVO, ES VÁLIDO HACER VALER ARGUMENTOS SIMILARES EN LA DEMANDA. ...".
b) Aun cuando hace valer agravios idénticos, tanto en el recurso de revocación como en la demanda de nulidad motivo de este juicio, son de considerarse inoperantes los agravios que el actor vierte en su escrito de demanda, toda vez que no impugnan en lo absoluto los motivos o fundamentos tanto en la resolución impugnada como del propio acto recurrido, aunado a que en otros agravios que expresa sólo se hacen meras afirmaciones y de hecho basadas en el solo dicho del actor, y que no trascienden al ámbito jurídico, ya que tienen el carácter de meras afirmaciones subjetivas no susceptibles de apreciación en el juicio promovido por esta Sala. Lo mismo se dice del segundo de los agravios que el actor expresa respecto de todos sus incisos, toda vez que no se dirigen a la resolución impugnada, sino que hacen alusión a los actos que ya fueron recurridos y estudiados por la autoridad al momento de resolver el recurso de revocación correspondiente.
c) Similar criterio han sostenido las Salas Regionales de este tribunal, al considerar que para el efecto de que el particular pueda hacer uso del derecho que le otorga el artículo 197 del Código Fiscal de la Federación, en el sentido de plantear en ampliación de litis, tanto nuevos agravios como los mismos agravios, es menester que se combata la resolución que recayó al medio de impugnación interpuesto en el recurso administrativo, aduciendo conceptos de impugnación contra la misma. En el caso que nos ocupa, el actor no enfatiza ningún agravio en contra de la resolución que resolvió el recurso de revocación, sino que se limita a expresar los mismos agravios que hizo valer en el citado recurso de revocación, pero nunca los refiere a la resolución que recayó a su recurso de revocación y que es la impugnada ante este tribunal. Así lo ha sostenido este tribunal en el siguiente criterio: "CONCEPTOS DE IMPUGNACIÓN INOPERANTES. DEBEN CONSIDERARSE ASÍ LOS ESGRIMIDOS EN LA DEMANDA CUANDO EN SU TOTALIDAD SEAN DIVERSOS A LOS ARGUMENTOS PLASMADOS EN EL RECURSO ADMINISTRATIVO. ...".
d) En el caso rigen los mismos principios, toda vez que si bien es cierto que el actor está planteando en este juicio de nulidad los mismos argumentos que planteó en su recurso administrativo, la condición para que se puedan analizar es que impugne también la resolución recaída al recurso administrativo y haga valer agravios en contra de la misma, situación que no acontece en el caso, por lo que al no esgrimirse agravio alguno en contra de las consideraciones expresadas por la autoridad en la resolución impugnada, ésta se entiende no impugnada y en términos del artículo 237 en su último párrafo del Código Fiscal de la Federación, este tribunal no puede anular o modificar los actos de las autoridades administrativas no impugnados de manera expresa en la demanda de nulidad.
3. En contra de dicha resolución, la parte afectada promovió juicio de amparo directo mediante escrito presentado el veintitrés de octubre de dos mil uno. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito que conoció del asunto en el amparo directo fiscal 582/2002, con fecha diecisiete de mayo de dos mil dos concedió el amparo a la parte quejosa sosteniendo, en esencia, que "si como se ha dicho, al acudir al juicio de nulidad fiscal en contra del fallo del recurso de revocación se entiende que, simultáneamente, se impugna la que dio origen a éste, teniendo la posibilidad de introducir razonamientos o argumentaciones ajenas a las planteadas en aquel medio de impugnación administrativo, por mayoría de razón debe aceptarse que pueden replantearse las mismas inconformidades formuladas en el recurso ante la potestad del órgano de la administración pública involucrada. Por ello, lo incorrecto de la Sala Regional al calificar de inoperantes los conceptos de impugnación, bajo la circunstancia de ser una repetición de lo expuesto en la revocación. Pretender estimar lo contrario, o sea, que no se puedan introducir las mismas cuestiones, sería tanto como considerar que no se impugna simultáneamente la resolución recurrida como el fallo del recurso, controvirtiendo la intención del legislador federal plasmada en los preceptos legales referidos." (artículos 197, último párrafo y 237, párrafo cuarto, del Código Fiscal de la Federación).
B. De la sentencia dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, al resolver el amparo directo fiscal 248/2002 el diecisiete de mayo de dos mil dos, se aprecian los siguientes elementos:
1. Abel Cadena Carrasco, actor en el juicio de nulidad, señaló como resolución impugnada la emitida con fecha treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, por la Jefatura de Responsabilidades, Inconformidades, Quejas, Denuncias y Atención Ciudadana del Órgano de Control Interno de Distribuidora Conasupo, Sociedad Anónima de Capital Variable, en Veracruz, dentro del expediente número RR. 1/99.
2. La Sala Regional del Golfo del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con residencia en Xalapa, Veracruz, que conoció del asunto en el expediente número 513/00-07-03-7, dictó sentencia conforme a los siguientes razonamientos:
a) Los Magistrados integrantes de esta Sala Regional del Golfo consideran que los agravios en estudio resultan inoperantes y, por tanto, insuficientes para declarar la nulidad de la resolución impugnada.
b) Los conceptos de impugnación van directamente dirigidos a controvertir la resolución originalmente recurrida en el recurso de revocación RR. 1/99, de fecha catorce de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, emitida por la Jefatura de Responsabilidades, Inconformidades, Quejas, Denuncias y Atención Ciudadana del Órgano de Control Interno de Distribuidora Conasupo, S.A. de C.V., donde se le impone la sanción consistente en inhabilitación por dos años para desempeñar cualquier cargo o comisión en el servicio público federal y una sanción económica por la cantidad de $204.00 (doscientos cuatro pesos 00/100 M.N.).
c) Esencialmente se agravia la actora de la ilegalidad de la autoridad al no tener competencia para iniciar y determinar sanciones, al haber otorgado valor probatorio indebido a diversas probanzas, al haber sustanciado indebidamente el procedimiento, pero sin que en ningún momento manifieste que la autoridad que resolvió el recurso lo hizo de manera ilegal, o controvierta los razonamientos que esta autoridad emitió para emitir la resoluci
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17586-fabd539e/juicio-de-nulidad-el-principio-de-litis-abierta · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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