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Modo: Corpus Pro

DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE ORDENA ACLARARLA DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE, AUN CUANDO EL DOMICILIO SEÑALADO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES SE ENCUENTRE FUERA DEL LUGAR DE RESIDENCIA DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEL CONOCIMIENTO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 19/2002-PL. · Registro digital (IUS): 18016
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL ENTONCES SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL CUARTO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Abril de 2004, , Pág. 789.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 19/2002-PL. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL ENTONCES SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL CUARTO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL.

SECRETARIO: ROLANDO JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ.

CONSIDERANDO:

TERCERO. El entonces Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Cuarto Circuito al fallar el incidente de nulidad de notificaciones 2/2000 el veintinueve de marzo de dos mil, en lo que interesa, sostuvo lo siguiente:

"TERCERO. Son fundados en lo esencial los anteriores agravios según se verá a continuación: El artículo 29 de la Ley de Amparo consigna claramente las formalidades que han de observarse en las notificaciones vinculadas con los juicios de amparo del resorte competencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los Tribunales Colegiados de Circuito, así como las que resulten de los procedimientos seguidos ante los mismos órganos jurisdiccionales con motivo de la interposición de cualquier recurso o de la tramitación de cualquier asunto relacionado con el juicio de amparo directo. Así, en su fracción I ordena: ‘A las autoridades responsables y a las autoridades que tengan el carácter de terceros perjudicados, por medio de oficio, por correo, en pieza certificada con acuse de recibo, cuando se trate de notificar el auto que admita, deseche o tenga por no interpuesta la demanda; el que admita, deseche o tenga por no interpuesto cualquier recurso; el que declare la competencia o incompetencia de la Suprema Corte de Justicia o de un Tribunal Colegiado de Circuito; los autos de sobreseimiento; y la resolución definitiva pronunciada por la Suprema Corte de Justicia o por un Tribunal Colegiado de Circuito, en amparo del conocimiento de ellos. En todo caso, al oficio por el que se haga la notificación se acompañará el testimonio de la resolución. El acuse de recibo postal deberá agregarse a los autos. Los Jueces de Distrito al recibir el testimonio del auto que deseche o tenga por no interpuesto cualquier recurso o de la sentencia de segunda instancia pronunciada por la Suprema Corte de Justicia o por un Tribunal Colegiado de Circuito, en juicios de amparo promovidos ante dichos Jueces, notificarán esas resoluciones a las autoridades responsables por medio de oficio remitido por correo, en pieza certificada con acuse de recibo, acompañándoles copia certificada de la resolución que tenga que cumplirse. El acuse de recibo será agregado a los autos.’. A su vez, la fracción II es del tenor literal siguiente: ‘Al procurador general de la República se le notificará por medio de oficio el primer auto recaído en los expedientes de la competencia de la Suprema Corte de Justicia. Al agente del Ministerio Público Federal adscrito a los Tribunales Colegiados de Circuito se le notificará por medio de oficio el primer auto recaído en los expedientes de la competencia de dichos tribunales. Las demás notificaciones al Ministerio Público Federal, se le harán por medio de lista.’. Finalmente, para los casos no comprendidos en las dos fracciones antes transcritas el dispositivo en comento remite al artículo 28, fracciones II y III, de la propia ley que, textualmente, dicen: ‘II. Personalmente, a los quejosos privados de su libertad, ya sea en el local del juzgado o en el establecimiento en que se hallen recluidos, si radican en el lugar del juicio; o por medio de exhorto o despacho si se encontraren fuera de él. Lo anterior se observará, salvo el caso de que los quejosos hubiesen designado persona para recibir notificaciones o tuviesen representante legal o apoderado. También deberá notificarse personalmente a los interesados los requerimientos o prevenciones que se les formulen.’. ‘III. A los agraviados no privados de la libertad personal, a los terceros perjudicados, a los apoderados, procuradores, defensores, representantes, personas autorizadas para oír notificaciones y al Ministerio Público, por medio de lista que se fijará en lugar visible y de fácil acceso, del juzgado. La lista se fijará a primera hora de despacho del día siguiente al de la fecha de la resolución. Si alguna de las partes mencionadas no se presenta a oír notificación personal hasta las catorce horas del mismo día, se tendrá por hecha, poniendo el actuario la razón correspondiente. En la lista a que se refiere el párrafo anterior, se expresará el número de juicio o del incidente de suspensión de que se trate; el nombre del quejoso y de la autoridad o autoridades responsables y síntesis de la resolución que se notifique.’. Es necesario destacar que en la iniciativa de reformas y adiciones a la Ley de Amparo discutida en la Cámara de Senadores en sesiones de veinticinco de noviembre de mil novecientos ochenta y tres y dieciséis de diciembre del propio año, así como las diversas de la Cámara de Diputados de veintiuno y veintiocho de diciembre de idéntico año, se observa que el espíritu que alentó al presidente de la República para proponer las reformas y adiciones que entraron en vigor en enero de mil novecientos ochenta y cuatro, tuvo el propósito no sólo de suprimir tecnicismos y anacronismos que impidieran el libre acceso a la administración de justicia, sino también el de lograr que ésta fuera eficaz, pronta y expedita, como ordena el artículo 17 de la Constitución Federal, y fue por ello que en algunos de los artículos adicionados se incluyeron los criterios jurisprudenciales sustentados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tal es el caso del tercer párrafo de la fracción II del artículo 28 de la ley que se examina. Sin embargo, a lo largo de la exposición de motivos y de las discusiones en ambas Cámaras, no se encontró ninguna reflexión de carácter técnico jurídico que explique por qué razón una disposición que debe ser de observancia general, tratándose de las prevenciones para corregir irregularidades en la demanda de garantías con apercibimiento de tenerla por no interpuesta, se incluyó en la fracción II que regula las notificaciones personales a los quejosos privados de su libertad; cuando la magnitud y resultados jurídicos de la prevención afecta por igual a quienes están privados de su libertad como a quienes no lo están, ya que la sanción es la misma para ambos y genera el que en esos casos se cierren las puertas de la justicia; lo que sin duda no fue la finalidad de las reformas en comento. Por todo lo anterior, este cuerpo colegiado considera que en todos los casos de amparo directo o indirecto, las prevenciones y requerimientos que se hagan a la parte quejosa, esté o no privada de su libertad, deben notificarse personalmente o por conducto de las personas que hubieran autorizado para ello, sin que opere la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles dada la reglamentación expresa sobre esta materia en la Ley de Amparo. En el caso concreto, si bien la persona moral quejosa no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones en esta población, como ordena el artículo 166 de la Ley de Amparo, ni la persona que promovió en nombre de ella acreditó debidamente su personalidad, habrá de convenirse que en obsequio a lo ordenado por el artículo 28, fracción II, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, en relación con el 168 ibídem, debió prevenírsele mediante notificación personal para que corrigiera dichas irregularidades, apercibiéndole que de no hacerlo en el término de cinco días se tendría por no interpuesta su demanda. Como en el auto combatido se procedió en sentido inverso, ordenando la notificación por medio de lista, ello genera el consiguiente agravio que debe repararse a efecto de que se deje insubsistente dicha determinación, así como las subsecuentes actuaciones, y se proceda en los términos antes precisados."

El criterio sustentado en la ejecutoria anterior dio lugar a la tesis IV.2o.A.T.21 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, agosto de 2000, página 1181, que señala:

"AMPARO DIRECTO. SI EL QUEJOSO NO SEÑALÓ DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN EL LUGAR DE RESIDENCIA DEL TRIBUNAL COLEGIADO, DEBE PREVENÍRSELE, MEDIANTE NOTIFICACIÓN PERSONAL, PARA QUE LO SEÑALE. En caso de que el quejoso no cumpla con lo ordenado por la ley en cuanto a la designación de domicilio para oír y recibir notificaciones en la jurisdicción del Tribunal Colegiado, ni la persona que promovió en nombre de aquél acreditó debidamente su personalidad, acorde a lo ordenado por el artículo 28, fracción II, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, en relación con el 168 ibídem, debe prevenírsele, mediante notificación personal, para que corrija dichas irregularidades, por la magnitud y resultados jurídicos del requerimiento, cuya consecuencia será hacer efectivo el apercibimiento de tener por no interpuesta la demanda de amparo."

CUARTO. Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito al resolver la improcedencia administrativa 268/2002, en sesión de veintiséis de junio de dos mil dos, en lo que interesa al presente asunto sostuvo lo siguiente:

"CUARTO. Son fundados parcialmente los agravios y suficientes para revocar el auto recurrido. No asiste razón a la empresa recurrente cuando afirma, en el primero de ellos, que el Juez Segundo de Distrito en el Estado transgredió en su perjuicio los artículos 28, fracciones II y III, 116, fracción II y 146 de la Ley de Amparo, ya que no debió tener por no interpuesta la demanda de garantías, bajo el argumento de que a pesar de habérsele notificado la prevención que se le formuló, no había cumplido con la misma. Ello es así, porque partiendo de la base de que los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de amparo, en términos del artículo 2o. de la ley reglamentaria de los numerales 103 y 107 constitucionales disponen, en su orden, que: ‘Todos los litigantes, en el primer escrito o en la primera diligencia judicial en que intervengan, deben designar casa ubicada en la población en que tenga su sede el tribunal, para que se les hagan las notificaciones que deban ser personales. Igualmente deben señalar la casa en que ha de hacerse la primera notificación a la persona o personas contra quienes promuevan, o a las que les interese que se notifique, por la intervención que deban tener en el asunto. No es necesario señalar el domicilio de los funcionarios públicos. Éstos siempre serán notificados en su residencia oficial.’ y ‘Cuando un litigante no cumpla con lo prevenido en la primera parte del artículo anterior, las notificaciones personales se le harán conforme a las reglas para las notificaciones que no deban ser personales. Si faltare a la segunda parte del mismo artículo, no se hará notificación alguna a la persona o personas contra quienes promueva o a las que le interese que sean notificadas, mientras no se subsane la omisión; a menos que las personas indicadas ocurran espontáneamente al tribunal, a notificarse.’; en tanto que el diverso 116, fracción I, de la Ley de Amparo, exige como requisito al formularse por escrito la demanda de garantías: ‘El nombre y domicilio del quejoso y de quien promueva en su nombre.’, de donde se desprende que para poder efectuar las notificaciones personales se exige a los interesados que en su primera comparecencia señalen domicilio en el lugar donde reside el juzgado o tribunal federal ante quien se siga el procedimiento, para que puedan efectuarse todas las notificaciones personales que fueran necesarias dentro del juicio de garantías. Por tanto, sin no obstante ese imperativo legal, en el caso que nos ocupa, la empresa Lapisa, S.A. de C.V., recurrente a través de su representante legal, en su libelo constitucional señaló un domicilio para oír y recibir notificaciones fuera de la residencia del Juzgado Segundo de Distrito con sede en esta ciudad, es claro que de esa manera no cumplió con lo preceptuado legalmente, por lo que es incuestionable que la determinación del Juez Segundo de Distrito en haber ordenado en el acuerdo de prevención, que la notificación se hiciera por lista de acuerdos, se encuentra ajustado a derecho, por así permitírselo el artículo 28, fracción III, de la Ley de Amparo, aun cuando la diversa fracción II, párrafo último, del ordenamiento en cita, establezca que también deberán notificarse personalmente a los interesados los requerimientos o prevenciones que se les formulen, pues como ya se dijo, si en el caso no se señaló domicilio en esta ciudad para oír notificaciones, es indudable que no podía ordenarse legalmente se hiciera la notificación de manera personal ante la omisión apuntada. Razones por las cuales no resultan aplicables los criterios sustentados por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Cuarto Circuito, en las tesis IV.2o.A.T.22 K y IV.2o. A.T.21 K, publicadas en las páginas 593 y 1181, Tomos XI y XII, correspondientes a los meses de junio y agosto de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyos rubros son del tenor literal siguiente: ‘PREVENCIONES Y REQUERIMIENTOS. ARTÍCULO 28, FRACCIÓN II, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO. DEBEN NOTIFICARSE PERSONALMENTE A LAS PARTES, AUN CUANDO NO SE TRATE DE QUEJOSOS PRIVADOS DE SU LIBERTAD.’ y ‘AMPARO DIRECTO. SI EL QUEJOSO NO SEÑALÓ DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN EL LUGAR DE RESIDENCIA DEL TRIBUNAL COLEGIADO, DEBE PREVENÍRSELE, MEDIANTE NOTIFICACIÓN PERSONAL, PARA QUE LO SEÑALE.’; el primero, por cuanto que el mismo se dio para aquellos en que él (sic) se hubiera señalado domicilio para recibir notificaciones en el lugar de residencia del tribunal federal; en tanto que el segundo, porque este órgano colegiado no comparte tal criterio, por las razones apuntadas en párrafos precedentes, o sea, porque que los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, son claros y precisos en indicar que los interesados al primer escrito de comparecencia deberán señalar domicilio en el lugar de residencia de la autoridad judicial, para que le sean efectuadas todas aquellas notificaciones personales, además de que el diverso numeral 116, fracción I, del último ordenamiento legal en cita, exige como requisito el que al formularse la demanda de amparo por escrito se exprese el nombre y domicilio del quejoso o de quien promueva en su nombre. En esas condiciones, en términos de lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, lo procedente es hacer la correspondiente denuncia de contradicción de tesis, para lo que tenga a bien determinar el más Alto Tribunal de la nación. En cambio deviene fundado el segundo de los agravios, en el que la empresa quejosa aduce que la notificación que se le practicó a través de la lista de acuerdos carece de los requisitos establecidos por el artículo 28, fracción III, de la Ley de Amparo. Para así establecerlo, cabe señalar que los requisitos que deberá contener la lista de acuerdos, conforme al último párrafo del numeral en cita, son: a) El número del juicio de que se trata; b) El nombre del quejoso; c) La autoridad responsable; y, d) Una síntesis de la resolución que se notifica. Y en el caso a estudio como lo señala la empresa quejosa, la publicación de la lista de acuerdos no cumple con la totalidad de los requisitos que establece el artículo 28, fracción III, de la Ley de Amparo, pues de la copia certificada que al escrito de agravios se acompañó (foja 30) aparece que si bien se precisó el número de prevención 356/2002, la denominación de la autoridad responsable Magistrados de la Sala Regional del Centro III del H. Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativo y otras, no así el nombre de la empresa quejosa, pues respecto de ello únicamente se mencionó el nombre de Carlos H. Rincón Ramírez, sin indicar qué carácter tenía en relación con la empresa, asimismo, también se soslayó asentar una síntesis del acuerdo a notificar, ya que sólo se precisó que tenía el término de tres días para que aclarara el libelo constitucional, pero sin indicar cuál es el contenido del auto y cuál sería la consecuencia de no cumplirlo. Por tanto, es inconcuso que la notificación practicada a la empresa mediante lista de acuerdos en ningún modo puede estimarse que su elaboración cumplió con los requisitos que se ordenan en la Ley de Amparo, estimar lo contrario traería como consecuencia la inseguridad jurídica de los promoventes del juicio de amparo al no conocer, con la debida oportunidad, las resoluciones que se emitan, por lo que la falta de esa formalidad legal da lugar a la nulidad, en términos de lo dispuesto por el numeral 32 del ordenamiento legal citado. Lo anterior trae como consecuencia que en el caso no puede estimarse que la empresa quejosa haya sido debidamente notificada del requerimiento; de ahí que lo procedente sea revocar el auto que tuvo por no interpuesta la demanda de garantías y ordenar al Juez Segundo de Distrito mande notificar con los requisitos de ley el requerimiento aludido. Es de invocarse sobre el particular el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en la página 135, Volúmenes 115-120, Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, cuyo texto es como sigue: ‘NOTIFICACIÓN POR LISTA. DATOS QUE DEBE CONTENER. La Ley de Amparo, en la fracción III de su artículo 28, establece una de las formas de hacer conocer a las partes en el juicio de garantías los proveídos dictados en su tramitación, especificando los datos que deben expresarse en la notificación por lista para una debida y correcta identificación de los juicios, tratando así de evitar cualquier confusión que pudiera dar lugar a un estado de indefensión, de tal manera que si no se cita en ella el número del juicio, el nombre del quejoso, las autoridades responsables y una síntesis de la resolución a notificar, no surte efectos legales para el quejoso dicha notificación.’. Por tanto, se estima innecesario abordar el estudio del restante motivo de inconformidad que esgrime la empresa aquí recurrente."

El criterio sustentado en la ejecutoria transcrita fue plasmado en la tesis XI.2o.33 K, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, septiembre de 2002, página 1401, bajo los siguientes rubro y texto:

"NOTIFICACIONES POR LISTA EN EL AMPARO. SON LEGALES SI NO SE HA SEÑALADO DOMICILIO PARA RECIBIRLAS EN EL LUGAR DE RESIDENCIA DEL TRIBUNAL FEDERAL. Los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de amparo, en términos del artículo 2o. de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, establecen que es requisito previo e indispensable que para poder efectuar notificaciones personales, los interesados en su primera comparecencia señalen domicilio en el lugar donde reside la autoridad judicial ante quien se acude, y si el diverso numeral 116, fracción I, de la Ley de Amparo exige como requisito el que al formularse la demanda de amparo por escrito se exprese el nombre y domicilio del quejoso o de quien promueva en su nombre, es legal que cuando no se cumplan esas disposiciones, las notificaciones personales se realicen por lista, por así señalarlo el artículo 28, fracción III, de la Ley de Amparo."

QUINTO. Como cuestión previa debe determinarse si existe la contradicción de tesis denunciada.

Al efecto, conviene tener presente el contenido de los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, que dicen:

"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:

"...

"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, a fin de que el Pleno o la Sala respectiva, según corresponda, decidan la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia. ..."

"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. El procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días.

"La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias.

"La Suprema Corte deberá dictar la resolución dentro del término de tres meses y ordenar su publicación y remisión en los términos previstos por el artículo 195."

Los preceptos constitucional y reglamentario transcritos consagran la figura jurídica de la contradicción de tesis como un sistema de integración de jurisprudencia, cuya finalidad es preservar la seguridad jurídica a través de la unidad de interpretación de las normas que conforman el orden jurídico nacional, decidiendo los criterios que deban prevalecer en caso de oposición, discrepancia o divergencia en torno a la interpretación de una misma norma jurídica o punto concreto de derecho.

Lo anterior supone, necesariamente, que los criterios entre los que deba decidirse cuál es el que debe prevalecer, sean efectivamente divergentes, discrepantes u opuestos, para lo cual deben reunirse determinados requisitos, conforme a lo que establece la jurisprudencia P./J. 26/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 76, que dice:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."

De acuerdo con lo dispuesto en la jurisprudencia aludida, los requisitos que determinan la existencia de una contradicción de tesis son los siguientes:

a) Que en las ejecutorias materia de la contradicción se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten criterios discrepantes;

b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, argumentaciones o razonamientos que sustentan las sentencias respectivas; y

c) Que los criterios discrepantes provengan del examen de los mismos elementos.

A fin de determinar si los anteriores requisitos se surten en el presente caso, es necesario precisar las posturas de los tribunales contendientes, así como los antecedentes de los asuntos que dieron lugar a los criterios que sustentaron.

I. El incidente de nulidad de notificaciones 2/2000, derivado del juicio de amparo directo 1109/99, del conocimiento del entonces Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Cuarto Circuito, tiene como origen los siguientes antecedentes:

a) El quince de noviembre de mil novecientos noventa y nueve se dictó un acuerdo en el juicio de amparo 1109/99, en virtud del cual se requirió a Semillas Wac de México, Sociedad Anónima de Capital Variable, que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en el lugar de residencia del Tribunal Colegiado y acreditara debidamente la personalidad de quien promovió en su nombre.

b) Dicho acuerdo le fue notificado por lista a la quejosa el dieciséis de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, por lo que en contra de dicha notificación por lista promovió incidente de nulidad de notificaciones.

En su resolución, el Tribunal Colegiado del conocimiento determinó que era fundado el agravio hecho valer en contra de la notificación por lista, con base en los siguientes razonamientos:

1) El artículo 29, fracción III, de la Ley de Amparo -relativo a las notificaciones en el amparo directo- remite, para los casos no comprendidos en el propio precepto, a lo dispuesto en el artículo 28, fracciones II y III, de la ley de la materia.

2) Por su parte, el artículo 28, fracción II, tercer párrafo, de la Ley de Amparo señala que las notificaciones deben hacerse personalmente a los quejosos privados de su libertad y que también deberán notificarse personalmente a los interesados los requerimientos o prevenciones que se les formulen.

3) Este último precepto no puede entenderse aplicable sólo a los quejosos privados de su libertad, ya que el propósito del legislador al adicionar el tercer párrafo del artículo 28, fracción II, de la ley de la materia, fue el de garantizar el acceso a la justicia.

4) Por tanto, en todos los casos de amparo directo o indirecto, las prevenciones y requerimientos que se hagan a la parte quejosa, esté o no privada de su libertad, deben notificarse personalmente.

5) Al respecto, no opera la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles, pues existe reglamentación expresa sobre la materia en la Ley de Amparo.

6) Por tanto, si la quejosa no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones en el lugar de residencia del Tribunal Colegiado, como lo ordena el artículo 166 de la Ley de Amparo, lo procedente -en términos del artículo 28, fracción II, párrafo tercero, del propio ordenamiento- era prevenirla mediante notificación personal, para que corrigiera las irregularidades de su demanda de garantías, apercibida de que en caso de no hacerlo se tendría por no interpuesta.

II. Por su parte, la improcedencia administrativa 268/2002, del índice del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, tuvo como origen los siguientes antecedentes:

a) Lapisa, Sociedad Anónima de Capital Variable promovió juicio de amparo indirecto, señalando en la demanda correspondiente un domicilio para oír y recibir notificaciones fuera del lugar de residencia del Juez del conocimiento.

b) Mediante auto de seis de mayo de dos mil dos, el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán, al cual correspondió conocer del asunto, mandó prevenir a la quejosa para que dentro del término de tres días aclarara su demanda en el sentido de proporcionar el domicilio correcto y actual del tercero perjudicado, y bajo protesta de decir verdad manifestar en qué etapa procesal se encontraba cada uno de los juicios de los que emanaba el acto reclamado.

c) Dicho requerimiento le fue notificado por lista a la quejosa.

d) No habiendo sido desahogado el requerimiento, mediante proveído de catorce de mayo de dos mil dos, el Juez de Distrito tuvo por no interpuesta la demanda de amparo, auto en contra del cual la quejosa hizo valer el recurso de revisión.

En su ejecutoria, el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito resolvió que era infundado el primer agravio de la quejosa recurrente, con base en las siguientes consideraciones:

1) Los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, establecen que para poder efectuar las notificaciones personales, los interesados, en su primera comparecencia, están obligados a señalar domicilio en el lugar donde reside el juzgado o tribunal federal ante el que promuevan.

2) De igual modo, el artículo 116, fracción I, de la Ley de Amparo, exige como requisito el que al formularse la demanda de garantías se exprese el nombre y domicilio del quejoso o de quien promueva en su nombre.

3) Por tanto, aun cuando el artículo 28, fracción II, último párrafo, de la Ley de Amparo, señale que deben notificarse personalmente a los interesados los requerimientos o prevenciones que se les formulen, ello sólo es posible cuando en la demanda se haya señalado domicilio para recibir notificaciones en el lugar de residencia del órgano jurisdiccional correspondiente.

4) En consecuencia, si la quejosa señaló un domicilio para oír y recibir notificaciones fuera de la residencia del Juzgado de Distrito, fue correcta la determinación del a quo en el sentido de ordenar la notificación por lista del acuerdo de prevención, por así permitírselo el artículo 28, fracción III, de la Ley de Amparo.

De lo hasta aquí expuesto se advierte que en las ejecutorias materia de la presente contradicción de tesis se examinaron cuestiones jurídicas esencialmente iguales.

En efecto, la cuestión jurídica a resolver en ambos asuntos consistió en determinar si en el caso de que un quejoso señale domicilio para recibir notificaciones fuera del lugar de residencia del órgano jurisdiccional ante el que promueva, es válido notificarle por lista el acuerdo en el que se le requiera la aclaración de su demanda de amparo o si dicha no

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18016-83052377/demanda-de-amparo-el-auto-que-ordena-aclararla · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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