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Modo: Corpus Pro

LEYES, AMPARO CONTRA. EL INTERES JURIDICO PARA INTERPONERLO NO SE ACREDITA CON AFIRMAR QUE SE ESTARA BAJO SUS SUPUESTOS.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 208/94. · Registro digital (IUS): 176
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: JUAN NEPOMUCENO CHAPA Y DE URQUIDI Y OTROS.
Localización: Octava Época. Tercera Sala. Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIII, Abril de 1994, , Pág. 79.

AMPARO EN REVISION 208/94. JUAN NEPOMUCENO CHAPA Y DE URQUIDI Y OTROS.

CONSIDERANDO:

TERCERO.-Son infundados los anteriores motivos de agravio que aducen los recurrentes, porque no es exacto que el sobreseimiento decretado por el Juez de Distrito, transgreda en su perjuicio el contenido de los artículos 73, fracción V, y 74, fracción III, de la Ley de Amparo, toda vez que contrariamente a lo argumentado por los quejosos, es correcta la conclusión a que arribó el Juez Federal en el sentido de que el reglamento reclamado no afecta el interés jurídico de los recurrentes, ya que resulta claro que por su sola entrada en vigor, no lesiona su interés jurídico, pues no produce por sí solo una afectación en la persona o en los derechos de dichos recurrentes, con motivo del ejercicio profesional del notariado, es decir, que restrinja las funciones que les son propias conforme a la ley respectiva que los rige.

En efecto, este Tribunal Pleno ha sostenido en reiteradas ocasiones que el elemento primordial que caracteriza a una ley autoaplicativa lo es que sus disposiciones resulten obligatorias desde el momento mismo de su vigencia, o sea, que desde ese momento obliguen al particular cuya situación jurídica prevén, a hacer o dejar de hacer, sin que sea necesario acto posterior de autoridad para que genere su obligatoriedad; de tal modo que para que se dé la ley autoaplicativa basta el imperativo de la norma para que el particular no pueda dejar de cumplirla, y por lo mismo la actividad de los órganos del Estado es meramente pasiva ante la realización del mandato de observancia general; pudiendo combatirse desde este momento a través del juicio constitucional, si se quiere no sufrir su aplicación.

Las invocadas tesis de jurisprudencia dicen:

"LEY AUTOAPLICATIVA.-Para considerar una ley como autoaplicativa deben reunirse las siguientes condiciones: a) que desde que las disposiciones de la ley entren en vigor, obliguen al particular, cuya situación jurídica prevé, a hacer o dejar de hacer, y b) que se genere dicha obligatoriedad."

Tesis publicada con el número 106, de la página 199, de la Primera Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988.

"LEYES AUTOAPLICATIVAS, AMPARO CONTRA.-El elemento primordial que caracteriza a una ley autoaplicativa lo es el que sus disposiciones resultan obligatorias desde el momento mismo en que entran en vigor, o sea, que desde ese preciso instante obligan al particular cuya situación jurídica prevén, a hacer o dejar de hacer, sin que sea necesario acto posterior de autoridad para que se genere dicha obligatoriedad y, por tanto, es evidente que cuando no se da dicho elemento esencial no se está en presencia de una ley de esa naturaleza, sino que en ese caso debe concluirse que se trata de una ley heteroaplicativa, que, por lo mismo, únicamente puede reclamarse a través del juicio de amparo hasta que se realice el acto de autoridad que vincula al particular al cumplimiento de la norma. La Ley de Amparo distingue, en su artículo 73, fracción V, entre las leyes que por su sola expedición entrañan violación de garantías y aquellas que para realizar las violaciones requieren, además de la expedición, de un acto posterior de autoridad; por tanto, esta distinción no se basa en que al momento de expedirse la norma existen individuos colocados en su hipótesis, sino en la manera como se ejecuta el mandamiento; si para realizar éste debe intervenir la autoridad, la ley no es autoaplicativa ni se le puede combatir en amparo por su sola expedición; si en cambio, basta el imperativo de la norma para que el particular no pueda dejar de cumplirla, y, por lo mismo, la actividad de los órganos del Estado es meramente pasiva ante la realización del mandado de observancia general, se está frente a disposiciones que por su sola expedición pueden atacarse en el juicio constitucional de garantías, si se les estima anticonstitucionales y se pretende no sufrir su aplicación. Para que proceda la acción de garantías, es necesario que, desde la iniciación de la vigencia de la ley combatida, el particular se encuentre en la situación prevista por la norma y que no se exija, para que esté obligado a hacerlo o dejar de hacer, ningún acto ulterior de autoridad. Para determinar si una ley es o no autoaplicativa; no hay que atender solamente a si el particular está o no en posibilidad de realizar determinados actos, sino a los términos concretos del mandato legal, pues basta con que no se ordene a los particulares de que se trate un hacer o un no hacer, y que no se supedite su ejecución a la conducta que deba llevar a cabo una autoridad para que tenga aquel carácter."

Tesis visible en las páginas 965 y 966 de la Primera Parte, Pleno procedentes del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917 a 1988.

Ahora bien, la acción de amparo exige como presupuesto o condición esencial para su procedencia, entre otros, la existencia de un perjuicio que afecte la persona o los derechos del impetrante, pues de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103 constitucional las personas físicas, morales, de derecho privado y oficiales que sufren una afectación en su persona o patrimonio, derivada de una ley o de un acto de autoridad que viole sus garantías individuales o implique una invasión de la soberanía federal en la de los estados, o bien de la de éstos en la Federación, tiene facultad para intentar la acción reparadora ante los Tribunales de la Federación. Por otra parte, conforme a lo dispuesto por el artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal, el juicio de amparo procede siempre a instancia de parte agraviada, debiendo entenderse por perjuicio para los efectos del amparo, la lesión directa en los intereses jurídicos de una persona, o bien una ofensa, un daño, una afectación indebida derivada de una ley o de un acto de autoridad, que se hace a los derechos o intereses de un particular. En esa virtud, la procedencia del juicio de amparo en contra de una disposición general, desde el momento mismo de su expedición, debe referirse a la existencia de una parte agraviada, es decir, a la existencia de una afectación de los intereses jurídicos de un particular. Por todo lo anterior debe decirse que una ley, específicamente, o una disposición general e impersonal, por su propia naturaleza, en sí misma, representa una situación jurídica abstracta, pero en el momento de expedirse por medio de un acto jurídico en ella previsto, puede engendrar una situación jurídica concreta, en beneficio o en perjuicio de una o varias personas en relación con la formación, modificación o extinción de una relación de derecho. Por tanto cuando una ley, por su sola expedición produce un acto jurídico que afecta a uno o varios individuos, en su persona o patrimonio, creando, modificando o extinguiendo en su perjuicio una situación jurídica concreta, el juicio de amparo es procedente.

Sobre el particular esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sustentado la tesis número XXI/91, visible en la página 51, Tomo VII de la Octava Epoca del Semanario Judicial de la Federación, que dice:

"LEYES, AMPARO CONTRA. EL INTERES JURIDICO PARA INTERPONERLO NO SE ACREDITA CON AFIRMAR QUE SE ESTARA BAJO SUS SUPUESTOS.-La demostración de la afectación jurídica por un ordenamiento requiere que el quejoso acredite estar colocado, desde su entrada en vigor, bajo los supuestos que dicha norma contempla (cuando se reclama como autoaplicativa) o bien que su aplicación afecta sus intereses jurídicos (cuando se impugna como heteroaplicativa); luego entonces, no es suficiente el dicho del quejoso de que se colocará bajo su hipótesis y que, por tanto se le aplicará, puesto que aunque ello aconteciera sería hasta que ocurriese lo uno o lo otro, y no antes, que esa ley afectara su esfera jurídica."

Asimismo cobran aplicación las tesis de jurisprudencia números 2 y 98 visibles en las páginas 1 y 184 Primera Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación correspondiente a los años de 1917 a 1988, que dice:

"AGRAVIO. PARA JUSTIFICAR LA ACCION DE AMPARO DEBE SER ACTUAL.-De los artículos 73, fracción V, y 4o. de la Ley de Amparo, se desprende que el agravio a su interés jurídico para ejercitar la acción constitucional, debe ser actual, por referirse a una situación que está causando perjuicio a la peticionaria, o que, por estar pronta a suceder, seguramente se le causará."

"INTERES JURIDICO. NECESIDAD DE ACREDITARLO EN EL AMPARO CONTRA LEYES.-A pesar de que el juicio de amparo pudiera llamársele el verdadero juicio popular, esto no significa que la acción de amparo para reclamar la inconstitucionalidad de leyes o de actos, sea popular, toda vez que su ejercicio se encuentra limitado, en términos de lo dispuesto por la fracción I del artículo 107 constitucional y por el artículo 4o. de la Ley de Amparo, a instancia de parte agraviada, lo que significa que uno de los presupuestos indispensables para la procedencia de la acción sea la comprobación del interés jurídico del quejoso, el cual no puede tenerse por acreditado por el solo hecho de promoverse el juicio de garantías, en atención a que tal proceder sólo implica la pretensión de excitar al órgano jurisdiccional, lo que es distinto a demostrar que la ley o el acto de la autoridad que se impugnan le obligan, lesionando sus derechos; así que no demostrándose que el quejoso se encuentre dentro de los supuestos procesales que regulan las leyes cuya constitucionalidad impugne, no se satisface ese requisito procesal consistente en acreditar el interés jurídico."

En el presente caso, del examen del capítulo de antecedentes de la demanda de amparo, se desprende que los quejosos, en su carácter de notarios públicos del Municipio de Mexicali, Baja California, impugnaron el Reglamento de la Ley Federal de Correduría Pública de fecha dos de junio de 1993, publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha cuatro del mismo mes y año, en su carácter de autoaplicativo, en cuanto a sus artículos 6o., 53, 54 y 55; haciendo derivar la inconstitucionalidad, del hecho de que con su sola vigencia se limita o restringe el ejercicio profesional del notariado.

Los preceptos relativos del mencionado reglamento que se estiman inconstitucionales, en su orden dicen:

"ARTICULO 6o. Para efectos de las fracciones V, VI y VII del artículo 6o. de la ley, cuando en las leyes o reglamentos se haga referencia a 'notario o fedatario público', 'escritura', 'protocolo' y 'protocolización', se entenderá que se refiere a 'corredor público', a la 'póliza expedida por corredor', a cualquier 'libro de registro del corredor' y al hecho de 'asentar algún acto en los libros de registro del corredor', respectivamente."

"ARTICULO 53. El corredor en el ejercicio de sus funciones como fedatario público, podrá intervenir. I. En los actos, convenios o contratos, y hechos de naturaleza mercantil, excepto tratándose de inmuebles a menos que las leyes lo autoricen; II. En la emisión de obligaciones y otros títulos valor, con o sin garantía; III. En la constitución de hipotecas sobre buques, navíos y aeronaves de conformidad con las leyes de la materia , así como en la constitución de garantías reales de conformidad con las leyes aplicables; IV. En el otorgamiento de créditos refaccionarios o de habilitación o avío, de conformidad con las Leyes de Instituciones de Crédito, así como en aquellos otros créditos en los que la intervención del corredor esté prevista por dicha ley u otros ordenamientos legales aplicables; V. En la constitución, modificación, transformación, fusión, escisión, disolución, liquidación y extinción de sociedades mercantiles, así como en la designación de sus representantes legales y facultades de que estén investidos; y VI. En los demás actos y hechos que determinen las leyes o reglamentos."

"ARTICULO 55. El corredor está autorizado para tramitar la inscripción de pólizas y actas ante la autoridad registral correspondiente y, tratándose de inmuebles, está obligado a solicitar los certificados de existencia o inexistencia de gravámenes relativos y a dar los avisos preventivos de conformidad con la legislación aplicable."

De lo anterior se desprende, como ya se dijo, que contrariamente a lo argumentado por los quejosos el reglamento reclamado por su sola vigencia no produce una afectación concreta en su persona o patrimonio, es decir, que al reglamentar la actividad de la correduría publica, derivada de ley federal que crea ese tipo de fedatarios, no priva, restringe o disminuye el ejercicio de la función que desempeñan los notarios públicos, pues ésta no es objeto de regulación en dicho decreto, sino la relativa a los corredores públicos, conservando de ese modo los notarios las facultades propias de su actitud.

Cabe destacar que si bien es verdad que de conformidad con el artículo 6o. fracción VI, de la Ley Federal de Correduría Pública, se faculta a los corredores públicos a actuar como fedatarios públicos en la constitución, modificación, escisión, disolución, liquidación y extinción de sociedades mercantiles, y que el artículo 6o. de su reglamento establece que para los efectos de lo dispuesto en dicha fracción cuando se haga referencia a notario o fedatario público deberá entenderse a corredor público, también lo es que tal disposición no significa restricción de las facultades conferidas a los notarios públicos, porque del texto del propio artículo 6o. de la Ley Federal de Correduría Pública, se desprende que tales facultades no se otorgan en forma exclusiva a estos últimos, ya que la misma ley aclara que tales atribuciones se conceden a dichos funcionarios, sin perjuicio de lo establecido en otras leyes, lo que lleva a concluir que la reglamentación reclamada no impide ni limita el ejercicio de su actividad sobre ese particular, como la afirman los quejosos, por virtud de que si a los notarios les fue otorgada esa facultad por disposición de la Ley de Sociedades Mercantiles, la siguen conservando, y lo único que se produce es que puedan concurrir con el corredor público en esa misma actividad o función.

Para dar mayor claridad a lo anterior conviene transcribir el artículo 6o. de la referida Ley Federal de Correduría Pública.

"ARTICULO 6o. Al corredor público corresponde: I. Actuar como agente mediador, para transmitir e intercambiar propuestas entre dos o más partes y asesorar en la celebración o ajuste de cualquier contrato o convenio de naturaleza mercantil. II. Fungir como perito valuador, para estimar, cuantificar y valorar los bienes, servicios, derechos y obligaciones que se sometan a su consideración, por nombramiento privado o por mandato de autoridad competente; III. Asesorar jurídicamente a los comerciantes en las actividades propias del comercio; IV. Actuar como árbitro, a solicitud de las partes, en la solución de controversias derivadas de actos, contratos o convenios de naturaleza mercantil, así como las que resulten entre proveedores y consumidores, de acuerdo con la ley de la materia; V. Actuar como fedatario público para hacer constar los contratos, convenios, actos y hechos de naturaleza mercantil, excepto en tratándose de inmuebles; así como en la emisión de obligaciones y otros títulos valor; en hipotecas sobre buques, navíos y aeronaves que se celebren ante él, y en el otorgamiento de créditos refaccionarios o de habilitación o avío, de acuerdo con la ley de la materia. VI. Actuar como fedatarios en la constitución, modificación, fusión, escisión, disolución, liquidación y extinción de sociedades mercantiles y en los demás actos previstos en la Ley General de Sociedades Mercantiles; y VII. Las demás funciones que le señalen esta y otras leyes o reglamentos. Las anteriores funciones se entenderán sin perjuicio de lo dispuesto en otras leyes y no se consideran exclusivas de los corredores públicos."

Resulta aplicable la tesis relacionada en último lugar de la jurisprudencia número 1590, visible en la página 2563 de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación correspondiente a los años de 1917-1988, que dice:

"REGLAMENTOS. SON DE IDENTICA NATURALEZA QUE LAS LEYES Y PARA SU IMPUGNACION EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL SON APLICABLES LAS MISMAS REGLAS.-Las disposiciones del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción I del artículo 22 del mismo ordenamiento, no sólo son aplicables tratándose de leyes, sino que también tienen aplicación respecto de reglamentos, en virtud de que las leyes y los reglamentos son sustancial e intrínsecamente de la misma naturaleza, pues son idénticos en cuanto su generalidad y abstracción. Solamente se distinguen desde el punto de vista formal, es decir, en atención al órgano que los genera (las leyes son actos formalmente legislativos por provenir del Poder Legislativo, y los reglamentos son formalmente actos administrativos por provenir del presidente de la República). De ahí que ameriten idéntico tratamiento en cuanto se refiere a su impugnabilidad en la vía de amparo, por serles aplicables las mismas reglas."

En esas condiciones, ante la ausencia del agravio personal y directo requerido para la procedencia del juicio constitucional cuando se combate una ley en su carácter de autoaplicativa, exigido en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 4o. de la Ley de Amparo, resulta correcto el sobreseimiento decretado por el Juez de Distrito, pues es evidente que el reglamento reclamado por su sola expedición no lesiona en modo alguno la actividad pública del ejercicio del notariado.

Por lo expuesto y fundado; y con apoyo además en el artículo 91 de la Ley de Amparo se resuelve:

PRIMERO.-Se confirma la sentencia que se revisa.

SEGUNDO.-Se sobresee en el juicio de amparo número 1067/93, promovido por Juan Nepomuceno Chapa y de Urquidi y otros, en contra de los actos y por las autoridades precisadas en el resultando primero de esta resolución.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución devuelvan los autos al juzgado de su origen y en su oportunidad archívese.

Así, lo resolvió la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: presidente Miguel Montes García, Mariano Azuela Güitrón, Carlos Sempé Minvielle, Sergio Hugo Chapital Gutiérrez y José Trinidad Lanz Cárdenas. Fue ponente el cuarto de los señores Ministros antes mencionados.

Firman el presidente de la Sala y Ministro ponente con el secretario de Acuerdos de la misma, que autoriza y da fe.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/176-3b2c4c58/leyes-amparo-contra-el-interes-juridico-para-interponerlo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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