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Modo: Corpus Pro

CADUCIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS. PRESUPUESTOS O CONDICIONES PARA DECLARARLA DE OFICIO, CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 524/2002. · Registro digital (IUS): 17604
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: CERVECERÍA CUAUHTÉMOC MOCTEZUMA, S.A. DE C.V.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Junio de 2003, , Pág. 680.

AMPARO DIRECTO 524/2002. CERVECERÍA CUAUHTÉMOC MOCTEZUMA, S.A. DE C.V.

CONSIDERANDO:

SEXTO.-Los conceptos de violación son fundados.

En el primero de ellos sustancialmente alega la peticionaria que la Sala responsable en la sentencia combatida viola en su perjuicio las garantías de legalidad y seguridad jurídica consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales, en virtud de que en la misma interpreta y aplica inexacta e indebidamente el artículo 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en razón de que la responsable reconoce tanto la aplicabilidad de este precepto legal al caso concreto, así como el hecho de que el acto reclamado se emitió extemporáneamente en términos de dicho precepto, sin embargo, sostiene en forma ilegal que existe la carga procesal del particular de solicitar la caducidad, lo que está fuera de toda lógica exigir esa carga procesal que la responsable pretende imponer a la sociedad quejosa, cuando resulta evidente que para la operancia de la caducidad no es necesaria la instancia de parte.

Este órgano colegiado considera fundado el concepto de violación relatado con anterioridad por las razones siguientes:

De manera previa este tribunal considera señalar los antecedentes del presente asunto.

1. Con fecha veintinueve de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, la autoridad sanitaria formuló informe de verificación de publicidad, orden de suspensión de mensaje publicitario y citatorio de vigilancia sanitaria de la publicidad, en contra de la hoy quejosa, en razón de que se detectó la difusión de publicidad irregular, citándosele para que compareciera ante la Dirección de Control Sanitario de Publicidad el diecinueve de febrero de mil novecientos noventa y seis, dándose inició al procedimiento administrativo en contra de la empresa Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, Sociedad Anónima de Capital Variable.

2. Con fecha diecinueve de febrero de mil novecientos noventa y seis se celebró la comparecencia de ley, en la que la ahora quejosa manifestó lo que a su derecho convino.

3. Celebrada la audiencia de ley la autoridad sanitaria el dieciocho de junio de mil novecientos noventa y seis emitió resolución definitiva dentro del expediente DCSP/VS001/96, imponiendo a Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, Sociedad Anónima de Capital Variable, una sanción económica de $6,120.00 (seis mil ciento veinte pesos 00/100 M.N.).

4. Inconforme con la resolución mencionada, el afectado interpuso el recurso que prevé el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, mediante escrito presentado el diez de diciembre de mil novecientos noventa y seis.

5. Con fecha siete de enero de dos mil se emitió resolución mediante la cual se resolvió revocar la resolución recurrida para el efecto de que se emitiera otra debidamente fundada y motivada.

6. Con fecha cinco de septiembre de dos mil la autoridad sanitaria, en cumplimiento de la resolución señalada en el numeral anterior, procedió a dictar resolución en el expediente DCSP/VS001/96, imponiendo a la empresa Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, Sociedad Anónima de Capital Variable, una sanción de $1,020.00 (mil veinte pesos 00/100 M.N.).

Es precisamente que previo al dictado de esta resolución que la quejosa sostiene operó la caducidad del procedimiento administrativo que la Sala responsable debate.

7. Inconforme con dicha resolución, la hoy quejosa interpuso el recurso que prevé el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, mediante escrito presentado el trece de octubre de dos mil.

8. El diecinueve de abril de dos mil uno, el subsecretario de Regulación y Fomento Sanitario resolvió el recurso de mérito, confirmando la resolución de cinco de septiembre de dos mil.

9. En contra de dicha resolución la quejosa promovió el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Ahora bien, el artículo 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que regula la figura jurídica de la caducidad, en la parte que interesa, textualmente indica:

"Artículo 60. ...

"Cuando se trate de procedimientos iniciados de oficio se entenderán caducados, y se procederá al archivo de las actuaciones, a solicitud de parte interesada o de oficio, en el plazo de 30 días contados a partir de la expiración del plazo para dictar resolución."

Del precepto antes transcrito se desprende que la figura jurídica de la caducidad del procedimiento administrativo requiere de tres presupuestos esenciales:

a) Un procedimiento iniciado de oficio (en el caso así se considera pues era en virtud del cumplimiento de una resolución a un recurso de revisión, en términos del artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo);

b) El transcurso del tiempo (suma del plazo para dictar resolución, más 30 días); y,

c) La inactividad de la autoridad para dictar la resolución.

Esto es, la ley únicamente establece como condiciones para que un procedimiento caduque el que se haya "iniciado de oficio" y "no se haya emitido resolución en el plazo que la ley señala para ello", por lo que la caducidad operará después de concluido el plazo de 30 días en que expiró el término que tenía la autoridad para dictar la resolución correspondiente, por lo que esta figura jurídica operará aun cuando no exista solicitud de parte para ello, pues es la autoridad quien se encuentra obligada a declararla, toda vez que el ordenamiento legal de mérito claramente establece que los procedimientos caducarán de oficio.

En otras palabras, el hecho de que no se haga valer la caducidad de un procedimiento administrativo por solicitud de alguna de las partes, tal situación no exime a la autoridad a decretarla de oficio, pues -se repite- la ley claramente obliga a ello al señalar que de "oficio" se declarará la caducidad de un procedimiento, siempre y cuando, claro está, se reúnan las condiciones antes señaladas.

Ahora bien, en el presente caso este órgano colegiado considera que es incorrecto lo resuelto por la Sala responsable, en el sentido de que "para que opere la caducidad debe existir una solicitud del interesado", toda vez que, como se expuso en párrafos precedentes, la ley no solamente establece que la figura de la caducidad únicamente procederá a solicitud de parte, sino también procede de "oficio", ya que la razón de la caducidad parece ser muy clara y evidente, consiste en dar certeza y puntualizar la eficacia de un procedimiento en cuanto al tiempo, no dejar abierta la posibilidad de que las autoridades actúen o dejen de hacerlo cuando les venga en gana, sino por el contrario, si existen reglas de procedimiento que establecen cuando nace y cuando concluye una facultad, éstas deben observarse y atenderse puntualmente, precisamente para no generar supuestos de incertidumbre y arbitrariedad.

En esta tesitura, la autoridad sanitaria está obligada a declarar de oficio la caducidad del procedimiento de mérito, sin que sea necesario que exista solicitud de parte para que opere siempre y cuando, claro está, que también se reúnan las demás condiciones que establece el artículo 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Es aplicable a lo expuesto, la tesis de este Tribunal Colegiado, cuyos datos de localización, rubro y texto se transcriben a continuación:

"Novena Época

"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XVI, septiembre de 2002

"Página: 1340

"Tesis: I.4o.A.369 A

"-Conforme al artículo 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo cuando se trate de procedimientos iniciados de oficio se entenderán caducados, y se procederá al archivo de las actuaciones, a solicitud de parte o de oficio, en el plazo de treinta días contados a partir de la expiración del plazo para dictar resolución. Así, la institución de la caducidad del procedimiento administrativo que regula el citado precepto legal requiere de los siguientes presupuestos esenciales: a) Se trate de un procedimiento que de oficio inició la autoridad administrativa; y, b) Haya transcurrido el plazo de treinta días contados a partir de la expiración del término del que gozaba la autoridad para dictar la resolución correspondiente; esto es, existen dos periodos o momentos diferentes que deben consumarse para que opere la caducidad, como son, un primer momento, que se refiere al término de gracia que la ley federal correspondiente otorga a las autoridades administrativas federales para dictar su resolución (término que no es conceptuable para efectos de caducidad del procedimiento como inactividad); y, una vez fenecido este término, eventualmente puede actualizarse un segundo lapso, éste sí considerado como inactividad procesal, pues carece de justificación, por lo que de extenderse este término a treinta días o más, trae como consecuencia que se configure la caducidad del procedimiento. De lo antes expuesto, se advierte que de actualizarse los citados presupuestos, es que las autoridades administrativas se encuentran obligadas a declarar de oficio la caducidad, sin que sea necesario que las partes lo soliciten, toda vez que, por un lado, el precepto en estudio es claro al establecer que los procedimientos caducarán de oficio y, además, la razón de ser de la caducidad es dar certeza jurídica y puntualizar la eficacia de un procedimiento en cuanto al tiempo para no dejar abierta la posibilidad de que las autoridades actúen o dejen de hacerlo a su arbitrio, sino, por el contrario, observen y atiendan puntualmente las reglas que establecen cuando nace y cuando concluye una facultad, para no generar incertidumbre y arbitrariedad."

En las relatadas condiciones, al ser violatoria de garantías la sentencia combatida, lo procedente es conceder el amparo solicitado para el efecto de que la Sala responsable la deje insubsistente y, en su lugar, emita otra siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria.

Similar criterio sostuvo este tribunal, al resolver por unanimidad de votos el amparo directo número DA. 125/2002, promovido por Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, Sociedad Anónima de Capital Variable, en sesión de quince de mayo de dos mil dos, siendo ponente el Magistrado Jean Claude Tron Petit.

En ese contexto, resulta innecesario examinar los restantes conceptos de violación, ya que en nada alterarían el sentido de la presente ejecutoria.

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 3, de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Séptima Epoca, localizada en la página 8 del Informe de 1982, Segunda Parte, cuyos rubro y texto se transcriben a continuación:

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ESTUDIO INNECESARIO DE LOS.-Si al examinar los conceptos de violación invocados en la demanda de amparo resulta fundado uno de éstos y el mismo es suficiente para otorgar al peticionario de garantías la protección y el amparo de la Justicia Federal, resulta innecesario el estudio de los demás motivos de queja."

Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en lo que disponen los artículos 76, 77, 78, 80 y 192 de la Ley de Amparo, se resuelve:

ÚNICO.-La Justicia de la Unión ampara y protege a Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, Sociedad Anónima de Capital Variable, en contra de la sentencia de fecha veintinueve de agosto de dos mil dos dictada por la Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en el expediente número 14441/01-17-02-2, por las razones expuestas en el último considerando.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos a la Sala de su origen y, en su oportunidad, archívese el expediente.

Así, por unanimidad de votos de los señores Magistrados Jean Claude Tron Petit (presidente), Rubén Pedrero Rodríguez y Jesús Antonio Nazar Sevilla, lo resolvió este Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, siendo relator el tercero de los nombrados.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17604-ead171f8/caducidad-de-los-procedimientos-administrativos-presupuestos-o-condiciones · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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