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Modo: Corpus Pro

LITISCONSORCIO. SU NATURALEZA JURÍDICA.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 156/2003. · Registro digital (IUS): 17615
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: —
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Junio de 2003, , Pág. 826.

AMPARO DIRECTO 156/2003.

CONSIDERANDO:

SEXTO. Por cuestión de método es pertinente analizar, en primer término, los conceptos de violación expresados por los quejosos aludidos en los que argumentaron la existencia de vicios de naturaleza eminentemente formal, los que se hicieron consistir en que la Sala responsable no fundó su determinación consistente en que no se debían cumplir primeramente las formalidades esenciales del procedimiento, mediante la integración del litisconsorcio pasivo necesario, para estudiar el fondo de la nulidad intentada.

La anterior consideración es fundada, habida cuenta que de un simple análisis del acto de autoridad se advierte que en cuanto a este tópico la Sala del conocimiento únicamente consideró lo siguiente: "... son inoperantes porque si bien es cierto que en la excepción marcada con el número cincuenta y siete de su escrito de contestación de demanda, el hoy apelante pidió la nulidad absoluta del contrato de apertura de crédito, argumentando que de ello se había referido en el capítulo de oposición a la ejecución; sin embargo y como se verá más adelante, los motivos de oposición a la ejecución son improcedentes para tener por nulo al contrato de crédito base de la acción; luego entonces (sic) ante la inexistencia de una nulidad del contrato resulta inoperante el litisconsorcio derivado de esa nulidad, de ahí lo inoperante del agravio.".

Con tal consideración no se colma el contenido del artículo 16 constitucional, que obliga a las autoridades a emitir sus actos de autoridad fundando y motivando la causa legal del procedimiento, pues no se expresó motivo alguno que permitiera pasar por alto la debida integración de la relación procesal, subsanándola con argumentos inherentes al fondo del asunto, ni se citaron los preceptos legales aplicables al caso concreto, por lo que el acto de autoridad no se encuentra en cuanto a este tema fundado ni motivado.

Sin embargo, no obstante lo fundado del motivo de inconformidad, el mismo deviene inoperante para provocar la emisión de un fallo protector, pues tal como se verá en los párrafos siguientes no se actualizó en forma alguna la figura del litisconsorcio pasivo necesario.

Por tanto, a nada práctico llevaría otorgar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, para el efecto de que la autoridad responsable funde y motive su determinación, cuando en todo caso llegará a la misma conclusión consistente en que, en la especie, no había razón alguna para llamar a juicio al fedatario público con el cual se celebró el acto jurídico base de la acción.

En este sentido se comparte el contenido de la tesis número I.3o.C.43 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 1262 del Tomo XVI, agosto de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el título y contenido: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN FUNDADOS PERO INOPERANTES. DEBEN DECLARARSE ASÍ, CUANDO EXISTA SEGURIDAD ABSOLUTA EN CUANTO A LA IRRELEVANCIA DE LA OMISIÓN EN QUE INCURRIÓ LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y NO SEA NECESARIO SUSTITUIRSE EN SU ARBITRIO PARA DEFINIR CUESTIONES DE FONDO. Conforme a la jurisprudencia de la Tercera Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN FUNDADOS, PERO INOPERANTES.’, cuando en un juicio de amparo se considere fundado un concepto de violación por razones de incongruencia por omisión, pero a la vez se advierta que tal cuestión no es apta para resolver el asunto en forma favorable a los intereses del quejoso, el concepto aducido, aun cuando sea fundado, debe declararse inoperante, por razones de economía procesal, atendiendo a que a nada práctico conduciría conceder el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que se analizara una cuestión innecesaria, dado que el sentido del fondo del asunto seguiría siendo el mismo, en detrimento del principio de economía procesal y la pronta administración de justicia que establece el artículo 17 constitucional. Sobre esas bases, el tribunal de amparo debe pronunciarse respecto de los puntos que no fueron abordados por la autoridad de la instancia, porque de concederse la protección federal para que se subsanen no cambiaría el sentido del acto reclamado. Por tanto, es improcedente esa declaración de inoperancia cuando no existe la seguridad absoluta de la irrelevancia de la omisión en que haya incurrido la autoridad común al ser necesario el ejercicio de su arbitrio jurisdiccional para dilucidar aspectos de fondo, ya sea en valoración de pruebas, apreciación de hechos, interpretación y aplicación de normas o de contratos, porque en estos supuestos invariablemente corresponde a la autoridad ocuparse del análisis de las cuestiones omitidas, pues de lo contrario, la potestad de amparo podría dejar inaudita a una de las partes; de ahí que la determinación de que un concepto de violación es fundado pero inoperante, únicamente es adecuada ante una clara y evidente solución del asunto, pero no cuando se requiere de mayores reflexiones en ejercicio del aludido arbitrio jurisdiccional.".

En otro orden de ideas, es infundado el concepto de violación en el cual los quejosos sostuvieron que la responsable no fundó ni motivó su razonamiento relativo a por qué la actora no tenía la obligación de presentar como documento fundatorio de sus acciones de pago el pagaré respectivo.

El anterior concepto de violación es infundado, puesto que el acto de molestia sí se encuentra fundado y motivado, según se advierte del análisis del acto reclamado, el cual cumple con el contenido del artículo 16 constitucional, mismo que establece la obligación para las autoridades de fundar y motivar sus actos, pues en el caso que nos ocupa, dicha obligación se satisface, desde el punto de vista formal, cuando se expresan los hechos que hacen que la exhibición de la documental requerida no fuera considerada necesaria, quedando claro el razonamiento sustancial al respecto.

Cabe destacar que quedaron satisfechos estos requisitos en forma tal que los afectados conocieron la esencia de los argumentos legales y de hecho en que se apoyó la autoridad, de manera que pudieron controvertir los argumentos aducidos por la autoridad, dentro de los conceptos de violación respectivos.

Esto se afirma, puesto que la autoridad responsable expuso dentro de sus argumentos que del cúmulo probatorio no se advertía que las partes hubieran firmado los pagarés a que se hacía referencia en la cláusula quinta del contrato basal, según se advierte de una simple lectura del acto reclamado que ha quedado plasmado dentro del considerando cuarto de este fallo; igualmente citó el precepto en el cual se apoyó para valorar las pruebas existentes y concluir en la forma en que lo hizo, a saber, el artículo 1296 del Código de Comercio.

En este sentido es aplicable por identidad de razón, el contenido de la tesis de jurisprudencia número VI.2o. J/43, visible en la página 769 del Tomo III, marzo de 1996, Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y motivación legal, deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento.".

Asimismo, se comparte el criterio establecido en la tesis visible en la página 255, Tomo XI, abril de 1993, Octava Época, Tribunales Colegiados de Circuito, del Semanario Judicial de la Federación, intitulada: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso, y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto siendo necesario, además que exista adecuación, entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas.".

Finalmente son también infundados los agravios en los cuales los promoventes del juicio consideraron que la responsable no estudió su agravio relativo a que no se demostró el perfeccionamiento del contrato de préstamo de dinero y no se señaló en alguno de los hechos de la demanda la entrega real o física del dinero mediante el pagaré de la que nació la acción del acreedor.

El anterior motivo de inconformidad es infundado, pues en relación con dicho tema la autoridad responsable sostuvo lo siguiente: "Por otra parte, la prueba fehaciente de que el acreditado recibió el importe del crédito lo constituye el propio contrato de crédito exhibido, en el que aparece en su cláusula primera, que el banco acreditante concedió al acreditado ... un crédito simple por la cantidad de ciento un mil nuevos pesos moneda nacional, corroborándose la entrega del dinero del crédito con la certificación contable que la parte actora presentó como documento básico de la acción; por tanto, contrario a lo aducido por la inconforme, es innecesaria la exhibición del pagaré referido en la cláusula quinta del contrato básico de la acción, dado que la demostración del crédito concedido al hoy apelante lo constituye tanto el contrato de crédito como la certificación contable exhibidos como documentos básicos de la acción los que, por otra parte, no fueron desvirtuados con prueba alguna, adquiriendo entonces el valor de pruebas plenas en términos de lo previsto por el artículo 1296 del Código de Comercio, para demostrar los extremos pretendidos por el banco demandante; dando mérito lo anterior para tener por infundados los agravios en estudio.".

De la anterior transcripción se advierte que la Sala del conocimiento sí realizó un estudio de los agravios y expresó los motivos por los cuales tuvo por demostrada la existencia de la entrega real o física del dinero, la que vinculó con lo expuesto en el estado de cuenta certificado al cual le dio calidad de documento fundatorio de la acción.

Por tanto, desde el punto de vista formal, el agravio respectivo sí fue atendido, por lo que en todo caso le correspondía demostrar que el estado de cuenta certificado no contenía la fecha de disposición del numerario, o bien, que el mismo no podía ser considerado como básico de la acción y que, por tanto, no podían advertirse los elementos fijatorios de la litis de la referida documental.

En las relatadas consideraciones al ser fundados pero inoperantes e infundados los conceptos de violación expresados en cuanto a los vicios de forma que pudiera presentar el acto reclamado, es pertinente proceder al estudio de los motivos de inconformidad expresados en cuanto al fondo del asunto, los cuales son fundados pero inoperantes e infundados, como se verá a continuación.

En el primer concepto de violación, la parte quejosa sostuvo en síntesis que la responsable debió haber analizado de oficio la configuración o no de la figura del litisconsorcio pasivo necesario, sin que fuera obstáculo para ello la procedencia o no de la excepción de nulidad del contrato básico en los términos que se hizo valer, pues se estaría siguiendo un procedimiento viciado de origen.

El anterior motivo de inconformidad es fundado, pues efectivamente la debida integración de la relación jurídico-procesal, no podía estar supeditada a la procedencia o no de la acción de nulidad. Por tanto, era menester que se analizara si había litisconsorcio pasivo necesario o no, y una vez precisada la debida integración de esa relación estudiar el fondo del asunto, por lo que la Sala responsable indebidamente alteró el estudio del agravio en los términos que se le propuso.

No obstante lo anterior, el concepto de violación aludido, así como los diversos argumentos expresados en el primer motivo de agravio, que pretenden demostrar la existencia del litisconsorcio pasivo necesario, que obligaba a llamar a juicio al notario número cuarenta del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, ante quien celebraron las partes el contrato de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria, no son aptos para producir un fallo favorable a los intereses de los quejosos, pues en el presente caso no existe un verdadero litisconsorcio pasivo necesario, acorde con los términos en que se planteó la nulidad vía excepción.

Para poder afirmar lo anterior, es pertinente hacer las siguientes precisiones:

Las excepciones y defensas en su sentido amplio, son aquellos medios que el demandado tiene para oponerse a las pretensiones del actor, ya sea afectando la validez de la relación procesal, o bien, contradiciendo las afirmaciones del actor.

Por su parte, existe litisconsorcio cuando varias personas ejercitan una acción contra un solo demandado, cuando un solo actor demanda a una pluralidad de personas, o cuando existe pluralidad de actores y de demandados. En el primer caso, el litisconsorcio será activo, en el segundo pasivo y en el tercero mixto.

El litisconsorcio puede ser voluntario si se presenta mediante el uso de una facultad para promoverlo; y será necesario cuando el proceso no puede iniciarse válidamente, porque las cuestiones jurídicas que en él se ventilan afectan a más de dos personas y, consecuentemente, no es posible pronunciar sentencia válida y eficaz sin oírlas a todas ellas.

Consecuentemente, el litisconsorcio pasivo necesario se configura cuando existe una relación sustancial única entre la parte actora y la pluralidad de las demandadas, y que requiere que la declaración jurisdiccional que ponga fin a la controversia sólo pueda ser efectuada con eficacia cuando todas ellas estén presentes en el proceso.

Es indispensable para que exista litisconsorcio necesario que se dé una relación material común a varias personas, y la cual no pueda deducirse si no es por todas o frente a todas, al estar en una igualdad de situación. Esta igualdad de situación consiste en que los diferentes litisconsortes por la relación jurídica en que están interesados han de obtener el dictado de una misma sentencia. En tal virtud es necesario que las prestaciones reclamadas solamente puedan exigirse contra varios demandados en común.

En este orden de ideas debe estimarse que para que nazca tal figura tiene que caber la posibilidad de que la resolución de un proceso se extienda a terceros interesados, produciendo fallos contradictorios; por tanto, es necesaria la existencia de una relación jurídica que culmine con el dictado de una sentencia que fije o modifique la posición jurídica de varios sujetos.

Así las cosas, el litisconsorcio necesario debe surgir cuando se requiera que la controversia sea resuelta mediante el dictado de un fallo uniforme para todas las partes y con la comparecencia de los mismos.

Sirve como corolario de lo anterior, la tesis número I.6o.C.117 C, sostenida por este cuerpo colegiado, visible en la página 703, Tomo VI, septiembre de 1997, Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro: "LITISCONSORCIO. Ésta es una figura jurídico-procesal sui generis, que evita difusión y contradicción en la autoridad procesal y se materializa cuando en un proceso existen diversos actores o demandados, o cuando la resolución que recaiga en el mismo, necesariamente afecte a una persona extraña, es decir, cuando varias personas deducen una acción contra un solo demandado, cuando una persona demanda a varias, y cuando dos o más incoan a su vez un juicio en contra de dos o más. Así también, dicha figura es activa cuando se refiere a los actores y pasiva cuando se trata de los llamados a juicio y de igual modo podrá ser voluntaria o necesaria, dándose el primer caso, cuando las partes litisconsortes, tanto activas como pasivas, en ejercicio de una facultad que la ley les confiere, invocan la figura procesal en comento, y litisconsorcio necesario, por disposición expresa, o bien, cuando materialmente existe imposibilidad legal de emitir autónomamente diversas sentencias en relación con varias personas en que éstas tuvieren interés.".

Asimismo, se comparte el criterio sostenido en la jurisprudencia número XX. J/12, visible en la página 440 del Tomo II, diciembre de 1995, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el título y texto: "LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. REQUISITOS QUE SE REQUIEREN PARA LA EXISTENCIA DE. Existe litisconsorcio pasivo necesario, cuando las cuestiones que en el juicio se ventilan, afectan a más de dos personas, de tal manera que no es posible pronunciar sentencia válida, sin oírlas a todas ellas; además se requiere que los demandados se hallen en comunidad jurídica con respecto al objeto litigioso o tengan un mismo derecho o se encuentren obligados por igual causa de hecho, o jurídica.".

Plasmado lo anterior, y analizadas las constancias que integran el juicio de origen, este órgano jurisdiccional estima que la nulidad del contrato base de la acción fue reclamada por la parte quejosa, vía excepción, y no a través de la acción reconvencional, por lo que la misma no puede producir consecuencias en perjuicio de terceros ajenos a la presente contienda.

Esto se afirma, pues la nulidad solicitada a través de las excepciones y defensas solamente tendría por objeto demostrar al Juez natural que el documento respectivo no puede tener los alcances probatorios pretendidos por el demandante, atento los vicios que pudiera presentar el contrato respectivo, con lo que únicamente se pretende evitar el pronunciamiento condenatorio por parte del juzgador.

Por tanto, la excepción de nulidad intentada no podría tener los mismos efectos que hubiera producido la nulidad invocada como acción reconvencional, caso en el cual sí existiría la obligación legal de llamar a juicio a todas aquellas personas que hubieran intervenido en el acto jurídico, para que a su vez les produjera consecuencias de hecho y de derecho, pues en caso de estimarse procedente la nulidad, la declaración respectiva tendrá efectos sobre todas las partes en el juicio.

Por el contrario, si la nulidad es planteada a manera de excepción, en caso de acreditarse el vicio respectivo, los efectos sólo incidirán en los alcances probatorios del documento cuya validez se cuestiona y, consecuentemente, en la declaración de improcedencia de la acción, resolución que en principio sólo perjudicará al actor, dado que la sentencia no contendría una declaración general de nulidad.

Se invoca por su aplicación, en lo conducente, la tesis número II.4o.C.5 C, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, cuyo contenido comparte este cuerpo colegiado, publicada en la página 1302 del Tomo XV, abril de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el título y contenido: "NULIDAD, EL HECHO DE NO INTEGRAR DEBIDAMENTE LA RELACIÓN JURÍDICO PROCESAL, EN LA RECONVENCIONAL DE, NO ES UN MOTIVO LEGALMENTE VÁLIDO PARA EVITAR EL PRONUNCIAMIENTO DE FONDO POR CUANTO HACE A LA ACCIÓN PRINCIPAL, A PESAR DE QUE TAMBIÉN SE HUBIERA PLANTEADO DICHA NULIDAD COMO EXCEPCIÓN. Por regla general, cuando en un juicio se reclama la nulidad de un documento, vía acción principal o reconvencional, el fin perseguido por quien la intenta es el que la autoridad jurisdiccional declare que el documento cuestionado no surte efecto alguno, dado el vicio legalmente acreditado; por ello, la consecuencia práctica de la nulidad, planteada como acción reconvencional, será el que a través del título declarado nulo no se pueda alegar algún derecho adquirido o liberado, no sólo en el juicio en el cual se reconvino, sino en todo acto que se pretenda efectuar, amparado en el título declarado judicialmente nulo. Por el contrario, cuando la nulidad del documento basal es planteada como excepción, el efecto no podrá ser otro sino el evidenciar ante el juzgador que, en el juicio en donde se opuso, el título respectivo no puede tener los alcances probatorios pretendidos por quien lo presenta, dado el vicio demostrado. En efecto, el fin perseguido al oponer una excepción es impedir el pronunciamiento de fondo por parte del juzgador (excepciones procesales), o bien, la absolución en sentencia de la pretensión del actor (excepciones sustanciales); por ello, la excepción siempre se traducirá únicamente en aquel poder que tiene a su disposición el demandado para oponer, frente a la pretensión de quien lo demanda, aquellas cuestiones que le permitan demostrar que no es dable legalmente declarar procedente el reclamo presentado por el actor. De acuerdo a lo anterior, es innegable que la nulidad opuesta como excepción no puede tener los mismos efectos que la planteada como acción reconvencional; por ello, el hecho de haber decretado el litisconsorcio pasivo necesario en la reconvención de nulidad, dada la inadecuada integración de la relación jurídico procesal, no puede justificar el nulo pronunciamiento de fondo en relación con la acción principal intentada, pues si bien la nulidad, además, fue alegada a manera de excepción, lo cierto es que la necesidad de escuchar a todas las partes que intervinieron en los documentos que se aducen de nulos, sólo se justifica cuando ésta se alega en el procedimiento vía acción, pues en caso de estimarse procedente la nulidad, la declaración respectiva tendrá efectos erga omnes, lo cual no acontece cuando es planteada a manera de excepción, pues, en este caso, los efectos, en caso de acreditarse el vicio respectivo, sólo incidirán en los alcances probatorios del título que se atribuye de nulo y, consecuentemente, en la inminente improcedencia de la acción, lo cual, por regla general, sólo perjudicará al actor, dado que la sentencia no contendrá una declaración general de nulidad. Por ello, si al plantearse la nulidad como excepción no se llama a juicio a todos los litisconsortes, es una omisión que no puede afectar al demandante, pues la integración de la relación jurídico procesal, exigible a éste, obedecerá a la acción intentada en juicio y no atenderá a las excepciones opuestas; además, si de conformidad con lo dispuesto por el artículo 209 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, el juzgador está obligado a decidir el punto litigioso sometido a su consideración, siendo claro, preciso y congruente con las demandas y contestaciones respectivas, entonces, el hecho de que la relación jurídico procesal se encuentre debidamente integrada en la acción principal, dado que el actor llamó a juicio a las partes necesarias para tramitar su acción intentada, amén de haber agotado las etapas procesales que la ley prevé, de suyo obliga a la autoridad a dictar la sentencia respectiva, resolviendo los puntos litigiosos objeto del debate.".

Igualmente sirve de apoyo a lo anterior, el contenido de la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 285 del Tomo XI, febrero de 1993, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, con el rubro y texto: "NULIDAD DE CONTRATO. CASO EN QUE NO PUEDE INVOCARSE COMO EXCEPCIÓN. El Máximo Tribunal del país, en la jurisprudencia número 1209, visible a fojas 1947, Segunda Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, establece: ‘NULIDAD COMO ACCIÓN Y COMO EXCEPCIÓN. La nulidad como excepción descansa en hechos que por sí mismos no excluyen la acción y quien la opone en realidad solicita que el juzgador reconozca en la sentencia que es nulo el acto jurídico de que se trata; esto es, que la nulidad puede hacerse valer como acción o como excepción.’. Ahora bien, la sentencia que declara la nulidad de determinado acto jurídico afecta a todos los que intervienen en su celebración; por lo que de una recta interpretación del criterio jurisprudencial transcrito, se desprende que el demandado en un juicio podrá invocar la excepción de nulidad, siempre que el acto cuya nulidad reclame se hubiera celebrado entre las partes contendientes y, por ende, la declaratoria de nulidad que pudiera decretarse sólo afectará la relación jurídica procesal. En cambio, si al acto tachado de nulo concurren terceros ajenos a esta relación jurídica, el propio demandado deberá ejercitar la acción reconvencional de nulidad, pues dada la presencia de la figura procesal denominada litisconsorcio necesario, es requisito sine qua non llamar a juicio, a todas aquellas personas que intervinieron en la celebración del acto, con el fin de que la sentencia que, en su caso declare la nulidad, sea jurídicamente válida.".

Cabe destacar que no se desconoce el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado con el rubro y texto: "LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. DEBE ESTUDIARSE DE OFICIO. El litisconsorcio pasivo necesario tiene lugar, entre otros supuestos, cuando un tercero demanda la nulidad del contrato en cuya celebración y, en su caso, formalización, intervinieron varias personas. Luego, si el efecto principal del litisconsorcio pasivo necesario, es que sólo puede haber una sentencia para todos los litisconsortes, es claro que se debe llamar a juicio a todos los contratantes y, en su caso, al notario, por lo que el tribunal de alzada está en posibilidad de realizar oficiosamente el examen correspondiente, a fin de no dejar inaudito a ninguno de los interesados.", pues si bien es cierto que en dicha jurisprudencia, de observancia obligatoria para este tribunal, se establece que el notario debía ser llamado a juicio cuando se reclamara la nulidad de un acto en cuya formalización intervino, también lo es que este supuesto está limitado a que el "tercero demande la nulidad del contrato", esto es, que a través de la acción, ya sea principal o reconvencional, se exija la declaratoria de nulidad, para que pudiera pararle perjuicio a la totalidad de las partes que intervinieron en la celebración del acto, por lo que dicha tesis no es aplicable al presente caso, en el cual no se demandó la nulidad del instrumento público.

En tal virtud, como se ha visto, no existe en el presente caso un litisconsorcio pasivo necesario y, por tanto, a nada práctico llevaría otorgar la protección constitucional a los quejosos aludidos, para el efecto de que la Sala realizara las consideraciones contenidas en los párrafos precedentes, en sustitución de los argumentos contenidos en el acto de autoridad reclamado, y arribara a la misma conclusión consistente en que la parte demandada no acreditó los extremos de sus excepciones y defensas, lo que produciría nuevamente la confirmación del fallo de primera instancia; lo anterior solamente implicaría una dilación en la impartición de justicia, y una afectación al contenido del artículo 17 de nuestra Carta Magna, por lo que el concepto de violación en estudio debe tildarse como fundado pero inoperante.

Se invoca por su aplicación la jurisprudencia número 170, sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de observancia obligatoria para este cuerpo colegiado en términos de lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, publicada en la página 114 del Tomo VI, Materia Común, Parte SCJN, Séptima Época del Apéndice de 1995, con el título y contenido: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN FUNDADOS, PERO INOPERANTES. Si del estudio que en el juicio de amparo se hace de un concepto de violación se llega a la conclusión de que es fundado, de acuerdo con las razones de incongruencia por omisión esgrimidas al respecto por el quejoso; pero de ese mismo estudio claramente se desprende que por diversas razones que ven al fondo de la cuestión omitida, ese mismo concepto resulta inepto para resolver el asunto favorablemente a los intereses del quejoso, dicho concepto, aunque fundado, debe declararse inoperante y, por tanto, en aras de la economía procesal, debe desde luego negarse el amparo en vez de concederse para efectos, o sea, para que la responsable, reparando la violación, entre al estudio omitido, toda vez que este proceder a nada práctico conduciría, puesto que reparada aquélla, la propia responsable, y en su caso la Corte por la vía de un nuevo amparo que en su caso y oportunidad se promoviera, tendría que resolver el negocio desfavorablemente a tales intereses del quejoso; y de ahí que no hay para qué esperar dicha nueva ocasión para negar un amparo que desde luego puede y debe ser negado.".

En otro orden de ideas, son infundados los argumentos contenidos en el segundo concepto de violación, en el cual los quejosos adujeron que la Sala responsable indebidamente consideró que no se había demostrado la firma de los pagarés, cuando esto se acreditó con el contrato de apertura de crédito, tal como lo consideró al sostener que la recepción del importe del crédito se demostró con el contrato.

El anterior concepto de violación es infundado, pues tal como lo consideró la Sala del conocimiento, del análisis de la cláusula quinta del básico de la acción, se advierte que en reconocimiento del crédito, la parte demandada suscribiría un pagaré que no excediera del importe del crédito concedido, pero esto no implica que el mismo sí se suscribió, pues en la cláusula de referencia se pactó que el acreditado suscribirá en los términos del artículo doscientos noventa y nueve de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, un pagaré que no exceda del crédito concedido; así, el vocablo suscribirá implica que el mismo será signado en un acto posterior a la celebración del acto jurídico básico, por lo que dicha cláusula no puede ser prueba fehaciente de que el mismo sí se suscribió.

Cabe destacar que es inexacto el argumento de los quejosos en el sentido de que la existencia del pa

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17615-db991932/litisconsorcio-su-naturaleza-juridica · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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