SALUD, DELITO CONTRA LA, EN SU MODALIDAD DE POSESIÓN DE NARCÓTICOS. NO SE VIOLAN LAS GARANTÍAS DE AUDIENCIA Y DEFENSA DEL INCULPADO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 20, APARTADO A, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SI PARA ACREDITAR EL ELEMENTO SUBJETIVO DEL TIPO PENAL DISTINTO AL DOLO, CONSISTENTE EN QUE LA DROGA QUE POSEE TENGA LA FINALIDAD DE REALIZAR ALGUNA DE LAS CONDUCTAS PREVISTAS EN EL NUMERAL 194 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, NO SE ESPECIFICA A CUÁL DE ELLAS ESTÁ DESTINADO EL NARCÓTICO.
AMPARO DIRECTO 138/2003.
CONSIDERANDO:
V. Los conceptos de violación son en una parte fundados pero inoperantes, en otra, inoperantes y en el resto, infundados, aun suplidos en su deficiencia en términos de lo dispuesto por el artículo 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo.
En efecto, en primer término, cabe establecer que en el caso se observaron las formalidades esenciales del procedimiento, ya que el quejoso fue juzgado por tribunales previamente establecidos y conforme a leyes expedidas con anterioridad a los hechos delictivos que se le atribuyen, en donde en cumplimiento a las formalidades del procedimiento, se le hizo saber la naturaleza de la acusación, las circunstancias de modo, lugar y tiempo que mediaron en la comisión del ilícito cuya realización se le imputa, el nombre de las personas que depusieron en su contra, fue oído por sí y a través de los defensores que para tal efecto designó, tuvo la oportunidad de defenderse y de probar lo que a sus intereses conviniera, razón por la que en esos aspectos, no existe violación a las garantías consagradas por los artículos 14 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Cobra aplicación, la jurisprudencia P./J. 47/95, publicada en la página 133, Tomo II, diciembre de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga ‘se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento’. Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado.".
En lo concerniente a las cuestiones formales, cabe abundar en que el Tribunal Unitario responsable, en la resolución reclamada, al estudiar los elementos del delito y la responsabilidad del quejoso, citó los preceptos aplicables al caso, tales como el artículo 195, primer párrafo, del Código Penal Federal, el cual prevé el delito por el cual se le condenó, así como los numerales 279, 281, 284, 285, 286, 287, 288, 289 y 290 del Código Federal de Procedimientos Penales; de la misma forma, la responsable expuso las circunstancias especiales, razones particulares y causas inmediatas que tuvo en consideración para la emisión del acto; asimismo, hizo la adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, concluyendo que las probanzas valoradas demostraban que el día diecisiete de junio del año dos mil dos, aproximadamente a las trece horas, en el exterior del inmueble ubicado en el número ... de la calle ... colonia ... en ... el inculpado ... tuvo bajo su radio de acción y ámbito de disponibilidad inmediato, veintinueve envoltorios de plástico transparente con polvo compactado de color beige, con un peso bruto de 7.5317 gramos, que resultó ser clorhidrato de cocaína, contenido en un envase para rollo fotográfico, con la finalidad de cometer alguna de las conductas previstas en el artículo 194 del Código Penal Federal, dada su cantidad, la forma de presentación del narcótico y en especial su aceptación en el sentido de que tenía dos meses de dedicarse a la venta de dicho narcótico, sin contar con el permiso correspondiente de la autoridad respectiva; por tanto, el fallo reclamado no contraviene la garantía de seguridad jurídica prevista por el artículo 16 de la Constitución Federal, porque se encuentra adecuadamente fundado y motivado.
Es aplicable a esta consideración, la jurisprudencia 204, publicada en la página 166, del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Séptima Época, sustentada por la Segunda Sala de Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas."
Por otra parte, el tribunal responsable estuvo en lo justo al tener por acreditados los elementos del delito contra la salud, en la modalidad de posesión de clorhidrato de cocaína, previsto y sancionado por el artículo 195, primer párrafo, del Código Penal Federal, así como la responsabilidad penal del ahora quejoso en su comisión.
El artículo mencionado, en su primer párrafo, dispone: "Artículo 195. Se impondrá de cinco a quince años de prisión y de cien a trescientos cincuenta días multa, al que posea alguno de los narcóticos señalados en el artículo 193, sin la autorización correspondiente a que se refiere la Ley General de Salud, siempre y cuando esa posesión sea con la finalidad de realizar alguna de las conductas previstas en el artículo 194."
Pues bien, se está ante un delito de riesgo, que no tiene un resultado material, y el bien jurídico que salvaguarda es la salud pública; se compone de un elemento comisivo, que consiste en poseer alguna de las sustancias consideradas como estupefacientes por el artículo 193 del Código Penal Federal; en tanto, el elemento normativo del ilícito estriba en que se realice esa posesión, sin contar con el permiso respectivo de la Secretaría de Salud; el elemento subjetivo distinto al dolo, versa en que la posesión del narcótico tenga la finalidad de realizar alguna de las conductas contempladas en el artículo 194 del mismo ordenamiento punitivo.
En cuanto al elemento subjetivo distinto al dolo, conviene añadir que no es necesario, para tener por acreditado dicho elemento, que se precise qué conducta de las previstas en el artículo 194 del Código Penal Federal, se pretendía llevar a cabo con la posesión del narcótico.
En primer término debe tomarse en cuenta que la conducta que la norma sanciona es la posesión de alguna sustancia considerada como estupefaciente.
Al efecto, la ley prevé dos tipos de grado de posesión en los artículos 195, primer párrafo, y 195 bis del Código Penal Federal: la genérica o agravada y la atenuada.
Para corroborar lo anterior, a continuación, se cita sólo el segundo de los numerales aludidos, puesto que el primero ya quedó transcrito en párrafos anteriores, el cual dispone:
"Artículo 195 bis. Cuando la posesión o transporte, por la cantidad como por las demás circunstancias del hecho, no pueda considerarse destinada a realizar alguna de las conductas a que se refiere el artículo 194 de este Código y no se trate de un miembro de una asociación delictuosa, se aplicarán las penas previstas en las tablas contenidas en el apéndice 1 de este ordenamiento, si el narcótico no se encuentra comprendido en las mismas, se aplicará hasta la mitad de las penas señaladas en el artículo anterior."
Asimismo, es de citarse la tesis XII.2o.19 P, visible en la página 982, Tomo XI, marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, que dice: "DELITO CONTRA LA SALUD, EN LA MODALIDAD DE POSESIÓN DE NARCÓTICOS, PREVISTA TANTO EN EL ARTÍCULO 195, PRIMER PÁRRAFO Y EN EL DIVERSO 195 BIS, AMBOS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL. SÓLO DIFIEREN EN GRADO Y CORRESPONDE AL JUZGADOR DE INSTANCIA DETERMINARLO SIN QUE ELLO IMPLIQUE LA RECLASIFICACIÓN DEL DELITO POR EL QUE SE SIGUIÓ EL PROCESO. De la interpretación armónica de los artículos 385, primer párrafo y 388, fracción XIII, ambos del Código Federal de Procedimientos Penales, en relación con la fracción XVI del artículo 160 de la Ley de Amparo, se desprende que cuando la sentencia se dicta por un delito diverso al establecido en el auto de formal prisión, constituye una violación de garantías que amerita la reposición del procedimiento para que se subsane esa irregularidad; sin embargo, se establecen expresamente dos casos en los cuales no se considerará que el delito es diverso, a saber: 1) Cuando el que se exprese en la sentencia sólo difiera en grado del que haya sido materia del proceso; y, 2) Cuando la sentencia se refiera a los mismos hechos materiales que fueron objeto de la averiguación, siempre que en este último caso, el Ministerio Público haya formulado conclusiones acusatorias cambiando la clasificación del delito hecha en el auto de formal prisión o de sujeción a proceso, y el quejoso hubiese sido oído en defensa sobre la nueva clasificación durante el juicio propiamente tal. De lo anterior se deduce en forma lógica y jurídica que es una facultad del juzgador de instancia establecer en la sentencia, cuál es el grado que en la comisión del delito quedó actualizado durante el procedimiento, y que ello de manera alguna queda comprendido como una anormalidad en el proceso. Ahora bien, cuando el Tribunal Colegiado, que conoce del amparo directo, concluye, en beneficio del quejoso, que no se acreditó que éste poseyó el narcótico con la finalidad de realizar alguna de las conductas previstas en el artículo 194 del Código Penal Federal, según lo exige el artículo 195, primer párrafo de dicho ordenamiento legal, por el que se siguió el proceso, lo procedente es conceder el amparo para el efecto de que el juzgador de instancia, en ejercicio de la función jurisdiccional que le corresponde, determine el grado correcto de la comisión del delito que el caso amerite, pues el tipo penal del delito contra la salud en la modalidad de posesión de narcótico contemplada en el artículo 195, párrafo primero del código punitivo federal, sólo difiere en grado del previsto en el artículo 195 bis, ya que el primero sanciona la modalidad aludida en forma agravada y el segundo de manera atenuada, por lo que no se trata de delitos diferentes sino de uno mismo, que guarda su unidad y sólo difiere en grado, y en esa tesitura, la no actualización de la agravante, no tiene como consecuencia inmediata la anulación del delito, y por tanto, corresponde a la autoridad responsable determinar lo que proceda en ejercicio de la aludida función jurisdiccional."
Una de las diferencias torales entre uno y otro grados del delito estriba en la finalidad de la posesión del narcótico, ya que en la posesión genérica o agravada la tenencia del narcótico debe ser con el propósito de realizar alguna de las conductas previstas en el artículo 194 del ordenamiento penal citado, mismo que dispone: "Se impondrá prisión de diez a veinticinco años y de cien hasta quinientos días multa al que: I. Produzca, transporte, trafique, comercie, suministre aun gratuitamente o prescriba alguno de los narcóticos señalados en el artículo anterior, sin la autorización correspondiente a que se refiere la Ley General de Salud. Para los efectos de esta fracción, por producir se entiende: manufacturar, fabricar, elaborar, preparar o acondicionar algún narcótico, y por comerciar: vender, comprar, adquirir o enajenar algún narcótico; II. Introduzca o extraiga del país alguno de los narcóticos comprendidos en el artículo anterior, aunque fuere en forma momentánea o en tránsito. Si la introducción o extracción a que se refiere esta fracción no llegare a consumarse, pero de los actos realizados se desprenda claramente que esa era la finalidad del agente, la pena aplicable será de hasta las dos terceras partes de la prevista en el presente artículo; III. Aporte recursos económicos o de cualquier especie, o colabore de cualquier manera al financiamiento, supervisión o fomento para posibilitar la ejecución de alguno de los delitos a que se refiere este capítulo; y IV. Realice actos de publicidad o propaganda, para que se consuma cualesquiera de las sustancias comprendidas en el artículo anterior. Las mismas penas previstas en este artículo y, además, privación del cargo o comisión e inhabilitación para ocupar otro hasta por cinco años, se impondrán al servidor público que, en ejercicio de sus funciones o aprovechando su cargo, permita, autorice o tolere cualesquiera de las conductas señaladas en este artículo."
Mientras que, por el contrario, en la posesión atenuada no deben existir datos que hagan presumir tal finalidad, es decir, que dicha posesión tenía el propósito de realizar alguno de los injustos señalados por el precepto transcrito.
Bajo esa tesitura, la diferencia de los grados de posesión de narcótico que sanciona la ley radica en su mayor o menor repercusión en la salud pública, dado que en uno, la sustancia se posee con el fin de cometer otra conducta delictiva, es decir, la posesión se lleva a cabo a efecto de que a la postre personas distintas del agente dispongan del enervante de alguna manera, con la plena intención de este último para que así suceda, en tanto que en el otro, se posee principalmente para un ámbito meramente personal del agente, como su consumo, pero que al exceder en cierta medida de lo necesario para ese consumo, lesiona la salud pública, ya que propicia que otras personas también puedan disponer del enervante, aunque no con la plena voluntad del activo para que así suceda.
Luego, la norma sanciona con mayor severidad al agente que posee un narcótico con el que pretende llevar a cabo otras conductas aparte de su posesión, y por otra parte, se privilegia al poseedor de la droga con una pena atenuada cuando no existen datos que hagan presumir que pretendía ejecutar esas otras conductas distintas a la de su posesión dentro de un ámbito personal; para esto último la ley prevé diversas tablas en las que se anotan las penas aplicables para castigar la posesión atenuada, en orden al tipo de sustancia, a la reincidencia y a la cantidad del narcótico. Esta última no debe rebasar de los límites que en las mismas tablas se fijan para cada uno de los estupefacientes, dado que en ese supuesto, la cantidad que excede en forma considerable de las tablas es de estimarse como un dato relevante que hace presumir que la droga tenía la finalidad de que habla el numeral 195, primer párrafo, mencionado.
En congruencia con lo anterior, se comparte el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, en su jurisprudencia XXIII.1o. J/20, publicada en la página 1040, del Tomo XIV, julio de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "SALUD, DELITO CONTRA LA. PARA LA DEMOSTRACIÓN DEL ELEMENTO SUBJETIVO CONSISTENTE EN LA FINALIDAD DE LA POSESIÓN DE NARCÓTICOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 195 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, TIENE VALOR PREPONDERANTE LA CANTIDAD DEL MISMO. Para la demostración del elemento subjetivo consistente en la intención volitiva pretendida por el activo del ilícito contra la salud en la modalidad de posesión de narcóticos prevista y sancionada por el artículo 195 del Código Penal Federal son preponderantes los datos que puedan desprenderse o inferirse de las circunstancias concretas de comisión de la conducta, las condiciones, estado, conformación del narcótico materia de dicha conducta y especialmente, la cantidad de éste, pues los datos señalados fueron considerados por el legislador en el artículo 195 bis, para que pudieran o no considerarse como destinados a realizar alguna de las conductas a que se refiere el artículo 194 del Código Penal Federal, para que el juzgador, en cada caso, en uso del arbitrio judicial que le confiere el artículo 286 del Código Federal de Procedimientos Penales y demás disposiciones aplicables, tomando en cuenta la cantidad del narcótico materia de la conducta y las demás circunstancias del hecho, determine si los hechos materia de la acusación son constitutivos de la posesión genérica de narcóticos prevista por el artículo 195 del Código Penal Federal o de la posesión atenuada descrita por el artículo 195 bis del propio código, para lo cual constituye un dato relevante el que la cantidad del narcótico rebase el máximo previsto por las tablas contenidas en el Apéndice 1 del artículo 195 bis del Código Penal Federal, cuando se trate de narcóticos en ellas comprendidos."
Excepcionalmente, cuando el narcótico no se encuentre previsto en las tablas, pero siempre y cuando no existan datos que hagan considerarlo que estaba destinado a realizar alguna de las conductas a que se refiere el artículo 194 mencionado y no se trate de un miembro de una asociación delictuosa, se aplicarán hasta la mitad de las penas señaladas en el artículo 195 del ordenamiento en cita.
Con ello el legislador pretendió establecer conductas, respecto a la posesión de narcóticos, que quedaran debidamente diferenciadas, atendiendo a su trascendencia y gravedad, con una penalidad diferenciada, a efecto de otorgarle al juzgador elementos distintos que le permitieran actuar con criterios de racionalidad y de justicia.
Así se desprende de la exposición de motivos correspondiente a las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos noventa y cuatro, mismas que dieron lugar al texto actual de los numerales 195 y 195 bis del Código Penal Federal, que, en lo que interesa, dice lo siguiente: "... II.1. Reestructuración del Capítulo I del Título Séptimo del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal. Si bien este Código ha sido objeto de importantes modificaciones en los últimos años, tanto en lo que hace a tipificación como a sanción de los delitos contra la salud, debe señalarse que el aumento en la penalidad de modo igual para los que siembran, cultivan, cosechan, etcétera, como para los que comercian o trafican con estupefacientes o psicotrópicos, no ha sido apropiado. En atención a ello, el proyecto de reformas plantea la necesidad de reestructurar el contenido del Capítulo I del Título Séptimo del Código Penal, relativo a las diversas conductas relacionadas con los estupefacientes y psicotrópicos, dándoles un tratamiento adecuado, en atención a sus diversas connotaciones. Cada una de las diversas conductas previstas en el actual artículo 197 del Código Penal tienen connotaciones diferentes en atención al bien jurídico a proteger, y representan distinta relación con el efecto de favorecer o facilitar el consumo de drogas. De ahí la conveniencia de hacer una diferenciación de dichas conductas, atendiendo a su trascendencia o gravedad, y establecer una penalidad diferenciada, dándole al juzgador elementos distintos para que también en esa especie de delitos se mueva con criterios de racionalidad y de justicia. Con base en lo anterior, en la presente iniciativa se propone al honorable Congreso de la Unión, regular en el artículo 194 lo que es propiamente el narcotráfico, con la penalidad que actualmente prevé el artículo 197, así como las hipótesis de agravación de la pena en el artículo 196. En el nuevo artículo 196-bis se propone regular la conducta de quienes por sí, a través de terceros o a nombre de otros, dirigen, administran o supervisan cualquier tipo de organización o ente constituido para realizar de manera reiterada cualquiera de las actividades delictivas que afectan la salud; regulación que procura responder a las exigencias que actualmente se imponen. Finalmente, se da un trato diferenciado a la posesión de estupefacientes y psicotrópicos, por lo que hace a su penalidad, atendiendo a si se realiza o no con fines de tráfico, así como a la cantidad y demás circunstancias del hecho. Y se establece, como regla general, que para la individualización de la pena el juzgador tomará en cuenta la cantidad y la especie de narcótico de que se trate, así como la mayor o menor lesión o puesta en peligro del bien jurídico tutelado y las condiciones personales del autor o partícipe del hecho."
En ese orden de ideas, si lo que la norma sanciona es la posesión de narcóticos, con sus diferentes grados, es de arribarse a la conclusión de que para el caso de la posesión que se prevé en el numeral 195, primer párrafo, del Código Penal Federal, el juzgador no se encuentra constreñido a precisar qué conducta de las señaladas en el diverso ordinal 194 del mismo ordenamiento penal, se pretendía realizar con el narcótico, puesto que propiamente dicha conducta no está sancionada por el numeral en cita ni se requiere que se actualice como un complemento del tipo, sino que lo relevante es que concurran otras circunstancias o datos que pongan de manifiesto determinada finalidad o tendencia, la que si bien tiene relación con las conductas previstas en el numeral referido, empero, ninguna de éstas objetivamente son atribuibles por sí mismas, ya que sólo se establecen como un punto de referencia para apreciar la tendencia que debe tener la posesión de la droga y que se exige como elemento subjetivo del tipo. Es decir, lo que el delito que nos ocupa reprocha por sí es la finalidad que se erige, al ser un elemento subjetivo distinto al dolo, como una mera tendencia, de ahí que baste únicamente para acreditarlo, que se precisen los datos objetivos que se enlazan al aspecto subjetivo, tales como la presentación, tipo y cantidad de la droga, así como las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se poseyó el estupefaciente, de los cuales pudiera desprenderse que la posesión del narcótico tenía la finalidad de realizar alguna otra conducta delictiva, esto es, que la posesión tendía a la realización de dicha conducta, desde luego con mayor repercusión a la salud pública; todo lo anterior siempre sujeto a la conducta que el precepto sanciona, como lo es la posesión referida.
Para mayor ilustración, es de citarse el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la jurisprudencia 1a./J. 7/96, visible en la página 477, del Tomo III, marzo de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "POSESIÓN DE ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICOS EN DELITOS CONTRA LA SALUD. SU NECESARIA VINCULACIÓN CON LA FINALIDAD. El tipo penal previsto en el artículo 195 del Código Penal Federal establece sanción para el poseedor de alguno de los estupefacientes y psicotrópicos señalados en el normativo 193, pero ello siempre y cuando esa posesión sea con la finalidad de realizar alguna de las conductas previstas en el artículo 194. Para el acreditamiento del elemento subjetivo es sin duda la confesión un medio idóneo aunque por sí sola no es suficiente, pues en la mayoría de los casos en que ella exista habrá que vincularla con otras que estén aparejadas, con la comprobación del resto de los elementos típicos de carácter objetivo. Resulta, por tanto, necesario demostrar primeramente los elementos de carácter objetivo del tipo penal, como son: la existencia de la droga, el tipo y la cantidad de la misma que el sujeto poseía (o transportaba), así como circunstancias de lugar, tiempo, y ocasión; después habrá que analizar la existencia de los elementos subjetivos, como son el dolo y la especial finalidad, para lo cual es idónea la confesión del inculpado de que efectivamente la poseía y que la llevaba consigo para realizar alguna de las acciones a que se refiere el artículo 194, es decir: comerciar, traficar, introducir, etcétera. En tales circunstancias, el juzgador al resolver debe efectuar un enlace concatenado de los elementos objetivos con el aspecto subjetivo, y con todo ello determinar la finalidad del agente respecto del destino del narcótico, no resultando por tanto suficiente la sola afirmación aislada de dicha circunstancia sin la vinculación con otros medios de prueba."
Se afirma lo anterior, porque se está ante un delito de intención ulterior o de tendencia interna trascendente, esto es, la posesión que el legislador quiso sancionar con el texto del artículo 195 que nos ocupa es la que tenga la tendencia o finalidad de que trata, estableciéndola precisamente como un elemento subjetivo, mas no propiamente las conductas que describe el artículo 194 también referido, que sólo se fijan como punto de referencia para establecer dicha tendencia y que por lo mismo están especialmente penadas en este último numeral.
Al respecto, se comparte la opinión de Luis Jiménez de Asúa, respecto a los elementos subjetivos del delito, vertida en su obra titulada "Teoría del Delito", Volumen 2, editorial Jurídica Universitaria, S.A., San José Costa Rica, que es en el siguiente sentido: "... En otras ocasiones hallamos en los tipos elementos subjetivos que se vinculan al fin y que en puridad constituyen los delitos de intención, o más propiamente de intención ulterior o de tendencia interna trascendente, que suele apreciarse -valga el ejemplo de Hegler-, como representación de los elementos subjetivos de lo injusto. Los llamados en Alemania Abischtdelikte, han dado lugar a dudas, no sólo en cuanto a la traducción de esa voz, que se ha hecho muy diversamente (‘designio’, ‘intención’, ‘intención ulterior’, ‘tendencia interna trascendente’, ‘voliciones excedentes’, etc), sino en cuanto atañe a su naturaleza. El Leipziger-Kommentar dice que la palabra Absicht surge en el siglo XVIII del viejo Alemán absehen y que pueden atribuírsele tres sentidos distintos, pero en última instancia y siguiendo a Von Bar, los autos de esos comentarios concluyen creyendo que Absicht y Vorsatz (dolo), no pueden diferenciarse conceptualmente. Aunque al tratar la culpabilidad nos ocuparemos de este asunto, nos interesa dejar ahora sentado que la fórmula más clara para expresar esos delitos es la que nos ofrece Agusto Hegler: ‘delitos con tendencia interna trascendente’. La de Eduardo Kohlraush no es obscura, pero no la creemos exacta: ‘una finalidad que está situada detrás de la realización del tipo...’."
Por tanto, es de arribarse a la conclusión de que no es necesario, para acreditar el elemento subjetivo que nos ocupa, que se precise la conducta que se iba a realizar con la droga poseída, ya que tal elemento constituye sólo una tendencia proveniente de la voluntad del agente y lo que interesa, para acreditar dicho elemento, son únicamente los datos o circunstancias que revelen que la intención de poseer el narcótico era para la realización de las conductas señaladas, a las que se hace alusión en la ley sólo como marco de referencia para definir hacia qué lado debe estar la finalidad o tendencia de la posesión para que sea objeto de la aplicación de las penas previstas en el artículo 195, primer párrafo, del Código Penal Federal.
En adición, debe tomarse en cuenta lo dispuesto por el diverso artículo 195 bis pretranscrito, el que atenúa la pena respecto a la posesión de estupefacientes cuando "... por la cantidad como por las demás circunstancias del hecho, no pueda considerarse destinada a realizar alguna de las conductas a que se refiere el artículo 194 de este Código ..."; y en contraposición con lo anterior, el diverso numeral 195, primer párrafo, para que el activo sea merecedor a una pena de mayor perjuicio por esa posesión, dispone que "... sea con la finalidad de realizar alguna de las conductas previstas en el artículo 194.". Así, se colige que para acreditar tal elemento subjetivo en el ilícito de que se trata, lo importante son las circunstancias del hecho que revelen la finalidad o tendencia a que se refiere el tipo penal del injusto, por lo que tales circunstancias son las que deben quedar precisadas, mas no así las conductas señaladas, puesto que sólo se mencionan para establecer hacia dónde se debe inclinar la posesión del narcótico a efecto de que sea objeto de una pena mayor.
Cabe acotar en que el elemento subjetivo referido no debe confundirse con el dolo, puesto que si bien este último también goza de tal naturaleza subjetiva, la finalidad o tendencia que exige el tipo penal para que se actualice el delito es un elemento específico distinto al dolo. Efectivamente, conforme a la teoría finalista, también se requiere del dolo para que se constituya el delito, puesto que para que sea punible la posesión de la droga necesariamente tiene que ser con la plena aceptación del agente; sin embargo, aparte de la voluntad para poseerla y que es a lo que originalmente se refiere el dolo, debe existir el propósito de realizar con ella diversas conductas, lo que viene a constituir el elemento subjetivo específico distinto al dolo que se establece en el tipo. Dicho en otras palabras, el dolo se relaciona con la aceptación para poseer la droga, siendo el mismo para los diversos grados de posesión a que se refieren los numerales 195, primer párrafo, y 195 bis, del Código Penal Federal, mientras que el elemento subjetivo requerido por el primer precepto en específico, se relaciona con la intención de que esa posesión se destine a otras conductas también penadas por la ley.
Por otra parte, no se debe confundir la finalidad o tendencia que se establece como elemento subjetivo del tipo, con las características propias de un tipo complementado o complejo, ya que el delito de posesión genérica o agravada cuenta con plena autonomía respecto de los diversos injustos contemplados en el artículo 194 del Código Penal Federal, de t
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18931-dce952f5/salud-delito-contra-la-en-su-modalidad-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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