CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO ES LA VÍA IDÓNEA PARA PLANTEAR LA INVALIDEZ DE UN JUICIO SUSTANCIADO ANTE TRIBUNALES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO O JUDICIAL Y DE LA RESOLUCIÓN A ÉL RECAÍDA, PUES AL DERIVAR DE UN PROCEDIMIENTO DE CARÁCTER JURISDICCIONAL SU IMPUGNACIÓN DEBE HACERSE A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE DEFENSA PREVISTOS EN LAS LEYES PROCESALES RESPECTIVAS.
RECURSO DE RECLAMACIÓN 124/2003-PL, DERIVADO DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 33/2003. PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE GUERRERO.
MINISTRO PONENTE: JOSÉ VICENTE AGUINACO ALEMÁN.
SECRETARIOS: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN Y MARIBEL BECERRIL VELÁZQUEZ.
CONSIDERANDO:
QUINTO.-Previo al análisis de los agravios que adujo la parte recurrente, conviene precisar que esta Segunda Sala no se abocará, por inatendibles, al estudio de los argumentos vertidos en relación con contravenciones a la Constitución Federal, dado que no es jurídicamente posible que proceda un medio de control constitucional sobre otro, toda vez que precisamente el recurso de reclamación constituye un medio a través del cual este Alto Tribunal podrá corregir las irregularidades que en su caso hubieran existido dentro del procedimiento constitucional, esto es, que si durante el procedimiento de las controversias constitucionales se emite algún auto o resolución que a juicio de alguna de las partes resulta incorrecto, dicho proceder debe analizarse a la luz de las disposiciones que rigen la tramitación y resolución de las propias controversias, es decir, la ley reglamentaria de la materia y, a falta de disposición expresa, el Código Federal de Procedimientos Civiles.
Sustenta la anterior determinación la tesis jurisprudencial P./J. 139/2001, consultable en la página mil cuarenta y tres, Tomo XV, correspondiente a enero de dos mil dos, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo tenor es el siguiente:
"RECLAMACIÓN EN CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SON INATENDIBLES LOS AGRAVIOS QUE SE HACEN VALER EN DICHO RECURSO CUANDO SE REFIERAN A LA CONTRAVENCIÓN DE PRECEPTOS CONSTITUCIONALES POR PARTE DEL MINISTRO INSTRUCTOR.-De conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el conocimiento de las controversias constitucionales estará a cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y su tramitación y resolución se rigen por las disposiciones de la ley reglamentaria de la materia y, a falta de disposición expresa, por las del Código Federal de Procedimientos Civiles, por lo que si durante su instrucción o procedimiento se emite algún auto o resolución que a juicio de alguna de las partes resulta incorrecto, dicho proceder debe analizarse a la luz de las disposiciones de los ordenamientos invocados. En consecuencia, si en el recurso de reclamación se hacen valer como agravios la contravención a preceptos de la Constitución Federal por parte del Ministro instructor, dichos agravios deben desestimarse por inatendibles, pues jurídicamente no es posible que proceda un medio de control constitucional sobre otro, ya que a través del citado recurso este Alto Tribunal podrá corregir dentro de aquél las irregularidades del procedimiento que en su caso hubieran existido."
Precisado lo anterior, se pasa al estudio de los restantes conceptos de agravio, para lo cual se deberá tener en cuenta lo siguiente.
El artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional dispone:
"Artículo 25. El Ministro instructor examinará ante todo el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano."
Conforme al numeral transcrito el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional, siempre y cuando advierta que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia.
Al respecto, este Alto Tribunal ha sostenido el criterio de que por manifiesto debe entenderse todo aquello que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la simple lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación y, en su caso, de los documentos que se anexen a dichas promociones; mientras que lo indudable se configura cuando se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso, de manera tal que la admisión de la demanda y la sustanciación del procedimiento no darían lugar a la obtención de una convicción diversa.
Lo anterior encuentra sustento en la tesis jurisprudencial P./J. 128/2001, publicada en la página ochocientos tres, Tomo XIV, octubre de dos mil uno, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra indica:
"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN ‘MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA’ PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA.-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por ‘manifiesto’ debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo ‘indudable’ resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa."
Así, el motivo manifiesto e indudable de improcedencia que dé lugar al desechamiento de la demanda debe advertirse de la simple lectura de ésta y las pruebas que en su caso se hubieran adjuntado, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el demandante, o bien, porque se encuentren probados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que se tenga la plena certeza de que los actos posteriores del procedimiento, como son la contestación a la demanda y la fase probatoria, no serían necesarios para configurarla ni tampoco podrían desvirtuar su contenido.
Sirve de apoyo al efecto la tesis jurisprudencial P./J. 9/98, visible en el Tomo VII, correspondiente a enero de mil novecientos noventa y ocho, página ochocientos noventa y ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que es del tenor siguiente:
"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA SU IMPROCEDENCIA DEBE SER MANIFIESTA E INDUDABLE.-Conforme a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la improcedencia de la controversia constitucional que permita desechar de plano la demanda presentada, debe ser manifiesta e indudable; es decir, debe advertirse del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hayan adjuntado, sin requerir otros elementos de juicio, de tal manera que no exista duda alguna en cuanto a la actualización de la causal invocada que evidencie en forma clara y fehaciente la improcedencia de la pretensión intentada, de tal forma que los actos posteriores del procedimiento no sean necesarios para configurarla en forma acabada y tampoco puedan, previsiblemente, desvirtuar su contenido."
En consecuencia, si el motivo de improcedencia no está plenamente demostrado debe admitirse a trámite la demanda, pues de lo contrario se estaría privando al actor de su derecho a instar la acción de controversia y probar en el juicio.
En el caso, el Ministro instructor estimó procedente desechar la demanda de controversia constitucional, en virtud de que se surtía la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII, de la ley reglamentaria de la materia, en relación con el artículo 105, fracción I, de la Constitución Federal, toda vez que la parte actora impugnó la sentencia de trece de marzo de dos mil tres dictada por la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, misma que no es susceptible de impugnación a través de una controversia constitucional, dado que se desnaturalizaría la esencia de dicho procedimiento constitucional, haciendo de él un ulterior recurso o medio de defensa para revisar las actuaciones de órganos jurisdiccionales, lo que no es posible jurídicamente.
A efecto de dilucidar si efectivamente se surte en el caso la causal de improcedencia invocada por el Ministro instructor, resulta conveniente hacer las siguientes consideraciones.
Del oficio de demanda de controversia constitucional, cuya copia certificada corre agregada a fojas dieciocho a cuarenta y tres de este expediente, se advierte, en lo que al caso interesa, que el hoy recurrente señaló lo siguiente:
"... por medio del presente escrito ... vengo a interponer la presente controversia constitucional ...
"II. Acto que se impugna o reclama, es la inconstitucionalidad de:
"a) La sentencia de fecha 13 de marzo de 2002, dictada por la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero ...
"b) Asimismo, como acto natural y sucesivo dentro del procedimiento contencioso-administrativo, de la sentencia o resolución dictada por la Sala Regional Chilpancingo del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero ..."
De lo anteriormente transcrito se desprende que el procurador general de Justicia del Estado de Guerrero en la demanda de controversia constitucional impugnó las sentencias de diez de diciembre de dos mil dos y trece de marzo de dos mil tres, dictadas por la Sala Regional de Chilpancingo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, y por la Sala Superior de ese órgano jurisdiccional.
Ahora bien, el artículo 19, fracción VIII, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal prevé:
"Artículo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes:
"...
"VIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de esta ley."
Por su parte, los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1o. de la citada ley reglamentaria, señalan:
"Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
"I. De las controversias constitucionales que, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre:
"...
"i) Un Estado y uno de sus Municipios, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales."
"Artículo 1o. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá y resolverá con base en las disposiciones del presente título, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ..."
De los preceptos transcritos se advierte, en lo medular, que esta Suprema Corte conocerá, conforme a las disposiciones de la ley reglamentaria, de las controversias constitucionales que con motivo de sus actos o disposiciones generales se susciten entre un Estado y uno de sus Municipios.
En esta tesitura, debe considerarse que no todo acto podrá ser materia de impugnación en una controversia constitucional ya que, por regla general, este tipo de acciones sólo procederán con motivo de conflictos suscitados entre dos o más niveles de gobierno (Federación, Estados o Municipios) en que se tilden de inconstitucionales actos o disposiciones generales emitidos por alguna entidad, poder u órgano, cuando la cuestión de fondo debatida se refiera a la distribución o invasión de competencias que a cada uno corresponda, o bien, a la irregularidad en el ejercicio de sus atribuciones.
Así lo ha sostenido este Alto Tribunal en la tesis jurisprudencial P./J. 112/2001, consultable en la página ochocientos ochenta y uno, Tomo XIV, septiembre de dos mil uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que señala:
"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. MEDIANTE ESTA ACCIÓN LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN TIENE FACULTADES PARA DIRIMIR CUESTIONES QUE IMPLIQUEN VIOLACIONES A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, AUNQUE NO SE ALEGUE LA INVASIÓN DE ESFERAS DE COMPETENCIA DE LA ENTIDAD O PODER QUE LA PROMUEVE.-Si bien el medio de control de la constitucionalidad denominado controversia constitucional tiene como objeto principal de tutela el ámbito de atribuciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos confiere a los órganos originarios del Estado para resguardar el sistema federal, debe tomarse en cuenta que la normatividad constitucional también tiende a preservar la regularidad en el ejercicio de las atribuciones constitucionales establecidas en favor de tales órganos, las que nunca deberán rebasar los principios rectores previstos en la propia Constitución Federal y, por ende, cuando a través de dicho medio de control constitucional se combate una norma general emitida por una autoridad considerada incompetente para ello, por estimar que corresponde a otro órgano regular los aspectos que se contienen en la misma de acuerdo con el ámbito de atribuciones que la Ley Fundamental establece, las transgresiones invocadas también están sujetas a ese medio de control constitucional, siempre y cuando exista un principio de afectación."
Por tanto, si en la demanda se impugna la validez del juicio administrativo marcado con los números TCA/SS/033/2003 y TCA/SS/034/2003 acumulados, y la sentencia que le recayó dictada por la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, debe concluirse que, como acertadamente se consideró en el proveído recurrido, la controversia constitucional no es la vía idónea para combatir dichos actos dado que derivan de un procedimiento de carácter jurisdiccional, de tal suerte que su impugnación debe hacerse con base en los medios de defensa que para tal efecto prevean las leyes procesales de la materia.
En efecto, a través de la controversia constitucional no puede plantearse la invalidez de un juicio sustanciado ante un tribunal de carácter administrativo o judicial, ni de la resolución dictada en él, puesto que al dirimir conflictos que han sido sometidos a su conocimiento, dichos órganos ejercen facultades de control jurisdiccional, por lo que no puede considerarse a ésta como la vía idónea para analizar las actuaciones que realizan tales órganos en ejercicio de las aludidas facultades, aunado a que, de lo contrario, se haría de la controversia constitucional un recurso o ulterior medio de defensa para someter a revisión la misma cuestión litigiosa debatida en el procedimiento natural en el que, además, no se dirimen conflictos entre los entes, poderes u órganos a que se refiere el artículo 105, fracción I, de la Constitución Federal, sino que su objeto es salvaguardar los intereses de los gobernados, con independencia de las disposiciones legales o reglamentarias que al efecto se llegasen a aplicar.
Sirve de apoyo a lo anterior la tesis jurisprudencial P./J. 117/2000, consultable en la página mil ochenta y ocho, Tomo XII, correspondiente a octubre de dos mil, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto es el siguiente:
"CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. NO SON LA VÍA IDÓNEA PARA COMBATIR RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, AUN CUANDO SE ALEGUEN CUESTIONES CONSTITUCIONALES.-Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia P./J. 98/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, septiembre de 1999, página 703, de rubro: ‘CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL CONTROL DE LA REGULARIDAD CONSTITUCIONAL A CARGO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, AUTORIZA EL EXAMEN DE TODO TIPO DE VIOLACIONES A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.’, estableció que si el control constitucional busca dar unidad y cohesión a los órdenes jurídicos, en las relaciones de las entidades u órganos de poder que las conforman, tal situación justifica que una vez que se ha consagrado un medio de control para dirimir conflictos entre dichos entes, debe analizarse todo tipo de violaciones a la Constitución Federal, sin importar sus características formales o su relación mediata o inmediata con la Norma Fundamental. Sin embargo, dicha amplitud para ejercitar la acción de controversia constitucional, no puede llegar al extremo de considerarla como la vía idónea para controvertir los fundamentos y motivos de una sentencia emitida por un tribunal judicial o administrativo, incluso cuando se aleguen cuestiones constitucionales, porque dichos tribunales al dirimir conflictos que han sido sometidos a su conocimiento, ejercen facultades de control jurisdiccional, razón por la cual por este medio no puede plantearse la invalidez de una resolución dictada en un juicio, pues ello lo haría un recurso o ulterior medio de defensa para someter a revisión la misma cuestión litigiosa debatida en el procedimiento natural, además de que en éste no se dirimen conflictos entre los órganos, poderes o entes a que se refieren los artículos 105, fracción I, de la Constitución Federal y 10 de la ley reglamentaria de la materia, sino que tiene como objeto salvaguardar los intereses de los gobernados."
En este orden de ideas, tanto la controversia constitucional como el juicio contencioso-administrativo que dio origen a la resolución impugnada, son procesos que están dirigidos a preservar el Estado de derecho, de tal manera que no podría ser materia de ninguno de los dos lo resuelto en el otro, puesto que se rompería con el sistema establecido por el órgano reformador de la Constitución Federal para salvaguardarla.
En consecuencia, resulta indiscutible que, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción VIII del artículo 19 de la ley reglamentaria de la materia, en relación con los artículos 1o. de dicho ordenamiento legal y 105, fracción I, de la Constitución Federal.
Asimismo, debe precisarse que la referida causal de improcedencia es manifiesta, en virtud de que de la simple lectura de la demanda se advierte en forma patente y absolutamente clara que si en ésta se impugna un juicio contencioso-administrativo y la sentencia que le recayó emitida por un órgano jurisdiccional, tales actos no pueden ser objeto de una controversia constitucional, con independencia de las disposiciones legales y reglamentarias que se hubieren aplicado; además de que es de considerarse como indudable, toda vez que es incuestionable que con la simple lectura del oficio inicial, el Ministro instructor tuvo la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia efectivamente se surtía en el caso, dado que la controversia constitucional no es la vía idónea para cuestionar los actos que se impugnan.
Por las consideraciones vertidas y ante lo infundado de los conceptos de agravio, procede confirmar el auto recurrido de once de abril de dos mil tres, dictado por el Ministro instructor en la controversia constitucional 33/2003, por el que se desechó la demanda promovida por el procurador general de Justicia del Estado de Guerrero.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO.-Es procedente pero infundado el presente recurso de reclamación 124/2003-PL.
SEGUNDO.-Se confirma el acuerdo recurrido de once de abril de dos mil tres, dictado por el Ministro instructor en la controversia constitucional 33/2003, por el que se desechó de plano la demanda.
Notifíquese; haciéndolo por medio de oficio a las partes y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.
Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros Juan Díaz Romero, Genaro David Góngora Pimentel, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y presidente de la Sala y ponente José Vicente Aguinaco Alemán.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17709-667d5892/controversia-constitucional-no-es-la-via-idonea-para · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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