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Modo: Corpus Pro

PRUEBAS PARA MEJOR PROVEER EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. EL TRIBUNAL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, SI LO CONSIDERA NECESARIO, PODRÁ ORDENAR, DE OFICIO, QUE SE RECABEN Y DESAHOGUEN AUNQUE YA LE HAYA SIDO PRESENTADO EL PROYECTO PARA SU RESOLUCIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 35 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS).

Tipo de asunto: RECURSO DE RECLAMACIÓN 174/2002-PL, DEDUCIDO DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 7/2001. · Registro digital (IUS): 17277
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE GUERRERO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Octubre de 2002, , Pág. 1100.

RECURSO DE RECLAMACIÓN 174/2002-PL, DEDUCIDO DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 7/2001. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE GUERRERO.

MINISTRO PONENTE: MARIANO AZUELA GÜITRÓN.

SECRETARIA: LOURDES MINERVA CIFUENTES BAZÁN.

CONSIDERANDO:

QUINTO. Para mayor claridad del presente asunto, se debe precisar que en la controversia constitucional que dio origen a este recurso "Se demandó la invalidez de la Ley 251, que crea el sistema estatal de coordinación fiscal y establece las bases, montos y plazos a los que se sujetarán las participaciones federales, en cuanto hace a las reformas y adiciones a los artículos 2o., fracción V, 3o., 6o., 7o., 8o., 8o. A, 9o. y 11, correspondientes al Decreto Número 171, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Guerrero de 29 de diciembre de 2000. Se reclama la invalidez del acuerdo emitido por el C. Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guerrero, por el que da cumplimiento a lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal 2001, publicado por la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado el 15 de febrero de 2001, en los diarios ‘Novedades de Acapulco’, edición 11390, año XXXII, página 7A, y ‘La Jornada El Sur’, donde se determina la distribución de participaciones federales y de los fondos del Ramo 33, de infraestructura social municipal y de fortalecimiento municipal para el ejercicio 2001, en especial el renglón que ocupa la participación al Municipio de Acapulco de Juárez. Se reclama la no distribución del 15% del Fondo Común de Participaciones a Municipios y que el C. Gobernador del Estado de Guerrero conservó para su gobierno y no los distribuyó; el día 26 de febrero de 2001, fecha en que hizo el primer acto de entrega de las participaciones federales al Municipio de Acapulco de Juárez, por la cantidad de $14'146,112.54. Se reclama la no integración del Fondo Común de Participaciones como lo ordena el artículo 7o. reformado en la Ley 251, lo que implica no entregar a los Municipios la parte que les corresponde del Fondo General de Participaciones, del impuesto federal sobre tenencia o uso de vehículos, del impuesto federal sobre automóviles nuevos (ISAN) y del impuesto especial sobre la producción y servicios (IEPS).".

También se debe precisar que en el auto recurrido, el Ministro instructor determinó que no ha lugar a requerir nuevamente a los Ayuntamientos omisos o a aquellos que manifestaron la imposibilidad en que se encuentran para rendir la información solicitada (los Ayuntamientos de Atlamajalcingo del Monte, Leonardo Bravo, San Luis Acatlán, General Heliodoro Castillo y Pedro Ascencio Alquisiras), a petición de la parte demandada (Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero), en la que deberían señalar las cantidades que recibieron del Gobierno del Estado de Guerrero en los meses de enero a mayo de dos mil uno, por concepto de participaciones federales (85% y 15% del Fondo Común de Participaciones a Municipios, a que se refiere el artículo 7o., incisos a) y b), de la ley que crea el Sistema Estatal de Coordinación), y que con las constancias que integran este expediente se realizaría el proyecto de resolución correspondiente.

En los agravios que se hacen valer el recurrente aduce, esencialmente, que el auto recurrido es violatorio de lo dispuesto en los artículos 31 y 33 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo que disponen los artículos 219 y 222 del Código Federal de Procedimientos Civiles, por lo siguiente:

a) Que los informes a cargo de todos los Municipios del Estado de Guerrero que se pretenden aportar como prueba en la controversia constitucional, están estrechamente relacionados con la litis planteada.

b) Que todos los informes aludidos tienen como finalidad desvirtuar los argumentos en que se pretende sustentar la supuesta ilegalidad de los actos y normas que en esta controversia se reclaman, ya que con los mismos se conocerán las cantidades que recibieron los Municipios del Estado de Guerrero por concepto de participaciones.

c) Que considerar que con las pruebas que obran en autos se puede dictar sentencia definitiva en la controversia constitucional de donde emana este recurso de reclamación, traería como consecuencia que el juzgador resolviera sin pleno conocimiento de todos los elementos que pudieran resultar relevantes e incidir en el resultado del fallo, como son las documentales en cuestión, con lo que se privaría a la ahora recurrente de la oportunidad de aportar todos los elementos tendientes a acreditar los extremos de la acción intentada.

Los agravios en comento se estudiarán en forma conjunta por la íntima relación que guardan entre sí.

En primer lugar, se debe precisar que el artículo 31 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, prevé:

"Artículo 31. Las partes podrán ofrecer todo tipo de pruebas, excepto la de posiciones y aquellas que sean contrarias a derecho. En cualquier caso, corresponderá al Ministro instructor desechar de plano aquellas pruebas que no guarden relación con la controversia o no influyan en la sentencia definitiva."

El precepto transcrito prevé la posibilidad de que en las controversias constitucionales las partes ofrezcan todo tipo de pruebas, excepto la de posiciones y aquellas que sean contrarias a derecho, asimismo, faculta al Ministro instructor para que, en cualquier caso, deseche de plano aquellas pruebas que no guarden relación con la controversia o no influyan en la sentencia definitiva.

Por su parte, los artículos 219 y 222 del Código Federal de Procedimientos Civiles, disponen:

"Artículo 219. En los casos en que no haya prevención especial de la ley, las resoluciones judiciales sólo expresarán el tribunal que las dicte, el lugar, la fecha y sus fundamentos legales, con la mayor brevedad, y la determinación judicial, y se firmarán por el Juez, Magistrados o Ministros que las pronuncien, siendo autorizadas, en todo caso, por el secretario."

"Artículo 222. Las sentencias contendrán, además de los requisitos comunes a toda resolución judicial, una relación suscinta de las cuestiones planteadas y de las pruebas rendidas, así como las consideraciones jurídicas aplicables, tanto legales como doctrinarias, comprendiendo, en ellas, los motivos para hacer o no condenación en costas, y terminarán resolviendo, con toda precisión, los puntos sujetos a la consideración del tribunal, y fijando, en su caso, el plazo dentro del cual deben cumplirse."

Los preceptos transcritos prevén, respectivamente, las cuestiones que son objeto de prueba, limitándolas a los hechos y a los usos o costumbres en que se funde el derecho, las formalidades que deben reunir las resoluciones judiciales cuando no exista prevención al respecto y los requisitos que deben contener las sentencias, además de los comunes a toda resolución judicial.

En el contexto anotado, toda vez que en el presente caso lo que se discute es la determinación del Ministro instructor en el sentido de que no ha lugar en insistir requiriendo de la información solicitada a los Ayuntamientos de Atlamajalcingo del Monte, Leonardo Bravo, San Luis Acatlán, General Heliodoro Castillo y Pedro Ascencio Alquisiras, a petición de la parte demandada (gobernador del Estado de Guerrero), en la controversia constitucional de la que se deduce el presente recurso, ya que con las constancias que obran en autos se dictará la sentencia correspondiente, es necesario precisar que las pruebas son los medios que las partes emplean para crear convicción en el ánimo del juzgador, las que influyen en éste para concluir que son reales y efectivos los hechos que se han alegado como generadores del derecho que está llamado a declarar, por tanto, cuando se ha verificado un hecho que es elemento generador de un derecho, aquel que lo procura debe tener la oportunidad de allegarse de los medios que la ley le permite emplear para hacer constar la existencia de ese hecho. De esta forma las partes deben probar los hechos de los cuales pretenden deducir sus derechos y excepciones porque el juzgador no los conoce ni tiene, en principio, el deber de indagarlos; por el contrario, la prueba de las leyes está dada con su simple alegación porque la ley es conocida y el juzgador tiene la misión de ver si se refiere y cómo se refiere al hecho probado. Las leyes no se prueban porque están oficialmente publicadas y como las conoce por vía legal el juzgador, basta alegarlas.

Resulta aplicable a lo anterior, lo dispuesto en el artículo 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, en términos de lo dispuesto por el primer precepto de ésta, que dice:

"Artículo 86. Sólo los hechos estarán sujetos a prueba, así como los usos o costumbres en que se funde el derecho."

Con apoyo en los anteriores principios no se necesita probar la existencia de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, puesto que basta que estén publicados en el Diario Oficial para que la autoridad judicial esté constreñida a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, lo que determina que los tribunales a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo.

Ahora bien, en la demanda de controversia constitucional la parte actora alega, en esencia, que la Ley Número 251, en su artículo 7o., reformado por Decreto Número 171, al establecer la creación de un fondo común integrado por las proporciones correspondientes al Fondo General de Participaciones, del impuesto federal sobre tenencia o uso de vehículos, del impuesto especial sobre la producción y servicios, así como del impuesto federal sobre automóviles nuevos, indicando que este Fondo Común de Participaciones a Municipios será distribuido en dos porcentajes, rompe con el principio de certidumbre, ya que no establece el sujeto, objeto, cuotas, tarifas, momento de nacimiento, lugar, época y forma de liquidación y pago, ni forma de calcularlo (página 18, tomo I, de la controversia constitucional 7/2001).

Por su parte las autoridades demandadas señalaron, en esencia:

El Congreso del Estado de Guerrero: "... este Congreso no ha emitido acto alguno que interfiera en la facultad del Municipio de Acapulco de Juárez para determinar la forma o plazos de disposición y aplicación de los recursos que le son participados por la Federación. En efecto, a través del Decreto Número 171 en su artículo 7o., lo que este Poder Legislativo ha establecido es una fórmula de distribución de las participaciones federales, mas no la forma en que los Municipios deben ejercer su facultad constitucional de libre disposición y aplicación de los recursos que les son participados por la Federación.".

El gobernador del Estado de Guerrero: "Sobre tales prestaciones podemos asegurar que la Ley de Coordinación Fiscal 2001, y en concreto sus artículos 2o., 2o. A, 3o., 3o. A y 6o., se encuentran justamente interpretados en el contenido de los artículos 2o., 3o., 6o., 7o., 8o., 8o. A, 9o. y 11, reformados en la Ley 251, que crea el Sistema de Coordinación Fiscal y establece las bases, montos y plazos a los que se sujetarán las participaciones federales. ... Por lo que, con fundamento en dichos preceptos reformados de la Ley 251, en relación con el artículo 74, fracciones I y III, de la Constitución para el Estado Libre y Soberano de Guerrero, se estima que con la iniciativa enviada por el titular del Poder Ejecutivo ante el H. Congreso del Estado para reformar y adicionar la mencionada Ley 251, así como con su promulgación y publicación después de aprobada por la Legislatura Local, no se viola ni se altera el orden ni el espíritu del Constituyente Federal que dio vida a la Ley de Coordinación Fiscal señalada, porque su voluntad se encuentra respetada en las disposiciones reformadas y atacadas por la demandante.".

En el procedimiento de la controversia constitucional, de donde se deduce este recurso, la actora solicitó al Ministro instructor requiriera a todos los Municipios del Estado de Guerrero diversa información en la que deberían señalar las cantidades que recibieron del Gobierno del Estado de Guerrero en los meses de enero a mayo de dos mil uno, por concepto de participaciones federales (85% y 15% del Fondo Común de Participaciones a Municipios a que se refiere el artículo 7o., incisos a) y b), de la ley que crea el Sistema Estatal de Coordinación Fiscal).

En este contexto, si se toma en consideración que la litis debe entenderse como el conflicto de intereses que se integra con las pretensiones del actor y del demandado dirigidas al órgano jurisdiccional, y que los hechos controvertidos son aquellos afirmados por las partes respecto de los cuales se suscita la controversia, se concluye que las cuestiones que constituyen la litis en la controversia constitucional de donde se deduce este recurso se reducen a determinar si a través de las adiciones y reformas a la Ley 251, que crea el Sistema Estatal de Coordinación Fiscal y establece las bases, montos y plazos a los que se sujetarán las participaciones federales, en cuanto hace a las reformas y adiciones a los artículos 2o., fracción V, 3o., 6o., 7o., 8o., 8o. A, 9o. y 11, correspondientes al Decreto Número 171, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Guerrero el 29 de diciembre de 2000, se impide a los Municipios del Estado de Guerrero administrar libremente su hacienda y si, en específico, el Municipio de Acapulco de Juárez recibió las participaciones federales con arreglo a las bases, montos y plazos que en aquella ley se determinan.

En consecuencia, si las documentales solicitadas por la parte demandada (Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero) se encuentran encaminadas a demostrar las cantidades que todos los Municipios del Estado de Guerrero recibieron en los meses de enero a mayo de dos mil uno, por concepto de participaciones federales (85% y 15% del Fondo Común de Participaciones a Municipios, a que se refiere el artículo 7o., incisos a) y b), de la ley que crea el Sistema Estatal de Coordinación), estas cuestiones de hecho no guardan relación con la litis de la controversia constitucional que se reduce a cuestiones de derecho, es decir, a la interpretación de las normas impugnadas, sin que pase inadvertido para este órgano colegiado que la controversia constitucional la intentó el Municipio de Acapulco de Juárez, a quien le compete demostrar los hechos invocados, esto es, lo que ha recibido por los conceptos señalados, con el objeto de demostrar su certeza.

Lo anterior, en razón a que la interpretación de las normas impugnadas corresponde a este Alto Tribunal al momento de dictar la resolución respectiva, estimando que las documentales solicitadas por el gobernador del Estado de Guerrero, con respecto a los Ayuntamientos de Atlamajalcingo del Monte, Leonardo Bravo, San Luis Acatlán, General Heliodoro Castillo y Pedro Ascencio Alquisiras, resultan innecesarias, ya que en nada influirían en su convicción.

De acuerdo con lo anterior, al ser una facultad del Ministro instructor el desechar las pruebas que no guarden relación con la litis y que, por ende, ninguna trascendencia tendrían al resultado de la sentencia definitiva, lo determinado en el auto recurrido en el sentido de que no ha lugar a insistir requiriendo de diversa información a los Ayuntamientos de Atlamajalcingo del Monte, Leonardo Bravo, San Luis Acatlán, General Heliodoro Castillo y Pedro Ascencio Alquisiras, que integran el Estado de Guerrero, lo cual se equipara a un desechamiento, resulta apegado a lo dispuesto por el artículo 31 de la ley reglamentaria de la materia.

Sin perjuicio de lo anterior, cabe destacar que el artículo 35 de la ley reglamentaria de la materia prevé:

"Artículo 35. En todo tiempo, el Ministro instructor podrá decretar pruebas para mejor proveer, fijando al efecto fecha para su desahogo. Asimismo, el propio Ministro podrá requerir a las partes para que proporcionen los informes o aclaraciones que estime necesarios para la mejor resolución del asunto."

De lo anterior se desprende que el artículo 35 transcrito, faculta al Ministro instructor para ordenar en todo tiempo, y aun de oficio, que se recaben y desahoguen las pruebas necesarias para la mejor resolución del asunto, entendiéndose por la expresión "en todo tiempo" cualquier etapa del procedimiento de las controversias constitucionales, es decir, desde la admisión de la demanda hasta antes de dictarse sentencia; por tanto, de conformidad con el artículo 35 mencionado se debe considerar que si una vez presentado el proyecto al Pleno de este Alto Tribunal para su resolución, éste estimara necesario recabar y desahogar alguna prueba, dicho Pleno podrá ordenarlo de oficio.

En consecuencia, es cierto que en términos de lo dispuesto por el artículo 33 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, a fin de que las partes puedan rendir sus pruebas, todas las autoridades tienen la obligación de expedirles oportunamente las copias o documentos que soliciten y que, en caso contrario, a petición de parte, el Ministro instructor requerirá a los omisos, y si aquéllas insistieran en su actitud, incluso puede hacer uso de los medios de apremio, pero no puede ni debe perderse de vista que la información que no se ha podido recabar de seis Ayuntamientos de aquellos que integran el Estado de Guerrero, no tienen relación con el problema de derecho planteado y, en todo caso, si en el momento de dictar sentencia se estiman necesarias, se recabarán de oficio.

Debe agregarse que el auto recurrido cumple con los extremos del artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, ya que en él se precisa el tribunal que lo dicta (Suprema Corte de Justicia de la Nación), el lugar (México, Distrito Federal), la fecha de emisión (veintitrés de mayo de dos mil dos), motivación judicial (no insistir en los requerimientos hechos a los Ayuntamientos de Atlamajalcingo del Monte, Leonardo Bravo, San Luis Acatlán, General Heliodoro Castillo y Pedro Ascencio Alquisiras, por estimar suficientes las constancias de autos para la solución del asunto que es de importancia y trascendencia), la firma del Ministro instructor que lo pronuncia (Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia) y la autorización del secretario (secretario auxiliar de Acuerdos de la presidencia, titular de la Unidad de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad).

Por último, de conformidad con el artículo 1o. de la ley reglamentaria de la materia, la aplicación supletoria de las previsiones del Código Federal de Procedimientos Civiles, se dará únicamente cuando en la ley que pretenda suplirse no exista disposición expresa respecto de la cuestión a tratar, por tanto, toda vez que el artículo 222 del Código Federal de Procedimientos Civiles dispone lo relativo a las formalidades que deben reunir las sentencias, y en el artículo 41 de la ley reglamentaria de la materia existe disposición expresa al respecto, el primero resulta inaplicable al presente caso, máxime que lo recurrido a través de este recurso es un auto dictado por el Ministro instructor y no una sentencia.

Con base en lo considerado, se concluye que el presente recurso de reclamación resulta infundado y, consecuentemente, se debe confirmar el acuerdo recurrido de veintitrés de mayo de dos mil dos, dictado en la controversia constitucional 7/2001, de donde se deduce este recurso.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO. Es procedente pero infundado el recurso de reclamación interpuesto por el gobernador del Estado de Guerrero.

SEGUNDO.-Se confirma el auto recurrido de veintitrés de mayo de dos mil dos, dictado por el Ministro instructor en la controversia constitucional 7/2001, promovida por el Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero.

Notifíquese; haciéndolo por medio de oficio a las partes y, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto concluido.

Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: Juan Díaz Romero, Mariano Azuela Güitrón, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y presidente José Vicente Aguinaco Alemán. Fue ponente el señor Ministro Mariano Azuela Güitrón.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17277-81e171a9/pruebas-para-mejor-proveer-en-controversias-constitucionales-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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